La ley de salarios médicos 2 parte

Aunque ya muchas personas de buena fe, así como diversos sectores sociales organizados y hasta de corte político-partidista, han entendido la esencia de nuestro planteamiento, con respecto al tema salarial que por ley está fijado para el cuerpo médico nacional; pensamos conveniente reiterar que la posición oficial de la organización sindical para la cual laboramos, no pretende, en lo más mínimo, que los y las profesionales en ciencias médicas del país pierdan un solo centavo, ni de lo que tienen por concepto de salario base, ni tampoco de lo que se denominan “pluses” o sobresueldos.

Enfáticamente debemos rechazar que el planteamiento que venimos formulando por estos días al respecto, sea parte de un “ataque frontal” a los derechos salariales, sociales, económicos y profesionales de este grupo laboral tan estratégico para el país como son los médicos.

Lo que sí ha llamado la atención es que sea desde el ámbito, desde la esfera sindical (en este caso, a la cual nosotros pertenecemos), que tal planteamiento haya sido formulado; cuando a lo largo de los años, ninguna persona ni ninguna entidad (ni política ni social), se hubiese atrevido a formular el asunto, públicamente, en toda su dimensión. Bueno, nosotros lo hicimos y lo seguimos sosteniendo. Sí, es cierto, tocamos un tema que era “tabú” en nuestro entorno.

Hemos estado afirmando, abiertamente, que la estructura salarial futura del personal médico nacional no debe estar vinculada (o “enganchada” como es el término que nos gusta emplear), a la estructura de salarios base de importantes puestos del Gobierno Central (Poder Ejecutivo, básicamente ministerios); dado que cambios en éstos (tanto a nivel general, como en lo particular-gremial), de manera automática repercuten en los salarios base del personal médico nacional, mediante una fórmula matemática que eleva sus salarios, semestral o circunstancialmente, de manera sensible, hasta en cuatro veces más, en no pocos casos médicos.

Hemos planteado que a lo largo de los años y en los sucesivos gobiernos, incluido el actual, las fijaciones salariales en el Gobierno Central no pueden ser de mayor dimensión, pues la excusa perfecta es que las cifras de aumento que proponen los sindicatos no pueden aceptarse porque “afectan” (según se nos ha venido indicando sistemáticamente a lo largo del tiempo), el salario del personal médico, en sumas que ni las finanzas centrales del Estado ni las de la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), podrían soportar dada la existencia de esa famosa fórmula matemática que tiene rango jurídico: el artículo 12 (y su correspondiente reglamentación) de la ley salarial médica.

Evidentemente y hablando en lo específico de la Caja, su asunto financiero, visto de manera estructural, es mucho más complejo y pasa por dos grandes esferas de enorme magnitud: la evasión patronal del empresariado privado y las deudas del Estado con la institución. Pensamos que es injusto decir que la crisis financiera de la Caja se debe a la masa salarial médica y, verdad sea dicha, nosotros nunca hemos estado afirmando semejante cosa.

Además, la crisis financiera de la Caja tiene responsables directos por mala gestión y, de hecho, en el Ministerio Público hay una denuncia interpuesta que, esperamos, no se quede para las “calendas griegas”; pues varios de los supuestos responsables de esa mala gestión financiera no solamente siguen en puestos jerárquicos de altísimo nivel institucional, sino que a algunos más bien se les “premió” con ascensos.

No menos real es la circunstancia de que dado el valor que tiene la Caja para el pueblo trabajador, todo su personal honesto y todos sus gremios sanos se enfrentan al mayor desafío ético jamás pensado en toda la historia institucional: atajar y revertir el avance privatizador, liberando a la institución de la especie de secuestro a que ha sido sometida, durante los últimos años, tanto por parte de intereses corporativos externos como internos.

Volviendo a nuestro punto central en este asunto es que puestos como el de los policías, misceláneos, técnicos, profesores, agentes de seguridad, oficinistas, secretarias y hasta profesionales no médicos del Poder Ejecutivo –entre otros-; no pueden subirse hacia niveles salariales superiores que incrementen su poder de compra, que verdaderamente compensen las variaciones en el costo de la vida y que, de manera real, dignifiquen el trabajo de las personas que ocupan esos puestos (en los ministerios, por ejemplo); dada la existencia de ese artículo 12 de la ley salarial médica. Por tanto, este artículo debe modificarse, por medio de otra ley de la Asamblea Legislativa, para generar un “desenganche”, una independencia entre ambas estructuras salariales.

Esta posición y solamente ésta es la que estamos defendiendo. Sí, efectivamente, no puede negarse que el tema ha tocado las cifras más sensibles de nuestra nacionalidad costarricense, al ser la Caja la institución más querida de nuestro pueblo; y, al ser esta entidad la que tiene más personal médico que ninguna otra en su planilla salarial.

Si nuestro planteamiento va más allá de la posición del “desenganche” y, en verdad, moviliza conciencias ciudadanas en mucha mayor dimensión que antes, cuando se trata del tema de la Caja; pues quiere decir que hay espacio suficiente para un debate nacional de mucha mayor envergadura.

Y nada más propicio en nuestro caso que tal debate pudiera servir para abrirle mayor espacio a planteamientos cívicos sobre el futuro de la CCSS, como el de “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, formulado hace ya bastantes meses sobre el que poco ha podido reparar la opinión pública nacional. Igualmente, hay otros planteamientos valiosos elaborados con sana intención y de distintas perspectivas que, también, tienen problemas serios de visibilización ante la ciudadanía.

En todo caso, reiteramos, nuestra única motivación central, totalmente transparente, es la del “desenganche”; es decir, que de ahora en adelante la estructura salarial médica tenga su propia dinámica sin estar en correspondencia con lo que suceda en otros ámbitos salariales de la Administración Pública.

También puede surgir la alternativa de que los respetables gremios médicos, como sindicatos que son, se unan al resto de agrupaciones del mismo tipo que representan los intereses salariales de la clase trabajadora estatal; y que compartan, al mismo nivel, el largo y sinuoso camino de la lucha sindical por la verdadera reivindicación de las personas trabajadoras asalariadas, ya no solo del aparato público sino del sector privado. La verdad es que en todos estos años de vigencia de la indicada fórmula matemática, los gremios médicos nunca se acercaron a una mesa de “negociación” salarial.

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