Totalitarismo antisindical

Y también lo contemplan todas las declaraciones de Derechos Humanos derivadas de esta primera, firmadas todas por Costa Rica y ratificadas por nuestro parlamento.

Dice el artículo 60 de nuestra Constitución Política lo siguiente: “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.

Dijo Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, en su célebre encíclica “Laborem Exercens”, lanzada en 1981: “20. Importancia de los sindicatos. Sobre la base de todos estos derechos, junto con la necesidad de asegurarlos por parte de los mismos trabajadores, brota aún otro derecho, es decir, el derecho a asociarse; esto es, a formar asociaciones o uniones que tengan como finalidad la defensa de los intereses vitales de los hombres empleados en las diversas profesiones. Estas uniones llevan el nombre de sindicatos. Los intereses vitales de los hombres del trabajo son hasta un cierto punto comunes a todos; pero al mismo tiempo, todo tipo de trabajo, toda profesión posee un carácter específico que en estas organizaciones debería encontrar su propio reflejo particular”.

Podríamos seguir citando planteamientos jurídicos y jurisprudenciales nacionales; podríamos ampliar la normativa del Derecho Internacional al respecto; podríamos profundizar en los contenidos de la Doctrina Social de la Iglesia Católica sobre esta materia; podríamos hacer mención de postulados filosófico-políticos de distingo signo ideológico… Todo lleva a un único punto, duélale a quien la duela: la organización natural para la defensa de los intereses económicos y sociales de la clase trabajadora es el SINDICATO; así, con mayúscula y subrayado.

Únicamente considerando concepciones totalitarias, visiones despóticas de las relaciones sociales y actitudes profundamente antidemocráticas, es que podemos entender la enfermiza patología sociopolítica de algunas esferas del poder real de nuestra sociedad, en contra de la existencia misma de los sindicatos.

Denunciamos que está en desarrollo un verdadero complot en contra la prevalencia de la organización natural de la clase trabajadora, el sindicato, a propósito del trámite de un trascendental proyecto de ley, conocido como la Reforma Procesal Laboral; el cual es sumamente necesario (para citar solamente un ejemplo), si queremos la aplicación de justicia laboral pronta y cumplida y evitar la larga espera de años en la resolución judicial de un caso de interés de una persona trabajadora.

Sectores totalitaristas perversamente antidemocráticos, utilizando su gran poder económico e incluso vestidos con sotana sacerdotal católica, conspiran para fortalecer la figura de los “comités permanentes”, elevándoles su rango jurídico actual y potenciándoles para que, de una vez por todas, sustituyan a los sindicatos como las organizaciones interlocutoras legítimas sobre los derechos laborales de cara a los empleadores y a los gobiernos.

Los “comités permanentes” y su instrumento operativo, el “arreglo directo”, son armas de profunda naturaleza empresarial diseñadas para difundir una falsa paz laboral y una supuesta armonía obrero-patronal, en escenarios productivos de gran sobreexplotación laboral, como lo son no pocas fincas bananeras y piñeras.

La conjura antidemocrática y la ofensiva complotista en contra de la existencia misma del Movimiento Sindical, es de tal calibre que existe la pretensión de permitir que los “comités permanentes” y los “arreglos directos” se instauren en el sector Público, pretendiéndose así la instauración de un totalitarismo antisindical absoluto. Y todo con la venia, complacencia, complicidad, apoyo e identificación –como es lógico suponer-, del propio Gobierno.

Las principales organizaciones sindicales actualmente vigentes, han realizado un extraordinario esfuerzo de tolerancia, de apertura y de flexibilidad a propósito de esta crítica situación en contra de los Derechos Humanos.

Pese a que las voces mas autorizadas y expertas de la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), han solicitado al país la eliminación de las figuras patronales de los “comités permanentes” y de los “arreglos directos”, por ser elementos perversos de totalitarismo antisindical; hay disposición sindical para que tales figuras permanezcan “intactas” a como están hoy en el Código de Trabajo, a fin de dar luego una posterior discusión, para permitir así que se apruebe la Reforma Procesal Laboral con sus importantes aspectos positivos.

Sin embargo, la conspiración antisindical ejercida por apóstatas de la Fe Católica y sus financiadores de cierto poderoso capital, siguen manipulando a trabajadores, sobre todo agrícolas, para que hablen de las “bondades” de los “comités permanentes”; escondiendo esos apóstatas y esos capitalistas desalmados y anticristianos sus propios rostros. ¡Qué cobardía! ¡Empecemos a hablar de acciones ya! Tanto en el plano nacional como en el internacional.

15 de junio de 2011

Movilización y lucha salarial

Este grave problema es amenazante desde todo punto de vista y de este problema, en nuestro criterio, se alimentan otros también nefastos para una convivencia democrática con verdadera justicia social y real libertad. La violencia en todas sus manifestaciones, la penetración del narcotráfico y la corrupción pública y privada (con ropaje legal ó sin él), de una u otra forma, tienen una raíz común: el crecimiento de la desigualdad que, en concreto, nos indica de que un reducido grupo de la sociedad sigue acumulando riqueza, mientras que la mayoría de la población está en pobreza, va rumbo hacia ella y/o se ha endeudado peligrosamente para no caer en tal abismo.

Pueden ser varias las políticas que un Gobierno, relativamente decente, debería adoptar para atajar, atenuar, desacelerar y hasta revertir el crecimiento de la desigualdad. Por ejemplo, un ámbito de acción en tal sentido que tendría gran impacto, es de la política salarial para las personas trabajadoras con empleo formal, tanto en el sector Privado como en el Público.

Una política salarial relativamente justa, inspirada en principios democráticos de inclusión y movilidad social, es de una urgencia mayúscula en ese escenario de creciente desigualdad. Si bien es cierto, estamos ya constatando la dolorosa realidad de que cerca de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) está en el mercado informal (el cuentapropismo); lo real es que la gran masa trabajadora asalariada sigue jugando un extraordinario papel en el crecimiento económico, en la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social todavía vigente aunque maltrecho; y, además, es imprescindible en el dinamismo del aparato productivo, incluidos los servicios.

La clase dominante, esa misma que siempre está en el control de la gestión política pese a los “cambios” de gobierno, cada vez que puede pega el grito al cielo por una tal “ingobernabilidad” de la gestión ejecutivo-administrativa de la cosa pública; dejando de lado que la verdadera esencia que estaría explicando tal “ingobernabilidad”, no es otra que la dificultad que tiene la “gente de arriba” para seguir controlando y manipulando a “los y las de abajo”, léase, en este caso, la clase trabajadora asalariada, misma que está más que llamada a movilizarse antes de la extingan completamente. La lucha salarial, sin duda alguna, se relaciona mucho con esa “ingobernabilidad”, pues la carencia de salarios e incrementos justos alimenta las condiciones para la violencia social en todas sus manifestaciones.

La semana próxima se hablará mucho del incremento salarial para quienes laboran en el sector Privado; tema que estará centrado, básicamente, en cuánto han de aumentar los salarios mínimos. El gran esfuerzo sindical de los últimos meses por instaurar una nueva fórmula de cálculo en el monto de los mismos, debe tener una gran fuerza social para imponerse a la alianza natural gobierno-empresariado que, en mancuerna, en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), toda la vida votan en alianza contra las propuestas salariales sindicales impregnadas éstas de justicia social y de montos tendientes a elevar la capacidad adquisitiva de los salarios.

Una campaña de empoderamiento de la gente trabajadora asalariada del sector privado se muestra como un desafío para los sindicatos en estos tiempos de TLC’s. ¡Qué genial sería un esfuerzo mancomunado intersindical, al respecto, desplegado en las afueras de las grandes fábricas y comercios; y/o, en las barriadas de la clase obrera y popular; o bien, las ferias sindicales en parques de importantes centros poblaciones, como los ha ensayado en diversas oportunidades, con éxito y sacrificio, personeros de la organización para la cual laboramos.

La mejor lucha salarial y/o las posibilidades de obtener éxito para beneficio de la clase trabajadora en esta cuestión salarial, es con base en la organización y en la movilización. La solidez argumentativa y técnica así como la base de profunda justicia social que impregna las propuestas sindicales, en el caso del sector Privado, termina estrellándose contra el muro consolidado de la otra clase que se manifiesta en estos procesos: la alianza gobierno-empresarios que se manifiesta en el seno del CNS, instancia donde se definen los incrementos salariales para el sector Privado de la economía.

Entonces, la historia es la misma: 2 a 1, perdiendo “los y las de abajo”, la clase asalariada, esa misma a la que, en montones de casos, le roban el salario porque ni siquiera le pagan el mínimo de ley; mínimo de ley hoy más que ofensivo y mínimo de ley para el cual los sindicatos tienen una nueva propuesta, muy responsable, profesional y justa que los elevaría sustancialmente. La organización y la movilización resultan, en consecuencia, fundamentales. Lo mismo sucede para el sector Público aunque aquí la cosa es un poco distinta. De ello hablaremos la próxima semana, si Dios, Nuestro Señor, nos lo permite.

¿Cuál es su respuesta, ahora, señor Ministro de Justicia y Paz?

La ciudadanía debe conocer que existen propuestas de solución. Antes de asumir el cargo el Ministro de Justicia y Paz solicitó a ANEP apoyo para encontrar soluciones a la profunda crisis. ANEP efectuó en mayo del 2010 las “JORNADAS DE REFLEXIÓN Y ESTUDIO. PRESENTE Y FUTURO. PERSONAL Y SISTEMA PENITENCIARIO” y le entregó propuestas para ser coordinadas una vez reelecto en el nuevo gabinete.

Las propuestas de ANEP se basaron en información cuantitativa y cualitativa proveniente de funcionarios y funcionarias de las distintas esferas de trabajo del SPN: profesional, técnico, de seguridad y administrativo. También, de instituciones gubernamentales como la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda. De organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) . Las propuestas de ANEP acerca de lo que denominamos como la crisis del Sistema Penitenciario Nacional, buscaron desentrañar las causas profundas, generar soluciones realistas y adaptadas a las condiciones nacionales limitadas.

Para sorpresa de ANEP, el Ministro respondió el 24 junio de 2010 pidiéndonos dirigirnos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco de la fallida consulta sobre política de seguridad (POLSEPAZ). No obstante que el propio señor ministro París formaba parte del comité consultivo de POLSEPAZ creado por la Presidenta y considerando la situación apremiante, la ANEP las hizo llegar también al PNUD. Tampoco obtuvimos respuesta alguna. No se hizo nada.

ANEP propuso procesos ordenados, sistemáticos, calendarizados, incluyentes y en consonancia con los señalamientos de la Defensoría de los Habitantes. Todas las propuestas de ANEP podrían ser cumplidas antes de que terminara el primer año de gobierno, contaban con indicadores para medir su avance e impacto. Asimismo, invitaba a formar parte del esfuerzo, entre otros, a relevantes gremios empresariales, a organismos internacionales y al Poder Judicial. Se trataba de una tarea urgente por el país, por la seguridad de todos.
Las propuestas de ANEP atendían, principalmente, tres preguntas medulares del quehacer penitenciario. A saber:

  • • ¿Cómo enfrentar el aumento en el número de personas encarceladas, las tasas de encierro, la nueva criminalidad y la ausencia de contrapesos y salvaguardas que garanticen que la acción institucional ocurra dentro del marco y los objetivos que la sociedad le ha fijado?
  • • ¿Cuál debiese ser la agenda de acciones de carácter urgente para atenuar necesidades inaplazables y evitar riesgos sociales de mayor envergadura?
  • • ¿Cómo mejorar la gestión y la gobernabilidad penitenciaria, la organización del trabajo, las condiciones laborales y la planificación operativa?

El Ministro prefirió seguir improvisando, echándole la culpa a otros, hablando de un préstamo del BID cuyo documento se desconoce aunque nos endeuda a todos. Deuda que comenzamos a pagar desde el día que se firmó. Los intereses corren desde ese momento y por los próximos 25 años. Ahora que la jarana salió en la cara y a la luz pública la ANEP exige saber:

  • • ¿Qué va a hacer señor Ministro para que la sociedad sepa cuál es la política integral penitenciaria (criminológica, de derechos humanos, de justicia penal)?
  • • ¿Cuál es su respuesta para el hacinamiento carcelario e infraestructura deficiente o insuficiente en todo el país?
  • • ¿Cuál es la oferta de servicios en las prisiones: de salud, educación, trabajo, relación con la comunidad – y seguridad humana para responder a las necesidades de vulnerabilidad o de la delincuencia organizada?
  • • ¿Cuál es su respuesta ante la insuficiencia del personal penitenciario, inadecuada capacitación, procesos de inducción y acompañamiento?
  • • ¿Cuál es su respuesta para el equipamiento, materiales e instrumentos de trabajo para el personal y la población privada de libertad?
  • • ¿Cuál es su respuesta para efectuar coordinaciones externas institucionales estatales, con la empresa privada, ONG’s…?

ANEP sí cree en el diálogo, la buena fe, la construcción de consensos y la búsqueda de soluciones a los problemas de seguridad ciudadana, en este caso, específicos del Sistema Penitenciario Nacional. Las actividades del personal penitenciario se ubican en el marco de un sector que conforma el núcleo estratégico del Estado costarricense responsable de la fase culminante de la justicia penal: la ejecución de la pena. Implica, por tanto, el ejercicio de poder y autoridad para garantizar la adecuada provisión de servicios públicos puros en el marco legal que nos ampara. Tiene usted la palabra señor Ministro de Justicia y Paz.

Los narcodólares afectan la economía nacional

El asunto, en verdad, se las trae. El sector exportador costarricense está siendo fuertemente afectado pues por cada dólar que genera, son menos colones los que se convierten en rentas dentro del circuito financiero nacional, afectando la competitividad de tal sector.

Cualquiera podría decir que ¡qué bueno que el empresariado exportador reciba menos plata y tenga menos ganancias pues, de por sí, mucha gente trabajadora que labora en tal sector es superexplotada!, lo cual es cierto.

Como sabemos, la superexplotación laboral es parte central del proceso sistemático de crecimiento de la desigualdad. Ello se profundiza si, además, se ponen en peligro empleos en el sector exportador y nada más doloroso en estos tiempos que quedarse sin empleo.

La esencia de la lucha sindical no solamente es por la libertad sindical y el trabajo decente y digno, sino para que se conserven los empleos mejorando su calidad. Con tanto dinero narco ingresando a la economía nacional, sin control alguno, en el sector exportador son muchos los empleos en riesgo y esto debemos denunciarlo.

Aquí lo más grave es el papel del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que está de manera sospechosamente conveniente, “mirando para otra parte”. La lavadora narco suena fuerte en sus propias puertas pero en el BCCR no escuchan nada.

Esta actitud de “complicidad pasiva” con el funcionamiento de esa lavadora, queda más evidente cuando el máximo jerarca de la ABC (la Asociación Bancaria Costarricense), don Franco Naranjo, recientemente comentó que “los movimientos de capital de corto plazo que están llevando a la apreciación del colón no están ingresando por medio de los bancos, ni forman parte del fondeo del crédito bancario comercial”.

¿Significa esto que estos movimientos son de lavado de dólares? Pues parece que sí. La ABC es contundente al indicar, por una parte, que el gran movimiento de dinero que se observa todos los días no se da por medio de los bancos; y, por otra, ese montón de dinero no es parte del fondeo del crédito bancario con fines comerciales. En otras palabras, los dólares del narco andan sueltos en la calle, sin control alguno, dislocando la actividad productiva nacional y el Banco Central, ¡muy bien, gracias!, mirando para otra parte.

En consecuencia, lavado de dólares y movimientos de capital externos aprecian el colón, lo sobrevaloran frente al dólar y, por tanto, afectan la competitividad de las exportaciones costarricenses. El lavado influye en el tipo de cambio porque los dólares narco se cambian en el país generando una sobreoferta que abarata el tipo de cambio del colón por el dólar. Esto afecta la competitividad de la economía costarricense.

Adicionalmente, los Estados Unidos, con su política fiscal y monetaria, busca inundar de dólares el mercado mundial y de esa forma abaratar el dólar y mejorar la competitividad de ese país. En el caso nuestro, significa que capitales de corto plazo también llegan al país y aprecian nuestra moneda. Aquí, además, queda en evidencia la doble moral del gobierno gringo en cuanto al narco, dice combatirlo pero los trillones de dólares que el comercio de la droga genera le sirven a su propia economía.

En esto de la apreciación del colón por el ingreso masivo de los narcodólares a Costa Rica, quienes están felices, más que felices, son los importadores. Tienen que aportar menos colones para importar más. Y con el desastre fiscalizador aduanero, pues están doblemente felices: importan más, más barato y cero impuestos, prácticamente.

El poder hegemónico dominante no hará nada para controlar tal situación. Tendrá que ser la gente, la ciudadanía, los movimientos sociales de todo tipo y los partidos políticos decentes todavía. Aún hay tiempo. Todavía el narco no nos ha convertido en un “Estado fallido”, como ya lo ha hecho con México y con Guatemala. Hay que emplazar al Banco Central, hay que pedirle cuentas, hay que exigirle que tome medidas como el registro de capitales, la acreditación previa para compra de bonos en bolsa, la reestructuración fiscal aduanera, entre otros aspectos preventivos de urgencia, antes de que la economía costarricense termine por ser, del todo, una economía narco.

La verdad sobre los salarios de ARESEP

Recientemente, se ha informado que hace pocas semanas hubo un aumento salarial para un grupo reducido de trabajadores de ARESEP, entre los que está la clase gerencial, que es mayor al 2,33% que el Poder Ejecutivo decretó para el resto del sector Público en el primer semestre de 2011.

Uno se pregunta: ¿con qué moral se le pide a la población trabajadora del resto del sector Público y, en general, a toda la clase trabajadora del país que acepten un aumento de menos del 3% cuando en ARESEP, unos pocos, 8 empleados, disfrutan las mieles de aumentos que en algunos casos llegan hasta el 10,13%?

Dos regímenes salariales

El artículo 55 del Reglamento de Trabajo de ARESEP creó dos regímenes generales de salarios para su personal. El más antiguo es el de salario base más pluses, donde se encuentran 112 funcionarios de ARESEP. Los aumentos salariales de este régimen son los mismos que semestralmente decreta el Poder Ejecutivo para el Servicio Civil. Estos trabajadores recibieron un aumento de 2,33% en el primer semestre de 2011. Es digno de mencionar que el salario base de todos y cada uno de estas personas trabajadoras está por debajo del que paga el Servicio Civil para el sector Público costarricense, por lo que en términos prácticos reciben un salario menor al establecido por ley. Esta verdad se oculta.

El otro régimen salarial, creado en 2009, es el de salario global. A él pertenecen 84 funcionarios. En este régimen no existen componentes como en el otro. Sin embargo, cuando se fijaron por primera vez estos salarios, se usó el salario base de cada categoría salarial del otro régimen y se le añadieron estos elementos: porcentaje de prohibición, 17 anualidades de 3%, y el equivalente a los puntos de carrera profesional de una licenciatura universitaria. Una vez hecha esa primera fijación, el salario global para cada categoría de empleo comenzó a ajustarse con base en una encuesta salarial semestral privada de la empresa Price Waterhouse Coopers. Según esta encuesta, algunas categorías salariales de ARESEP más bien bajaron, por lo que su salario global se congeló para el primer semestre de 2011.

¿Quienes se llevaron la mayor tajada?

Como siempre ocurre, quienes salieron más beneficiados con el aumento son los puestos gerenciales: los directores generales ganarán 10,13%, con un salario cercano a 3,5 millones por mes. El gerente general vio aumentado su salario en 8,74%, para un salario de casi 4,4 millones. Estos son los hombres más cercanos y de entera confianza del regulador general.

¿Cómo se hizo el aumento? La fijación de incrementos salariales para un grupo minoritario de empleados, entre los que se encuentra la clase gerencial, es un hecho notoriamente irregular porque quien debía aprobar ese aumento era la junta directiva de ARESEP y no el regulador general. En anteriores fijaciones del mismo tipo así se ha hecho, pero esta vez se saltó ese requisito para evitar su posible rechazo.

El funcionario que tiene a su cargo toda la política salarial de ARESEP ha sido abiertamente cuestionado por la Fiscalía del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas por ejercer un cargo mediante un nombramiento ilegal, para el cual no tiene la acreditación ni las competencias necesarias. A pesar de eso, es la persona que prepara los estudios para aumentar los salarios en la forma en que se ha hecho. Ese funcionario curiosamente goza del respaldo incondicional del regulador y del gerente general.

¿Quienes resultarán perjudicados? Ciertamente hay muchos trabajadores afectados, pero el definitivo gran perdedor de la política salarial de ARESEP son los usuarios. En primer lugar, cuando hay tanta injusticia en materia de salarios y la función que desempeñan los trabajadores es muy importante desde el punto de vista económico, cabe la posibilidad de que se presente la corrupción.

En segundo lugar, ante la falta de incentivos salariales adecuados, los más competentes trabajadores buscarán otras opciones de empleo y ARESEP se expone a perder a sus mejores especialistas en regulación, con lo cual la calidad y exigencia técnica de la regulación se debilita y esto lo aprovechan las empresas reguladas para pedir mayores aumentos de tarifas por servicios públicos.

En tercer lugar, la estabilidad del personal a través del tiempo se ve seriamente comprometida por los graves errores en los incentivos salariales. Esto implica que las inversiones en formación y capacitación del personal se perderán y serán aprovechadas por las empresas que contraten a los trabajadores que buscan mejores oportunidades de empleo.

En resumen, sin duda alguna la política salarial de ARESEP parece estar orientada a debilitar el proceso técnico de regulación en perjuicio de los usuarios de los servicios públicos y en beneficio de las empresas reguladas. Y nosotros, los ciudadanos pobres, los y las de a pie, los y las de abajo, estamos pagando un canon de regulación para que nos perjudiquen. ¡Basta de la burla!

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“Un país en creciente desigualdad”

Pocos, cada vez más pocos, siguen acumulando más y más, cada vez más. Las amplias mayorías, los y las de abajo, incluida la clase media, se siguen empobreciendo y tienen cada vez más, menos.

Con ocasión de la misa del Primero de Mayo, oficiada por la Iglesia Católica, el presbítero Guido Villalta Loaiza, Vicario General de esta congregación religiosa, dio lectura a la homilía de tan importante fecha, el Día Internacional de la Clase Trabajadora; homilía que también contó con el aporte de padre Marco Tulio Molina, Vicario Episcopal de Pastoral Social.

Precisamente, el apartado 3 de tal lectura, se tituló “Un país en creciente desigualdad”. Para nadie es un secreto el peso político-social de la institución religiosa católica costarricense y que aborde este tema, es un asunto que debe destacarse. Vamos a compartir con ustedes algunos párrafos de ese apartado.

“Algunos analistas sociales de nuestro país y observadores de la realidad califican a Costa Rica como el país de América Latina en donde más ha aumentado la desigualdad social en estos últimos tres años”. Importantes sectores sociales, como los sindicales, venimos pegando el grito al cielo al respecto.

“¡Qué dolor!”, dice la Iglesia Católica. ¡Qué injusticia!, decimos nosotros. ¡Inadmisible!. Continúa dicha homilía con lo siguiente: “Aquello de que nos vanagloriamos durante tantos años y que con el sudor de la frente de muchos de nuestros padres y abuelos, y el apoyo de las leyes sociales, nos hacía ser positivamente diferentes en América Latina, como fue la clase media, ya está casi desapareciendo”.

¡Qué importante que la Iglesia Católica costarricense reconozca que tenemos una clase media en vías de extinción. ¡Pues claro! Los niveles de explotación de la clase trabajadora, en amplios segmentos de la misma, son impresionantes. Esto lo venimos denunciando desde hace bastante tiempo.

“Es necesario un trabajo conjunto para favorecer el crecimiento y expansión de la clase media”, así lo indica la homilía católica del Primero de Mayo. ¡Enhorabuena! Desde la corriente sindical en que nos movemos, hemos hecho importantes propuestas a lo largo de varios años, al respecto; pero los sucesivos gobiernos las ignoran, pues se han arrodillado a los dictados del gran capital financiero, con su contraparte nacional, para concentrar más la riqueza generada por esa clase trabajadora cada vez más explotada.

La Iglesia Católica nos da la razón, otra vez. Dice: “Algunas organizaciones sociales lo vienen denunciando desde hace mucho tiempo: la desigualdad social es el problema principal de Costa Rica. De allí se están derivando otros problemas que nos tienen en grandes dificultades”.

¡Claro que sí! Reiteremos esos otros problemas y esas grandes dificultades. Salarios mínimos desactualizados; más del 40 % de la gente del trabajo, se la debe “jugar” por cuenta propia (mercado informal); gran parte de la clase trabajadora asalariada con la “suerte” de tener empleo formal está altamente endeudada con graves problemas de liquidez.

Más de la mitad de los y las jóvenes que deberían estar en cuarto y quinto año de secundaria, han abandonado los estudios, básicamente por la estrechez económica de sus hogares.

Políticas salariales restrictivas con aumentos semestrales indignos. Además, corrupción (pública y privada; con ropaje legal ó sin él); violencia en todas sus formas (intrafamiliar, contra la vida, contra los bienes, contra la niñez trabajo infantil, por ejemplo); penetración del narco en el tejido social (ya no sólo en los sectores pobres sino llegando a sectores medios); etc., etc.

La Iglesia Católica es lapidaria con esta frase: “Es el eterno problema de la distribución de lo adquirido con el crecimiento económico, del reparto de la riqueza, no llega al gran pueblo. Además de ser una cuestión económica, se convierte en política porque tiene que ver con las decisiones que toman los políticos al respecto”.

Algunos dirán que la Iglesia Católica tica “descubrió el agua tibia”. Otros pondrán en duda la sinceridad de estos planteamientos. Desde nuestra perspectiva, preferimos darles relevancia considerando las actuales circunstancias dolorosas que afectan a la mayoría de la población costarricense: su clase trabajadora.

Grandes transformaciones sociales y económicas son más que urgentes (ahora somos nosotros, los “descubridores del agua tibia”). Muchas de esas transformaciones están diagnosticadas, estudiadas, diseñadas y han sido convertidas en propuestas. Por ejemplo, la transformación tributaria estructural es imperiosa. Por dicha, el paquete de impuestos que quería el Gobierno está enterrado.

La imperiosa necesidad cívico-patriótica de una unidad popular de amplia base, apelando a la movilización ciudadana, con respeto pleno por las diversidades y sin dogmatismos y sin sectarismos, se nos impone como desafío histórico en las actuales circunstancias patrias. Ojalá tengamos la humildad de comprenderlo.

Gobernabilidad, desigualdad, iglesias y la lucha social

Indudablemente que este asunto de la “gobernabilidad” ó de la “ingobernabilidad” merece un abordaje de mucho cuidado, aunque por lo general se cree que es un tema reservado para los y las especialistas en Ciencias Políticas, en Sociología, en Economía, en Derecho y en otros campos profesionales análogos.

Sin embargo, desde la perspectiva de la “gente de abajo”, que es en la cual nos ubicamos quienes nos desenvolvemos en la acción sindical, la ingobernabilidad puede ser abordada desde varios ángulos aunque queremos resaltar tres para efectos de nuestro comentario de hoy.

Primero. Los partidos políticos, con honrosas excepciones (muy raras por cierto), formulan sus plataformas de propuestas y plantean sus programas de gobierno sin la más mínima disposición de honrar tales planteamientos con acciones concretas, ya sea que estén en el Gobierno (Poder Ejecutivo) y/o en el parlamento, o en las municipalidades. Divorcio notable entre lo que se dice (escribe) y lo que se hace llegados al poder. Es por ello que enormes segmentos ciudadanos se han venido decepcionando paulatinamente llegándose a niveles de incredibilidad en la política partidista muy altos.

Segundo. Desde hace tiempo, los beneficios del crecimiento económico nacional se vienen distribuyendo de manera cada vez más inequitativa, alimentando el crecimiento de la desigualdad ya no solamente imposibilitando que salgan de la pobreza miles y miles de compatriotas; sino que se va llevando a la misma a los otrora poderosos sectores de las capas medias costarricenses, que habían sido sumamente mayoritarios dentro de la estructura social del país.

La anterior circunstancia obliga al despliegue de un conjunto de acciones y de decisiones de política pública que requieren de una fuerte organización y movilización ciudadanas para obligar a la clase política gobernante (la oficialista y la opositora), a impulsar directrices, decretos y leyes que modifiquen, radicalmente, la actual estructura de distribución inequitativa de la riqueza y su perverso sesgo de alta concentración que estamos viendo, sintiendo y sufriendo.

En este ámbito resulta sumamente alentador la homilía oficial de la Iglesia Católica, pronunciada este pasado PRIMERO DE MAYO, en la Iglesia La Merced, con motivo del Día Internacional de la Clase Trabajadora, avalando un clamor sostenido hace ya bastante tiempo desde las banderas sindicales que enarbolamos, en cuanto a que el crecimiento de la desigualdad es el problema número uno de la sociedad costarricense de hoy.

Sabemos que otras confesiones religiosas cristianas, como la Iglesia Luterana, tienen planteamientos sociales en igual dirección, lo cual nos lleva a levantar la consigna de que es posible una lucha social activa contra la desigualdad, invocando, también, elementos fundamentales del Humanismo Cristiano.

Tercero. Debemos transformar nuestra institucionalidad democrática de corte representativo hacia una de carácter participativo, dándole plenitud de vida política al postulado constitucional del artículo 9 de nuestra Carta Magna actual que dicta que “el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”.

Resaltamos la categoría política de_ “participativo”_ porque, entonces, debemos obligar a la gestación, al impulso, a la concreción real de una serie de transformaciones en la institucionalidad para que el pueblo, la gente, la sociedad civil organizada, se meta de lleno en la cosa pública y cambie el rumbo del país hacia una profunda democracia social de amplia base.

Ahora que en el denominado_ “primer Poder de la República”_ una inusitada alianza de partidos de oposición está en el control de la Asamblea Legislativa, podrían tomar decisiones estratégicas que acerquen al parlamento al seno del pueblo, impulsando leyes que atajen y reviertan el crecimiento de la desigualdad; leyes que empiecen a darle contenido real al concepto de “gobierno participativo” de que habla nuestra Constitución Política; leyes que adecenten la acción política para que la ciudadanía se involucre de lleno en la toma de las grandes decisiones que nos competen a todos y a todas si queremos, en verdad, una sociedad de democracia social plena con plena reivindicación de la largamente postergada, humillada, expoliada, explotada, estafada “gente de abajo”, especialmente su más grande componente: la clase trabajadora en su amplio concepto.

Pero para ello, para todo ello, la movilización ciudadana, bajo el concepto de Democracia de la Calle, resulta estratégicamente vital. Tal es el desafío para la “gente de abajo”.

1º de Mayo: Rebelión Ciudadana

Millones de hombres y de mujeres, la gente del trabajo alrededor del planeta saldrá a la calle el próximo domingo. Aquí, en Costa Rica, también lo haremos. Nunca como antes, como jamás lo pensamos, debemos promover la más grande Rebelión Ciudadana de la historia moderna.

La vida humana, todas las formas de vida están en peligro por este capitalismo depredador de signo financiero-neoliberal que pretende ya no solamente arrasar con toda clase de derechos, sino con la propia Humanidad. Es hora de unirnos a un clamor planetario que exige, que está gritando cada vez con más fuerza que “_otro mundo es posible_”. Muchas rebeliones estamos presenciando a lo largo y a lo ancho del orbe; rebeliones en las urnas y rebeliones en las calles.

Es tan insostenible el actual orden vigente de exclusión social, de crecimiento desbocado de la desigualdad, de deterioro ecológico irreversible en no pocas situaciones de agresión ambiental, de democracias de fachada, de dictaduras mediáticas (especialmente las de manipulación televisiva), de violencia sin control y de estados fallidos producto del crimen organizado del narcotráfico; que aquellas entidades globales del capital financiero internacional están ya renegando, ellas mismas, de la monstruosidad que generaron con las políticas neoliberales de los últimos 30 años.

Sí, ahora resulta que organizaciones como el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mismísimo Banco Mundial, se “_arrepienten_” de todo el engendro maligno de políticas privatizadoras que han venido imponiendo, de TLC’s aperturistas de sesgo fundamentalista, de arrasar con la agricultura y la soberanía alimentaria de los países, de políticas fiscales extremistas, de mercados financieros sin la más mínima regulación, de flexibilidades laborales, de reversión de derechos, etc., etc. ¿Quién lo diría?…

Es hora de pasar facturas. Es hora de pasar a la ofensiva. Es hora de reconstruirnos como sociedades de inclusión, es hora de pasar a la construcción de la nueva hegemonía, de la hegemonía del bien común, de la hegemonía de reconciliación con la Naturaleza, de la hegemonía de las democracias plenas, de la nueva democracia, de la plenitud de derechos; de los Derechos Humanos; de imponer la constitución política global: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, esa misma que dio origen a la fundación de las Naciones Unidas.

Sí, de manera contundente debemos pregonarlo una vez más, mil veces más, incansablemente. Para quienes nos desenvolvemos en el mundo sindical la indicada declaración señala en su Artículo 23 cuatro aspectos: _Uno. “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. Dos. “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”. Tres. “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”. Cuatro. “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses_”.

Entonces, ¿qué esperamos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el mejor estandarte que podemos enarbolar para soñar, para proponer, para gestar, para organizar, para impulsar, para concretar una verdadera Rebelión Ciudadana, posicionando en el centro de toda política pública a la persona, al Ser Humano, a la gente del trabajo, a la clase trabajadora, al hombre, a la mujer, a la Naturaleza… en fin, ¡A la Vida!

Pero esto no nos vendrá “_de arriba_” por más “_arrepentidos_” que estén el FMI y el Banco Mundial. Nos corresponde a “_los y las de abajo_” tomar la iniciativa enarbolando la gigantesca autoridad moral y el gran patrimonio ético de todos estos años de resistencia al avance depredador de la hegemonía del capital financiero y su insaciable apetito por la acumulación destructiva.

Miremos a los pueblos árabes sublevados; miremos a los pueblos de nuestra Latinoamérica del Sur con sus prioridades de política social para la inclusión y para la reducción de la desigualdad; miremos a los otros pueblos centroamericanos que resisten y que tenían a Costa Rica como ejemplo; miremos a los pueblos trabajadores europeos que están resistiendo el desmontaje de los estados sociales que habían construido con gigantescas acciones obreras; miremos al pueblo de Cuba y su ejemplo de dignidad patriótica inigualable; miremos a los pueblos nórdicos, ejemplos paradigmáticos de sociedades de capas medias hegemónicas…

Pero, por encima de todo, mirémonos a nosotros mismos, hacia la Costa Rica profunda, a la que nos fue heredada, la que construyeron esos grandes hombres y esas grandes mujeres del pasado; esas gigantescas personalidades patrióticas que con inspiraciones ideológicas y filosófico-políticas diversas apuntaron siempre en la misma dirección: la promoción del bien común, la movilidad y la inclusión sociales, la reducción de la desigualdad, impulsando políticas públicas con inspiración de cobertura universal, con empresas públicas exitosas que nunca dependieron del Estado central para su gestión financiera, con una Caja emblemática, “_envidia de otros pueblos_“… Sí, salgamos a la calle este PRIMERO DE MAYO. Nos sobran razones para ello y ahora el viento corre a nuestro favor.

PRIMERO DE MAYO: Sobran razones para manifestarnos

Se acerca el PRIMERO DE MAYO. En este 2011 cae en domingo. La clase trabajadora del planeta, una vez más, hará escuchar su voz frente al poder formal y al poder real, siendo este último, “el de a verdad”.

En Costa Rica sobran razones para manifestarnos. Estamos ya viviendo los “tiempos de TLC’s” y el escenario sociopolítico y económico nos indica de una convivencia como nación en constante tensión, debido a la gravedad de una enorme cantidad de problemas que, juntos todos, nos llevan a uno mayúsculo: el crecimiento de la desigualdad y sus derivaciones: exclusión cada vez mayor de más gente de los beneficios del desarrollo económico vs. aumento de la concentración abusiva de la riqueza con sus ofensivas manifestaciones.

En Costa Rica el poder real, “el de a verdad”, está sin control. Carece de contrapeso. Forma parte de una hegemonía global de carácter planetario que está promoviendo (con pocas excepciones y casi todas en la América Latina), una gran involución, la reversión, la derogatoria, de trascendentales conquistas sociales logradas a lo largo de muchas décadas de lucha política, sindical y social a favor de las clases trabajadoras, de las clases populares, en fin, de “los y las de abajo”.

Por ejemplo, es impresionante lo que estamos presenciando en varios países de la Unión Europea (UE). ¿Quién lo diría? Despidos masivos, rebajas salariales, aumento de la edad para pensionarse, privatizaciones a mansalva, más impuestos indirectos (especialmente el IVA), más reducciones impositivas para los capitales, menos recursos para programas de salud y de educación, etc., etc.

Irlanda, Grecia, Portugal han sido puestos de rodillas ante los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El Reino Unido (Gran Bretaña), Italia, España, Francia, promueven fuertes reducciones de la cobertura social de sus legislaciones laborales y de reducción de sus servicios públicos de acceso universal.

Y lo que está pasando en Estados Unidos era impensable hasta hace poco tiempo. El Presidente Obama (“demócrata”) y los republicanos de la derecha política gringa, unen fuerzas para aniquilar sindicatos, eliminar la negociación colectiva, reducir al mínimo los importantes programas sociales de Medicaid y Medicare, destinados a la gente pobre sin posibilidades de acceso a la salud, por ejemplo; pero, por el contrario, fortalecen la tendencia a la reducción y a la eliminación de pago de impuestos de los archimillonarios y de las gigantescas corporaciones transnacionales.

Todo esto es debido a esa gran hegemonía global producto del poderío político sin control alguno del capital financiero de corte neoliberal. Ese mismo que provocó las grandes crisis bancarias recientes cuyos efectos siguen presentes; y ese mismo que, ¡oh paradoja!, cuando se vio en serios aprietos corrió a tocar las puertas de “papá Estado” para ser salvado, con inyecciones archimillonarias, en cantidades inimaginables, de dólares y de euros que, dolorosamente, le serán cobrados a los pueblos trabajadores de, prácticamente, todo el orbe.

En Costa Rica, la versión local de los representantes de esa hegemonía global dominante nos está llevando al precipicio de la confrontación social abierta. Veamos algunos datos. Ya casi llegamos al 50 % de los hogares de familias trabajadoras asalariadas a las cuales no les alcanza la plata para terminar la quincena o el fin de mes. Pasamos ya el 40 % de la Población Económicamente Activa (PEA), con empleo informal y que debe “jugársela” por cuenta propia.

A una de cada tres personas trabajadoras asalariadas en el sector Privado no se les paga el salario mínimo de ley, ya de por sí bajo y no se ve voluntad política por ningún lado para establecer una nueva fórmula de cálculo que los aumente.

La evasión, el robo de impuestos, al año, es de, más o menos, 500 mil millones de colones, cifra muy parecida a lo que se pretende recaudar con el nuevo paquete de impuestos que este Gobierno nos quiere imponer. 800.000 furgones entran y salen del país sin la menor fiscalización tributaria de qué llevan dentro, dada la “fiesta aduanera” de ausencia de control total, pese al grito reiterado de los sindicatos de Hacienda por parar semejante relajo.

Una abrumadora mayoría de la clase trabajadora asalariada, incluyendo importantes segmentos medios de la misma, está con altísimos niveles de endeudamiento pues ha sido el mecanismo más utilizado para evitar caer en la pobreza. Se avecinan las fijaciones salariales de los sectores Público y Privado y serán raquíticas, indignantes, humillantes

Un abandono casi total del apoyo de la política pública hacia el pequeño emprendedurismo empresarial, pese a que hay “guardados” casi 200 mil millones de colones por concepto de banca de desarrollo.

Se atropellan los derechos constitucionales y los Derechos Humanos en materia de Libertad Sindical en grandes segmentos del sector Privado, impidiéndosele a la gente trabajadora organizarse para defenderse.

Los taxistas formales (los rojos”), los traileros costarricenses, los microbuseteros nacionales, están amenazados de extinción dando otra señal más del pernicioso camino de la exclusión social. Y “pa’ que no nos falte”, la Caja bajo ataque… ¿Seguimos?

Como vemos, sobran razones para salir a la calle este PRIMERO DE MAYO. Sí, es domingo. No importa. Somos el más numeroso segmento de la sociedad, somos la “gente de abajo”, la mayoría… el pueblo trabajador en sus diferentes formas. Estamos en plena capacidad de hacer visible, potente, poderosa, nuestra propia hegemonía; a la costarricense, inspirada en el bien común, en la reducción de las desigualdades, en medio de nuestra rica diversidad que es nuestra propia fuerza. ¡A la calle, este PRIMERO DE MAYO!

La criminal desigualdad: El caso de Estados Unidos

En nuestro modesto entender, podemos detener ese sostenido crecimiento de la desigualdad social desde varios ámbitos, aunque dos pueden ser los principales. Uno es lograr una Transformación Tributaria Estructural, profunda, jamás realizada en la historia nacional y, obviamente, más que urgente. El otro es una Nueva Política Salarial, tanto para el sector Privado como para el Público.

En esto de la criminal desigualdad, nada más impactante que hablarles del caso de los Estados Unidos hoy en día. Figúrense ustedes que el pasado 29 de marzo en el periódico emblema del capitalismo neoliberal de carácter financiero, en el periódico que es algo así como el “altar sagrado” del dios mercado de la acumulación excesiva, abusiva y repulsiva de capital, The Wall Street Journal, publicado en Estados Unidos pero con influencia en todo el orbe, salió un artículo en el que, oigan ustedes, se le dice a los archirricos de ese país que, ¡empiecen a pagar impuestos o enfrentarán una revolución! ¿Quién lo hubiese pensado que algo así se dijese en ese medio de comunicación?…

La publicación mencionada alerta en cuanto a que 300 mil archimillonarios gringos, que son la décima parte del 1% de la élite más acaudalada de ese país, tienen tantos ingresos como 150 millones de estadounidenses, la mitad de toda la población de esa gran nación. Se nos indica además estos impactantes datos:_ “Uno de cada cinco estadounidenses está desempleado o subempleado. Una de cada nueve familias no puede hacer el pago mínimo de sus tarjetas de crédito. Una de cada ocho hipotecas está atrasada o en ejecución. Uno de cada ocho estadounidenses sobrevive con cupones de alimentos”._

Según The Wall Street Journal, “la movilidad social siempre ha sido parte del sueño estadounidense… esa promesa se ha quebrado… El sueño estadounidense se está convirtiendo en pesadilla. Pronto va a implosionar: fusión, revolución, depresión”. Otro ejemplo citado que impacta: “pero el hecho es que, sobre una base ajustada por inflación, Wall Street perdió 20 % del dinero de los fondos de pensiones en la década de 2000 a 2010, ¡más de 10 billones de dólares!”.

La mencionada publicación dice de sus propios pares lo siguiente: “El 1% superior lleva vidas privilegiadas, no les preocupa mucho. Sus familias hacen vacaciones en los mejores centros turísticos. Sus mayores preocupaciones son encontrar el mejor maestro de Pilates, el mejor masajista, los mejores cirujanos, las mejores escuelas privadas. Ellos no se preocupan por el subyacente deterioro de los Estados Unidos o del mundo…”. (Pilates es un sistema de entrenamiento físico y mental).

El ansia desmedida por la acumulación de riqueza de los archimillonarios advierte “que los ricos son como los adictos y para los adictos, el dinero es como la cocaína, demasiado nunca es suficiente”. Tal publicación agrega que esta actitud es “delirante, mortal y, sin embargo, omnipresente en los Estados Unidos”. Y todavía más contundente es The Wall Street Journal cuando afirma: “Nuestro 1 % superior cree honestamente que es inmune, que está protegido de las consecuencias no intencionadas de apabullar a los estadounidenses por tres décadas con la cantaleta del libre mercado y el chorreo de las doctrinas Reagan que los hicieron super ricos”. Y, para que no quede duda de todo lo riesgosa que es esta criminal desigualdad la publicación recuerda: “la última vez que la brecha de riqueza entre los super ricos y el 99 % restante era así de grande fue justo antes de la crisis de 1929 y la Gran Depresión”.

Recientemente otra notabilísima publicación periodística estadounidense, la célebre revista TIME, publicó un trabajo denominado “Pobres vs. Ricos: un nuevo conflicto mundial”, advirtiendo que “se está desarrollando un conflicto entre dos mundos uno rico y uno pobre, y el campo de batalla es el propio mundo. 25 países desarrollados con tan sólo 750 millones de habitantes consumen la mayor parte de los recursos del mundo, producen la mayor parte de sus bienes manufacturados y disfrutan de los más altos niveles de vida de la historia. Pero ahora están frente a 100 países subdesarrollados y pobres con 2 mil millones de personas, cientos de millones de las cuales viven en la pobreza y exigen una mayor participación de ese riqueza”. Según se dice, esto es una “bomba de tiempo para la raza humana”.

La naturaleza perversa de esta criminal desigualdad no podía quedar mejor retratada que con la realidad actual del país que ha sido el principal promotor de estas ideas fanáticas y fundamentalistas de libre mercado, basadas en la hegemonía total del capital financiero, altamente concentrador de riqueza y expoliador de los pueblos. Como ven ustedes, el combate a la desigualdad criminal parece ser el punto número uno de nuestras luchas.