Categoría: Opinión

En estos días se escenifica el ritual sistémico-institucional para determinar la cuantía del aumento en el salario mínimo que, a partir del 1 de enero de 2023 y durante todo este año, debe devengar la clase trabajadora del sector privado de la economía, que tiene empleo fijo y formal.

Ese ritual se da en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El CNS se compone de tres sectores: gubernamental, patronal y sindical.

Cuatro características principales “marcan la cancha” en esta fijación salarial. 1) Costa Rica ya es una sociedad totalmente desigual. 2) La orientación ideológica y política de la acción gubernamental es de involución de conquistas sociales logradas décadas atrás. 3) Está en desarrollo una profunda crisis fiscal que amenaza la quiebra del Estado central. 4) No existe articulación sindical con sentido estratégico por diversos factores que ocupan otro momento para plantearlo.

Vistas, así las cosas, pese a tanta adversidad, conviene resaltar el contenido fundamental del Artículo 57 de la Constitución Política que entró en vigencia desde el 7 de noviembre de 1949: “Artículo 57. Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”.

Ni bienestar ni existencia digna está garantizando, hoy día, el monto del salario mínimo vigente en el sector privado de la economía; monto sobre el cual ocurrirá la fijación que por costo de vida establecerá en estos días el CNS-MTSS.

Dado el alto costo de la vida de estos meses, considerando las cuatro características arriba apuntadas; y, la “costumbre” de que en el seno del CNS es usual la alianza Gobierno-empresarios, nada positivo-halagador, y mucho menos justa, será la cifra del incremento por costo de vida en el salario mínimo de aplicación en el sector privado, a partir del 1 de enero de 2023.

En lo inmediato y en tal sentido, la corriente sindical en la cual militamos, se plantea dos objetivos de lucha.

Por un lado, el CNS debe volver al sistema de dos fijaciones al año, en este asunto del salario mínimo y el costo de vida. Así se estuvo haciendo por mucho tiempo hasta que en la funesta administración 2018-2022, la de Carlos Alvarado Quesada, se impuso una sola fijación anual

Por otro y con sentido estratégico, ocupamos un nuevo salario mínimo cuyo nuevo monto sí garantice bienestar y existencia digna, como lo dice la Constitución, porque ya no lo hace. Para llegar a ello será imprescindible contar con el aporte académico-profesional de la universidad pública. En eso estamos.

Fuerte respaldo político-sindical brindamos a esos señores diputados y a esas señoras diputadas que ya están planteando la necesidad de deshacer varios recortes presupuestarios, drásticamente extremistas, impuestos por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con ocasión de la tramitación legislativa de lo que denominan Presupuesto General de la República para el 2023.

Esta política de tierra arrasada en una serie de servicios públicos del Gobierno Central que está siendo impuesta con una lógica fiscal extremista, ya de por sí estaban debilitados en los últimos años y por la misma causa: ese recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional.

Con gran vehemencia demandamos la restitución de los millones de colones recortados al presupuesto de Dinadeco (35 mil millones); los recortes de mil millones al Ministerio de Cultura (especialmente, los dineros destinados para la acción social del parque La Libertad); los recortes millonarios para los parques nacionales y las áreas de conservación y para el Fonafifo (financiamiento forestal).

De la misma magnitud, son los recortes presupuestarios para el Ministerio de Educación Pública (MEP): irreflexivos, irresponsables e irracionales; como también así debe calificarse lo que representa el cercenamiento financiero de mil millones de colones para el Ministerio de Seguridad Pública.

Deshacer esos recortes presupuestarios y otros igual de relevantes, como el efectuado para la atención de las personas de tercera edad, es una acción de carácter estratégico para sostener la deteriorada estabilidad democrática del país; gravemente afectada por el crecimiento de la desigualdad, el congelamiento y la precarización salarial, la acelerada concentración de la riqueza y su corolario de dolor: la exclusión económica con grave afectación de la producción para el mercado interno.

Se está jugando con fuego al forzar la convivencia social en el marco de ese tipo de recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional; cuando:

• La evasión tributaria y la elusión fiscal, aunada al dispendioso régimen de exenciones y exoneraciones, rondan los 14 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
• El pago diario de intereses de la deuda pública del Gobierno Central, asquerosamente obsceno, por el orden de casi 7 mil millones de colones cada 24 horas, no sufre siquiera centavos de recorte.
• La tenencia de dólares en depósitos del público en moneda extranjera, al 30 de abril pasado y según informe del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estaba cerca a los 39 mil millones de dólares.
• Se propone la venta de activos públicos de empresas estatales exitosas lo que, sin duda, reforzará la situación polarizante que, en el ámbito de la concentración de la riqueza, está en fuerte desarrollo en el país.

Las consecuencias multifactorialmente negativas de este recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional, alimentan el desarrollo de múltiples formas de resistencia cívica y social que hay que alimentar, potenciar, respaldar; es decir, no se está dejando otro camino más que el de la movilización popular.

Celebramos, en consecuencia, que todavía haya sensatez y prudencia en el seno del parlamento costarricense con el planteamiento de que hay que deshacer los recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales ya planteados.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Qué va! Algo podrido hay en todo esto. Dos estimables personas muy estudiosas y vinculadas al mundo académico-universitario costarricense acaban de publicar un impactante artículo titulado La oscura venta del Banco de Costa Rica, brindándonos datos sólidos y de fuentes confiables acerca de lo que sería un pésimo negocio para el país: la venta del Banco de Costa Rica (BCR), que impulsa el actual Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves Robles.

Don Jaime Ordóñez Chacón (abogado) y doña Montserrat Botey Sobrado (economista), nos han dejado boquiabiertos con el siguiente dato: “…el Banco tiene un capital de 7.627.000 millones de colones que son casi 11,500 millones de dólares al tipo de cambio del Banco Central”.

Estamos hablando, repetimos, de que el capital del BCR es de 7 billones 627 mil millones de colones: 7.627.000.000.000. Y que, en dólares estadounidenses, esa gigantesca cantidad es 11.500.000.000 (once mil quinientos millones de dólares).

Don Jaime y doña Monserrat nos indican en su artículo que tales datos son de la propia contabilidad del BCR, la cual está avalada por la propia Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el año pasado 2021.

¡Por Dios! ¿Quiénes creen que somos los y las costarricenses? Si los activos del BCR andan por los 11 mil 500 millones de dólares y lo pretenden vender en 1.750 millones de dólares, es evidentísimo que hay mucha oscuridad en todo esto. Mucha oscuridad para emplear un vocablo decente. Pésimo negocio para el país… negocio redondo para su eventual comprador y oportunistas asociados.

¡Cómo no va a ser un negocio redondo si por la bicoca de 1.750 millones de dólares, el comprador se dejaría el conglomerado de entidades asociadas al BCR, como su casa matriz, tales como BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y BCR Corredora de Seguros! Si esto no es una ganga, ¿qué es? Y, además, la feria: El BCR es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).

¡Y cómo no va a ser una ganga si lo pretenden vender por menos del 20% del valor actual de sus activos!

Don Jaime y doña Monserrat no se andan con pelos en la lengua. Nos dicen, sin tapujos, lo siguiente: “Vender todo esto por 1.750 millones es regalarlo a destajo. Literalmente, un robo contra el Estado de Costa Rica”. ¡Pues sí! Nosotros le ponemos la firma.

Además, nos dicen los mencionados autores del artículo La oscura venta del Banco de Costa Rica que este es un banco totalmente exitoso, con una efectividad bancaria de casi el 97% pues su morosidad es apenas de un 3.1%.

Para fortuna nacional, aparte de las entidades que ya han puesto los puntos sobre las íes en manifestar oposición contundente a que se materialice este pésimo negocio para el país (hablo de las organizaciones sindicales ANEP, Asdeice, Unebanco y Upins); poco a poco va aumentando el conglomerado cívico-político opositor a la venta del BCR.

La resistencia a la venta de activos, como el BCR, va creciendo en la misma medida en que se va desenmascarando la naturaleza perversa y egoísta, aparte de lo ideológico, de los intereses ocultos que están detrás de esa conjura contra los fundamentales valores de la nacionalidad costarricense.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El Papa Francisco no deja de sorprendernos en medio del pesimismo de este mundo, oscurecido por las guerras, por el sistema perverso de una economía de mercado y un capitalismo salvajes, que espolea la Naturaleza y a los pobres, atacando con rudeza a las capas medias, produciendo asimetrías y descartados.

Esta vez se reunió con más de 1.000 jóvenes economistas, con personas trabajadoras y emprendedoras, con agentes de cambio social, venidos de más de 120 países del mundo, en la emblemática ciudad italiana de Asís, el pasado sábado 24 de setiembre; para escuchar sus propuestas con miras a la construcción de una nueva economía que haga de este planeta un lugar de encuentro más fraterno y no de explotación, de sufrimiento y de empobrecimiento.

Durante tres años, mediando un proceso colaborativo entre jóvenes por regiones y continentes, y bajo una metodología de “aldeas”, cada una con un eje temático, provocaron una novedad en el proceder de la Santa Sede, la cual no intervino en la propuesta de la agenda, sino que las mismas personas jóvenes construyeron criterio desde sus bases con plena creatividad.

Es hermosa la apuesta de Francisco que confía en los y en las jóvenes, la construcción de propuestas de nuevos paradigmas económicos. Él dijo: “Ustedes, los jóvenes, con la ayuda de Dios, saben hacerlo, lo pueden hacer; los jóvenes lo han hecho otras veces en el curso de la historia”.

Edifica su confianza puesta en las nuevas generaciones que tienen el potencial para cambiar el destino del mundo, oyendo el grito de la Tierra y de los pobres, como expresara en las cartas pastorales Laudato Sí, y en Fratelli Tutti (todos hermanos). Así, la propuesta de una nueva economía tiene en San Francisco de Asís su inspiración, para poner en el centro a los pobres, al medio ambiente y al trabajo.

La mirada en los pobres será el referente ético junto con la creación y sus criaturas. Por eso, la “Economía de Francisco” está inspirada en el santo de Asís y, a su vez, en las Bienaventuranzas y en los consejos evangélicos establecidos por Jesús de Nazareth. 

Del fruto del trabajo colectivo en las “aldeas” surgieron 12 acuerdos que a modo de Pacto Asís 2022 firmado por los y las jóvenes con el Papa Francisco, para comprometerse, después del ver y juzgar la realidad económica mundial, a actuar, en una dinámica de poner en acción las propuestas a nivel local, regional, nacional y continental, hasta que englobe el planeta y sea sal de la tierra. Esos doce acuerdos en resumen son:

1. Una economía de paz y no de guerra.

2. Una economía que contrarreste la proliferación de armas, especialmente las más destructivas.

3. Una economía que cuide la creación y no la robe.

4. Una economía al servicio de la persona, de la familia y de la vida, respetuosa de toda mujer, hombre, niño, los ancianos y especialmente los más frágiles y vulnerables.

5. Una economía donde el cuidado reemplace el despilfarro y la indiferencia.

6. Una economía que no deje a nadie atrás, para construir una sociedad en la que las piedras desechadas por la mentalidad dominante se conviertan en piedras angulares.

7. Una economía que reconozca y proteja el trabajo digno y seguro para todos, especialmente para las mujeres.

8. Una economía donde las finanzas sean amigas y aliadas de la economía real y del trabajo y no contra ellas.

9. Una economía que sepa potenciar y preservar las culturas y tradiciones de los pueblos, todas las especies los recursos vivos y naturales de la Tierra.

10. Una economía que combata la pobreza en todas sus formas, reduzca las desigualdades y sepa decir, con Jesús y con Francisco, «Bienaventurados los pobres”.

11. Una economía guiada por la ética de la persona y abierta a la trascendencia.

12. Una economía que genere riqueza para todos, que genere alegría y no solo bienestar porque una felicidad no compartida, es muy poca.

El Papa Francisco, en su mensaje a la juventud, deja claro que hay que cuestionar el modelo de desarrollo y es necesario un cambio rápido y decisivo. Afirma el Papa que “una economía de Francisco debe abrir nuevos caminos para que los mismos pobres se conviertan en los protagonistas del cambio”.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

A raíz de la dolorosa tragedia de Cambronero, y más allá de la polémica en desarrollo sobre si el ministro del MOPT es responsable político directo de la misma o no lo es; una cosa quedó clara: la soberanía del Estado costarricense cedió al lucro privado con la privatización de la importante infraestructura vial como la autopista de la ruta 27.

Es humillante, como costarricense, ver a nuestro gobernante actual implorando la “misericordia” de la empresa Global Vía, para que ésta se condoliera de la delicada situación nacional que estamos viviendo por el cierre de la ruta nacional que pasa por Cambronero, por razones obviamente dolorosas; a fin de que esta empresa privada dejara de cobrar peajes y permitir así una mayor fluidez, por la ruta 27, en momentos en los cuales el tránsito vehicular producto del largo del fin de semana creció enormemente.

Nunca se debió pasar a manos privadas, y mucho menos extranjeras, la infraestructura vial estratégica del país. La lógica del lucro mercantil cedió al interés público y aunque la empresa, finalmente, se condolió de la congoja nacional, tan solo fue por unas pocas horas. Sin embargo, el poder de imperio de lo privado sobre lo público se expresó, crudamente, en esta circunstancia.

Hoy estamos constatando el estado desastroso de las principales carreteras nacionales. La ideología extremista del todo mercado sacó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de la construcción directa, con su propio personal, de la infraestructura vial; y, qué tenemos ahora: riesgo de muerte a cada instante en rutas estratégicas entregadas al capital privado, pese a que éste recibió miles de miles de millones de colones para la construcción y el mantenimiento vial de tales vías.

Por otra parte, esta indignante circunstancia nos lleva a relacionarla con lo que está pasando con los muelles privatizados de Limón: las tarifas portuarias se triplicaron, y hasta cuadruplicaron, una vez que el Estado (Japdeva), fue sacado del ejercicio directo de tal actividad.

Al constatar lo que hoy día, a cada rato, está pasando en esos muelles con los decomisos de cargamentos de cocaína (lo mínimo que se confisca), viene a nuestra mente de que la operación portuaria de Limón con Japdeva era más eficiente, más barata y más segura. Sin embargo, en nuestra clase dominante privó lo ideológico: que tal operación la haga el mercado, aunque sea más ineficiente, más cara y más insegura.

Por el lado del Pacífico, también ha ido revelándose el fracaso de la inversión privada, extranjera como la del Atlántico.

El país entregó sus dos fronteras marítimas estratégicas, no hubo abaratamiento alguno de las correspondientes operaciones portuarias y el pueblo trabajador no tuvo ninguna disminución en el costo de los productos que por ambos puertos ingresan al país.

Pongámonos a imaginar qué nos pasará con la privatización prevista y perversamente planeada de las principales y grandes empresas públicas estratégicas que todavía no han podido apropiárselas. Como dice el refrán, “si por la víspera se saca el día”, vale la pena seguir resistiendo, con toda la fuerza cívico-patriótica, para impedir que se dejen el INS, el BCR, el ICE, la FANAL, el AyA, la CCSS, el CNP, la JASEC, la ESPH, Correos, el Banco Nacional y otros servicios públicos estratégicos pensados para el bien común.

Algo contundente para finalizar: el mercado fracasó en infraestructura vial y en operación portuaria. Las circunstancias y los datos hablan por sí solos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Por esos días de 1924, el Secretario de Hacienda, don Tomás Soley Güell, en su crítica a los economistas liberales y a quienes se oponían al monopolio de seguros, destacó algunos elementos que aún hoy día tienen plena vigencia.

Al respecto, don Carlos Monge Alfaro, ilustre historiador costarricense, en su obra maestra “Nuestra Historia y los Seguros”, relata, citando a Don Tomas Soley Güell (Editorial Zúñiga y Carvajal. San José, Costa Rica. 1994. 2° Edición), lo siguiente:

“…El seguro dentro de una sociedad que se quiere equitativa tiene una función social: ‘Los economistas clásicos tienen este aforismo: «El Estado no debe hacer lo que la industria privada puede realizar». Pero, la industria privada no puede realizar la función social del seguro, sino sólo la función mercantil… El monopolio de seguros es la única organización económica que permite desarrollar la función social del seguro…’”.

Estas citas de Tomás Soley Güell nos muestran lo siguiente: es posible un tratamiento solidario de los seguros como mecanismo de política social.

Este preclaro enfoque del fundador del INS, don Tomas Soley Güell, deja en evidencia, hoy, que la línea clásica neoliberal (todo el mercado, nada el Estado), se ha de seguir fomentando en el Gobierno actual del presidente de la República don Rodrigo Chaves Robles. La descabellada idea de privatizar el INS (así como otros valiosos activos públicos) es ideológica, no económica; y, además, como muchas otras cosas, improvisada.

Si fuese económica, se darían cuenta que es un pésimo negocio para el Estado vender al INS y otros. No les bastó con la Ley 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, de agosto 2008, que rompe el monopolio de seguros en Costa Rica. El TLC de entonces, lo impuso.

Les duele que, a 14 años de esa ley, el INS siga holgadamente liderando la actividad mercantil de seguros, con poco más del 72% del mercado y creciendo, y además generando más de 140 mil millones de ganancia neta al año. 

Ellos quieren todo. Ellos son esos grupos internos de gran poder económico, de carácter plutocrático, aliados a empresas extranjeras a las cuales les sirven. Estuvieron hegemonizando los gobiernos inmediatamente anteriores al actual y dentro de este manifiestan ya gran incidencia; no precisamente para beneficiar a los ciudadanos de a pie, o a quienes viven en la pobreza. Mucho menos al trabajador público o privado parte de la gran clase media, que vería cercenados sus derechos a la salud, al debilitarse sensiblemente el régimen de RT y áreas sociales y entidades a las que el INS apoya con recursos.

Desde 1924 se viene acumulando todo el patrimonio del INS, que hoy es de todo el pueblo costarricense. Más de cinco generaciones hemos forjado ese patrimonio. Por ello nos parece ocurrente que el Sr. Presidente Chaves Robles pretenda disponer del patrimonio del INS, como si fuera de él y de su gobierno. No lo es y por mucho.

Los pueblos que olvidan su historia están destinados a repetir sus yerros y perpetuar la desigualdad socioeconómica, la injusticia social y la miseria. Que no nos pase a nosotros, los y las costarricenses. Continuará…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

4 millones 166.666 colones con 66 céntimos (¢4.166.666.66) se están pagando, ¡por minuto!, de ese gran crimen social que representan los intereses de la deuda pública.

Hablamos de, aproximadamente, 250 millones de colones por hora (¢250.000.000); y, de manera espeluznante la cifra diaria, cada 24 horas, es de 6 mil millones de colones (¢6.000.000.000). Pero, ¿a quién le importa?

Pues a nosotros, ¡sí! Es demasiada la cantidad de gente que en este país está sufriendo y/o siendo afectada por que la gran prioridad de la centralidad de la gestión pública gubernativa es el pago diario de esos intereses de la deuda pública, socialmente criminales.

Gente del trabajo asalariado en los sectores público y privado; gente de las micro, pequeñas y medianas empresas; gente que labora por cuenta propia en labores profesionales; gente labradora del sector agropecuario; gente en la informalidad y en el desempleo; gente ya pensionada por la CCSS, gente ya en la miseria total como seres humanos “descartados”, según los califica el papa Francisco. 

Pues en la corriente sindical en la cual militamos, que enarbola como valores fundamentales en su accionar tanto los de la socialdemocracia clásica como los del Humanismo cristiano, ¡sí nos importa!

Un gran frenesí se está viviendo en estos momentos en el seno de la Asamblea Legislativa ante las relevaciones de prensa sobre el financiamiento de la campaña electoral que llevó a la Presidencia de la República al señor Rodrigo Chaves Robles. Al momento en que usted nos honra leyendo estas líneas, ya se habría votado, favorablemente, la instalación de la comisión parlamentaria que va a investigar la procedencia de las platas, así como las vías y mecanismos que, al margen de la ley, habrían logrado el resultado disruptivo de la victoria del hoy partido gobernante; disrupción que para nada ha puesto en riesgo la predominancia y la hegemonía de la plutocracia bancario-financiera que, entre otros aspectos, tiene en el pago de intereses de la deuda pública y en el monto de esta en sí, una fuente de poder que no se quiera desafiar. ¡Claro que hay que investigar y aplaudimos que se haga!, poniendo el ventilador a funcionar en toda dirección.

Ahora bien, ¿para cuándo habrá una moción a fin de que en la Asamblea Legislativa se instale una comisión legislativa que investigue el tema de la deuda pública y de su más que usurero pago diario de intereses?

¿Cuál será el señor diputado o la señora diputada, o fracción parlamentaria, que, cual David, presente una moción en tal sentido y, de esta forma, se manifieste la osadía de desafiar al Goliath del esquema de poder del sector financiero-bancario para el cual, la gestión gubernativa de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana ha funcionado como “gerencia corporativa de altos quilates políticos”; tanto como ya lo está mostrando el partido Progreso Social Democrático? ¡Muchísimo que preguntar e investigar! Por ejemplo, porqué la deuda pública ha llegado ya a los 28 billones de colones (¢28.000.000.000.000), lo que hace que usted y cada miembro de su familia “deban”, por cabeza, 5 millones 300 mil colones. ¿No merece esto igual tratamiento político-parlamentario? Primero la deuda, después la gente: es el lema ideológico-dominante en la cúpula política del país.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Impactante publicación de prensa nos da un resumen de los decomisos de cocaína en los predios de APM Terminals en lo que va de este año 2022.

12 de enero: 120 kilos. 4 de abril: 2 mil kilos. 1 de mayo: 906 kilos. 30 de mayo: 74 kilos. 11 de julio: 1.300 kilos. 23 de julio: 1.200 kilos. 31 de julio: 460 kilos.

6.060 kilos de coca, 6 toneladas y 60 kilos, en 7 meses (enero-julio de 2022): un total 212 días lo que nos da un promedio diario de 28,58 kilos de coca transitando por los predios de APM Terminals: ya sea que se decomisen o que se incauten en puertos europeos. ¿Y lo que pasa sin ser detectado?

Ahora el Presidente Chaves anuncia “mano dura” al tráfico de cocaína en los patios muelleros de transnacional holandesa. Dentro de las medidas drásticas que anuncia, está la instalación de los escáneres, tanto tiempo postergada por un “misterioso” poder que lo estuvo impidiendo; y, por otra parte, mucha fuerza policial de la seguridad pública del país con presencia física constante.

Si los escáneres serán un instrumento estratégico de control del tráfico de cocaína, su operación cotidiana debe ser rigurosamente diseñada y las personas que vayan a hacerse cargo deben pasar un fuerte proceso de selección en cuanto a su compromiso ético con el país y con la sociedad. Por supuesto, deben ser costarricenses ligados, en relación laboral directa, con el empleo público y bien pagados.

En cuanto al personal de la Fuerza Pública que tendría la labor de “limpieza” del tránsito de coca en esos muelles, deben estar con una fuerte dotación de alimentos, amén de un gran y adecuado avituallamiento. Sus jornadas de trabajo deben representar un tratamiento digno y humanista de las superioridades jerárquico-políticas institucionales.

Debe considerarse, adicionalmente, la atmósfera de violencia que se desarrollaría si el enfrentamiento al tránsito narcotraficante diario, es frontal como lo indicó el mandatario, lo cual obliga a estrategias policiales sofisticadas acordes a la gravedad de la circunstancia que se ve venir.

Por otra parte, conviene reflexionar si el “carnaval” de coca en los predios de APM Terminals que hemos estado sufriendo todos estos años, se había manifestado cuando la empresa pública era la operadora fundamental de los estratégicos muelles del Atlántico. Creemos que no era así.

¿Qué tal si alguna universidad pública de nuestro país hiciese una investigación al respecto?

En todo caso, creemos que APM es una amarga experiencia de precarización social y económica para buena parte de la población trabajadora limonense; tanto como para la actividad empresarial que usa esos muelles en cuanto a costos de operación; altísima y triplicadas tarifas que, al final, terminaron pagando todos los consumidores del país.

Lo que queremos decir es que Japdeva debe retomar el control estratégico de la operación de los muelles de Limón y de Moín. Consta que la corriente sindical en la cual militamos siempre se opuso a tal entrega-venta de este patrimonio nacional vital para el desarrollo del pueblo caribeño. El tiempo nos ha dado la razón.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Se ha dado a conocer que las cúpulas políticas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) han decidido que es mejor que se sigan denominando como Partido Unidad, solamente, quitando los conceptos “Social” y” Cristiana”.

En realidad, el PUSC hace tiempo que renegó de los valores genuinos del Humanismo Cristiano dando paso a las ideas neoliberales del todo mercado-nada Estado; lo cual quedó muy remarcado durante su asamblea partidaria que acaba de pasar, en la cual la tesis de la venta de activos cobró en su seno nuevo impulso cuando el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, festejó la propuesta del actual Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de vender el Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Nacional de Seguros (INS)… ¿para empezar?

Que el PUSC pase a llamarse solamente Partido Unidad es como el episodio final del proceso paulatino de su degeneración política pues entre los ideales del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y los de monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez (ambos protagonistas políticos de las grandes reformas sociales de los años 40 del pasado siglo XX), prácticamente nada queda ya de inspiración ideológica realmente consecuente en ese partido, a no ser lo necesariamente básico para la cuatrienal oferta electoral que les permita manipular para ganar incautos.

Uno habría esperado que, dada la actual situación sociopolítica y económica del país, en la cual ya el imperio de la desigualdad es casi que absoluto, el Humanismo Cristiano levantara las banderas de una reforma tributaria encaminada hacia la progresividad, por una parte; y, por otra, algún planteamiento de fondo con relación a la monstruosa deuda pública que ya está sin control, creciendo a razón de 380 millones de colones por hora. ¡Pero no! Ni lo uno ni lo otro. La bandera de la venta de activos, que goza de gran repudio entre amplísimos sectores de la sociedad y del pueblo costarricense, es la que levantan como prioridad, ahora, que solamente se llamarán Partido Unidad.

De manera muy cínica y que genera gran repudio, es la afirmación del expresidente Rodríguez Echeverría de que “más vale tarde que nunca” que ahora, en el gobierno Chaves Robles, se hable de la venta de activos pues él fracasó, estrepitosamente, cuando en su período gubernativo, 1998-2002, intentó la privatización descarada del BCR, del INS, de la FANAL; y, tuvo que enfrentar la más grande lucha cívico-popular hasta ese entonces, desde los años 70: el combo ICE. 

Es más, nos atrevemos a afirmar que él y Carlos Alvarado Quesada son los dos presidentes que más repudio popular concitaron desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1949 y hasta la fecha. Compiten por el primer lugar en cuanto a rechazo de la gente a sus respectivas acciones gubernativas.

Es bueno, además, recordar que Rodríguez Echeverría, sin asco alguno y no más llegando al cargo de Presidente de la República, se aumentó a sí mismo su salario, de 3 a 6 millones de colones, generando una ola de indignación popular que lo obligó a retractarse ante la opinión pública semanas después. La ciudadanía supo de tan degenerado acto por medio de la organización sindical en la cual luchamos todos los días.

Ni el Partido Unidad ni Rodríguez Echeverría tienen autoridad moral para hablar de la venta de activos. El Humanismo Cristiano, al igual que la Socialdemocracia, se han quedado huérfanos de partido político.