Viceministro de Ingresos de Hacienda, así como el actual Director General de Aduanas deben dejar sus cargos

Desde hace mucho tiempo, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el aporte político-técnico valioso de su Seccional ANEP-Hacienda, viene manifestándose, insistentemente, en la denuncia del robo de impuestos que sacude a nuestro país; ya sea en su forma más delictiva, como lo es la evasión, o por medio de la elusión, como algunos “estéticamente” quieren llamar a la enorme defraudación fiscal que tanto daño le ocasiona a la sociedad costarricense.

En tal sentido consideramos que la lucha en contra de estos inescrupulosos y malos patriotas ladrones y defraudadores de impuestos, debe ser emprendida con valentía y sin hacer ningún tipo de excepciones. Además, para que esta lucha sea creíble y socialmente aceptada, debe estar fuertemente respaldada con los más altos valores y principios, tales como objetividad, justicia y probidad.

Adicionalmente, consideramos que las autoridades políticas hacendarias que están al frente y que son las encargadas de la formulación de políticas, normativas y planes estratégicos encaminados a contrarrestar los efectos nocivos del robo de impuestos con ropaje legal o sin él; deben ser personas que, además de tener amplio conocimiento en el tema fiscal, tienen que ser incuestionables, íntegras, con gran vocación de servicio al país y al bien común y completamente desvinculadas con intereses corporativo-empresariales y de orden político.

Con relación a los hechos relacionados con el famoso hombre de negocios, el Sr. Juan Carlos Bolaños Rojas y la importación del cemento chino, creemos que este personaje recibió un trato diferenciado por parte de la Dirección General de Aduanas, otorgándosele una atención especial, privilegiada, exclusiva, que no la tienen otros empresarios y, mucho menos, las pequeñas y medianas empresas.

El Sr. Bolaños Rojas, envalentonado con tanta cortesía y acompañado por su escolta de séquitos, tuvo hasta el atrevimiento de amenazar con enviar a la cárcel a varias distinguidas personas profesionales aduaneras.

Creemos que para que se materializara la importación de las 20.000 toneladas de cemento proveniente de China, la Dirección General de Aduanas se apartó de los criterios técnicos y, por el contrario, en este caso individual y con un interés inusual, se buscaron los mecanismos y alternativas que permitieran autorizar el desalmacenaje del cemento, lo cual finalmente se concretó, mediante una cuestionada figura aduanera denominada “habilitación temporal de la zona primaria y su ubicación temporal para el almacenamiento temporal”; misma que, además, utilizaron las autoridades aduaneras para trasladar el producto fuera de los predios aduanales y ser llevado a tres bodegas distintas, propiedad del Sr. Juan Carlos Bolaños Rojas.

Estamos convencidos de que el Sr. Benito Coghi Morales, en ese entonces Director General de Aduanas, así como sus colaboradores más cercanos, no actuaron solos y por decisión propia, sino que sus reprochables actos contaron con la complicidad, el impulso y el respaldo en todo momento del Sr. Fernando Rodríguez Garro, Viceministro de Ingresos de la cartera ministerial de Hacienda.

La serie de mensajes por correo electrónico y vía “uasáps” cruzados entre los señores Rodríguez Garro y Coghi Morales pone en evidencia las implicaciones por presunto tráfico de influencias y el carácter privilegiado, sin criterio técnico, con que se concedieron los permisos de importación del cemento, propiedad del Sr. Juan Carlos Bolaños Rojas.

Creemos que las manifestaciones del Sr. Viceministro de Ingresos de la cartera de Hacienda, por su alta investidura política, resultan poco creíbles como cuando dijo de que el diputado Víctor Morales Zapata lo había engañado al decirle de que en este tema del cemento chino, actuaba a nombre de Casa Presidencial; y es inaudito de que el Sr. Rodríguez Garro, pese a su experiencia política y en la función pública, además teniendo en cuenta lo delicado y transcendental que resultan sus decisiones, en virtud de las altas responsabilidades asumidas ante el país, que no haya corroborado la veracidad de la fuente que indicó el diputado Morales Zapata.

Nos parece que las declaraciones del Sr. Rodríguez Garro son desacertadas, contradictorias y ambiguas y que ante las pruebas que se han aportado ante la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa y las publicadas por los periódicos, se demuestra claramente la intervención por él desplegada y su especial interés en este tema del cemento; e, incluso, impulsando gestiones para que Aduanas realizase el esfuerzo y aceleramiento de aquellas acciones que fueran necesarias para autorizar el desalmacenaje del cemento y su posterior traslado a las bodegas antes referidas.

En este contexto de cosas, no podemos dejar de señalar lo pernicioso que ha resultado el proceso de la rotación masiva de los funcionarios y las funcionarias de Aduanas, lo que provocó tanta zozobra, tensión y desarraigo familiar para una importante cantidad de este tipo de personal hacendario, quienes fueron afectados en ese momento y que todavía sufren las secuelas de esa arbitraria medida.

No podemos dejar de pensar que podría ser muy probable que algunos de estos cambios se habrían efectuado con la idea de acomodar a ciertos elementos de confianza del Sr. Benito Coghi Morales, con la clara intención de que no obstaculizaran sus ahora desafortunadas y reprochables decisiones.

Por tanto, a fin de no dañar más la imagen y credibilidad del Ministerio de Hacienda y su tarea titánica contra el robo de impuestos, el Sr. Fernando Rodríguez Garro, su Viceministro de Ingresos, debe renunciar a la mayor brevedad posible a su cargo.

Por aspectos tan preciados como la dignidad, la transparencia y la ética en la función pública él, por su propia iniciativa, debe presentar la renuncia y no esperar a que “lo renuncien” vía dictamen de la comisión parlamentaria que investiga los créditos de la banca pública objetos de escándalo nacional hoy en día, como el del cementazo.

Adicionalmente, consideramos que el actual Director General de Aduanas, el Sr. Wilson Céspedes Sibaja, al estar involucrado en este irregular proceso de la importación del cemento chino y por lo cual se hizo acreedor de una sanción disciplinaria de una suspensión por 15 días debe también, al igual que el Sr. Viceministro de Ingresos de la cartera ministerial de Hacienda, don Fernando Rodríguez Garro, presentar su renuncia cuanto antes.

De esta para manera, al producirse ambas renuncias, se pueda detener y/o aminorar el deterioro de la imagen y credibilidad del Ministerio de Hacienda que han quedado tan resentidas ante tan bochornoso episodio.

Este jerarca aduanero, el señor Céspedes Sibaja, acaba de aceptar en el seno de la comisión parlamentaria que investiga el cementazo que la figura aduanera denominada “habilitación temporal de la zona primaria y su ubicación temporal para el almacenamiento temporal”, es un invento, que fue improcedente y que fue ilegal pero que no lo denunció por corresponder a órdenes y/o directrices de los señores Rodríguez Garro y Coghi Morales. ¿Qué confianza podría generar una persona jerarca en un puesto tan sensible si es capaz de cometer ilegalidades con base en órdenes superiores?…

San José, sábado 14 de octubre de 2017.

Jorge Fonseca Fonseca, Presidente, Junta Directiva Seccional ANEP-Hacienda
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El Fiscal General de la República debe irse

Le ha hecho un grave daño a la credibilidad y a la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. Desde el viernes 8 de setiembre de 2017, la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP, tomó un acuerdo en tal sentído. Las más recientes revelaciones del semanario Universidad acerca de que en el caso del cementazo este señor oculto información nos dejó estupefactos y atónitos! Este señor ha detenido, además, desde hace unos 5 años, la investigación de las presuntas irregularidades que se habrían cometido con los fondos de IVM-CCSS.

QUE SE VAYA EL FISCAL GENERAL ES EL CLAMOR CIUDADANO CONTINDENTE

MSP se niega a acatar informe técnico del Consejo de Salud Ocupacional del MTSS

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) rechazó la recomendación sobre los roles de trabajo para el personal de la Fuerza Pública, girada por el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pese a ser vinculante y contar con amplia investigación y sustentos científicos.

Por medio del Consejo de Personal el MSP envió un oficio de veinte paginas al Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, refutando y descalificando el informe técnico ST-ITE-3-2017 sobre roles y jornadas de trabajo por turnos de la policía.

Las autoridades del citado ministerio, argumentan que la función policial está dentro de un régimen especial de excepción, e invocan jurisprudencia de la Procuraduría General de la Republica y de la Sala Constitucional,

Sin embargo, Mainor Anchía, Presidente de la Seccional Fuerza Pública indica que el MSP omite “a conveniencia” que la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional han concedido el rango de vinculante para la persona empleadora, los informes emanados del Consejo de Salud Ocupacional, tal como lo establece el artículo Nº 282 del Código de Trabajo.

“También omiten, que desde la promulgación de la Ley 7.410 en el año 1994, el Ministerio de Seguridad Pública, ha incumplido lo estipulado en el artículo 76 de la Ley de marras. El cual cita: es un deber de los miembros de las fuerzas de policía, ajustarse a los horarios definidos por reglamento”, aseguró Anchía.

Roles establecidos por el CSO

De acuerdo con el criterio, en el rol 3×3 se deberá aplicar una serie de tres días laborados y tres días libres, con una jornada de hasta 12 horas continuas, pero alternando los turnos de día con los de noche. Es decir, se trabaja un ciclo de 3 días de día, 3 días libres, para luego alternar con un ciclo de 3 días de noche seguidos de 3 días libres.

En el caso del rol 6×6, es una serie conformada de seis días trabajados seguidos de seis días libres, con una jornada de hasta 12 horas continuas; con la particularidad de que, en esta serie, los 6 días trabajados consisten en 3 días de día y 3 días de noche, por lo que la alternancia se da dentro del mismo ciclo, que corresponde al sistema de turnos de rotación rápida.

Y el rol 5×2 consiste en la serie de cinco días trabajados seguidos de dos días de descanso, con una jornada de 10 horas continuas en horario diurno o mixto (el último de 10 am – 8 pm).

Para la Seccional ANEP-Fuerza Pública a lo largo de los años (23), el MSP omitió el deber de reglamentar los roles de trabajo, pudiendo con ello, implementar una pluralidad de roles y jornadas a criterio del jerarca de turno, lo anterior, en detrimento de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras de los distintos cuerpos policiales.

“Hasta hace no mucho tiempo, era normal que nuestros policías trabajaran dieciocho horas al día, sin reconocimiento de horas extra. También, era “normal” permanecer un mes completo en una concentración, y salir luego con dos o tres días libres”, detalló Anchía.

La posición de la Seccional ANEP Fuerza Pública, nunca ha sido la de solicitar privilegios o “gollerías”, para las personas trabajadoras de la Fuerza Pública y demás cuerpos policiales; por el contrario, se ha procurado el equilibrio y la armonía entre deberes y derechos, con la necesidad de humanizar la labor policial.

Nunca antes, en la historia de la Fuerza Pública, se había contado con criterios técnicos, como los que emanan de los informes IT-DMHSO-043-2016, y DE-ST-ITE-3-2017, mismos que son resultado de un estudio integral sobre las condiciones laborales de los funcionarios policiales, con observancia a las repercusiones sobre la salud, que se derivan de la función policial.

“Esperamos el Consejo de Salud Ocupacional, le indique al Ministerio de Seguridad Pública, una vez más, la obligatoriedad de acatar las disposiciones y criterios técnicos que emanan la Secretaria Técnica, y, se implemente a la brevedad, lo dispuesto en el informe técnico ST-ITE-3-2017, según lo establece nuestro ordenamiento jurídico”, finalizó el presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

Documento Del MSP Al CSOMSP se niega a acatar informe técnico del Consejo de Salud Ocupacional del MTSS by EugenioGuerrero on Scribd

Cientos de Interinos bajo el régimen del servicio civil logran puestos en propiedad

Ante este escenario decenas de internos acuden a nuestra organización para buscar una solución lo que da como resultado constantes reuniones en l Dirección General del Servicio Civil y un mitin en las inmediaciones de Casa Presidencial, como medida de presión para que se reforme el artículo 21 del Estatuó del servicio civil para que mediante decreto se pudiera poner en práctica el proyecto de nombramiento en propiedad de trabajadores interinos.

Estas situaciones permiten que en junio de 2014 inicie el proceso con constantes reuniones con 47 oficinas de Recursos Humanos de las instituciones públicas bajo el régimen del servicio civil para detallar lo que establece la nueva directriz e iniciar el proceso de concursos y otorgamiento de plazas en propiedad

Datos brindados por la Dirección General del Servicio Civil indican que una vez iniciado el proceso se detectaron un total de 8770 puestos vacantes para concurso interno, de esa cantidad 8 institucionales representan el 90% de todas las plazas, siendo el MEP (5107), El INA (517), El MOPT (457) y el Ministerio de Hacienda (400) las instituciones con mayor cantidad de puestos vacantes.

Al corte de setiembre del presentes año 714 personas han logrado obtener su plaza en propiedad mediante concurso interno y se proyecta que para diciembre de 2017 2985 puestos vacantes sean ocupados. Mientras que para diciembre del 2018 2 800 y para el segundo semestre del año 2019 – 2 985 para un total de 8770 plazas adjudicadas en propiedad mediante concurso interno.

Si usted es trabajador interino bajo el régimen del servicio civil y desea optar por una plaza en propiedad debe cumplir con los requisitos del puesto vacante, aprobar o haber ganado la prueba de idoneidad y aprobar los predictores propiamente del concurso.

Seccional ANEP- Policía Penitenciaria sobre el 18% del riesgo policial

Rechazamos categóricamente la posición del Ministerio de Justicia de interpretar el Riesgo de Seguridad y Vigilancia y el Riesgo Penitenciario conjuntamente para justificar que efectivamente se reconoce el 18% que indica la Ley.

De igual manera, no es de recibido la posición de la Procuraduría General de la República ( abogado del Estado).

ANEP agotará todos los mecanismo legales y acudirá a las instancias que corresponda, para que se garantice al personal policial penitenciario el reconocimiento de los incentivos como corresponde.

A diez años del “frauduréndum” sobre el TLC con Estados Unidos

Diez años después… diez fracasos rotundos en los tiempos del TLC

UNO: Casi la mitad de la población con edad para trabajar está desempleada y/o en el mercado informal. Grave es el desempleo juvenil. Nunca llegaron los 500 mil empleos.

DOS: Una deuda pública que se está comiendo más de la tercera parte del presupuesto nacional de la República, acercándose a los 50 puntos porcentuales del PIB y arriesgándonos a un ajuste fiscal fondomonetarista de corte draconiano.

TRES: La mitad del actual monto del déficit fiscal, 3 puntos PIB, es por los impuestos y aranceles de aduana que se dejaron de cobrar producto del TLC y que nunca fueron repuestos mediante la imprescindible reforma tributaria. De hecho, el déficit fiscal empezó a crecer, precisamente, en ese año 2007

CUATRO: Salarios prácticamente congelados que empobrecen más a las familias trabajadoras pues somos (si no el más), uno de los países más caros para vivir de la América Latina, pues nunca llegaron las “ventajas” del libre comercio a abaratar el costo de la vida.

CINCO: Un altísimo endeudamiento de la población, especialmente la clase trabajadora, superando los 3 puntos porcentuales de PIB.

SEIS: Un sistema tributario que extorsiona a los que menos tienen para favorecer a los que más acumulan, destacándose un robo de impuestos y una evasión fiscal que está llegando a los 9 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), más que suficientes para que no hubiera déficit fiscal alguno.

SIETE: Un proceso de concentración de la riqueza que parece ser el más veloz y el de mayor intensidad de la región. Las dolorosas consecuencias de las últimas tragedias naturales muestran la profundidad de las brechas sociales de la exclusión de los presuntos beneficios del crecimiento económico en favor de toda la población, especialmente en las provincias costeras (Guanacaste, Puntarenas y Limón).

OCHO: La producción agropecuaria nacional para el mercado interno está completamente debilitada y se manifiesta un proceso concentrador dedicado a la exportación con sobreexplotación de la mano de obra.

NUEVE: El crimen organizado, la penetración del narcotráfico, la inmigración incontrolada y la violencia en todas sus manifestaciones le están ganando la batalla a la política pública de seguridad ciudadana pues los respectivos servicios públicos a cargo de los distintos ámbitos de ésta, están debilitados y su personal superexplotado.

DÉCIMO: La apertura de las telecomunicaciones está fortaleciendo una concentración duopólica de corte trasnacional sin ventajas para el consumidor, empeorándose la situación con el retiro de la regulación en materia de tarifas.

Una década después de la imposición, vía frauduréndum, del TLC con Estados Unidos, la conclusión es clara: más desempleo, más precariedad de los empleos, más reducción y restricción salariales, más concentración de la riqueza, más debilitamiento de los servicios públicos esenciales, más déficit, más endeudamiento público, más corrupción y… más desprestigio de la política.