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Además, se abordaron otros temas como las condiciones de algunas delegaciones, la interpretación de las incapacidades por parte del Ministerio de Seguridad Pública, así como denuncias por acoso laboral y acoso sexual.
Conversamos con el presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía sobre la reunión.
El Gobierno de la República, su grupo parlamentario y las otras fracciones legislativas vienen sosteniendo reuniones para pactar un paquete de impuestos que, supuestamente, atienda el grave problema del déficit; tema éste ampliamente abordado por la ANEP en los últimos tiempos y que nos permitió esclarecer, de manera contundente, que no hay relación alguna entre el déficit fiscal y los salarios devengados por quienes laboran para el sector Público. Nadie, ni siquiera los extremistas ideológicos neoliberales, nos han desmentido.
Sin embargo, en esas conversaciones actualmente en desarrollo, el Gobierno tiende a ceder a las histéricas vocerías diputadiles que, fanáticamente, han venido impulsando agresiones a derechos salariales, laborales y sociales del empleo público desde que empezó a funcionar la presente Asamblea Legislativa, en mayo de 2014.
Los grupos diputadiles afines al pensamiento neoliberal (básicamente de los partidos Liberación y Unidad, el arcaico PLUSC), insisten en imponerle al Gobierno que, si éste quiere impuestos para reducir en algo el crecimiento del déficit fiscal, entonces, que debe ponerse en la pira del sacrificio obrero varios pluses, como el de la dedicación exclusiva y el de la prohibición, más otros que podrían ser incluidos en esas negociaciones. También se tocaría el tema de las anualidades.
Una vez que se hayan aprobado “regulaciones” para este tipo de pluses (¿y otros?), entonces, el Gobierno obtendría “su parte”: subirnos el impuesto de ventas, convirtiéndole en valor agregado, del 13 al 15 %; y, un “poquitín” en variaciones en cuenta al tributo de rentas para, presuntamente, darle al mismo unas migajas de progresividad. ¡Nada más alejado de la realidad!
ANEP, por otra parte, no puede dejar de pensar en que el escándalo del cementazo pueda ser instrumentado para fortalecer una posición chantajista en contra del empleo público, habida cuenta de que el Gobierno se ha debilitado por esta situación que tiene en vilo a la opinión pública.
ANEP reitera su oposición rotunda a la mezcla tóxica, socialmente irresponsable, de relacionar el empleo público con el déficit fiscal; de utilizar, de manera perversa, el tema de los pluses salariales para imponer más impuestos a la clase trabajadora; y, lo que es realmente repugnante y censurable, que se estuviera creyendo que por el tema del escándalo del cementazo, la coyuntura es propicia para atacar los salarios de la clase trabajadora del sector Público.
ANEP formula un vehemente llamado para que, nuevamente, nos pongamos en alerta contra lo que se fragua en esas negociaciones gobierno-fracciones (y subfracciones) parlamentarias; ANEP formula un especial llamado a todos los grupos profesionales (incluidos los municipales) para que se pongan en alerta y, a su vez, impulsen un accionar crítico con relación a los diferentes gremios que les aglutinan.
ANEP, a su vez, alerta al pueblo trabajador de que es imposible creer que una vez aprobado un ataque de ley a los salarios de los empleados públicos, los partidos al servicio del capital, estén dispuestos a aprobar modificaciones en el impuesto sobre la renta, por más “light” que sean los cambios que se propongan al mismo. Peor aún, nos atornillarán con el de ventas del 13 al 15%, el más injusto de todos los impuestos.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) celebra y aplaude la valiente posición que ha anunciado la Defensoría de los Habitantes de la República, de oponerse a una errada decisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), de dejar sin regulación de ningún tipo las tarifas de los servicios de telefonía celular y de internet móvil, especialmente.
Creemos que la pretensión de la SUTEL significa, simbólicamente, que ésta entidad se dispara en el pie toda vez que se supone que la esencia de su quehacer es la regulación, a fin de que la población consumidora de los servicios de telecomunicaciones, en todas sus modalidades, no quede indefensa; considerando que la tal competencia es una quimera ante el dominio del mercado, esencialmente, por parte de dos monstruosas transnacionales.
La SUTEL quiere lavarse las manos y dejar a los consumidores en total indefensión, toda vez que las tendencias monopólicas y duopólicas son las que se ven posicionarse con fuerza en tiempos futuros, si es que la sociedad no logra frenar la conjura plutocrática que pretende la exclusión definitiva de este mercado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), negándosele el acceso a nuevas fuentes de financiamiento que le permitan fortalecerse ante el poder duopólico de las transnacionales de telecomunicaciones implantadas en el país, luego de que fuera impuesto en Costa Rica el TLC con Estados Unidos, hace ya diez años.
¡Cierren la SUTEL! Ésta debería ser la consigna fundamental ante la quimera del “mercado en competencia” en materia de telecomunicaciones.
Si a la SUTEL le faltan agallas para defender a la población consumidora al respecto, si le tiene miedo a esos pulpos corporativos del capital transnacional; y, todavía peor, si ya no tiene fervor regulador, entonces es mejor que la cierren pues de por sí, resulta carísimo su mantenimiento dado que es uno de los privilegiados segmentos de la Administración Pública con salarios de lujo para su alta cúpula político-tecnocrática y gerencial.
Así lo determinó un fallo parcial de la Sala Constitucional luego de un Recurso de Amparo presentado por la Seccional ANEP-Fuerza Pública contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por la apertura de varios procesos disciplinarios contra oficiales de la Fuerza Pública quienes manifestaron su malestar por los roles policiales y ambiente laboral en la red social Facebook.
El por tanto de la resolución indica que “se declara parcialmente con lugar el recurso por violación a la libertad de expresión, además se anula el auto de apertura de procedimiento disciplinario y se condena al Estado al pago de las costas”.
Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuera Pública explicó que el recurso de amparo se interpuso por la apertura de tres procesos disciplinaros por parte del MSP, sin embargo, dos de los casos fueron desestimados por el Departamento Disciplinario del Ministerio mientras el recurso de amparo se encontraba en estudio, de ahí el fallo parcial de la Sala Constitucional.
“La Sala nos da la razón e indica que la libertada de expresión es un derecho humano fundamental y que la administración del Ministerio no puede establecer procesos disciplinarios con la finalidad de sancionar a sus funcionarios en aquellos casos en que estos manifiesten malestar por sus condiciones laborales ya que no incurren en ninguna falta grave que amerite la apertura del proceso disciplinario”, dijo Anchía.
Respecto a los dos procesos disciplinarios que fueron desestimados por el Departamento Disciplinario del Ministerio de Seguridad Pública, mientras el recurso se encontraba en estudio, el Magistrado, José Paulino Hernández manifestó que “en ambos casos fue improcedente su apertura, ya que se vulnera la libertad de expresión”.
Por su parte Mainor Anchía, Presidente de la Seccional hace un llamado a los oficiales de la Fuerza Pública para que siempre mantengan la línea del respeto y la verdad a la hora de realizar comentarios en las redes sociales sobre sus labores.
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración continua su lucha para reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Policía Profesional de Migración (PPM).
La última gestión realizada por el Presidente de la Seccional, Gerardo Mora Ordoñez consistió en presentar una serie de documentos a la diputada del Partido Liberación Nacional, Karla Prendas demostrando la factibilidad de incluir a la Policía Profesional de Migración como una de las beneficiarias del impuesto a la Personas Jurídicas.
Lo anterior se debe a que la Diputada Liberacionistas presentó una moción al expediente legislativo Nº 20.223, solicitando información sobre el faltante de personal en la PPM, así como datos que demuestren que la inclusión de este cuerpo policial en la Ley de impuesto a la Personas Jurídicas no afecte a los otros beneficiarios.
“Con esta información clara que le entregamos a la Diputada Karla Prendas a la vez solicitamos que retire la moción de revisión que presentó en meses atrás, esto para darle el trámite correspondiente al Expediente No.20323 que le dará recursos a la Policía Profesional de Migración”, dijo Mora.
Gerardo Mora sobre presentación de documentación
Cabe destacar que la ANEP y su Seccional en la PPM , con el apoyo de 19 diputados de diversas bancadas presentaron el pasado 29 de marzo en la corriente legislativa el proyecto de ley para reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Policía Profesional de Migración.
Lo anterior se debe a que en el Artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5%al OIJ del Poder Judicial, dejando por fuera a la Policía Profesional de Migración.
Roberto Zeledón, Asesor Legislativo de la ANEP nos detalló el estado actual del proyecto de ley y el escenario que podría presentarse de mantenerse la moción presentada por la Diputada Liberacionista.
Roberto Zeledón sobre estado del proyecto de Ley
El Artículo 11 vigente indica:
Destino del impuesto
Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto, una vez deducidas las comisiones pagadas a las entidades recaudadoras, serán destinados a financiar los siguientes rubros:
a) Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
b) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
c) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.”
Como se puede observar, los Sres. Legisladores y las Sras. Legisladoras establecieron que la proporción de recursos indicada en el inciso a) del Artículo 11 se destina al Ministerio de Seguridad Pública, siendo que quedó excluido el Ministerio de Gobernación y Policía, que corresponde a una cartera separa, en términos presupuestario, respecto al Ministerio de Seguridad Pública.
Una visita de la Seccional ANEP-Fuerza Pública el pasado 25 de agosto pudo constatar el estado de la caseta en fachada e interior, así como del desbordamiento de aguas negras, como se muestra en el siguiente video.
Compartimos solicitud presentada a Ministra de Salud.
ANEP-Fuerza Pública solicita inspección del Ministerio de Salud a casete de León XII por condiciones insalu… by EugenioGuerrero on Scribd
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
