Categoría: Opinión

Ha sido nada más y nada menos que el mismísimo Banco Mundial (BM), muy detestado, por cierto, en muchos de los pueblos de la Tierra y entidad global que ha co-abanderado (junto con el no menos odiado Fondo Monetario Internacional FMI), la imposición del criminal modelo neoliberal en una gran cantidad de países del planeta; el que ha indicado, lapidariamente que ¡Costa Rica es el país donde más creció la desigualdad por hogar y por salario en América Latina!

Esta cruda realidad que representa miseria, dolor, sacrificio, exclusión social, restricción y violencia económicas; ha sido constatada en el reporte del BM, “Perspectivas 2012: Empleo”, que analiza estos procesos de desigualdad, pobreza y concentración de riqueza durante el lapso comprendido entre los años 2000 y 2010.

Para quienes en los movimientos sindicales y sociales hemos planteado que el principal problema nacional es la velocidad de la concentración de la riqueza y su contracara, el crecimiento de la desigualdad; lo que el BM indica es algo así como una reconocimiento a nuestras denuncias y luchas en tal sentido de todos estos años.

Es más, indirectamente, se puede colegir que muchos de los planteamientos que hemos venido formulando para atenuar, atajar, contener y hasta revertir ese perverso problema nacional No. 1 (la concentración de la riqueza, repetimos), llevan mucho de razón, de validez y son completamente actuales; si los analizamos a la luz del indicado reporte.

Según el mismo, en 12 de 15 países latinoamericanos, la desigualdad del ingreso por hogar, medida por el coeficiente de Gini, cayó en un promedio de 4%. Por el contrario, en Costa Rica, esa desigualdad, aumentó en igual porcentaje, es decir, un 4%.

Es decir que mientras esas 12 naciones de la América Latina se hicieron un 4% menos desiguales, Costa Rica se hizo un 4% más desigual. El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini.

Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual.

El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1; en donde 0 (cero), se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos); y donde el valor 1 (uno), se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

Aunque el coeficiente de Gini se utiliza sobre todo para medir la desigualdad en los ingresos, también puede utilizarse para medir la desigualdad en la riqueza.

Más sencillamente explicado, un país tiene mayor igualdad si su coeficiente de Gini se acerca a 0 (cero). Por el contrario, si se acerca más al 1 (uno), entonces tendrá mayor desigualdad.

Esta situación de que Costa Rica es ahora más desigual que hace una década, se relaciona con otro dato que se divulgó por estos días. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), reveló que en el último año, los ingresos de los trabajadores costarricenses se redujeron un 1.5%. Es decir, la gente asalariada se empobreció más y, por tanto, su empobrecimiento seguirá potenciando el crecimiento de la desigualdad en Costa Rica.

El desafío más grande de la Costa Rica de hoy, en consecuencia, es enfrentar el crecimiento de la desigualdad. Hemos venido afirmando que hay tres grandísimos y graves problemas nacionales que están acabando con nuestra convivencia democrática. Los citamos en orden arbitrario: 1) la corrupción pública y privada (con ropaje legal ó sin él); 2) la violencia en todas sus manifestaciones (contra las personas y contra sus posesiones materiales); y, 3) la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en el tejido social (en las esferas de “los de arriba” y en los segmentos empobrecidos de “los de abajo).

Pero los tres se nutren, precisamente, del crecimiento de la desigualdad derivado de la concentración de la riqueza y culpable ésta de la extensión de la pobreza y de las estrecheces económicas que viven, especialmente, los hogares de la clase trabajadora (tanto la que tiene empleo formal y salario fijo, como aquella que vive del mercado informal y del “cuentapropismo”).

Nada más claro para las ofertas político-electorales en desarrollo, a fin de que le digan a la gente cómo enfrentarían el crecimiento de la desigualdad a partir de febrero del 2014. La ciudadanía real, esa que se aleja cada vez más de la política partidista, de seguro ha de demandar respuestas claras y propuestas de política pública más precisas, si esas ofertas pretenden ganar su voto.

Si tuviéramos la “suerte” de que tengamos en el futuro inmediato un gobierno relativamente decente, medianamente progresista, con claras líneas de acción de recuperación de la senda del bien común que habíamos transitado como país hasta algunos años; lo que proponga en materia de enfrentar la desigualdad creciente, podría ser clave para determinar un resurgimiento de nuestro país como sociedad de inclusión, en contraposición a lo que ya venimos siendo: una sociedad de exclusión.

Por ahora es estratégico que esas ofertas electorales propongan, que nos digan, cuál es la clase de política salarial que impulsarán, especialmente en materia de Salarios Mínimos. Nosotros hemos propuesta otra política salarial distinta a la ahora dominante. Esa “otra” política salarial es fundamental (dentro de otras medidas), para atajar y atenuar ese crecimiento de la desigualdad que hoy, deshonrosamente, tiene a Costa Rica como el país latinoamericano donde la desigualdad crece más.

El mundillo politiquero de estos días se ve muy agitado. Las grandes mayorías del pueblo costarricense se muestran expectantes de la evolución de los acontecimientos en torno a las elecciones presidenciales venidera en nuestro país, misma que están señaladas para el mes de febrero de 2014.

Si las elecciones presidenciales fueran en estos momentos, al día de hoy, muchas personas piensan que este asunto no se decidiría como corresponde constitucionalmente; es decir, que más bien podría ser en la convención del partido oficialista, Liberación Nacional (PLN), señalada para abril del año entrante, 2013, cuándo podría quedar “sembrado” en la silla presidencial el que la gane.

En esta colectividad electorera, que no necesariamente es de orden político-partidario, sus ya conocidos precandidatos se mueven agitadamente, de manera abierta y/o de manera encubierta, a toda prisa, como inspirados en ese refrán popular que dice que “el que pestañea, pierde”.

Pareciera que todos ellos han tomado debida nota del “archipiélago” opositor, lleno de islas e islotes partidistas, cuasipartidistas, personalistas y, en algunos minúsculos casos, hasta “ideológicos”.

Todos “anti” pero ninguno “pro”. ¿_”Anti”_ qué? Pues antiliberacionistas. ¿Por qué ninguno “pro”? Pues ese “pro” debería ser a favor de una articulación político-social que pese a que ha demostrado su enorme potencial de alternativa a la hegemonía neoliberal dominante; no encuentra un sendero de confluencia para presentarle a la gente algo nuevo, distinto, rompedor del tejido político vigente que, a pesar de las roturas que muestra en muchos ámbitos, la tijera demoledora que sería un proyecto político de otro tipo, está desafilada, herrumbrada, atorada por los personalismos y por los protagonismos de todo tipo.

Esos personalismos y esos protagonismos como lo hemos venido indicando, con dolor y con frustración, generaron siete candidaturas antineoliberales de las nueve que, en total, se presentaron en las elecciones presidenciales del 2010.

Esas siete pudieron haber sido una y así, quizás, haber alcanzado, al menos, el Poder Ejecutivo con perspectiva progresista distinta a la del neoliberalismo excluyente y corrupto.

Si no se presentan grandes cambios en la conducta de quienes, electoralmente hablando, aspiran llevar a Costa Rica por otra ruta distinta a la neoliberal; la “alternativa” de una unidad electoral de “oposición” a Liberación Nacional, en estos momentos, parece tan imposible como la pretensión de sacarle una lágrima a una piedra.

A pesar de que hay grandes ámbitos de confluencia para una propuesta unitaria, el partido de Juan debe entender que debe juntarse con el de Pedro; que estos dos deben agruparse con el de María y que el de ella misma, al igual que el de Pedro y el de Juan, renuncien a aspiraciones y protagonismos personalistas a fin de que alguien (hombre o mujer), con la confianza general, encabece una papeleta distinta para las elecciones presidenciales del 2014.

Si se siguen dando las divisiones intrapartidos, las corrientes partidarias que se agarran del pelo en asambleas de “cuatro gatos”, las peleas personalistas serruchapisos entre quienes antes compartieron objetivos, los postulados relegados pese a que eran la base sólida de lo supuestamente “nuevo”; se facilitan las posibilidades de un nuevo gobierno del Partido Liberación Nacional (PLN).

Ahora bien, sabemos que hay cualquier cantidad de gente de bien y de grupos cívicos que, con esperanza alentadora, están trabajando durísimo para configurar una alternativa electoral bajo la concepción de que es más lo que une que lo que separa en el campo del civismo y de lo popular. Saludamos tales esfuerzos.

El PLN arrastra tal déficit político en la práctica de sus principios históricos que ya no pareciera tener posibilidades de redimirse y recuperar los legados de figuras egregias que le sustentaron en sus orígenes; como el mismo don Pepe o don Rodrigo Facio Brenes, citando solamente dos de esas personalidades conformantes de la otrora Costa Rica de las clases medidas.

La plata, el poder del dinero, el capital, ese que nunca apuesta a perder, tiene el panorama suficientemente claro.

Las multimillonarias cantidades que ya se gastan en propaganda en el seno de las precandidaturas liberacionistas (mismas que indican, con todo cinismo, que no tienen porqué revelar de qué lugar o personas viene tanto dinero); son un indicador clarísimo de que ese capital ya decidió cuál partido ganará las elecciones presidenciales del 2014, restándole solamente ponerle el rostro que se imprimirá en la boleta de votación.

En el caso del partido del oficialismo en el Gobierno, pese a que hemos escuchado algunas autocríticas de parte de ciertas de las mencionadas precandidaturas acerca de que el PLN debe “volver por sus fueros”; no creemos que ni aún la más “sensible” de ellas pueda romper con los vínculos de hormigón que unen, en esencia, hoy en día, la hegemonía dominante de ese partido con el capital neoliberal.

Por todo ello es que pensamos que desde el ámbito de la lucha social en la que militamos, en cualquier escenario electoral que se dé, la perspectiva estratégica es la construcción social desde abajo para que emerja un nuevo sujeto político.

En cualquiera de los dos casos (gobierno liberacionista o coalición progresista), la tarea cívica es la potenciación, nuevamente, de un poderoso bloque de resistencia cívica que, de una manera u otra, se prepare para un nuevo período gubernativo de signo neoliberal ó que diga no tenerlo.

Creemos que la esperanza en la construcción social “desde abajo” tiene grandes posibilidades desde la gran masa ciudadana que sí tiene una clara conciencia de Patria, de Nación.

Muchas de las respuestas que buscamos están en el pensamiento de los y de las costarricenses que antaño nutrieron lo que generó nuestra particular forma de ser y de organizarnos como sociedad, que tanto fama le dio a Costa Rica más allá de sus fronteras.

Por eso, entre otras tareas de los que quisiéramos aventurarnos en la construcción “desde abajo”, hacia el nuevo sujeto político que ocupamos, está en irnos al pensamiento de ilustres costarricenses como don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito, cuyo injusto fusilamiento, hace 152 años, hemos estado evocando por estos días.

En 1943, hace 69 años, se emitía en Costa Rica una de las leyes más trascendentales que jamás se habían dado en nuestro país hasta ese histórico momento; misma que sigue vigente hasta hoy, en pleno siglo XXI: hablamos del Código de Trabajo, que es la máxima ley laboral nacional.

En aquellos históricos años de los 40 del pasado siglo, el Código de Trabajo surgía a partir de una serie de circunstancias sociopolíticas que conjuntadas entre sí lograban que la clase trabajadora asalariada tuviera un cuerpo de normas jurídicas a su servicio, de forma tal que sus patronos o empleadores la tratase con dignidad a la hora en que éstos compraban la fuerza de trabajo que aquella les vendía.

Hoy, en el 2012, ha ocurrido la transformación más grande que ha sufrido nuestro Código de Trabajo desde que fuera emitido hace 69 años. El pasado jueves 13 de setiembre, en la Asamblea Legislativa, una lujosa mayoría multipartidista aprobaba, en segundo debate, la Reforma Procesal Laboral, también conocida como Código Procesal Laboral; que, repetimos, introduce profundas variaciones a la máxima ley laboral del país, de forma que se ha de llevar más justicia social y laboral a las relaciones obrero-patronales.

A 69 años de distancia de la promulgación original del Código de Trabajo, los actores protagónicos principales según la historiografía oficial, nos refieren a los ilustres costarricenses como el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Presidente de la República en aquel entonces; de monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, jefe (arzobispo) de la Iglesia Católica en ese momento; y del Lic. Manuel Mora Valverde, a la cabeza del Partido Comunista (Vanguardia Popular), cuando éste, en el esplendor de su existencia, ejercía enorme influencia en los sindicatos de la época. Por ende, las organizaciones obreras de esos años jugaron un gran papel para que tal legislación se diera.

Si el año 1943 y el Código de Trabajo están marcados, profundamente en la conciencia nacional; nosotros pensamos que el año 2012 y la Reforma Procesal Laboral (RPL), también dejarán profunda huella en el mundo de las relaciones de trabajo costarricenses.

Y al igual que hoy recordamos a personas y grupos gestores del Código de Trabajo original; también hemos de recordar personas y grupos gestores de esta Reforma Procesal Laboral; misma que para algunos (nosotros incluidos), ya puede empezar a hablarse del “segundo” Código de Trabajo.

Muchos años después de este 2012, las personas y grupos gestores de este “segundo” Código de Trabajo, van a ser recordados. Ahora que ya empiezan a darse las “alabanzas” por la aprobación parlamentaria de la Reforma Procesal Laboral, debe tenerse presente que la misma adquiere viabilidad política luego de un histórico acuerdo conjunto, bipartito, entre el gremio empresarial más representativo de Costa Rica, la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP); con varias de las entidades sindicales más serias y responsables del país, como la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de los Trabajadores Costarricenses (CMTC), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), la Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA); y, por supuesto, la ANEP, que es la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Sin este acuerdo bipartito, cámaras empresariales y sindicatos nacionales, la Reforma Procesal Laboral no hubiese obtenido los votos necesarios para convertirse en ley de la República.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estamos sumamente orgullosos de haber sido uno de los pilares en este proceso, rogándole a las personas que suelen hacernos el gran honor de leer esta columna, que nos perdonen la inmodestia; pero es que cuando se hable de personas fundamentales en procesos como éste, se deberá reconocer al especialista en Derecho Laboral, don Mauricio Castro Méndez, actual Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la ANEP; quien, con una paciencia franciscana y durante más de una década, realizó una persistente labor de producción intelectual, de articulación intersectorial y de incidencia política, que ya le ha ganado el respeto desde ambos lados de la acera del mundo de las relaciones de trabajo.

Si bien la RPL entrará a regir, completamente, hasta que pasen 18 meses de que sea publicada en el diario oficial “La Gaceta”, los procesos preparatarios ya han empezado a gestarse en varios de los ámbitos que tendrán que ver en tal sentido. Por ejemplo, en el campo de la Defensa Pública de lo que hablaremos la semana próxima.

Doña Laura Chinchilla Miranda, como Presidenta de la República, al firmar esta ley, darle el ejecútese del caso y enviándola para su publicación en “La Gaceta”, abrirá el sendero que la colocará en la historia nacional pues quedará registrado que fue en su gestión gubernativa en la que se promulgó una ley laboral de tanto calibre.

Además, la Reforma Procesal Laboral (RPL), le “limpia” la cara al país que la tenía muy sucia por sus reiterados incumplimientos de los compromisos asumidos ante la comunidad mundial y continental de naciones, en un ámbito tan sensible como el de los Derechos Humanos (DD.HH.). Efectivamente, con la RPL, Costa Rica avanza sensiblemente como Estado cumplidor de sus responsabilidades para con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entidad ésta adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y, a nivel continental, se honra la palabra ante la Organización de Estados Americanos (OEA), misma que si bien está muy desprestigiada y desacreditada, tiene unas regulaciones sumamente importantes en materia de Derechos Humanos que fundamentan el Derecho del Trabajo.

Evidentemente que hay mucho más que hablar de la Reforma Procesal Laboral. En sucesivas entregas, trataremos de comentar los aspectos más trascendentales de este “segundo” Código de Trabajo.

Recientemente un distinguido costarricense, quien ha estado por muchos años ligado a los movimientos sociales de nuestro país, nos visitó para conversar acerca de los actuales acontecimientos políticos que se vienen dando y de cara a lo que ha de ocurrir en las próximas elecciones generales (presidenciales y diputadiles), de febrero del 2014.

Al parecer, en estos momentos, diversos grupos ciudadanos se vienen reuniendo, unos por aquí y otros por allá, analizando cómo se presentaría ese escenario electoral y cuáles son las posibilidades que desde el campo popular y cívico, pudiese surgir alguna alternativa esperanzadora para los miles y miles de compatriotas que estamos asqueados de la sucia politiquería tradicional, especialmente la que vemos en desarrollo desde el campo neoliberal con varias banderías partidistas.

No sabemos con exactitud quién fue y en qué contexto se dio esta manifestación de que “lo malo de la política es que la gente buena no se mete en ella”.

Efectivamente, quienes tienen hoy en día “la sartén por el mango”, quienes detentan el poder real, el verdadero, en esta sociedad, se perpetúan de gobierno a gobierno y de administración en administración, precisamente porque cada vez más gente buena se aleja de la política, quedando ésta, por lo general y haciendo las honrosas excepciones de rigor, en manos de arribistas, oportunistas, pegabanderas, lametraseros y similares.

Sin embargo y desde los sectores sociales y cívicos, las responsabilidades por este estado de cosas no se pueden eludir. Desde este lado de la acera, que es la de la Patria, hace falta un profundo “mea culpa” (nosotros incluidos); precisamente porque nos ha faltado visión estratégica y real humildad para entender que la unidad de las fuerzas populares es una cuestión de enorme urgencia, ante la avalancha neoliberal que todo lo viene pudriendo, comprando, degenerando, corrompiendo, entregando y robando.

En lo personalísimo aún no nos reponemos, debemos confesarlo, del gran dolor que nos produjo el escenario electoral a nivel presidencial que se dio en las elecciones de febrero del 2010; cuando en la boleta de votación para la Presidencia de la República, de las nueve candidaturas planteadas, siete, de una forma u otra, procedían del campo cívico que se opuso al tratado de libre comercio con los Estados Unidos, mismo que, como sabemos, nos fuera impuesto con el “frauduréndum” del 7 de octubre de 2007.

Los mesianismos, los protagonismos personalistas, las vanidades, los oportunismos impidieron que para esas elecciones, el campo cívico y popular se presentara con una única candidatura presidencial; lo que habría significado un desafío al poder tradicional real, como ya lo había venido siendo la acumulación de resistencia al neoliberalismo que se había venido generando en el país, a partir de la caída del Muro de Berlín.

Las organizaciones sociales, sindicales, profesionales, gremiales, comunales, estudiantiles, académicas, cívicas, ecológicas, juveniles, femeninas, entre otras, habían venido apostando por la construcción de un camino distinto al que venía imponiendo el modelo neoliberal en Costa Rica, por medio del bipartidismo PLUSC; de forma tal que, pese a la imposición del TLC con EUA en ese “frauduréndum”, había quedado un imponente capital político tal y como se constató en la más grande manifestación de calle de la historia nacional, la del domingo 30 de setiembre de 2007, a una semana de esa votación y que por su magnitud fue invisibilizada y menospreciada por los latifundios mediáticos que todos conocemos.

Muchos abrigamos la esperanza de que, a pesar de lo que pasó ese 7 de octubre de 2007, el capital político de resistencia acumulado en casi 20 años, se transformara en una opción electoral desafiante del poder real neoliberal y que, por lo menos, tuviésemos un gobierno ni siquiera progresista, por lo menos, decente. Pero no fue así. Siete personalismos se impusieron y se dilapidó ese capital político de gran potencial para empezar a construir otra hegemonía.

Hoy, prácticamente, no tenemos nada. Los oligarcas de la hegemonía dominante ya tienen su candidato. Harán un remedo convencional y las buenas intenciones serán pisoteadas por el poder del capital. La “oposición” sigue carcomida por los personalismos protagónicos “salvacionistas” y de corto plazo. La creciente indignación popular por todo lo que ha venido pasando (trocha incluida con la “política del bikini” como valor agregado), parece no encontrar un cauce de articulación hacia una única vía de reconstrucción organizativa del campo de lo popular y de lo cívico, para enfrentar lo que se ve venir, que es la ofensiva final del capital neoliberal para apoderarse de lo poco y valioso que queda de la institucionalidad social heredada que se inspiró en el bien común.

Por eso es comprensible que no pocos costarricenses piensen que la salida no es por el campo electoral y que, por el contrario, estimen que se ocupa un “estado de excepción”, un “gobierno de facto”, para limpiar la podredumbre que carcome la democracia. Entre otros argumentos, hemos escuchado uno que nos dice que algunas de las democracias latinoamericanas del sur del continente presenciaron, primero, la caída de varios de sus gobernantes del momento, antes de que abriera el sendero para procesos de reconstrucción democrática con inclusión social. ¿Será necesario que Costa Rica viva algo semejante?… A lo mejor sí.

Pensamos que vale la pena apuntarse a un esfuerzo social integrador pese a todas las reservas que se puedan tener. Lo impresionante de todo esto es que “todo está inventado” en materia de propuesta alternativa para un gobierno decente. Mucho se ha investigado, estudiado, diagnosticado, escrito y propuesto para que Costa Rica recuperara su histórica senda de promoción del bien común en aras de la mayor equidad y movilidad sociales. ¡Cómo quisiera uno que todos esos grupos que andan por aquí y por allá, se juntaran y se promoviera algún frente electoral por un Gobierno Decente a favor de la Gente!

El próximo viernes 31 de agosto de 2012, se festeja lo que en el seno de lo que podríamos llamar la “cultura” política nacional, conocemos como el Día del Régimen Municipal; una ocasión destinada, según entendemos, para que la ciudadanía costarricense, particularmente el segmento de la misma que labora para las municipalidades del país, reflexionemos sobre la importancia del régimen municipal para la Democracia.

En la actualidad hay una importante cantidad de personas (dentro de las cuales está quien esto escribe), que piensan que Costa Rica está viviendo una especie de crisis política como desde hacía décadas no se manifestaba; crisis que, de seguro, tiene diversas explicaciones y manifestaciones.

Dentro de éstas, no hay duda alguna, es la cifra notable de personas ciudadanas que no votan, que no votarán, que no quieren saber nada de la política; que dicen que todos los políticos son corruptos. Y de seguir así las cosas, no es nada extraño que en pocos años presenciemos fenómenos políticos como el argentino de principios de este siglo, bajo el lema de “que se vayan todos”; o bien, gente común y pensante que, de un pronto a otro, decide que la salida es al margen del sistema formal institucionalmente establecido para las elecciones, procediendo a que haya una especie de “gobierno de facto” que, por un determinado período, gobierne “por decreto”, “arreglando” de una vez por todas, esta “carajada” (perdonen el término pero “carajada” es un modismo muy popular para designar un determinado estado de las cosas, una determinada situación).

Pareciera que donde más marcadamente se está presentando ese desencanto ciudadano con la política es a nivel del régimen municipal. En el 2010 se dio, por segunda vez, la elección directa para las diferentes alcaldías del país, notándose cifras de abstencionismo altísimas, de suerte que, prácticamente todos los alcaldes y todas las alcaldesas que hoy ejercen sus cargos, están en ellos por decisión de una pequeña cantidad de personas electoras de sus respectivos cantones; es decir, son contados con los dedos de la mano aquellos alcaldes que fueran electos con una votación superior al 20% del padrón electoral cantonal respectivo.

Un sistema democrático con vocación estratégica de trascender de lo meramente representativo hacia lo necesariamente participativo, ha de apostar hacia una transformación estructural del régimen municipal actual; buscando cómo se logra conseguir que las municipalidades sean, en verdad, la forma más cercana y efectiva de un gobierno volcado a la gente.

Somos enemigos de las generalizaciones que, por lo general, nos hacen incurrir en graves injusticias. En tal sentido, hay personas al frente de las alcaldías que realizan una notable labor pese a que, como en el prácticamente 100% de los casos, su legitimidad formal es una cosa y su legitimidad real es otra.

Desafortunadamente, hay una estructura mediática hegemónica en el país que hace que solamente lo “malo” sea noticia y lo “bueno” pase invisibilizado. Por ello resulta comprensible que en el inconsciente colectivo, en el imaginario popular, los alcaldes son “corruptos”, las municipalidades “no sirven para nada” y, por tanto, a nadie le interesa el destino de las mismas. Y, claro, con tanta “torta de alcaldía”, cómo esperar una percepción positiva de lo municipal.

Esto pareciera explicar, en parte, el por qué en la más reciente controversia pública sobre el impuesto territorial (impuesto a los bienes inmuebles), las municipalidades llevaron la peor parte si se trata de defensa pública de sus finalidades en este sentido.

Ahora bien, lo que sí llama la atención es que, en casi todos los casos de figuras de alcaldías inmersas en casos de corrupción, sus protagonistas pertenecen al Partido Liberación Nacional (PLN); constituyendo esta circunstancia un dato de extraordinario interés si vemos que este partido, pese a todos sus problemas, es el conglomerado electoral más grande del país en estos momentos.

Igualmente destaca la circunstancia de que hemos notado que en el plano de las relaciones obrero-patronales, son los alcaldes liberacionistas los que más muestran dificultades en su manejo; exhibiendo problemas para dialogar y sustituyendo el mecanismo de la negociación por el autoritarismo, el verticalismo, la prepotencia y hasta el despido de quien se atreva a “desafiarles” su orden.

Indudablemente que el PLN, al renegar y traicionar sus principios socialdemócratas originarios, ha creado las condiciones para que en no pocas de las alcaldías que controla, haya cada espécimen que “se para el sol a verlo”, a la hora de conducir los destinos de un municipio.

Menuda tarea histórica queda por delante para la ciudadanía pasiva, que es la mayoritaria en cada cantón, si las corrientes políticas dominantes se hacen con la suya y hacen avanzar la descentralización de las políticas públicas en nuevos ámbitos de control municipal, sin cambios profundos en su institucionalidad.

En el actual estado y orden de las cosas, el descrédito de no pocas municipalidades parece destinado a acentuarse. No sabemos quién exactamente lo dijo, qué pensador lo manifestó primero; pero en esto de los gobiernos locales (aplicable al ámbito nacional), parece ser sumamente válido eso de que “lo malo de la política es que la gente buena no se mete en ella”.

Felicitamos a quienes luchan en las municipalidades porque las cosas cambien a favor de la gente; especialmente a las personas trabajadoras asalariadas de los municipios de Costa Rica.

El pasado martes 14 de agosto se presentó en la comisión legislativa que está analizando todo lo sucedido en torno a la construcción, o intento de construcción, de la carretera fronteriza de la zona norte del país; dando él sus primeras explicaciones acerca de su papel en todo este vergonzoso asunto que nosotros hemos dado en llamar la “piñata regalona” de la troche norte.

“Prendió el ventilador” con sus declaraciones y _“pringó” _, indicando de manera contundente que todo lo concerniente a este asunto, no se decidía en Plaza Víquez (donde está ubicada la sede central del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, institución de la cual él era su máximo jerarca, Ministro de Estado); sino en Zapote, donde queda la Casa Presidencial.

(¿Se fue por decisión propia ó lo “sacaron” del país?). Fue contundente él en indicar, según lo consignó el periódico La Nación, en su edición del pasado miércoles 15 de agosto de 2012, de que lo de la trocha lo decidía una comisión digamos que “especial”, un grupo asesor, que incluía al hermano de la propia Presidenta de la República, don Adrián Chinchilla Miranda; al Segundo Vicepresidente de la República, don Luis Liberman Ginsburg; y al señora Carlos Espinach Phillips (en un escrito anterior nuestro, nos equivocamos con el segundo apellido de este señor, lo cual rectificamos ahora)… Y “ardió Troya”. El titular periodístico de ese medio correspondiente indicó que “_Exministro dice que grupo asesor de Chinchilla decidió sobre trocha”_… “Señala en equipo a Liberman, a hermano de la presidenta y a empresario del PLN”.

Nuestras fuentes indican que hubo una especie de “terremoto” político en Zapote por lo que se consideraron unas declaraciones explosivas que para muchas personas ciudadanas, en cuenta nosotros mismos, dejaban a las claras de que en lo de la trocha norte habría estado funcionando una especie de “gobierno paralelo”, al margen mismo de la institucionalidad.

(¿Se fue por decisión propia solo ó lo “sacaron” del país?). Pero, ¡oh sorpresa! Dos días después, el citado periódico, en su edición del viernes 17 de agosto se “retracta” y “rectifica” indicando ahora en nota periodística al efecto de que “_Asesores cercanos a presidenta no decidieron sobre trocha”_. Muchos nos preguntamos: ¿Es que acaso desde la mismísima Casa Presidencial “le quebraron el brazo” al periódico La Nación? ¿Es que acaso alguna persona poderosamente influyente en Zapote tiene, a su vez, negocios empresariales con alguien no menos poderosamente influyente en este grupo mediático-empresarial?… ¡Vaya a usted a saber!

(¿Se fue por decisión propia ó lo “sacaron” del país?).Y como dice el refrán popular, “a quien no quiere caldo… dos tazas”; o “más pior” como diría un notable comediante nacional: El exministro del MOPT, don Francisco Jiménez Reyes salió del país el pasado domingo 19 de agosto de 2012 y el lunes siguiente, día 20, indicó a la comisión legislativa que le esperaba por segunda vez este martes que pasó, ayer día martes 21 de agosto que no comparecería de nuevo en esa sede parlamentaria y que mejor le enviaran por escrito las preguntas que le iban a formular diputados y diputadas que están investigando lo de la “piñata regalona” de la trocha norte.

Al momento de elaborar este comentario, nadie sabía para qué país se fue, con qué motivo salió del país ni cuándo volverá. El exministro del MOPT pieza clave en este rompecabezas no está “disponible” ni para las autoridades políticas ni para las judiciales. La gran pregunta es, como lo venimos indicando, ¿se fue sólo ó lo sacaron del país? ¿Se fue por una decisión muy propia de él mismo; ó se fue porque “sabía demasiado”.

¿Es que acaso al citado exjerarca se le pidió que se “largara” del país porque iba a reafirmar en su segunda comparecencia, sus declaraciones iniciales de que lo de la trocha norte se decidía en Zapote (Casa Presidencial) y no en Plaza Víquez (sede del MOPT). ¿Y se las hubiera reafirmado, reiterando que sí hubo un grupo asesor cercano a la Presidenta que tomaba las decisiones estratégicas en lo de la trocha?… Y si esto hubiera sido así, ¿adónde quedaría el papel de la Fiscalía General de la República que se habría visto obligada a “entrarle” a indagatorias previas a tales asesores presidenciales cercanos a la primera mandataria del país?…

Uno de los temas de mayor profundidad en esto de la “piñata regalona” de la trocha norte sobre el que poco se ha reparado, es aquel que nos lleva a preguntarnos cómo fue urdido, concebido, diseñado y redactado el decreto de “emergencia” que dio origen a todo esto. Alguien en las máximas alturas se lo pensó, lo compartió, tomaron la decisión de declarar el asunto de “emergencia nacional” y le pidieron a otro alguien que lo redactara… Estamos seguros de que don Francisco Jiménez Reyes sabe mucho acerca de ello. Y, nuevamente, tenemos que preguntarnos: ¿Se fue por decisión propia ó lo “sacaron” del país?…

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con una fuerte presencia de organización sindical entre la clase trabajadora asalariada del sector municipal costarricense, hemos venido dándole un serio seguimiento al debate legislativo y a la polémica subsecuente, en torno a la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 18.070 “Ley para la preservación del uso agropecuario de los terrenos”; iniciativa ésta que ha venido enfrentado y polarizando posiciones entre el sector agropecuario nacional y la institucionalidad política del régimen municipal.

La ANEP, dentro de los conceptos de su visión de país, aboga por profundas políticas públicas para reafirmar una Seguridad y una Soberanía Alimentarias costarricenses, en momentos en los cuales el cambio climático, la sequía en Estados Unidos, la política errática de este país en cuanto a la fabricación de etanol con maíz (solamente para citar tres factores); imponen un cambio estratégico profundo para que, como país, produzcamos nuestros propios alimentos básicos, lo que nos comemos; de tal suerte que, al mismo nivel estratégico, es imperioso que la política pública se vuelque hacia los pequeños y los medianos productores agrícolas nacionales, dentro de la cual exonerarles de ciertos impuestos es una iniciativa correcta. Pero… El indicado expediente legislativo 18.070, para la exoneración del pago del impuesto a los bienes inmuebles, de un 80% a los terrenos dedicados al uso agrícola, carece de una determinación drástica, técnico-metodológica apropiada, de tal suerte que no se desvirtúen las sanas intenciones de quienes, desde distintas posiciones político-ideológicas, dicen que están de acuerdo en el apoyo a la pequeña y mediana producción agrícola nacional.

Es decir, debe establecerse en tal legislación, indicaciones precisas y contundentes que permitan establecer qué es pequeña y qué es mediana producción agrícola como para ser apoyada con una exención tributaria del calibre de la pretendida en tal iniciativa de ley.

Los grandes consorcios de producción agropecuaria, especialmente los de signo trasnacionales; la gran propiedad latifundista; las grandes extensiones de, por ejemplo, producción piñera, bananera, melonera, cafetalera, azucarera, no deben ser incluidas para consideración de la exoneración impositiva pretendida; resultando imprescindible introducir las modificaciones necesarias al indicado proyecto en tal sentido.

La ANEP tiene pleno orgullo y se siente sumamente honrada de sus relaciones con la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas Nacionales (Upanacional), entidad más que legitimada en su campo. Con ella y eliminando prejuicios históricos, hemos compartido y estamos compartiendo visiones de país como la propuesta “Por una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria” (propuesta CRISOL); las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”; y, más recientemente, las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”.

Igualmente en este último proceso, las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, al conocer de la extraordinaria importancia para el sector agropecuario de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), al darse la adhesión de ésta a ese proceso; la ANEP ha ensanchado y se ha enriquecido en su quehacer sindical, ampliando su sensibilidad y la comprensión de las enormes dificultades de miles y miles de compatriotas que se desenvuelven en el sector agropecuario nacional y que se expresan, con toda propiedad, a través de entidades tan legítimas como UPANACIONAL y UPIAV.

La ANEP ha tenido la oportunidad de escuchar los atinados criterios encontrados al efecto. UPANACIONAL y UPIAV honraron a la ANEP aceptando una invitación de parte de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación, sosteniendo un productivo diálogo sobre el tema Por otra parte, recientemente, la ANEP fue invitada por parte de la Federación de Organizaciones Municipales de Alajuela (FEDOMA), y en la sede de la Municipalidad de Poás, se sostuvo un importante diálogo con las máximas autoridades políticas de las alcaldías integrantes de FEDOMA. Importantísima y calificada información nos fue proporcionada al efecto.

De la misma manera, diversas seccionales de la ANEP ubicadas en municipalidades de naturaleza rural, están pegando el “grito al cielo” y alertando muy seria y documentadamente a la organización, en cuanto a que así como está redactado el expediente legislativo 18.070 no debe ser aprobado, porque la gran propiedad latifundista y la de corte transnacional se ha “colado” para evadir sus responsabilidades tributarias en materia del impuesto a los bienes inmuebles.

Responsablemente, después de escuchar y valorar las diferentes argumentaciones, especialmente las que provienen de las bases seccionales municipales de la ANEP, solicitamos, públicamente y por esta vía, a la honorable Asamblea Legislativa de Costa Rica que se haga justicia tanto con los medianos y pequeños productores agropecuarios (esos que se representan, por ejemplo, en entidades del sector de tanto prestigio como UPANACIONAL y UPIAV).

Igualmente, pedimos que también se haga justicia con el régimen municipal, especialmente con aquellas municipalidades insertas en zonas rurales y agrícolas del país, para evitar su desfinanciamiento, su pérdida de impacto e incidencia e incluso, para evitar reducciones dolorosas de personal, despidos, en estos duros momentos nacionales de concentración de riqueza, no de distribución de la misma.

En varios países de lo que se conoce como la Unión Europea (UE), están ocurriendo profundos procesos de contrarreforma social, de involución en el desarrollo social, de restauración de prácticas de explotación laboral que se creían superadas, de rutas desbocadas hacia la pobreza de las mayorías, especialmente de las capas medias de esas sociedades; y, en contraposición, a la entronización de hegemonías políticas fundamentadas en la concentración más espeluznante de la riqueza en pocos grupos, como jamás las generaciones actuales se lo imaginaron.

En la vieja Europa, en países como Irlanda, Grecia, Portugal, España y hasta Italia, otrora símbolos de países “_desarrollados_”, millones de trabajadores y de trabajadoras, miles de pequeñas y medianas empresas, sufren los efectos de decisiones de política pública basadas en lo más perverso de lo perverso de la ideología neoliberal, la de signo extremista centrada en el poder del capital hegemónico bancario-financiero.

Despidos masivos de personas que laboran para el sector Público, rebajas salariales para las que quedan con la “_suerte_” de quedarse trabajando, elevación sustancial de la edad para pensionarse y rebaja de los montos de las pensiones de quienes ya estaba jubilados; subida enorme del impuesto sobre las ventas (o del impuesto al valor agregado, IVA), rebajas tributarias para las grandes empresas y fortunas; son, entre otras, medidas durísimas que se están tomando en esos países bajo la excusa central de lo que se denomina “_déficit fiscal_”, que no es más que el producto de sistemas tributarios que, de una manera u otra, se centraron en la regresividad y no en progresividad.

¿Quién diría que la Grecia legendaria, esa que dio origen a los Juegos Olímpicos de la era de la antigüedad y que organizara las olimpíadas del 2004, hace solamente ocho años; esté ahora viajando aceleradamente a la pobreza rumbo a una sociedad casi que africana? ¿Quién diría que en España, cuyo fútbol es hoy el hegemónico en el planeta por sus resonados campeonatos, haya ya más de dos millones de personas que deben recibir comida diaria a través de la caridad? ¿Quién diría que la eterna Italia como uno de los patrimonios culturales más ricos de la humanidad, lo está perdiendo porque no le puede dar mantenimiento a raíz de los brutales recortes presupuestarios a la cultura?…

Y así podríamos seguir citando caso por caso, no solamente los de los países citados arriba; sino y lo que es peor, la situación de muchos de los países otrora “_socialistas_” que estaban bajo la órbita de lo que una vez fue la Unión Soviética (la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS).

Desaparecida la URSS, el “_contrapeso_”, el capitalismo neoliberal y su vertiente más extremista, el capitalismo de signo financiero-bancario, ha lanzado su ofensiva más fulminante en contra de los otrora famosos “_Estados del Bienestar_” europeos, los “_welfare states_”, arransando con toda la legislación social que fue construida en esos países luego de la Segunda Guerra Mundial, a modo de “_muro de contención_” para impedir el avance del “_oso soviético_” y sus estados “_colectivistas_”.

Completamente desprestigiado ese tipo de “_socialismo_” a la soviética, la izquierda hoy añeja que lo sostenía se quedó reducida a su mínima expresión y entre otras razones, ello explica por qué no levanta cabeza en esos países europeos pese al esclavismo del capitalismo neoliberal financiero-bancario. Los pueblos europeos agobiados por ello no muestran signos de rebelión estratégica porque, al parecer, no convencen esas izquierdas que sistemáticamente fueron amoldadas a los “_welfare states_”.

Por el contrario (y sin considerar el profundo significado histórico de la experiencia de nuestra querida Cuba, porque es de otra naturaleza); debemos mirar con profundo respeto y con gran interés, los procesos sociopolíticos que se están dando en varias naciones hermanas latinoamericanas de la América del Sur; las cuales muestran experiencias de integración social, de participación ciudadana profunda, de construcción de nuevas hegemonías, de potenciación de las diversidades de distinta naturaleza (étnicas, por ejemplo), de reconciliación estratégica con la Naturaleza; entre otras variables que nos hablan de lo posible que puede ser el vivir “_otra izquierda_”, relegitimando que la validez de los principios socialistas por una sociedad de profundo humanismo, están sujetos a la superación de los hegemonismos, de los sectarismos de toda laya, de los mesianismos, de los totalitarismos ideológicos; y, de que es posible una confluencia estratégica de diseño e implementación de políticas públicas que centradas en el bien común, propicien la integración y la cohesión sociales.

La horda capitalista neoliberal del extremismo bancario-financiero, hoy desbocada por muchos de los países de la Unión Europea, que está arrasando con toda clase de derechos de los respectivos pueblos trabajadores, en un soberano fracaso desde el punto de vista del desafío de construir sociedades de integración social. Igualmente como fracaso fue construir sociedades de integración social con base en compulsiones totalitaristas tipo “_soviético_”. ¿Qué queda? ¿Cuál es la alternativa? ¿Hay puntos intermedios? Nosotros preferimos mirar a la América del Sur. Ahí están ocurriendo cosas que nos ayudan a buscar respuestas… Y todavía más interesante si nosotros mismos, los y las costarricenses de hoy, miramos hacia lo profundo que nos dejaron quienes nos precedieron en esta querida Patria, Costa Rica.

Hace rato, señales de anomalías climáticas nos mostraban que algo malo estaba sucediendo en el entorno atmosférico global. Varias voces relevantes a nivel mundial, así como diversas entidades prestigiosas nos anunciaron la llegada de ese fenómeno, al cual le dieron en llamar “cambio climático”.

El desorden de la actividad humana, principalmente la que se desenvuelve en los entornos exacerbados de explotación bajo el sistema capitalista neoliberal, con su lógica mercantil desenfrenada en la industria, el transporte y la agricultura; generan una descarga de gases perniciosos a la atmósfera, afectando su composición y estabilidad térmica. Sus efectos abarcan a todo el planeta, estimándose cambios extremos en las temperaturas, como pocas lluvias por unas áreas y muchas lluvias por otras; variaciones que afectan todo organismo vivo.

Producto de esta anomalía atmosférica hoy existe una gravísima sequía en la principal zona productora de granos de los Estados Unidos (al cual le dicen el “granero del mundo”), donde la cosecha de maíz amarillo, soya y trigo se ha reducido, afectando la oferta mundial.

Al día de hoy, los precios internacionales de los granos se elevaron a niveles récord: el trigo pasó de 190 a 392 dólares por tonelada (para la elaboración de pan y pastas); el maíz amarillo de 217 a 350 dólares por tonelada; y la soya a casi $600 la tonelada.

Este aumento de precios disparará el precio de los alimentos para los animales. Esto significa una elevación significativa de los precios de las carnes de pollo, res y cerdo; así como el precio de la leche, queso, natilla y huevos, entre otros. Además del aumento en el precio del arroz que aumentó a 367 dólares por tonelada en el mercado internacional.

Este hecho repercutirá en una escalada de precios en la dieta del pueblo costarricense y del pueblo migrante, sin que nos aumenten los salarios en la misma proporción; lo que echa por el suelo lo que dijeron los economistas neoliberales, en virtud de su “San Benito” ideológico extremo de que no somos “competitivos”; por tanto, según ellos, era mejor importar todos los alimentos en lugar de dar trabajo a nuestros campesinos y a nuestras campesinas y pagarles bien por su actividad.

El actual modelo de desarrollo de producción de agroalimentos (según tal concepción neoliberal), se basa en cultivos de exportación que son, en su mayoría, postres y, con el dinero producto de exportar, compramos alimentos. La actual problemática económica que vive Europa y Estados Unidos, podría generar que disminuyan los volúmenes de lo que nos compran; con lo cual ya no tendríamos el dinero necesario para adquirir comida: frijol, maíz, soya, maíz, carnes y, parcialmente, arroz.

Recordemos que antes producíamos suficientes granos y los faltantes se importaban. El desestímulo a la producción nacional en los últimos 25 años ha sido tan fuerte que vemos con preocupación cómo nuestros frijoleros tienen que andar rogando para vender su cosecha; cuando esta situación se podría mitigar fácilmente, asegurándoles y comprándoles la producción a los pequeños y medianos productores agropecuarios mediante el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), en cumplimiento del artículo 9 de la Ley del Consejo Nacional de Producción (CNP).

Además, fortaleciendo la capacidad de servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuyas partidas las bajaron del 10.5% a menos del 1% del Presupuesto Nacional, implicando una caída del 900% de los recursos económicos dedicados al Sector Agropecuario… y ahora estamos cosechando los resultados de esa política neoliberal.

Contrariamente, debemos destacar lo que ha hecho, con éxito, el gigante latinoamericano Brasil que incentivó la agricultura y la comercialización de sus cosechas. Con este mecanismo, se dinamizó al sector agropecuario brasileño, llegándose a transformar a los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios en generadores de empleo, en participantes activos del desarrollo rural; asegurándoles estabilidad con el comercio justo de sus cosechas. Igualmente con ello, Brasil disminuyó los índices de pobreza rural en un 39% según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta sequía es parte de los efectos del cambio climático, entonces la vulnerabilidad es grave. La población tiene en forma colectiva, el Derecho a la Alimentación, por lo que la responsabilidad está en las autoridades gubernamentales.

En la pasada Administración, con las alarmas de alza internacional de los alimentos (de origen especulativo), se procedió a defender los intereses nacionales, creando un Programa Nacional de Alimentos, con rectoría en el MAG.

Este programa fue una estrategia a la que le faltó continuidad en la actual política nacional. Se perdió la oportunidad de garantizarle al pueblo sus alimentos soberanía alimentaria; y a quienes fueron exitosos, como los arroceros, se les castigó con una reducción de áreas de siembra, quienes sufren las consecuencias del desestímulo a la producción nacional; chocando con los intereses de la importación, así como con los paneles dirigidos por COMEX, enviando mensajes que dicen “dejen de sembrar”. Sin embargo, el entorno internacional incierto nos dice que el precio de los alimentos va en alzada: la comida de los ticos está en peligro.

Debemos poner gran atención a esta crisis alimentaria que es de gran impacto mundial, por lo que es fundamental asegurar la Seguridad y la Soberanía Alimentaria Nacional, basada en la producción nacional de agroalimentos, y con ello reducir la vulnerabilidad de nuestra población; así como de revivir el desarrollo rural, tan necesario para reducir las grandes diferencias con la ciudad.

Nuestros agricultores y nuestras agricultoras tienen el conocimiento y el sentido de responsabilidad para producir nuestros alimentos pero, las adversidades en que lo hacen les imponen un límite. Esperamos que ante un agravamiento de la crisis alimentaria, cuando intentemos retomar la producción nacional, entonces no sea demasiado tarde. Agradecemos a la dirigencia de la ANEP en el MAG por habernos ayudado a entender toda esta problemática.