Categoría: Opinión

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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La “chequera secreta” de los hermanos Arias, es el nuevo capítulo de la novela política que separa al autoritario dúo presidencial del periódico que los llevó al poder; teniendo ambas partes al inicio de su alianza, como representantes visibles de conglomerados económicos de gran poder, el objetivo estratégico compartido (logrado a través del TLC), de tener acceso al suculento mercado de los negocios con los servicios públicos de telecomunicaciones (hasta hoy prestados por el ICE) y de los seguros comerciales hasta hoy suministrados por el INS.

El infame periódico, presuntamente, sabía de la “chequera secreta” de los hermanos Arias mucho antes de que lo diera a conocer. Se lo habría guardado para no arriesgar el TLC en el parlamento. Aprobado éste (y aparte del vano intento de recuperar credibilidad), ahora viene la pelea por el gigantesco negocio de las telecomunicaciones y alguien tiene que quedar fuera.

La “chequera secreta” de los hermanos Arias es una piñata de 2 millones de dólares (unos mil millones de colones), donados al Gobierno por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); distribuidos como contratos de “consultorías” (también secretos); plata que ha ido a los bolsillos –entre otros-, de personajes conocidos por su máxima lealtad al dúo, trepadores de la política tradicional y elementos importantes que integran el conocido PLUSC.

Particularmente resaltan los dineros (todavía no se sabe cuánta plata se repartió en cada caso), pagados a un vil informático y a un pseudoempresario de nombre parecido a la marca de una famosa mayonesa; quienes trabajaron con alta perversidad y bajeza buscando ensuciar, en lo más intenso de la campaña sobre el referéndum del TLC, el buen nombre de personas limpias.

La “chequera secreta” de los hermanos Arias, representa un clásico ejemplo de cómo se pervierte no solamente el carácter mismo de lo que significa la transparencia en la función pública; sino que revela cómo se ha venido profundizando el proceso de degeneración de la práctica política, en las esferas del poder neoliberal que asaltó la institucionalidad republicana, arrasando con la autonomía parlamentaria, con la imparcialidad en los fallos constitucionales y con la neutralidad del máximo órgano electoral.

Parlamentarios honestos y otros no tanto, han anunciado su intervención política en este vergonzoso asunto. En la Asamblea Legislativa nada pasará. La “chequera secreta” de los hermanos Arias llegó hasta la oficina del descolorido diputado Echandi, pretendiendo éste repartir bonos de vivienda para conseguir vigencia política.

Por su parte, la Contraloría ha decidido iniciar una investigación de oficio, una acertada y esperanzadora decisión. No obstante, tiene una brasa en sus manos, sabiendo que uno de los destinatarios de la “chequera secreta” de los hermanos Arias, el exmagistrado constitucional Sr. Arguedas, tiene un hijo trabajando en las altas esferas del ente contralor.
Paralelamente, otra “chequera” estaba en funcionamiento, en el Ministerio de Vivienda. Los traicionados taiwaneses, siguiendo su tradicional costumbre de regalar plata a partir de reconocimiento diplomático, habían entregado a este Gobierno, otra millonada de dólares para construir 600 viviendas para familias pobres en Rincón Grande de Pavas. El llamado “Ministro de los Pobres”, don Fernando Zumbado, para poder serlo ocupaba de muchas consultorías y toda esa plata terminó en otros lugares, menos en Rincón Grande de Pavas.

La “chequera secreta” de los hermanos Arias no es más que otra característica de su estilo de gobierno (_“dictadura en democracia”_; como el mismo Oscar Arias lo definió): un absoluto desprecio a las reglas del juego de la institucionalidad pública de sesgo republicano, que establecía como norma fundamental la separación de poderes y la transparencia en el ejercicio de la función pública; optando, al parecer, por el pacto, la componenda, la compra de conciencias y la repartición de prebendas y canonjías.

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La Conferencia Episcopal de Costa Rica, representada por los señores obispos, monseñores José Francisco Ulloa y Ángel San Casimiro, firmó una histórica declaración junto a los representantes de diversas organizaciones sociales, especialmente campesinas, acerca de un tema bastante controversial, comúnmente denominado_ “crisis alimentaria”_. En realidad, lo que estamos viviendo es una crisis del modelo neoliberal como lo que es: depredador insaciable y voraz, de todo lo bueno que Dios nos dio para una convivencia humana solidaria.

Agrupaciones como Upanacional, UNAC, FENAC, MANÁ, Conarroz, UPIAV, entre otras entidades sociales, se unieron al esfuerzo de visión compartida que se construyó desde las sólidas bases del humanismo cristiano. Alentadora y esperanzadora fue la presencia de una importante cantidad de sacerdotes y laicos católicos que, sin duda, llevarán esta buena nueva por todas las comunidades del país. Tuvimos el honor de estar presente y firmar a nombre de la organización que representamos.

La declaración afirma que “el enorme aumento de los precios es mucho más grave para la gente pobre que dedica ya casi todos sus ingresos a comprar su comida y que no tiene recursos para pagar tres veces más”. Además, categóricamente, señala que_ “El Gobierno abandonó el apoyo a la producción de alimentos y toma una política de ingresos y salarios decrecientes con relación al costo de la vida”._

Los señores obispos católicos de la CECOR y las organizaciones participantes indican que “Entendemos el sector agropecuario conformado por dos tipos de agricultura a las que se les debe tratar separadamente: la agricultura de pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios y pesqueros; y la agricultura trasnacional. La primera: la que nos da la soberanía alimentaria, es la que nos interesa en este acto; expresada a través de asociaciones solidarias y de economía social, es conformada por la producción de alimentos para las propias familias campesinas y fundamentalmente para el mercado nacional, y cuya producción tiene como destino satisfacer las necesidades de alimentación de los habitantes del país”.

Más adelante, sin pelos en la lengua se plantea que: “Por el contrario, la complacencia depositada por los gobiernos durante las últimas tres décadas en un modelo económico que promulga la instauración de una economía de libre mercado y la eliminación del carácter solidario del Estado… ha tenido como consecuencia el desmantelamiento de las instituciones del sector agropecuario, el deterioro agresivo de la economía campesina, el deterioro de la familia y su base religiosa. Proceso tal que ha promovido la migración del campo a la ciudad, concentrado la riqueza y aumentando la desigualdad social”.

Otro señalamiento fundamental expresa: “Esta dirección de las políticas productivas que promueve el gobierno le ha impuesto un rumbo economicista a nuestra democracia social, con consecuencias de alto riesgo para la gran mayoría de la población de quedarse sin alimentos por dos razones:* a)* porque no hay condiciones para producir; y b) porque no tiene el dinero para comprarlos. El modelo señalado, conocido como neoliberal y que su santidad Juan Pablo II llamó “capitalismo salvaje”, entra en crisis global causada por la ligereza de resolver sus intereses los países desarrollados sin tomar en cuenta las necesidades de los países pobres como el nuestro”.

Sin temor a equivocarnos, la reflexión cristiana iluminadora y la acción social responsable que ha de venir, combinadas en pro del bien común y a partir de esta declaración conjunta, ponen en el primer lugar de la agenda nacional, la soberanía y la seguridad alimentarias.

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En psiquiatría, el autismo es un síntoma esquizofrénico que consiste en referir a la propia persona todo cuanto acontece a su alrededor. Adoptémoslo para la política y podremos entender de qué estamos hablando.

Los problemas del país en diversos órdenes se agigantan: la criminalidad está desbordada, la sensación de inseguridad de la ciudadanía honesta crece todos los días; la desigualdad y la concentración de la riqueza siguen en carrera desenfrenada hacia la división total de la sociedad en dos grandes bloques: los que tienen (cada vez menos) y los que no tenemos (cada vez más). La crisis alimentaria enseña ya sus nefastos tentáculos y el agua pasa a primer orden en la lucha por la vida. Los precios de los combustibles y su escandalosa carga tributaria amenazan con dislocar toda nuestra frágil economía.

La comida está cada vez más cara. Crece a una velocidad que duplica la del crecimiento de la inflación. Las familias asalariadas de ingresos bajos y medios, viven un durísimo período de angustia económica. El sector informal de la economía, cada vez más numeroso, nos indica que la brecha de la concentración del ingreso está transformando nuestro perfil de sociedad de capas medias que una vez fuimos.

Don Oscar sigue creyendo que es el líder de toda Costa Rica. Don Oscar sigue creyendo que su mandato fue producto de una holgada victoria electoral, cuando su ascenso a la presidencia estuvo marcado por el proceso electoral más cuestionado desde las elecciones de 1948. Don Oscar sigue creyendo que basta con controlar el parlamento y la farándula diputadil que acude a sus fiestas; don Oscar sigue creyendo que teniendo de su lado al tribunal “sobrado” de elecciones (TSE), tendrá garantizada su legitimidad. Don Oscar cree que con la prosternación ante él de la mayoría de los jueces constitucionales, como lo estamos viendo día con día, su presidencia imperial está más que garantizada. Su elección fue “controversial” y su “triunfo” en el “frauderéndum” sobre el TLC, fue empleando juego sucio. Entonces, ¿de qué legitimidad se puede jactar?…

Lejos de entender, con humildad, que existe otra Costa Rica, don Oscar sigue confiado de que el periodismo de la iglesia llorentina le guardará lealtad hasta el final de su mandato. Por el contrario, el principal periódico de la oligarquía neoliberal, ese que le apoyó, ardorosamente, desde un inicio, ha decidido abandonarlo. Negocios son negocios y “La Infame” ya se dio cuenta de que el color de prensa oficialista le ha costado bastante en credibilidad y en suscripciones. Por eso ha empezado ya a distanciarse del gobierno arista, intentando vanamente, recuperar un posicionamiento de prensa objetiva, cuando todo el país sabe cómo jugó en el frauderéndum sobre el TLC y a qué intereses responde.

Los anales de la historia nacional solamente habrán de registrar que Oscar Arias Sánchez ocupó dos veces la Presidencia. Pudiendo haber ocupado el honor invaluable de estadista, no tuvo la capacidad de rearticular una nación dividida y polarizada, aunque sí pudo representar con sobrada eficiencia, los intereses de esa “nación” que ya ha decidido abandonarle, luego de que le hiciera a ella la ansiada tarea estratégica de ponerle en bandeja los suculentos negocios de los servicios públicos de telecomunicaciones y de energía y de los seguros comerciales del Estado.

En la segunda parte de su actual mandato, el Presidente Arias, nos ha vaticinado la llegada del período de las “vacas flacas”. Los obreros de la zona franca de Cartago, a los que él le prometió vehículos BMW y Mercedes Benz, seguirán viajando a pie, en bus o en Hyundai (los que tengan mejor suerte). Las “vacas flacas” son para el pueblo que él polarizó, que él dividió. Parece que don Oscar terminará su período en medio de grandes confrontaciones. En los movimientos sociales no hemos dejado de trabajar ni un minuto preparándonos para lo que viene. En las actuales circunstancias, el país ocupa de un gran acuerdo histórico. Pero para eso se ocupa de un estadista. Tan sólo tenemos un presidente cuyo autismo político le impide tener esa visión.

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El 3 de mayo de 2006, ANEP envió nota al en ese momento Presidente electo, Oscar Arias planteándole la necesidad de que Costa Rica solicitase al gobierno de Venezuela, “_el otorgamiento a nuestro país de un trato especial, diferenciado, en materia de suministro de petróleo, dado que el alza mundial que está experimentando, golpea severamente la economía costarricense, incidiendo negativamente en la calidad de vida de la gran mayoría de la población, especialmente en la de la clase trabajadora asalariada_”. Nada más profético si vemos cuál es la realidad de hoy del precio del petróleo y el de los combustibles en el país. Dicha carta nunca nos fue contestada.

En ese momento le dijimos a don Oscar Arias que “_Costa Rica vive un doloroso proceso de concentración de la riqueza que, entre otras expresiones, se manifiesta en el nivel salarial de la gran mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras. La caída en el salario real es dramática y estas constantes alzas, potenciadas por el alto precio de los combustibles sobre los cuales pesa una elevada carga tributaria, disminuyen el poder adquisitivo de los salarios; incrementando en los hogares de las familias asalariadas, tensión, ansiedad, restricción económica, disminución de la calidad alimenticia y deterioro de la convivencia por todos estos factores juntos_”.

También le indicamos a él “_que usted debe apelar a la larga trayectoria de amistad entre Costa Rica y Venezuela, naciones hermanas de la familia latinoamericana. Las posiciones políticas soberanas del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no tienen porqué ser obstáculo para que nuestro país invoque esa hermandad, si lo que está de por medio es el bien común de nuestra sociedad, sin necesidad de que ciertas voces mediáticas histéricas, que se creen depositarias de la “opinión pública”, impongan la ideología por sobre el sentido común_”.

ANEP apuntó además que “_Tesis como revisión de los contenidos del Pacto de San José; crédito para compra de petróleo a largo plazo y en condiciones blandas; posibilidades de suministro de combustible a precios especiales para emprendimientos productivos de economía social con carácter incluyente; un portafolio de inversiones para el fortalecimiento de la refinación del crudo en suelo nacional; una asociación estratégica para la exploración petrolera con pleno respeto del entorno_”; son potenciales campos de cooperación de ayuda de parte de Venezuela para Costa Rica.

Ahora, el ilustre diputado Merino le pidió al Presidente Arias que en el marco de la normalización de las relaciones con Venezuela, Costa Rica solicite su incorporación a la organización intergubernamental PETROCARIBE y la firma del Acuerdo de Cooperación Energética que le da sustento.

Hoy hacemos nuestras las consideraciones del citado legislador cuando apunta que “_En momentos donde las alzas del petróleo golpean de manera significativa la economía nacional y, en particular, los bolsillos de los sectores más pobres de la población, la integración de Costa Rica a PETROCARIBE, evitaría la intermediación y especulación, garantizaría el suministro directo de hidrocarburos, brindaría facilidades financieras y permitiría acuerdos de cooperación para fomentar el desarrollo económico y social_”.

Emplazamos al Gobierno para que abra, de inmediato, el proceso político y diplomático correspondiente que permita el ingreso de Costa Rica a PETROCARIBE, tal y como ya lo hicieron ó están tramitando, países como República Dominicana, Honduras, Guatemala y El Salvador, cuyos gobiernos no son afines a la línea política de Venezuela.

El ingreso de Costa Rica a PETROCARIBE, tal y como la afirma el diputado Merino, va a “_mitigar los efectos del alza continua de los precios del petróleo y sus derivados, en beneficio de la población costarricense y en un marco de solidaridad latinoamericana_”. Entonces, ¿cuál es el miedo, don Oscar?

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También hay certeza de que en este problema, se están cometiendo cualquier cantidad de abusos por parte de las gigantescas corporaciones que controlan el mercado mundial del petróleo, al punto de justificar las protestas que se están llevando a cabo a varios países desarrollados, principalmente de la Unión Europea (UE). Adicionalmente, la criminal invasión a Irak, ordenada y ejecutada por el genocida y ya casi expresidente estadounidense Bush, tiene mucho que ver con lo que está pasando con los altos precios del petróleo en el mercado mundial.

Pese a todos estos factores, en nuestro país serían de menor impacto esas alzas descomunales del precio internacional del petróleo, si los combustibles no tuvieran la altísima carga tributaria que pesa sobre ellos.

Los impuestos a los combustibles, los de más fácil recaudación por parte de los gobiernos, inflan considerablemente el precio final que el consumidor debe pagar en la bomba todos los días. Ha llegado la hora de abrir una profunda discusión nacional sobre el tema; y, paralelamente, poner en mesa una serie de alternativas para aminorar esa carga tributaria sobre los combustibles; de tal suerte que las paulatinas reducciones que se dieran, sean sustituidas por otros impuestos pero de carácter directo, es decir, para que paguen los que más tienen y que más acumulan por estos días.

Además, es imprescindible generar un sistema por medio del cual se empiece a relacionar las posibilidades de ingreso de las personas a la hora de hacer las compras de combustibles. No es la misma situación para el pequeño propietario de un camioncito de carga que lo ocupa para ganarse la vida, que un prominente empresario de altos quilates quien anda en lujosos vehículos de 20, 30 y hasta más millones de colones.

En el mismo sentido, los carritos de la clase media y baja, por lo general vehículos usados, indican que sus propietarios son personas asalariadas, trabajadores por cuenta propia, micro y pequeños empresarios que dinamizan fuertemente la economía; razón por la cual el castigo tributario por consumir combustibles debería considerarles su situación de ingreso.

Está más que demostrado que, contrariamente a lo que ciertos medios de prensa quieren meternos en la cabeza, el principal problema nacional no es el de la seguridad ciudadana (ya de por sí grave y cuyo impacto en la sociedad es imposible de negar). La principal dificultad que está pervirtiendo nuestra convivencia civilizada es la acelerada carrera que lleva el proceso de concentración de la riqueza, el crecimiento de la desigualdad y el cierre de oportunidades para una inmensa cantidad de compatriotas.

Es necesario, en consecuencia, modificaciones profundas en la estructura tributaria para llevar un poco de alivio a la mayoría de la población que se asfixia por el altísimo costo de la vida; costo de la vida que tiene en las alzas de los precios de los combustibles un disparador que, desgraciadamente, deteriora la calidad de vida de las familias de menores ingresos, consumidos la mayor cantidad de éstos en comprar alimentos.

Se ocupa, insistimos, una revisión estructural de los diversos impuestos que pesan sobre el precio de los combustibles, que son impuestos indirectos (pagados por todos sin excepción y sin discriminar capacidad de ingreso); a fin de reducir esa carga y sustituirla por impuestos directos que perfectamente pueden pagar los sectores económicos y financieros que atesoran gigantescas riquezas, prácticamente exentas de impuestos, según esa capacidad tan grande de acumulación de capital tan demostrada en estos días.

Proponemos la conformación de una mesa nacional para abordar este tema, constituida por representaciones de los sectores productivos, laborales, sociales, así como de las autoridades gubernamentales, para diseñar una estrategia nacional frente al alto precio internacional del petróleo y para la reducción sustancial de la alta carga tributaria sobre los combustibles en suelo nacional; diseñando y proponiendo, a la vez, las alternativas de sustitución de los ingresos fiscales vía combustibles.

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El Tribunal Supremo de Elecciones (*TSE*), el de los hermanos Arias, mostró su careta oficialista, de nuevo; y, otra vez, hace gala de la más descarada parcialidad política jamás vista por el país, desde el establecimiento de la denominada “_Segunda República_”, en 1949. El otrora venerado y respetado TSE, ha decretado la rehabilitación política de uno de los co-autores del memorando del miedo, en la campaña del “_frauduréndum_” sobre el TLC, del año pasado.

El tribunal electoral presidido por el fuertemente cuestionado, en amplísimos segmentos ciudadanos, como magistrado oficialista, Luis Antonio Sobrado González, ha absuelto al hoy Exsegundo Vicepresidente de la República, Kevin Casas Zamora; escudándose en leguleyadas baratas y pueriles; que pretenden minimizar la escandalosa, abusiva y repudiable compra de conciencias que ocurrió para la votación del 7 de octubre, en la desesperada carrera gobiernista por el triunfo del sí para el TLC del grupúsculo de ricachones de codicia insaciable, que hablan por boca de los hermanos Arias Sánchez.

El proceso de campaña sobre el TLC mostró a un TSE, bajo la conducción del magistrado Sobrado González, sumado, como último eslabón, al proceso del creciente descrédito ciudadano sobre la corrupta clase gobernante tradicional; la cual ha venido, sistemáticamente y una a una, corrompiendo cada una de las anteriormente prestigiosas entidades componentes de la institucionalidad republicana de nuestro sistema democrático.

Miles de ciudadanos y de ciudadanas tenemos el más absoluto convencimiento, porque lo vivimos en carne propia, de que el proceso de campaña del “_frauderéndum_” del 7 de octubre de 2008, es una página vil y vergonzosa de la historia patria, de tanto calibre como lo fue la votación parlamentaria que anuló las elecciones de febrero de 1948.

El memorádum Casas-Sánchez fue la guía de práctica política con sentido estratégico, que el gobierno de los hermanos Arias Sánchez adoptó para, con triquiñuelas, mentiras, calumnias, chantajes y sobornos, apuntalar, de manera desesperada, lo que se avizoraba como la derrota estratégica del proyecto neoliberal de los ricachones del bipartidismo tradicional y sus adláteres.

Nos preguntamos: ¿con qué moral viene ahora, por ejemplo, el magistrado Sobrado González, a minimizar lo que fue el más duro golpe a la pureza de la institucionalidad electoral que, otrora, nos llenaba de orgullo, a todo el pueblo costarricense, de todos los bandos, sin excepción?

La restauración (si es que en verdad le importaba en algo al régimen político dominante que ello se diera), de la confianza ciudadana en el tribunal electoral de la República; tenía que pasar, necesariamente, por la más enérgica condena a un proceso absolutamente descarado de parcialidad política; parcialidad política que jugó como elemento fundamental para los sucesos bélicos entre costarricenses en el año 1948. El memorándum del miedo Casas-Sánchez tuvo una equivalencia, por su impacto, a lo que representó el desconocimiento que hicieron los diputados de aquella época, de lo que el pueblo tico en ese momento expresó en las urnas.

El tribunal electoral del magistrado Sobrado lo que hace con esta abominable resolución y nueva muestra de descarada parcialidad política, no solamente es rehabilitar la carrera política que ya se consideraba extinta, del señor Casas Zamora; sino, además, asegurarle espacio político al hoy desprestigiado diputado Sánchez, uno de los “_príncipes_” políticos que, al igual que el señor Casas, la oligarquía neoliberal ve como sus cuadros gerenciales de gobierno en el futuro cercano.

Bien harían las distintas fuerzas políticas patrióticas que se alistan para participar en el proceso electoral del 2010, en replantearse cuánta garantía hay de transparencia incuestionable, de neutralidad absoluta y de decencia política a toda prueba, si se tiene un tribunal electoral cuyas preferencias políticas están más que claras para miles y miles de potenciales votantes. Si ni siquiera ha sido capaz de hacerle una “_llamadita de atención_” al Presidente Arias por su descarada intervención electoral a favor de doña Laura Chinchilla; ahora con esta absolución del señor Casas, ¿qué podemos esperar para el proceso electoral venidero?…

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La lucha de la comunidad de Sardinal, en defensa de su legítimo e incuestionable derecho a la vida, es decir, de su derecho a tener a acceso a sus propias y originarias fuentes de agua; nos muestra a las claras la naturaleza del gigantesco desafío que tenemos por delante para recuperar una Patria que nos ha sido, sistemáticamente, robada; asalto que tiene en las zonas costeras una muestra palpable de la perversidad de un desarrollo inmobiliario y hotelero desenfrenado, depredador, contra natura.

La profundidad de la penetración de la estrategia de la entrega de nuestras playas al capital transnacional, por parte de la corrupta y vendepatria clase política tradicional, tiene en la lucha de la comunidad de Sardinal, un monumento de denuncia que conmueve hasta las más profundas fibras del patriotismo largamente mancillado en estos últimos años de desenfreno neoliberal, de concentración orgiástica de la riqueza y de alienación profunda de una élite de poder que abjuró de su ser costarricense.

La lucha de la comunidad de Sardinal es una indicación dolorosa de que a los ticos y a las ticas de pura cepa, a quien Dios nos dio el privilegio de nacer en estas ricas tierras, nos están convirtiendo en una nación “mediterránea”, si nos atenemos a dos de los significados de esta palabra, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: por un lado, algo “que está rodeado de tierra”; por otro, “que está en el interior de un territorio”.

Efectivamente, Papagayo, Jacó, Tamarindo, etc., son playas y territorios sistemáticamente entregados al capital transnacional y a sus socios internos que, por accidente, nacieron en tierras ticas. La gente, el pueblo, ya no tiene acceso a esas zonas, sometidas a una degradación ambiental sin límites, a un desarrollo inmobiliario totalmente fuera de control, con sus mantos acuíferos sometidos a presiones insostenibles; y, lo que es más grave, en territorios donde el sistema judicial costarricense prácticamente es inoperable. Todo en medio de un proceso sostenido de compra de conciencias, relativización de reglamentos y controles y de enajenación cultural, pues es más importante el agua para los campos de golf que la preservación del acceso de este vital líquido para la generación presente y futura de los y las costarricenses de esos lugares.

Pese a que en algunas partes de ese vorágine depredadora de nuestras playas y bosques, parece que ya no hay posibilidad alguna de recuperar lo robado de esa parte insustituible del patrimonio ecológico nacional; la heroica lucha de la comunidad de Sardinal nos muestra un alentador signo de esperanza, nos brinda una lección de coraje cívico y nos plantea el desafío de los nuevos horizontes de resistencia ciudadana; no solamente en el plano de la lucha contra la privatización de las playas, sino en algo tan sagrado como la lucha contra la privatización del agua.

Porque, en realidad, lo que está ocurriendo en la comunidad de Sardinal, es una verdadera lucha contra la privatización del agua, habida cuenta de las degeneradas necesidades de un desarrollo hotelero e inmobiliario para satisfacción de placeres de estilos de vida ajenos al ser costarricense.

Reiteramos nuestra admiración, nuestro mensaje solidario y nuestra sincera felicitación al noble y heroico pueblo tico de Sardinal de Guanacaste. Gracias por mostrarnos que el derecho de rebelión es la salida, cuando, prácticamente, toda la institucionalidad jurídica ha sido puesta al servicio de la opulencia de unos cuantos, en contra del bien común.

Gracias porque vuestra lucha le indica a la Gente, al pueblo, que “ellos” están dispuestos a todo, a lo que sea, hasta la privatización del agua, en su desenfrenado estilo de vida depredador de la ecología y del ambiente, capaz de arrastrarnos a todos hasta el más profundo precipicio; a no ser que nos pongamos de acuerdo para el despliegue de una acción estratégica del derecho de rebelión que ponga las cosas en dirección del legítimo interés de la Gente: la restauración de la promoción del bien común, como eje central de todas las políticas públicas.

La codicia de la secta neoliberal criolla es ilimitada. Su vocero oficial, el periódico de la infamia, el de la “iglesia llorentina”, ha estado atacando al banco de la clase trabajadora, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), con “noticias” refritas (es decir ya más que quemadas), de sucesos que, en algunos casos, tienen más de trece años de haberse producido, por un lado. Por otro, escudriñando para encontrar hasta el más mínimo detalle que pueda señalarse como negativo en tan importante institución, contando hasta con espías internos; violando así todas las reglas de la ética, equidad y equilibrio fundamentales para un ejercicio informativo altamente objetivo y obligadamente imparcial. ¡Bueno!, pero ya sabemos qué tipo de periodismo practican “ellos”.

No deja de llamarnos la atención, por “extraño” y curioso, que pese al sistemático ataque contra el BPDC, su estrategia publicitaria incluya la inversión de millones y millones de colones, pagando anuncios en el periódico que funge como su inquisidor medieval, pues la “iglesia llorentina” se ha declarado enemiga número uno del banco de los trabajadores y de las trabajadoras.

El BPDC es propiedad de, aproximadamente, un millón trescientas sesenta mil personas asalariadas; es decir, es el banco de la Gente. Una asamblea de doscientas noventas personas trabajadoras, delegados y delegadas de distintos sectores sociales organizados, dicta las pautas para su funcionamiento. El Banco Popular es la mayor organización del país en el campo de la Economía Social. La Economía Social, a su vez, es uno de los pilares necesarios que se ocupan para lograr sociedades de inclusión social y de solidaridad. El BPDC tiene su propio accionar político, y una específica normativa jurídica le da cobertura a su trabajo de todos los días.

Hoy hacemos un llamado a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, socios y socias del Banco Popular: Brindemos nuestra mayor atención a la necesidad de preservarlo al servicio de la población trabajadora asalariada; e, igualmente, al servicio de un sinnúmero de pequeños y medianos emprendimientos empresariales y productivos que sólo un banco como el de la clase trabajadora podía atender.

Por supuesto que hay mucho que mejorar en el Banco Popular; y, claro que sí, hay que afinar todavía más sus estrategias, en los diferentes campos requeridos, para que su definición de “popular” se profundice al máximo. Sin embargo, ya sobran elementos como para decir que, pese a todo, este banco es de la Gente trabajadora y que tenemos que cerrarle, fuertemente, el paso a los que quisieran verlo fuera del mercado o transformado en fuente de ganancia de la secta neoliberal y sus aliados de todo tipo.

El BPDC atiende en cuentas de ahorro a la población económica de más bajo salario y con solamente diez mil colones se puede abrir una cuenta de ahorro, algo que ningún otro banco hace, ni público ni privado. A uno no le cobran por el uso de los cajeros propios. Tiene los mejores rendimientos en los fondos de capitalización laboral y de operadoras de pensiones. El estudiantado pobre del país, recibió del Banco Popular, vía CONAPE, tres mil millones de colones en los años 2006 y 2007. 1.500 millones le da a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). ¡Cómo no va a ser codiciado el Banco Popular si en el último período, generó mayores ganancias que todo el sistema bancario privado junto!

Los sindicatos cuya membresía, en un ciento por ciento, es socia del Banco Popular, según así lo ordena la ley, tienen la ineludible obligación de defender esta conquista social, para impulsar políticas internas que le democraticen más y para, como indicamos, profundizar su carácter de popular. La delegación de la ANEP en el seno de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del BPDC, bajo la coordinación del compañero Alfredo Erak Huertas (quien nos proporcionó los insumos principales para este comentario), ha venido, de manera sistemática, enfatizando (junto a otras distinguidas representaciones sectoriales), en esta estrategia de aporte para la toma de decisiones en la línea de la defensa y de la solidez que necesita el banco de la clase trabajadora. Siempre debemos tener presente que el Banco Popular es de la clase trabajadora y que eso le da un enorme atractivo que alimenta la codicia neoliberal de la secta de la “iglesia llorentina”. La defensa del Banco Popular es un imperativo de primer orden y volveremos sobre el tema próximamente.

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La paradoja es que se basaron en los dictados de varios organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, aplicando sus recetas a ciegas. Hoy este mismo banco es una de las entidades que está clamando porque los países recuperen su capacidad interna de producción agrícola.

En Costa Rica la implementación de esas políticas, prácticamente liquidó una de las bases fundamentales de la democracia, según la habíamos entendido y practicado como forma de vida: la agricultura costarricense de granos básicos como el maíz blanco, los frijoles y el arroz, en gran medida.

Estamos hablando de un período que bien podríamos enmarcar entre el año 1983 y este 2008, en el cual ocurrió, a juicio del presbítero Miguel Picado, un verdadero “agricidio”; es decir, un crimen, un asesinato a mansalva, contra la democracia y contra nuestra cultura campesina, contra nuestros agricultores y nuestras agricultoras. El “agricidio” es el homicidio de que fue víctima la agricultura nacional de granos básicos.

Los neoliberales criollos del PLUSC (Liberación-Unidad), luego de que (entre otras jugadas), se tomaron el control del Banco Central (que hasta la fecha no han soltado), plantearon que era mejor importar esos granos porque comprados en el exterior, resultaban más baratos que producirlos en el país. En realidad, fueron más cínicos todavía, indicando que era suficiente con tener los dólares necesarios para adquirir en el mercado internacional esos granos.

Todavía recordamos cómo, en el primer gobierno del señor Oscar Arias, los agricultores que protestaron por ese tipo de decisiones, se manifestaron en el centro de San José, recibiendo una fuerte represión, incluso con gases lacrimógenos. Bien dice el refrán del pueblo que “Dios tarda pero no olvida”.

Las perversidades del neoliberalismo, del libre comercio nefasto, de la globalización anticristiana, de los TLC’s inspirados en estos dogmas que hoy empiezan a caer, tienen a miles y miles de gentes en los países más pobres del planeta, padeciendo hambre porque las reglas del mercado establecen la monstruosidad de que es más rentable utilizar el maíz en producción de combustibles que en comida para esos millones de desposeídos.

Hoy estamos viendo a no pocos fariseos, incluso desde las máximas esferas del presente gobierno, corriendo, desesperados, a hablar de un relanzamiento de la producción nacional de granos básicos; tímidas medidas que, sin profundos cambios estructurales en materia de política pública con perspectiva integral para enfrentar el problema, se quedarán cortas para enfrentar dolorosos escenarios de escasez de alimentos, de precio excesivo de los mismos, de hambrunas incluso. ¿O es que acaso se nos olvidó que en la democrática Costa Rica tenemos ya registros de muerte de niños por hambre?

Minímamente, a los “agricidas” hay que pedirles cuentas. Hay que empezar por identificarlos. Han estado y están en la Casa Presidencial; pasaron por y están todavía en el casi extinto MAG, en el casi desaparecido CNP, en el agredido IDA, casi reducido a su mínima expresión. Y, por supuesto, hay que hacer el juicio a los autores intelectuales del “agricidio”: los “gurúes” de las políticas macroeconómicas de los últimos gobiernos, la misma pandilla que con espíritu de secta ha tenido el control del Banco Central, con la bendición de la “iglesia llorentina”.

El neoliberalismo incrementa su descrédito. No queda duda de cuánta perversidad trae a los pueblos nobles y buenos como el nuestro, este tipo de políticas, consustanciales a los tratados de “libre” comercio al estilo Bush, Arias, Uribe y similares. Afortunadamente, hay un cambio en proceso y_ “ellos”_ no podrán detener el avance de la Gente. Suben desde el sur aires de frescura para nuevas experiencias de democracia con inclusión y solidaridad social. Para ahí vamos, dichosamente.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
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Estamos en el año del 60 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su artículo 23, inciso 4), esta histórica declaración estableció que “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. Es decir, organizarse en sindicatos para defender los intereses correspondientes (patronales ó laborales), es un Derecho Humano Fundamental.

Casi un año después, el 7 de noviembre de 1949, en Costa Rica se promulgó la Constitución Política que todavía nos rige. En nuestra Carta Magna aún vigente (aunque maltrecha por tanta violación neoliberal), leemos en su artículo 60 (primer párrafo): “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”. Es decir, organizarse en sindicatos para defender los intereses correspondientes (patronales ó laborales), es un Derecho Constitucional.

60 años después, la palabra “sindicato” es sinónimo de despido en muchísimas empresas privadas. Los ataques a la Libertad Sindical son descomunales, cada vez que un trabajador o una trabajadora invocan los mencionados artículos buscando proteger sus derechos laborales, al amparo de la organización sindical. En empresas de autobús, en tiendas, en comercios, en fábricas e industrias, en labores agrícolas, etc.; se da la persecución sindical desde formas abiertas y descaradas, hasta formas encubiertas, solapadas y chantajistas de todo tipo.

Esta afrenta a la democracia no puede continuar más. La Libertad Sindical es un Derecho Humano Fundamental, así consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política del país. No podemos seguir hablando de democracia si ésta, en el plano de la producción, solamente es accesible para una de las dos partes fundamentales de la relación laboral: para el patrono. Los patronos tienen sus sindicatos y funcionan con gran tranquilidad, sin persecuciones y ejercen un gran poder en la sociedad.

Como bien vimos, los sindicatos patronales funcionan amparados al mismo artículo constitucional en que deberían funcionar los sindicatos obreros en las empresas privadas. Los sindicatos patronales, conocidos en Costa Rica con el nombre de “cámaras”, agrupan a los empresarios según su actividad. Así tenemos sindicatos patronales en el comercio (Cámara de Comercio); sindicatos patronales en la industria (Cámara de Industrias); en la actividad agropecuaria (Cámara de Agricultura); en los medios de prensa (Cámara Nacional de Medios de Comunicación Colectiva); sindicato patronal de los dueños de los buses (Cámara Nacional de Transportes); sindicato patronal de los empresarios hoteleros (Cámara de Turismo); etc., etc.

Sin embargo, como indicamos, muchos trabajadores y no pocas trabajadoras que laboran en las empresas agrupadas en las mencionadas cámaras, no pueden ejercer el mismo Derecho Humano Fundamental que sus respectivos patronos, es decir, agruparse en sindicatos. Se les impide el acceso al disfrute pleno del artículo 60 de la Constitución Política de Costa Rica, la Libertad Sindical.

Este problema grave que tiene la democracia costarricense es de amplio manejo más allá de las fronteras del país. Por ejemplo, Costa Rica, por ser un país que de manera reiterada violenta la Libertad Sindical, tiene un expediente negativo en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ente mundial de carácter tripartito, dependiente de Naciones Unidas y del cual somos país miembro.

No más llegado al poder, en el mes de junio del 2006, el actual mandatario costarricense visitó la sede de la OIT, en Ginebra, Suiza y emitió un grandilocuente discurso (como es usual en él), sobre los Derechos Humanos. Es más, ante la inminencia de que Costa Rica recibiera una fuerte llamada de atención de parte de la OIT por las violaciones a la Libertad Sindical, don Oscar Arias asumió varios compromisos para que el país no quedara manchado ante la comunidad internacional del mundo productivo-laboral. Dos años después, estamos peor: más violaciones a la Libertad Sindical. Se acerca una nueva conferencia global de la OIT y nos preguntamos: ¿qué va a decir el Gobierno con relación a la palabra empeñada por el Presidente Arias?…

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