Categoría: Opinión

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Por eso duele y da coraje lo que está ocurriendo con el Poder Judicial, donde su cúpula se receta aumentos salariales escandalosos; y, a la vez, se burla y desestima calificados señalamientos internos que han expuesto a la luz pública, los malos olores que salen de la lujosa sede de la alta magistratura judicial.

Rendimos sincero homenaje a la valiente y patriótica actitud del gremio laboral de los señores jueces y de las señoras jueces de los tribunales ordinarios de la República, quienes se agrupan en la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD); al dejar claro ante el país que desde las propias entrañas del Poder Judicial, se ha generado una férrea resistencia para hacer valer el fundamental principio doctrinario de que la ética y la ley son consustanciales, la una con la otra, a la hora de administrar la justicia.

Estamos hablando del caso del magistrado suplente de la Sala IV, asesor del dúo presidencial Arias Sánchez, quien fuera exonerado por la Corte Plena, de rendir cuentas por su imprudente proceder, como consejero de la Casa Presidencial. El magistrado Luis Paulino Mora Mora, Presidente del Poder Judicial y la mayoría de los altos jueces de su rango, quienes recibirán los fuertes aumentos salariales autodecretados para su propio beneficio, votaron para que se “archivara” este peligroso caso y para que ya no se hablara más de él.

Rechazaron así, a rajatabla y en el mismo día en que fue presentada, la fundamentada petición de la ACOJUD para que se investigara el citado caso. Sin embargo, los magistrados emitieron un absolutorio e imprudente fallo “express”; como “express” fue la decisión del aumentazo salarial otorgado para sí mismos, ellos, la más alta estructura jerárquica judicial del país, mientras que a las bases laborales judiciales les recetaron un “estudio”.

Los jueces y las juezas de la República, salieron en defensa del honor del Poder Judicial, para intentar salvaguardar la necesaria imparcialidad y la imprescindible transparencia de esa institución de tanto calibre, como para determinar la viabilidad de la convivencia en democracia.

Dicho cuerpo gremial se apersonó ante la Corte Plena, manifestando que “consideramos necesario en señalar que resulta indispensable no solo para nuestro sector sino para el país que se investigue con sumo cuidado el proceder del Licenciado Sosto”.

ACOJUD estimó “que no fue prudente la conducta del Magistrado Suplente Sosto de ir a Casa Presidencial a prestar servicios de abogado, y tomar partido abiertamente en temas que han dividido tanto al país, como son los relacionados con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

ACOJUD indicó: “En el trasfondo de la polémica en torno a este caso, lo que está en juego es el principio de la imparcialidad del juez y la credibilidad de la justicia. No es conveniente que un magistrado suplente funja como abogado litigante. Hay ahí un desequilibrio y un asunto de percepción respecto a la imparcialidad que debe tener el juez ante las partes. Mientras que la imparcialidad es requisito para el juez, el abogado, por el contrario, debe ser parcial en la defensa de su cliente, de modo que la imparcialidad del juez no combina con la parcialidad del abogado”.

Los señores jueces y las señoras juezas de la República, con esa extraordinaria claridad de que la ética y la ley son complemento imprescindible a la hora de impartir justicia, emplazaron los magistrados del Poder Judicial, para que se abriera la investigación que miles y miles de ciudadanos y ciudadanas reclamamos, acerca del proceder del indicado señor, juez-abogado, magistrado Sosto. Desafortunadamente para la democracia, se impuso la_ “Doctrina Mora Mora”,_ esa que establece que la ética va por un lado y la ley va por otro, cuando de justicia se trata.

Como queda claro, se combinó en este caso y para el agrado de los hermanos Arias Sánchez, la imparcialidad del juez con la parcialidad del abogado. De un porrazo y a modo de fallo “express”, la Corte Plena dijo no al oportuno planteamiento de la ACOJUD. Razón tuvo el hoy mandatario Arias Sánchez cuando en campaña pregonó su concepto de “dictadura en democracia”. La “Doctrina Mora Mora”, como ha quedado certificado, es parte esencial de la misma.

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Matriculados ideológicamente con el neoliberalismo y el libre mercado a mansalva, obsesionados con malsano fanatismo por la aprobación del TLC (al punto de pervertir y corromper toda la institucionalidad republicana de la división de poderes), los hermanos Arias Sánchez se enfrentan hoy a las muestras contundentes del fracaso de su gestión económica.

Que no nos vengan ahora a echarle toda la culpa a los “factores” internacionales del cuento ese de las famosas “crisis” alimentaria y energética; que no son más que ejemplos incuestionables del fracaso de un modelo económico que concentra espantosamente la riqueza, que está depredando irreversiblemente el ambiente y la ecología y que juega con la comida de los más pobres del planeta, a fin de que haya combustibles para los “afortunados” del neoliberalismo.

Las mismas firmas encuestadoras que ayer alfombraron el retorno de don Oscar Arias Sánchez a la Presidencia, hoy se encargan de señalarle su descenso en el popularímetro convencional que, generalmente, mide los vaivenes de popularidad de las principales figuras integrantes del fétido mundillo de la política tradicional.

Estamos viviendo la carestía en el costo de la vida más alta de los últimos diez años. Al final del 2008 alcanzará un record inolvidable, sobre todo para las familias de la clase trabajadora de ingresos medios y bajos, que sufren esa carestía al doble. Efectivamente, los alimentos básicos y las bebidas no alcohólicas, es decir, lo que comúnmente conocemos como la “comedera”, tienen una velocidad de alza de precios que es dos veces el índice de inflación, ya de por sí altísimo.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR), esa especie de “república independiente” al servicio de los intereses de los grupos financieros más poderosos del país, muestra su total incapacidad para garantizarle un entorno económico de estabilidad a la economía familiar de los sectores trabajadores y de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Además, el BCCR sigue en la total impunidad, sin rendir cuentas, de las astronómicas inyecciones de recursos fiscales que se le han estado dando, dizque para solventar sus “pérdidas” y así controlar la inflación. “Pérdidas” que el pueblo ha pagado ya tres veces. Miles y miles de millones de colones le han quitado a los sectores populares y medios, vía tributos indirectos, para que esos sectores financieros se la sigan “tirando rico”, acumulando dinero de manera incontrolada, en forma ofensiva y en fiesta orgiástica desbocada.

Haber abandonado la política interna de fortalecimiento de nuestro sector agropecuario, renegando de un pasado exitoso donde prácticamente podíamos comernos lo que se producía en las tierras nacionales, es uno de los aspectos que la sociedad debe someter a juzgamiento; porque, repetimos, los responsables de que ya haya hambre en muchos hogares costarricenses, siguen en la total impunidad, sin rendir cuentas, como el otrora “dueño” del BCCR, don Eduardo Lizano Fait, padre ideológico de la ya fracasada política económica del nepotismo presidencialista de los hermanos Arias Sánchez.

La señora Primera Vicepresidenta, doña Laura Chinchilla Miranda, nos recetó transitar una especie de romería por un camino empedrado, augurando mucho más sacrificios; claro está que para los sectores populares y el pueblo asalariado. Un dato revelador indica que dos de cada cinco costarricenses han dejado de consumir alguna de las tres comidas diarias, a causa del alto costo de la vida.

Diversas medidas, con carácter estratégico, se pueden tomar para distribuir con equidad, con más justicia y con mayor solidaridad, los efectos del período de sacrificio de que ahora nos hablan. Una reforma tributaria profunda, una transformación tributaria estructural, es más que necesaria.

Pero esto jamás será realidad con el tipo de clase gobernante que tenemos hoy en día, no solamente la que está al frente del Poder Ejecutivo, sino la que está en las filiales o seccionales del mismo, como el parlamento, la Sala Cuarta, el otrora supremo tribunal electoral, la Aresep y otras. Este estado de cosas no puede seguir así y si no ejercemos mecanismos cívicos de autodefensa para la sobrevivencia, nos aplastarán mucho más con esa fracasada política económico de enormes beneficios para unos cuantos.

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Don Luis Paulino Mora Mora, Presidente del Poder Judicial y magistrado integrante de la Sala Cuarta (exministro de Justicia y Gracia en el primer gobierno de Oscar Arias Sánchez); estableció un antes y un después de su paso por uno de los puestos que más honor se supone depara para un o una costarricense: alcanzar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

En primer lugar, el Dr. Mora Mora se destapó y confesó que votó a favor de la tesis del dúo presidencial de los hermanos Arias Sánchez; a favor del magistrado suplente de la Sala Cuarta, el señor Federico Sosto López, en cuanto a que no ve nada malo en que una persona en tal condición, sea asesora del gobierno de turno, en el tanto no hay “_violación_” a la ley que rige al Poder Judicial.

En segundo lugar y de mucho mayor impacto que la confesión anterior, es el establecimiento que el Dr. Mora Mora plantea, de una línea fronteriza entre lo que es la ética y lo que es la ley. Fue categórico al afirmar que “_no soy un juez ético, sino de legalidad_”. Nació así la “_doctrina Mora Mora_”.

Esta afirmación nos causó un profundo impacto, no solamente por ser sostenida por un funcionario del calibre del señor Mora Mora, sino por las repercusiones sociopolíticas y jurídicas que tiene el que ahora se la diga a la sociedad que, la ley va por un camino y la ética va por otro; y que ambos aspectos de las relaciones humanas en sociedades civilizadas, con relación al Derecho establecido, nada tienen en común.

Se trata de dos señales que podríamos conceptuar como la nueva “_doctrina Mora Mora_”, a la hora de aplicar el Derecho. Enfatizamos en que quien marca la pauta es el mismísimo Presidente del Poder Judicial.

Por un lado, su voto en este caso (que no es cualquier voto en la situación que estamos comentando), marca el fin de la división de poderes según lo establecido en la Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949 (y en su fundamento predecesor, la de 1871). Por otro, abre una verdadera “_caja de Pandora_”, al dictaminar que a la hora de impartir justicia, la ley y la ética son como el agua y al aceite: no se mezclan.

Lo que podríamos denominar a partir de ahora como la “_doctrina Mora Mora_” en el ejercicio de la alta magistratura judicial, habría sido “_estrenada_” por él mismo, ensayándola en el caso del señor Sosto. Para burlar la limitación que establece la misma Ley Orgánica del Poder Judicial, de que un abogado ejerciendo una magistratura suplente no puede pasar del período continuo de tres meses en ambas situaciones a la vez, debiendo renunciar a la primero (abogado), para seguir siendo lo segundo (magistrado suplente); “_curiosamente_” y según su decir, el señor Sosto no llegó a tal límite de tiempo, con lo cual podía asesorar al dúo presidencial de los hermanos Arias.

Según nuestros informes, habría sido el propio señor Mora Mora, usando nuevas potestades asumidas por él como parte del cargo de Presidente del Poder Judicial, quien nombró al señor Sosto como magistrado suplente en la Sala IV, para después prolongarle ese nombramiento; aplicando su nueva “_doctrina_”, de que la ética y la justicia son cosas completamente separadas.

¿Qué pesó en la decisión del señor Mora Mora al darle un nuevo período de magistratura suplente en Sala IV, al señor Sosto?; ¿por qué no nombró a otro abogado en tan sensible posición, en un momento tan neurálgico y en unas condiciones de alta polarización política?…

De ahora en adelante, si un magistrado “_suplente_” del Poder Judicial quiere ser “_consultor_” del gobierno de turno, lo que debe hacer es: 1) jugar con la ley (no traspasar el período mínimo de tres meses continuos en ambos cargos, el de abogado privado y el de magistratura suplente); 2) olvidarse de la ética, pues ésta no es complemento de la ley; y, si alguien le reclama, 3) esperar que su caso caiga en manos de jueces inspirados en la “_doctrina Mora Mora_”.

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La “chequera secreta” de los hermanos Arias, es el nuevo capítulo de la novela política que separa al autoritario dúo presidencial del periódico que los llevó al poder; teniendo ambas partes al inicio de su alianza, como representantes visibles de conglomerados económicos de gran poder, el objetivo estratégico compartido (logrado a través del TLC), de tener acceso al suculento mercado de los negocios con los servicios públicos de telecomunicaciones (hasta hoy prestados por el ICE) y de los seguros comerciales hasta hoy suministrados por el INS.

El infame periódico, presuntamente, sabía de la “chequera secreta” de los hermanos Arias mucho antes de que lo diera a conocer. Se lo habría guardado para no arriesgar el TLC en el parlamento. Aprobado éste (y aparte del vano intento de recuperar credibilidad), ahora viene la pelea por el gigantesco negocio de las telecomunicaciones y alguien tiene que quedar fuera.

La “chequera secreta” de los hermanos Arias es una piñata de 2 millones de dólares (unos mil millones de colones), donados al Gobierno por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); distribuidos como contratos de “consultorías” (también secretos); plata que ha ido a los bolsillos –entre otros-, de personajes conocidos por su máxima lealtad al dúo, trepadores de la política tradicional y elementos importantes que integran el conocido PLUSC.

Particularmente resaltan los dineros (todavía no se sabe cuánta plata se repartió en cada caso), pagados a un vil informático y a un pseudoempresario de nombre parecido a la marca de una famosa mayonesa; quienes trabajaron con alta perversidad y bajeza buscando ensuciar, en lo más intenso de la campaña sobre el referéndum del TLC, el buen nombre de personas limpias.

La “chequera secreta” de los hermanos Arias, representa un clásico ejemplo de cómo se pervierte no solamente el carácter mismo de lo que significa la transparencia en la función pública; sino que revela cómo se ha venido profundizando el proceso de degeneración de la práctica política, en las esferas del poder neoliberal que asaltó la institucionalidad republicana, arrasando con la autonomía parlamentaria, con la imparcialidad en los fallos constitucionales y con la neutralidad del máximo órgano electoral.

Parlamentarios honestos y otros no tanto, han anunciado su intervención política en este vergonzoso asunto. En la Asamblea Legislativa nada pasará. La “chequera secreta” de los hermanos Arias llegó hasta la oficina del descolorido diputado Echandi, pretendiendo éste repartir bonos de vivienda para conseguir vigencia política.

Por su parte, la Contraloría ha decidido iniciar una investigación de oficio, una acertada y esperanzadora decisión. No obstante, tiene una brasa en sus manos, sabiendo que uno de los destinatarios de la “chequera secreta” de los hermanos Arias, el exmagistrado constitucional Sr. Arguedas, tiene un hijo trabajando en las altas esferas del ente contralor.
Paralelamente, otra “chequera” estaba en funcionamiento, en el Ministerio de Vivienda. Los traicionados taiwaneses, siguiendo su tradicional costumbre de regalar plata a partir de reconocimiento diplomático, habían entregado a este Gobierno, otra millonada de dólares para construir 600 viviendas para familias pobres en Rincón Grande de Pavas. El llamado “Ministro de los Pobres”, don Fernando Zumbado, para poder serlo ocupaba de muchas consultorías y toda esa plata terminó en otros lugares, menos en Rincón Grande de Pavas.

La “chequera secreta” de los hermanos Arias no es más que otra característica de su estilo de gobierno (_“dictadura en democracia”_; como el mismo Oscar Arias lo definió): un absoluto desprecio a las reglas del juego de la institucionalidad pública de sesgo republicano, que establecía como norma fundamental la separación de poderes y la transparencia en el ejercicio de la función pública; optando, al parecer, por el pacto, la componenda, la compra de conciencias y la repartición de prebendas y canonjías.

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La Conferencia Episcopal de Costa Rica, representada por los señores obispos, monseñores José Francisco Ulloa y Ángel San Casimiro, firmó una histórica declaración junto a los representantes de diversas organizaciones sociales, especialmente campesinas, acerca de un tema bastante controversial, comúnmente denominado_ “crisis alimentaria”_. En realidad, lo que estamos viviendo es una crisis del modelo neoliberal como lo que es: depredador insaciable y voraz, de todo lo bueno que Dios nos dio para una convivencia humana solidaria.

Agrupaciones como Upanacional, UNAC, FENAC, MANÁ, Conarroz, UPIAV, entre otras entidades sociales, se unieron al esfuerzo de visión compartida que se construyó desde las sólidas bases del humanismo cristiano. Alentadora y esperanzadora fue la presencia de una importante cantidad de sacerdotes y laicos católicos que, sin duda, llevarán esta buena nueva por todas las comunidades del país. Tuvimos el honor de estar presente y firmar a nombre de la organización que representamos.

La declaración afirma que “el enorme aumento de los precios es mucho más grave para la gente pobre que dedica ya casi todos sus ingresos a comprar su comida y que no tiene recursos para pagar tres veces más”. Además, categóricamente, señala que_ “El Gobierno abandonó el apoyo a la producción de alimentos y toma una política de ingresos y salarios decrecientes con relación al costo de la vida”._

Los señores obispos católicos de la CECOR y las organizaciones participantes indican que “Entendemos el sector agropecuario conformado por dos tipos de agricultura a las que se les debe tratar separadamente: la agricultura de pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios y pesqueros; y la agricultura trasnacional. La primera: la que nos da la soberanía alimentaria, es la que nos interesa en este acto; expresada a través de asociaciones solidarias y de economía social, es conformada por la producción de alimentos para las propias familias campesinas y fundamentalmente para el mercado nacional, y cuya producción tiene como destino satisfacer las necesidades de alimentación de los habitantes del país”.

Más adelante, sin pelos en la lengua se plantea que: “Por el contrario, la complacencia depositada por los gobiernos durante las últimas tres décadas en un modelo económico que promulga la instauración de una economía de libre mercado y la eliminación del carácter solidario del Estado… ha tenido como consecuencia el desmantelamiento de las instituciones del sector agropecuario, el deterioro agresivo de la economía campesina, el deterioro de la familia y su base religiosa. Proceso tal que ha promovido la migración del campo a la ciudad, concentrado la riqueza y aumentando la desigualdad social”.

Otro señalamiento fundamental expresa: “Esta dirección de las políticas productivas que promueve el gobierno le ha impuesto un rumbo economicista a nuestra democracia social, con consecuencias de alto riesgo para la gran mayoría de la población de quedarse sin alimentos por dos razones:* a)* porque no hay condiciones para producir; y b) porque no tiene el dinero para comprarlos. El modelo señalado, conocido como neoliberal y que su santidad Juan Pablo II llamó “capitalismo salvaje”, entra en crisis global causada por la ligereza de resolver sus intereses los países desarrollados sin tomar en cuenta las necesidades de los países pobres como el nuestro”.

Sin temor a equivocarnos, la reflexión cristiana iluminadora y la acción social responsable que ha de venir, combinadas en pro del bien común y a partir de esta declaración conjunta, ponen en el primer lugar de la agenda nacional, la soberanía y la seguridad alimentarias.

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En psiquiatría, el autismo es un síntoma esquizofrénico que consiste en referir a la propia persona todo cuanto acontece a su alrededor. Adoptémoslo para la política y podremos entender de qué estamos hablando.

Los problemas del país en diversos órdenes se agigantan: la criminalidad está desbordada, la sensación de inseguridad de la ciudadanía honesta crece todos los días; la desigualdad y la concentración de la riqueza siguen en carrera desenfrenada hacia la división total de la sociedad en dos grandes bloques: los que tienen (cada vez menos) y los que no tenemos (cada vez más). La crisis alimentaria enseña ya sus nefastos tentáculos y el agua pasa a primer orden en la lucha por la vida. Los precios de los combustibles y su escandalosa carga tributaria amenazan con dislocar toda nuestra frágil economía.

La comida está cada vez más cara. Crece a una velocidad que duplica la del crecimiento de la inflación. Las familias asalariadas de ingresos bajos y medios, viven un durísimo período de angustia económica. El sector informal de la economía, cada vez más numeroso, nos indica que la brecha de la concentración del ingreso está transformando nuestro perfil de sociedad de capas medias que una vez fuimos.

Don Oscar sigue creyendo que es el líder de toda Costa Rica. Don Oscar sigue creyendo que su mandato fue producto de una holgada victoria electoral, cuando su ascenso a la presidencia estuvo marcado por el proceso electoral más cuestionado desde las elecciones de 1948. Don Oscar sigue creyendo que basta con controlar el parlamento y la farándula diputadil que acude a sus fiestas; don Oscar sigue creyendo que teniendo de su lado al tribunal “sobrado” de elecciones (TSE), tendrá garantizada su legitimidad. Don Oscar cree que con la prosternación ante él de la mayoría de los jueces constitucionales, como lo estamos viendo día con día, su presidencia imperial está más que garantizada. Su elección fue “controversial” y su “triunfo” en el “frauderéndum” sobre el TLC, fue empleando juego sucio. Entonces, ¿de qué legitimidad se puede jactar?…

Lejos de entender, con humildad, que existe otra Costa Rica, don Oscar sigue confiado de que el periodismo de la iglesia llorentina le guardará lealtad hasta el final de su mandato. Por el contrario, el principal periódico de la oligarquía neoliberal, ese que le apoyó, ardorosamente, desde un inicio, ha decidido abandonarlo. Negocios son negocios y “La Infame” ya se dio cuenta de que el color de prensa oficialista le ha costado bastante en credibilidad y en suscripciones. Por eso ha empezado ya a distanciarse del gobierno arista, intentando vanamente, recuperar un posicionamiento de prensa objetiva, cuando todo el país sabe cómo jugó en el frauderéndum sobre el TLC y a qué intereses responde.

Los anales de la historia nacional solamente habrán de registrar que Oscar Arias Sánchez ocupó dos veces la Presidencia. Pudiendo haber ocupado el honor invaluable de estadista, no tuvo la capacidad de rearticular una nación dividida y polarizada, aunque sí pudo representar con sobrada eficiencia, los intereses de esa “nación” que ya ha decidido abandonarle, luego de que le hiciera a ella la ansiada tarea estratégica de ponerle en bandeja los suculentos negocios de los servicios públicos de telecomunicaciones y de energía y de los seguros comerciales del Estado.

En la segunda parte de su actual mandato, el Presidente Arias, nos ha vaticinado la llegada del período de las “vacas flacas”. Los obreros de la zona franca de Cartago, a los que él le prometió vehículos BMW y Mercedes Benz, seguirán viajando a pie, en bus o en Hyundai (los que tengan mejor suerte). Las “vacas flacas” son para el pueblo que él polarizó, que él dividió. Parece que don Oscar terminará su período en medio de grandes confrontaciones. En los movimientos sociales no hemos dejado de trabajar ni un minuto preparándonos para lo que viene. En las actuales circunstancias, el país ocupa de un gran acuerdo histórico. Pero para eso se ocupa de un estadista. Tan sólo tenemos un presidente cuyo autismo político le impide tener esa visión.

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El 3 de mayo de 2006, ANEP envió nota al en ese momento Presidente electo, Oscar Arias planteándole la necesidad de que Costa Rica solicitase al gobierno de Venezuela, “_el otorgamiento a nuestro país de un trato especial, diferenciado, en materia de suministro de petróleo, dado que el alza mundial que está experimentando, golpea severamente la economía costarricense, incidiendo negativamente en la calidad de vida de la gran mayoría de la población, especialmente en la de la clase trabajadora asalariada_”. Nada más profético si vemos cuál es la realidad de hoy del precio del petróleo y el de los combustibles en el país. Dicha carta nunca nos fue contestada.

En ese momento le dijimos a don Oscar Arias que “_Costa Rica vive un doloroso proceso de concentración de la riqueza que, entre otras expresiones, se manifiesta en el nivel salarial de la gran mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras. La caída en el salario real es dramática y estas constantes alzas, potenciadas por el alto precio de los combustibles sobre los cuales pesa una elevada carga tributaria, disminuyen el poder adquisitivo de los salarios; incrementando en los hogares de las familias asalariadas, tensión, ansiedad, restricción económica, disminución de la calidad alimenticia y deterioro de la convivencia por todos estos factores juntos_”.

También le indicamos a él “_que usted debe apelar a la larga trayectoria de amistad entre Costa Rica y Venezuela, naciones hermanas de la familia latinoamericana. Las posiciones políticas soberanas del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no tienen porqué ser obstáculo para que nuestro país invoque esa hermandad, si lo que está de por medio es el bien común de nuestra sociedad, sin necesidad de que ciertas voces mediáticas histéricas, que se creen depositarias de la “opinión pública”, impongan la ideología por sobre el sentido común_”.

ANEP apuntó además que “_Tesis como revisión de los contenidos del Pacto de San José; crédito para compra de petróleo a largo plazo y en condiciones blandas; posibilidades de suministro de combustible a precios especiales para emprendimientos productivos de economía social con carácter incluyente; un portafolio de inversiones para el fortalecimiento de la refinación del crudo en suelo nacional; una asociación estratégica para la exploración petrolera con pleno respeto del entorno_”; son potenciales campos de cooperación de ayuda de parte de Venezuela para Costa Rica.

Ahora, el ilustre diputado Merino le pidió al Presidente Arias que en el marco de la normalización de las relaciones con Venezuela, Costa Rica solicite su incorporación a la organización intergubernamental PETROCARIBE y la firma del Acuerdo de Cooperación Energética que le da sustento.

Hoy hacemos nuestras las consideraciones del citado legislador cuando apunta que “_En momentos donde las alzas del petróleo golpean de manera significativa la economía nacional y, en particular, los bolsillos de los sectores más pobres de la población, la integración de Costa Rica a PETROCARIBE, evitaría la intermediación y especulación, garantizaría el suministro directo de hidrocarburos, brindaría facilidades financieras y permitiría acuerdos de cooperación para fomentar el desarrollo económico y social_”.

Emplazamos al Gobierno para que abra, de inmediato, el proceso político y diplomático correspondiente que permita el ingreso de Costa Rica a PETROCARIBE, tal y como ya lo hicieron ó están tramitando, países como República Dominicana, Honduras, Guatemala y El Salvador, cuyos gobiernos no son afines a la línea política de Venezuela.

El ingreso de Costa Rica a PETROCARIBE, tal y como la afirma el diputado Merino, va a “_mitigar los efectos del alza continua de los precios del petróleo y sus derivados, en beneficio de la población costarricense y en un marco de solidaridad latinoamericana_”. Entonces, ¿cuál es el miedo, don Oscar?

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También hay certeza de que en este problema, se están cometiendo cualquier cantidad de abusos por parte de las gigantescas corporaciones que controlan el mercado mundial del petróleo, al punto de justificar las protestas que se están llevando a cabo a varios países desarrollados, principalmente de la Unión Europea (UE). Adicionalmente, la criminal invasión a Irak, ordenada y ejecutada por el genocida y ya casi expresidente estadounidense Bush, tiene mucho que ver con lo que está pasando con los altos precios del petróleo en el mercado mundial.

Pese a todos estos factores, en nuestro país serían de menor impacto esas alzas descomunales del precio internacional del petróleo, si los combustibles no tuvieran la altísima carga tributaria que pesa sobre ellos.

Los impuestos a los combustibles, los de más fácil recaudación por parte de los gobiernos, inflan considerablemente el precio final que el consumidor debe pagar en la bomba todos los días. Ha llegado la hora de abrir una profunda discusión nacional sobre el tema; y, paralelamente, poner en mesa una serie de alternativas para aminorar esa carga tributaria sobre los combustibles; de tal suerte que las paulatinas reducciones que se dieran, sean sustituidas por otros impuestos pero de carácter directo, es decir, para que paguen los que más tienen y que más acumulan por estos días.

Además, es imprescindible generar un sistema por medio del cual se empiece a relacionar las posibilidades de ingreso de las personas a la hora de hacer las compras de combustibles. No es la misma situación para el pequeño propietario de un camioncito de carga que lo ocupa para ganarse la vida, que un prominente empresario de altos quilates quien anda en lujosos vehículos de 20, 30 y hasta más millones de colones.

En el mismo sentido, los carritos de la clase media y baja, por lo general vehículos usados, indican que sus propietarios son personas asalariadas, trabajadores por cuenta propia, micro y pequeños empresarios que dinamizan fuertemente la economía; razón por la cual el castigo tributario por consumir combustibles debería considerarles su situación de ingreso.

Está más que demostrado que, contrariamente a lo que ciertos medios de prensa quieren meternos en la cabeza, el principal problema nacional no es el de la seguridad ciudadana (ya de por sí grave y cuyo impacto en la sociedad es imposible de negar). La principal dificultad que está pervirtiendo nuestra convivencia civilizada es la acelerada carrera que lleva el proceso de concentración de la riqueza, el crecimiento de la desigualdad y el cierre de oportunidades para una inmensa cantidad de compatriotas.

Es necesario, en consecuencia, modificaciones profundas en la estructura tributaria para llevar un poco de alivio a la mayoría de la población que se asfixia por el altísimo costo de la vida; costo de la vida que tiene en las alzas de los precios de los combustibles un disparador que, desgraciadamente, deteriora la calidad de vida de las familias de menores ingresos, consumidos la mayor cantidad de éstos en comprar alimentos.

Se ocupa, insistimos, una revisión estructural de los diversos impuestos que pesan sobre el precio de los combustibles, que son impuestos indirectos (pagados por todos sin excepción y sin discriminar capacidad de ingreso); a fin de reducir esa carga y sustituirla por impuestos directos que perfectamente pueden pagar los sectores económicos y financieros que atesoran gigantescas riquezas, prácticamente exentas de impuestos, según esa capacidad tan grande de acumulación de capital tan demostrada en estos días.

Proponemos la conformación de una mesa nacional para abordar este tema, constituida por representaciones de los sectores productivos, laborales, sociales, así como de las autoridades gubernamentales, para diseñar una estrategia nacional frente al alto precio internacional del petróleo y para la reducción sustancial de la alta carga tributaria sobre los combustibles en suelo nacional; diseñando y proponiendo, a la vez, las alternativas de sustitución de los ingresos fiscales vía combustibles.