Categoría: Opinión

Hemos escuchado en diversos círculos sociopolíticos en los cuales por razones de nuestro trabajo nos movemos, que la actual Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, podría no terminar su mandato.

Públicamente, un connotado periodista nacional, don Edgar Espinoza Rodríguez, le ha pedido la renuncia y que deje su cargo en manos de una “_Junta de Gobierno_”. En lo privado, escuchamos cosas más fuertes: “_ocupamos un Golpe de Estado_”, “_se necesita otro Don Pepe_”; “_estamos al borde de una revolución_”; y otras cosas por el estilo.

No creemos que la señora Presidenta renuncie. Ni que tampoco le den un Golpe de Estado. Ni que la “_revolución_” esté a la vuelta de la esquina.

Lo que sí pensamos es que doña Laura llega a la Presidencia en un momento en el cual la degeneración política de la clase dominante tradicional, misma que ha controlado el sistema institucional que nos dejaron los hechos bélicos de 1948, está más que clara. Por esto la sensación de “_despelote_” de Gobierno que a todos nos invade.

Precisamente, esta degeneración es lo que esa clase política tradicional (mucha de la cual ya está hoy totalmente corrupta y no es redimible), llama “_ingobernabilidad_”.

Desde nuestro lado de la acera, entendemos que esa tal “_ingobernabilidad_”, no es más que la dificultad que tiene ahora, hoy en día, la “_gente de arriba_” para seguir controlando como hasta hoy lo venían haciendo, a la “_gente de abajo_”.

La “_gente de abajo_” se niega a ser relegada socialmente, excluida de los beneficios del crecimiento económico, a ser lanzada al abismo de la pobreza, a la miseria salarial; a ser condenada a diversas formas de violencia; a ser la “_paganini_” de los escandalosos casos de corrupción que representan los robos de los fondos públicos: tal y como los que se hacen descaradamente (la trocha de la frontera norte, por ejemplo), como los que se hacen legalmente (las famosas “_consultorías_”).

A todo esto se suma una enorme fragmentación sociopolítica que se expresa en, prácticamente, todos los espacios en que se dan relaciones de este tipo. Usted nota la fragmentación de los partidos políticos, tanto de los añejos, como de los nuevos, los que son de carácter “_express_” (duran poquísimo), como los que presumen de una “_base ideológica_” (algunos de los cuales tienen tantos militantes como personas caben en una cabina telefónica o en una ermita).

Usted ve esa fragmentación en el propio parlamento, en el cual las fracciones tienen subfracciones. Igualmente, vea usted la alta magistratura del Poder Judicial, fragmentada por un viaje a China.

Tal fragmentación se nota, también, en las organizaciones de la sociedad civil. La histórica articulación con visos de vocación de poder y de carácter estratégico (el Movimiento Patriótico del No al TLC), sucumbió ante los personalismos, los celos de protagonismo, los mesianismos (“_todos vengan a mí_”), acabando así con las esperanzas ciudadanas de un cambio estratégico que no se veía posible desde hacía muchas décadas.

Evidentemente este Gobierno parece que pasará a la historia como el que generó el escándalo de corrupción más grande de toda la historia del país; pero, también, como un gobierno proclive al fortalecimiento de los negocios estratégicos transnacionales, luego del TLC. Pero esto no lo hará caer.

A modo de ejemplo, bajarle la tarifa de luz a cinco gigantescas empresas transnacionales para que sea el pueblo el que pague la diferencia; ampliar por una década el monopolio de la revisión técnica vehicular, pese a tanto repudio ciudadano; ampliar, por decreto, el campo de acción de la generación eléctrica privada (incluso, a costa de los sistemas cooperativos en este campo que son de larga data en el país); son situaciones de grave exclusión social para las amplias mayorías pero no para que caiga la Presidenta.

La Presidenta no caerá, ni por renuncia, ni porque la boten. La degeneración política del sistema tradicional necesita que siga ahí; la fragmentación sociopolítica del campo patriótico posibilita que tal degeneración se recambie en el 2014, se oxigene y se reedite. Y esto se ve venir desde ahora…

Las posibilidades de revertir este proceso, es decir la prolongación de un sistema político degenerado y que no está al servicio del bien común ni del progreso de las grandes mayorías; dependen (entre otras condiciones) de la voluntad de muchas de las personas que, de un modo u otro, estuvieron ya en un proceso articulador estratégico como el del No al TLC. Sin embargo, pareciera que ello no será posible habida cuenta de la fortaleza de muchas subjetividades encontradas entre sí… Pero se podría intentar.

La posibilidad de que surja un “_outsider_”, es decir una persona “_mágica_”, totalmente nueva en estas cosas y con gran poder de captación de la gente inconforme, tampoco se ve en el horizonte.

Un grupo golpista que cancele el orden constitucional vigente por un tiempo para “_arreglar de una vez por todas esta carajada_”, (aunque tiene ya no pocos adeptos), no ha de lograr apoyo popular puesto que reproducirían un mismo esquema hegemónico para fortalecer la inserción total de las trasnacionales en nuestra vida económica. ¿Qué nos queda, entonces?… Este es el dilema.

A nuestro modesto entender tres de esos grandes problemas “_alimentan_” un cuarto problema, que es el más grande de todos: el sistemático proceso de concentración de la riqueza y su “_hermano gemelo_”, sea, el crecimiento de la desigualdad.

Los tres problemas que potencian a éste, son la corrupción pública y privada (con vestimenta legal ó sin ella); la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en todos los niveles de la sociedad; y, la inseguridad y la violencia en todas sus manifestaciones, especialmente el ataque a las personas y a sus bienes y posesiones materiales.

Cada uno de esos cuatro problemas tiene muchas explicaciones, se escenifican de múltiples formas, derivan en gran número de consecuencias negativas y generan gran malestar social.

Nos vamos a concentrar en esta ocasión en el asunto de la inseguridad y la violencia en todas sus manifestaciones, especialmente el ataque a las personas, con pérdida de vidas valiosas e inocentes; así como la sustracción de bienes y posesiones materiales intermediando violencia, especialmente la física.

Y es aquí donde, por lo general, ante un ataque a un ciudadano inocente, ante el robo de sus pertenencias, ante el asalto descarado intermediando agresión física, que nos invade un profundo sentimiento de enojo, de indignación, de reclamo que, por lo general, termina en una frase injusta como “_…y no había ni un policía cerca_”.

Pues bien, aquí las críticas se dirigen, por lo general, al cuerpo policial más numeroso del país, la Fuerza Pública, misma que integran unas 14 mil personas trabajadoras asalariadas integradas en la planilla del Ministerio de Seguridad Pública (Gobierno Central).

Pero, ¿habremos dispuesto algún ratito, sacado un momento, para pensar en estas personas, costarricenses como nosotros, hombres y mujeres que decidieron optar por servir a la Patria, a la ciudadanía, desde la Fuerza Pública?; ¿nos hemos puesto a pensar acerca de las condiciones que como sociedad les damos para su delicada y peligrosa labor?… Probablemente no.

Es tal el enojo y la furia que nos generan los episodios cotidianos de inseguridad y de violencia que, no pocas veces, el “_culpable_” es la policía por no estar ahí, cuando tales episodios se escenifican. Parece que hay algo de injusticia en este subjetivo análisis, efectuado al calor del momento; por tanto, merece que reflexionemos sobre ello.

Para una reflexión justa al respecto, debemos pensar en dos ámbitos del trabajo de la Fuerza Pública: las condiciones en que éste se ejecuta, por un lado; por otro, la paga, el salario que reciben.

En cuanto a condiciones de trabajo, de espacios físicos, infraestructura; de equipo y maquinaria; de tecnología, de alimentación, de horarios y jornadas de trabajo; de trato y maltrato; de facilidades para superación técnica, profesional y académica; de acoso laboral y sexual; de las demandas judiciales que reciben, etc., etc., el balance es deficitario, deteriorado, precario, cruel y muchas veces hasta inhumano.

El país, la sociedad, el Estado, el sistema político, está en gran deuda con estos hombres y con estas mujeres; especialmente con el o con la policía de a pie, la que recorre las calles, tugurios, zonas marginales, por ejemplo.

Si lo vemos por el otro lado, la paga, el salario que reciben por esta estratégica tarea de Seguridad Ciudadana, la cosa tampoco anda bien. Hoy en día, hay “_dos_” Fuerza Pública. Una, la que gana bien y muy bien. Los mandos medios y altos: el subjefe y el jefe de “_Delta_” (así se llama el centro laboral policial); el subdirector y el director regional; el subdirector general y el director general de la Fuerza Pública. Aplaudimos que ganen bien. Nadie está en contra de ello. Es justo. Es merecido. Pero es la Fuerza Pública minoritaria.

Está la otra Fuerza Pública. La abrumadoramente mayoritaria. La de a pie. La que recibe la agresión verbal, la agresión física, la demanda judicial; la que recibe el balazo; la que debe enfrentarse cuerpo a cuerpo con la delincuencia, con el crimen organizado, con el narcotraficante (el pequeño, el grande); incluso, cuando en situaciones de total injusticia social, la mandan a desalojar humildes campesinos, gente pobre, labriegos sencillos abandonados de toda política pública, que deben “_devolver_” al propietario de la tierra el terreno invadido con el cual se mantienen sobreviviendo. Así de cruel, es la labor del policía raso, del policía de base: La Fuerza Pública mayoritaria, la mal pagada, la exprimida al máximo, la que es agredida, ella misma, por una política pública que la tiene en condiciones precarias. Aquí también se repite la historia: los de arriba… los de abajo.

En esto de los salarios de la Fuerza Pública, analice este ejemplo para que entienda porqué decimos que hay “_dos_” Fuerza Pública. Si hoy contrataran a un nuevo Director General de la Fuerza Pública, totalmente nuevo, venido de la calle, entra ganando de salario base, prácticamente un millón quinientos mil colones (1.500.000); y si este mismo día entrara un nuevo recluta, un raso o agente de policía, también venido de la calle, entra ganando 239 mil colones (239.000).

Entre ambos extremos de puestos, la diferencia es de 1.261.000 (un millón doscientos sesenta y un mil colones). El máximo jefe entra ganando seis veces más que el puesto más humilde. ¿Es esto justo?… Ve usted como hay “dos” Fuerza Pública. ¿Podemos entender ahora una de las grandes fallas de la política pública en materia de Seguridad Ciudadana? Esperamos que sí. ¿Puede esto continuar siendo así?… El tema de para más y hemos de volver ampliándolo.

Nada más y nada menos que de 20 a 25 mil millones de colones, prácticamente tirados a la basura, mejor dicho al río, al Río San Juan, en lo que podemos denominar como una gran estafa política de una “_emergencia_” nacional que nunca tuvo razón de ser, porque los “_invasores_” del Norte jamás pisarían suelo nacional, “_violentando_” nuestra soberanía.

No es que seamos defensores oficiosos del gobierno sandinista de Nicaragua, pero con cinco o menos dedos de frente, una correcta lectura de la realidad geopolítica regional y continental, y hasta mundial, podía definir como absolutamente inviable que Tiquicia fuera pisoteada por el pueblo heredero del cacique Nicarao, del gran escritor Rubén Darío, del ilustre e inmortal nacionalista Augusto César Sandino.

Desde nuestra niñez recordamos una frase muy usada en nuestros juegos infantiles para traspasar responsabilidades particulares hacia otra persona indeterminada: “_Yo no fui… fue Teté_”. Así es como estamos percibiendo como varias dependencias y funcionarios se tiran la pelota en esto de la “_piñata regalona_” de la trocha norte, mal llamada carretera Juan Rafael Mora Porras. Sí, mal llamada así porque pensamos que es inmoral que el nombre de uno de los costarricenses más emblemáticos, más insignes, más inmortales de toda nuestra historia patria, se haya asociado con la más escandalosa gestión de infraestructura pública jamás vista, donde desde el robo descarado hasta la más vulgar impericia se muestran en toda su plenitud; para ofender la dignidad de miles y de miles de costarricenses que en condiciones de precariedad social, económica y salarial, bien podrían haber aliviado su cruel situación, aunque fuera un poco, si tal cantidad de dinero, tantos millones y millones, no hubiesen sido mal empleados como ya ha quedado en total evidencia.

Entre el Conavi, la CNE, el Ministerio de Hacienda, la Casa Presidencial, el MOPT, la cancillería, el Ministerio de Seguridad, el de la Presidencia, el de Ambiente (Minaet), se pasan la pelota del “_yo no fui… fue Teté_”; sin que se tenga noción directa de nombres precisos y claros, más allá de los dos o tres pillos que se compraron casas y carros lujosos con la plata del pueblo, de la ciudadanía.

El escándalo, a su vez, contiene otros escándalos en su interior. La “_piñata regalona_” de la trocha tuvo también una “_piñatita_” de privilegio: 6 mil millones de colones fueron manejados ¡confidencialmente! Y fueron gastados antes de que se declarara la tal “_emergencia_”. 6 mil millones de colones manejados, seguramente, por una única persona, desde el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para la clase de contrataciones de equipo y de maquinaria que, como ya sabemos, generó un camino de tierra, de barro en invierno y de destino final fijo: las aguas del Río San Juan.

Una obra vial que se hizo sin planos, sin estudios, sin previsiones de ninguna especie; ni ambientales, ni ecológicos, ni de nada. Un camino lastreado que, seguramente, habrá que reparar en seis meses o en un año para, nuevamente, sacarle un montón de plata a la gente y para que, otra vez, se la roben descaradamente.

Aparte de los 6 mil millones de colones gastados “_confidencialmente_”, hay otros 2 mil 500 millones también que están en esfera de lo fantasmal: Salieron de la CNE para el ahora tristemente célebre Conavi y, tampoco, se saben en qué fueron gastados. Es decir, de toda la plata gastada, botada, robada, también hay otra plata “_desaparecida_”: ¡8 mil 500 millones de colones! que no sabe adónde fueron a parar.

Por eso es que afirmamos que estamos presenciando el más grande escándalo con finanzas públicas de las últimas administraciones; por eso es que repudiamos que a ese camino lastreado que de seguro ha de terminar barrido por las lluvias en el fondo del Río San Juan, se le ponga el nombre de Juan Rafael Mora Porras; por eso es que el “_yo no fui… fue Teté_”, merece la más enérgica condena ciudadana a la hora de sentar responsabilidades desde lo político hasta lo ejecutivo y penal, pasando por señalar a las personas inescrupulosas del sector privado empresarial que salieron “_premiadas_” con la “_piñata regalona_” de la trocha, alquilando en no pocos casos chunches viejos y maquinaria obsoleta por cifras astronómicas.

Mientras todo esto pasa en la esfera de la “_los y las de arriba_” (que son los menos en nuestra sociedad); a “_los y las de abajo_” (que somos los más), nos tocará pagar semejante estafa vial. ¿Cuándo será el día en que decidamos que todo este relajo debe terminar de una vez por todas?; ¿cuándo será el momento en que decidamos que ya no queremos ser manejados como hasta ahora lo han venido haciendo?… Hasta el último aliento de nuestras vidas hemos de seguir pregonando que ocupamos de una nueva hegemonía para acabar con todo este orden podrido de las cosas vigentes; una nueva hegemonía que, desde abajo, deberá construirse con gente fresca, la que no está contaminada. Seguir soñando es no perder la esperanza.

…y desde que fuera fundada en el año 1943, como parte de las reformas sociales de la década de los cuarenta del siglo pasado.

Diversos grupos sociales han venido analizando esta situación y han preparado un documento que ya ha empezado a circular: “_10 medidas para comenzar a ordenar la Caja_”. De él hablaremos en sucesivas entregas. Como adelanto comentamos que se han detectado tres grandes conflictos que carcomen a la Caja: 1) El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidistas. 2) El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad) de las personas. 3) El conflicto existente entre el interés público y el interés gremial.

El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles, según el citado documento, “_…ha producido, por ejemplo, que se siga contratando servicios privados a un altísimo costo, como en el caso de la radioterapia, en lugar de realizar las inversiones que permitan a la Caja prestar esos servicios de forma directa a un menor costo. Incluso ocurre que en muchos casos, la Caja contrata servicios a las mismas personas que trabajan para la Caja. Se genera así un negocio redondo: el no resolver problemas durante el horario de trabajo permite luego venderle servicios a la Caja…_”. En realidad, es mejor llamar esto con la palabra que emplea el pueblo: “_chorizo_”.

Esta barbaridad, esta monstruosidad contra el interés público representado en la Caja, estuvo ocurriendo durante mucho tiempo en el Hospital México con su servicio de radioterapia, tan imprescindible para el tratamiento del cáncer.

Manos criminales, con poderosos tentáculos políticos, especialmente vinculados a lo que podemos denominar como la “_realeza médica_”, obligaron a que la Caja pagara durante los últimos nueve años, unos 15 millones de dólares a una empresa privada para que atendiera pacientes con necesidades de servicios de radioterapia; pudiendo la institución misma haber construido su propio servicio, como ahora lo está haciendo, con una inversión parecida: 15 millones de dólares, unos 7 mil 500 millones de colones.

El que la Caja brinde tal servicio de manera directa tiene un costo por paciente, entre los 600 mil y los 800 mil colones. Por el contrario, la Caja está pagando por ese mismo servicio, comprado a una empresa privada, millón y medio de colones por paciente. ¡Negocio redondo! con la salud (más bien enfermedad) de las personas. Y lo más grave de todo: personal médico y técnico que labora para la Caja (Hospital México) en ese servicio, es el mismo que ha estado trabajando para esa empresa privada. ¡Qué más constatación que ésta del conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen negocio con la salud de las personas!

Pero aquí no para el asunto… más bien, el negocio. Resulta ser que la Dirección Médica del Hospital México prorrogó el contrato con esa firma privada, que se llama Radioterapia Irazú, pese a que la Junta Directiva de la CCSS emitió un mandato para que no lo hiciera.

Según parece se habían detectado fallas en la calidad de servicio que tal empresa venía brindando, lo cual generó que se determinara que no convenía prorrogarle el contrato. Nos preguntamos: ¿cuál es la naturaleza de ese poder médico que desacata una orden de la máxima autoridad política de la Caja: su Junta Directiva? Según nota periodística aparecida en el diario La Nación, la empresa privada de radioterapia “_…no contaba con Contraloría de Servicios, ni se tramitaban las quejas, además de la inexistencia de controles de calidad sobre los tratamientos. También se detectó que un grupo de los pacientes no tuvo citas de seguimiento ni hubo control radiográfico posterior a los tratamientos en acelerador lineal_”. ¿Entonces? ¿Cómo es que la Dirección del Hospital México le pasó por encima a estos “_detalles_” de incumplimiento de la empresa privada en algo tan vital en el tratamiento de pacientes con cáncer?…

Autocríticamente debemos asumir nuestras propias responsabilidades gremiales siendo cómplices por omisión (para decirlo lo más “_suavemente_” posible) de que esto estuviera pasando, durante tanto tiempo, ante los ojos de prácticamente todas las agrupaciones sociolaborales y profesionales que tienen vida al interior de la Caja. Algunas agrupaciones hemos decidido asumir nuestra responsabilidad histórica en el actual marco de condiciones críticas que enfrenta la CCSS y proponer medidas correctivas a todo esto, pero sin quitar derechos laborales consolidados que ya tiene la inmensa mayoría de la población trabajadora institucional que no es integrante de los “_estamentos reales_” del gremialismo corporativo que forma parte del segmento más rico del país. Ha llegado la hora de hablar claro de todo esto: la Caja es del pueblo, no de los dirigentes sindicales.

…el camino paralelo al Río San Juan, que la Presidenta Chinchilla Miranda ordenó ejecutar como respuesta a la “_invasión_” nicaragüense. Este asunto amenaza con convertirse en el más grande escándalo de corrupción del presente Gobierno. Estamos hablando de que se habrían gastado ya unos ¡20 mil millones de colones! Pero podrían ser más, mucho más.

Nadie sabe todavía los nombres de esas personas; nadie sabe quién las escogió, quién las designó; que atestados reunían; si tenían vínculos, directos o indirectos, con empresas constructoras, consultoras y otras del mismo tipo. No se conocen sus actas, no se sabe cómo procedían para determinar qué se pagaba y qué no se pagaba. Todo indica que las respuestas a estas y otras preguntas conexas están en la propia Casa Presidencial.

Lo más importante de esta indignante y vergonzosa situación es que no la dejemos en el olvido. Sería un crimen contra toda la sociedad que el asunto se desvanezca con el tiempo y que los verdaderos responsables, los gestores políticos, los que tomaban las decisiones del gasto de tanta plata, queden en la impunidad.

Aunque ya se conocen los tres nombres de los presuntos implicados, pareciera que no son los peces “_gordos_” en todo esto. Falta mucho por salir a flote. Que la junta directiva del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ente público encargado directo de la obra, haya sido dejado de lado, “_ninguneada_” como diría nuestro pueblo, es una de las más delicadas situaciones de esta “_piñata regalona_” que debe ser esclarecida.

El Conavi debería ser intervenido por una junta ciudadana sin vínculos partidistas ni gobiernistas y su junta directiva destituida. Si ya estaba “_ninguneada_” para qué mantenerla.

El exministro del MOPT, don Francisco Jiménez Reyes, debe explicar demasiadas cosas. Es difícil de entender cómo la Presidenta Chinchilla Miranda lo echó del Gobierno si fue él quien le dijo del chorizo, de la “_piñata regalona_” en que se estaba convirtiendo la construcción de la trocha norte. Al indicado jerarca siempre se le consideró una de las figuras ministeriales más poderosas del presente gobierno, razón de más para considerar que su conocimiento del asunto es profundo y que es imposible creer que sus subalternos en el Conavi procedieran tan a la libre como para que él no estuviera al tanto de sus movimientos.

Y qué decir con relación a las empresas constructoras contratadas, muchas de las cuales no estaban registradas como lo ordena la ley, por ejemplo, ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). ¿Qué fue lo que pasó aquí? Los pocos datos que se tienen indican que el tortón ya se veía venir, al punto de que una viceministra del MOPT y el jerarca ejecutivo de máximo nivel del Conavi salieron de sus cargos, así como en carrera, pocos días antes de que quedara en evidencia hasta qué punto habría llegado la “_piñata regalona_” de la trocha norte y sus 20 mil millones de colones evaporados.

Bien es sabido la especie de triángulo perverso que se ha venido desarrollando en este asunto de la infraestructura pública: el MOPT, la política tradicional y las empresas constructoras privadas. La figura de la concesión y la figura de la desconcentración vía consejos ha generado una especie de negocio redondo para ciertos grupos de gran poder económico cuyos tentáculos han llegado hasta las mismas instancias de control del gasto público y contaminado la transparencia con que éste debe ser manejado.

Parece que como país hemos protagonizado un ridículo internacional ante la controversia que este gobierno desató con su homólogo del norte con respecto a la isla Calero; un asunto que por suerte no involucró a los respectivos pueblos más preocupados en la lucha por su sobrevivencia diaria que en esos pleitos de palacio generados para desviar la atención de los verdaderos problemas nacionales de ambos países.

Seguimos sin comprender cómo es que la manipulación patriotera de esta situación que hizo el gobierno costarricense, haya llegado al punto de que la construcción de esa trocha fuese declarada como un asunto de “_emergencia nacional_”; a sabiendas de que cuando se emplea esta figura para disponer de recursos públicos quedan eliminados todos los procedimientos de contratación y todos los controles quedan, prácticamente anulados, quedando en poquísimas manos el manejo de cuantiosas sumas de dinero con todos los riesgos que ello conlleva.

Una buena acción investigativa de parte de los órganos judiciales competentes debe mostrar profunda contundencia e implacabilidad. Si la “_piñata regalona_” de la trocha norte generó tantas dádivas, el pueblo necesita saber toda la verdad de quienes son sus protagonistas directos e indirectos.

En esto de las dádivas queda mucha tela que cortar. Recordemos, por ejemplo, que el propio Oscar Arias Sánchez, en su gestión gubernativa anterior, ofreció una de 80 mil millones de colones a la clase trabajadora de Japdeva para que ésta aceptara la privatización de los muelles de Limón y de Moín. Una acusación al respecto duerme el sueño de los justos en la Fiscalía General de la República. Ojalá que no pase lo mismo con las dádivas de la “_piñata regalona_” de la trocha norte.

Según notas de prensa, al parecer debido al golpe, “_las bolsas de aire se activaron y la golpearon_”; situación ésta que pone en riesgo a personas al volante, especialmente si son de baja estatura o que conducen el vehículo muy pegadas al volante. Respetuosamente expresamos a la familia doliente un sincero pésame.

Se está desarrollando una polémica sobre esta cuestión de las bolsas de aire (“_airbag_”, en inglés), a propósito de la discusión parlamentaria de la nueva ley de tránsito, con la pretensión de algunos legisladores oficialistas de insistir en que su uso, sea totalmente obligado; cuando, en un principio la moción original de rigor aprobada al efecto, estableció su carácter voluntario, a juicio de la persona que decidiera comprar un vehículo usado o uno nuevo.

Confesamos que en lo personal ni tenemos vehículo ni sabemos manejar. Por eso para hablar del tema buscamos información al respecto, sorprendiéndonos de la cantidad de argumentaciones técnico-medicas, totalmente alejadas de lo político, que indican que el mejor dispositivo de seguridad al volante es el cinturón y no la bolsa de aire. Todas las personas que nos hacen el honor inmenso de leernos, semana a semana, en esta columna, saben de la naturaleza de nuestro trabajo social. Así que no representamos interés de negocio alguno en esta cuestión.

Por ejemplo, una entidad de gran respeto y prestigio planetario, como lo es la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha recomendado a los países el “_establecimiento y aplicación de leyes que exijan el uso de cinturones de seguridad y de sillas de seguridad infantiles para los ocupantes de los vehículos motorizados_”.

Otra entidad de credibilidad al respecto como el Colegio Americano de Médicos de Emergencia (Estados Unidos), “_considera el uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil como la mejor protección contra la expulsión del vehículo en caso de accidente…_”.

Por otra parte, el Instituto de Seguros para Seguridad en Carreteras de Estados Unidos, hizo un estudio al respecto determinando que “_la investigación sugiere que en comparación con las versiones que sustituye, las bolsas de aire nuevas, necesarias en todos los vehículos a partir de 2008 y en algunos ya en 2004, puede generar a los conductores un mayor riesgo de muerte_”.

En Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes de la República, le indicó a la Asamblea Legislativa que “_al considerarse que, desde el punto de vista técnico, las bolsas de aire constituyen un sistema de protección supletorio a los cinturones de seguridad, no resulta conveniente que dicho dispositivo se constituya en una obligación para los y las habitantes. Obligatoriedad que sí se debe mantener en lo referente a la exigencia de los cinturones de seguridad_”.

Además, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica emitió su criterio, “_…al no considerar necesaria la implementación obligatoria de sistemas de bolsa de aire para protección de los pasajeros de los asientos delanteros en vehículos_”.

Los argumentos indicados (entre otros), generados por esas entidades de tanta seriedad y credibilidad, nos han motivado a pronunciarnos al respecto; considerando, además, que no todas las personas en este país pueden comprarse un vehículo nuevo para viajar al trabajo todos los días, un camioncito nuevo para acarrear productos agropecuarios al mercado, un tráiler nuevo para transportación de grandes cantidades de mercadería, un “_chuzo_” para pasear con la familia en fines de semana.

Estamos hablando de la generalidad de la gente ciudadana, de la clase trabajadora de este país que solamente ha tenido acceso a este tipo de vehículos en condición de usados y que así seguirá siendo, dada la concentración abusiva de la riqueza que experimentamos como país; que hace que el “_gajo_”, la “_cacharpa_”, el carrito humilde y sencillo (sin decirlo despectivamente), es la única posibilidad de este tipo de familias y personas de tener su propio vehículo para necesidades de transporte cotidiano, para el comercio de sobrevivencia, para una modesta traslación recreativa en fines de semana y en días festivos.

Los costos de las bolsas de aire, por otro lado, son altos para este tipo de población que es la mayoritaria en el país. El costo de las dos bolsas delanteras, en promedio, asciende a dos millones de colones; y son tan sensibles que en este país donde no faltan los malos caminos y carreteras, un golpecito activa el par de bolsas conjuntamente, echándose a perder; y, nuevamente, ¡a pagar otros dos millones para reponerlas porque serían obligatorias! Si no hay plata para pagar las primeras, ¿de dónde se cogerá para pagar su reposición?… Estas bolsas son desechables y ante “_un mirame no me toqués_” quedan inservibles.

Algunas otras informaciones en nuestro poder indican que, presuntamente, podría haber aquí una especie de “_mar de fondo_” en cuanto a cierta y poderosa presión empresarial para imponer el uso obligatorio de esas bolsas de aire; partiendo de ciertas preferencias electorales de algunos hombres de negocios interesados en un nuevo nicho de lucro mercantil y quienes habrían sido contribuyentes de campaña.

Nosotros esperamos que esto no sea así. Sin la obligatoriedad y considerando quiénes realmente pueden comprarse un “_auto nuevo de paquete_”, siempre habrá mucha plata para ganarse; sin que se tenga que exprimir más al pueblo trabajador, imponiéndole tal medida. Con lo que pasó en San Ramón, casi que estamos ante un dilema: “_la bolsa ó la vida_”.

“_Yo no envidio los goces de Europa, la grandeza que en ella se encierra…_”, dice una de las más hermosas frases de la letra de lo que podríamos llamar nuestro segundo Himno Nacional, “_La Patriótica Costarricense_”; pero la realidad es que una buena parte de las principales ideas filosófico-políticas del pensamiento de la Humanidad se han generado desde Europa; y, por tanto, lo que en ella suceda, de una manera u otra, repercute por estas tierras latinoamericanas. Aunque a decir verdad, y con lo que uno ve que le sucede a la clase trabajadora de la Unión Europea (UE), desde la América del Sur se le está diciendo a ésta que las cosas, desde el punto de vista de la justicia y de la inclusión sociales, hoy en día se hacen mejor por aquí que por allá, para beneficio de las mayorías.

No obstante ello, la reciente elección presidencial en Francia, con la victoria del señor François Hollande, no puede pasar desapercibida para quienes, de una manera u otra, venimos luchando de múltiples maneras contra la hegemonía del neoliberalismo económico y su especie de dictadura política disfrazada de democracia; tal y como se ha estado manifestando en los distintos países componentes de la UE, en los cuales sus pueblos trabajadores sufren las más fuertes agresiones a sus derechos conquistados a lo largo de los últimos cien años y más.

Lo que en Francia pase, al ser la quinta economía del planeta y la segunda de la UE (después de la de Alemania), en el actual contexto de sobreexplotación de la clase trabajadora europea y de reversión de sus derechos laborales, sociales y económicos; genera enormes inquietudes y no pocas esperanzas para los sectores progresistas, humanistas y socialistas. En consecuencia, llama mucho la atención algunas de las principales propuestas de campaña formuladas por el señor François Hollande, el nuevo Presidente de Francia, que de seguido compartimos con ustedes. Veamos.

Su programa contiene medidas para cambiar a Francia. El empleo de los jóvenes, la justicia social, y la igualdad de derechos para los homosexuales son algunas de las prioridades. Además, propone sendas reformas fiscal y bancaria. Y su medida más llamativa es la tasación del 75% para los ingresos superiores al millón de euros, gravando fuertemente las ganancias de los ricos.

Se propone crear 150.000 empleos de futuro en los barrios populares, y 500.000 “_contratos generacionales_”. Las empresas que contraten a un joven y mantengan a un trabajador veterano durante tres años no pagarán las cotizaciones sociales. El primero aprendiendo del segundo. Además, promete aumentar los costes de los despidos colectivos a las compañías que obtengan beneficios, introducir el diálogo social en la Constitución, y aumentar las cargas sociales a las empresas que abusen de los contratos precarios.

El salario mínimo se actualizará cada año según el crecimiento del PIB y no sobre la inflación. Ganarán un 30% menos el presidente y los ministros, y se ajustará el sueldo de los dirigentes de empresas públicas. Subirá un 25% la ayuda estatal a la vuelta al colegio.

Regresa la jubilación a los 60 años (el anterior Presidente Sarkozy la elevó a 62) para quienes hayan cotizado 41,5 anualidades, y el mayor gasto se cubrirá subiendo 0,1 puntos anuales las cotizaciones salariales y empresariales.

Se suprimiría la exoneración fiscal a las horas extra, salvo a las empresas muy pequeñas, y se crea un nuevo impuesto de sociedades: 35% a las grandes empresas, 30% a las medianas y 15% a las pequeñas.

La reforma bancaria separará a los bancos de depósito y de inversión, prohibirá a las entidades tener actividad en paraísos fiscales, y subirá un 15% el impuesto sobre los beneficios. Se establecerá la tasa a las transacciones financieras (la tasa Tobin o “_impuesto Robin Hood_”), que se dedicará a la ayuda al desarrollo y a luchar contra el cambio climático (empezando con tres o cuatro países).

Hollande promete contratar a 60.000 profesionales de educación en cinco años, reducir a la mitad el fracaso escolar, revalorizar los salarios de los profesores y tocar la ley de autonomía universitaria para dotar de más democracia a los liceos. Otras ideas: Construir 40.000 viviendas nuevas para estudiantes; el derecho de matrimonio y adopción para las parejas homosexuales y la ley de eutanasia. Habrá ventajas en el acceso a los empleos jóvenes, una filial de la banca pública de inversión dedicada a los barrios más pobres, y una nueva policía de proximidad. Hollande se compromete a reducir la cuota nuclear en la producción de electricidad pasándola del actual 75% al 50% en 2025. Promete tarifas progresivas para agua, luz, y gas; bloqueo de los precios de la gasolina durante tres meses, y más energía renovable.

Estas medidas y otras más, están generando una especie de “_terremoto_” político en la vieja Europa que, bajo la directriz hegemónica de Alemania, bajo la línea dura y fundamentalista neoliberal de la señora Ángela Merkel (la gobernante de Alemania), ha generado una especie de catástrofe social en países como Irlanda, Grecia, Portugal, España e Italia entre otros de la UE. Si el Presidente François Hollande honra su palabra, por estos lados, aquí, en la misma Tiquicia, para el 2014, muchos de los aspirantes deberán revisar sus propios planteamientos profundamente.

Por otro, una opinión mayoritaria de que económicamente estamos peor que antes, dadas las restricciones que viven, en términos generales, la abrumadora mayoría de los hogares que, sin duda son los de la clase trabajadora en sus diversas manifestaciones: asalariada con empleo y salario fijos; no asalariada -por cuenta propia y en el mercado informal; y la que está desempleada.

Podríamos hablar también de que debemos incluir a aquella parte de la población propietaria que desde las micro, pequeñas y medianas empresas, viven duras angustias cotidianas para sobrevivir en el mercado desalmado que nos ha sido impuesto por la hegemonía global y nacional dominante.

Es evidente que un gobierno sin perspectiva de inclusión social, que no transite por la senda de la búsqueda, promoción y tutela del bien común; que tolere la injusticia tributaria y que sea carcomido por la corrupción; será un gobierno impopular.

Hace ya bastante tiempo que las últimas administraciones (no gobiernos soberanos) ejecutan la acción gubernativa con una perspectiva de clase que no es la de los sectores populares; sino con la perspectiva de clase plutocrática, la que acumula riqueza en forma acelerada, la que delega en sus cuadros político-gerenciales bien pagados, el ejercicio del poder pero no necesariamente para repartir la riqueza generada por la sociedad con sentido estratégico; sino para mantener el esquema de acumulación sin modificaciones profundas; extractando de los bolsillos de la “_gente de abajo_”, más cantidad de dinero presionando al empobrecimiento, al endeudamiento, a la estrechez y el agobio económicos a segmentos poblacionales como la otrora poderosa clase media, hoy muy arrinconada contra la pared, en situación muy vulnerable.

Por eso es indudable que gobiernos con tal carácter terminen su gestión en total desprestigio, con repudio ciudadano casi que generalizado; incrementando el descrédito popular en los procesos electorales y aumentando la sensación de que “_ya esto no tiene arreglo_”.

El actual Gobierno va a terminar igual, estamos casi seguros de ello. Solamente con cambios estratégicos de rumbo podría ser distinto. Pero esto es como creer en la “_cuadratura del círculo_”. Ante ello, llama la atención la petición de doña Laura dirigida a varios sectores en el sentido de que ella y su gobierno ocupan de una “_tregua_” para lo que le queda de su Gobierno.

En tal sentido ha pedido que los diputados y las diputadas; que las magistradas y los magistrados constitucionales de la Sala Cuarta; que los gremios; y que los intereses corporativos, le permitan cumplir en los dos años que le quedan algunas de sus promesas electorales; por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana. Tal petición la denominó “_tregua_”.

En realidad, es poco creíble que tal llamamiento sea genuino. Decimos esto por cuanto la mejor “_tregua_” que este país se merece es la construcción de grandes acuerdos nacionales que nos permitan avanzar hacia nuevas sendas de justicia social, con equidad y con nuevos niveles cualitativos de desarrollo de la democracia, con verdadero sentido participativo. Nosotros pensamos que la señora Presidenta no cree que el Diálogo Social con Negociación Efectiva, en temas-país, merezca una oportunidad sistemática.

Por ejemplo, en el tema tributario y ante el estrepitoso fracaso de su plan fiscal, la señora Presidenta puso oídos sordos a importantes planteamientos, todos muy serios, formulados desde los sectores sindicales, como en el que nos movemos. Un frío, burocrático y escueto acuse de recibo fue la reacción presidencial a planteamientos que le fueran entregados en su despacho. Es evidente que, probablemente, algunos de esos planteamientos colisionan con la esencia de la hegemonía en el poder en este país, no muy diferente a la que vemos, expresarse, con toda dureza, en la Unión Europea (la hegemonía del capital financiero-bancario de signo neoliberal).

Por eso es imposible que desde una perspectiva “_de los y de las de abajo_”, haya tregua posible, aunque es probable que haya algunos episodios futuros de negociación sectoriales y muy particulares, producto de especificidades corporativas.

Está ahora más claro que nunca que los grandes ejes articuladores hacia una sociedad de inclusión y de integración sociales, vendrán ligados a una nueva hegemonía que muestre vocación de poder a la actualmente dominante. Pero eso no se ve en el horizonte y si juzgamos por lo que del lado de los sectores sociales se pueda aportar a la construcción de esa nueva hegemonía, no hay nada alentador por ahora.

Lo que sí inspira es la posibilidad de su construcción y esto es un proceso que saldrá de la movilización ciudadana, misma que no contradice las posibilidades del Diálogo Social con Negociación Efectiva; especialmente cuando entre ambas haya combinaciones con sentido estratégico o que, al menos, aporten en tal sentido. ¿Será el 2014 escenario propicio al efecto?…

Termina así el viacrucis de más de siete años de un funcionario universitario, de un servidor público con más de veinte años de laborar para esa casa de estudios superiores y ya pronto a jubilarse en aquel momento; cuya “_falta_” fue cumplir con su deber, con su obligación de denunciar graves irregularidades de las que tuvo conocimiento cometidas por las autoridades universitarias.

Como represalia y para tratar de silenciarlo se inició, entonces, un acoso laboral que lo llevó a ser acusado falsamente de la supuesta desaparición de una tarjeta plástica de acceso al parqueo del campus universitario (no de la Universidad Nacional sino de la Universidad de Costa Rica, aunque cueste creerlo); cuyo costo de reposición, en todo caso, hubiera sido de tres mil colones y de cuya eventual pérdida la UNA no tenía ninguna responsabilidad.

Con este subterfugio, con esta mentira y bajo amenaza de despido, fue este oficial de seguridad suspendido de su trabajo por nueve meses mientras esperaba la audiencia oral y privada del proceso disciplinario abierto en su contra; audiencia que concluyó favorablemente para el servidor (gracias al apoyo sindical-jurídico de la ANEP), estableciéndose una absoluta exoneración de la farsa levantada en su contra. Sin embargo, el servidor fue sometido a nueve meses de una cruel tortura que le produjo un profundo deterioro de su salud psicológica y física, incluyendo un infarto, así como el sufrimiento y angustia de su familia.

Pero este caso no es para nada la excepción en la Universidad Nacional. De hecho el acoso laboral, o “_mobbing_” (como se le conoce por su nombre en inglés), es una plaga que infecta profundamente toda la administración pública, extendiendo sus tentáculos de ruina y desgracia también en el ámbito de la empresa privada. Un mal con destructivas consecuencias para el trabajador y para la trabajadora, incluyendo el suicidio; y con un enorme perjuicio económico para las instituciones públicas, empresas privadas, y para la sociedad nacional, en general.

Una enfermedad que en Costa Rica se agrava por la falta de una ley específica que la combata; como ya, por dicha, se logró para el caso del hostigamiento sexual. Lamentablemente, el país sigue sin contar con una ley que castigue y prevenga el mobbing, de ahí que para ANEP sean tan importantes distintas iniciativas de ley que se encuentran en la corriente legislativa. Tal es el caso, por ejemplo, del expediente legislativo número 18.184, “_Ley contra el acoso laboral en el empleo y el hostigamiento en el campo educativo_”, proyecto elaborado por la Asociación Contra el Acoso Laboral y Daño Moral en Costa Rica (ACALEM), e impulsado diligentemente por la honorable señora diputada Marielos Alfaro Murillo, del Partido Movimiento Libertario.

Precisamente por la falta de una ley contra el acoso laboral, por una parte; y, por otra, de la total ausencia de voluntad de las autoridades de la UNA de combatir este mal (por el contrario, siendo estas autoridades partícipes del acoso sufrido), una vez que se logró la absoluta exoneración del oficial de seguridad, no quedó otro camino que demandar a la misma Universidad Nacional por acoso laboral; demanda que con todo éxito presentó y condujo la abogada Lillia Fonseca Alvarado, culminando con la sentencia de la Sala Segunda arriba citada.

Pero lejos de terminar los casos de acoso laboral en la UNA, los mismos aumentan. Actualmente en ANEP estamos acompañando, a manera de ejemplo, el caso de una valiente funcionaria acosada por haber denunciado gravísimas irregularidades; tales como la admisión anómala a la Universidad Nacional de hijos de altísimas autoridades universitarias usando títulos de bachillerato de secundaria falsos o acogiéndose fraudulentamente a la figura de “_estudiante extraordinario_”, con el fin de obviar o saltarse los requisitos de ingreso existentes. Una serie de irregulares confirmadas por la misma Contraloría Universitaria en un informe que, al día de hoy, años después, las autoridades de la Universidad Nacional continúan “_guardando_” como “_confidencial_”, so pretexto de que hay procesos disciplinarios en curso. Caso notable de esta valiente funcionaria que esperamos que muy pronto llegue a juicio en los tribunales laborales del país.

También acompañamos (otra ilustración), el caso de un funcionario universitario a quién se le abrió un proceso disciplinario ya hace más de cuatro años, aunque y nuevamente sea difícil creerlo. Una duración que ya de por sí es simplemente inadmisible. Un caso que ya ha sido conocido, desestimado y archivado por las instancias disciplinarias competentes, pero que, sin embargo y como parte del acoso laboral que sufre ese trabajador universitario, el mismo ha sido “_reabierto_” de manera ilegal y actualmente la acusación en su contra sigue siendo “_instruida_”, a pesar que los responsables legales de esta persecución saben perfectamente que, de todas maneras, este proceso prescribió y caducó ya hace años. Cabe agregar, para ilustración de la persona lectora interesada que, después de cuatro años y medio, la parte acusadora no ha podido presentar contra este trabajador ninguna prueba o testigo de la supuesta falta. Pero el acoso laboral subyace en el proceso disciplinario mismo, en la misma amenaza de un despido inminente que este trabajador ha tenido que soportar continuamente por más de cuatro años.

Como lo señala acertadamente un miembro de la Junta Directiva del Comité Seccional ANEP-UNA, “_abrir por abrir un expediente disciplinario, o forzar la ilegal ‘reapertura’ de un proceso disciplinario, o forzar ‘de oficio’ cambios en la acusación, so pretexto que la apertura no significa condenar a un funcionario sino ‘para que se llegue a la verdad real de los hechos’, es una forma de acoso laboral, dado que el funcionario se desestabiliza emocional y laboralmente, con consecuencias institucionales económicas y morales_”.

Una situación de acoso laboral que en la Universidad Nacional se ve agravada por el uso arbitrario de la medida de suspender a un funcionario, separación forzosa que se hace del trabajador o trabajadora a la que recurren las autoridades universitarias para “_deshacerse_” de un funcionario que “_estorba_”: primero se acusa al trabajador “_que molesta_” de cualquier cosa y de inmediato se le separa de su trabajo “_mientras dure el proceso disciplinario_”.

En ANEP llevamos el registro de múltiples casos donde las autoridades universitarias “_suspenden_” a un trabajador por meses y años. Una forma de acoso laboral que es posible porque nos son estas autoridades universitarias quienes pagan de su bolsillo el inmenso costo económico de esas suspensiones. Estamos aquí ante un mal uso, un gasto absolutamente indebido de dineros públicos. Un perverso uso del presupuesto universitario que debería ser investigado y cuantificado por los entes contralores.

El mobbing o acoso laboral es, pues, una perversa y trágica realidad laboral en Costa Rica. Lo que sucede en la Universidad Nacional es, desgraciadamente, una clara ilustración de una siniestra y retorcida realidad laboral costarricense. Así como se logró en la lucha contra el hostigamiento sexual, es un paso necesario en la lucha contra este mal el que se legisle para combatir y prever el acoso laboral, así como apoyar y ayudar a las víctimas. El caso de la UNA es un ejemplo. Tenemos más en nuestra agenda pero luego hablaremos de ellos.