7 de octubre

¡Qué ironía! Precisamente hace dos años, el 7 de octubre de 2007, ese tribunal electoral quedaba desnudado, completamente, en cuanto a su parcialidad cómplice con el bando gubernamental-empresarial del sí al TLC; lo que, mediando una pérfida estratagema (_“Memorándum del Miedo”_), logró arrebatarle al pueblo costarricense una victoria cívica de inconmensurable valor patriótico y de enorme impacto soberano.

Tenemos la ineludible obligación histórica de no olvidar. La lucha contra el TLC que, finalmente, nos impusieron con los Estados Unidos (con esa ayuda que el TSE le dio a la oligarquía neoliberal, entre otros aspectos); representó el acontecimiento político-social y cívico-patriótico más relevante de la historia republicana costarricense, desde los acontecimientos bélicos de 1948.

El primer intento serio de democracia participativa de nuestra vida republicana (como lo fue el referéndum del 2007), fue prostituido por los latifundios mediáticos matriculados con esa oligarquía neoliberal en el poder, contándose para ello con la connivencia complaciente del TSE, más la confabulación parlamentaria de ingrato recuerdo y las bendiciones constitucionales impartidas por el más alto tribunal de la República y sus magistrados “asesores” (abiertos o solapados) que, simultáneamente, servían para el gobierno.

Pese a la pírrica victoria de esa oligarquía neoliberal ocurrida ese 7 de octubre de 2007, un gigantesco campo de acción política de nuevo tipo quedó abonado, como para que, mediando una construcción de unidad en la diversidad (como lo fue el mismo proceso de la lucha contra el TLC); estuviésemos hoy (pese a ese TSE), presenciando el surgimiento de un proyecto cívico-patriótico de nuevo tipo, como instrumento político que le disputase, al menos, el gobierno a esa oligarquía neoliberal.

Pero no fue así. Los más connotados políticos del No al TLC, que fueron a beber de las aguas cristalinas de una gigantesca lucha cívica de muchos años de incubación, para resucitarse a sí mismos; hoy, luego de que con los brazos abiertos se les recibiera con alfombra en el seno de los movimientos sociales, se presentan envanecidos con sus veleidades de personalismos soberbios, mostrando cinco o seis candidaturas presidenciales, para disfrute de quienes pujan (en medio de un exceso de confianza), por la preservación de un orden más que injusto, excluyente, ecológicamente depredador y abusivamente concentrador de riqueza; viejo orden que expande la desigualdad social sin ningún miramiento ético. En lo que a este servidor respecta (y sin comprometer para nada a la organización en la cual militamos), ninguna de esas candidaturas merece mi voto.

Tanta seguridad anima a quienes propician la petrificación de dicho orden que “su” tribunal ya se dio el lujo de indicar que no habrá conteo manual de votos en las elecciones venideras; pretendiendo así borrar de la historia la vergüenza de las mesas electorales manchadas en las votaciones del 2006, cuyas víctimas políticas no asumieron el rol histórico que les correspondía ante las elecciones más cuestionadas desde 1948.

Además, la orgía de financiamiento privado para las candidaturas del poder neoliberal entronizado, será irrefrenable. La nueva ley electoral dejó abierto,_ “curiosamente”_, el portillo para que los millones de colones y dólares del capital fluyan de manera incesante, vía bonos, a aquellos partidos que le garanticen no solamente su propia reproducción, sino la reproducción misma del sistema de maquinarias electorales que mantendrá, inalterable, en el 2010, la esencia del poder neoliberal “triunfante” luego del 7 de octubre de 2007.

La gesta histórica de la lucha contra el TLC nos mostró un aprendizaje imborrable que el escenario electorero que hoy se abre no puede superar; reconociendo que una buena cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que se insertarán en ese escenario, es gente buena, honesta, con valores sólidos pero que deberán enfrentar una vorágine de presiones para mantenerse limpias.

Como nadie nos puede quitar la capacidad de soñar, y como estamos acostumbrados a luchar en medio de las más grandes adversidades por la verdadera democracia, sabemos que miles de compatriotas (llegado el momento oportuno), daremos un granito arena para el surgimiento del nuevo sujeto político en perspectiva; ese nuevo sujeto que debe superar el poder de esa oligarquía neoliberal, la misma que cuando sus hijos y cuadros predilectos se le corrompen ó la traicionan, les trata con “guantes de seda”, les impone sentencias blandas, les deja irse del país y/o les exilia con vida palaciega. Al final, “los de arriba”, siguen siendo “los de arriba”. No lo olvidemos nunca.

Encuentro sindical Nuestra América

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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El giro a la izquierda que se manifiesta en nuestra región, con sus diversos matices, grados de profundidad y particularidades nacionales, presenta un denominador común: el arrinconamiento de las corruptas oligarquías latinoamericanas responsables de golpes de Estado, desapariciones, torturas, exilio, corrupción, privatizaciones, represión laboral y asesinatos de sindicalistas, entre otros males que han deteriorado gravemente la convivencia civilizada en nuestros pueblos.

Tales oligarquías han estado sumidas en medio de una orgía desenfrenada de mercado libre y acumulación abusiva de capital, a expensas de la explotación de millones de personas trabajadoras de nuestros pueblos; las cuales, además, han sido sometidas a dictaduras mediáticas de la llamada “gran prensa” que controlan en cada uno de nuestros países.

Afortunadamente para la verdadera democracia, todo eso está cambiando pese al intento desesperado que representa el golpe de Estado en Honduras, donde la derecha oligárquica más primitiva y jurásica intenta, vanamente, interrumpir la ola de cambios que estamos presenciando.

En tal contexto es de gran relevancia contarles de la realización del segundo “Encuentro Sindical Nuestra América”, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil; un evento que, por supuesto, no es noticia para esa “gran prensa”. Este evento reunió a las organizaciones laborales más representativas, más combativas, de mayor incidencia y de gran presencia en los respectivos países, a fin de unificar criterios, compartir estas nuevas experiencias sociopolíticas y afinar estrategias, en medio de una acción unitaria.

Se busca coadyuvar en la profundización de esta senda de cambios que están ocurriendo en Latinoamérica, ante la constatación de que el capitalismo neoliberal solamente representa muerte, dejando a la orden del día el gigantesco desafío histórico de su superación. Se sueña y se lucha para llevar a nuestras sociedades a una etapa histórica superior, caracterizada por la inclusión social, la protección del ambiente y la ecología, la real distribución de la riqueza, el surgimiento de una nueva moral, en medio de un desarrollo soberano que privilegia la integración latinoamericana en su real dimensión.

Las más grandes organizaciones sindicales de la región, pertenecientes a las diversas corrientes que hoy en día se expresan en el movimiento laboral latinoamericano, juntan esfuerzos en torno a la necesidad de una articulación entre ellas mismas; y de ellas con todas las expresiones de los sectores sociales que, de una manera u otra, están en la dirección de construir ese nuevo sujeto político que ya está en desarrollo apoyando a esos procesos de cambios que estamos viendo; o bien, que están en la lucha por construirse a sí mismos, para unirse a la corriente de cambio latinoamericano en apogeo por estos históricos tiempos.

Recibimos el honroso privilegio de participar en este segundo “Encuentro Sindical Nuestra América”, constatando que hoy más que nunca nuestra querida Patria debe insertarse en ese proceso de cambios para mantener la vida. Constatamos que los sectores sociales que, de una manera u otra, hemos estado luchando todos estos años por la vida y contra la muerte que significa el neoliberalismo, vamos por el camino correcto. Que tenemos las posibilidades y las oportunidades demostradas, así como la obligación moral y ética de luchar por esos cambios. Las adversidades del momento, producto de las vanidades personalistas, los celos de protagonismo, la visión política de pasarela y los discursos patrioteros, fortalecen, más bien, la lucha por la construcción de ese sujeto histórico llamado a propiciar la serie de transformaciones pendientes que una Costa Rica inclusiva y solidaria exige, para instaurar la nueva democracia de la vida en contra de la muerte.

Agradecemos a la Central de los Trabajadores y de las Trabajadoras de Brasil (CTB), poderosa organización sindical clasista de ese hermano país, todo lo que hizo para que el sindicalismo tico estuviera presente en la cita histórica que representó el segundo “Encuentro Sindical Nuestra América”.

Sin plata para pagar aguinaldos…

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Si no es así, doña Jenny dice que no habrá plata para pagar aguinaldos de los empleados y de las empleadas del sector Público. Además, tampoco habrá plata para las personas pensionadas y tampoco para los programas sociales.

Se nos dice que hay una gran caída en la recaudación fiscal, producto de la tan traída y llevada crisis económico-financiera mundial; cuando bien sabemos que esa crisis es producto del colapso del sistema neoliberal de libre mercado, libérrimo, sin controles, totalmente abusivo, corrupto, concentrador de riqueza y depredador del ambiente y de la ecología.

Nosotros rechazamos, tajantemente, que los efectos de la crisis sean pagados por la clase trabajadora asalariada con empleo formal; que sean pagados por la clase trabajadora del mercado informal; que sean pagados por las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Ninguno de estos sectores es responsable del desastre fiscal que vaticina la señora Ministra de Hacienda, doña Jenny Phillips.

Por el contrario, se impone, es urgente, no puede postergarse, la imperiosa necesidad de una reforma tributaria estructural por el lado de la renta y que afecte, únicamente a las grandes fortunas, los abultados capitales, la concentración de la riqueza.
Es completamente inmoral, antiético, atentatorio de todos los valores sublimes del humanismo cristiano y de la justicia social, que (datos del Estado de la Nación), el 16 % de la población acapare el 80 % del ingreso nacional. Aquí reside la verdadera esencia de la crisis de ingresos fiscales que ya nos anunció la mencionada jerarca.

Existe un criterio muy fuerte, compartido desde varias visiones sociopolíticas y filosóficas, de que Costa Rica debe aumentar su carga tributaria entre un 2 y un 3 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB), si queremos, como país, en verdad y con sentido estratégico, atacar de raíz la pobreza y propiciar condiciones para una recuperación de las sendas de la equidad, en combate abierto contra el crecimiento de la desigualdad. Nosotros insistimos en que ese aumento de carga tributaria debe ser por el lado de los grandes capitales acumulados bajo el alero de las políticas macroeconómicas y financieras de sesgo neoliberal, imperantes en los últimos cinco gobiernos.

Por otra parte, es don Oscar Arias la persona directamente responsable de todas las consecuencias derivadas de esta fuerte crisis en las finanzas públicas.

A cambio de que se diera la “aprobación” (realmente fue una imposición) del TLC con Estados Unidos, él se comprometió a propiciar la necesaria reforma tributaria que ello implicaba; reforma absolutamente imprescindible por el impacto negativo en la recaudación arancelaria derivada de ese tipo de TLC. Aprobado lo primero, “renunció” a lo segundo y hoy, su propia Ministra de Hacienda, nos indica las graves consecuencias en las finanzas públicas de esa “renuncia”.

Lo más grave del asunto es que la persona sucesora que don Oscar quiere dejar en el cargo presidencial (si es que gana las elecciones), la señora doña Laura Chinchilla Miranda, ya anunció que la reforma fiscal no será prioridad en su eventual gobierno.

Así se lo prometió ella a uno de los poquísimos grupos ganadores (quizás, el principal), de las políticas neoliberales de los últimos años: la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras. Es más, se comprometió a dejar al señor Francisco de Paula Gutiérrez, en la presidencia del Banco Central de Costa Rica. Como sabemos, este ciudadano es uno de los principales ideólogos neoliberales, actor directo del proceso de concentración de la riqueza que sufrimos y que amenaza a la democracia costarricense.

Nosotros esperamos que la lucha por la defensa del aguinaldo, del pago de las pensiones y del presupuesto para programas sociales, implique una gran movilización de quienes se verían afectados y de sus respectivas familias. Cumplimos así con el deber de informar y de alertar, para honrar nuestras responsabilidades.

Salarios, solidarismo y sindicalismo

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Este asunto se “cocina” en una instancia que se llama el Consejo Nacional de Salarios (CNS), adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En el CNS los representantes empresariales y los del gobierno (al final de cuentas, los mismos), hacen una alianza y votan juntos, contra la propuesta que presentan los sindicatos (algo que es puramente testimonial, por cierto).

Que sepamos, nunca se conoce en el CNS una propuesta salarial presentada por el solidarismo. Esta es la clave: el solidarismo no puede formular propuestas salariales porque ello, aparte de ilegal según nuestras leyes, lo enfrentaría con los propios patronos, los empresarios, quienes, a final de cuentas, controlan el movimiento solidarista.

La corriente sindical a la cual pertenecemos no está en contra del Movimiento Solidarista. Éste tiene su propia legislación. Igualmente, el Movimiento Sindical tiene la suya; y, también, el Movimiento Cooperativo tiene su correspondiente marco legal. En una sociedad verdaderamente democrática, estas tres formas de organización social a las cuales debe tener acceso la clase trabajadora, deben existir a plenitud.

Sin embargo, es el Movimiento Sindical el que sufre las más odiosas discriminaciones, empezando por la real prohibición de formar sindicatos en las empresas privadas, en las cuales, la palabra “sindicato” es sinónimo de despido.

Precisamente, por las posibilidades que tiene el Movimiento Sindical de actuar con independencia frente a los patronos, frente al Estado y frente a los partidos políticos, es que se le ataca con virulencia; se le invisibiliza, muchas veces, en los “grandes” medios de comunicación colectiva, aunque se le ataca desde éstos, despiadadamente, por parte del sicariato intelectualoide de escribanos y amanuenses, mercenarios todos de la palabra, caracterizados por sus desviaciones antidemocráticas y totalitaristas.

El potencial de fuerza de la clase trabajadora organizada en sindicatos libres e independientes, es un riesgo político que la clase en el poder (con sus diversos partidos), no está dispuesta a correr. Por eso, incluso, prefieren la condena moral (a darse el próximo año y que la caerá al nuevo gobierno), de una entidad como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes que aprobar (honrando la palabra comprometida por el país con la misma), el proyecto de ley sobre Libertades Sindicales (expediente legislativo 13.475); y aunque para evitar su aprobación deban incurrir en el filibusterismo parlamentario que tanto han criticado.

El reajuste salarial venidero para el sector Privado, será más que miserable. Ustedes lo verán. Por el contrario, es el Movimiento Sindical (no el Solidarista), el que ha propuesto (con otros sectores sociales), una nueva política salarial en tiempos de “crisis”. En el marco de las “Diez medidas para enfrentar la crisis económico con inclusión social y productiva”, propusimos toda una política de recuperación del poder adquisitivo del salario para que éste sea creciente de manera progresiva.
Se explica usted, entonces, porqué es que el gremio empresarial más “selecto” del país (para decirlo con elegancia), la UCCAEP, se opone al proyecto 13.475, de Libertades Sindicales. Pues muy sencillo, el Movimiento Sindical piensa, propone, debate, formula planteamientos; es decir, es independiente del patrono y esto es peligrosísimo: que la clase trabajadora asalariada piense por sí misma. Esto es a los ojos de los que acumulan plata y la acumulan aceleradamente, sencillamente “subverviso”.

Por eso hay que aniquilar al Movimiento Sindical y por eso hay que impedirle que asuma su rol de espacio organizativo natural de las personas asalariadas: el sindicato. La democracia de “los de arriba”, “su” democracia, no da para tanto. Hoy más que nunca se impone un cambio estructural en la forma de fijación de salarios para la clase trabajadora, pero parece que ese cambio tiene que ser también del sistema que nos empobrece, que nos excluye, que concentra la riqueza de pocos basada en la pobreza salarial de muchos.

El 2010 y la clase trabajadora

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Nuestro voto será solicitado por toda la pléyade de partidos políticos insertados en el sistema, legitimándolo cada uno a su peculiar estilo y al juego de intereses en sus respectivos senos.

Aunque todas las ofertas electorales que ya se nos están presentando, forman parte del engranaje sistémico diseñado para la reproducción del injusto esquema de concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad; unas, unas pocas, estarán avaladas por el gran capital neoliberal que, con ansias, desea seguir en el Gobierno (porque siempre ha estado en el poder), para crear las condiciones hacia una transformación constitucional que, precisamente, haga irreversible ese orden concentrador de riqueza y de exclusión social; orden tan solo matizado por las migajas que se puedan repartir, desde esa institucionalidad sistémica, para la prevalencia de la pobreza que ayuda a obtener los votos necesarios que deciden una elección presidencial, por ejemplo.

Las otras ofertas, casi todas originadas en un tronco común pero igual de funcionales al sistema, están enceguecidas por el protagonismo personalista y la perspectiva individualista de corto plazo, viviendo la permisividad que desde el poder se les da para que lo cuestionen sin amenazarle y, por el contrario, lo relegitimen. Tales ofertas electorales no lograron articularse pese al gigantesco, desprendido y noble esfuerzo popular sostenido durante casi dos décadas de férrea resistencia cívica al neoliberalismo, desde la caída del Muro de Berlín, en 1989; año a partir del cual casi todos los adalides de la Patria que hoy en día se desgarran las vestiduras en su defensa, habían arriado las banderas de la justicia social, se habían escondido, guardaban silencio, se pasaron de acera y/o se unieron al coro propagandístico del gran capital, sobre el “fin de las ideologías”; quedando tan solo en esos históricos y solitarios momentos, unas cuantas voces, unas cuantas organizaciones dignas (básicamente sindicales), cuyo papel histórico hoy pretende ser negado, precisamente cuando ya “pasó de moda” ser neoliberal y prácticamente todos, de un lado y del otro, abjuran (de la boca para afuera, por supuesto), de la ideología excluyente, corrupta y depredadora ecológica del “dios” mercado.

En tal estado de cosas y de cara al 2010, nosotros seguiremos apostando a la gigantesca fuerza transformadora que anida en el poder de la clase trabajadora, especialmente si ésta consigue el desarrollo de una aplastante fuerza organizada que, desde una perspectiva de vocación de un nuevo poder, pueda dar el salto cualitativo para propiciar una variación radical de la correlación de fuerzas; hacia una nueva articulación republicana que restaure la hegemonía del bien común, de la real distribución de la riqueza y de la potencia de la equidad y de la movilidad social, como los valores de predominio en la iniciativa política que está por instaurarse o restaurarse.

Este sueño democrático, esta sincera aspiración humanista, esta férrea voluntad patriótica, se ha manifestado ya varias veces en nuestra querida Patria, luego de que cayera el Muro de Berlín, en 1989. El pueblo trabajador ha demostrado cuán poderoso puede ser, cuando la causa ha sido justa, limpia, sin manipulaciones de cálculo electoral. Ante el escenario del 2010, sin mayores novedades en el frente, nuestro compromiso, hasta el último minuto de nuestro mandato y de nuestra propia vida, será dar el más desprendido aporte para ayudar a que emerja ese nuevo sujeto histórico que propicie la construcción de un nuevo poder. En ese camino andamos y pretendemos no desviarnos de él jamás.

Pareciera ser que, por un lado, la única ventaja del 2010, es que no pocos están ya cavando su propia sepultura política; y, por otro, que la mejor apuesta que podemos hacer es por “los de abajo”, cuya articulación es la que se debe construir.

¿Otro asalto organizado a las finanzas públicas?

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A dicho proyecto le pusieron el nombre de_ “Ley para el apoyo y fortalecimiento del sector agrícola”_, un nombre demasiado genérico como para permitir cualquier cosa. Valga indicar que fue el Estado quien prestó la plata, a través de un programa denominado_ “Fideicomiso de Reconversión Productiva”_; préstamos que fueron a dar a manos de pequeños y medianos agricultores; pero también a “grandotes”, según parece.

En el último minuto se “destapó el tamal” y se “descubrió” que había unos cuantos potenciales beneficiarios de tal proyecto de ley, muy lejos de ser pequeños y medianos agricultores. Según informaciones periodísticas, dos ciudadanos, padre e hijo, los señores Elías Reifer Grimbaum y Jorge Reifer Zozinski, hubiesen salido favorecidos al condonárseles una deuda por 97,8 millones de colones. Una familia de apellido Stein, también tendría su condonación, por la nada despreciable suma de 146,7 millones de colones.

También otra relación de parientes, padre e hijo, los señores Carlos Eduardo González Barrantes y Jorge González Castro, se habrían beneficiado si les fuese perdonada una deuda por 97 millones de colones. Presuntamente, hay más casos de igual calibre. Estos datos son tomados del principal periódico de la oligarquía neoliberal, de manera tal que es dable creer en la realidad de tal información, pues se trata de gente de su misma clase social.

Ya rodó una cabeza por semejante jugada. Destituyeron al gerente general del Consejo Nacional de la Producción (CNP), el señor José Miguel Carrillo. Nosotros pensamos que también otro jerarca es igualmente responsable y debería ser destituido. Es el señor Luis Guillermo Vargas, Presidente Ejecutivo del CNP. Por más que tratamos de entenderlo, no comprendemos cómo fue que esos y otros potenciales beneficiarios, empresarios de gran calibre y de renombre, pudieran pasar “sombreados”, sin que fuesen detectados en cuanto a que no podrían ellos aspirar a que les fuesen perdonadas “jugosas deudas agrícolas”, como las llamó el periódico que les representa.

Desde hace bastante tiempo, nosotros hemos venido insistiendo en que toda la institucionalidad pública es víctima de una especie de “asalto” organizado, con ropaje legal, de forma tal que se generan grandes ganancias y oportunidades de negocios para reducidos grupos económicos ligados al poder político ó que ejercen éste de manera directa. Lo que ha sucedido con este proyecto de ley 17.165, parece constituirse en un nuevo episodio de esas reprochables prácticas que, por ejemplo, con la cosa pública socializan las pérdidas y privatizan las ganancias.

Aunque se ha anunciado una gran depuración de las listas de los potenciales beneficiarios para determinar los que, en verdad, sí deben tener derecho a la condonación de deudas agrícolas con tal proyecto de ley; somos escépticos en cuanto a que los verdaderos responsables de esta intentona de una especie de apropiación indebida de fondos públicos, sean realmente señalados y, eventualmente, juzgados. Nuestro escepticismo y desconfianza es mayor a sabiendas de que fueron los propios diputados oficialistas, del partido en el Gobierno, los que impulsaron que en la condonación de deudas que se aprobaría, fuesen incluidos “grandotes”. Sería muy interesante y, en verdad de gran necesidad, que la Fiscalía General de la República se metiera de lleno en este asunto.

«Apoyamos» al FMI: Urge una reforma tributaria

Nadie pone en duda de que el asunto de la seguridad ciudadana ocupa un lugar sumamente importante en el conjunto de nuestras preocupaciones cotidianas. Además, sabemos del gran dolor que embarga a muchas familias costarricenses las cuales, de un modo u otro, han sufrido por la afectación de algún ser querido que fue víctima de la acción criminal.

Por otra parte, nuestro sentimiento de indefensión en tal marco de cosas, se acrecienta por el gran bombardeo mediático diario acerca de las noticias que dan cuenta de toda clase de delitos, tanto los cometidos por la delincuencia común, por aquellos que son producto del crimen organizado, y éste cada vez con mayor impacto en nuestra sociedad.

Sin embargo, pese a la gravedad del problema de la delincuencia y de la inseguridad, nosotros no creemos que sea éste el problema número uno que aqueja a la sociedad costarricense de hoy en día. La velocidad con que se concentra la riqueza en nuestro país, en estos momentos y, por ende, el crecimiento acelerado de la desigualdad, constituyen la dificultad primerísima que nos aqueja; y, por tercera vez en este espacio, citamos un dato de una fuente altamente especializada y libre de toda sospecha ante los actuales dueños del poder político y económico en Costa Rica: Un 16 % de la población (los más ricos), acaparan el 80 % del ingreso nacional.

Esta enorme desigualdad y esta abusiva concentración de la riqueza, explica, en gran parte, el crecimiento de la criminalidad y de la inseguridad que vivimos. La circunstancia de que unos pocos tengan tantísimo y de que muchísimos tengan tan poco, es un gigantesco factor desestabilizante de la tan llevada y traída gobernabilidad que tanto preocupa a los de arriba; mientras que para los de abajo que ya no tienen nada, delinquir se vuelve sinónimo de sobrevivencia.

Por ello resulta llamativo que uno de los organismos internacionales de crédito, con más responsabilidad en el desarrollo de la crisis financiera internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI), venga ahora a decirnos que en Costa Rica ocupamos una reforma tributaria. ¡Por favor!
Esta es una verdad más grande que la catedral. Todos sabemos, por ejemplo, que la clase dueña del poder político y económico, por ejemplo, se atiborra de plata controlando la institucionalidad pública que le permite acrecentar su patrimonio particular, a través de los negocios privados que se hacen con ropaje legal, intermediando un descarado tráfico de influencias.

El sistema tributario costarricense es profundamente regresivo. Esto es que, proporcionalmente hablando, pagan más impuestos los que menos tienen; y, por el contrario, los que más tienen evaden sus obligaciones tributarias escandalosamente o las reducen al mínimo, pagando sumas ridículas.

¡Qué bonito! Ahora el FMI dice que se ocupa una reforma tributaria equivalente a unos dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, unos 370 mil millones de colones. ¡Qué va! Esa reforma tributaria debe ser de, al menos 3 ó 4 puntos del PIB, si en verdad queremos, por ejemplo, atacar de manera estructural el problema delincuencial, ampliando profundamente las oportunidades en los sectores sociales más desposeídos; y si en verdad quisiéramos relanzar el papel de la clase media como soporte estratégico de la democracia y de la gobernabilidad.

Don Oscar Arias habló de ello en su campaña presidencial y ahora, al acercarse el fin de su mandato, vemos que mintió al respecto. Nada pasó. En las cercanías de una nueva campaña para las elecciones del 2010, será sumamente provechoso que este tema, la reforma tributaria con equidad y con avances sustanciales hacia la progresividad, fuese de obligado debate.

Pero, ¡cajita blanca para quien esto escribe! No vemos en las personas aspirantes a la Presidencia de la República, a ninguna que se atreva a hablar de este tema de forma completamente abierta, sin pelos en la lengua y poniéndole el cascabel al gato. ¡Qué va!… Si ese gran poder político y económico que se ha hecho rico por la gran debilidad del sistema tributario costarricense, apadrina tales candidaturas. Ojalá nos equivoquemos y se acate la orden del FMI: aprobar una reforma tributaria de, al menos, un 2 del PIB. En este marco de situación no nos queda más que decir que_ “apoyamos”_ al FMI. ¡Qué paradoja!

Memorándum del miedo: La memoria popular no lo archivará

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El diputado Fernando Sánchez, primo hermano de don Oscar y de don Rodrigo Arias, quien fue autor intelectual de uno de los episodios más sucios de la política costarricense, jamás será olvidado, ni “archivado”, en el corazón de los miles y miles de costarricenses patriotas que dimos alma, vida y corazón, en la gesta histórica de la lucha contra el TLC que ha Costa Rica le fuera impuesto, con los Estados Unidos de América; un TLC que ya, hoy en día, está mostrando sus pérfidas consecuencias, sino que lo digan, por ejemplo, los lloriqueos lastimeros de la infame Cámara Nacional de Radio (CANARA).

Igual suerte ha de correr el compinche político del diputado Sánchez, el señor Kevin Casas Zamora, por la altamente repudiada estratagema que ambos urdieron en contra de los más preciados valores de la democracia, como lo son la transparencia y la credibilidad. Hablamos del ya tristemente célebre Memorándum del Miedo.

Una mayoría de diputados y de diputadas de la actual Asamblea Legislativa, del binomio PLUSC más las turecas consabidas pro TLC, decidieron “archivar” el caso del diputado Sánchez, por su co-autoría del Memorándum del Miedo. Para ello, argumentaron débiles excusas pseudojurídicas y triquiñuelas políticas de baja ralea, a fin de que el citado legislador quedara exonerado de rendir cuentas por su ataque frontal y su delito político en contra de la institucionalidad democrática del sufragio, en el caso del referéndum sobre el TLC, del 7 de octubre de 2007.

A los miles y miles de costarricenses que votamos por el NO al TLC, más los otros miles que hoy están arrepentidos y los otros miles que ya descubrieron la naturaleza de la manipulación de que fueron víctimas, nos basta y nos sobra el señalamiento que a ambos políticos se les hizo desde la Procuraduría de la Ética, en cuanto a que violentaron el deber de probidad establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

En la conciencia popular ambos señores, Sánchez y Casas, no quedarán impunes, catalogándoseles como delincuentes políticos, cuyo delito cívico jamás será olvidado, dado que cometieron la más grave falta ética y moral de las últimas décadas, en contra la decencia y la transparencia republicanas y contra la institucionalidad democrática.

Como era de esperarse, la mayoría parlamentaria que hoy le exoneró, señor diputado Sánchez, se montó sobre la lavada de manos que de su caso hizo el tribunal electoral afecto a los deseos de los señores Arias Sánchez; y, también, de la pasividad cómplice del cuestionadísimo tribunal constitucional, no menos afecto a la actual administración gubernamental, cuya gerencia imperial eliminó la división constitucional de poderes, para que la camarilla política neoliberal que controla la iniciativa política en el país, tuviera más posibilidades de realización de negocios privados, a partir del mejor patrimonio público que hasta ahora habíamos conservado como sociedad inspirada en la inclusión social.

Toda su vida, señor diputado Sánchez, usted tendrá que enfrentar su maniobra antidemocrática. Toda su vida, señor diputado Sánchez, usted no podrá alzar su frente ante un patriota, ni mirar directamente a los ojos a un verdadero demócrata. Su vida política futura, al igual que la de su par en la conjura del Memorándum del Miedo, no tendrá nada de transparencia, puesto que tendrá que ser tutelada desde las alturas del poder corrupto de compra de conciencias y desde los escondrijos donde se diseñan las triquiñuelas para burlar la voluntad del electorado.

Nuestra consigna cívica, la de los miles y miles y miles que amamos profundamente a nuestra querida Patria, es que el Memorándum del Miedo no debe olvidarse jamás, no solamente porque constituyó una despreciable pieza de política corrupta en la comisión del fraude contra la voluntad del elector, en el histórico 7 de octubre de 2007; sino que, algo todavía de mayor impacto, nos señaló, en un único documento, la profunda naturaleza de la putrefacción de un sistema político carcomido por la compra de conciencias, el arribismo oportunista, la total ausencia de valores de toda naturaleza, la falsedad de la división constitucional de poderes, el predominio del dinero sobre la moral y, especialmente, la contradicción entre ética y política de personajes como los autores intelectuales y materiales del Memorándum del Miedo. Jamás olvidaremos.

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Lea además: “Autor del “memorando del miedo eximido por fracción oficialista y aliados

¡Urgente!: La abolición del Código de Trabajo

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Con el rimbombante y engañoso nombre de “Ley para proteger el empleo en momentos de crisis”, el sindicato de los más grandes empresarios del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), con el apoyo de los hermanos Arias, ha puesto a tramitar en la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley que, desde nuestra perspectiva de los derechos laborales, generará una horrorosa y peligrosa involución y un perverso retroceso en cuanto a las condiciones de empleo para la clase trabajadora asalariada con empleo formal. Sin pelos en la lengua, nos atrevemos a hablar de la abolición del Código de Trabajo; al menos, en sus postulados fundamentales.

Gravísimos serán los perjuicios de esta ley si llegase a aprobarse, especialmente para quienes trabajan en empresas privadas, en las cuales, como se sabe, se impide el ejercicio constitucional de la Libertad Sindical pues los trabajadores no pueden defenderse, de manera colectiva y organizada, dada la especie de “régimen de excepción” (dictaduras empresariales), que no les permite agruparse en sindicatos porque son despedidos de manera inmediata. La organización que nos honramos en representar ha expuesto ya sus argumentos en contra de este nefasto proyecto de ley, entregando un documento en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa; posición que está disponible en el sitio web de la ANEP: www.anep.cr

En dicho documento se apunta que la famosa “crisis” no ha hecho más que poner de manifiesto “el fracaso de un modelo económico que se ha orientado a la especulación financiera, a la concentración de la riqueza, la explotación abusiva de los recursos naturales, la precarización laboral y el estímulo al endeudamiento de las personas”.

Efectivamente, en materia de condiciones de trabajo, el proyecto “Ley para proteger el empleo en momentos de crisis”, solamente nos ha de conducir a una mayor precarización laboral pues modificará, para siempre, algunos de los hasta hoy en día sagrados artículos del Código de Trabajo; artículos que hasta cierto punto, daban garantía de una humanización del empleo. Es más, tal proyecto debería llamarse “Ley para reducir derechos laborales aprovechando la crisis”.

El proyecto en mención está diseñado para incrementar los niveles de explotación de la clase trabajadora asalariada, aumentando sus condiciones de indefensión y de vulnerabilidad. Con ello, es decir, con menos derechos laborales y más arbitrariedades patronales, la concentración de la riqueza avanzará a niveles insospechados. Sobre el acelerado proceso concentrador de riqueza que vive Costa Rica, hablamos días atrás en esta misma columna, para indicar un dato espeluznante: el 80 % de los ingresos se lo lleva el 16 % de la población, es decir, los más ricos; gran parte de los cuales están sindicalizados, en cuanto empresarios, en el gremio UCCAEP, hoy promotor de la abolición de los principios más sagrados de nuestro Código de Trabajo.

UCCAEP y los hermanos Arias están totalmente equivocados. No nos defenderemos de la “crisis” con menos derechos laborales, con más pobreza y con más explotación laboral y con más concentración de la riqueza. La salida es otra. La salida es el Diálogo Social y, por ejemplo, en el marco del Pacto Mundial para el Empleo, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una amplia variedad de sectores sociales y productivos estamos listos para emprender ese Diálogo Social y hemos dado a conocer nuestra propuesta de “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”. ¿Por qué tenerle miedo a dialogar?… Llamamos, vehementemente, a la actual Asamblea Legislativa a rechazar tan nefasta iniciativa, verdadero ataque directo en contra de los derechos laborales de la clase trabajadora costarricense.

Desigualdad y elecciones

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Fíjese cuidadosamente en este otro dato: Dentro del 20 % de la población más rica del país, el ingreso promedio, por persona, es de 560 mil colones mensuales; pero, si nos fijamos en el ingreso, por cabeza, en el 20 % de la gente más pobre, el dato es más que dramático: 20.358 colones en promedio. Para empeorar las cosas, 32 % de la clase trabajadora, gana menos de 130 mil colones al mes.

Los anteriores no son datos “sindicales”. Proceden del proyecto “Estado de la Nación”, algo así como el “think tank” (tanque de pensamiento) que más respetan en las esferas del tradicional poder costarricense. De nuestra parte, estamos seguros de que se trata de cifras que proceden de investigaciones serias, realizadas con mucho profesionalismo y que, por tanto, merecen credibilidad.

Estamos hablando de parte de las cifras más impactantes que muestran el avance de la desigualdad en nuestra Patria, que no es lo mismo que hablar sobre el tema de la pobreza, tan llevado y traído por la clase política tradicional, esa que se reproduce cada cuatro años, con base en las necesidades y en la miseria de esa pobreza.

Habiendo sido Costa Rica un país que ha fundamentado su convivencia en democracia, apostando a la estabilidad y a la gobernabilidad por medio del desarrollo de la clase media en sus diversos estratos, el tema de la desigualdad se vuelve más que estratégico con ocasión de las elecciones presidenciales y diputadiles de febrero de 2010.

Si usted decide ponerle cuidado a las ofertas electorales ligadas a la preservación del status quo dominante (ese de la concentración abusiva de la riqueza y de la corrupción institucionalizada con ropaje legal, que es el manejo de la cosa pública para lucro privado); usted notará desgarramientos de vestiduras por la pobreza, por la gente sencilla de nuestro pueblo que tienen sumida en la pobreza, atendida por el programa social de turno, sencillamente porque no conviene la erradicación estratégica de esa pobreza, en el tanto la misma es la que proporciona los votos para ganar elecciones. La pobreza, por tanto y de cara a las elecciones de febrero entrante, ocupará agenda primordial, otra vez, en los programas partidarios que tienen la misión de reproducir el sistema vigente de exclusión social y de corrupción institucionalizada.

Pero, paralelamente, usted notará que esas ofertas electorales tradicionales, nada dicen de la desigualdad. Nada dirán, por ejemplo, sobre la imperiosa necesidad de una reforma tributaria estructural; nada dirán sobre cómo variar la abusiva estructura de fijación de precios de los combustibles; nada dirán acerca del manejo de las tasas de interés y del estrangulamiento crediticio que vive la clase media; nada dirán acerca de variaciones profundas en la política pública que abandonó el apoyo a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa; nada dirán de modificaciones sustanciales en la política salarial, sabiendo, como demostrado está, que a través del salario se puede mejorar la distribución de la riqueza; nada sobre la recuperación de la función socioproductiva del sistema financiero costarricense.

El crecimiento de la desigualdad, como discurso electoral de los partidos de los sectores dominantes, se vuelve subversivo y, por tanto, es de esperar que sea desde el seno de las ofertas electorales que se dicen “distintas”, donde podamos encontrar los planteamientos más serios en este delicado asunto que reflejan los datos que hemos comentado. Combatir, atenuar, erradicar el tema de la creciente desigualdad, es algo mucho más profundo que la coyuntura electoral del 2010. Pero hay que empezar ese camino, al menos, desnudando y denunciando la cortedad oportunista y utilitaria de la demagogia tradicional sobre la pobreza; y, a la vez, demandando el abordaje abierto y claro del tema de la desigualdad.