Categoría: Opinión

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Los zapatazos que el pasado domingo 14 de diciembre le lanzó el periodista iraquí Muntadhar al-Zeidi, simbolizan el profundo repudio que Bush logró generar durante los desgraciados ochos años de su presidencia, en todas las conciencias limpias del mundo. Esa fecha, de ahora en adelante, seguramente será recordada como fiesta en la cultura árabe.

La verdad es que Bush merece algo más que zapatazos, ya de por sí humillantes al máximo para la investidura de una persona que ocupa, según se nos dice, el puesto político más importante del planeta: ser Presidente de los Estados Unidos de América.

Pero lo más conveniente es hablar sin tapujos y llamar a las cosas por su real nombre. Bush es un verdadero genocida pues ha sometido al sacrificado pueblo de Irak a una especie de exterminio o eliminación sistemática, provocando la muerte cruel de miles y miles de inocentes, entre ellos millares de niños y de niñas, de adolescentes, de lo mejor de la juventud iraquí; sin hablar del aterrador ambiente de destrucción que la máquina militar gringa ha sembrado por toda la geografía de ese milenario país, cuna de la civilización.

Al momento en que se vaya de la Casa Blanca, el próximo 20 de enero, Bush debería ser detenido y puesto a la orden del Tribunal Penal Internacional de La Haya, para que responda por la criminal trampa política que le tendió al mundo, haciéndole creer que en Irak había armas de destrucción masiva, armas biológicas, todo lo cual, finalmente, quedó demostrado que fue una verdadera farsa para, entre otros objetivos, apoderarse del petróleo del pueblo iraquí.

El valeroso pueblo trabajador estadounidense, ese pueblo que le ha dado a la humanidad una enorme cantidad de inventos y avances científicos, nunca mereció que un tipo de semejante especie le gobernara.

Bush hizo crecer, como ningún otro mandatario gringo, un sentimiento antiestadounidense extendido mundialmente, restándole autoridad moral en todos los frentes; pues aparte de genocida, Bush se caracterizó por mostrar un profundo desprecio por la ley y el derecho internacionales, pasándole por encima a las Naciones Unidas (ONU), la cual quedó en el máximo ridículo cuando se dio la invasión criminal a Irak.

Entre su triste palmarés (historial, o relación de méritos), Bush se va convertido en el presidente más impopular de toda la historia política estadounidense, desde que en esa gran nación se hacen mediciones de este tipo.

Además, Bush se va dejando a millones de trabajadores estadounidenses sin empleo, arrojados a la miseria, sin casa y sin ningún tipo de seguro, pues su política económica estuvo marcada por el más fanático neoliberalismo, ese que se inspira en el fundamentalismo de mercado sin control, sin escrúpulos, sin ética y sin moral. De ahí la espantosa crisis financiera que se está viviendo y que, sin duda, nos golpeará en Costa Rica.

Ese es el mismo fundamentalismo de mercado que tiene en Costa Rica como secta al grupo de los hermanos Arias y su pandilla político-ideológica que nos impuso el TLC con el gobierno del genocida Bush, realizando las más escandalosas trampas mediáticas y jurídico-constitucionales nunca antes vistas en la historia costarricense.

Seguramente la presidencia de George W. Bush será recordada como la que inició el proceso de decadencia del poder imperial de los Estados Unidos de América, aunque por su gigantesca maquinaria de guerra seguirá imprimiéndole miedo al devenir de la política internacional.

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Las denuncias acerca de presunta corrupción con los fondos públicos destinados a emergencias que maneja la CNE, han sido formuladas, en primer término, nada más y nada menos que por el jefe de la fracción parlamentaria gobiernista de los hermanos Arias Sánchez, el diputado Oscar Núñez Calvo.

Éste acusó al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, señor Daniel Gallardo Monge; así como a su Director Ejecutivo, señor Gilbert Jiménez Siles, de desvío de fondos públicos para favorecer intereses electorales, dado que, de un modo u otro, todos están consumidos en los vaivenes íntimos del proceso de las distritales del Partido Liberación Nacional (PLN).

El diputado Núñez Calvo dijo que los recursos de la CNE estaba siendo empleados en comunidades que no tienen emergencias, pues es en estas localidades donde sus compañeros de partido, pelean las distritales del PLN. ¿Es o no es esto una práctica completamente corrupta, muy común en la forma de hacer política del bipartidismo tradicional?

Seguidamente, fue el señor diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), don Alberto Salom Echeverría, quien “denunció la utilización de recursos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) por parte de empresas particulares propiedad de delegados privilegiados del Partido Liberación Nacional (PLN) y para favorecer aspirantes a delegados distritales. Estos recursos estaban destinados a la atención de necesidades urgentes de la población costarricense”. Así lo leímos en nota periodística del diario electrónico “Informa-tico.com”, de ayer martes 9 de diciembre.

Según denunció el diputado Salom Echeverría, la CNE hizo una compra multimillonaria a una empresa cuyo propietario sería el señor Gerardo Fait, alto representante de la asamblea nacional del PLN.

Lo que está ocurriendo en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), es una de las más grandes degeneraciones en que incurre el corrupto sistema político tradicional del bipartidismo. La institucionalidad pública y los dineros que la misma maneja, son utilizados con fines politiqueros de corto plazo, para la satisfacción de aspiraciones personalistas de individuos que son capaces de vender al mejor postor hasta su propia madre, si de por medio está una diputación, para lo cual, a cómo dé lugar, necesitan ganar el correspondiente proceso de distritales.

Lo más condenable y censurable de estos prácticas politiqueras de signo corrupto, es que juegan con las necesidades, con la miseria, con el dolor, con la angustia de las personas más pobres, con los seres humanos más desposeídos; porque cuando se dan situaciones de emergencia por diferentes causas, es la gente pobre la que sufre, la que es afectada, la que pierde lo poco que tiene y que tanto le ha costado tener.

Usted, señora Contralora General de la República, puede actuar de oficio. Usted tiene las armas legales, el prestigioso personal profesional necesario y los recursos logísticos fundamentales, para llegar hasta las últimas consecuencias en el presunto uso de los recursos públicos de la CNE, con los más que condenables fines politiqueros. Con vehemencia le pedimos, ¡intervenga ya!

09/12/2008

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Para ser sumamente sinceros, hay que “agradecer” a los hermanos Arias Sánchez y al proyecto ideológico de capitalismo neoliberal a ultranza que ellos defienden, la claridad del pensamiento político que les anima en su gestión gubernativa.

Desde que llegaron al gobierno han sido consecuentes con sus patrocinadores del gran capital transnacional y sus socios nacionales, creando todo un entorno favorable a un incremento de la velocidad en la concentración de la riqueza y para la expoliación a mansalva de las mejores herencias del patrimonio nacional.

La tesis de una nueva constitución política para nuestro país, promovida desde Zapote, no es más que el fin último, de profundo carácter estratégico, para, de una vez por todas, acabar, eliminar, derogar, toda la inspiración filosófica que con base en el humanismo cristiano inspira la todavía, aunque maltrecha, Constitución Política que nos rige y que fuera emitida en 1949.

Hay que recalcar que los hermanos Arias Sánchez son los rostros oficiales, los operadores políticos del momento, comisionados por el más retrógrado capital neoliberal para el impulso de la transformación estratégica del Estado costarricense, llevándolo hacia la concepción liberal del mercado sin controles; invocando el falaz concepto de la “ingobernabilidad”.

Esa “ingobernabilidad” no es otra cosa que las dificultades que ellos, pese a su inmenso poder, siguen enfrentando en la búsqueda del control total de la institucionalidad republicana, para darle rango constitucional a lo que los Arias Sánchez conceptúan como la “dictadura en democracia”.

La presidencia bicéfala, luego de la imposición fraudulenta y delincuencial que le hiciera al país del TLC con Estados Unidos, se lanza ahora contra la Constitución Política de 1949 para dar el asalto final a las Garantías Sociales. Entre otras cosas, los negocios del capitalismo neoliberal que los hermanos Arias Sánchez defienden, encuentran en el Código de Trabajo numerosos obstáculos, para solamente dar un ejemplo del porqué ahora quieren ellos y su grupo del capital neoliberal, convocar a una “asamblea constituyente”.

La institucionalidad republicana que está estipulada en la actual Constitución Política, en términos generales, ha sido la que convenía como para haber logrado altas metas de desarrollo democrático con justicia, equidad y movilidad sociales.

Sin embargo, es la corrupción del bipartidismo tradicional, PLN-PLUSC, la que ha venido pervirtiendo esa institucionalidad, al punto de que ahora hablan de “ingobernabilidad”. Pues claro, la corruptela bipartidista tradicional fue la que se enredó en sus propios mecates y ahora, por tanto, todas las derivaciones de esa corruptela hay que plasmarlas en la legitimidad que daría una nueva constitución.

Estamos convencidos de que Costa Rica ocupa radicales cambios estructurales para profundizar su democracia y para generar un nuevo modelo de desarrollo centrado en la inclusividad y en la solidaridad.

Solamente personas con sentido estadista pueden impulsar grandes acuerdos nacionales que tomen en cuenta las dos visiones encontradas de país que caracterizan la polarización que vivimos.

Los hermanos Arias Sánchez gerencian, políticamente hablando, una de esas visiones y por eso no aceptamos que hablen por toda la sociedad. La constituyente que ahora quieren, es_ “su”_ constituyente y a eso hay que cerrarle el paso con todo lo que esté a nuestro alcance.

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Ni dictadura, ni totalitarismo, ni autoritarismo. La Venezuela que dirige el Presidente Chávez es una democracia política auténtica en la cual, por ejemplo, la libertad de prensa es tan plena que usted encuentra artículos de la peor bajeza en contra de la figura personal, de la humanidad y de la integridad como ser humano del primer mandatario, para solamente dar un ejemplo de los amplísimos niveles de expresión que se tienen en dicha nación hermana.

Pudimos apreciar la altísima complejidad tecnológica del sistema electoral venezolano, ciento por ciento automatizado que genera en la ciudadanía electoral una enorme confianza y una gran credibilidad. En Venezuela, el o la votante siente que, no solamente su voto realmente cuenta sino que, además, será contado. Si bien es cierto esta automatización del voto es algo sumamente caro, lo real es que las personas votantes se sienten completamente seguras de que su voluntad soberana será respetada al extremo y que la seguridad del secreto del voto es impenetrable.

Anecdóticamente, personas con las cuales pudimos conversar nos relataron que en los tiempos del bipartidismo corrupto venezolano (antes de la llegada del Presidente Chávez al poder), una frase, “acta mata voto”, resumía la estrategia perversa de violentar la voluntad de la ciudadanía electora, pues los partidos tradicionales (Acción Democrática y Copei), llevaron a niveles impensados el fraude en las votaciones, alterando las actas de votación para su conveniencia compartida.

En las recientes elecciones, la participación ciudadana superó todos los pronósticos en este tipo de comicios. Desde temprano la gente hacía filas y fue tanta la asistencia que la autoridad electoral debió postergar la hora de cierre de urnas, en aquellos centros de votación donde la gente continuaba haciendo colas, por cientos y por cientos; y, además, en estricto apego a la ley.

Se podrá estar de acuerdo ó en contra de la línea política del Presidente Hugo Chávez. Pero hoy hay una circunstancia inobjetable. El proceso político que él comanda, reconstruyó la democracia venezolana, sacándola del lodazal de la corrupción en que estaba cuando él subió al poder y devolviéndole a la gente, a la ciudadanía, confianza y credibilidad en su sistema electoral.

En las pasadas elecciones del domingo 23 de noviembre, fuimos testigos presenciales directos de cuando el mandatario venezolano, a primera hora de la madrugada del lunes 24, se hizo presente en el Hotel Alba Caracas (donde nos encontrábamos alojados), para reconocer los resultados de dichas votaciones; especialmente, los que no le fueron adversos a su proyecto. Por otra parte, la colectividad partidaria del Presidente Chávez, su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), emergió como la fuerza política número uno del país, mientras que la oposición sigue siendo un archipiélago de personalismos alimentados por un antichavismo enfermizo.

¡Qué bueno que Costa Rica y Venezuela han decidido mejorar sus relaciones bilaterales! Aunque suene increíble, tendremos que aprender del desarrollo de la democracia venezolana de hoy en día. Sus altos niveles de participación política, la calidad del debate ideológico en desarrollo, sus programas sociales y de participación popular, así como la inserción de la gente joven en el proceso revolucionario que se da en ese país, muestran nuestros crecientes déficits democráticos.

Sin duda, uno de los principales retos que tenemos es superar el bipartidismo corrupto neoliberal que tiene el poder hoy en día en nuestra querida Costa Rica. Tal y como lo hizo el pueblo de Venezuela al construir su nueva democracia, hoy con recuperado prestigio y con un sistema electoral totalmente transparente y de confiabilidad absoluta.

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Sin embargo, comentamos hoy con usted una relativamente diferente a las que se practican en el país. Es el denominado informe Latinobarómetro 2008, encuesta aplicada a unas veinte mil personas en América Latina, mil de ellas específicamente en Costa Rica.

Según tal informe, el pueblo tico es el más pesimista de toda la región latinoamericana, con relación a lo que se vislumbra para el 2009. Además, la enorme mayoría de la población costarricense encuestada, un 80 %, estima que el gobierno está copado por pocos grupos poderosos que buscan su beneficio propio.

Otra conclusión tajante indica que tan solo una quinta parte de los y las costarricenses, cree que en el 2009 habrá una mejora en lo económico.

Así de contundente es la situación desde que los hermanos Arias llegaron al gobierno y ejercen el poder a nombre de los grandes tagarotes del TLC y de los negociazos con la cosa pública.

Incapaces de gobernar para las grandes mayorías populares, especialmente para la clase trabajadora asalariada, la presidencia bicéfala vive un frenesí por la creación del mejor entorno de negocios con los servicios públicos, para profundizar el ya veloz proceso de concentración de la riqueza que se da en el país.

Y, ante tal estado de cosas que la gente percibe todos los días, es más que lógica la conclusión de que unos pocos grupos poderosos gobiernan el país para beneficio propio.

Las Crucitas, Sardinal, Alterra, la generación eléctrica privada desenfrenada, el regalo del mercado nacional de las telecomunicaciones y de los seguros comerciales del Estado a los pulpos internacionales, la ley de propiedad intelectual hecha a la medida de las gigantes farmacéuticas transnacionales, la puja por entregar los muelles del atlántico luego del obsequio de Caldera, entre otros; indican la naturaleza ideológica del régimen de los hermanos Arias: engrandecer las fortunas, ya de por sí enormes, de los grandes tagarotes cuyos intereses tutelan desde la Presidencia.

Por el contrario, a nosotros, la Gente, el pueblo trabajador, la micro, pequeña y mediana empresa, el sector informal, los desempleados; entre otras cosas, nos agobian con el altísimo costo de la vida; nos desangran con un sistema tributario en el cual, proporcionalmente hablando, el pobre paga más que el rico; nos imponen una política salarial que incrementa el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los segmentos asalariados; baja el petróleo en el mercado internacional pero no bajan las tarifas de autobús; las deudas agobian a las personas asalariadas pero solamente se piensa en “recapitalizar” a los bancos…

Definitivamente, este estado de cosas debe cambiar. Hay que empezar a hacerlo. Los de abajo somos más y el cambio es totalmente viable.

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Ese día, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la principal central sindical de Estados Unidos, sellamos una alianza de trabajo ante un selecto grupo de costarricenses quienes fueron testigos de este histórico evento para la trayectoria sindical en nuestro país en tiempos de TLC que ya, querámoslo o no, están aquí.

Estamos hablando de una alianza entre la ANEP y la AFL-CIO, es decir la American Federation Of Labor and Congress Of Industrial Organizations (la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales), la principal agrupación de sindicatos estadounidenses que cuenta con millones de trabajadores y de trabajadoras en sus filas.

El compañero Rob Wayss, representante en la región centroamericana del Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional de la AFL-CIO, visitó nuestro país para el indicado acontecimiento, señalando que “es un honor incluir a ANEP como contraparte y ser contraparte de ANEP”. Además y aquí está la clave de la alianza, expresó que “la cooperación con ANEP será de utilidad para ambas partes para poder presionar ante posibles problemas laborales en el marco del TLC”.

Sí, efectivamente, nos preparamos en ANEP para utilizar todas las potencialidades posibles que abre el denominado capítulo laboral del TLC y enfrentar, en alianza con la AFL-CIO, las constantes violaciones a los derechos constitucionales de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva que tan comúnmente ocurren en el sector privado de nuestra economía y también en el propio sector público.

La alianza entre la ANEP y la AFL-CIO se dio en el marco de un debate de fondo sobre el tema de Flexibilidad Laboral y Libertad Sindical, sumamente propicio para las circunstancias de un país al que le han impuesto un tratado comercial tan abusivo e injusto. Tuvimos exponentes de renombre en tal actividad que, como ya mencionamos, fueron testigos de honor del nacimiento de la alianza entre la ANEP y la AFL-CIO.

En la mesa principal debatieron sobre el tema apuntado, el propio señor Rob Wayss, a nombre de la AFL-CIO; el señor Juan Manuel Sepúlveda Malbrán, Representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Monseñor Ángel San Casimiro Fernández, Obispo Diocesano de Alajuela y Encargado Nacional de la Pastoral Social de la Iglesia Católica; el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Francisco Morales Hernández.

Además, y aunque mucho no lo pudieran creer, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), estuvo oficialmente en el debate, en la persona del Ing. José Salas Carrillo. Esto demuestra que sí es posible en el país un diálogo sindical-empresarial directo, respetuoso, franco y transparente. La ANEP estuvo lujosamente representada por el Lic. Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la organización.

Este artículo fue escrito a primera hora de ayer martes 4 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos; es decir, sin saber quién será el próximo presidente de esa gran nación. Para nadie es un secreto que las simpatías de la clase trabajadora estadounidense agrupada en la AFL-CIO tiene, mayoritariamente, simpatías por el señor Obama.

En caso de ser él el triunfador, el tema del tipo de TLC que nos fue impuesto, se ha de repotenciar en escenarios que aquí, en Costa Rica, nadie había pensado. Pero, en todo caso, el capítulo laboral de dicho tratado abre oportunidades para reivindicar derechos laborales más allá del gobierno que finalmente llegue a la Casa Blanca.

De hecho ya se dio la primera ocasión en que se invocan las estipulaciones del capítulo laboral del TLC para denunciar violaciones graves a los derechos de la clase trabajadora. La AFL-CIO y organizaciones sindicales de la hermana Guatemala presentaron una queja ante la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), puntualizando las primeras violaciones a derechos laborales según las estipulaciones contenidas en el capítulo laboral del TLC.

Pues bien, la alianza de la ANEP con la AFL-CIO busca hacer lo mismo en Costa Rica y ya, afortunadamente, tenemos elaborado un enorme expediente que, de seguro, resultará de mucho interés en el USDOL, aunque seguramente tendrá mucho mayor impacto si el señor Obama es el nuevo presidente de Estados Unidos.

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Por el otro, tendremos postulaciones electorales que, con matices diversos pero presuntamente unidas, se presentarán como abanderadas del patriotismo, de la solidaridad, de la ecología, de la equidad social y de género y de la más justa distribución de la riqueza.

Como ya es bien conocido y está siendo vivido en carne propia por las amplias mayorías ciudadanas del planeta y también de nuestro país, el proyecto neoliberal está destinado al fracaso y así lo muestra la denominada “crisis financiera” originada en el mismo vientre que lo engendró.

Lo que nos está indicando el signo de los tiempos es, en consecuencia, que la senda correcta para el futuro de nuestra querida Patria, es desterrar del gobierno, primero y, después del poder, a la podrida clase política y económica que se ha enriquecido, abusiva y repulsivamente, al amparo de las políticas neoliberales de los últimos gobiernos PLUSC.

Desde tal perspectiva, para las organizaciones sociales que reivindicamos valores como la solidaridad, el progreso con equidad, la distribución más equitativa de la riqueza, la transparencia en la cosa pública, el combate a la corrupción y el desarrollo económico en armonía plena con el ambiente y la ecología y la profundización de nuestra democracia; tenemos la ineludible tarea de coadyuvar para la construcción del necesario bloque de fuerzas que, objetivamente, tienen la misión histórica de la reconstrucción de la sociedad solidaria de la cual siempre, como costarricenses, estuvimos orgullosos, pero que hoy, con dolor e indignación, estamos viendo desaparecer, aceleradamente.

Particularmente, para las organizaciones sindicales influir en el debate sobre las políticas públicas nacionales, está legitimado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), cuando estableció que_ “no cabe limitar estrictamente la acción de las organizaciones sindicales a la sola esfera profesional, dado que en la práctica la elección de una política general decidida por el gobierno casi siempre tiene repercusiones en las condiciones de los asalariados. Esta relación resulta patente en el caso de la aplicación de una política económica nacional, pero puede asimismo afectar concretamente a los trabajadores en el marco de opciones políticas e económicas más generales, e inclusive, de decisiones que rebasan el ámbito de la soberanía nacional”._

Entre otros principios filosóficos del sindicalismo, este mandato de OIT nos da la cobertura legal necesaria para que, no solamente nos pronunciemos por las acciones del gobierno de turno; sino para que, nos aboquemos a generar las condiciones necesarias que permitan la instalación de poderes públicos proclives hacia el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de la clase trabajadora y del pueblo, en general.

Sin embargo, en el caso de los sindicatos (y, en general, hacia las otras formas organizativas de los movimientos sociales), es imperioso guardar una necesaria frontera con relación a los partidos políticos, aunque éstos, de una forma u otra, planteen tesis cercanas a las perseguidas por esos movimientos sociales.

Enfrentar el desafío objetivo de sacar al neoliberalismo del gobierno, primero, y después del poder, indica que nos corresponde a las organizaciones sindicales el ejercicio de la más clara y transparente incidencia para que en el ideario de ese bloque de fuerzas que está llamado a enfrentar tal desafío, las propuestas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, queden plenamente contempladas y éticamente respaldadas, de tal suerte que la inclusión de esas propuestas no sea un mero ejercicio de oportunismo electorero cortoplacista.

El cómo se ha de dar este proceso, es decir, la más creativa forma de interrelación entre movimiento sociales y partidos políticos que, en el ámbito de sus especificidades, están dispuestos a coincidir para la generación de la alianza estratégica que ha de superar al neoliberalismo, manteniendo la necesaria equidistancia entre ambas formas de participación política, es la esencia de un debate más que urgente en las actuales circunstancias.

Ojalá lo clarifiquemos pronto, ahora que el desafío sobre coaliciones, convergencias, uniones, acuerdos y encuentros de cara al 2010, están a flor de piel dentro del maravilloso y diverso movimiento sociocívico y político que sueña con una nueva Patria.

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Esta vez, la “oferta” se dirige a corromper, a minar, la moral del personal y del sindicato de Japdeva (Sintrajap), para entregar la actividad portuaria de los muelles de Limón, a consorcios internacionales.

Éstos, con toda seguridad, ya tienen aquí sendos representantes legales y cabilderos políticos, propiciando las “condiciones” para la realización de un negocio que debe ser de tal calibre como para “invertir” en la corrupción de las conciencias laborales, una impresionante y gigantesca suma de millones de (devaluados) dólares; amén de promesas de pensión_ “juvenil”_ y “éxito” empresarial, como para_ “construirse”_ una vida estilo “jet set”; igualita a la que está colapsando en los Estados Unidos, donde la codicia desenfrenada de los hermanos de clase de la élite de poder corrupta costarricense, están sumiendo en la pobreza a millones de personas, muchas de las cuales están optando por suicidarse.

La profunda convicción antidemocrática que anida en estos sectores corruptos de la desprestigiada clase política y económica gobernante, les lleva a creer que todas las personas son cosas y que, en cuanto cosas, tienen precio; y, por tanto, se les debe tratar como mera mercancía.

Además, tienen tendencias totalitarias que les generan un profundo rechazo a aquel tipo de democracia que incluye la actividad sindical; pues para la realización máxima de sus ansiados negocios con la cosa pública, el sindicato es visto como “obstáculo” al desarrollo.

Por eso realmente impresiona la decorosa, y si se quiere heroica, actitud de los compañeros y de las compañeras del sindicato de Japdeva, Sintrajap, al rechazar, de plano, la ofensiva “oferta” de esos sectores gubernamentales, completamente podridos en cuanto a ética y moral.

En este caso, la “mercancía” por la cual están dispuestos a lo que sea (incluso a pagar 80 millones de dólares), es la actividad portuaria de Limón, hasta ahora conceptuada como servicio público en su esencia; servicio público al cual le han negado, sistemáticamente, las inversiones necesarias con la perversa finalidad de presentarlo ante la opinión pública, como ineficiente, ineficaz; idéntica receta que por muchos años le aplicaron al INCOP

Similar perversidad le aplicaron al ICE, al cual, en su momento, le negaron las inversiones para construir plantas hidroeléctricas, lo que hoy nos hubiese evitado “leñazos” en las tarifas de luz, como el del 46 % que está en trámite.

Como angurrienta y desenfrenada que es esa élite gobernante, no tiene más visión que aquella que le permite el abultamiento de sus cuentas bancarias; ignorando que llegaron a la presente fase de gobierno con tan sólo 1.8 % de_ “mayoría”_ en las elecciones del 2006, por demás, las más cuestionadas de las últimas seis décadas.

Nosotros expresamos una sincera felicitación y una efusiva expresión de solidaridad a Sintrajap y a esa enorme cantidad de personas trabajadoras de Japdeva que, en medio de las más inimaginables presiones, resisten el chantaje monetario del que se les pretende hacer víctimas.

Lo que sucedió en Puerto Caldera es un ejemplo para tomar cuenta: los salarios se derrumbaron, las tarifas portuarias nunca bajaron, los productos importados jamás redujeron su precio; y, es al pueblo costarricense todo, al que le obligaron a pagar la fiesta orgiástica de la repartición de dineros en el horroroso proceso de corrupción de conciencias laborales y gremiales, incluyendo dolorosos episodios de homicidios y suicidios por la codicia desenfrenada que se generó.

La verdad es que a estas alturas de la administración neoliberal de turno, la apropiación privada de la cosa pública, lo que la corrupción llama “modernización”, es un mero asunto de negocios (concentración de riqueza) y no de ideología; en detrimento del bienestar de las mayorías. El ejemplo de decoro de Sintrajap es un gigantesco estímulo para el avance de las fuerzas sanas de la Patria. ¡¡¡Felicitaciones!!!