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“Exoneraciones equiparan el monto del déficit fiscal” es el titular de primera plana de la prensa del capital neoliberal, LA NACIÓN, correspondiente a hoy lunes 4 de diciembre de 2018; con el siguiente pretítulo: “Hacienda dejará de percibir C.2 billones por dispensas tributarias en 2018”. Los datos provienen del mismo Ministerio de Hacienda.

¡SIEMPRE TUVIMOS LA RAZÓN! El déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por la clase trabajadora del sector público.

Una y otra vez, de manera incansable y sistemática, y gracias a la verdadera convicción político-democrática del Grupo Extra para con lo que significa la real Libertad de Expresión; por medio de más de 100 artículos publicados por los periódicos DIARIO EXTRA y LA PRENSA LIBRE (digital), hemos estado defendiendo la tesis de que el déficit fiscal no se debe a los salarios del empleo público; y, por el contrario, hemos denunciado que el problema está en otra parte, como el abusivo sistema de exenciones-exoneraciones y la evasión y elusión tributarias en todas sus múltiples manifestaciones, con ropaje legal o sin él.

Por eso resaltamos hoy que la mencionada prensa del capital, latifundio mediático líder en materia de prensa escrita contra el empleo público, lo reconozca implícitamente.

Los casi 6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) que el Estado no recauda producto de un sistema abusivo de exenciones y de exoneraciones; más lo que ya es completamente oficial en cuanto a que el monto por robo de impuestos y de evasión y elusión tributarias, es una escalofriante cifra del orden de los 8.5 puntos porcentuales PIB, hace que tengamos la gigantesca y sideral cantidad de 14.5 puntos PIB “dando vueltas en la calle”.

¡SIEMPRE TUVIMOS LA RAZÓN! Nos han estado anunciando que el final de los tiempos llegaría cuando el déficit fiscal supere la barrera de los 6 puntos PIB; que elapocalipsis está a la vuelta de la esquina por tal circunstancia y, vean ustedes, con esos 14 puntos PIB “dando vueltas en la calle”, tendríamos un superávit de, al menos, 8 puntos.

En tal sentido es completamente injusto, gravemente inmoral, éticamente incorrecto e irresponsablemente peligroso, apostar por más impuestos de carácter indirecto en contra de la ciudadanía y, especialmente, en contra del pueblo trabajador.
La transformación del impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado, como lo pretende el presente Gobierno y aunque se quede en el 13 % (pues a regañadientes ha renunciado a subirlo al 15 %), es un grave error político ante ese escenario de enormes posibilidades para arreglar las finanzas públicas que representan los 14 puntos PIB “dando vueltas en la calle”.

Igualmente, esta incuestionable realidad de los 14 puntos PIB “dando vueltas en la calle”, vuelve completamente innecesario que se imponga el pacto fiscal de los partidos políticos del cementazo (Liberación, Unidad en sus dos vertientes, PAC y Libertario): la regla fiscal que pretenden introducir en la Constitución Política; vana ilusión, de peligrosas consecuencias sociales, de pretender arreglar el problema del déficit fiscal vía legislación, como si la realidad tributaria del país no estuviera mostrando las gravísimas injusticias que son más evidentes ahora que nunca.

No se vale desde ningún punto de vista, meter los rubros salariales de dedicación exclusiva, de pago de prohibición, de regulación del pago de anualidades en el actual proyecto tributario del Gobierno, llamado impropiamente “Ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas”, si la cuestión salarial del empleo público nada tiene que ver con el déficit fiscal como ha quedado sumamente demostrado.

La cuestión salarial del empleo público es “enano de otro cuento”, toda vez que el tema del déficit fiscal pasa, estructuralmente hablando, por abordar con verdadera emergencia nacional y profunda urgencia política lo que está sucediendo con esos 14 puntos PIB “dando vueltas en la calle”.

Y esto, sin hablar de que urge, con el mismo carácter urgente, el establecimiento de la renta global o universal, precisamente para empezar a darle vuelta a un sistema tributario totalmente injusto por cualquier lado que se le mire; altamente regresivo (pagan más los que, proporcionalmente hablando, tienen menos).

Hacemos un vehemente llamado a la clase trabajadora del sector Público para que fortalezca nuestra tesis de que el déficit fiscal no se debe al salario que devenga como empleo público; alistándose, nuevamente, a movilizarse para que se defienda a sí misma, ahora que nadie puede cuestionar que hay cómo resolver el problema del déficit fiscal sin precarizar empleo, sin rebajar salarios, sin quitar derechos y sin echar gente a la calle.

¡SIEMPRE TUVIMOS LA RAZÓN! Seguiremos con el tema en próximas entregas.

San José, lunes 4 de diciembre de 2017.
*Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP*

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su oposición al Proyecto de Ley tramitado bajo el expediente 20.256, el cual pretende ampliar los negocios financieros de las cooperativas de Ahorro y Crédito, el mismo le quitaría al cooperativismo lo poco que le queda de social para convertirlo en “banquitos” con ropaje de cooperativa con una estructura financiera más amplia y menos supervisada.

Para la ANEP, el tema es preocupante debido a que el sistema financiero nacional ha sido golpeado en los últimos meses con denuncias y posibles actos de corrupción que han impactado al país.

“Que nuestra posición no confunda a nadie, no estamos en contra del crecimiento del cooperativismo, ni de la mejora de las condiciones de los ahorrantes cooperativos; ojalá con acceso a las tasas de crédito más bajas del mercado, con condiciones de arreglo de pago más que justas, cuando por situaciones especiales o no, no se ha podido honrar un crédito. Pero no podemos avalar la apertura de portillos para una parte del sector cooperativo que, en algunos momentos, ha sido fuertemente cuestionado y que le permitiría emprender todo tipo de negocios para lo cual no existe garantía de su capacidad para ejecutarlo, de tal manera que no sea más que la posibilidad de poner en riesgo su propio capital y el de sus ahorrantes”, expresó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

La ANEP considera que el Gobierno de la República tiene una gran responsabilidad sobre este tema, más aún cuando no ha podido controlar como ha quedado demostrado, el ingreso al país de una gran cantidad de capital golondrina, y ni se diga del gran lavado de dinero.

Compartimos por ello la preocupación del actual Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas, cuando lo ha expresado así públicamente, diciendo tener dudas en cuanto a la generación de un tercer esquema bancario integrado por cooperativas y su impacto sobre el sistema financiero.

Muchos pensamientos de diverso origen estiman que el cooperativismo ha venido perdiendo su razón de ser y de existir, por lo menos en las cooperativas que se dedican a la actividad financiera; y decimos esto cuando conocemos de su modo operativo a partir del negocio que representan.

“Por ejemplo, ahorros cuyos intereses son reconocidos a tasas muy bajas y préstamos que son dados con altas tasas de interés, que al menor atraso de alguno de sus ahorrantes incrementan esos intereses, cual típica “garrotera”, llegando al extremo de embargar bienes y salarios de esos humildes ahorrantes hasta dejarlos en la calle y muchos sin trabajo. Solo basta ver como algunas de estas “cooperativas” se han enriquecido, con grandes edificios y propiedades por todo lado, algunas de las cuales han sido de sus ahorrantes cooperativos”, agregó Vargas.

El cooperativismo no nació para esto. Nació con el objetivo de promover el bien social, el bien común, y así se manifiesta en el Código de Trabajo de nuestro país, cuando en su Título Quinto establece a las Cooperativas como Organizaciones Sociales; y dice al respecto sobre estas organizaciones, en su artículo No. 333, lo siguiente: “Artículo 333. Queda absolutamente prohibido a toda organización social realizar cualquier actividad que no se concrete al fomento de sus intereses económico – sociales.”