2014

Recientemente un distinguido costarricense, quien ha estado por muchos años ligado a los movimientos sociales de nuestro país, nos visitó para conversar acerca de los actuales acontecimientos políticos que se vienen dando y de cara a lo que ha de ocurrir en las próximas elecciones generales (presidenciales y diputadiles), de febrero del 2014.

Al parecer, en estos momentos, diversos grupos ciudadanos se vienen reuniendo, unos por aquí y otros por allá, analizando cómo se presentaría ese escenario electoral y cuáles son las posibilidades que desde el campo popular y cívico, pudiese surgir alguna alternativa esperanzadora para los miles y miles de compatriotas que estamos asqueados de la sucia politiquería tradicional, especialmente la que vemos en desarrollo desde el campo neoliberal con varias banderías partidistas.

No sabemos con exactitud quién fue y en qué contexto se dio esta manifestación de que “lo malo de la política es que la gente buena no se mete en ella”.

Efectivamente, quienes tienen hoy en día “la sartén por el mango”, quienes detentan el poder real, el verdadero, en esta sociedad, se perpetúan de gobierno a gobierno y de administración en administración, precisamente porque cada vez más gente buena se aleja de la política, quedando ésta, por lo general y haciendo las honrosas excepciones de rigor, en manos de arribistas, oportunistas, pegabanderas, lametraseros y similares.

Sin embargo y desde los sectores sociales y cívicos, las responsabilidades por este estado de cosas no se pueden eludir. Desde este lado de la acera, que es la de la Patria, hace falta un profundo “mea culpa” (nosotros incluidos); precisamente porque nos ha faltado visión estratégica y real humildad para entender que la unidad de las fuerzas populares es una cuestión de enorme urgencia, ante la avalancha neoliberal que todo lo viene pudriendo, comprando, degenerando, corrompiendo, entregando y robando.

En lo personalísimo aún no nos reponemos, debemos confesarlo, del gran dolor que nos produjo el escenario electoral a nivel presidencial que se dio en las elecciones de febrero del 2010; cuando en la boleta de votación para la Presidencia de la República, de las nueve candidaturas planteadas, siete, de una forma u otra, procedían del campo cívico que se opuso al tratado de libre comercio con los Estados Unidos, mismo que, como sabemos, nos fuera impuesto con el “frauduréndum” del 7 de octubre de 2007.

Los mesianismos, los protagonismos personalistas, las vanidades, los oportunismos impidieron que para esas elecciones, el campo cívico y popular se presentara con una única candidatura presidencial; lo que habría significado un desafío al poder tradicional real, como ya lo había venido siendo la acumulación de resistencia al neoliberalismo que se había venido generando en el país, a partir de la caída del Muro de Berlín.

Las organizaciones sociales, sindicales, profesionales, gremiales, comunales, estudiantiles, académicas, cívicas, ecológicas, juveniles, femeninas, entre otras, habían venido apostando por la construcción de un camino distinto al que venía imponiendo el modelo neoliberal en Costa Rica, por medio del bipartidismo PLUSC; de forma tal que, pese a la imposición del TLC con EUA en ese “frauduréndum”, había quedado un imponente capital político tal y como se constató en la más grande manifestación de calle de la historia nacional, la del domingo 30 de setiembre de 2007, a una semana de esa votación y que por su magnitud fue invisibilizada y menospreciada por los latifundios mediáticos que todos conocemos.

Muchos abrigamos la esperanza de que, a pesar de lo que pasó ese 7 de octubre de 2007, el capital político de resistencia acumulado en casi 20 años, se transformara en una opción electoral desafiante del poder real neoliberal y que, por lo menos, tuviésemos un gobierno ni siquiera progresista, por lo menos, decente. Pero no fue así. Siete personalismos se impusieron y se dilapidó ese capital político de gran potencial para empezar a construir otra hegemonía.

Hoy, prácticamente, no tenemos nada. Los oligarcas de la hegemonía dominante ya tienen su candidato. Harán un remedo convencional y las buenas intenciones serán pisoteadas por el poder del capital. La “oposición” sigue carcomida por los personalismos protagónicos “salvacionistas” y de corto plazo. La creciente indignación popular por todo lo que ha venido pasando (trocha incluida con la “política del bikini” como valor agregado), parece no encontrar un cauce de articulación hacia una única vía de reconstrucción organizativa del campo de lo popular y de lo cívico, para enfrentar lo que se ve venir, que es la ofensiva final del capital neoliberal para apoderarse de lo poco y valioso que queda de la institucionalidad social heredada que se inspiró en el bien común.

Por eso es comprensible que no pocos costarricenses piensen que la salida no es por el campo electoral y que, por el contrario, estimen que se ocupa un “estado de excepción”, un “gobierno de facto”, para limpiar la podredumbre que carcome la democracia. Entre otros argumentos, hemos escuchado uno que nos dice que algunas de las democracias latinoamericanas del sur del continente presenciaron, primero, la caída de varios de sus gobernantes del momento, antes de que abriera el sendero para procesos de reconstrucción democrática con inclusión social. ¿Será necesario que Costa Rica viva algo semejante?… A lo mejor sí.

Pensamos que vale la pena apuntarse a un esfuerzo social integrador pese a todas las reservas que se puedan tener. Lo impresionante de todo esto es que “todo está inventado” en materia de propuesta alternativa para un gobierno decente. Mucho se ha investigado, estudiado, diagnosticado, escrito y propuesto para que Costa Rica recuperara su histórica senda de promoción del bien común en aras de la mayor equidad y movilidad sociales. ¡Cómo quisiera uno que todos esos grupos que andan por aquí y por allá, se juntaran y se promoviera algún frente electoral por un Gobierno Decente a favor de la Gente!

En el día del Régimen Municipal

El próximo viernes 31 de agosto de 2012, se festeja lo que en el seno de lo que podríamos llamar la “cultura” política nacional, conocemos como el Día del Régimen Municipal; una ocasión destinada, según entendemos, para que la ciudadanía costarricense, particularmente el segmento de la misma que labora para las municipalidades del país, reflexionemos sobre la importancia del régimen municipal para la Democracia.

En la actualidad hay una importante cantidad de personas (dentro de las cuales está quien esto escribe), que piensan que Costa Rica está viviendo una especie de crisis política como desde hacía décadas no se manifestaba; crisis que, de seguro, tiene diversas explicaciones y manifestaciones.

Dentro de éstas, no hay duda alguna, es la cifra notable de personas ciudadanas que no votan, que no votarán, que no quieren saber nada de la política; que dicen que todos los políticos son corruptos. Y de seguir así las cosas, no es nada extraño que en pocos años presenciemos fenómenos políticos como el argentino de principios de este siglo, bajo el lema de “que se vayan todos”; o bien, gente común y pensante que, de un pronto a otro, decide que la salida es al margen del sistema formal institucionalmente establecido para las elecciones, procediendo a que haya una especie de “gobierno de facto” que, por un determinado período, gobierne “por decreto”, “arreglando” de una vez por todas, esta “carajada” (perdonen el término pero “carajada” es un modismo muy popular para designar un determinado estado de las cosas, una determinada situación).

Pareciera que donde más marcadamente se está presentando ese desencanto ciudadano con la política es a nivel del régimen municipal. En el 2010 se dio, por segunda vez, la elección directa para las diferentes alcaldías del país, notándose cifras de abstencionismo altísimas, de suerte que, prácticamente todos los alcaldes y todas las alcaldesas que hoy ejercen sus cargos, están en ellos por decisión de una pequeña cantidad de personas electoras de sus respectivos cantones; es decir, son contados con los dedos de la mano aquellos alcaldes que fueran electos con una votación superior al 20% del padrón electoral cantonal respectivo.

Un sistema democrático con vocación estratégica de trascender de lo meramente representativo hacia lo necesariamente participativo, ha de apostar hacia una transformación estructural del régimen municipal actual; buscando cómo se logra conseguir que las municipalidades sean, en verdad, la forma más cercana y efectiva de un gobierno volcado a la gente.

Somos enemigos de las generalizaciones que, por lo general, nos hacen incurrir en graves injusticias. En tal sentido, hay personas al frente de las alcaldías que realizan una notable labor pese a que, como en el prácticamente 100% de los casos, su legitimidad formal es una cosa y su legitimidad real es otra.

Desafortunadamente, hay una estructura mediática hegemónica en el país que hace que solamente lo “malo” sea noticia y lo “bueno” pase invisibilizado. Por ello resulta comprensible que en el inconsciente colectivo, en el imaginario popular, los alcaldes son “corruptos”, las municipalidades “no sirven para nada” y, por tanto, a nadie le interesa el destino de las mismas. Y, claro, con tanta “torta de alcaldía”, cómo esperar una percepción positiva de lo municipal.

Esto pareciera explicar, en parte, el por qué en la más reciente controversia pública sobre el impuesto territorial (impuesto a los bienes inmuebles), las municipalidades llevaron la peor parte si se trata de defensa pública de sus finalidades en este sentido.

Ahora bien, lo que sí llama la atención es que, en casi todos los casos de figuras de alcaldías inmersas en casos de corrupción, sus protagonistas pertenecen al Partido Liberación Nacional (PLN); constituyendo esta circunstancia un dato de extraordinario interés si vemos que este partido, pese a todos sus problemas, es el conglomerado electoral más grande del país en estos momentos.

Igualmente destaca la circunstancia de que hemos notado que en el plano de las relaciones obrero-patronales, son los alcaldes liberacionistas los que más muestran dificultades en su manejo; exhibiendo problemas para dialogar y sustituyendo el mecanismo de la negociación por el autoritarismo, el verticalismo, la prepotencia y hasta el despido de quien se atreva a “desafiarles” su orden.

Indudablemente que el PLN, al renegar y traicionar sus principios socialdemócratas originarios, ha creado las condiciones para que en no pocas de las alcaldías que controla, haya cada espécimen que “se para el sol a verlo”, a la hora de conducir los destinos de un municipio.

Menuda tarea histórica queda por delante para la ciudadanía pasiva, que es la mayoritaria en cada cantón, si las corrientes políticas dominantes se hacen con la suya y hacen avanzar la descentralización de las políticas públicas en nuevos ámbitos de control municipal, sin cambios profundos en su institucionalidad.

En el actual estado y orden de las cosas, el descrédito de no pocas municipalidades parece destinado a acentuarse. No sabemos quién exactamente lo dijo, qué pensador lo manifestó primero; pero en esto de los gobiernos locales (aplicable al ámbito nacional), parece ser sumamente válido eso de que “lo malo de la política es que la gente buena no se mete en ella”.

Felicitamos a quienes luchan en las municipalidades porque las cosas cambien a favor de la gente; especialmente a las personas trabajadoras asalariadas de los municipios de Costa Rica.

La “piñata regalona” de la trocha norte: ¿Se fue solo ó lo sacaron del país?

El pasado martes 14 de agosto se presentó en la comisión legislativa que está analizando todo lo sucedido en torno a la construcción, o intento de construcción, de la carretera fronteriza de la zona norte del país; dando él sus primeras explicaciones acerca de su papel en todo este vergonzoso asunto que nosotros hemos dado en llamar la “piñata regalona” de la troche norte.

“Prendió el ventilador” con sus declaraciones y _“pringó” _, indicando de manera contundente que todo lo concerniente a este asunto, no se decidía en Plaza Víquez (donde está ubicada la sede central del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, institución de la cual él era su máximo jerarca, Ministro de Estado); sino en Zapote, donde queda la Casa Presidencial.

(¿Se fue por decisión propia ó lo “sacaron” del país?). Fue contundente él en indicar, según lo consignó el periódico La Nación, en su edición del pasado miércoles 15 de agosto de 2012, de que lo de la trocha lo decidía una comisión digamos que “especial”, un grupo asesor, que incluía al hermano de la propia Presidenta de la República, don Adrián Chinchilla Miranda; al Segundo Vicepresidente de la República, don Luis Liberman Ginsburg; y al señora Carlos Espinach Phillips (en un escrito anterior nuestro, nos equivocamos con el segundo apellido de este señor, lo cual rectificamos ahora)… Y “ardió Troya”. El titular periodístico de ese medio correspondiente indicó que “_Exministro dice que grupo asesor de Chinchilla decidió sobre trocha”_… “Señala en equipo a Liberman, a hermano de la presidenta y a empresario del PLN”.

Nuestras fuentes indican que hubo una especie de “terremoto” político en Zapote por lo que se consideraron unas declaraciones explosivas que para muchas personas ciudadanas, en cuenta nosotros mismos, dejaban a las claras de que en lo de la trocha norte habría estado funcionando una especie de “gobierno paralelo”, al margen mismo de la institucionalidad.

(¿Se fue por decisión propia solo ó lo “sacaron” del país?). Pero, ¡oh sorpresa! Dos días después, el citado periódico, en su edición del viernes 17 de agosto se “retracta” y “rectifica” indicando ahora en nota periodística al efecto de que “_Asesores cercanos a presidenta no decidieron sobre trocha”_. Muchos nos preguntamos: ¿Es que acaso desde la mismísima Casa Presidencial “le quebraron el brazo” al periódico La Nación? ¿Es que acaso alguna persona poderosamente influyente en Zapote tiene, a su vez, negocios empresariales con alguien no menos poderosamente influyente en este grupo mediático-empresarial?… ¡Vaya a usted a saber!

(¿Se fue por decisión propia ó lo “sacaron” del país?).Y como dice el refrán popular, “a quien no quiere caldo… dos tazas”; o “más pior” como diría un notable comediante nacional: El exministro del MOPT, don Francisco Jiménez Reyes salió del país el pasado domingo 19 de agosto de 2012 y el lunes siguiente, día 20, indicó a la comisión legislativa que le esperaba por segunda vez este martes que pasó, ayer día martes 21 de agosto que no comparecería de nuevo en esa sede parlamentaria y que mejor le enviaran por escrito las preguntas que le iban a formular diputados y diputadas que están investigando lo de la “piñata regalona” de la trocha norte.

Al momento de elaborar este comentario, nadie sabía para qué país se fue, con qué motivo salió del país ni cuándo volverá. El exministro del MOPT pieza clave en este rompecabezas no está “disponible” ni para las autoridades políticas ni para las judiciales. La gran pregunta es, como lo venimos indicando, ¿se fue sólo ó lo sacaron del país? ¿Se fue por una decisión muy propia de él mismo; ó se fue porque “sabía demasiado”.

¿Es que acaso al citado exjerarca se le pidió que se “largara” del país porque iba a reafirmar en su segunda comparecencia, sus declaraciones iniciales de que lo de la trocha norte se decidía en Zapote (Casa Presidencial) y no en Plaza Víquez (sede del MOPT). ¿Y se las hubiera reafirmado, reiterando que sí hubo un grupo asesor cercano a la Presidenta que tomaba las decisiones estratégicas en lo de la trocha?… Y si esto hubiera sido así, ¿adónde quedaría el papel de la Fiscalía General de la República que se habría visto obligada a “entrarle” a indagatorias previas a tales asesores presidenciales cercanos a la primera mandataria del país?…

Uno de los temas de mayor profundidad en esto de la “piñata regalona” de la trocha norte sobre el que poco se ha reparado, es aquel que nos lleva a preguntarnos cómo fue urdido, concebido, diseñado y redactado el decreto de “emergencia” que dio origen a todo esto. Alguien en las máximas alturas se lo pensó, lo compartió, tomaron la decisión de declarar el asunto de “emergencia nacional” y le pidieron a otro alguien que lo redactara… Estamos seguros de que don Francisco Jiménez Reyes sabe mucho acerca de ello. Y, nuevamente, tenemos que preguntarnos: ¿Se fue por decisión propia ó lo “sacaron” del país?…

Los pequeños y medianos productores agrícolas merecen todo apoyo… Las municipalidades también

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con una fuerte presencia de organización sindical entre la clase trabajadora asalariada del sector municipal costarricense, hemos venido dándole un serio seguimiento al debate legislativo y a la polémica subsecuente, en torno a la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 18.070 “Ley para la preservación del uso agropecuario de los terrenos”; iniciativa ésta que ha venido enfrentado y polarizando posiciones entre el sector agropecuario nacional y la institucionalidad política del régimen municipal.

La ANEP, dentro de los conceptos de su visión de país, aboga por profundas políticas públicas para reafirmar una Seguridad y una Soberanía Alimentarias costarricenses, en momentos en los cuales el cambio climático, la sequía en Estados Unidos, la política errática de este país en cuanto a la fabricación de etanol con maíz (solamente para citar tres factores); imponen un cambio estratégico profundo para que, como país, produzcamos nuestros propios alimentos básicos, lo que nos comemos; de tal suerte que, al mismo nivel estratégico, es imperioso que la política pública se vuelque hacia los pequeños y los medianos productores agrícolas nacionales, dentro de la cual exonerarles de ciertos impuestos es una iniciativa correcta. Pero… El indicado expediente legislativo 18.070, para la exoneración del pago del impuesto a los bienes inmuebles, de un 80% a los terrenos dedicados al uso agrícola, carece de una determinación drástica, técnico-metodológica apropiada, de tal suerte que no se desvirtúen las sanas intenciones de quienes, desde distintas posiciones político-ideológicas, dicen que están de acuerdo en el apoyo a la pequeña y mediana producción agrícola nacional.

Es decir, debe establecerse en tal legislación, indicaciones precisas y contundentes que permitan establecer qué es pequeña y qué es mediana producción agrícola como para ser apoyada con una exención tributaria del calibre de la pretendida en tal iniciativa de ley.

Los grandes consorcios de producción agropecuaria, especialmente los de signo trasnacionales; la gran propiedad latifundista; las grandes extensiones de, por ejemplo, producción piñera, bananera, melonera, cafetalera, azucarera, no deben ser incluidas para consideración de la exoneración impositiva pretendida; resultando imprescindible introducir las modificaciones necesarias al indicado proyecto en tal sentido.

La ANEP tiene pleno orgullo y se siente sumamente honrada de sus relaciones con la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas Nacionales (Upanacional), entidad más que legitimada en su campo. Con ella y eliminando prejuicios históricos, hemos compartido y estamos compartiendo visiones de país como la propuesta “Por una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria” (propuesta CRISOL); las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”; y, más recientemente, las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”.

Igualmente en este último proceso, las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, al conocer de la extraordinaria importancia para el sector agropecuario de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), al darse la adhesión de ésta a ese proceso; la ANEP ha ensanchado y se ha enriquecido en su quehacer sindical, ampliando su sensibilidad y la comprensión de las enormes dificultades de miles y miles de compatriotas que se desenvuelven en el sector agropecuario nacional y que se expresan, con toda propiedad, a través de entidades tan legítimas como UPANACIONAL y UPIAV.

La ANEP ha tenido la oportunidad de escuchar los atinados criterios encontrados al efecto. UPANACIONAL y UPIAV honraron a la ANEP aceptando una invitación de parte de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación, sosteniendo un productivo diálogo sobre el tema Por otra parte, recientemente, la ANEP fue invitada por parte de la Federación de Organizaciones Municipales de Alajuela (FEDOMA), y en la sede de la Municipalidad de Poás, se sostuvo un importante diálogo con las máximas autoridades políticas de las alcaldías integrantes de FEDOMA. Importantísima y calificada información nos fue proporcionada al efecto.

De la misma manera, diversas seccionales de la ANEP ubicadas en municipalidades de naturaleza rural, están pegando el “grito al cielo” y alertando muy seria y documentadamente a la organización, en cuanto a que así como está redactado el expediente legislativo 18.070 no debe ser aprobado, porque la gran propiedad latifundista y la de corte transnacional se ha “colado” para evadir sus responsabilidades tributarias en materia del impuesto a los bienes inmuebles.

Responsablemente, después de escuchar y valorar las diferentes argumentaciones, especialmente las que provienen de las bases seccionales municipales de la ANEP, solicitamos, públicamente y por esta vía, a la honorable Asamblea Legislativa de Costa Rica que se haga justicia tanto con los medianos y pequeños productores agropecuarios (esos que se representan, por ejemplo, en entidades del sector de tanto prestigio como UPANACIONAL y UPIAV).

Igualmente, pedimos que también se haga justicia con el régimen municipal, especialmente con aquellas municipalidades insertas en zonas rurales y agrícolas del país, para evitar su desfinanciamiento, su pérdida de impacto e incidencia e incluso, para evitar reducciones dolorosas de personal, despidos, en estos duros momentos nacionales de concentración de riqueza, no de distribución de la misma.

La Contra Reforma Social en la Unión Europea

En varios países de lo que se conoce como la Unión Europea (UE), están ocurriendo profundos procesos de contrarreforma social, de involución en el desarrollo social, de restauración de prácticas de explotación laboral que se creían superadas, de rutas desbocadas hacia la pobreza de las mayorías, especialmente de las capas medias de esas sociedades; y, en contraposición, a la entronización de hegemonías políticas fundamentadas en la concentración más espeluznante de la riqueza en pocos grupos, como jamás las generaciones actuales se lo imaginaron.

En la vieja Europa, en países como Irlanda, Grecia, Portugal, España y hasta Italia, otrora símbolos de países “_desarrollados_”, millones de trabajadores y de trabajadoras, miles de pequeñas y medianas empresas, sufren los efectos de decisiones de política pública basadas en lo más perverso de lo perverso de la ideología neoliberal, la de signo extremista centrada en el poder del capital hegemónico bancario-financiero.

Despidos masivos de personas que laboran para el sector Público, rebajas salariales para las que quedan con la “_suerte_” de quedarse trabajando, elevación sustancial de la edad para pensionarse y rebaja de los montos de las pensiones de quienes ya estaba jubilados; subida enorme del impuesto sobre las ventas (o del impuesto al valor agregado, IVA), rebajas tributarias para las grandes empresas y fortunas; son, entre otras, medidas durísimas que se están tomando en esos países bajo la excusa central de lo que se denomina “_déficit fiscal_”, que no es más que el producto de sistemas tributarios que, de una manera u otra, se centraron en la regresividad y no en progresividad.

¿Quién diría que la Grecia legendaria, esa que dio origen a los Juegos Olímpicos de la era de la antigüedad y que organizara las olimpíadas del 2004, hace solamente ocho años; esté ahora viajando aceleradamente a la pobreza rumbo a una sociedad casi que africana? ¿Quién diría que en España, cuyo fútbol es hoy el hegemónico en el planeta por sus resonados campeonatos, haya ya más de dos millones de personas que deben recibir comida diaria a través de la caridad? ¿Quién diría que la eterna Italia como uno de los patrimonios culturales más ricos de la humanidad, lo está perdiendo porque no le puede dar mantenimiento a raíz de los brutales recortes presupuestarios a la cultura?…

Y así podríamos seguir citando caso por caso, no solamente los de los países citados arriba; sino y lo que es peor, la situación de muchos de los países otrora “_socialistas_” que estaban bajo la órbita de lo que una vez fue la Unión Soviética (la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS).

Desaparecida la URSS, el “_contrapeso_”, el capitalismo neoliberal y su vertiente más extremista, el capitalismo de signo financiero-bancario, ha lanzado su ofensiva más fulminante en contra de los otrora famosos “_Estados del Bienestar_” europeos, los “_welfare states_”, arransando con toda la legislación social que fue construida en esos países luego de la Segunda Guerra Mundial, a modo de “_muro de contención_” para impedir el avance del “_oso soviético_” y sus estados “_colectivistas_”.

Completamente desprestigiado ese tipo de “_socialismo_” a la soviética, la izquierda hoy añeja que lo sostenía se quedó reducida a su mínima expresión y entre otras razones, ello explica por qué no levanta cabeza en esos países europeos pese al esclavismo del capitalismo neoliberal financiero-bancario. Los pueblos europeos agobiados por ello no muestran signos de rebelión estratégica porque, al parecer, no convencen esas izquierdas que sistemáticamente fueron amoldadas a los “_welfare states_”.

Por el contrario (y sin considerar el profundo significado histórico de la experiencia de nuestra querida Cuba, porque es de otra naturaleza); debemos mirar con profundo respeto y con gran interés, los procesos sociopolíticos que se están dando en varias naciones hermanas latinoamericanas de la América del Sur; las cuales muestran experiencias de integración social, de participación ciudadana profunda, de construcción de nuevas hegemonías, de potenciación de las diversidades de distinta naturaleza (étnicas, por ejemplo), de reconciliación estratégica con la Naturaleza; entre otras variables que nos hablan de lo posible que puede ser el vivir “_otra izquierda_”, relegitimando que la validez de los principios socialistas por una sociedad de profundo humanismo, están sujetos a la superación de los hegemonismos, de los sectarismos de toda laya, de los mesianismos, de los totalitarismos ideológicos; y, de que es posible una confluencia estratégica de diseño e implementación de políticas públicas que centradas en el bien común, propicien la integración y la cohesión sociales.

La horda capitalista neoliberal del extremismo bancario-financiero, hoy desbocada por muchos de los países de la Unión Europea, que está arrasando con toda clase de derechos de los respectivos pueblos trabajadores, en un soberano fracaso desde el punto de vista del desafío de construir sociedades de integración social. Igualmente como fracaso fue construir sociedades de integración social con base en compulsiones totalitaristas tipo “_soviético_”. ¿Qué queda? ¿Cuál es la alternativa? ¿Hay puntos intermedios? Nosotros preferimos mirar a la América del Sur. Ahí están ocurriendo cosas que nos ayudan a buscar respuestas… Y todavía más interesante si nosotros mismos, los y las costarricenses de hoy, miramos hacia lo profundo que nos dejaron quienes nos precedieron en esta querida Patria, Costa Rica.

Cuando el alimento peligra

Hace rato, señales de anomalías climáticas nos mostraban que algo malo estaba sucediendo en el entorno atmosférico global. Varias voces relevantes a nivel mundial, así como diversas entidades prestigiosas nos anunciaron la llegada de ese fenómeno, al cual le dieron en llamar “cambio climático”.

El desorden de la actividad humana, principalmente la que se desenvuelve en los entornos exacerbados de explotación bajo el sistema capitalista neoliberal, con su lógica mercantil desenfrenada en la industria, el transporte y la agricultura; generan una descarga de gases perniciosos a la atmósfera, afectando su composición y estabilidad térmica. Sus efectos abarcan a todo el planeta, estimándose cambios extremos en las temperaturas, como pocas lluvias por unas áreas y muchas lluvias por otras; variaciones que afectan todo organismo vivo.

Producto de esta anomalía atmosférica hoy existe una gravísima sequía en la principal zona productora de granos de los Estados Unidos (al cual le dicen el “granero del mundo”), donde la cosecha de maíz amarillo, soya y trigo se ha reducido, afectando la oferta mundial.

Al día de hoy, los precios internacionales de los granos se elevaron a niveles récord: el trigo pasó de 190 a 392 dólares por tonelada (para la elaboración de pan y pastas); el maíz amarillo de 217 a 350 dólares por tonelada; y la soya a casi $600 la tonelada.

Este aumento de precios disparará el precio de los alimentos para los animales. Esto significa una elevación significativa de los precios de las carnes de pollo, res y cerdo; así como el precio de la leche, queso, natilla y huevos, entre otros. Además del aumento en el precio del arroz que aumentó a 367 dólares por tonelada en el mercado internacional.

Este hecho repercutirá en una escalada de precios en la dieta del pueblo costarricense y del pueblo migrante, sin que nos aumenten los salarios en la misma proporción; lo que echa por el suelo lo que dijeron los economistas neoliberales, en virtud de su “San Benito” ideológico extremo de que no somos “competitivos”; por tanto, según ellos, era mejor importar todos los alimentos en lugar de dar trabajo a nuestros campesinos y a nuestras campesinas y pagarles bien por su actividad.

El actual modelo de desarrollo de producción de agroalimentos (según tal concepción neoliberal), se basa en cultivos de exportación que son, en su mayoría, postres y, con el dinero producto de exportar, compramos alimentos. La actual problemática económica que vive Europa y Estados Unidos, podría generar que disminuyan los volúmenes de lo que nos compran; con lo cual ya no tendríamos el dinero necesario para adquirir comida: frijol, maíz, soya, maíz, carnes y, parcialmente, arroz.

Recordemos que antes producíamos suficientes granos y los faltantes se importaban. El desestímulo a la producción nacional en los últimos 25 años ha sido tan fuerte que vemos con preocupación cómo nuestros frijoleros tienen que andar rogando para vender su cosecha; cuando esta situación se podría mitigar fácilmente, asegurándoles y comprándoles la producción a los pequeños y medianos productores agropecuarios mediante el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), en cumplimiento del artículo 9 de la Ley del Consejo Nacional de Producción (CNP).

Además, fortaleciendo la capacidad de servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuyas partidas las bajaron del 10.5% a menos del 1% del Presupuesto Nacional, implicando una caída del 900% de los recursos económicos dedicados al Sector Agropecuario… y ahora estamos cosechando los resultados de esa política neoliberal.

Contrariamente, debemos destacar lo que ha hecho, con éxito, el gigante latinoamericano Brasil que incentivó la agricultura y la comercialización de sus cosechas. Con este mecanismo, se dinamizó al sector agropecuario brasileño, llegándose a transformar a los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios en generadores de empleo, en participantes activos del desarrollo rural; asegurándoles estabilidad con el comercio justo de sus cosechas. Igualmente con ello, Brasil disminuyó los índices de pobreza rural en un 39% según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta sequía es parte de los efectos del cambio climático, entonces la vulnerabilidad es grave. La población tiene en forma colectiva, el Derecho a la Alimentación, por lo que la responsabilidad está en las autoridades gubernamentales.

En la pasada Administración, con las alarmas de alza internacional de los alimentos (de origen especulativo), se procedió a defender los intereses nacionales, creando un Programa Nacional de Alimentos, con rectoría en el MAG.

Este programa fue una estrategia a la que le faltó continuidad en la actual política nacional. Se perdió la oportunidad de garantizarle al pueblo sus alimentos soberanía alimentaria; y a quienes fueron exitosos, como los arroceros, se les castigó con una reducción de áreas de siembra, quienes sufren las consecuencias del desestímulo a la producción nacional; chocando con los intereses de la importación, así como con los paneles dirigidos por COMEX, enviando mensajes que dicen “dejen de sembrar”. Sin embargo, el entorno internacional incierto nos dice que el precio de los alimentos va en alzada: la comida de los ticos está en peligro.

Debemos poner gran atención a esta crisis alimentaria que es de gran impacto mundial, por lo que es fundamental asegurar la Seguridad y la Soberanía Alimentaria Nacional, basada en la producción nacional de agroalimentos, y con ello reducir la vulnerabilidad de nuestra población; así como de revivir el desarrollo rural, tan necesario para reducir las grandes diferencias con la ciudad.

Nuestros agricultores y nuestras agricultoras tienen el conocimiento y el sentido de responsabilidad para producir nuestros alimentos pero, las adversidades en que lo hacen les imponen un límite. Esperamos que ante un agravamiento de la crisis alimentaria, cuando intentemos retomar la producción nacional, entonces no sea demasiado tarde. Agradecemos a la dirigencia de la ANEP en el MAG por habernos ayudado a entender toda esta problemática.

Robo de impuestos: el Ministerio de Hacienda nos da la razón. 2da Parte.

Efectivamente, nosotros reconocemos avances en la gestión tributaria del cobro de impuestos pues en el Ministerio de Hacienda trabaja un personal administrativo, técnico y profesional de altos quilates, con plena conciencia de la estratégica tarea que tienen en sus manos en pro del bien común.

Estamos claros de que la propensión de malos ciudadanos a no cumplir con sus responsabilidades tributarias para con la sociedad, siempre estará presente. Lo que pasa, reiteramos, es que no son las clases trabajadoras asalariadas y no asalariadas las que dejan de pagar de impuestos. Por lo general, son los sectores poderosos, con influencias políticas y económicas, quienes ejecutan el robo de impuestos

El señor Ministro de Hacienda nos “_invita_” a participar en una, dice él, “discusión nacional responsable” en este tema de los impuestos. Lo que pasa, don Édgar, es que su Gobierno no toma en serio planteamientos responsables cuando son formulados desde los sectores sociales. Figúrese usted que en el caso de la organización sindical para la cual laboramos, dos veces hemos acudido por escrito al despacho presidencial presentando nuestras ideas al respecto y ni siquiera se nos ha dado un acuse de recibo de las dos cartas que hemos entregado. Comprenderá usted que eso de “_discusión nacional responsable_” suena muy bonito pero hasta ahí. No obstante, nos sentimos listos aunque sea para intercambiar ideas al respecto.

La oposición rotunda que hicimos (como muchos otros sectores de diversa procedencia), contra el mal llamado proyecto de “_Ley de Solidaridad Tributaria_” es porque el mismo, en nuestro criterio, debió partirse en dos; es decir, debió tramitarse primero los elementos de carácter progresivo que tal proyecto contenía, para poderle mandar un mensaje a la población de que, por primera vez en un montón de años, un paquete de impuestos iría destinado a que “_los de arriba_” pagaran lo que deben pagar y para que dejaran de robar impuestos. Como dice la expresión popular, “_se pasearon_” en lo que pudo haber sido una buena ley, al meterle lo del impuesto al valor agregado (IVA), si se quiere, el más regresivo de los tributos posibles en una sociedad.

Y es que, señor Ministro de Hacienda, en estos de los impuestos reaccionamos muy a la defensiva considerando la fiesta financiera en que unos pocos sectores del país viven con relación a las grandes mayorías ciudadanas acongojadas por la estrechez económica, el deterioro salarial y la amenaza de perder el empleo y/o de reducciones salariales. Por ejemplo, se acaba de dar a conocer que los banqueros nacionales tuvieron utilidades, durante el primer semestre de este año 2012, de un 32% más con relación al mismo período del año anterior.

Prácticamente, el negocio bancario les dejó los bolsillos atiborrados de plata: unos 100 mil millones de colones, un medio punto de Producto Interno Bruto (PIB). Señor Ministro, puede usted decirnos con cuánto contribuyeron por renta estos banqueros, porque nosotros sí le podemos decir que doña Leticia Umaña Sobrado, profesional 3 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sí pagó, puntualmente, su renta salarial del primer semestre del año y se puede saber cuánto ella aportó a las arcas públicas, vía impuesto sobre la renta. Muchos pensamos que con estos banqueros “_exitosos_” no podría suceder lo mismo.

Según datos al alcance de cualquiera, los banqueros costarricenses tienen activos por 14 billones de colones; una cifra que dentro del PIB nacional es aplastante. ¿Tributarán en igual proporción?… ¿Quién nos lo demuestra que sí lo hacen?…

Debe usted saber, señor Ministro de Hacienda, que desde este lado de la acera también nos agobia el problema fiscal nacional. Nos aterroriza saber que podemos llegar a situaciones tan graves como las de pueblos europeos como Grecia y como España.

Las clases trabajadoras de esos países están sufriendo, dolorosa y cruelmente, políticas macroeconómicas inspiradas en el neoliberalismo; especialmente, la irresponsable y criminal desregulación que se dio en los mercados financieros y unas políticas tributarias que no enfatizaron en el potencial gravable, progresivamente hablando, de las riquezas acumuladas orgiásticamente.

Es de tal magnitud la concentración abusiva de la riqueza que se nos pusieron “_los pelos de punta_”, enterarnos de que, al menos, unos ¡15 billones! de euros pueden estar ocultos en varios paraísos fiscales; según dio cuenta el periódico dominical británico “The Observer”, mencionando estudios realizados por una entidad denominada “_Tax Justicie Network_”, del Reino Unido que, precisamente, hace campaña contra la evasión fiscal y en contra de los paraísos fiscales.

Y otro dato no menos espeluznante: 92 mil personas, el 0,001 por ciento de la población mundial, los superricos de los más ricos, tienen entre sí unos 7.5 billones de euros, algo así como casi 10 billones de dólares. ¿Habráse visto alguna vez en la historia de la Humanidad semejante desigualdad?

Uno podría pensar, guardando las necesarias y lógicas dimensiones, que en nuestro país hay una concentración de riqueza de tal magnitud que obliga a una Transformación Tributaria Estructural pero por el lado de “_los de arriba_”.

Por ejemplo, acceso solamente para efectos tributarios a las cuentas bancarias; aprobar, por una única vez, un impuesto al patrimonio a las grandes fortunas; premiar la denuncia por evasión fiscal; aprobar una ley de contingencia fiscal, por uno o dos años de vigencia, gravando las erogaciones suntuarias; gravar las ganancias generadas en el exterior en su propia fuente de generación; aprobar la pensión-consumo; gravar las operaciones de banca “_offshore_”, entre otras.

Como vemos, señor Ministro de Hacienda, para tener ese “_Estado fuerte y vigoroso_” en el que usted dice creer, y nosotros también, no necesitamos “_sacarnos el clavo fiscal_” con “*los de abajo*”, quienes, proporcionalmente hablando, sí tributan responsablemente.

Robo de impuestos: El Ministerio de Hacienda nos da la razón

Sí, efectivamente, el robo de impuestos en Costa Rica es, si se quiere, el más grande delito que se comete en el país; tanto por las cantidades de dinero involucradas, como por los impactos negativos que para el bien común tiene semejante crimen social.

Las más altas autoridades políticas del citado ministerio, avaladas por sus “_jefaturas transnacionales_” (en este caso, por el Fondo Monetario Internacional, FMI), indicaron, públicamente, que en Costa Rica, solamente en el año 2010, el robo de impuestos fue del orden del ¡billón cien mil millones de colones!

A riesgo de equivocarnos, en números, tan astronómica cantidad se escribiría así: 1.100.000.000.000. Si usamos una medición muy utilizada en el mundo económico-financiero, lo que llaman el PIB: Producto Interno Bruto, esa gigantesca cantidad equivale a casi 6 puntos porcentuales del PIB (un punto de PIB es, más o menos, unos 200.000.000.000 doscientos mil millones de colones)

Para que tengamos noción de la magnitud de las cifras de las que estamos hablando, ¿recuerdan ustedes todo el “_bochinche_” nacional que se armó por el paquetazo de impuestos que la señora Presidenta quería que la Asamblea Legislativa le aprobara? Pues bien, el Gobierno lo que quería recaudar con esos nuevos impuestos era, únicamente, un 1.5 de PIB; unos 300 mil millones de colones (300.000.000.000).

Es decir, que el Gobierno de doña Laura Chinchilla Miranda habría “_salidos de apuros_” financieros, sin paquete de impuestos, con solamente haber recaudado la cuarta parte del billón cien mil millones de colones que se robaron en impuestos solamente en el año 2010.

Nosotros pensamos que las autoridades de Hacienda se quedaron cortas con el reconocimiento que hacen acerca de la magnitud del robo de impuestos que se da en Costa Rica. Nosotros pensamos que es muchísimo mayor si, por ejemplo, hablamos de todos los tipos de exoneraciones y de exenciones de impuestos producto de una serie de regímenes de privilegio tributario al respecto. Estudios realizados conjuntamente entre el propio Ministerio de Hacienda y la Universidad Nacional (UNA), nos hablan de que por esta vía el fisco pierde, prácticamente, otro 6% de PIB.

Ahora bien, está claro que no todas las exenciones ni todas las exoneraciones son malas para las finanzas públicas; sin embargo, es real que en este ámbito de la política tributaria e impositiva del país, ha habido una verdadera fiesta para beneficio de determinados grupos.

Dice un refrán que “_a confesión de parte, relevo de prueba_”. Las causas estratégicas del déficit fiscal están, en esencia, en el robo de impuestos bajo todas sus formas; especialmente, la evasión pura y simple; en la elusión (utilización de maniobras y artimañas legales para no pagar lo que corresponde); en las exenciones y las exoneraciones, por ejemplo.

Mal hace el señor Ministro de Hacienda, el señor Ayales Esna, en atacar a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público que devengan algún tipo de plus salarial, intentando ponerlas ante la opinión pública como las culpables del déficit fiscal.

“_Olvida_” dicho jerarca que si hay personas que en este país pagan puntualmente sus impuestos, son las personas trabajadoras asalariadas que no tienen “_escapatoria_” alguna para no honrar sus responsabilidades tributarias para con el bien común.

Un profesional del Gobierno Central que con esos pluses puede ganarse un salario de poco más de un millón de colones, mensualmente paga su impuesto sobre la renta porque se lo deducen del salario. Una trabajadora oficinista, también del Gobierno Central y quien solamente tiene como plus salarial sus anualidades, tiene un salario que no le hace pagar renta pero sí impuesto sobre las ventas cada vez que va al supermercado o a la pulpería a comprar comestibles. Y en el caso del profesional, también paga este impuesto. Paga, rigurosamente, al menos, dos impuestos. Esto mismo pasa con las personas trabajadoras asalariadas del sector Privado.

En esta lucha por la Transformación Tributaria Estructural que ocupa nuestra Patria no descansaremos. El tema ha sido abordado desde nuestro lado de la acera con bastante responsabilidad. A este Gobierno le ha importado un bledo los aportes sindicales en tal sentido, motivados por la imperiosa necesidad de que la política pública costarricense vuelva por sus senderos originales: la promoción del bien común.

En este país, es la “_gente de abajo_” es la que lleva el grueso, proporcionalmente hablando, de la carga tributaria. Bien haría el señor Ministro de Hacienda, que se le “_vino a patadas_” a la gente asalariada del sector Público por tener pluses e incentivos salariales; en explicarnos cuánto tributarán los banqueros, ahora que se ha dado a conocer que solamente en los primeros seis meses de este año, han tenido utilidades por el orden de los ¡95 mil millones de colones! Bien haría en explicarnos, si siempre han tributado en correspondencia directa a tan escandalosas ganancias.

Debemos reconocer que el combate a la evasión tributaria es ahora más difícil que antes ante el enojo ciudadano por el desastre nacional con la “construcción” de la trocha norte fronteriza con Nicaragua; proyecto en el cual se perdieron, se esfumaron, se desaparecieron, se robaron, unos ¡40 mil millones de colones! ¿Pagar impuestos para que se los roben de tal forma? Es lo que muchos se cuestionan, lastimosamente. Sin embargo, pese a ello, la sostenibilidad fiscal del país pasa por la Transformación Tributaria Estructural por la cual venimos luchando hace ya bastante tiempo.

Concesión de Moín: una vergüenza nacional

Durante toda la semana se realizaron las audiencias de las demandas presentadas por el sindicato de Japdeva, SINTRAJAP y por la Cámara Nacional de Bananeros contra el Estado Costarricense y la empresa transnacional APM Terminals.

Fue intensa porque lo que en condiciones de un juicio ordinario se habría llevado meses; en este caso, se abordó en una semana. Y de la mayor trascendencia porque se debatió un tema-país: Nada más y nada menos que la defensa de los puertos estatales, por donde pasa entre el 80 y el 85% de las importaciones y exportaciones de Costa Rica. Además, se estaban defendiendo los principios de transparencia, el interés nacional, la sana competencia y el trabajo digno.

Se aportaron pruebas documentales y testimoniales que dejaron claro que el contrato de concesión está promoviendo un monopolio al otorgarle a esa empresa transnacional, la exclusividad en la atención de los buques portacontenedores; y al darle, vía contrato, la facultad de ser la única en todo el Caribe costarricense para los próximos 56 años (33 de concesión, más 3 previos de construcción, más 20 de prórroga que prevé la ley) con posibilidad de construir una terminal para buques portacontenedores.

Esto quiere decir que ninguna empresa, ni pública ni privada, podrá operar buques portacontenedores en todo el Caribe de nuestro país, porque la APM Terminals tiene la exclusividad otorgada por el Gobierno. Cabe destacar que en el tema de los servicios públicos portuarios el negocio está en los contenedores.

También es importante destacar que durante la audiencia provocó mucha indignación y dolor patrio el hecho de que instituciones como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, JAPDEVA, ARESEP y el Consejo Nacional de Concesiones, se esmeraran tanto en la defensa de una empresa como la APM Terminals. Uno espera que esas instituciones defiendan los intereses del Estado y no los de una transnacional. Defender a JAPDEVA frente a la APM Terminals es, indudablemente, defender los intereses patrios.

No queremos que nadie se confunda. En este punto SINTRAJAP ha sido claro en que lo que se está pidiendo es que haya libertad para competir. Que si construyen la TCM los usuarios de los servicios portuarios puedan ir libremente con su carga donde se les dé el mejor servicio, más rápido, más seguro y más barato. Que el cliente escoja. Parece algo elemental y así debería serlo.

Pero resulta que en el contrato firmado entre el Gobierno y la empresa APM Terminals queda clarísimo que no será posible la competencia. El proyecto no es para que haya competencia, es para traspasarle a una empresa privada los servicios que actualmente brinda JAPDEVA. Así lo confirmaron en el juicio los demandados y los testigos que llevaron. Lo más interesante aquí es que quedó clarísimo que los trabajadores portuarios de Japdeva no le tienen ni el más mínimo temor a la competencia. Es claro que APM Terminals le tiene pavor.

En este juicio el señor Allan Hidalgo Campos, Presidente Ejecutivo de JAPDEVA, más bien parecía gerente y representante de la APM Terminals y no de la institución que le paga su salario como lo es JAPDEVA. La actitud de este jerarca nos trajo a la mente el célebre pensamiento del gran patriota costarricense don Joaquín García Monge, hoy en total olvido por parte de la hegemonía dominante (dentro de la cual don Allan es uno de sus “_mejores_” cuadros). Decía don Joaquín García Monge que “_Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la patria, es mucho más grave, e ignominioso, que hijos del país de bruces se la vendan_”.

Don Allan, con tal de defender los intereses de la transnacional, no escatimó en afirmaciones imprecisas y hasta falsas que peligrosamente pueden inducir a los altos tribunales a cometer error si las toman por válidas. Hizo afirmaciones temerarias como que la Fase 1 del Plan Maestro está muy avanzado; que están aseguradas las inversiones para esa Fase producto del acuerdo firmado entre SINTRAJAP y el Gobierno para el levantamiento de la huelga de junio pasado; que los puertos de Limón y Moín son de lo peor del mundo porque ocupan un puesto 137 de 139 en el ranking de puertos; o que JAPDEVA no tiene un solo muelle especializado en contenedores. No son solo más que impresiones, verdades a medias o incluso mentiras desesperadas para inducir a error a los jueces. A raíz de este reprochable proceder y por lo grave de sus consecuencias, en SINTRAJAP se están valorando acciones penales pertinentes.

Otro aspecto que interesa resaltar es que la representación de la ARESEP confirmó que esa institución no tuvo nada que ver en la fijación final de una tarifa de US$223 por movimiento de contenedores, ya que ellos habían autorizado una de US$252 y no participaron en ninguna negociación para rebajarla. Tampoco tuvieron nada que ver con las 15 concesiones adicionales otorgadas por el Estado posteriormente a haberse abierto y adjudicado la única oferta. ARESEP aseguró que no conocía qué aspectos técnicos se utilizaron para esa rebaja, ni qué se había negociado a cambio.

Se demostró a los jueces que aparte de entregarles la exclusividad del manejo de contenedores y tarifas jugosas, posteriormente a la apertura de la única oferta, el Estado se comprometió a construirles una carretera asfaltada de 4 carriles por el monto de US$22 millones; a ser coadyuvante en la obtención de todos los permisos que se requieren incluyendo los Estudios de Impacto Ambiental; a facilitar visas para los trabajadores extranjeros que traerán; y a facilitarles tierras de la zona marítimo terrestre para que monten sus instalaciones y edificios. Realmente una verdadera vergüenza nacional.

El autogolpe moral de la Presidenta

…con respecto a las actuaciones de dos de los más importantes jerarcas políticos de su Gobierno: los señores Luis Liberman Ginsburg (Segundo Vicepresidente de la República) y Leonardo Garnier Rímolo (Ministro de Educación Pública).

Ambos funcionarios, en el ejercicio político de sus altos cargos emitieron sendas cartas de recomendación a fin de que la estatal empresa de hidrocarburos, la Refinadora Costarricense Petróleo (Recope), le otorgara una de esas famosas consultorías a una firma empresarial ligada, familiarmente, al anterior Ministro de Hacienda, el señor Fernando Herrero Acosta; quien tuvo que dejar su cargo en medio de cuestionamientos por no pago de tributos cuando, precisamente, abogaba él por un “_paquetazo_” de impuestos de gran impopularidad en casi todos los sectores sociales y productivos del país.

Según la Procuraduría de la Ética, “_las cartas no son sólo la certificación de experiencia, que es lo que autoriza la ley. Son recomendaciones de las que están prohibidas por la Contraloría General de la República (CGR) y Poder Ejecutivo y como consecuencia es una violación a directrices y principios éticos de la función pública_”.

Los jerarcas Liberman Ginsburg y Garnier Rímolo incurrieron, según la indicada entidad, en una falta al deber de probidad, el cual es una regla de principio básico para que el funcionario público procure, en sus actuaciones, proteger y defender el interés público frente a los intereses particulares o propios.

La persona directamente beneficiada con las cartas de recomendación que cuestionó la Procuraduría de la Ética había sido, nada más y nada menos, que asesora en comunicación de la propia Presidenta Chinchilla desde el inicio de su Gobierno hasta que se dio la caída del exministro Herrero Acosta (esposo de esa asesora).

Por las “_cartitas_” de recomendación se generó una contratación directa de 17 millones de colones provenientes de fondos públicos que fueron a parar a los bolsillos familiares privados de esas personas amigas de doña Laura.

El Gobierno dijo que no hará nada en contra de los dos indicados altos funcionarios pues no hubo mala fe. Además, dijo que las normas jurídicas en las que se basó la Procuraduría de la Ética son confusas y tienen contradicciones entre sí. ¡Qué barbaridad!

Ahora resulta que cuando “_los de arriba_” violan las normas éticas elementales de la función pública, lo hacen de buena fe. Pero sí son _“los de abajo_”, la normas que estarían violentando no son confusas, son clarísimas.

La señora Presidenta se ha dado un autogolpe moral. Pareciera ser que esta situación es como la gota que derramó el vaso para mucha ciudadanía. Desde las redes sociales de internet, costarricenses que sienten gran indignación están llamando a una marcha llamada “_Golpe de Estado simbólico_”. Será para el próximo domingo 15 de julio y se han de congregar, pacíficamente, en diversos parques del país, según están indicando.

Desde que tenemos uso de razón, nadie había pensado en que quien ocupara la silla presidencial, debía abandonarla. Hoy son muchas las personas que hablan de adelantar las elecciones presidenciales, de “_Golpe de Estado simbólico_”.

El Gobierno y, particularmente, la señora Presidenta deben dar un golpe de timón estratégico en esto del combate a la corrupción. La más poderosa señal que se puede enviar en estos momentos en los cuales la indignación popular es, si se quiere, la más alta de los últimos 25 años, es que los señores Liberman Ginsburg y Garnier Rímolo dejen el Gobierno.

A fin de cuentas el primero es un banquero proveniente del grupo de negocios más poderoso del país. Así que si se va del Gobierno no por ello dejará de tener poder: el poder real, aunque el formal lo decline. En el caso del señor Garnier Rímolo fácilmente ha de encontrar otra colocación dado su notable curriculum político-profesional.

En el Gobierno piensan que este asunto de las tales cartas de recomendación son “_pecata minuta_” (algo sin importancia, que no trasciende lo que está sucediendo). Son apenas 17 “_milloncillos_” que no son nada comparados con los más de 20 mil millones involucrados en el desastre de la trocha.

Sin embargo, el punto es que este asunto se agrega a una cadena de acontecimientos de política pública en los que la ética y la transparencia no están imperando, lo cual desmoraliza a una ciudadanía más que harta de tanta cosa sucia en la Administración Pública, especialmente con el escándalo de la trocha.

Nosotros, que no estamos en ninguna ubicación político-partidista ni pensamos estarlo, vemos esta delicada cuestión sin el prisma electorero del momento y el que está por venir. Sin creernos dueños de la ética ni propietarios de la moral, sí percibimos cuán grande es el nivel de enojo popular, de indignación ciudadana, de cólera creciente en la gente, por los malos ejemplos que salen desde la clase gobernante.

Poco a poco, aunque todavía no haya aparecido ese liderazgo político convocante, “_los de abajo_” empezamos a entender que cuando nos decidamos a actuar con sentido estratégico, “_los de arriba_” comprenderán que tal estado de cosas vergonzoso es insostenible y que, por tanto, se necesita de un nuevo orden institucional.