Categoría: Opinión

Cuando muchos pensábamos que el escándalo de la “piñata regalona” de la trocha norte iba en camino de quedar en la impunidad, la Fiscalía General de la República procede a ordenar la detención y la indagación de las primeras seis personas sospechosas; generando así un pequeño asomo de esperanza de que en el más grande escándalo de corrupción de los últimos gobiernos, ha de imperar la justicia y los responsables, tanto políticos como empresariales, deberán rendir cuentas y de ser encontrados culpables, asumir sus responsabilidades plenas ante la sociedad, ante la ciudadanía.

Al momento de escribir este comentario, de esas seis personas inicialmente indagadas, dos permanecen en estado de prisión preventiva, sin conocerse con claridad qué estado de situación penal tendrán las otras cuatro durante todo el proceso que ha de culminar en los respectivos juicios.

Adicionalmente, todavía está por determinarse la naturaleza de las responsabilidades que en lo penal podría competerle a algunos de los más altos jerarcas políticos de la presente administración gubernativa; pues según las informaciones que han venido saliendo a flote, el proceso gestor de la construcción de la mal llamada carretera “Juan Rafael Mora Porras”, o trocha 1856, se habría gestado desde la propia Casa Presidencial, ante, según se decía, la inminencia de una “invasión” nica al territorio nacional.

La indignación nacional por este escándalo de corrupción que nosotros hemos dado en llamar la “piñata regalona” de la trocha norte, es de las más profundas de los últimos gobiernos. La revelación de que varios de los involucrados en este escándalo vivían opíparamente y en pecaminosas fiestas nocturnas de costo millonario en burdeles caros, ha herido muchísimo a cientos y cientos de personas que, honestamente, se ganan la vida de manera honrada, con salarios deprimidos y en medio de grandes estrecheces económicas.

Indudablemente que la acción de la Fiscalía General de la República merece el más grande aplauso cívico aunque, como era de esperarse, las primeras detenciones dejan correr la especie popular de que es “al perro flaco al que se le pegan las pulgas”, dándose a entender que los “peces gordos” están por ser capturados, en el mejor de los casos; o, en el peor, nunca serán ni indagados ni, mucho menos, castigados.

Ahora bien, hay otra situación de una magnitud de impacto mucho mayor que ha herido, también y en todavía más grande profundidad, la sensibilidad ciudadana: la crisis financiera de la institución más emblemática de la nacionalidad costarricense: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nuestra querida Caja.

La sola noción de que la estamos perdiendo tiene en alarma general a la mayoría del pueblo trabajador costarricense que no está, ni estará, en condiciones de acudir a la medicina privada; misma que, por cierto, está en expansión y gran parte de la cual ha avanzado en el “mercado” de la Salud, precisamente por haberle “chupado la sangre” a la Seguridad Social con la complicidad, táctica y explícita, de connotados políticos de los últimos gobiernos.

Un distinguido ciudadano, don Daniel Muñoz Corea, quien fungía como Jefe del Área de Estudios Económicos de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, se apersonó ante la Fiscalía General de la República para denunciar presuntos malos manejos con recursos públicos a lo interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); detallando presuntos falseamientos de datos para sustentar una política salarial expansiva de gran impacto en los altos niveles salariales institucionales; detallando presuntos maquillajes de proyecciones financieras del Seguro Social; además de un potencial menoscabo de la rentabilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M.), ante un presunto conflicto de interés en cuanto a la aprobación de la compra de títulos valores de gran cuantía.

Se le está pidiendo a la Fiscalía General de la República determinar los posibles disfraces sobre la situación financiera de la Caja, que habría ocurrido una alteración de sus datos actuariales; y, especialmente se le pide determinar si es posible concluir que altos funcionarios de la institución habrían hecho uso indebido de fondos de la Seguridad Social costarricense mediante engaños, acomodo de datos financieros y/o subterfugios jurídicos.

El pasado 28 de setiembre, un importante número de dirigentes laborales-sindicales costarricenses, se apersonaron en grupo en la sede de la Fiscalía General, entregando una carta pública en la cual se le solicita a esta entidad, agilizar los procesos de investigación preliminar para determinar la comisión de presuntos delitos en contra de la estabilidad financiera, presente y futura, de la Caja.

Se le indicó a tal entidad que la crisis financiera y estructural de la CCSS, tiene como base tres tipos de conflictos: a) el conflicto entre el interés público y el interés político-partidario; b) el conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugosos negocios con la salud; y c) el conflicto entre el interés público y el interés gremial.

Además, el más reciente informe político del grupo parlamentario que analizó lo que ha venido sucediendo con la Caja, ya hizo señalamientos directos, individualizados, de personas responsables que, sorprendentemente, siguen en posiciones de poder a lo interno de la institución; e, incluso, han sido promovidos a puestos de mayores responsabilidades. Esto es inaudito y revela la naturaleza del gran poder intramuros en las altas esferas de la Caja cuya esencia no conoce la gente en su totalidad.

“Todos estos conflictos entre el interés público (de la totalidad de la población asegurada) y de unos pocos (políticos, vendedores de servicios, algunos funcionarios inescrupulosos), afectan la labor de la institución y deben ser evidenciados con prontitud. De estas acciones depende la misma sobrevivencia de nuestro modelo de salud universal y solidario, venido a menos y en serio riesgo de colapsar”. Así cerraba la indicada carta a la Fiscalía General de la República de parte de tan calificado grupo suscribiente de la misma.

Lo de la crisis financiera de la Caja viene ser como una especie de “trocha de la Seguridad Social”, nada más que de potenciales repercusiones negativas inimaginables. De ahí que, con todo el respeto del mundo, le estamos diciendo al máximo representante de la Fiscalía General de la República, el honorable Lic. Jorge Chavarría Guzmán que lo que están haciendo en lo de la “piñata regalona” de la trocha 1856, ¡está muy bien!; pero, ¿y lo de la Caja, qué?…

Una sociedad que se precie de democrática no puede prescindir de los sindicatos. Una sociedad sin sindicatos no es democrática. Tan es así que la actual Constitución Política de Costa Rica, vigente desde el 7 de noviembre de 1949, lo entendió a plenitud y lo consagró en nuestra carta magna cuando estableció en su artículo 60 que “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales…”.

Esta concepción de que hay una relación intrínseca entre Democracia y Sindicatos y entre Sindicatos y Democracia, es de tal profundidad que tanto la parte obrera como la parte patronal pueden organizarse en este tipo de agrupaciones.

Es decir, que la gente del capital y la gente del trabajo tienen el mismo derecho constitucional a la hora de defender sus respectivos intereses de clase; aunque como es lógico suponer, es la parte obrera la más débil en una sociedad como la nuestra en que la prevalencia del capital es más que notoria.

En un escenario como el de la Costa Rica de hoy, marcado por el crecimiento de la desigualdad como su problema número uno; la organización sindical de la clase trabajadora debe evolucionar desde su naturaleza tradicional (agrupamiento de personas asalariadas con empleo formal y salario fijo); extendiendo su cobertura hacia otros sectores laborales que luchan, en el día a día, para sobrevivir en los espacios de la informalidad, del cuentapropismo, del micro y pequeño empresariado.

El proceso que nos ha sido impuesto por medio del cual se pretende la destrucción de lo que se ha dado en llamar “Estado Social de Derecho” para sustituirlo por el “Estado Neoliberal de Mercado”; tiene como esencia la exclusión social y la concentración de la riqueza, de modo que, día con día, más personas de los sectores populares y de la propia clase trabajadora en su concepción más amplia, sienten que van quedando por fuera de los beneficios del crecimiento económico.

Como en una democracia, aunque sea formal, la diversidad es la tónica; en el sindicalismo tico también hay diversas formas de entenderlo y de practicarlo. La que nosotros practicamos dista mucho de pretender ser la “verdadera”, pero sí trata de entender cuál podría ser una respuesta sindical ante el desafío de la desigualdad creciente en el país que, por supuesto, es la “gente de abajo” a la que perjudica, excluye, relega y hace sufrir.

La reciente experiencia del Movimiento de Motociclistas le permitió a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en la cual laboramos, llevar a la práctica un planteamiento organizacional de nuevo tipo que hemos denominado “Sindicalismo Ciudadano”; es decir, el trabajo de proyección sindical fuera de sus muros tradicionales, para llevar el mensaje, la orientación, el análisis, la organización, la conducción y la negociación, en la resolución de problemas socioeconómicos que afectan a grupos de personas trabajadoras que no tienen, no han tenido, se les ha impedido y/o no han sentido la necesidad de la organización para la defensa de sus derechos.

Esto ha sido posible gracias a la comprensión de la abrumadora mayoría de los miles de personas trabajadoras afiliadas a la organización, que han entendido que su propio destino no dista mucho de lo que le está tocando vivir a esos grupos sociales excluidos y/o a punto de serlo de los beneficios del crecimiento económico.

Junto a los motociclistas, están en desarrollo bajo esta concepción de “Sindicalismo Ciudadano”, experiencias de reivindicación en grupos sociales como los exoreros del Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas; las personas trabajadoras vendedoras de lotería amenazadas por la privatización de esta actividad; la extraordinaria experiencia de los saloneros y de las saloneras víctimas de una flexibilización laboral a mansalva a punto de ser corregida; microempresarios unitarios traileros amenazados por una competencia desleal a nivel centroamericano; entre otros grupos de sectores laborales de población costarricense que, de una manera u otra, ante ese indetenible crecimiento de la desigualdad, van quedando como víctimas humanas de la misma, con rostro identificable y ya no como simple estadística.

No tenemos noción exacta de si una concepción de práctica sindical “hacia afuera”, extramuros del concepto clásico de sindicalismo (el puro corporativismo); se haya o se esté practicando en otras latitudes. No sabemos si el concepto de Sindicalismo Ciudadano esté “patentado” en otras tierras con este específico nombre o con otra denominación parecida o equivalente.

Podríamos hablar mucho más de esta temática de lo que consideramos como Sindicalismo Ciudadano. Solamente indicaremos que partimos del criterio de que las personas trabajadoras son diversas y tienen distintas dimensiones: asalariadas, no asalariadas, renumeradas, no remuneradas, públicas y privadas, del sector formal y del sector informal. Estamos hablando del grueso de lo que denominamos “los y las de abajo”.

El Sindicalismo Ciudadano parte de los intereses, necesidades y aspiraciones económicas y sociales de esta diversidad trabajadora que, ante todo, es ciudadanía; y que, por tanto, no se agota en sus relaciones laborales, sino que se expresa multidimensionalmente en muy diversos aspectos de sus vidas pero siempre luchando por un nivel de vida de mayor dignidad; y, ahora, en escenarios de creciente desigualdad, defendiéndose de las diversas formas de exclusión social que lleva en su génesis el perverso neoliberalismo. Todas estas personas forman el amplísimo conglomerado civil de “los y las de abajo”.

Nosotros pensamos que le corresponde a “los y las de abajo” ser la gente del nuevo protagonismo histórico que ocupa la Costa Rica de hoy, más necesitada que nunca de una “Revolución Ciudadana”. Nosotros queremos aportar con nuestra concepción de Sindicalismo Ciudadano en tal sentido. El agotamiento del actual sistema de partidos políticos, la decepción popular con la clase gobernante tradicional y la exclusión social en desarrollo, muestran a las claras la necesidad de que haya otra hegemonía política en el país. Ésta ha de surgir desde “los y las de abajo” cuando se vean, se sientan y expresen vocación de poder como el nuevo sujeto histórico transformador de la democracia costarricense.

Específicamente, queremos agradecer por este medio a los miles y miles de motociclistas que han apoyado el reciente movimiento; especialmente, a quienes tienen en la moto, su herramienta de trabajo, su machete, con el cual llevan comida a sus hogares; así como a quienes tienen en la moto su idóneo medio de transportación desde su casa hacia su empleo y viceversa.

“Debe desterrarse todo amago o inclinación a la violencia, como instrumento de solución del conflicto. De la violencia no saldrá una respuesta adecuada a un conflicto. La violencia como medio de solución eterniza a la violencia como medio de convivencia”.

Así lo indica el primer numeral de la carta que los motociclistas entregaron el pasado martes 27 de noviembre, en la Casa Presidencial, durante su manifestación de la fecha, en contra del incremento abusivo del cobro del marchamo para este tipo de vehículos automotores.

Como bien se sabe, en la Casa Presidencial se negaron a recibir a la delegación portadora de dicha misiva, debiendo ésta dejarse, en la acera y a través de la malla, en manos del mensajero que salió a recibirla.

Como puede apreciarse, nunca, en lo más mínimo, el Movimiento de Motociclistas ha apelado a la violencia. Ni lo hará. Tampoco se alentó para la realización de bloqueos. Ni lo hará. La prepotencia presidencial y la arrogancia gubernamental en ese día 27 de noviembre, indignó profundamente a los manifestantes, ante el menosprecio con que fue “atendida” su justa demanda. Los episodios de violencia de ese día fueron circunstancias aisladas, decisiones individuales que no respondían a las orientaciones generales del movimiento y, por tanto, quienes las protagonizaron deberán asumir sus responsabilidades.

Esto da pie para rechazar, tajantemente, el calificativo de “vándalos” que la Presidenta Chinchilla le atribuyó a todos los manifestantes de ese día. Es como si se hiciese una generalización de que todo el Gobierno de ella es corrupto, a raíz de varios episodios que en su administración se han dado con actos de corrupción.

Porque si de vándalos se trata, la señora presidenta ha tenido los suyos: el caso más emblemático es de la trocha norte, donde los vándalos de cuello blanco, saco y corbata siguen impunes.

La abrumadora mayoría, la aplastante mayoría de los motociclistas es gente de bien, es gente de la clase trabajadora, es gente de vocación pacifista. Los “vándalos”, según el criterio presidencial, son ínfima minoría. Igualmente, la abrumadora mayoría, la aplastante mayoría de las jerarquías políticas que la señora Presidenta ha nombrado en los diferentes puestos de su gobierno, es gente honesta.

Ahora que si de comparaciones se trata, vaya a usted a saber cuál acto es más “vandálico”: ¿el del motociclista exacerbado, iracundo, por el desaire presidencial de ese día 27; ó, el de los altos jerarcas políticos que doña Laura colocó en las entidades ligadas a la construcción de infraestructura vial y que posibilitaron el robo de miles y miles de millones de colones de todos los y las costarricenses?… Juzgue usted.

Por supuesto que, con toda energía, condenamos ambos tipos de vandalismo; pero tenemos que rechazar la perversa generalización presidencial de que todos los motociclistas son “vándalos”. Como bien se sabe, el vandalismo es un espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, ni sagrada ni profana.

No, señora Presidenta, con todo respeto. Por la acción imprudente y negativa de un pequeñísimo número de los motociclistas, no puede usted satanizarlos a todos, estigmatizarlos a todos como “vándalos”. No, señora Presidenta, porque en su Gobierno haya ocurrido el escándalo de corrupción más grande de las últimas administraciones, el de la trocha norte, no podemos decir que su Gobierno sea corrupto ni que sea el más corrupto de toda la historia. La satanización que usted le receta a los motociclistas ante la sociedad, nosotros no se la vamos a recetar a su gobierno calificándolo como “corrupto”, o como el “más corrupto” de los últimos tiempos.

La cosa se vuelve más preocupante y crónica cuando la señora Presidenta profundiza esa categorización negativa sobre un grupo estimable de costarricenses y ahora pretende, “partir” a la sociedad entre “los ciudadanos de bien” y los que no lo son. No es así como se posibilitan caminos de reencuentro entre el gobernante y sus gobernados en el marco de una sociedad que como la costarricense alimenta todos los días la exclusión y la desigualdad. Atizar la hoguera de la confrontación social desde el “púlpito” presidencial es un peligroso juego de consecuencias imprevisibles.

Tenemos que insistir en que una cifra superior al 90% de los motociclistas tiene a este vehículo, a la moto, como la herramienta de trabajo, el “machete”, que le posibilita llegar comida a sus respectivos hogares. Otra elevada cantidad tiene en la moto su medio de transporte para ir a y volver del trabajo, en vez del autobús, puesto que les sale más caro este medio de transporte. En el caso de ese 90 y resto por ciento, los motociclistas mensajeros, lo que les quieren cobrar de marchamo, prácticamente, es igual a la mitad de lo que reciben de aguinaldo, o la mitad de su ingreso mensual.

El INS, por su secretismo, no ha podido demostrar porqué una moto debe pagar casi cuatro veces más que otro tipo de vehículos por concepto de seguro obligatorio automotriz. Aquí está la esencia de la motivación que ha animado a los motociclistas a agruparse y a manifestarse en un movimiento que, efectivamente, ha conmocionado a la sociedad.

La organización en la cual nos desarrollamos en lo cotidiano, es profundamente pacifista. Nuestra creencia en la Democracia de la Calle está directamente relacionada con la creciente pérdida de confianza que tiene la ciudadanía en el sistema político tradicional. La democracia es algo más que la controversial justa electoral de cada cuatro años donde el imperio de la plata es lo que determina, en esencia, quién llega a la Presidencia de la República. Por eso es que la calle ha venido adquiriendo más altos niveles de legitimidad y eso lo demuestran las casi mil manifestaciones que se han dado en lo que va de la presente administración.

El día en que se pueda articular en una única dirección todo este cúmulo de protestas; el día en que por distintas vías se llegue a la misma convicción de que nos corresponde construir el nuevo sujeto histórico; ese día se iniciará la transformación estructural de la democracia costarricense y tendremos la alborada de la nueva hegemonía que se ocupa para salvar a esa democracia tan maltrecha por la cadena de actos vandálicos que se han venido cometiendo desde las esferas del poder tradicional de las últimas administraciones gubernativas.

Prácticamente un millón y medio de compatriotas están, si tienen “suerte”, comiendo una vez al día. Al otro extremo, el 20% más rico de la población ha visto crecer su riqueza desmedidamente.

Otro número igual o más grande, es el segmento social de la ahora alicaída clase media en sus diversos estamentos; gran parte de la cual está altamente endeudada. Solamente en tarjetas de crédito, este sector social debe casi 3 puntos de Producto Interno Bruto: unos 600 mil millones de colones. Y ni se diga lo que se viene incubando en moratorias por hipotecas de casas de habitación: a lo mejor nos estalla dentro de poco nuestra “burbuja inmobiliaria a la tica”.

Nuestra insistencia, planteada a lo largo de varios años acerca de que el problema número uno de la Costa Rica es la desigualdad creciente, ya no tiene el más mínimo cuestionamiento. No solamente porque el prestigioso informe del Estado de la Nación, en su más reciente versión así lo ha dejado en evidencia; sino porque, y tal vez de manera sorprendente, es desde las mismas páginas de la prensa oligárquica que ya se empieza a hablar de ello.

¡Pues claro! Ese, hasta ahora indetenible proceso de desigualdad en auge, muestra ya grietas en el sistema político dominante, al punto de que una abrumadora mayoría de la ciudadanía ya no confía en él y exige cambios. Resumidamente, es el imperante sentimiento mayoritario de que el país va “sin rumbo”, según la percepción, certificable con datos reales, de dos de cada tres ciudadanos. A esos dos, les está yendo mal o muy mal. Al tercero, “pura vida”.

Es en este escenario de desigualdad creciente en el cual se pueden insertar los diferentes episodios autoritarios protagonizados desde las esferas del real poder dominante: el voto a la ley del fotocopiado, el veto a la Reforma Procesal Laboral; y el “no veto”, la aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta, de la ley mordaza.

Sumémosle a todo esto la errática garroteada policial; el llamado a asesinar a manifestantes (_“precaristas”_), por parte de un alto jefe policial; y la destitución (por ahora “congelada”), de un alto magistrado constitucional que ha “osado” desafiar con sus fallos y sentencias a ese real poder dominante.

Evidentemente, la “democradura” (como ha denominado el indicado y probo juez de la Sala IV); el “golpe de Estado técnico” como el Fiscal General de la República llamó a la destitución de tan elevado jurista; o “la dictadura en democracia” (según en su momento lo anunció el ahora expresidente Arias Sánchez); pueden ser expresiones que indican un peligroso camino confrontativo que desde las “alturas” parece abrirse paso para lograr “su” gobernabilidad; la que ellos ocupan a fin de controlar la creciente protesta, malestar, manifestación y movilización que se nota desde las bases ciudadanas. Éstas, poco a poco, van comprendiendo que lo que tenemos es un problema del “sistema” más que una errática acción gubernativa transitoria y circunstancial.

Emblemáticamente resulta oportuno hacer énfasis en la consolidación jurídica de la denominada ley mordaza (al publicarse), aunque por ahora suspendida su aplicación según decisión del más alto tribunal constitucional de la República, con sus graves riesgos de cárcel para las personas denunciantes de asuntos de naturaleza intransparente y hasta corrupta en la gestión de la cosa pública.

Al “tabo” se quiere mandar tanto al o a la periodista que haga pública una cuestión así, tanto como a un simple ciudadano que lleve a ventilación mediática casos de violación a la institucionalidad jurídica y/o que tengan que ver con fondos públicos, tráfico de influencias, “arreglos” licitatorios, consultorías “fantasmas”, evasiones y elusiones tributarias, trochas y similares, etc., etc.

Pareciera ser que la ley mordaza se consideró de carácter estratégico, junto a las tendencias autoritarias en curso, para “controlar” la acción cuestionadora que procede de la “gente de abajo”.

Enhorabuena que los medios periodísticos del Grupo Extra (entre otras importantes empresas de comunicación colectiva), han asumido una bandera militante en contra la mortal ley mordaza; pues si bien es cierto se conocen casos de autocensura periodística en épocas no tan remotas; lo real es que en los últimos tiempos muchas cosas sucias de la cosa pública, en contubernio con la privada, han podido ser del conocimiento público gracias a una prensa honesta y profesional (aunque no necesariamente “neutra”), que se ha volcado a la denuncia de lo que se ha hecho mal en la obra gubernamental de las últimas administraciones, todas inspiradas en el fracasado pero aún vigente criminal neoliberalismo.

Nosotros pensamos que la mejor gobernabilidad de un sistema político es aquella que incluye gente, no la que excluye. Los altos niveles de desigualdad y, por ende, de grandes exclusiones sociales, han provocado hasta guerras civiles y aquí, sin ir muy largo, en nuestra propia región centroamericana.

A los 25 años del plan de paz de Esquipulas, del que tanto se ufana el expresidente Arias, prácticamente siguen intactas las mismas circunstancias de miseria, explotación, corrupción y desigualdades abusivas que dieron origen a los conflictos bélicos civiles que se pararon con ese plan. Sí, las guerras civiles se terminaron pero la guerra social está en auge y ahora, alimentada inmisericordemente con la guerra del narco. Quienes siguen sufriendo son “los de abajo”.

En el caso costarricense, los sectores más duros de la actual clase dominante en el país, alimentados por la inserción en los negocios empresariales nacionales con la llegada de algunos de los capitales centroamericanos más sangrientos, nos están indicando que el autoritarismo, aunque sea en democracia, es la fórmula a imponer para su “gobernabilidad”.

Por el contrario, la “gobernabilidad” que desde abajo se considera la idónea, es aquella que por medio de una gran diversidad de iniciativas y acciones de política pública, le pongan coto al crecimiento de la desigualdad; de forma tal que ese millón y medio de compatriotas pueden comer tres veces al día así como vivir en total dignidad; y que la endeudada clase media puede sentir que se ha detenido su viaje a la pobreza y a la exclusión social. Sin necesidad de ley mordaza, ni de garroteadas policiales, ni de vetos a leyes que recuperan espacios para la promoción del bien común, ni de golpes de Estado _“técnicos”_… Hay algunos muy “arriba” que no lo quieren entender así. En consecuencia, habrá que doblegarlos.

Hablemos claro y dejémonos de rodeos. La destitución (_“no reelección”_) del magistrado doctor Fernando Cruz Castro, tiene un trasfondo político-ideológico que debemos visibilizar; más allá del choque de poderes que estamos presenciando entre el Judicial y el Legislativo (con el Ejecutivo metido hasta la médula en el conflicto); más allá de la violación flagrante que ha ocurrido en el seno del parlamento contra la Constitución Política de 1949, que todavía está vigente; más allá de lo que el señor Fiscal General de la República ha denominado como “golpe de Estado técnico” dado por los 38 señores diputados y señoras diputadas que pulverizaron, de un porrazo, el concepto filosófico-republicano de la “independencia” de poderes.

Dejémonos de cuentos. Lo que pasa es que dos visiones de desarrollo siguen confrontadas acerca de cómo debemos organizar nuestra convivencia social y cómo se deben distribuir los beneficios del crecimiento económico; en fin, acerca de cómo debe ser repartida la riqueza nacional.

Por un lado está la visión de la progresividad distributiva y del carácter social del Estado, bajo la inspiración del Humanismo Cristiano que explicita la Constitución Política de 1949, con fuerte inspiración en los postulados y en las luchas del socialismo histórico en sus primeras etapas de desarrollo.

Por el otro, la visión de la regresividad distributiva de corte neoliberal, inspirada en el Consenso de Washington; visión que en Costa Rica fue adoptada por el otrora partido socialdemócrata Liberación Nacional, con su mancuerna PUSC (recordemos la creación popular del concepto “PLUSC”) y su derivación más extremista en su momento, el Movimiento Libertario. No es casual que los 38 diputados que dieron el “golpe de Estado técnico”, pertenecen a las tres fracciones ejecutoras del proyecto neoliberal para Costa Rica, mismo que todavía no termina de imponerse del todo.

Luego de la caída del Muro de Berlín, en 1989, en el caso costarricense, ambas visiones han tenido diversos enfrentamientos en los más disímiles escenarios: los mediáticos, los jurídico-institucionales, los de la calle y hasta en el plano electoral.

Durante estos casi 25 años, recordamos dos emblemáticos enfrentamientos entre esas dos visiones de desarrollo: las elecciones presidenciales del 2006, prácticamente fraudulentas, con las severas irregularidades que hicieron que durante un mes no se supiera con exactitud quién ganó (algo que no ocurría desde los anulados comicios de 1948, que dieron origen a la Guerra Civil que hubo en esa época; elecciones que le fueron robadas a don Otón Solís Fallas (o que él se dejó robar), lográndose imponer en Zapote a don Oscar Arias Sánchez. El tribunal del magistrado Sobrado tuvo mucho que ver en esto.

Estando él ya en la Presidencia, se dio el conmocionante proceso de enfrentamiento social por lo del TLC con Estados Unidos de América, llegándose al histórico 7 de octubre de 2007, con otro fraude: el “Sí” se impuso al “No”, gracias (entre otros factores), a la parcialidad, nuevamente, del tribunal del magistrado Sobrado.

A partir de este “frauduréndum”, y ante la imposibilidad casi que congénita para una articulación estratégica con vocación de poder por parte de los sectores cívicos y populares que deseamos otra Costa Rica diferente a cómo la conciben los neoliberales; se han librado grandes batallas jurídicas en sede constitucional; defendiéndose, por un lado, la progresividad redistributiva inmersa en la Constitución del 49, con su contenido macropolítico de Estado Social de Derecho; y, por el otro, quienes desean la anulación de ésta en sus alcances para facilitar la imposición neoliberal de la regresividad distributiva de la lógica de acumulación mercantil, pura y simple. Algo así como el “Estado Neoliberal de Mercado”.

“Curioso” resulta que es precisamente en ese año 1989, en el que se crea la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando empiezan a convertirse todos los contenidos de la Constitución Política de 1949 en algo cotidiano para la ciudadanía; llegando a ser como algo así como el último recurso al que se ha acudido para la preservación de toda la herencia significante del Estado Social de Derecho, que desde el seno del “PLUSC” empezó a ser desmontada; luego de que el capital hegemónico global decretó “la muerte de las ideologías”, precisamente en ese año de la caída del Muro de Berlín. Mucha agua ha pasado debajo del río desde entonces y ya sabemos adónde nos ha llevado el neoliberalismo.

Nosotros pensamos que la destitución del magistrado Cruz representa otro episodio más de ese enfrentamiento entre esas dos visiones de desarrollo y que, por tanto, desde el poder político-económico real actualmente vigente en el país, “alguien” decidió que era mejor “eliminar” completamente y de una vez por todas, la tentación de la alta magistratura constitucional de seguir dando fallos que, eventualmente, potencien la progresividad distributiva; de tal suerte que se facilite un proceso más rápido de concentración del capital; aterrorizando a los otros jueces que quedan para que no se vean tentados de potenciar los postulados de la Constitución Política de 1949, impregnada como bien sabemos de disposiciones en la línea de la progresividad distributiva del ingreso y de la riqueza nacionales.

Precisamente cuando se invoca que la Sala IV es la culpable de la “ingobernabilidad” que vive el país, es precisamente porque los postulados de la Constitución del 49, son una gran piedra en el camino para quienes abogan por una sociedad de mercado totalmente neoliberalizada, abierta completamente al capital transnacional, con reversión de derechos en todos los ámbitos posibles y con una concepción de democracia restringida a los cambios electorales cuatrienales de gerentes presidenciales, en medio de una orgía de dinero para financiar candidaturas diversas pero todas iguales.

En realidad, aunque a veces hemos discrepado de la Sala Cuarta y especialmente, cuando una tras otras eran legitimadas en esta sede judicial las leyes de implementación del TLC con Estados Unidos, este alto tribunal, en realidad el más alto tribunal de la República, con el estandarte de la Constitución del 49 en sus manos, significa un obstáculo fuerte para lo que el expresidente Arias siempre ha querido imponer en Costa Rica: la “Dictadura en Democracia”. Es por eso que pensamos que debemos salir a las calles a defender la Constitución del 49. Mañana jueves, junto al personal judicial del país, nos iremos para la Plaza de la Justicia a desfilar hasta la Asamblea Legislativa, a partir de las 9 de la mañana. Ojalá seamos miles y miles en defensa de la Constitución.

Que sea desde ese lado de la acera que se reconozca tal situación, es porque, en verdad, la gente, el pueblo, la ciudadanía, está como “agua para chocolate”.

Esos dos costarricenses (repetimos, de cada 3), que perciben al país “sin rumbo”, son compatriotas que, o ya están en la pobreza o están viajando hacia ella; viven en condiciones de gran estrechez económica, en escenarios de diversas manifestaciones de violencia, enojados con el sistema político, hastiados de tanto engaño electoral y, prácticamente, no quieren saber nada de política (aunque pareciera que ansían algo totalmente nuevo en este ámbito de la cosa pública).

Con los primeros datos del Informe del Estado de la Nación en su versión No. 18, que acaba de ser dado a conocer, se confirman tales apreciaciones de la mayoría ciudadana costarricense. El país viaja, peligrosamente, hacia la desigualdad y la misma creencia de la gente en el propio sistema democrático está cayendo en picada.

Además, las violaciones a las leyes laborales está a la orden del día y la cantidad de personas pobres crece todos los días: ahora hay un millón doscientos mil costarricenses pasándola mal. Igualmente, en hogares de sectores medios, la cosa no anda bien: la estrechez salarial y los raquíticos reajustes, el alto endeudamiento, la constante subida en las tarifas de servicios básicos, el marchamo y los impuestos indirectos, así como el tránsito que lleva a la Caja hacia su privatización; tienen en alto grado de vulnerabilidad de pobreza a otra mucho mayor cifra grande de costarricenses.

El prestigioso Informe del Estado de la Nación nos indicó de que en el año pasado 2011, hubo dos protestas al día, lo que se explica por este estado mal de las cosas que tiene a dos de cada tres costarricenses con el “agua hasta el cuello”.

Cuando este estado de cosas haría pensar que las soluciones compartidas es el mejor camino, que el diálogo debería ser instrumento de pacificación y de búsqueda de acuerdos entre gobernantes y gobernados; emerge la “política del garrote” ante el creciente poder que la calle está cogiendo para mostrar tan grande enojo popular.

Los deplorables sucesos violentos del pasado jueves 8 de noviembre, más allá de los detalles adjuntos que no cambian la esencia del enfrentamiento policial con la gente en protesta, nos estarían indicando que a los sectores hegemónicos dentro del actual Gobierno se les “ha acabado la paciencia” y se ha dado orden de garrote para los y las manifestantes de ahora en adelante. El plumífero y amanuense columnista de los oligarcas, así lo reconoció en su más reciente publicación.

Esto nos lo confirmó una persona integrante del propio gabinete ministerial de la Presidenta Chinchilla Miranda, quien nos indicó que el tema se abordó en Consejo de Gobierno, y ahí quedó establecido que los antimotines y otras élites policiales especializadas saldrán a enfrentar manifestaciones.

Nosotros, que hemos acuñado el concepto de “Democracia de la Calle” no podemos más que condenar esta horrorosa, equivocada y provocadora decisión gubernamental. La protesta callejera, más que legitimada, muestra a las claras que la gente siente que sus gobernantes no les representan ya, que no atienden debidamente su clamor, que se han alejado de la promoción del bien común y que están gobernando para reducidos grupos de poder que acumulan demasiadas riquezas.

Nosotros creemos que en tal escenario de previsibles enfrentamientos ciudadanos con la policía, a ésta debe llamársele a pasarse del lado del campo popular, a pasarse al lado de los sectores sociales, a unirse al pueblo trabajador del cual ella misma sale; y que la policía no debe agredir, no debe garrotear, no debe gasear a sus iguales de clase.

En tal sentido, cobrarán enorme importancia los mensajes que podamos brindar a la policía desde la perspectiva ciudadana, para que ésta vea que desobedecer una orden para agredir a un manifestante civilista y en actitud pacifista, tiene un gran contenido moral y una profunda naturaleza ética. Tal y como lo indicó, en su momento y con ocasión de la guerra civil salvadoreña, el mártir monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado precisamente por abrazar la causa del pueblo.

Así que debemos informar a los cuerpos policiales sobre lo que significa la “Objeción de Conciencia” en estados de conmoción social, cuando los de arriba ya no pueden gobernar a los de abajo; precisamente porque su egoísmo y su codicia es de tal calibre que, de manera abusiva, siguen concentrando la riqueza, en vez de hacer más justa su distribución; y ante la sublevación popular quieren que sean los policías, gente que viene del campo de “los de abajo”, los que les defiendan.

Como si todo esto no bastase, los sectores más retrógrados de la clase gobernante, han impuesto una ley de la República que va a mandar a la cárcel a toda aquella persona, incluidos los y las periodistas, que “osen” revelar cuestiones que se dan en la cosa pública y que muestran ante la opinión pública casos de eventuales corruptelas, pues de ahora en adelante serían “secretos políticos”. La “ley mordaza”, como atinadamente se le ha llamado, viene a ser un complemento de la _“política del garrote” _que ahora se le pretende imponer a la gente que protesta.

Es evidentísimo que estamos viviendo momentos cruciales de la vida republicana costarricense. El modelo neoliberal, altamente fracasado en notables países de la Unión Europea (UE), no termina de imponerse definitivamente en Costa Rica, gracias a la amplia resistencia del campo popular organizado, pese al imprudente estado de desarticulización que ahora está mostrando.

Pese a ello, con voluntades sinceras de desprendimiento, sí hay posibilidades de construcción social opuesta a los sectores hegemónicos dominantes para, al menos, hacerle frente a éstos en condiciones de “tú a tú”, tal y como se hizo en el pasado reciente. Este es el gran reto que tenemos por delante.

Finalmente, hoy, miércoles 14 de noviembre, con profunda emoción nos “quitamos el sombrero” y rendimos honor y brindamos admiración a los millones de hombres y de mujeres de la clase trabajadora europea que han salido por las calles de países como el Estado Español, Portugal, Grecia, Italia, Irlanda y otros; utilizando la Democracia de la Calle y desafiando el “poder del garrote”; peleando por las mismas causas que a nosotros, “los de abajo” de Costa Rica, también nos inspiran.

Sabemos, por tanto, cuál es nuestro camino y qué nos espera; cuál es la naturaleza de nuestros sueños y qué hemos propuesto. Solamente nos falta lo esencial: unirnos en la diversidad; algo en lo que “los de arriba” ni piensan porque no nos creen capaces de lograrlo… de nuevo.

Millones de hombres y mujeres, integrantes de la clase trabajadora de varios países de la Unión Europea (UE), están sufriendo duramente en estos momentos, como jamás lo pensaron alguna vez.

Hay una especie de “guerra social” en países como Grecia, España, Portugal, Irlanda, Italia (entre otros), que hasta no hace poco tenían lo que se creía eran sólidos sistemas de Seguridad Social, Estados de Bienestar de altos calibres, con empleos seguros, bien remunerados, Salud y Educación gratuitas y otras prestaciones sociales. Todo eso se derrumbó.

En esos y otros países hay una especie de involución, de reversión de derechos, de regreso al pasado laboral del siglo XIX con altísimos niveles de explotación; con despidos masivos, rebajas salariales descomunales, alto desempleo, reducciones de pensiones y jubilaciones, subida enorme de impuestos indirectos (como el IVA o de ventas), quiebras masivas de pequeñas y medianas empresas, privatizaciones a mansalva, jóvenes sin esperanza, desahucios todos los días, gente buscando comida en los basureros, creciente indigencia, suicidios desesperados y otros males sociales que nunca nadie pensó que todo eso podría ser visto en países “desarrollados”. Se creía que todas estas injusticias y tormentos eran producto de países del “Tercer Mundo”, de “países atrasados”.

“Tramposos banqueros” es el título de un extraordinario artículo de denuncia acerca de los culpables de esta debacle social europea, con sesgos de catástrofe humanitaria, que ha escrito el acreditado y respetadísimo periodista español, don Ignacio Ramonet, quien escribe para una publicación periodística de las más serias que se emiten en estos momentos sobre los problemas que genera la globalización neoliberal. Hablamos de “Le Monde Diplomatique”.

Esta globalización neoliberal está orientada y conducida por la parte más extremista del sistema capitalista actualmente hegemónico en el planeta: el capital financiero-bancario que, sin control ni regulación, le ha quitado el poder a los políticos de esos y otros países de Europa, para dárselo a los especuladores de las bolsas de valores y, por supuesto, a los banqueros que son los que hoy dominan el poder político global.

Los nuevos “amos del mundo”, estos banqueros, dice el señor Ramonet en su artículo, “no sienten ninguna preocupación por el bien común. La solidaridad no es su problema. Menos aún la preservación del Estado de Bienestar. La única racionalidad que los motiva es la codicia. Especuladores y banqueros, movidos por la avidez, llegan a comportarse como mafias, con mentalidad de aves de rapiña. Y con una impunidad casi total”. ¿No les suena a ustedes a algo parecido al grito presidencial de doña Laura por las altas tasas de interés que cobra por sus préstamos la banca nacional?

Desde el año 2008 en que estalló la crisis que afectó a estos países europeos, a Estados Unidos y a otros países del centro capitalista global, ninguna regulación ha sido establecida para reglamentar esos mercados financieros. No se les ha puesto controles racionales para que no vuelvan a golpear tan brutalmente como lo están haciendo ahorita, a esos pueblos trabajadores. Así lo denuncia el citado periodista español.

En verdad, no tiene uno ni la menor idea de cuáles son las cantidades de plata que estos “tramposos banqueros” manejan todos los días, acumulando desenfrenada y alocadamente cada vez más plata; pero, a la vez, causando más dolor, más miseria, más tragedias humanas como la alta cantidad de personas trabajadoras que todos los días se suicidan en España, al quedarse sin trabajo, sin casa, ahogados por su deudas.

Dice el señor Ramonet que esos mercados financieros jefeados por los “tramposos banqueros” mueven sumas colosales al día. Por ejemplo, cada 24 horas, mueven unos ¡¡¡7 billones de euros!!! solamente en deudas de los países de lo que llaman la Eurozona; movimientos de capital que, como ya quedó demostrado, tumban gobiernos, imponen políticas contra la gente y someten a sus respectivos pueblos a sacrificios inimaginables.

Ahora nos queda más claro todavía la correcta posición que ha asumido el estado Vaticano y, propiamente, el jefe de la Iglesia Católica, el papa Benedicto XVI; a favor de ponerle un impuesto, la tasa Tobin o impuesto “Robin Hood”, a esas transacciones financieras que, como se nota, cada 24 horas mueven colosales cantidades de dinero especulando con esos capitales y sacándole más plata a los pueblos trabajadores. Una pequeñísima parte de esos movimientos de capital, concebida como impuesto, basta para aliviar el gigantesco dolor de miles de personas trabajadoras asalariadas en esos países de la UE.

El periodista Ramonet no se anda con “pelos en la lengua” y puntualiza algunas de las siglas más “famosas” en las cuales juegan con la vida de millones de personas, los “tramposos banqueros”. Nos habla de que “el banco HSBC fue acusado de blanquear dinero de la droga y de los narcotraficantes mexicanos”. Nos indica que “el JP Morgan se lanzó a especulaciones desmedidas asumiendo inauditos riesgos que le acarrearon pérdidas de 7.500 millones de euros, arruinando a decenas de clientes”. Que el “Knight Capital… perdió más de 323 millones de euros en una sola noche a causa de un error de un programa informático de especulación automática por ordenador”.

Denuncia Ramonet que el poderoso banco gringo Goldman Sachs, “en 2001 ayudó a Grecia a maquillar sus cuentas”, para que este país pudiera entrar en la moneda euro, lo cual años luego le generaría una debacle financiera que tiene a este país en completa bancarrota. Más datos nos da el señor Ramonet para poner en evidencia la monstruosidad de un sistema capitalista neoliberal de signo financiero-bancario que parece querer acaba con la Humanidad misma (el artículo completo puede verlo usted en www.anep.cr).

Aquí, en nuestra Patria, hay signos preocupantes de que cosas semejantes nos podrían ocurrir si la clase gobernante tradicional, esa del poder real, pretende seguir el desenfrenado proceso concentrador de riqueza que peligrosamente transita nuestra sociedad de hoy. Esta señal es tan clara como para que la mayoría de la gente piense que este país está “sin rumbo”. ¡Pues claro! Solamente la minoría plutocrática (mucha de la cual está en la onda esa de los “tramposos banqueros”), es la que está concentrando los beneficios del crecimiento económico, jugando a la especulación financiera y deteriorando la calidad de vida de las grandes mayorías. En verdad, mucho se juega en el 2014. Ya hablaremos de ello.

La señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, está “pegando el grito al cielo” porque los bancos del Estado están cobrando altísimas tasas de interés por la plata que prestan; más de lo que cobran, supuestamente, en la banca privada.

La mandataria indicó que cada vez que dicha tasa sube un punto porcentual, la banca pública le saca a la gente unos 60 mil millones de colones, metiendo en serios problemas económicos a quienes tienen créditos, ya sea en lo personal, en vivienda, en actividades productivas.

Se supone que quienes más sufren por ello son sectores de clase media que han tenido la “suerte” (o, ¿la desgracia?), de haber sido sujetos de crédito en los bancos estatales.

Nosotros pensamos, sin conocer a fondo de estas cuestiones de banca y de finanzas, que lo que puede estar ocurriendo es que, efectivamente, las regulaciones financieras sobre la banca (pública y privada) son muy débiles, por una parte. Por otra, las concepciones que imperan en la banca estatal son, hoy en día, radicalmente distintas a las que le dieron origen, cuando el ciudadano José Figueres Ferres, Don Pepe, emitió el decreto de nacionalización bancaria en 1949.

Las cosas tampoco parecen estar bien en la banca privada, misma que da mucho de qué hablar en materia de regulaciones. Unos inversionistas costarricenses y extranjeros se quejaron, recientemente de que perdieron su plata, acusando a una banca gringa por ello. Hasta un conocido futbolista nacional habría perdido 300 millones de colones. Aquí dejaron en cuestionamiento la eficacia y la transparencia del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif); cuestionándose, además, cómo es posible que ese banco gringo cuestionado, Citi Bank, esté siendo escogido por la Casa Presidencial para la emisión de los eurobonos.

Todos sabemos que actualmente la hegemonía política que domina en nuestro país, el poder real de nuestra sociedad, está centrado en el capital financiero-bancario de signo neoliberal; y es de tal calibre este poder que hasta la propia Presidenta Chinchilla Miranda está, como indicamos, “pegando el grito al cielo”; porque los bancos del Estado están sin control político riguroso y sus estrategias son de acumulación desenfrenada de plata y no volcados hacia la promoción del bien común y a la integración social. Casi que se ocupa en este país una segunda nacionalización, una re-nacionalización de la banca pública.

Y aquí es donde conviene preguntarse: ¿tiene realmente poder la figura presidencial como para “poner en cintura” a la banca pública y ponerle al servicio del desarrollo social integral y del bien común?… ¡No! decimos nosotros. El Banco Central de Costa Rica (BCCR), que debería ser la entidad desde la cual se puede regular el cobro de las tasas de interés que tanto le preocupan a la señora Presidenta, funciona como una “república independiente” y no lo controla la Casa Presidencial.

Para que ello fuera así, otra hegemonía política debe surgir en el país. Por eso resulta ridículo que se diga, ahora, que van a averiguar las razones por las cuales esas tasas están altas.

Lo que pasa aquí con este asunto tiene conexión con ese gigantesco poder incontrolado del capital financiero-bancario inspirado en el criminal pensamiento neoliberal que tiene, por ejemplo, a millones de trabajadores europeos en la más grande miseria, con países regresando a niveles de pobreza jamás impensados.

Tan es así que su Santidad, el Papa Benedicto XVI, ya está hablando de que es urgente la reforma del sistema financiero y monetario mundial; y, más específicamente, el propio Vaticano está indicando que apoya la tasa Tobin (el impuesto “Robin Hood”), contra la especulación financiera, para adoptar medidas de justicia social que frenen las devastadoras secuelas sociales provocadas por la tal “crisis” europea.

Esta posición eclesiástica de la Iglesia Católica universal, fue dada a conocer por el arzobispo Mario Toso, secretario del Pontificio Consejo de la Justicia y de la Paz, en una entrevista difundida por Radio Vaticano y de la cual tuvimos noción nosotros, leyendo una nota de prensa de la agencia italiana de noticias ANSA.

Quizás lo que esté pasando con la banca pública costarricense lo podamos comprender con las expresiones del indicado prelado vaticano. Según él, “hay finanzas y finanzas, una buena que está al servicio de la economía real, de las empresas y de las familias; en cambio, hay otra que intenta obtener beneficios en el menor tiempo posible de todo…”. Cómo nos gustaría saber qué están pensando de todo esto, los excelentísimos señores obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor).

Dicen algunos que esas altas tasas de interés se deben entre otras cosas, a que el Gobierno, por su problema fiscal, pide prestado grandes sumas de plata todos los días. Creemos que esto es, parcialmente, cierto, dadas las debilidades estructurales del sistema tributario costarricense, altamente regresivo.

Cuando una empresa nacional como la cervecera, se da el “lujo” de comprar una similar en Estados Unidos y paga por ello, ¡¡¡¡385 millones de dólares!!! uno se pregunta: ¿Cuál es el nivel de ganancias de semejante negocio privado como para hacer una inversión de tal calibre?… ¿cuál es la tasa de impuestos que paga como para que le quede tantísima plata para esa increíble compra. Hablamos de unos ¡¡¡192 mil millones de colones!!! prácticamente un 1% del Producto Interno Bruto (PIB)… ¿Ganó algo el fisco costarricense con tal compra? ¿Qué nos dice el señor Ministro de Hacienda al respecto?…

Por cierto que la controversia de la plata que por impuestos está en litigio entre la cervecera y el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), sigue sin resolverse por influencia de un poder oculto cuya naturaleza desconocemos; estando en pleito unos 30 mil millones de colones en impuestos por venta de cerveza, supuestamente por una “desavenencia” en la fórmula de cálculo. Esta cantidad de plata en pleito para no dárselos al IDA, es completamente ridícula si la comparamos con lo invertido en esa compra empresarial.

El grito presidencial por las altas tasas de interés que cobra la banca pública; la envergadura de un negocio como el que hemos comentado; el problema fiscal del Gobierno por el anacrónico sistema tributario que tenemos; el respaldo vaticano al impuesto “_Robin Hood”_, son señales clarísimas de que la desigualdad sigue siendo el problema más grande de sociedades como la nuestra. Por tanto, no hay mayor desafío de la lucha social que enfrentarnos, por todas las formas posibles a nuestro alcance, para revertir este perverso flagelo que amenaza a las democracias mismas.

“DIPUTADO CHACÓN GONZÁLEZ: Muy brevemente, señor Presidente. Yo quería dejar constando en actas y patente la posición de la Fracción del Partido Liberación Nacional y del Poder Ejecutivo, a favor de la reforma del Código Procesal Laboral. No sólo porque eso nos ayudará a cumplir mejor con obligaciones internacionales adquiridas desde hace muchos años, sino porque éste es el producto de un trabajo conjunto de los sectores empresariales, laborales y de gobierno, que ha logrado llegar a un texto consensuado. Por supuesto, que aquí la señora diputada y los señores diputados hemos podido contribuir también a que este texto sea un texto que venga realmente a agilizar el proceso laboral, y a garantizar una serie de derechos de los trabajadores. Pero en esencia es el producto de un trabajo muy arduo de negociación de los sectores empresariales, laborales y de Gobierno. Yo tengo que dejar patente nuestra complacencia, nos sentimos realmente satisfechos por el proceso que hemos llevado aquí en esta Comisión, y que hemos discutido. En donde los diputados de todas las fracciones han puesto su grano de arena y su mejor esfuerzo para lograr llegar a dictaminar el día de hoy. Esto me parece que es un paso realmente importante para los trabajadores y para el sector laboral, y para Costa Rica. Muchas gracias, señor Presidente. Y adelanto, entonces, que yo estaré votando afirmativamente el dictamen de este proyecto”.

Hemos empezado esta segunda parte de nuestro artículo de la semana pasada, con la cita textual que usted acaba de leer. Está en el acta de la sesión No. 22, de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, del 17 de agosto de 2010. Esas frases las dijo, en ese momento, el entonces diputado liberacionista don Francisco Chacón González, quien es hoy una de las figuras políticas (Ministro de Información) de mayor cercanía a la señora Presidenta de la República, junto al también relevante señor Ministro de la Presidencia, Lic. Carlos Ricardo Benavides Jiménez.

Que una persona de tal calibre político y con tanta responsabilidad en el seno del Gobierno de la República, pasando de un poder a otro del Estado en una misma administración gubernativa, indique que ésta es la tesis oficial en un tema como el que nos ocupa y no otra, representa que hay un altísimo nivel de certidumbre política desde la esfera del poder en ejercicio.

Sumamos a esto el hecho de que la Presidenta Chinchilla Miranda entregó al mismísimo Director General de la OIT, el señor Somavía, el protocolo costarricense que adoptaba el mandato de “Trabajo Decente” con la RPL incluida. Estos hechos políticos son contundentes y se interpretaron como hechos políticos de contenido cierto. Resulta, señores y señoras, que no fue así. Pareciera que el primero fue una tomada de pelo y el segundo una obra de teatro.

Evidentemente sabemos que, con seguridad, a la propia señora Presidenta le debe haber generado mucha molestia nuestra categórica afirmación de que hubo una mentira. Y con seguridad, a sus más cercanos colaboradores y protectores directos de la imagen presidencial, mortificamos mucho con lo que indicamos. Debemos reiterar que no fuimos nosotros quienes originamos la mala noticia ni los hechos. Sencillamente respondimos de oficio.

Nosotros lamentamos que se creyese que estábamos hablando de una especie de conducta “patológica” en el sentido de que la mentira es, algo así, como una “política de Estado”; o, peor aún, parte de la condición humana de la primera mandataria del país en estos momentos. Igual sensación mortificante sentimos nosotros, cuando doña Laura se dejó decir que el eventual movimiento laboral que se daría por parte de los y de las integrantes de la Policía Penitenciaria, obedecería a una maniobra “saca-clavo” de nuestra parte, por lo del veto a la Reforma Procesal Laboral (RPL); una afirmación presidencial sin pies ni cabeza. Otro desacierto informativo.

Pues bien, en el caso de la RPL, hablamos de un hecho político consumado en una situación concreta, a partir de circunstancias sociohistóricas específicas que determinaron el nacimiento de una ley de amplísimo consenso, intra y extraparlamentariamente, como pocas veces se ha visto en la historia nacional. Curiosamente, a la misma se le cuestiona hoy desde los dos ámbitos extremistas del espectro político: por un lado, desde la plumífera derecha neoliberal amanuense; por el otro, desde la ultraizquierda de cabina telefónica.

El proceso que terminó con la RPL, nació desde mucho antes que la actual señora Presidenta de la República pensara que alguna vez estaría en tan alta posición; de manera que al comparar lo que sucedió en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en junio pasado y con ella presente, versus el posterior veto presidencial que estamos comentando, mostró una inconsecuencia política en el accionar del Estado que nosotros calificamos como mentira.

Si había un profundo acuerdo de partes (sector empresarial, sector sindical, sector gubernamental), gestado en el mismo espacio institucional avalado para el Diálogo Social, así acreditado ante la OIT, como lo es el ente nacional denominado Consejo Superior de Trabajo (CST), mismo que está adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); resultó muy delicado deshonrar ese acuerdo específico salido de su seno, unánimemente, a favor de la RPL.

De tanto impacto fue este acuerdo tripartito que la Administración Chinchilla Miranda optó por agregarlo al protocolo de “Trabajo Decente”; el cual es la política de humanización del trabajo que la OIT impulsa para que se ponga en práctica en todos los países que la integran.

Se debe tener claro que en nuestro país se ha desarrollado una percepción ciudadana de que los estamentos políticos sistémicos no honran los compromisos que firman. Nosotros mismos, en nuestra labor de varios años en estas lides, así lo hemos constatado. Y hay varios episodios en la presente gestión gubernativa que quedan en línea con tal percepción. Nosotros pensamos que si se deshonra un compromiso, entonces, se miente al haberlo firmado.

Ahora bien, la RPL, es una necesidad nacional. Al más altísimo nivel se está indicando que sigue habiendo gran interés, tanto desde el propio Poder Ejecutivo como del Legislativo, para su concreción final, para su materialización plena como ley de la República. Esto es importante porque, de llevarse a la realidad, sería falsa nuestra presunción acerca de los ámbitos empresariales-productivos desde los cuales se estaría saboteando tan grande esfuerzo nacional, desarrollado pacientemente durante muchos años. Ó, al menos, el Gobierno está indicando que las razones para su sorpresivo veto son las que ya se conocen y que, en consecuencia, como hemos afirmado nosotros, no hay “mar de fondo”. Entonces, hay un nuevo espacio para el diálogo y la RPL puede salvarse.

Pese a todo, llamamos al Gobierno, diputados y diputadas, así como a actores sociales responsables, a no perder la oportunidad de hacer una reforma social de tal envergadura. La RPL significa mayor justicia social para Costa Rica. Señora Presidenta: rectificar es de damas y de caballeros. Usted todavía está a tiempo.

La licenciada Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República, mintió. Así de contundente queremos denunciarlo, dentro y fuera de las fronteras de nuestro país.

Mintió en el caso de la Reforma Procesal Laboral (RPL); y nada más y nada menos que lo hizo en el seno, en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ubicada en Ginebra, Suiza, en junio pasado.

Quizás hubiese sido “admisible” esta mentira si fuese para “consumo doméstico”. Al fin y al cabo los gobiernos, por lo general, le mienten a su gente, a sus pueblos. Pero que lo hagan ante un organismo internacional de gran calibre, es un error estratégico mayúsculo y de gran repercusión negativa para la imagen del país, máxime si quien miente es el propio Jefe de Estado, como en nuestro caso.

Como hemos afirmado, la Reforma Procesal Laboral (RPL) constituye una especie de “segundo” Código de Trabajo. La mandataria costarricense está a punto, si no rectifica, de echar por la borda la única ley de la República que quede emitida en su gestión gubernativa como para asegurarle un sitio de honor en la historia nacional; considerando el enorme descrédito que está acompañando su gestión, la magnitud de las corrupciones que la están manchando; y la molestia del pueblo por las estrecheces económicas de un proceso concentrador de riqueza que sigue agudizándose, pese al crecimiento económico del cual se ufana este gobierno.

La Jefa de Estado de Costa Rica se fue hasta tal lugar (Ginebra, Suiza) y dio un gran discurso ante las delegaciones de todos los países que integran la OIT; indicándole a todo el orbe que Costa Rica, país “respetado” a nivel mundial como nación observadora fiel de los Derechos Humanos (DD.HH.), acababa de adoptar la política del llamado “Trabajo Decente” que la OIT emitiera a favor de la dignificación del trabajo asalariado, de su humanización.

Los principios de política pública recomendados por la OIT bajo el concepto de “Trabajo Decente”, se enmarcan en el escenario planetario de globalización deshumanizada; pretendiendo ser contrapeso a la acción criminal del capital neoliberal de signo financiero-bancario que está arrasando con todas las leyes laborales y sociales en los diferentes países.

En el caso costarricense, la mandataria Chinchilla Miranda indicó que el protocolo de “_Trabajo Decente”_ fue más allá, al incluir la aprobación de la Reforma Procesal Laboral (RPL), llevándose así el aplauso y la felicitación generalizada por parte del calificadísimo auditorio de la conferencia mundial de la OIT a la que ella asistió. Es más, ella puso en manos del mismísimo entonces Director General de este ente mundial, el señor Somavía, el protocolo costarricense que adoptaba ese mandato de “Trabajo Decente” con la RPL incluida.

El sorpresivo veto presidencial a la RPL, emitido la noche del pasado martes 9 de octubre, dejó en evidencia la mentira presidencial, el engaño a la misma OIT; así como la tomadura de pelo que se le dio a gran cantidad de personas y de sectores que dentro de nuestro país se vieron involucrados en el proceso de la RPL, a lo largo de los últimos casi 15 años.

Si bien es cierto que el veto presidencial para impedir que la RPL sea, de manera definitiva, Ley de la República, habla de dos razones fundamentales, nosotros estamos convencidos de que aquí hay “mar de fondo”; y, nuevamente, las dos razones oficiales y explícitas de ese veto son, también, otra mentira.

La huelga en los servicios públicos esenciales quedó plenamente regulada en la RPL, pues este tipo de movimiento no puede poner en peligro las cuestiones mínimas inherentes a la vida, a la salud y a la seguridad de las personas. Se cumplieron así, en su regulación dentro de la RPL, mandatos constitucionales al respecto que hoy estaban sin ningún ordenamiento, afectando derechos ciudadanos sensibles e imposibles de dejar de considerar.

Más bien, con la RPL, los y las huelguistas deberán demostrarle al juez que sí darán los servicios mínimos para que la vida, la salud y la seguridad de las personas no queden en peligro alguno con ocasión de una huelga.

La otra razón del espurio veto sí permite que haya contrataciones de rompehuelgas, de esquiroles, pero hasta que la huelga hubiese sido declarada ilegal por un juez de la República; dado que estas contrataciones al momento de darse un movimiento así, hace nugatorio el derecho constitucional a la huelga para los trabajadores y para las trabajadoras que se ven obligados a invocar tal derecho.

Pero, además, la contratación de rompehuelgas (esquiroles), es innecesaria pues la huelga deberá observar un plan mínimo, con el aval de un juez, para mantener funcionando aquellos servicios esenciales para la vida, la salud y la seguridad de las personas.

Los dos argumentos del veto presidencial a la RPL no resisten el menor escrutinio jurídico-parlamentario riguroso, si fuesen esgrimidos de buena fe. Pero no es así. Las verdaderas razones del veto son otras y la Presidenta Chinchilla Miranda lo sabe. Nosotros estamos convencidos de que ese veto es producto de la imposición de sectores empresariales ligados a las producciones bananeras y piñeras nacionales y multinacionales; sectores que nunca estuvieron en fase alguna del proceso de discusión y de negociación que llevaron al histórico acuerdo que hizo viable, políticamente hablando y en el momento de tramitación parlamentaria, la RPL.

Estos sectores productivos quieren seguir acumulando riquezas desmedidas explotando al máximo la fuerza obrera en sus plantaciones y con derechos laborales al mínimo. Para evitar que la llegada de la RPL les pusiera en cintura, hicieron uso del gran poder del capital que han acumulado, logrando que la Presidenta se les prosternara y les diera en bandeja el veto a la RPL; contando para ello con la incidencia perversa de un cura católico renegado, harto conocido por su virulento y enfermizo antisindicalismo (lo que ha convertido en su propio negocio); cura que reniega de los contenidos de la Doctrina Social de la Iglesia en materia del derecho obrero a los sindicatos.

Esto es parte de lo que nosotros denunciamos como “mar de fondo” en el veto presidencial a la RPL. La semana próxima, Dios mediante, ahondaremos en ello, denunciando aún más la doble moral gubernativa de la mentira presidencial inherente al repudiable e injustificado veto a la RPL.