Categoría: Opinión

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Por asuntos lógicos de espacio, mencionaremos un poco de tan importante documento. De manera completa se puede leer AQUí

Estos sacerdotes católicos “advirtieron sobre el peligro de hechos fraudulentos en las elecciones nacionales del próximo 7 de febrero, que pondrían en duda la estabilidad política del país, sino se realiza una corrección de fondo y a tiempo en las leyes y el accionar el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)”.

La reflexión está firmada por los presbíteros Miguel Picado, Francisco Soto, Jesús Doncel, Ronald Vargas, Gustavo Meneses, Gerardo Fernández y Gerardo Vargas.

Realizaron ellos una profunda reflexión sobre el proceso del “frauderéndum” sobre el TLC (7 de octubre de 2007), indicando que en el mismo manifestó_ “injerencias indebidas de fuerzas locales y extranjeras que desplegaron, ilegítima e impunemente, todo su poderío en el plano electoral a favor de los intereses que promovieron la aprobación del TLC, incluidos los más poderosos medios de difusión”_. Estiman los firmantes que esas “injerencias indebidas”, se podrían repetir en la próxima elección nacional del 2010. Pues en lo que a nosotros respecta, veremos de nuevo tales episodios.

Uno de los señalamientos más importantes indica que “se demostró que es posible efectuar masivos delitos electorales extra-urnas, basados en el ejercicio del poder financiero y mediático a través de encuestas comerciales y campañas de guerra sicológica o propaganda masiva”. Además se estima que “si en los años previos a 1949 los fraudes se cometían alrededor de las urnas y el manejo de las papeletas, ahora se hacen antes de la emisión de los votos, mediante antidemocráticos mecanismos de coerción social”.

Este párrafo es de impactante contundencia: “También ha habido una no despreciable cantidad de denuncias de irregularidades en las mesas y el conteo, las cuales el TSE ha desestimado, muchas veces alegando insuficiencia de la ley para intervenir o sancionar. A ello hay que agregar otros actos, iguales o más graves, derivados del clientelismo político, como los que se hicieron efectivos a través de una red de Asociaciones de Desarrollo Comunal, alcaldes, regidores y diputados que se prestaron para presionar y chantajear la decisión ciudadana sobre el TLC, una red informal que viene operando por décadas como espuria maquinaria al servicio de la corrupción partidista y estatal”.

Y para resaltar la importancia de este documento en los actuales momentos y en los que hemos de vivir en los próximos meses, los sacerdotes católicos señalaron además que “frente a la gravedad y magnitud de estos procedimientos, y dada la creciente injerencia política incontrolada de los medios de difusión privados, la subordinación del SINART a designios políticos ajenos a su naturaleza, las tímidas reformas a un obsoleto Código Electoral, las medidas paliativas recomendadas o tomadas por el Tribunal aparecen como lo que son: parches de segundo o tercer orden, de baja eficiencia y eficacia. Poseen tan poco relieve que difícilmente impedirán el retorno del delito electoral bajo nuevos ropajes financieros, informáticos y mediáticos”.

Además señalaron que “si bien es cierto que casi todos los partidos políticos aceptaron el resultado del Referéndum del 7 de octubre de 2007 sobre el TLC, también lo es que se han suscitado múltiples inquietudes y resquemores en amplios sectores ciudadanos que vienen a poner en entredicho la imagen, credibilidad y confianza en los magistrados del TSE y la institución misma. Se teme que para las elecciones del 2010, hechos como los acaecidos en aquella y otras ocasiones se repitan y minen sin remedio los fundamentos de nuestra democracia y vida republicana”.

Para nosotros fue impresionante conocer de tal documento. Quienes lo presentan tienen una autoridad moral incuestionable y por su procedencia y trayectoria, acumulan muchísima credibilidad. Avisados quedamos.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Los promotores de esta asquerosa iniciativa tienen nombres y apellidos y es conveniente que el país los identifique con toda claridad: Oscar Arias Sánchez (Presidente de la República), Rodrigo Arias Sánchez (Ministro de la Presidencia), Marco Vargas Díaz (Ministro de “Coordinación Institucional”) y Francisco Jiménez Reyes (Presidente Ejecutivo de Japdeva). Los cuatro están en una especie de colusión militante (pacto ilícito en daño de tercero en este caso, la cosa pública), a fin de entregar el más importante patrimonio portuario nacional a un consorcio privado transnacional que, con toda seguridad, debe tener unos cuantos socios nacionales, cuyos nombres deberían decírsele abiertamente al país.

Somos del criterio de que la mal llamada “indemnización” que el indicado cuarteto coludido le está ofreciendo al personal de Japdeva, a cambio de que se acepte la privatización-concesión de los muelles de Limón y de Moín, constituye la más grande mordida de la historia nacional, pues se está hablando de una cantidad de dinero impresionante: 137 millones de dólares, unos ¡80 mil millones de colones!, para ser repartidos entre unos 1300 funcionarios de Japdeva, a cambio de que éstos se dejen “privatizar”.

Jamás la historia costarricense registra algo de similar magnitud, analizando que la definición de mordida significa “provecho o dinero obtenido de un particular por un funcionario o empleado, con abuso de las atribuciones de su cargo”, aunque en este caso se trata de jerarcas públicos del más alto nivel los que estén ofreciendo esa mordida.

También podríamos llamar a esa mordida, con el concepto de soborno, pues éste es una “cosa que mueve, impele o excita el ánimo para inclinarlo a complacer a otra persona”, nada más que en este caso de Japdeva, esa “cosa”, es miles de millones de colones, que usted, que la ciudadanía, que toda la población costarricense, tendremos que pagar porque no será plata que salga de los bolsillos del cuarteto coludido, sino que se le cargará a las finanzas públicas.

Así ha sido reconocido por el “padrinazgo” de esta sucia operación: el periódico_ “La Nación”_, cuyo principal dueño, don Rodolfo Jiménez Borbón (don “Popo”), fue uno de los más fuertes contribuyentes de la campaña electoral de doña Laura Chinchilla Miranda. En el editorial del periódico de don “Popo”, del pasado viernes 12 de junio, se dice claramente: “_…; todo con cargo al fisco; es decir, pagado por el resto de los ciudadanos”_.

Ante este corrupto panorama, surge una gran pregunta: ¿Cuál es la verdadera realidad del negocio portuario limonense, al punto de ofrecerle a su personal una mordida de 80.000.000.000 (ochenta mil millones de colones)?… ¿De cuánto será la ganancia privada a extraer de tal negocio, al punto de que el Presidente Ejecutivo de Japdeva, el señor Francisco Jiménez Reyes, esté promoviendo una condenable campaña de terrorismo psicológico y de agresión ideológica en contra del personal de Japdeva, amenazándole de que se “quedarán” sin nada sino aceptan la concesión-privatización?…; es decir, se quedarían sin la mordida.

Aunque está claro que la plata de la mordida más grande de la historia nacional, saldrá de fondos públicos, el cuarteto coludido promotor de la privatización de Japdeva ni siquiera ha indicado cómo se hará el desembolso, de cuál partida presupuestaria saldrá tanta plata, cómo será el trámite y cuál es la legislación que promoverá para que esa mordida se “legalice”; cuánto tiempo tardará, etc., etc.

Todo esto, en verdad es escandaloso, condenable y totalmente corrupto. Por lo menos, elevamos nuestra más enérgica protesta y expresamos nuestro más grande repudio de que al pueblo se le saque de su bolsillo semejante cantidad, 80 mil millones de colones, para ser repartida, para comprar la conciencia, de 1.300 trabajadores, como si éstos fuesen los propietarios de una institución pública como Japdeva. Todos deberíamos reaccionar en contra de semejante corruptela.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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“Para el Gobierno de Costa Rica no hay, ni puede haber, concesiones en la protección de los derechos de los trabajadores”. (…) “Antes bien, deseo expresar aquí el compromiso de mi Gobierno, no sólo con la preservación y regulación del derecho de la convención colectiva, sino también con la aprobación de una reforma laboral que agilice los procesos judiciales para tutelar los derechos de los trabajadores”. (…) “Quiero que Costa Rica continúe siendo, ante todo, un país de derecho, en el que se respeten siempre las decisiones de los tribunales, pero en el que también éstos se encarguen de hacer realidad el principio de justicia pronta y cumplida para todos los trabajadores”.

Tres años después, usted no ha cumplido su palabra, señor Presidente y Costa Rica continúa deshonrando su pertenencia a la OIT. El Gobierno le miente a este organismo internacional, con el cual tiene cuatro compromisos pendientes:
a) Aprobación legislativa del proyecto de ley 13.475 para, entre otros aspectos, proteger más el derecho constitucional de libre sindicalización, especialmente en la empresa privada.
b) Aprobación de la reforma procesal laboral y así impulsar el principio de justicia pronta y cumplida para la clase trabajadora (expediente legislativo 15.990).
c) Ratificación de los convenios 151 y 154, que posibilitan la negociación colectiva de trabajo como la define OIT.
Y d) Una reforma constitucional en esta materia de negociación colectiva.

Señor Presidente: Su Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Lic. Francisco Morales Hernández, don_ “Chico”_, es también responsable del engaño que el país le hace a la OIT. Don “Chico” “olvidó” (curiosamente), mencionar en su columna periodística de ayer, lunes 1 de junio, publicada en este medio, que dentro de los “Compromisos OIT” (así tituló él su comentario), está el proyecto de ley 13.475, para mayores garantías al trabajador en cuanto a la libre sindicalización. Don “Chico” tampoco está jugando limpio ante la OIT, pese a que con fecha 27 de enero de 2009, le envió una carta al Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, pidiéndole al Gobierno agilizar la tramitación parlamentaria de esos compromisos pendientes con la OIT, especialmente el proyecto 13.475.

En su carta a don Rodrigo Arias Sánchez, don “Chico” dijo esto: “Así las cosas y teniendo en cuenta los problemas apuntados por la OIT, en atención a reiteradas denuncias incoadas por organizaciones sindicales nacionales e internacionales, contra el Gobierno de Costa Rica, para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en general, para el Gobierno de Costa Rica, sería de gran interés y conveniencia, iniciar un debate en sede legislativa, con miras a una eventual aprobación de los proyectos normativos citados”. Más claro no canta un gallo. Pero molesta profundamente que don “Chico”, ahora, pretenda engañar, confundir, manipular, a la fracción parlamentaria oficialista sobre la obligatoriedad del país de convertir en ley ese proyecto 13.475, cuando él mismo sabe que este proyecto es parte de la deuda de Costa Rica con la OIT.

Usted, señor Presidente, tiene una deuda política, moral y legal con Ricardo Herrera Porras, Rebeca Mena Mena, Disney Martin Mena Mora, Daniel Brenes Brenes, Oscar Ampié González, Sergio Vanthorn Brenes, Juan José Flores Salazar, Alexander Torres Benavides y William Cordero Múñoz, a quienes usted no conoce. Son personas trabajadoras de la seguridad privada que estaban trabajando para la firma Consorcio de Información y Seguridad S. A. Ellos perdieron su empleo, por la sencilla razón de que decidieron ampararse en el artículo 60 de la Constitución Política y se organizaron sindicalmente para la defensa de sus intereses económico-sociales.

Pero ellos no son los únicos en sufrir el despido antisindical. Todos los días pasa y en los más diversos sectores productivos. Hay que parar esto. Si el proyecto 13.475 ya fuera ley de la República, estas personas trabajadoras no habrían sido despedidas por querer sindicalizarse y lo que usted le dijo a la OIT, hoy hace tres años, les hubiera servido para su defensa. Pero, todavía usted está a tiempo, señor Presidente, de honrar su palabra, aunque ahora su propio Ministro de Trabajo, don_ “Chico”_, crea que es posible seguirle mintiendo a la OIT. Al menos, señor Presidente, dígale a sus diputados que ese proyecto debe ser votado y convertido en ley de la República.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Ese mismo día, vigilantes privados que prestan servicio en instituciones públicas, pertenecientes a la empresa “Consorcio de Información y Seguridad”, fueron despedidos por organizar un sindicato bajo la tutela de la ANEP, pese a que lo hicieron al amparo de las normas del Estado de Derecho que rige la vida institucional del país.

Esto es cosa de todos los días. La palabra “sindicato” en el sector privado de la economía es sinónimo de despido en muchas empresas. Cada vez que a un trabajador se le despide porque quiso organizarse para la defensa de sus derechos, se está violentando una serie de derechos democráticos consagrados tanto en el orden legal interno (el del país), como el que está en el plano internacional de obligada observancia para Costa Rica.

A esos choferes de autobús y a esos vigilantes privados les violentaron (entre muchos otros), este sagrado derecho consagrado, nada más y nada menos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses” (inciso 4, artículo 23).

Ocupamos un radical cambio en estas reprobables conductas antidemocráticas, que se han vuelto prática común en el sector privado de la economía. Es impresionante la doble moral que en materia de Libertades Sindicales se manifiesta en Costa Rica.

Según nuestra Constitución Política, en su artículo 60, “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”. Es muy probable que el dueño de la empresa de buses de los choferes despedidos, esté afiliado a una cámara; como es muy probable también, que el empresario dueño de esa empresa de seguridad privada en la cual laboraban los vigilantes despedidos, también tenga una cámara que le defiende sus intereses de negocios. Ellos sí pueden protegerse para defender sus intereses de clase; pero sus trabajadores ¡no!. A éstos les toca el despido puro y simple.

Estos atentados a la legalidad, a la institucionalidad jurídica que protege el derecho de los obreros a organizarse en sindicatos, para la defensa de sus legítimos intereses económicos y sociales, deben terminar de una vez por todas. Tenemos perfecta claridad de que más que un problema jurídico, el antisindicalismo en Costa Rica es un antivalor perversamente inyectado en nuestro entorno sociocultural y psicosocial, todo lo cual tiene múltiples explicaciones.

Sin embargo, quienes somos creyentes en la verdadera democracia, necesitamos combatir todos los días esas conductas totalitarias, esos comportamientos de tiranuelos, que violentan la Libertad Sindical de los trabajadores intentanto organizarse; violentando así la propia Constitución Politica de Costa Rica, todo nuestro sistema legal en la materia y un derecho humano fundamental, universalmente reconocido.

Las conductas antisindicales, que son conductas antidemocráticas, deben ser enfrentadas en diversos ámbitos. En el parlamentario, el proyecto de ley No. 13.475 va en esa dirección. Los señores diputados y las señoras diputadas de verdadera convicción democrática, deben darle su respaldo. Es más, poco después de haber asumido la Presidencia, el actual mandatario Oscar Arias asumió un compromiso en tal sentido, con ocasión de su visita a la propia sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza. Volveremos la semana próxima sobre este tema.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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La concesión privada del servicio público de revisión técnica vehicular se le impuso al pueblo costarricense, en medio de una gran controversia que, incluso, generó una enorme convulsión social en el gobierno anterior del Presidente Abel Pacheco de la Espriella. Para nosotros, que estuvimos inmersos profundamente en dicha circunstancia, fue clara la conjunción impresionante de una serie de factores políticos, más allá de lo jurídico, que dejaron en manos de la firma Riteve dicho servicio.

Es más, este asunto de la revisión técnica vehicular llegó hasta el más alto tribunal de la República, el tribunal constitucional, la Sala Cuarta, cuyos magistrados se comportaron de forma muy descarada a favor de la concesión privada de tal servicio; dándonos así, aunque sin saberlo en aquel momento, adelantos de lo que sería su comportamiento político en la imposición de otra situación aberrante para el pueblo costarricense: el TLC con los Estados Unidos de América.

Públicamente y por medio de comunicado de prensa, nos hemos manifestado en cuanto a la necesidad de que el Presidente de la República, don Oscar Arias Sánchez, separe de su cargo a la señora Ministra del MOPT, la licenciada González Carvajal. Es lo mínimo que se puede hacer para dar paso a una investigación objetiva de las situaciones generadas como para obligar al Estado a darle a Riteve una indemnización cercana a los 15 mil millones de colones.

Sabemos que la citada jerarca, distinguida profesional en el negocio de la política, tiene parentesco con el o los propietarios de un poderosísimo consorcio empresarial ligado a la construcción de carreteras, el cual ha logrado una impresionante cantidad de contratos con el MOPT por sumas multimillonarias a lo largo de las dos últimas administraciones, en las cuales la licenciada González ha tenido papeles protagónicos. Se trata de coincidencias, pero podría dar base a interpretaciones de que ese enorme poderío económico sería la base de la enorme incidencia política de la mencionada funcionaria en los últimos años.

Por cierto, hoy recordamos el gran resentimiento, enojo e indignación que generó en el seno del más fuerte núcleo liberacionista del MOPT, la designación por parte del Presidente Arias de la licenciada Karla González como jerarca de dicho ministerio. Los militantes del PLN en el mismo, que se reunieron en ese momento con quien esto escribe, nos indicaron de su profunda frustración pues algunos de ellos se sentían con muchos mayores méritos profesionales y de militancia política verdiblanca para ocupar el mayor cargo político del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Por otra parte, nada mejor para la perspectiva de negocio de la empresa privada a cargo de la revisión técnica vehicular, que nuevas fórmulas de cálculo de la tarifa a su favor se impusieran en estos momentos, cuando 49 tipos de faltas leves se pasarían a considerar como faltas graves; incrementándose así las posibilidades y/o necesidades de reinspecciones vehiculares. Es decir, podríamos hablar de mayores posibilidades de ganancia en el corto plazo.

Ojalá que las fracciones parlamentarias que conservan todavía decoro y dignidad, se decidan a intervenir en este caso. Esperamos de parte del Ministerio Público un relevante papel en esta situación. El distinguido señor Ministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga Chaves, está pegando el grito al cielo, un día sí y otro también, de que ya no hay plata en las arcas públicas por motivo de la crisis. ¿Tendrá ahora que correr para darle contenido a un eventual pago del Estado a Riteve?. Por el contrario, esos 15 mil millones de colones bien aliviarían la situación de cientos de familias trabajadoras de clase asalariada, a las cuales la indicada crisis está golpeando duramente por sus bajos salarios.

Instamos, llamamos, exhortamos, a las fuerzas sociales que en aquel momento nos enfrentamos a la imposición abusiva de la concesión privada del servicio público de la revisión técnica vehicular, a que nos reagrupemos de nuevo, a que llamemos a otras fuerzas y así, en una unión renovada, retomemos el gran desafío que ha quedado planteado con la valiente denuncia que Diario Extra ha formulado en tal sentido.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Es absolutamente claro, contundente e irrebatible que la crisis económica no fue generada ni por nuestro país, ni mucho menos, por su clase trabajadora; es más, ni por la clase trabajadora de los Estados Unidos, nación cuyo sector hegemónico de carácter financiero y oligopólico es el culpable único y hasta ahora impune, de tan descomunal agresión a la vida y a la humanidad de la gente.

Ante tal situación teníamos delante dos alternativas para responder a los desafíos que una injusticia de tal calibre plantea a la clase trabajadora en su amplia dimensión. Especialmente y en lo específico, en la parte de la misma que está organizada en su expresión natural, los sindicatos; entendidos éstos como la expresión más genuina de los anhelos por y las esperanzas de una mejor calidad de vida para quienes debemos vivir de un salario del cual depende nuestra propia subsistencia y la de nuestras familias.

La primera alternativa era la más “cómoda”. Elaborar y gritar consignas contra el capitalismo neoliberal explotador y lanzar proclamas a favor del poder obrero, anunciando su largamente esperado advenimiento; y así, desde una posición principista, mantener una virginidad ideológica aunque gerontológica, contrarias a la luz de la diversidad de experiencias latinoamericanas de hoy día que enfrentan al neoliberalismo en decadencia.

La otra alternativa, era la más compleja. Desde una posición de principios, no solamente entender que la crisis es producto de ese capital financiero neoliberal, de carácter explotador, corrupto y antihumano; sino que, había que salirle al frente, formulando una propuesta a la crisis que él mismo generó, pero con otra perspectiva; la perspectiva de quienes no tuvimos ninguna culpa en tal desastre.

Así, la estatura ética y moral de nuestros planteamientos sería de tal nivel que, con seriedad y profesionalismo, impresionaría a los más diversos sectores políticos, hasta aquellos cercanos, directa o indirectamente, a ese capital financiero neoliberal, de carácter explotador, corrupto y antihumano. Así ocurrió el pasado viernes 24 de abril de 2009.

Pero además, al optar por la segunda alternativa nos dimos cuenta que se podía coincidir (rebasando las fronteras sindicales pero sin renegar de, ni esconder, nuestra pertenencia al Movimiento Sindical); con una serie de sectores de la más diversa índole, hasta productivos, los cuales están duramente afectados por una crisis de la cual tampoco son responsables.
Además, la propuesta está impregnada de esa “magia” de la construcción de la particular identidad costarricense, que nos heredó una particular idiosincrasia ajena a toda clase de extremismos y principismos.

La crisis de la cual no somos culpables, nos abre un sinnúmero de oportunidades para, precisamente con base a nuestra herencia de identidad y a esa particular idiosincrasia tica, quitarle la hegemonía política a ese capital financiero neoliberal, de carácter explotador, corrupto y antihumano.
La propuesta “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, demuestra, además, una gran madurez de una importante cantidad de organizaciones de lo que hemos conocido como los movimientos sociales; grupo de sectores sociales cuya incidencia es de tal calidad que no puede pasar desapercibida.

En la mesa nacional hay una oportunidad. De las trece organizaciones sociales originalmente firmantes, hoy hay más y sigue creciendo la adhesión a la indicada propuesta.

Esta nueva articulación por la esperanza, por la vida, por la democracia, por la inclusión social y productiva, indica cuánta validez sigue teniendo la lucha de tanta gente, a lo largo de todos estos años, por una nueva Costa Rica.