Categoría: Opinión

La verdad es que la especie de que la política es una cosa sucia, a la cual se meten solamente personas oportunistas, corruptas, mediocres, arribistas, lamebotas, pegabanderas, mercantilistas y de similares lacras, se ha posicionado en el imaginario común.

Muchas razones explican esta percepción que anima en el corazón y en las mentes de gran cantidad de gente; especialmente en gente de la clase trabajadora para la cual, gane quien gane, las cosas han de seguir igual… o peor. Sin esperanza de mejoras, sin esperanza de progreso.

La política electoral se ve como un botín que genera beneficios personales, exclusivamente. Y si acaso hay beneficios colectivos, será para reducidos grupos arrimados a la persona candidata, quien “disfruta” de tener un lugar en el círculo de poder. Esta situación se ha degenerado tanto que muchos piensan que “lo feo de las argollas es estar fuera de ellas”.

Esta percepción ciudadana de que la política es sucia, se hace más dramática en el nivel municipal. El clientelismo electoral, la mediocridad de gestión, la propensión a la corruptela, la entronización de la mordida, la impericia técnica y las decisiones erróneas que afectan a mucha gente, alcanzan expresiones patéticas en los gobiernos locales y, por ende, en no pocas alcaldías.

Además, por experiencias recientes, de votaciones de ingrato recuerdo, como nos lo demuestra un_ “sobrado”_ expediente, tenemos un tribunal electoral que no genera la suficiente confianza en su imparcialidad, en su neutralidad, en su transparencia.

A pesar de todo ello, creemos que se impone un drástico cambio de carácter estratégico en la forma en que vemos la política electoral y un drástico cambio en nuestra actitud de participar.

En primer lugar, siempre hay gente de buena fe, honesta, con transparente vocación de servicio que busca ser designada en un cargo de elección popular, como las alcaldías. Este domingo 5 encontraremos muchas de estas personas en las papeletas cantonales. Ni todo está podrido, ni todo es sucio en la política, en particular la de carácter electoral.

Siempre hay opciones sanas para escoger y, por tanto, nuestra recomendación respetuosa, es que debemos ir a las urnas municipales este domingo. Debemos ejercer el derecho al voto y debemos dar un primer paso, en tal sentido, con un cambio de actitud estructural de nuestra forma de ver, de sentir y de participar en la política electoral.

La gran tarea histórica que tenemos por delante, en una sociedad cuya problema número uno es el crecimiento de la desigualdad y, por ende, con una concentración abusiva de la riqueza; es provocar una verdadera revolución electoral que con el arma del voto nos permita desplazar del poder a esa vieja hegemonía, la del capital neoliberal, que es la que le ha dado el matiz sucio a la política.

Nosotros mismos hemos caído en esa trampa. La política electoral la hemos dejado, en general, en manos del oportunismo arribista y del inmediatismo personalista, pese a los buenos ejemplos que hemos tenido de participación electoral bien intencionada y sana.

La revolución participativa que ocupamos en el ámbito electoral debe empezar por elegir a las mejores personas para las alcaldías este próximo domingo 5 de noviembre.

Las municipalidades están destinadas a asumir en los próximos años, más responsabilidades de política pública y en pro del bien común. La transformación estructural del viejo sistema político que nos agobia (ese de la corruptela, de la desigualdad, de la concentración de la riqueza), puede empezar si la gente del pueblo se “toma” las alcaldías eligiendo a la gente honesta limpia y honesta que se está postulando.

En muchos municipios, la revolución electoral participativa debe quitarle (así dicho literalmente, quitarle), la_ “propiedad personal”_ de sus respectivos cantones, a individuos que, como si estuviéramos en las épocas de la colonia, se sienten dueños de vidas y de haciendas; mandando en sus comunidades al margen del sistema democrático y de espaldas a la ciudadanía.

Muchos de estos feudos gamonales persisten en la Costa Rica del siglo XXI y son una de las causas principales del alejamiento de mucha gente buena de la participación en la política electoral.

Usted, en su cantón, sabe quién ha sido propuesto de parte de ese viejo sistema político enfermo y en degeneración; y quien, por el contrario, ingresa a la contienda electoral municipal con novatez, sí, pero con transparencia, honestidad e ímpetus genuinos por servir a la gente. Este tipo de personas son las que debemos elegir como el nuevo alcalde ó la nueva alcaldesa en nuestros cantones de residencia. Sí, definitivamente, debemos ir a votar este domingo 5 de diciembre.

La parte principal de nuestras primeras impresiones planteó lo siguiente. “Ambos gobiernos deberían ceder en lo fundamental para crear un clima de paz, de concordia, de lazos fraternos y de proyectos conjuntos. Por ejemplo, deberían darse mínimas concesiones mutuas para empezar a construir soluciones definitivas”.

Es decir, por un lado, el Gobierno de Nicaragua debe retirar sus efectivos militares del suelo costarricense, según ha quedado en evidencia. Al analizar, pausadamente, la amplia documentación divulgada por estos días, hay que decir que la Isla Caldero, es contundentemente tica. Punto. Así lo indican las correspondientes entidades, de cada país, con autoridad en la materia desde el punto de vista geográfico.

Por otro, Costa Rica debe acceder al proceso de amojonamiento de la frontera tico-nica, con mediación internacional de gobiernos amigos de las partes, para que el asunto quede debidamente zanjado para siempre.

Definir sin el menor asomo de duda nuestro espacio físico-geográfico, nuestro territorio nacional, es una forma apropiada de establecer nuestra soberanía sobre el mismo.

Nosotros nos negamos a ser arrastrados por la corriente patriotera, de un nacionalismo enfermizo y de alta carga xenofóbica que a ambos lados de la frontera se fomenta entre nuestros dos pueblos.

Cuando estas circunstancias han llevado a dos pueblos de la tierra a enfrentarse entre sí, a nivel de guerras, quienes sufren son_ “los y las de abajo”_. Quienes están “arriba”, haciendo ostentación de su poder político y económico, no ponen los muertos en esas confrontaciones armadas. Los “hijitos de papi y mami” no van a las guerras. Es la gente del pueblo trabajador la que da sus vidas y sus pertenencias materiales. Es la que ha de cargar con el dolor, la tristeza y la miseria que generan las guerras.

Nos parece que los instrumentos del Derecho Internacional deben primar en todo momento para resolver estos diferendos. En tal sentido, el Gobierno de la Presidenta Chinchilla está actuando de manera correcta. Si el Gobierno de Nicaragua está haciendo lo mismo, está también en su derecho.

Igualmente es de atinada la posición del gobierno tico en cuanto a que la amplia cifra de ciudadanía trabajadora nicaragüense que vive con nosotros, no debe sufrir en lo más mínimo por la bronca en desarrollo. Nos unimos a tal posición, tal y como quedó plasmado en nuestro primer comentario sobre esta situación. La población laboral pinolera en suelo tico es de enorme importancia para la economía costarricense, aunque mucha de ella es miserablemente explotada. Con ella nos solidarizamos plenamente.

De paso, que sepamos, no ha habido pronunciamientos de los gremios empresariales que hacen mucha plata con el comercio entre ambos países. No conocemos la posición de la agrupación de cámaras más importante del país, ni la de la Cámara de Negocios Costa Rica-Nicaragua; ni la de don Rodrigo Arias Sánchez, político-empresario conectado con poderosas contrapartes nicas. Curiosamente, la gritería xenofóbica y patriotera, mucha de la cual se dice que es “nuestra voz”, no los está emplazando por su “conveniente” silencio empresarial.

La prudencia es la estrategia correcta ante las griterías histéricas que, por ejemplo, afloran en el país, de grupos y de personas que han guardado miserable silencio con la presencia de tropas extranjeras estadounidenses en suelo nacional, so pretexto del combate al narcotráfico y los miles de miles de millones de dólares que éste mueve; y que, paradójica y cínicamente, alimentan el sistema financiero de los Estados Unidos cuya economía en declive ocupa de esa plata sucia, aunque publicitariamente afirman luchar contra el crimen organizado del narco.

A muchos de los sepulcros blanqueados que ahora desgarran sus vestiduras en defensa de nuestra soberanía, ésta les importó un pepino cuando se trató de los gigantescos negocios públicos, del Estado, entregados o por entregar para el disfrute de sus ganancias a las multinacionales con las famosas “aperturas” de telecomunicaciones, seguros comerciales, seguros de salud, agua y electricidad, en ocasión del TLC con Estados Unidos, un país quebrado. ¿Es que esto no puede también ser catalogado de “invasión”?… ¿Es que acaso no se cedió la soberanía costarricense entregando nuestro modelo solidario de desarrollo, construido por la Tiquicia de antaño y que todos y todas heredamos?… Perdónenos, pero al diablo con esa doble moral en materia de soberanía.

El gobierno nica debe retirarse de Isla Calero y responder por el daño ambiental causado. El gobierno tico debe proceder, con claridad, al amojonamiento de la frontera con intermediación internacional. Además, se debe restablecer la permanencia de una policía fronteriza, con condiciones dignas y buenos salarios, inexplicablemente desaparecida por el gobierno anterior. Ambos gobiernos deben sentarse a negociar en función de la hermandad de nuestros pueblos. Punto. Esta es nuestra posición final.

Por lo general, cuando hablamos de embates de la Naturaleza, son “los de abajo” quienes más sufren y a quienes más rápidamente se les olvida y se les deja a su suerte.

Primero que todo, expresamos un sincero sentimiento de solidaridad para con las personas que perdieron seres queridos y bienes materiales con la tragedia de Escazú, producto del paso por el país de la tormenta tropical Thomas.

A la vez, expresamos un fuerte sentimiento de indignación porque la misma se pudo haber evitado. Voces autorizadas, especialistas en el campo de la Geología, en el de la Geografía, por ejemplo, lo habían advertido. Tales muertes, tales pérdidas de bienes materiales, casas incluidas, pudo evitarse.

Algo grave está pasando en varios ámbitos institucionales de la política pública que tienen relación con el tema de la planificación urbana, de los planes reguladores, de la protección de cuencas hidrográficas sin importar su tamaño, de las políticas locales y regionales en materia ambiental y ecológica. Dentro de tales ámbitos, el de las municipalidades quedó en el “ojo del huracán” de los permisos facilistas, de las acciones preventivas, de la educación comunal, de logística para las emergencias… del tráfico de influencias y hasta de las corruptelas con tales “flexibilidades”.

La agrupación social en la cual trabajamos, tiene mucha relación con el mundo municipal, específicamente con el de orden laboral. Sin embargo, con lo que pasó, emerge una gran responsabilidad adicional desde la perspectiva de una acción de proyección comunal que hemos denominado Sindicalismo Ciudadano.

Esas voces expertas, con estudios científicos de gran rigurosidad, mismas que advirtieron de lo que luego pasó en Escazú, con todas esas deplorables muertes y esa gran destrucción, nos indican que hay 31 cantones ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), con graves riesgos de derrumbes, de inundaciones, de deslizamientos de montañas y de cerros, que, ojalá nunca se presente, pues podrían generar tragedias muchos mayores, con eventos como el de la tormenta Thomas o de mayor envergadura como un huracán en toda la expresión del concepto.

Las personas, la ciudadanía habitante, pero especialmente las personas de ingresos bajos y medios, en esencia, “los de abajo” de estos cantones, deben asumir una nueva actitud, más enérgica, más contundente, más fiscalizadora, más organizada, más incisiva con sus respectivas autoridades locales y también con las centrales.

Los cantones de Atenas, Poás, Alajuela, Mora, Santa Ana, Escazú, Alajuelita, Aserrí, Desamparados, La Unión, Curridabat, Montes de Oca, Goicoechea, Tibás, Coronado, Moravia, Santa Bárbara, Barva, San Rafael, San Isidro, San José, Flores, El Guarco, Heredia, Oreamuno, San Pablo, Belén, Santo Domingo, Paraíso, Cartago, y Alvarado; están propensos a vivir las duras y trágicas experiencias de estos días pasados.

Por ejemplo, es criterio de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR), que en el Gobierno Central se tienen mapas que detallan estas situaciones de riesgo inminente, pero que no están profundizando lo suficiente para parar el relajo permisivo con que se está practicando la planificación urbana. Además, de que en las municipalidades conocen de todo ello y aún así siguen metiendo gente en esas zonas peligrosas.

Hacemos una vehemente exhortación para que las personas líderes laborales en las municipalidades de esos cantones, extiendan sus agendas de trabajo hacia estas delicadas cuestiones, de forma tal que, coadyuven a la organización comunal para la defensa de la vida de sus correspondientes comunidades; para la defensa de los bienes materiales de la gente, para la defensa de la ecología y del ambiente.

Igualmente, dada la cercanía de las elecciones para las alcaldías, sería muy bueno revisar bien las propuestas electorales de las personas aspirantes y revisar con lupa qué posición, planes, políticas, estrategias tienen (si es que las tienen), para lidiar con esta nueva realidad. Dios no permita, nadie quiere otras 31 tragedias más similares a la de Escazú. Nadie podría decir de ahora en adelante que no nos lo advirtieron.

Como artistas, este personal profesional decidió hace 10 años sumarse a las filas de la organización en la que militamos, reconociéndose como trabajadores, pues como tales se ven obligados, día a día, a defender sus derechos laborales y, por ende, a fortalecer esa noble institución cultural que es la OSN.

No obstante, esta celebración debió contar con varias actividades a lo largo de todo el año y no circunscribirse a dos conciertos. Consideramos que los jerarcas de esta institución quedaron en deuda con los trabajadores y con el público, ya que el programa no incluyó obras costarricenses o latinoamericanas; no incluyó a todos los miembros de la orquesta en el concierto fundamental de la celebración; no incluyó obras que ejecutó nuestra orquesta sinfónica en aquella, hoy histórica noche del 31 de octubre de 1940; no se contrató a ningún solista nacional, sino que solamente solistas extranjeros que interpretaron la sinfonía de Beethoven; no se contrató a un solista de la propia orquesta, contando el colectivo de la OSN con compañeras y compañeros que tienen el nivel musical y técnico idóneo, para ser dignos representantes musicales de esta institución cultural. En fin, interrogantes son muchas y eso denota la falta de conocimiento sobre la historia, por parte de los jerarcas, de nuestra querida Orquesta Sinfónica Nacional.

Debió haber sido una celebración para recordar por mucho tiempo, especialmente sus actuales integrantes, quienes no encontraron entradas para invitar a las personas que querían que les acompañara en tan no menos histórica noche, la del 70 aniversario. Se nos dice que la administración no tomó las previsiones del caso para sus músicos pudieran tener entradas, y por otro lado se les invitó a una recepción a la cual no podían llevar ningún acompañante…realmente sorprendente.

Como sindicato, no podemos olvidar en esta celebración, los hechos ocurridos en 1971, con la famosa “reorganización” de la Orquesta Sinfónica Nacional: el despido de los compañeros músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de aquel momento. En una fecha tan especial como la del 70 aniversario, se debe hacer justicia y se debe reivindicar la memoria de quienes fueron despedidos, violentándose sus derechos laborales, constitucionales y humanos, causándoles un daño moral irreparable.

Paradójicamente, don Guido Sáenz, el entonces Ministro de Cultura, se refirió a los compañeros despedidos de la siguiente manera: “éstos habían sido abnegados pero son mediocres[…]”. Esto está debidamente documentado. Se trata de una frase lapidaria, ingrata y despectiva para los músicos que desde 1940 hasta 1971 mantuvieron viva la institución que hoy tenemos y podemos festejar, a pesar que trabajaron en condiciones adversas y con un presupuesto casi nulo. Esta frase, como la pronunciada por este exfuncionario público, no puede, ni debe repetirse en nuestra querida institución.

¡Honor a los compañeros despedidos en 1971: Gerardo González, Carlos Luis Jiménez, Carlos E. Muñoz, Dagoberto Loría, Ronny Castro, Roberto Valle, Jaime del Valle, Carlos Cambronero, Hermógenes Mata, Jorge Antich, Ronulfo Jiménez, Roque Solís, Bolívar Quirós, Efraín Prado, Héctor Soto, Álvaro Murillo, José Joaquín Prado, Jesús Irigansay, José Ramos, Mario Zúñiga, Mariano Prado Quesada, Mariano Prado Robles, Manuel Bonilla, Ángel Salvatierra, Jesús Brenes, Rigoberto Zúñiga, Guillermo Alvarado, Juan Bonilla

Este panorama plagado de inconsistencias aparece en un momento en el que los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional necesitan del apoyo de la Presidenta de la República y de los jerarcas de Cultura, de cara a la entrada en el Servicio Civil, una situación que pone en riesgo muchos salarios. Este artículo fue, esencialmente, construido con el aporte del compañero M.Sc. Luis Carlos Amador Brenes, músico violista de la OSN, Dirigente Sindical de la ANEP en esta institución cultural e integrante de la Junta Directiva Nacional de nuestra agrupación.

Debilidades y complicidades, tácitas o explícitas, parecen conjurarse en esta difícil problemática del tráfico internacional de cocaína y otras drogas que pasan por el territorio costarricense ó que se quedan en él. Pero aún así, con toda la gravedad que esta delicada situación está representando, este no es el principal problema nacional.

Asaltos, robos, hurtos, asesinatos, estafas, violencia física en todas sus expresiones (doméstica, intrafamiliar, colegial, juvenil); en bares, fiestas, casas, centros laborales, carreteras, en la calle); intolerancias, abusos de toda naturaleza… Todo esto nos acongoja, nos hace sentirnos inseguros, tememos por nuestras personas queridas, salimos de la casa y no sabemos si volveremos a ella ó cómo volveremos (sin plata, asaltados, con una puñalada, golpeados, agredidos verbalmente, etc.). Hay una espiral de violencia, potenciada, por cierto, por el sensacionalismo mediático y la nota periodística roja. Pero aún así, con toda la gravedad de esta espiral de violencia en ascenso, la violencia criminal y similar no es el principal problema nacional.

Chorizos, corrupciones de toda laya (con concesiones sin transparencia, con consultorías fantasmas), tráfico de influencias, compra de conciencias, mordidas y sobornos (como las ofrecidas en el caso de los muelles de Limón); reparto de plata, comida y materiales de construcción entre la gente más pobre para ganar votaciones; etc., etc. Sentimos que toda esta corrupción, que pareciera no detenerse, lesiona la democracia, deteriora la legitimidad republicana, golpea la confianza ciudadana en las instituciones. Pero aún así, con toda la gravedad que esto representa, la corrupción no es el principal problema nacional.

¡No! Ni el narco, ni la violencia, ni la corrupción, gravísimos problemas en sí mismos, son el principal problema nacional. El principal problema nacional es el crecimiento de la desigualdad producto de una concentración abusiva de la riqueza; producto de un sistema tributario que tritura a “los de abajo” y que beneficia a “los de arriba; producto de actividades de micro, pequeña y mediana empresa dejadas “a la mano de Dios”; producto de políticas salariales restrictivas que han empobrecido y/o han dejado a la gente asalariada con altísimos niveles de endeudamiento; producto del deterioro de la calidad de los servicios públicos sociales afectados por restricciones presupuestarias que reducen su cobertura; en fin, producto de las políticas neoliberales altamente fracasadas en los propios Estados Unidos y en países de la Unión Europea (UE), como Portugal, Irlanda, Grecia, España… La desigualdad creciente, no la pobreza, es el principal problema nacional.

Que ahora no venga ningún cro-magnon en vela, con condena judicial incluida por violar derechos laborales, a descalificar la acción social de lucha sostenida durante todos estos años por amplísimos sectores (incluyendo sectores productivos y empresariales), a fin de evitar el deterioro de nuestra legendaria convivencia basada en el bien común; de la sociedad de relativa inclusión y de movilidad social que se había venido construyendo; de una patria de oportunidades que había sido ejemplo global, especialmente para Latinoamérica. Gigantesca lucha cívica tenemos por delante: volver a la senda de la promoción del bien común, de la integración social, de la equidad… y en tiempos de TLC’s.

Nada más trágico para el país que ni siquiera podamos, técnica y científicamente, auscultarnos de cuántos somos, de cómo estamos, de qué carecemos, de qué debemos planificar en el mediano y en largo plazo; si, verdaderamente, es sincero el discurso oficial de la política pública que debe centrarse en la búsqueda y en la promoción del bien común.

Consideramos que es un grave error estratégico cercenar el presupuesto necesario que para esos efectos ha solicitado el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), cifrado en la cantidad de 5 mil 372 millones de colones. Pero en la cartera de Hacienda le han aplicado un inmisericorde machetazo y han indicado que solamente podrán otorgar 2 mil 500 millones de colones.

Es decir que por una miopía política que, al final, pagaremos caro, se le quita al presupuesto para los censos nacionales del año entrante, unos 2 mil 800 millones de colones; cantidad ésta que fácilmente puede asignarse sin que nos “hundamos” más en el “precipicio” del déficit fiscal. ¿Es que en verdad nos estamos “hundiendo” por tal razón como dice el discurso oficial?

Esto de los censos nacionales previstos para el año entrante 2011, no es un asunto improvisado, que el INEC se sacó de la manga de la noche a la mañana. El altísimo profesionalismo, la solidez técnica y la gran solvencia moral que caracteriza al personal de esta importantísima institución de servicio público, ha estado trabajando desde hace mucho tiempo para que con los datos que se van a obtener, Costa Rica, puede pensarse a sí misma: qué va a hacer en materias de política pública tan sensibles como educación, seguridad, salud, infraestructura, asistencia y movilidad social, medio ambiente y otras.

Como país, promocionamos ante el mundo que le llevamos muchísima ventaja a otras naciones del orbe que tienen desafíos parecidos o perfiles más o menos similares al nuestro; nos damos el lujo de vanagloriarnos de que, en algunos campos, tenemos estándares sociales similares a los países más desarrollados, como los del norte de Europa. Es más, hasta pontificamos y les decimos a otros (teniendo ya como tenemos techo de vidrio), cómo deben practicarse los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Pero ¡oh paradoja! ¡Qué ridículo! No podemos realizar el censo nacional por un recorte absurdo, irracional, fuera de toda proporción, del presupuesto que, de manera absolutamente responsable, la gente del INEC ha previsto con toda seriedad.

¡Por favor! De manera vehemente le pedimos a la primera mandataria, al señor Ministro de Hacienda, que corrijan semejante error, más bien horror. El Censo Nacional es una decisión de país, no de un gobierno transitorio; es una cuestión de superior orden estratégico, no una política ocasional de cuatrienio gubernamental.

¿Qué será? ¿Será que a los sectores dominantes les da miedo que se dé una constatación estadística, profesionalmente incuestionable, con fuerte asidero científico, de qué, en verdad, estamos mal en muchos órdenes, como así lo siente a diario la gente, “los de abajo”; por ejemplo, en cuanto al crecimiento de la desigualdad y en cuanto a la concentración de la riqueza?…

Solicitamos, respetuosamente, a la honorable Asamblea Legislativa que corrija en el trámite del presupuesto nacional del año entrante, la “metida de pata” del Gobierno en este asunto del financiamiento de los censos nacionales del año entrante. Se trata de una urgente necesidad nacional que ha de tener impacto en el desarrollo nacional venidero.