Categoría: Opinión

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Este asunto se “cocina” en una instancia que se llama el Consejo Nacional de Salarios (CNS), adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En el CNS los representantes empresariales y los del gobierno (al final de cuentas, los mismos), hacen una alianza y votan juntos, contra la propuesta que presentan los sindicatos (algo que es puramente testimonial, por cierto).

Que sepamos, nunca se conoce en el CNS una propuesta salarial presentada por el solidarismo. Esta es la clave: el solidarismo no puede formular propuestas salariales porque ello, aparte de ilegal según nuestras leyes, lo enfrentaría con los propios patronos, los empresarios, quienes, a final de cuentas, controlan el movimiento solidarista.

La corriente sindical a la cual pertenecemos no está en contra del Movimiento Solidarista. Éste tiene su propia legislación. Igualmente, el Movimiento Sindical tiene la suya; y, también, el Movimiento Cooperativo tiene su correspondiente marco legal. En una sociedad verdaderamente democrática, estas tres formas de organización social a las cuales debe tener acceso la clase trabajadora, deben existir a plenitud.

Sin embargo, es el Movimiento Sindical el que sufre las más odiosas discriminaciones, empezando por la real prohibición de formar sindicatos en las empresas privadas, en las cuales, la palabra “sindicato” es sinónimo de despido.

Precisamente, por las posibilidades que tiene el Movimiento Sindical de actuar con independencia frente a los patronos, frente al Estado y frente a los partidos políticos, es que se le ataca con virulencia; se le invisibiliza, muchas veces, en los “grandes” medios de comunicación colectiva, aunque se le ataca desde éstos, despiadadamente, por parte del sicariato intelectualoide de escribanos y amanuenses, mercenarios todos de la palabra, caracterizados por sus desviaciones antidemocráticas y totalitaristas.

El potencial de fuerza de la clase trabajadora organizada en sindicatos libres e independientes, es un riesgo político que la clase en el poder (con sus diversos partidos), no está dispuesta a correr. Por eso, incluso, prefieren la condena moral (a darse el próximo año y que la caerá al nuevo gobierno), de una entidad como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes que aprobar (honrando la palabra comprometida por el país con la misma), el proyecto de ley sobre Libertades Sindicales (expediente legislativo 13.475); y aunque para evitar su aprobación deban incurrir en el filibusterismo parlamentario que tanto han criticado.

El reajuste salarial venidero para el sector Privado, será más que miserable. Ustedes lo verán. Por el contrario, es el Movimiento Sindical (no el Solidarista), el que ha propuesto (con otros sectores sociales), una nueva política salarial en tiempos de “crisis”. En el marco de las “Diez medidas para enfrentar la crisis económico con inclusión social y productiva”, propusimos toda una política de recuperación del poder adquisitivo del salario para que éste sea creciente de manera progresiva.
Se explica usted, entonces, porqué es que el gremio empresarial más “selecto” del país (para decirlo con elegancia), la UCCAEP, se opone al proyecto 13.475, de Libertades Sindicales. Pues muy sencillo, el Movimiento Sindical piensa, propone, debate, formula planteamientos; es decir, es independiente del patrono y esto es peligrosísimo: que la clase trabajadora asalariada piense por sí misma. Esto es a los ojos de los que acumulan plata y la acumulan aceleradamente, sencillamente “subverviso”.

Por eso hay que aniquilar al Movimiento Sindical y por eso hay que impedirle que asuma su rol de espacio organizativo natural de las personas asalariadas: el sindicato. La democracia de “los de arriba”, “su” democracia, no da para tanto. Hoy más que nunca se impone un cambio estructural en la forma de fijación de salarios para la clase trabajadora, pero parece que ese cambio tiene que ser también del sistema que nos empobrece, que nos excluye, que concentra la riqueza de pocos basada en la pobreza salarial de muchos.

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Nuestro voto será solicitado por toda la pléyade de partidos políticos insertados en el sistema, legitimándolo cada uno a su peculiar estilo y al juego de intereses en sus respectivos senos.

Aunque todas las ofertas electorales que ya se nos están presentando, forman parte del engranaje sistémico diseñado para la reproducción del injusto esquema de concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad; unas, unas pocas, estarán avaladas por el gran capital neoliberal que, con ansias, desea seguir en el Gobierno (porque siempre ha estado en el poder), para crear las condiciones hacia una transformación constitucional que, precisamente, haga irreversible ese orden concentrador de riqueza y de exclusión social; orden tan solo matizado por las migajas que se puedan repartir, desde esa institucionalidad sistémica, para la prevalencia de la pobreza que ayuda a obtener los votos necesarios que deciden una elección presidencial, por ejemplo.

Las otras ofertas, casi todas originadas en un tronco común pero igual de funcionales al sistema, están enceguecidas por el protagonismo personalista y la perspectiva individualista de corto plazo, viviendo la permisividad que desde el poder se les da para que lo cuestionen sin amenazarle y, por el contrario, lo relegitimen. Tales ofertas electorales no lograron articularse pese al gigantesco, desprendido y noble esfuerzo popular sostenido durante casi dos décadas de férrea resistencia cívica al neoliberalismo, desde la caída del Muro de Berlín, en 1989; año a partir del cual casi todos los adalides de la Patria que hoy en día se desgarran las vestiduras en su defensa, habían arriado las banderas de la justicia social, se habían escondido, guardaban silencio, se pasaron de acera y/o se unieron al coro propagandístico del gran capital, sobre el “fin de las ideologías”; quedando tan solo en esos históricos y solitarios momentos, unas cuantas voces, unas cuantas organizaciones dignas (básicamente sindicales), cuyo papel histórico hoy pretende ser negado, precisamente cuando ya “pasó de moda” ser neoliberal y prácticamente todos, de un lado y del otro, abjuran (de la boca para afuera, por supuesto), de la ideología excluyente, corrupta y depredadora ecológica del “dios” mercado.

En tal estado de cosas y de cara al 2010, nosotros seguiremos apostando a la gigantesca fuerza transformadora que anida en el poder de la clase trabajadora, especialmente si ésta consigue el desarrollo de una aplastante fuerza organizada que, desde una perspectiva de vocación de un nuevo poder, pueda dar el salto cualitativo para propiciar una variación radical de la correlación de fuerzas; hacia una nueva articulación republicana que restaure la hegemonía del bien común, de la real distribución de la riqueza y de la potencia de la equidad y de la movilidad social, como los valores de predominio en la iniciativa política que está por instaurarse o restaurarse.

Este sueño democrático, esta sincera aspiración humanista, esta férrea voluntad patriótica, se ha manifestado ya varias veces en nuestra querida Patria, luego de que cayera el Muro de Berlín, en 1989. El pueblo trabajador ha demostrado cuán poderoso puede ser, cuando la causa ha sido justa, limpia, sin manipulaciones de cálculo electoral. Ante el escenario del 2010, sin mayores novedades en el frente, nuestro compromiso, hasta el último minuto de nuestro mandato y de nuestra propia vida, será dar el más desprendido aporte para ayudar a que emerja ese nuevo sujeto histórico que propicie la construcción de un nuevo poder. En ese camino andamos y pretendemos no desviarnos de él jamás.

Pareciera ser que, por un lado, la única ventaja del 2010, es que no pocos están ya cavando su propia sepultura política; y, por otro, que la mejor apuesta que podemos hacer es por “los de abajo”, cuya articulación es la que se debe construir.

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A dicho proyecto le pusieron el nombre de_ “Ley para el apoyo y fortalecimiento del sector agrícola”_, un nombre demasiado genérico como para permitir cualquier cosa. Valga indicar que fue el Estado quien prestó la plata, a través de un programa denominado_ “Fideicomiso de Reconversión Productiva”_; préstamos que fueron a dar a manos de pequeños y medianos agricultores; pero también a “grandotes”, según parece.

En el último minuto se “destapó el tamal” y se “descubrió” que había unos cuantos potenciales beneficiarios de tal proyecto de ley, muy lejos de ser pequeños y medianos agricultores. Según informaciones periodísticas, dos ciudadanos, padre e hijo, los señores Elías Reifer Grimbaum y Jorge Reifer Zozinski, hubiesen salido favorecidos al condonárseles una deuda por 97,8 millones de colones. Una familia de apellido Stein, también tendría su condonación, por la nada despreciable suma de 146,7 millones de colones.

También otra relación de parientes, padre e hijo, los señores Carlos Eduardo González Barrantes y Jorge González Castro, se habrían beneficiado si les fuese perdonada una deuda por 97 millones de colones. Presuntamente, hay más casos de igual calibre. Estos datos son tomados del principal periódico de la oligarquía neoliberal, de manera tal que es dable creer en la realidad de tal información, pues se trata de gente de su misma clase social.

Ya rodó una cabeza por semejante jugada. Destituyeron al gerente general del Consejo Nacional de la Producción (CNP), el señor José Miguel Carrillo. Nosotros pensamos que también otro jerarca es igualmente responsable y debería ser destituido. Es el señor Luis Guillermo Vargas, Presidente Ejecutivo del CNP. Por más que tratamos de entenderlo, no comprendemos cómo fue que esos y otros potenciales beneficiarios, empresarios de gran calibre y de renombre, pudieran pasar “sombreados”, sin que fuesen detectados en cuanto a que no podrían ellos aspirar a que les fuesen perdonadas “jugosas deudas agrícolas”, como las llamó el periódico que les representa.

Desde hace bastante tiempo, nosotros hemos venido insistiendo en que toda la institucionalidad pública es víctima de una especie de “asalto” organizado, con ropaje legal, de forma tal que se generan grandes ganancias y oportunidades de negocios para reducidos grupos económicos ligados al poder político ó que ejercen éste de manera directa. Lo que ha sucedido con este proyecto de ley 17.165, parece constituirse en un nuevo episodio de esas reprochables prácticas que, por ejemplo, con la cosa pública socializan las pérdidas y privatizan las ganancias.

Aunque se ha anunciado una gran depuración de las listas de los potenciales beneficiarios para determinar los que, en verdad, sí deben tener derecho a la condonación de deudas agrícolas con tal proyecto de ley; somos escépticos en cuanto a que los verdaderos responsables de esta intentona de una especie de apropiación indebida de fondos públicos, sean realmente señalados y, eventualmente, juzgados. Nuestro escepticismo y desconfianza es mayor a sabiendas de que fueron los propios diputados oficialistas, del partido en el Gobierno, los que impulsaron que en la condonación de deudas que se aprobaría, fuesen incluidos “grandotes”. Sería muy interesante y, en verdad de gran necesidad, que la Fiscalía General de la República se metiera de lleno en este asunto.

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Tal alianza está ejecutando una especie de traición a la Patria, exponiendo al nuevo gobierno que asumirá en mayo del 2010, al escarnio planetario, sobre todo porque Costa Rica pregona ante el mundo una conducta defensora de los Derechos Humanos y de respeto pleno al Derecho Internacional.

El irracional y antidemocrático “filibusterismo sombreado” que hoy impide votar el proyecto sobre Libertades Sindicales, dañaría seriamente a un eventual gobierno de la señora Laura Chinchilla, si ella gana las elecciones presidenciales de febrero entrante; pues en junio de 2010, la OIT pedirá cuentas al país de sus reiterados incumplimientos en esta materia y ya no podrá engañársele más. La condena será inevitable. Igual le sucederá a cualquier otro aspirante presidencial que triunfe en tales votaciones.

Más grave es la situación pues, adicionalmente, “Estados Unidos se pondrá duro con los gobiernos que no cumplan los acuerdos comerciales, incluidos los países que tengan prácticas laborales por debajo de los estándares”, según lo anunció el representante comercial, Ron Kirk. Esta noticia la publicó el propio periódico “La Nación”, gran opositor del citado proyecto. De nuestra parte, ya estamos alistando la denuncia correspondiente ante el gobierno del Presidente Obama, pues el proyecto de ley 13.475 precisamente tiene que ver con esos estándares laborales que hoy exigen los TLC’s promovidos por la nueva administración estadounidense.

El daño que le están haciendo al país sigue haciéndose más grande, ante la decisión de Banco Mundial para establecer, también en el 2010, su “indicador de protección al trabajador”; el cual deberá tener en cuenta aspectos tales como si un país adhiere a niveles estándar de protección laboral, y si aplica leyes, regulaciones y otros instrumentos para asegurar que los trabajadores están protegidos adecuadamente, incluso cuando quedan desempleados.

¿Con qué cara el país acudirá al Banco Mundial, a que le certifiquen “buena conducta”, si violamos la normativa de la OIT, parte esencial de ese nuevo “indicador de protección al trabajador”. También iremos al BM a formular la denuncia correspondiente, tal y como ya lo hicimos ante el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-Plus), de la Unión Europea (UE), por intermedio de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).

Bien haría doña Laura, quien quiere ser Presidenta de Costa Rica, en preocuparse por la naturaleza del daño y de la bronca en que ya la están metiendo los diputados liberacionistas actuales que, supuestamente, le son “leales”; pues si ella gana en febrero entrante, a poco de haber asumido tendrá graves problemas, ya no solamente con la OIT, sino con el SGP-Plus de la Unión Europea (UE), con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y con el mismísimo Banco Mundial.

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Ni por un momento, ni en la más mínima circunstancia, ponemos en duda su honorabilidad, ni su bagaje profesional, ni mucho menos su ética. Sin embargo, consultando y analizando luego, no vemos por ningún lado que reúna usted las condiciones necesarias que en los actuales momentos de nuestra querida Patria, se necesitan para asumir ese cargo de tanta relevancia; especialmente para los sectores ciudadanos de mayores vulnerabilidades y limitaciones, en cuanto a sus demandas y expectativas por una gestión activa, militante y comprometida en la defensa de los Derechos Humanos, en toda su gama y amplitud: políticos, económicos y sociales.

Tenemos entendido que usted, doña Ofelia, mostró oposición a varios proyectos de ley en los cuales, de una manera u otra, estaban involucrados principios y concepciones relacionadas con los Derechos Humanos. Dos en el plano laboral: la ley que estableció para los saloneros y las saloneras, que la propina es parte consuntancial al salario; y el otro, la ley que regula el horario de las trabajadoras domésticas, proyecto que, según tenemos entendido, podría ser vetado por la Casa Presidencial. El otro proyecto al que usted se opuso, buscó establecer como sanción el castigo físico infantil, ¡nada más y nada menos! Fíjese usted, distinguida señora diputada, qué preocupante es si usted está en la Defensoría con semejantes antecedentes en materia de Derechos Humanos.

Otra circunstancia de enorme cuidado para que se objete su aspiración, es que la misma habría surgido como una especie de pacto, un “premio de consolidación” que don Oscar Arias le ofreció a usted, a cambio de su renuncia a las aspiraciones de llegar a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en la última elección parlamentaria del pasado mes de mayo; para así dejarle el camino libre a don Francisco Antonio Pacheco quien, en aras de su “pase” a la historia nacional, anhelaba llegar por cuarto año consecutivo a presidir el parlamento en un solo período constitucional.

Comprenderá usted, doña Ofelia, que tan sensible cargo para la gente desprotegida del país, no puede ser un “toma y daca”; además de que, filosófica y políticamente hablando usted (con todo su derecho, eso sí), comulga con una visión de país, la neoliberal, con la cual no empatamos más de la mitad de la población costarricense.

Por otra parte, hemos revisado, muy generalmente, su palmarés de gestión parlamentaria y, para serle muy sincero, en los proyectos de ley que, de una forma u otra han contado con su firma y/o su apoyo, no encontramos pretensiones legislativas de alta trascendencia en materia de Derechos Humanos y en materia de defensa de la institucionalidad pública al servicio de las mayorías, sobre todo, en materia de impacto social.

A la honorable Asamblea Legislativa actual que le ha de corresponder tan importante legislación, le expresamos, con todo respeto, que la persona que ha de ser la nueva Defensora de los Habitantes de la República, hombre ó mujer, debe mostrar una trayectoria de alta sensibilidad en materia de vulnerabilidad social asociada a los Derechos Humanos.

Además, debe mostrar con acciones concretas el uso anterior de ese don a su aspiración a tal cargo, con sinceros deseos de servir a sus semejantes y no como “premio de consolación”. Sin nada personal y con todo respeto.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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El Presidente Zelaya cometió el “delito” de sensibilizarse acerca de la espantosa pobreza imperante en su país, precisamente por la codiciosa y desenfrenada voracidad de riqueza de esa oligarquía golpista de toda una vida; oligarquía que, por cierto, tiene en Costa Rica su buena cantidad de amigos y socios de negocios.

Y es que no debemos olvidarnos de que con tal de mantener el poder y su abominable sistema de concentración de riqueza, esas oligarquías son capaces de todo: matar, asesinar, comprar conciencias, corromper sueños y destruir ilusiones; exiliar, torturar, desaparecer y dar golpes de Estado; estafar, alterar mercados, tipos de cambio, etc.; concesionar, privatizar, ofrecer sobornos y dádivas; construir monopolios y oligopolios; manipular opinión pública, engañar, desinformar, excluir sectores, invisibilizar opiniones distintas; hacer juicios sumarios y condenar a priori; mentir descaradamente; arreglan encuestas y suben y bajan figuras según sus intereses de negocios; intoxican con novelas baratas, relajan valores morales y predican el culto al dinero, al consumismo, a la banalidad y a la promiscuidad con la “telebasura”, a fin de adormecer y domeñar la conciencia popular.

Ese tipo de oligarquía la vimos actuar en Costa Rica con ocasión de la lucha contra el TLC: mintió, manipuló, compró votos, repartió comestibles, latas de zinc, sacos de cemento, dinero en efectivo, arregló encuestas, etc.; todo a falta de ideas y ante la pobreza de argumentos. Sus grandes medios de comunicación, insultaron, denegaron derechos de respuesta, calumniaron, difamaron e injuriaron a todos cuantos nos pusimos a “su” TLC. Desdibujaban, escondían, invisibilizaban nuestras marchas y eventos. Ocultaron y/o minimizaron la más grande concentración cívica de la historia nacional, la del domingo 30 de setiembre de 2007. Violentaron sus propias reglas cuando sometieron al otrora sacrosanto tribunal electoral, acabaron con la independencia de poderes según sus parámetros de democracia representativa, llevando, incluso, al tribunal constitucional al peor descrédito de toda su historia.

Esas oligarquías, egoístas y codiciosas son igualititas unas de otras. Ahora están dolidas porque han venido perdiendo hegemonía política en varios países latinoamericanos y las tienen a la defensiva; y en otros, ya tienen debilidades de control para seguir manteniendo su “status quo” de privilegio.

Por eso siguen mintiendo y manipulando con los “grandes” medios de comunicación colectiva que controlan en ámbito nacional y multinacional. Por ejemplo, resultó sumamente indignante ver a la cadena de noticias CNN en Español, hablando de “Honduras: sucesión forzada”, en vez de lo que ha pasado ahí, un verdadero Golpe de Estado en toda la extensión de la palabra y en toda la profundidad del concepto político: perseguidos, detenidos, desaparecidos, exiliados, cierre de medios opositores, persecución, gases lacrimógenos, bala, muertos, etc. No hay otro calificativo para CNN en Español que el de “cadena golpista”.

Igualmente, indigna escuchar, por ejemplo, a Telenoticias de Canal 7, hablando del usurpador del poder en Honduras, nombrándole como “Presidente constitucional”, tal y como lo notamos en la edición matutina de este martes 30 de junio. Doña Pilar, don Ignacio: con todo respeto y en honor a la gran autoridad que la audiencia de este país democrático les ha dado: ¿ustedes creen que el señor Micheletti es el “presidente constitucional” de Honduras?…

Hay algo positivo en todo esto, pese al dolor y a la indignación que causa. La respuesta militarista y golpista de la oligarquía hondureña, es una esclarecedora señal de impotencia, de pobreza intelectual, de pérdida absoluta de valores, de ausencia de toda ética y de inmoralidad política llevada a su máxima y más deplorable expresión. Ellas, las oligarquías latinoamericanas, están desacreditadas y desprestigiadas, pues ya son varias las derrotas estratégicas que vienen sufriendo. Es cuestión de tiempo, como también es cuestión de tiempo para que en Costa Rica su hegemonía política decaiga. Ya hemos estado cerca de lograr tal objetivo. Ya hemos comprobado que es posible. Por ahora, concentrémonos en dar toda nuestra solidaridad al pueblo hondureño y a su legítimo presidente constitucional, el señor José Manuel Zelaya Rosales.