Categoría: Opinión

Hemos escrito este comentario a primera hora de ayer, martes 17 de abril de 2012 y no teníamos todavía noticias desde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, respecto a ordenarle a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), suspender el acto administrativo por medio del cual se elevarían, sustancialmente, las tarifas de la casi totalidad de las rutas de autobuses de todo el país, utilizando un proceso que deja muchas dudas con respecto a su transparencia.

Efectivamente, el distinguido señor diputado don Manrique Oviedo Guzmán, actual jefe de la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), ante tal situación fue a la Sala Cuarta a interponer un recurso de amparo pues ese proceso para establecer nuevas tarifas para el transporte público en autobús, estaría lleno de inconsistencias e irregularidades; perjudicando, sensiblemente, a las personas usuarias que, como sabemos, son miles y miles y, prácticamente, todas pertenecen a la clase trabajadora, tanto la que es asalariada como aquella que se gana el sustento en el mercado informal de la economía; sin hablar de esas miles personas desempleadas, casi sin dinero en sus bolsillos, que van de un lado a otro, en autobús, dejando su currículo por aquí y por allá en busca de un empleo.

También, según tenemos entendido, la propia Defensoría de los Habitantes de la República hizo lo mismo, es decir, fue a la Sala Cuarta indicando que esa alza, así como está tramitada, perjudica a las miles de personas usuarias de los servicios de autobús y, por tanto, debería suspenderse el acto administrativo mediante el cual la Aresep autoriza ese gran aumento tarifario hasta que las cosas se hagan como deben ser. Pero no. La misma Sala IV que estableció las barbaridades que ocurrieron durante la tramitación legislativa del plan fiscal, tan detestado por el pueblo, por la ciudadanía, por la Gente; es la misma Sala IV que pese a haber admitido los recursos del diputado mencionado y de la Defensoría para estudiarlos, le dijo a la Aresep, siga adelante con el trámite del alza. ¡Qué raro!

Ante esta inusual actitud del más alto tribunal de la República, pues por lo general suspende los actos administrativos cuestionados cuando alguien les pone un recurso de amparo; don Manrique Oviedo Guzmán fue más allá y presentó una especie de acción adicional, por si a la Sala IV se le hubiera “_olvidado_” decirle a la Aresep que se detuviera en su “_alocada_” carrera por imponer ese alza; acción que se denomina “_medida cautelar con carácter de so legislador, de nuevo, toca las puertas de ese tribunal y, reitera, su petición de que el trámite para tal alza debe detenerse porque, juntando todos los elementos que median en el proceso que lleva a la misma_”, pareciera que estamos de cara a un “_compadre hablado_”; es decir, el empresariado autobusero estaría siendo favorecido por presuntos torcidos procedimientos con una alza que en casi todos los casos es exagerado y va en contra del golpeado bolsillo de la gente trabajadora que viaja en bus.

Nosotros, que desde nuestra actividad sindical creemos en el Diálogo Social, en una sociedad de inclusión y en una comunidad nacional en la que todos ganemos, no estamos en contra de la actividad empresarial, mucho menos la que representa el negocio del servicio público de transporte modalidad autobús. Nosotros entendemos que en este ámbito de la actividad productiva del país, hay microempresarios, hay pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas negocio familiar de toda una vida. Nosotros no somos de la tesis del extremismo dogmático ideológicamente trasnochado que donde ve un empresario inmediatamente ve un explotador desalmado (que sí los hay, por supuesto). Sabemos también que hay un peligroso proceso de concentración en el mercado autobusero. También somos conscientes de que, por lo general, los empresarios autobuseros han acumulado mucho poder político real; ese que, en verdad, manda en este país y hegemoniza la acción gubernativa estratégica entre bambalinas.

Pero en este caso, del alza en trámite para las tarifas de autobús, la Aresep se ha comportado muy “sospechosamente” para decirlo con “_elegancia_”. Eliminar la audiencia oral (por muy desprestigiado y desacreditado que esté el procedimiento de las audiencias); trabajar en días santos en carrera loca para tener lista la decisión que debe publicarse en “_La Gaceta_”; y, lo más grave, invocar, cayendo en flagrante ilegalidad, un procedimiento extraordinario para hacer esas alzas cuando sólo debe emplearse el mismo en casos sumamente graves y totalmente fortuitos que afecten la economía nacional, constituyen solamente una parte de los elementos que a uno lo hacen desconfiar de toda esta situación.

Porque ahora que están saliendo un montón de cosas cuestionables desde la perspectiva de la transparencia en la función pública y que tiene escandalizada a la ciudadanía, alrededor de esos “_procesos_” de tráfico de influencias, de “_recomendaciones_” entre amigos para adjudicar consultorías y similares; bien haríamos en tener claridad de cómo es eso de un “_centro para el desarrollo de la regulación_”, o “_CDR_”, que funciona al interior de la Aresep, como una especie de “_aresepsita_”, ¿es que acaso trabaja a través de consultorías?; “CDR” que se creó cuando el jefe de la Aresep era el hoy “_renunciado_” Ministro de Hacienda. Así las cosas, esto de las alzas en los buses como se está tramitando deja mucho que desear y es por eso que la honorable Sala IV debería comprender que la “_medida cautelar con carácter de urgencia_” presentada por el señor diputado don Manrique Oviedo Guzmán debe ser acogida. Así lo pedimos, pública y respetuosamente.

…haciendo énfasis en que debemos poner un frenazo en el camino de la peligrosa senda de exclusión social a que nos están llevando los grupos y personas detentadoras del poder real en Costa Rica; esa clase dominante que sigue lanzando imprudentes provocaciones en contra de la estabilidad misma de institucionalidad democrática.

Se sigue jugando con la buena voluntad de un pueblo trabajador generoso y que con franciscana paciencia sufre en carne propia el propio drama de su existencia cotidiana, de su dura lucha por el diario vivir; en medio de una situación social que hace avanzar, por todos lados, la corrupción social y la concentración de la riqueza.

Las escandalosas revelaciones acerca de la magnitud de la evasión de impuestos en Costa Rica, nos hacen reforzar nuestro clamor de que la señora Presidenta de la República escuche a la Gente que grita no querer más impuestos.

Porque más impuestos es para que los sigan pagando los que siempre pagan y nunca evaden: la clase trabajadora, tanto la que tiene empleo formal con salario fijo, como aquella que en la actividad del mercado informal, el “_cuentapropismo_”; pero para que se los sigan robando los que siempre se los roban, “_los de arriba_”; aquellos que por sus vínculos con el poder, directos y/o indirectos, obtienen contratos millonarios, jugosas consultorías, concesiones abusivas, compras monopólicas a través de licitaciones amañadas y previamente negociadas, falsos gastos en las campañas electorales, etc., etc.

A la vez, empresas grandes y pequeñas, de “_respetable imagen_”, registran cuantiosísimos ingresos pero reportan “_pérdidas_” para no pagar renta, para pagarlas en poca cantidad; o bien, jugosísimos negocios financiero-bancarios que han acumulado inimaginables niveles de riqueza, en forma abusiva y ofensiva.

Insisten la señora Presidenta de la República y su Gobierno en imponer un paquete fiscal, que a no dudarlo, hará que ese robo de impuestos se incremente y se profundice; agravando la situación económica de quienes siempre seguirán pagando porque no pueden evadir: los trabajadores y las trabajadoras.

Si fuese cierto el discurso de la señora Presidenta Chinchilla Miranda de que su proyecto tributario es “_solidario_”, lo más conveniente es, por ejemplo quitarle al mismo el pernicioso impuesto al valor agregado, que nos hará pagar el impuestos sobre las ventas que ya conocemos varias veces, en diversos tramos del proceso productivo de un bien, incrementando su costo final y elevando ese impuesto del 13 al 14 %. Lo más conveniente sería concertar con representativos sectores sociales, sindicales y empresariales responsables, con el respaldo de la academia y de la intelectualidad cívica y patriótica, un gran acuerdo sobre todas aquellas transformaciones que requiere el injusto sistema tributario costarricense para detener, atenuar y eliminar el gigantesco robo de impuestos. Las investigaciones y los estudios sobran al respecto; como sobran las propuestas, algunas muy creativas (como la pensión-consumo), para enfrentar ese robo.

Pero no. Lo más fácil es lo de siempre. Que el pueblo trabajador siga siendo el “_paganini_” para que se puedan seguir repartiendo con cuchara grande, entre los pocos de “_arriba_”, dineros públicos que bien podrían servir para más políticas sociales de las que tanto estamos necesitados.

En verdad, sobra elementos para indignarse, para organizarse, para movilizarnos, pero en una gran unidad respetando diversidades, sin imposiciones y sin dogmatismos.

¡Cómo no indignarse y cómo no protestar si nos van a sacar de nuestros empobrecidos bolsillo, entre 3 y 5 mil millones de colones con las nuevas tarifas de autobús!, impuestas por el sistema de “_compadre_” hablando y ya sin guardar las apariencias de una “_consulta_” al usuario; sistema tarifario que parece haber surgido de una de esas consultorías de moda, las de los “_procesos_”.

¡Cómo no indignarse si en el banco de los trabajadores se habría gastado una enorme cantidad de millones remodelando la oficina de la presidencia!

¡Cómo no indignarse si un político-banquero se gana 15 millones mensuales, mientras que el repartidor de recibos de agua se juega la vida en barrios marginales por un salario miserable!

¡Cómo no indignarse si a un trabajador en nuestra querida Caja le dan una cita médica para el año 2020; mientras se “_invirtieron_” 18 millones de colones en otra “_consultoría_” para nombrar gerentes en la institución.

Por razones de espacio se nos quedan más ejemplos para motivar, con más fuerza nuestra indignación. Estamos seguros de que usted, que nos hace el gran honor de leernos, tiene también los propios. ¿Entonces, qué esperamos?

Con toda transparencia (porque nuestro interés no va más allá de nuestro compromiso de servicio con el pueblo trabajador y porque no respondemos a ninguna ideología político-partidista y mucho menos de corte electoral); le hacemos un vehemente llamado para salgamos a la calle este Primero de Mayo. Que la indignación, que ya sabemos que es grande entre nosotros y nosotras, la Gente, así en mayúscula, “los y las de abajo”, mueva los cimientos sobre los cuales la gente poderosa cree que está muy segura haciendo de las suyas sintiéndose muy segura de nuestra “_pasividad_”.

A lo sumo, habría que poner impuestos pero a las grandes rentas, a las fortunas abusivas, a las exhibiciones ostentosas y lujuriosas de acumulación de capital desenfrenada. Los niveles de evasión tributaria en Costa Rica son, realmente, alarmantes, constituyendo en la práctica un verdadero crimen contra la sociedad.

Por estos días el tema ha cobrado notoriedad de un nivel sin precedentes. Nosotros nos alegramos por ello. Las escandalosas revelaciones periodísticas acerca de que varios integrantes del gabinete ministerial de la Presidenta Chinchilla, habían subdeclarado el valor real de sus propiedades, dejando de pagar lo que se debía por concepto del impuesto a los bienes inmuebles; dejó en evidencia hasta qué niveles, de una manera u otra, no pagar los impuestos debidos ha permeado en profundidad los niveles político-empresariales y económicos de alto vuelo.

¿Por qué decimos esto? Pues porque, por ejemplo, el pueblo trabajador, el que es asalariado con empleo y salario fijos, el que debe jugársela por cuenta propia en el mercado informal, sí paga sus impuestos; tanto el de ventas cada vez que hace una compra, como el de renta que se lo rebajan de la planilla cuando corresponde por nivel de ingreso.

Incluso, a nivel de microemprendimientos productivos y de pequeñas y medianas empresas, resulta prácticamente imposible de evadir responsabilidades tributarias. Conocemos, incluso, de varios casos en los cuales, precisamente por honrar esos impuestos, la empresita ha quebrado, o ha tenido que reducirse al mínimo.

Por tal razón impacta profundamente e indigna sobremanera el caso del ya hoy Exministro de Hacienda, don Fernando Herrero Acosta, quien doblemente quedó en evidencia; no solamente por el tema de la subdeclaración de sus propiedades, sino porque, presuntamente, habría incurrido en evasión de pago del impuesto sobre la renta.

Al ser él la principal figura gubernamental que ha venido insistiendo, un día sí y otro también, en que se necesitaban nuevos impuestos y por eso su fuerte acción en favor del paquetazo fiscal que actualmente tramita el parlamento pero que está en consulta de constitucionalidad; pierde el Gobierno de la Presidenta Chinchilla toda credibilidad y legitimidad para seguir abogando por ese paquete de impuestos.

Es más, nos atrevemos a indicar que esta situación dejó a la primera mandataria con una gran deuda moral con el pueblo trabajador. Por tanto, la mejor manera de saldar esa deuda con la gente del trabajo, es renunciar a ese plan fiscal, retirarlo de la corriente legislativa; pasando, alternativamente, a conformar una gran comisión nacional, político-social, para entrarle durísimo al tema de la evasión tributaria en todas sus formas, con ropaje legal o sin él; para entrarle, también, al asunto de las exenciones y exoneraciones abusivas; igualmente, al fortalecimiento estratégico de toda la administración y gestión tributarias (más auditores fiscales, más personal de apoyo, más policías fiscales, más infraestructura y más tecnologías).

Esta propuesta nuestra se ve fortalecida a raíz de que por estos días, importantísimos medios de comunicación colectiva, en su plano editorial, han planteado ante la opinión pública la grave situación social que implica la evasión de impuestos en todas sus manifestaciones.

Diario Extra, el de mayor circulación del país y que es el más leído por la clase trabajadora, por el pueblo, abogó por la divulgación pública de los nombres de quienes son evasores de impuestos, tanto personas como empresas. Esta sería una extraordinaria medida porque quienes, por ejemplo, compramos cosas en empresas evasoras, podríamos promover boicots y no ir a las mismas a adquirir artículos. Como bien dijo Diario Extra, tales evasores no tienen por qué invocar un “_derecho de imagen_”.

Por otra parte, sorprende que desde el mismísimo periódico La Nación, gran baluarte de los consorcios y emporios empresariales monopólicos u oligopólicos; se le llame la atención al poderosísimo sector financiero-bancario; si se quiere, el sector del capital más “_chineado_” del modelo neoliberal de concentración abusiva de la riqueza, vigente en los últimos gobiernos.

En palabras bonitas, se les dijo a los banqueros que ganan mucho, pero muchísimo; pero tributan poco, poquísimo. He aquí una veta de evasión tributaria que podría tener ropaje legal pero que ética y moralmente tendría una base un endeble.

Telenoticias, con la señora doña Pilar Cisneros Gallo, no se quedó atrás. Sin tapujos, indicó que “_nada más falso que aquí los ricos pagan como ricos y los pobre pagan como pobres_”. Agregó que “_es muy fácil quitarles a los trabajadores una buena tajada de su salario en impuestos. Pero este y otros gobiernos han demostrado que son pésimos cobradores, que no se atreven a metérsele a las empresas poderosas y que, aun sospechando enormes evasiones, hacen muy poco por cobrar lo que les corresponde_”.

Como ven ustedes, nos sentimos más que satisfechos de que la prédica de tantos años, formulada desde los sindicatos y desde otros sectores sociales y cívicos, acerca de que en Costa Rica se necesita una Transformación Tributaria Estructural, tiene ahora una carta de ciudadanía incuestionable.

Ya no se trata de una consigna que no más mencionarla, era descalificada de entrada. Ahora queda clarísimo. En Costa Rica, los ricos no pagan como ricos; y los pobres no pagan como pobres. Siempre tuvimos razón. Ahora pasemos a la acción. ¿Qué les parece?

Los nombres de “_Los Mártires de Chicago_” están para toda la eternidad en lo más profundo de la memoria obrera. Su sacrificio no ha sido en vano y no lo será jamás, pese a que en no pocas partes del planeta, esa jornada de ocho horas es violentada de múltiples formas.

Ilustres costarricenses de hace un siglo, especialmente educadores agrupados en el denominado “_Centro Germinal_”, impulsaron en el año 1913 la primera celebración del Primero de Mayo en nuestro país. Don Joaquín García Monge, don Omar Dengo Guerrero, doña Carmen Lyra entre otras personalidades de aquel entonces, creyeron que nuestra Patria no podía quedar al margen de las luchas laborales, sindicales, obreras, sociales, por la jornada de las ocho horas; situación que luego y legamente hablando, se da en el país en el año 1920.

Corresponde al Movimiento Sindical Costarricense de hoy la histórica misión de relegitimarse, en toda su dimensión, con ocasión del Primer Centenario de la Celebración del Primero de Mayo en Costa Rica.

Estando ya, prácticamente a un mes de la conmemoración correspondiente a este año 2012, debemos crear una gran comisión nacional organizadora para que en el 2013, resuene por los cuatro costados del territorio nacional un evento de tanta trascendencia.

A 99 años de la primera festividad de un Primero de Mayo en nuestro país, la que ha de ocurrir el día martes 1 de mayo de 2012, conviene destacar algunos elementos que muestran a las claras desafíos de enorme trascendencia para la lucha laboral; pues en el escenario global tenemos una corriente hegemónica que, precisamente, pretende revertir los logros de muchas décadas de lucha social a favor de la plena reivindicación de la clase trabajadora asalariada, esa que no es dueña de los medios de producción, la cual solamente tiene su fuerza de trabajo para su subsistencia.

Siempre hemos tenido la inquietud de que en Costa Rica debe haber un cambio en la Constitución Política que nos rige, a fin de que los cambios en el directorio de la Asamblea Legislativa y la lectura del mensaje presidencial no se hagan el Primero de Mayo.

Las peticiones de la clase trabajadora, sus demandas y sus planteamientos, sus propuestas quedan muy invisibilizadas, relativizadas, relegadas, mediáticamente hablando; pues por lo general cobra más notoriedad noticiosa cómo iban vestidas las señoras diputadas, cómo fueron los trajes de vestido entero de los señores diputados, cuál fue el menú que degustaron y cuál fue el contenido del mensaje de la persona que a la cabeza de la Presidencia de la República, representa al Poder Ejecutivo en el ritual constitucional de ese Primero de Mayo.

No tenemos noción de porqué, política y constitucionalmente hablando, los tomadores de decisiones de aquellos años, decidieron que el Día Internacional de la Clase Trabajadora, en Costa Rica debía también ser el día de un episodio republicano del sistema político dominante, como lo es la elección de nuevo directorio del parlamento y la sesión solemne de éste para escuchar el mensaje presidencial.

“_Devuélvannos el Primero de Mayo_” fue la frase que empleamos hace varios años en este mismo espacio, para demandar la necesidad de un cambio constitucional en tal sentido. Por ejemplo, que ese ritual constitucional tenga lugar ocho días después, tal y como los 8 de mayo un Presidente de la República le entrega a otro (o a otra, como fue la última vez), la banda presidencial.

Con el deterioro de la confianza ciudadana en quienes ejercen el poder político-formal en la Costa Rica de hoy (recordemos que hay un poder político-real que, en realidad, tiene el control hegemónico del rumbo del país); este planteamiento de “_Devuélvannos el Primero de Mayo_”, es más urgente que nunca.

Considerando que el principal problema nacional sigue tomando más fuerza cada día que pasa, como lo es la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad, el Primero de Mayo no debe ser destinado a otra actividad que no sea su celebración por parte de la clase trabajadora, tanto la asalariada con empleo formal, como aquella que sin tenerlo, tiene que laborar muy duro, por cuenta propia, para su propia subsistencia.

Es más, las personas propietarias en microemprendimientos productivos, como en formas de propiedad pequeñas y medianas, aunque empleen fuerza de trabajo, podemos considerarlas para incluirlas en los planteamientos que en torno al Primero de Mayo suelen hacerse de cara a la acción de los gobernantes de turno y de cara a los reales detentadores del poder político que son los que ponen, cada cuatro años, a esos gobernantes.

Para este Primero de Mayo de 2012, según nuestro modesto entender la salvación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y su liberación de la especie de secuestro en que la tienen grupos corporativos tanto internos como externos, debe ser un eje central de nuestra lucha. Al mismo nivel, que se detenga la robadera de impuestos y la necesidad, por tanto, de una Transformación Tributaria Estructural, tiene igual relevancia. La plena Libertad Sindical en las empresas privadas, especialmente en las fincas productoras de piña y de banano debe ocupar lugares importantes en nuestra agenda de lucha hacia el Primer Centenario de la Celebración del Primero de Mayo en Costa Rica. En próximas entregas seguiremos con este tema.

Desde una perspectiva laboral un anuncio de tal calibre ha impactado sensiblemente, considerando la estrechez salarial de ingreso, tanto para la clase trabajadora con empleo formal, como aquella parte de la misma que se desenvuelve en el mercado informal, en el cuentapropismo.

No es poco ya el tiempo en que venimos insistiendo en que nuestro país sigue transitando por la senda peligrosa de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad; y como la política salarial de los últimos gobiernos sigue siendo, en esencia, de carácter restrictivo, un 13% de aumento en la tarifa de autobús tiene un efecto perturbador para las finanzas familiares de las amplias mayorías.

Decimos que los aumentos salariales semestrales tienen un carácter restrictivo, porque se dan apenas para compensar el aumento en la inflación, es decir, son un ajuste; no son aumentos que incrementan el poder de compra del salario, que expanden el mismo, que le dan más poder de compra.

En esto del negocio con el transporte público modalidad autobús, es bueno distinguir dos campos que tiene su actividad empresarial. Por un lado, queda todavía un grupo empresarial que podríamos denominar como “_criollo_”, que tienen un pequeño grupo de unidades automotoras y que, en no pocos casos, son formas de negocio familiar; y, por otro, se vienen perfilando grandes conglomerados autobuseros, con fuertes tendencias monopólicas u oligopólicas con influencia extranjera y que tienden hacia una acaparamiento total del mercado del transporte por autobús, dejando por fuera del mismo a aquellas empresas del primer grupo que hemos mencionado.

Este segundo grupo, el de los “_grandotes_”, ha logrado acumular un fuerte poderío que ha llegado ya a la esfera de la política electoral, brindando enormes aportes financieros a los diferentes partidos buscando garantizarse la salvaguarda de su negocio autobusero en las mejores condiciones.

Con alguna información en nuestro poder, el anuncio de que Aresep ha de autorizar ese fuerte incremento de la tarifa de autobús en un 13%, por la modalidad en que se impondrá, expresa el desarrollo de una poderosa influencia empresarial autobusera que es imposible pensar que no provenga desde los grandes grupos corporativos que vienen avanzando en el control total del transporte público modalidad autobús.

Cuando se indica que uno de los parámetros, sino el principal, para el incremento de 13% en la tarifa de autobús, resulta de una comparación de precios de varios insumos que ocupa la actividad, entre lo que costaban en el año 2009 y lo que valían en el año 2011, notamos una desproporción abusiva en la cuantificación de lo que debería ser la nueva tarifa en este año 2012; dejándose en total estado de indefensión a los miles y miles de personas trabajadoras usuarias de los servicios de autobús.

Es más, solamente por esta circunstancia, la sospecha de un “_compadre hablado_” en esta situación, surge con fuerza ante un escenario de creciente desconfianza ciudadana en la institucionalidad que le gobierna.

Muchas cosas deberían considerarse a la hora de que se autorizara un incremento en la tarifa de los buses, en cualquier circunstancia que fuera, tanto ordinaria como “_extraordinaria_”. Por ejemplo, se debería divulgar si tal empresa ha pagado, puntualmente, su impuesto sobre la renta, por un lado; y, por otro, si está al día en sus obligaciones patronales para con la Seguridad Social (CCSS). Además, la constatación de que los choferes de los buses y otros trabajadores de estas empresas, tienen garantizado el pleno respeto a sus derechos laborales, debería ser elemento esencial a la hora de pedir un incremento en la tarifa, haciendo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), emitiera una certificación al respecto.

En este sentido, somos testigos directos de la represión y la persecución que en muchas empresas sufren los choferes de autobús cuando se afilian a un sindicato, promueven uno ó se vuelven dirigentes sindicales. Tenemos casos directos en nuestras manos por razones de nuestro trabajo cotidiano, no solamente de este tipo de despido antisindical, sino de que el chofer “_sindicalista_” queda condenado a una especie de muerte civil, pues su nombre es pasado a otras empresas y cuando se presenta en éstas buscando un nuevo empleo en la misma actividad, le dicen que no le contratan.

No es posible que en la democrática Costa Rica estas situaciones se den. Como no es posible aceptar que la población usuaria de los servicios de transporte público modalidad autobús quede, prácticamente, en total estado de indefensión ante este fuerte incremento tarifario; y que, más grave todavía, haya líneas de autobús que con este ajuste podrían incrementar sus ingresos mensuales entre 20 y 40 millones de colones, con este “_compadre hablado_” que pareciera existir para que tengan ese aumento del 13% en el pasaje de autobús.

En una perspectiva de promoción del bien común, de la integración y de la movilidad sociales, los empresarios autobuseros con seria responsabilidad social corporativa deberían buscar acuerdos con las organizaciones sindicales de sus trabajadores choferes (si en verdad quisieran que éstas tuvieran existencia plena a la luz del Estado de Derecho que todavía sigue vigente en el país); acuerdos que compartidos con la población usuaria respectiva, podría hacer que emergieran escenarios de un “_ganar-ganar_” en beneficio de una justicia social de enorme urgencia en este país. Con esta aspiración seguramente nos ganaremos la “_cajita blanca_” del mes. Por el contrario, una actitud abusiva y poco transparente, contraria al sentir de la gente pareciera imponerse con este aumento del 13% en los pasajes de autobús. Intentaremos volver sobre el tema la semana próxima.

Recientemente, con estupor e indignación, enojo e impotencia, leímos en el periódico La Nación (medio de comunicación pretendiente de ser el abanderado, por excelencia, de la “_libre_” empresa), la noticia titulada “_16 grandes empresas tienen tres años de no pagar tributo de renta_”.

Lamentablemente, no pudo la información indicada dar los nombres de las firmas evasoras, pues la ley tributaria vigente “_no lo permite_”. Los grandes ladrones de impuestos se benefician de la “_confidencialidad_” del sistema; quien roba gallinas o comida para alimentarse y combatir su hambre, o un celular, ¡no!; no tiene esa “_confidencialidad_”.

Nos llamó la atención que tal noticia, por su dimensión en los momentos actuales, al estarse debatiendo en la Asamblea Legislativa el plan fiscal-paquete de impuestos, fuese dada a conocer precisamente para alimentar los argumentos de quienes, como este columnista, venimos sosteniendo que en este país no hay necesidad de más impuestos; sino que hay que cobrar bien los que ya existen y sancionar fuertemente (con cárcel incluida), su robo.

Ahora bien, si hubiera necesidad de nuevos impuestos, éstos deberían ir por el lado de las grandes fortunas, los abultados capitales, las astronómicas rentas.

Así, por ejemplo, el paquete fiscal que parece que, finalmente, se le hará realidad a la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, así como al destacado político don Otón Solís Fallas; debió incluir, únicamente, conceptos claves de carácter tributario-progresivo, pero que realmente funcionaran como debe ser, tales como renta mundial, renta global e impuestos a las transacciones financiero-bancarias; sin mezclarse con el impuesto al valor agregado (IVA), el cual, como sabemos, es profundamente regresivo.

Al analizar la magnitud del robo de impuestos que hicieron esas 16 grandes empresas, que tienen tres años de no pagar el impuesto sobre la renta, pese a la enormidad de sus ingresos brutos, sencillamente uno asume que más impuestos es más robo de impuestos por parte de los grandotes evasores.

Éstos suelen tener a su disposición los servicios profesionales de especialistas en Derecho Tributario, los cuales les enseñan cómo evadir, cómo burlar a la administración tributaria, cómo pagar menos (si es que quieren pagar algo), cómo llevar dos juegos de contabilidad, etc.; en fin, cómo robar impuestos en la más absoluta impunidad y sin “_salirse_” de la legalidad.

Fíjese usted que la indicada noticia nos habla de que esas 16 grandes empresas, durante tres años continuos tuvieron ingresos por, nada más y nada menos, la gigantesca cantidad de 420 mil millones de colones. Ponga cuidado de cuánta plata es de la que se está hablando.

Doña Laura y don Otón se vienen “_matando_”, políticamente hablando, por ese plan fiscal a punto de aprobarse en el parlamento, el cual sólo dejaría en las arcas públicas unos 300 mil millones de colones producto de los nuevos impuestos y asumiendo que no se robarán nada de los mismos, lo cual es difícil que no pase.

300 mil millones equivalen a un 1.5 % del PIB (Producto Interno Bruto); mientras que esos 420 mil millones de ingresos de esas “pobrecitas” 16 empresas que no tributaron nada, por concepto de renta, en tres años, representan 2.1 % del PIB.

¿No le parece a usted, en consecuencia, que ya es hora de que tomemos plena conciencia acerca de la barbaridad que representa el robo de impuestos en el país?…

Esa clase de ladrones de impuestos, por más “_respetables_” nombres empresariales que tengan, deberían identificarse plenamente ante la sociedad. Robar impuestos es un crimen contra toda la sociedad y la ley debe facilitar que se sepa el nombre físico y jurídico de estos delincuentes fiscales de alto cuello blanco. En segundo lugar, debería enjuiciárseles y que vayan a dar con sus huesos a la cárcel, en función de la naturaleza perversa que es delinquir contra toda la sociedad. Con más razón, si se trata de firmas trasnacionales, pues dentro del “_ranking_” de la evasión tributaria, algunas de esas 16 grandes empresas ladronas de impuestos deben tener “_lugares de hono_r”.

Ante el emplazamiento que se le hizo al Director de Tributación por esta clase de gánsteres fiscales, solamente atinó a decir que “_es evidente que el sistema debe ser revisado, no sólo potenciando a la Administración Tributaria, sino cambiando las leyes sustantivas de impuestos_”. ¡Impactante! El citado jerarca descubrió el “_agua tibia_”.

Pero, además, admitió que esa administración está debilitada (qué oportuno, ¡no!), pues no se le han repuesto 18 plazas de auditores fiscales de gente que se pensionó o trasladó. ¿Cómo no va ser el robo de impuestos en Costa Rica un asunto de gigantesca e impactante magnitud, si el propio Ministerio de Hacienda es, prácticamente, un cómplice por tener debilitada a su Administración Tributaria? ¿Qué estará pasando en otros campos estratégicos de la misma si en el de la auditoría fiscal no se han “_repuesto_” 18 plazas?

La contundencia de nuestra terca prédica acerca de que el país ocupa una Transformación Tributaria Estructural, una “_Revolución Tributaria_” (como nos gusta llamarla), es más que evidente: 16 grandes empresas que durante tres años consecutivos tuvieron ingresos por 420 mil millones de colones y no pagaron ni un cinco de renta, nos dan la razón. Vamos por el camino correcto. Pero tenemos que ser miles y miles, en la calle y en movilización constante, para “_darle vuelta a la tortilla_” en esto del robo de impuestos con ropaje legal ó sin él; para detener este crimen en contra de toda la sociedad.

…la más importante entre las importantes entidades del Estado solidario que nos fuera heredado por las generaciones anteriores. La Caja es la vida para quienes dependemos de ella para nuestra buena salud.

Nosotros somos del criterio de que la Caja ha venido siendo atacada desde adentro y desde afuera. Poderos intereses corporativos, de diversa índole, han venido conspirando, de diferentes maneras y a lo largo de los últimos años, en contra de su estabilidad financiera; creándose, además, una pérfida red de negocios privados de salud partiendo de la propia institucionalidad de la Caja.

Uno se impresiona cuando en el centro de la capital vemos crecer lo que se siente como un poderoso consorcio hospitalario privado en desarrollo; y no deja uno de pensar que gran parte del financiamiento para el mismo pudo haber salido de las arcas de la Caja, a través del tráfico de influencias, la compra de servicios, la contraposición horaria médica y otros.

Dentro de los gravísimos problemas que en nuestro criterio están conduciendo a la Caja hacia su quiebra, está la acumulación gigantesca de las deudas que con ella tienen tanto el sector privado como el propio Estado.

Ahora resulta que en este último caso, el arreglo de pago que se hizo en el Gobierno anterior que encabezó el señor Oscar Arias Sánchez, no contempló el pago de intereses por la deuda estatal para con la CCSS; es decir, solamente se le obligó al Gobierno a pagar el principal de la deuda, perdonándosele que no pagara los intereses acumulados por la misma, cantidad que no es nada despreciable a juzgar por el monto de esa deuda, ya de por sí polémico y de dudosa credibilidad pues se dice que es mucho más alto.

Aun así, en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, su Ministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga Chaves y el entonces Presidente Ejecutivo de la Caja, don Eduardo Doryan Garrón, llegaron a este acuerdo, en octubre de 2007.

Primero: Que la deuda del Gobierno con la Caja quedaba en un monto de 123 mil millones de colones (casi un 1.5 % del Producto Interno Bruto). Se trata de una cantidad astronómica, gigantesca pero que algunos entendidos y con buena base argumental, sostienen que es mucho mayor.

Segundo: Que por esa deuda de 123 mil millones, no se le cobraría al Gobierno interés alguno. Se le perdonaría el “_atraso_”. (¿Se procederá así con los patronos privados, especialmente los de la pequeña y mediana empresa? Por supuesto que no).

Tercero: Esa deuda (de monto cuestionable y con perdón de pago de intereses incluido), se pagará con bonos (papeles), y no con dinero contante y sonante (el “_no hay plata_” se utilizó ya desde ese momento).

Cuarto: La Caja fracasó, a finales del año pasado, en su intento por colocar en el mercado financiero parte de esos bonos (papeles) con que el Gobierno le pretende pagar la deuda que tiene con ella. La Caja se dio “_contra un muro_” y no pudo colocar esos papeles lo que la obligó a endeudarse, ¡por primera vez en su historia!, para funcionar en lo mínimo. Pidió un préstamo de 35 mil millones de colones a los bancos Nacional y de Costa Rica, pagando intereses mensuales por el orden de los 612 millones de colones. Más préstamos vienen en camino si los que pueden no le compran esos bonos.

Los señores Arias, Zúñiga y Doryan deben explicar, ampliamente, su proceder en tal sentido; es decir, la condonación del pago de intereses de la deuda del Gobierno con la Caja, lo cual, repetimos, no se hace con los patronos morosos con ella.

La situación es de extrema gravedad según nuestro criterio. Si a uno de los mayores (si no el mayor) deudores con la Caja se le perdona el pago de intereses por esa gigantesca deuda; deuda que además se paga con papeles (bonos), que no se pueden colocar bien en el mercado financiero para que la institución tenga dinero contante y sonante y que por tal razón, la obliga a endeudarse para su funcionamiento mínimo; entonces, nos preguntamos: ¿no es acaso que ya empezamos a transitar la ruta de la irreversible quiebra de la Caja?

Porque, “_a quien no quiere caldo, dos tazas_”. Si bien es cierto la actual Constitución Política de Costa Rica dice en su artículo 177 que si Caja tuviera déficit, el Estado deberá acudir en su ayuda, inyectándole vía Presupuesto Nacional los recursos que le hagan falta; ¿de dónde saldrá la plata para esto si el propio Estado está con un gigantesco déficit que ya lo tiene en este momento, a él mismo, pidiendo prestado pagar los salarios de los maestros, de los policías y de los otros funcionarios públicos del poder central de la Administración Pública?

Es aquí donde, necesariamente, tenemos que hablar de la imprescindible Trasformación Tributaria Estructural que el país necesita. A riesgo de que nos “_abucheen_” por nuestra insistencia en ello, seguiremos con esta terquedad ansiosa porque no queremos hacernos cómplices de que, por un lado, una persona empleada pública se quede sin trabajo porque “_no hay plata_” (déficit fiscal) para seguirle pagando su salario; y, por otro, que esa persona tuviera un serio quebranto de salud, con riesgo de su propia vida, y que no pudiera recibir atención médica oportuna porque la Caja está en quiebra o va hacia ella. No señores. De ello no queremos hacernos cómplice teniendo la oportunidad de alertarlo y denunciarlo con toda la fuerza que podamos.

Hemos venido analizando el desarrollo de los acontecimientos político-sociales que se están dando en el país en las últimas semanas, en cuanto al tema del paquete de impuestos y de lo que en el Gobierno de la República denominan como déficit fiscal.

Estamos observando una cierta estratagema montada desde algunos medios de comunicación colectiva (que no son los de Grupo Extra, por supuesto), tanto de prensa escrita, como radiada y televisiva; los cuales pretenden el desarrollo de una matriz de opinión pública para que ante la sociedad, los problemas del Gobierno en cuanto a que “_no tiene plata_”, se interprete que se deben a los salarios que devengan las personas trabajadoras asalariadas del sector Público; poniendo bajo ataque mediático las condiciones salariales que a lo largo de los años se han venido dando a quienes laboran para el Estado costarricense.

Es más, esta perversa conjura neoliberal trata de poner a los empleados públicos como “_enemigos_” de la sociedad, como una pandilla que saquea las arcas públicas, como (repetimos), los culpables del déficit fiscal.

Por tanto, según esa gente se debe desarrollar una “_cruzada cívica_” contra los empleados públicos, desde las ondas de radio que pretenden el monopolio de la opinión pública, desde las páginas de periódicos enfocadas hacia el mundo de los negocios y de la acumulación de la riqueza, desde algunos medios de prensa televisivos enemigos jurados de los sindicatos.

La ofensiva de los sectores de la hegemonía política dominante en contra del sector Público y, específicamente, en contra de los sistemas salariales que rigen para quienes laboran en él, pretende que la ciudadanía asuma como ciertas estas falacias. Primero: La gente asalariada que labora para el Gobierno, gana el doble de lo que se gana en el sector Privado, en actividades relativamente similares. Segundo: Las personas empleados públicas públicos están llenos de privilegios, prebendas, gollerías y demás “_plagas_” contra la estabilidad de las finanzas públicas. Tercero: Los empleados públicos son los culpables del déficit fiscal. Cuarto: Debemos aprobar leyes, como la de “_empleo público_” para acabar con esos regímenes salariales de “_privilegio_” (pluses). Quinto: Los salarios del sector Público deben ser iguales a los que se pagan en la empresa privada. Sexto: Los sindicatos del sector Público son un obstáculo y, por tanto, sería mejor que no existieran como suele suceder en el sector Privado.

La campaña en desarrollo contra los empleados públicos se expresa en titulares de prensa como los siguientes: “_Estado aspiradora-Menos inversión y empleo serían consecuencias de glotonería-Para pagar salarios, gobierno cada vez chupa más dinero_”; “_Salarios públicos superan a los privados-Privilegios para pocos, costo de muchos-Una secretaria del sector público gana hasta 600 mil más al año, que otra en el privado_”; _“Más del 50% de funcionarios públicos reciben otros pluses-Decreto para subir ¢5.000 en sueldos no frena alzas mayores-Empleados llegan a duplicar ingresos por antigüedad y carrera profesional-Entes desconocen cuánto le cuesta al Estado pagar todos estos beneficios_”; etc.

Pensamos que la estrategia es clara. Se pretende que la gente agarre de tiro al blanco a los empleados públicos, “_llenos de privilegios_”, para que no se repare en el verdadero lugar donde se generan los graves problemas de las finanzas gubernamentales: el robo de impuestos, bajo sus múltiples formas, legales e ilegales (evasión, elusión, exenciones, exoneraciones y similares). Es aquí donde está la verdadera fuente de la crisis fiscal en desarrollo que puede llevar al Estado costarricense a la quiebra.

¿Creen ustedes que doña María Mora Ruiz, trabajadora de los CEN-CINAI, tiene un salario de privilegio?; ¿qué un “_privilegiado_” es don Pedro Artavia Castro, quien pasa ocho horas continuas en un fortín carcelario, sin posibilidad alguna de hacer una necesidad fisiológica durante ese período de tiempo porque no hay quien lo sustituya para que vaya al baño?; ¿que don Mario Cruz Cervantes, oficial de la Fuerza Pública de apenas 300 mil mensuales de salario, arriesgando su vida patrullando una zona marginal, es un “_privilegiado_”?; ¿que la niña Sofía Pérez Castro, maestra unidocente de un pueblito lejano del centro de Acosta, tiene demasiados pluses salariales como para ser ella culpable del déficit fiscal?; ¿qué la licenciada Ana Teresa Martínez González, trabajadora social del Gobierno, quien debe visitar las barriadas más pobres para hacer un estudio de campo sobre niñez abandonada, sobre mujeres solas víctimas de agresión sexual, sobre familiares de un privado de libertad próximo a salir de la cárcel; es ella una persona que tiene un salario abusivo porque gana un millón de pesos luego de muchos años de estudio y de experiencia?; o que un asistente de pacientes de la Caja, como don Ronald Cubero Solano, quien asea el cuerpo, todos los días, de un enfermo grave o en fase terminal, tiene un salario de “_lujo_”?; ¿o que un trabajador de AyA, como Jesús Muñoz Álvarez, enviado a entregar recibos de agua a una barriada de alta criminalidad donde arriesga su propia vida, gana “_abusivamente_”?; ¿o que un chofer de un jerarca, don Diego Murillo Rojas, quien debe esperar a que el mismo termine su fiesta para llevarlo a la casa, gana el doble de lo que se gana en el sector Privado?; ¿o que un trabajador municipal, como Esteban Salazar Alvarado, inhalando todos los días los lixiviados de los desechos sólidos, merece que le quiten las anualidades de catorce años de servicio?; ¿o que a un profesional o técnico del ICE (el caso de Asdrúbal Matarrita Salgado), hoy apetecido por la competencia, se le tenga que bajarle el salario para arreglar un problema fiscal que él no generó?… Si quieren podemos seguir dando ejemplos de ejemplos.

¡No! Señores del capital. Así no es la cosa. La grave crisis fiscal de las finanzas públicas tiene otras causales. “_La procesión va por otro lado_”. Ejemplos sobran. Veamos, ¿declararán renta salarial real, como sí lo hacen los empleados públicos, ciertas personalidades notables de los latifundios mediáticos que hoy se lanzan contra quienes laboran para el sector Público?; ¿por qué no hablan de que es necesario de que, al menos parcialmente, se levante el secreto bancario, para efectos tributarios, cuando se supone robo de impuestos?; ¿por qué no apoyan un impuesto transitorio al patrimonio, por una única vez, para allegarle recursos frescos al Estado?; ¿por qué no se le van encima a las consultorías que se montan a cuenta de los fondos públicos, por el orden de los 500 millones de dólares al año, cuando hay suficiente personal capacitado en el Estado para hacer lo que hacen esos “_consultores_”?

Por supuesto que no ocultaremos una serie de problemas que afectan la eficiencia, la eficacia, la calidad y la oportunidad de los servicios públicos. ¡Claro que existen! Pero no estamos de acuerdo en que “_el hilo se reviente por lo más delgado_” y que sean “_los de abajo_” quienes paguen los platos rotos del “_tortón_” fiscal que “_los de arriba_” han venido generado a lo largo de los últimos gobiernos que, de un modo u otro, han sido hegemonizados por el pensamiento neoliberal. ¡Avisados quedamos!

La gente trabajadora asalariada del sector Público, así como sus familias, están ya en el “_ojo del huracán_”. El más reciente decretazo salarial de los 5 mil pesos, valedero para el primer semestre de este año 2012, es una señal clarísima de que la crisis fiscal en desarrollo, si no lo impedimos, hará víctimas inocentes de la misma a miles de personas que dependen para su sustento del empleo público, pese a no tener culpa alguna al respecto de esa crisis.

Hemos venido insistiendo y lo hemos de reiterar en toda oportunidad que podamos, que si no se produce en el país una Transformación Tributaria Estructural, la Revolución Tributaria de la que hablamos, podríamos llegar a la dramática y catastrófica situación de Grecia en el mediano plazo.

Gracias al esfuerzo de los 30 mil manifestantes que marcharon hasta la Casa Presidencial, el pasado miércoles 15 de febrero de 2012, la propia Presidenta de la República se vio obligada a atender a la delegación dirigente de las principales agrupaciones sindicales y gremiales que representan a las casi 200 mil personas asalariadas que laboran para la Administración Pública costarricense; entidades laborales que presentaron sus demandas a favor de la preservación del empleo público, contra el deterioro salarial y por darle una oportunidad al diálogo con negociación efectiva.

En la tarde-noche del pasado lunes 20 de febrero, con la presencia directa de la primera mandataria, la ministra de Trabajo y los ministros de la Presidencia, de Hacienda, de Educación y de Comunicación, se elaboró un acuerdo preliminar en esta materia de empleo y salarios en el sector Público.

Pese a que el Gobierno insiste en mantener el decretazo salarial de los 5 mil pesos, se reabrirá la discusión de la cuestión salarial, de manera inmediata, en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), para restaurar la vigencia del acuerdo salarial Gobierno-sindicatos del 2007 ó con base en una nueva fórmula que tenga el mismo espíritu, con elementos de cálculo de inflación vencida-inflación adelantada; de manera tal que se tenga en cuenta el reconocimiento de la inflación vencida del semestre anterior a la fijación, con elementos de cálculo para reconocer inflación adelantada del semestre posterior a la fijación.

Pese a que el Gobierno insiste en mantener el decretazo salarial de los 5 mil pesos, acepta discutir con los sindicatos el perverso contenido del decreto ejecutivo que le dio a la Autoridad Presupuestaria (AP), la rectoría en materia de empleo público y salarios, con lo cual se redujo al mínimo el papel de la Dirección General de Servicio Civil. Con ese decreto, la AP se convertiría en un especie de “_Ministerio de Reforma del Estado_” con potestades excesivas y abusivas que, estratégicamente, persiguen la reducción de la planilla pública y el peso de la masa salarial en las finanzas del Estado.

Ahora será otra historia con los sindicatos insertos en esta discusión. Se trata de darle el valor legítimo que requiere la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), en materia de empleo público y en materia de fijaciones salariales. La AP no puede tener la hegemonía en ello. Es la CNSSP que sí cuenta con representación sindical calificada. En la AP no hay voz laboral alguna.

Pese a que el Gobierno insiste en mantener el decretazo salarial de los 5 mil pesos, acepta dialogar con los sindicatos sobre su proyecto de “_Empleo Público_” (“_Salario Único_”), desistiendo de enviarlo a tramitación legislativa durante todo el tiempo que dure su análisis en la comisión que integrará con las representaciones laborales.

Recordemos que una de las pretensiones más acariciadas de los neoliberales, es el concepto de “_Salario Único_” en la Administración Pública para eliminar toda clase de pluses salariales como la dedicación exclusiva, la prohibición, la carrera profesional, las anualidades, los quinquenios, los riesgos y otros. El “_Salario Único_” sería uno de los componentes esenciales de una ley de “_Empleo Público_”.

Ahora bien, será hasta el próximo lunes 5 de marzo cuando el Gobierno y los sindicatos se sienten de nuevo, en la Casa Presidencial, a firmar el acuerdo indicado; eso sí, siempre y cuando las bases laborales de las respectivas agrupaciones gremiales y sindicales del sector le den su aval a este acuerdo en borrador.

Sí hay acuerdo, pasaremos a una segunda ronda de análisis de temas como el fiscal-tributario y el de la Caja (Seguridad Social). Desde nuestra perspectiva, modesta y respetuosa, las mayores fuerzas posibles que podamos acumular y desplegar deben tener una perspectiva estratégica: Si no se cambia la naturaleza perversamente regresiva del sistema tributario costarricense, habrá congelamiento salarial en el sector Público, muchos empleos se perderán, será más profunda la condición de deterioro de muchos de sus servicios, se impondrán el congelamiento y la rebaja salariales (con el “_salario único_” de por medio), quebrará la Caja y hasta la venta de activos podría incluirse en eventuales préstamos con entidades financieras transnacionales para arreglar el “_déficit fiscal_”.

Atendiendo el llamado de las más diversas agrupaciones gremiales, profesionales, laborales y sindicales representativas de los intereses económico-sociales de quienes trabajan para el sector Público en condición asalariada; gran cantidad de empleados públicos y de empleadas públicas se manifestarán en la calle, hoy, miércoles 15 de febrero.

Protestarán por la imposición gubernamental de un “_reajuste_” salarial de 5 mil colones, en lo que constituye el cuarto “_decretazo_” salarial en la administración de la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda. “_No hay plata_” para más aumento, fue su argumento central y único.

Tenemos la certeza de que la protesta será exitosa, pues también a lo largo y a lo ancho del país habrá manifestaciones en la misma dirección. Pero… y después de hoy, ¿qué sigue? Sentimos una gran preocupación al respecto.

Con humildad planteamos que el problema de los “_decretazos_” salariales es más profundo. Por eso deberíamos ahondar en las causas del “_no hay plata_”, del déficit fiscal como le llaman en la tecnocracia neoliberal.

¿Cuán profundo es?; ¿con cuánto déficit puede vivir una economía como la nuestra?; ¿nos estarán mintiendo, exagerando, aterrorizando en esta cuestión?, ¿qué proponer desde el lado de la acera que no es el neoliberal, es decir, el nuestro?; ¿a cuál situación nos enfrentaremos en julio próximo, si el “_no hay plata_” sigue siendo la excusa fundamental de parte del Gobierno para congelar y/o reducir salarios, para implantar el “_salario único_”?… He aquí una cuestión trascendental para abordar el punto desde una perspectiva sindical-popular.

¿Y lo que pasa con los salarios del sector Privado? Su clase trabajadora está, prácticamente, en total indefensión al respecto por cuanto muchos patronos escamotean aplicar el escuálido incremento en los salarios mínimos, alegando que a su respectivo personal se le paga por encima de los mismos. ¿Es que acaso no es éste otro tema del “_qué sigue_”?

¡Ah! y el problema de las personas físicas, trabajadoras asalariadas altamente endeudadas, con serios problemas de liquidez salarial al final de la quincena. ¿Es que acaso no deberíamos pensar en una solución social como un fondo solidario para ayudar a bajar esos altísimos niveles de endeudamiento personal-salarial?

¿Será que la política salarial del país debe ya ser otra, más inclinada hacia el incremento del poder de compra, del poder adquisitivo del salario, con otra medición de las variaciones del costo de la vida?

La Caja, nuestra querida Caja. ¡Pidiendo prestado para funcionar! ¿Cuánto se ha expandido la medicina privada a su sombra, producto de administraciones inescrupulosas que han facilitado el negocio privado de la salud con plata de la CCSS?

Ahora, que la Caja está con un cuarto lleno de papeles (bonos) que no puede colocar en el mercado financiero, ¿acaso no es un punto fundamental del “_qué sigue_”, para incluirlo en nuestra agenda de lucha como un tema fundamental?

El tema de la Seguridad Ciudadana que tanto nos preocupa. ¿Vamos a seguir teniendo una policía mal pagada, en instalaciones precarias, arriesgando sus vidas por salarios de hambre, en la Fuerza Pública, en la Policía Penitenciaria, en la Policía de Migración, en la Policía de Tránsito, en los servicios de vigilancia de los centros educativo -escuelas y colegios, en las labores de cuido y seguridad de los parques nacionales? ¿Es éste o no un tema de preocupación social que nos atañe directamente?

¿Y sobre nuestra niñez desprotegida, cada vez más sumida en entornos de pobreza, de estrechez económica; la infancia a cargo de mujeres trabajadoras, madres solas jefas de hogar? ¿Por qué no fortalecemos, estratégicamente hablando, los CEN-CINAI, por ejemplo pagándole como profesionales a quienes ya lo son y laboran en ellos con salarios injustos?

¿Y qué decir del tema del crecimiento del mercado informal, el problema de las personas vendedoras ambulantes honestas; el problema de quienes no encuentran empleo, por ejemplo la gente joven o la gente adulta que luego de cumplir 35 o más años, el mercado las considera como “_desecho_”? ¿Verdad que es un tema de una agenda social integral?

¿Y el tema de la superexplotación laboral y la persecución sindical en las plantaciones agrícolas de banano y de piña, no merece que lo consideremos como parte de nuestras preocupaciones unitarias como pueblo trabajador? ¿Y qué decir de la situación laboral de los choferes de autobús; de los traileros nacionales unitarios amenazados con quedarse fuera del mercado del transporte de mercaderías producto de la competencia desleal centroamericana? ¿Es un tema o no de exclusión y desigualdad social?

Y los problemas del deterioro ambiental y ecológico, de la doble moral del país en tal sentido; de los desafíos laborales y sociales ante la defensa de las fuentes de agua, el cambio climático y la preservación de la vida misma en el planeta, ante la vorágine consumista y depredadora… ¿No merece ello nuestra atención?

¿Y cómo es eso de que nos van a meter, atropelladamente, otro período más del monopolio de la revisión técnica vehicular? ¿No que estamos en tiempos de “_apertura_” y “_competencia_”? Podemos luchar por micro emprendimientos empresariales en esta actividad a cargo de la juventud egresada de los colegios vocaciones, por ejemplo, ¿o no?

Como ven, son preocupaciones susceptibles de ser debatidas en un espacio de construcción social de nuevo tipo, de cara a los desafíos que nos toca asumir a quienes, de un modo u otro, anhelamos que nuestra querida Patria retome la senda del bien común y de la integración e inclusión sociales; bajo la noble inspiración de que “_otra Costa Rica es posible_”. Por todo esto y más, vale la pena salir a la calle como hoy y muchas veces más.