Categoría: Opinión

En la campaña electoral para las elecciones de febrero del 2014 el candidato del Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís Rivera, ofreció al electorado que no iba a poner impuestos en los dos primeros años de gobierno. Ganó las elecciones y recibe de la Administración liberacionista de Laura Chinchilla un déficit fiscal calcula para el 2013 en 5.4 % del PIB, una deuda de $9 billones, aproximadamente un 55.1% del PIB. Además del problema del déficit fiscal y la enorme deuda heredadas, se suma el del robo de impuestos: “El incumplimiento del Impuesto General de Ventas (IGV) y del Impuesto sobre la Renta (ISR) en el año 2013 se estima en 8,22% del PIB lo cual resulta similar a lo observado en 2010 (8,21%). Es importante aclarar que esta estimación de incumplimiento toma en cuenta tanto la evasión, la elusión y la mora” .

Estos datos son muy necesarios para comprender la dimensión del problema económico por el que transita nuestro país.

La Administración Solís Rivera apostó, en un inicio, por presentar a la corriente legislativa, proyectos fiscales por separado, así las cosas, en julio del 2014 presentó el Proyecto 19245 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, aprobada como Ley Nº 9416 en diciembre del 2016; en noviembre del 2014 el Proyecto 19407 Ley para Mejorar la Lucha Contra el Contrabando, aprobada como Ley Nº 9328 en octubre de 2015; en agosto del 2015 los proyectos: 19678 Ley del Impuesto al Valor Agregado y 19679 Ley de Impuesto sobre la Renta sin aprobar e incluidos en el expediente 20580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas conocido popularmente como Combo Fiscal; y, en diciembre del año 2015 el Proyecto 19818 Ley de Personas Jurídicas, aprobado en marzo del 2017, bajo el número del Ley 9428. Estos proyectos, más las leyes aprobadas, sufrieron una férrea oposición tanto de sectores empresariales como de parte de los partidos de oposición al gobierno, abiertamente el PUSC y PLN minaron constantemente el tránsito de estos en la Comisión de Asuntos Hacendarios, papel preponderante fue el jugado por el ex Diputada Rosibel Ramos del Partido Unidad Social Cristiana y el Ex diputado del Partido Liberación Nacional y Ex Candidato Presidencial Antonio Álvarez Desanti. Podíamos afirmar categóricamente que los proyectos aprobados, sobre todo la Ley para mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal y la Ley para Mejorar la Lucha contra el Contrabando fueron bien recortaditos, como se dice en el lenguaje popular legislativo, esto significa ni más ni menos que ambas leyes quedaron muy limitadas en su aplicación y que contribuyen muy poco al objetivo perseguido.

Paralelamente a esto, desde el puro inicio de la administración Solís Rivera, se abrió una campaña de desprestigio en contra de lo público, campaña orquestada desde los sectores de capital financiero beneficiario de las políticas públicas de los gobiernos del bipartidismo, de las medidas del Consenso de Washington, de los Paquetes de Ajuste Estructural – PAES, y de la apertura comercial del capitalismo salvaje de los Tratados Comerciales y la globalización. Esta campaña consiste, hoy es igualmente manejada así, en achacar al empleo público la culpa del déficit fiscal y de todos los males del Estado, además en hacer creer a la ciudadanía que los empleados públicos son corruptos, vagabundos e ineficientes, y que ganan mucho porque tienen muchos privilegios. En este contexto, la Diputada del Partido Liberación Nacional Sandra Piszk Feinzilber presenta un proyecto para reducir los salarios del sector público, el Proyecto 19506 Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales en el Sector Público. Este proyecto se presenta en marzo del 2015. Para setiembre del 2015 la presión mediática y política sobre el empleo público era demasiada, al punto que la Ministra de Planificación Olga Marta Sánchez solicita una audiencia en el plenario de la Asamblea Legislativa y presenta un documento denominado “Gestión del Empleo Público y la situación de las Remuneraciones del Sector Público”, documento que se contrapone a la exposición de motivos, en términos generales, del Proyecto 19506. Otro elemento que socavó la base de este proyecto fue el informe de Hacienda y luego de la Contraloría General de la República de que este proyecto, 19506, no resolvía nada del déficit fiscal, en aquellos momentos los cálculos más optimistas decían que de aplicarlo plenamente se lograría 0.5 del PIB. El proyecto cayó en estado de coma. Claro está, ni Doña Sandra ni el PLN lo dejaron así y exigieron un Título específico de empleo público en el Proyecto 20580.

Con números descritos arriba: déficit fiscal, endeudamiento del Estado, altos índices en evasión y elusión, y con este panorama legislativo en el que se ponían obstáculos para la aplicación de una política fiscal progresista, entendida esta como que el rico pague como rico y el pobre como pobre, el gobierno de Luis Guillermo llega a un cuarto año de administración con serios problemas financieros.

El sector empresarial y la oposición del PLN y del PUSC logran doblar al gobierno de Luis Guillermo Solís y a su equipo económico, en noviembre del 2017, luego de muchos meses de una fuerte presión en las finanzas públicas, se presenta el Proyecto de Ley 20580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocido popularmente como Combo Fiscal. Cuatro componentes incluyen en este proyecto: El Título I convierte el Impuesto de Ventas (I.V.) en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (propuesta inicial del Gobierno de Luis Guillermo Solís); el Título II se refiere a la Ley de Impuestos a los Ingresos y Utilidades ( propuesta inicial de Ley de Renta también del Gobierno de Luis Guillermo); el Título III es la Modificación de la Ley de Salarios de la Administración Pública (parte de la propuesta inicial de la Diputada Sandra Piszck, proyecto 19506), y, el Título IV establece la Responsabilidad Fiscal de la República (la Regla Fiscal es una propuesta original de Ex Presidente Miguel Ángel Rodríguez, su partido PUSC y su Gobierno). El proyecto de marras no resuelve el problema fiscal, es regresivo y pronto la sociedad costarricense estará siendo otra vez acosada por los grupos hegemónicos del gran capital con el fin de arrebatarle lo poco que tiene.

Esta es la situación que encara el nuevo Gobierno de Carlos Alvarado, segundo consecutivo del PAC. Un proyecto de Ley heredado de su antecesor, impuesto por los partidos añejos del bipartidismo: PUSC y PLN y por empresarios plutócratas, negociado entre la primera y segunda campañas de este año para recibir apoyos electorales, recibido por Carlos Alvarado con alegría, por lo que se ve, de su alter ego Rodolfo Piza y de su grupo neoliberal de campaña y que ahora ostenta cargos ministeriales estratégicos en lo económico. El Partido Acción Ciudadana pasó de ser un partido que en 2013 propugnaba un cambio y se decía ser progresista, a uno que levanta las banderas de las viejas políticas neoliberales, todo en un solo gobierno de seis meses: un salto al vacío político.

Parece sediento de venganza y de revanchismo, mostrándose enfadado, virulento, rabioso.

Eso no es conveniente en un ciudadano integrante del Poder Legislativo de la República. “La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”, decía una de las más famosas frases célebres del inolvidable comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, con su personaje estrella, el Chavo del Ocho.

Don Carlos Ricardo Benavides Jiménez no puede disimular la furia que le ha provocado la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal, la lucha popular contra el más detestado proyecto de ley desde el del combo ICE en el año 2000; ante las movilizaciones masivas, nacionales, regionales y sectoriales que han ocurrido en el país desde el 10 de setiembre y hasta la fecha, el día número 66 de esta histórica lucha cuya columna vertebral, de principio a fin, es el Magisterio Nacional.

Don Carlos Ricardo Benavides Jiménez muestra su perturbación mayúscula por los procesos judiciales de calificación de huelga y por algunos fallos que han dado positivo para el personal trabajador; aunque en la mayoría de los casos ya resueltos la huelga resultó ilegal.

Don Carlos Ricardo Benavides Jiménez, cual “terminator sindical”, no solamente está proponiendo un proyecto de ley de exterminio de la constitucionalidad inherente al derecho de huelga obrera y la disolución-liquidación de sindicatos; sino que está presionando para que tal monstruosidad jurídica se tramite a golpe de tambor mediante el pernicioso mecanismo parlamentariamente democrático de vía rápida (artículo 208 bis).

Don Carlos Ricardo Benavides Jiménez, quien funge como diputado gobiernista según el criterio que de su comportamiento político parlamentario tiene el propio presidente de su partido, don Jorge Pattoni Sáenz; pretende que nuestro país involucione y retroceda 70 años en el desarrollo del Derecho Laboral, pues ese es el tiempo que se avanzó con la promulgación de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), con relación al surgimiento del Código de Trabajo, en 1943.

Por tanto, es muy importante que los señores diputados y las señoras legisladoras cuya sensatez marca su desarrollo político en el actual parlamento, comprendan que ni el odio, ni la venganza, ni la ira, ni la revancha pueden ser sentimientos humanos sanos en ninguna circunstancia; mucho menos, cuando se trata de legislar y/o de modificar textos jurídicos con incidencia en la vida de miles de personas, así como en el devenir institucional de una Democracia.

La Reforma Procesal Laboral (RPL) fue producto de un proceso de construcción sociopolítica compartida durante 17 años, con la participación del Poder Judicial y de cinco gobiernos (curiosamente de los partidos integrantes del triunvirato gobernante de la actualidad: el PLUSC-PAC).

Fue debatida en dos periodos constitucionales parlamentarios, se gestó en el Poder Judicial y se impulsó en un intenso, sistemático y perseverante proceso de ingeniería política desde el mundo sindical; llegándose, incluso, a un acuerdo con el gremio empresarial-corporativo más grande del país.

Además, con su aprobación el país se limpió la cara ante la comunidad mundial del trabajo, conjuntada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la cual el país saldó una deuda pendiente de muchos años, dada nuestra prédica de nación supercampeona en materia de Derechos Humanos.

Las aviesas intenciones del indicado legislador tienen efectos perniciosos para el país en cuanto a su prestigio internacional: un Estado poco serio, revanchista y que, por una circunstancia coyuntural, decide renegar de sus propios avances en materia de derechos laborales, comprendidos éstos como parte esencial de los Derechos Humanos; de esos Derechos Humanos de los cuales se reniega desde el neoliberalismo progresista procurando evitar estén al alcance del mundo obrero. Modificar la Reforma Procesal Laboral en el marco de un escenario político-social confrontativo, de cara al exterior del país, será hacer el ridículo ante los ojos de la comunidad internacional.

Modificar la Reforma Procesal Laboral, según lo está pidiendo ya el propio Alvarado Quesada, golpeará la imagen internacional del país como estado democrático emblema del respeto a los Derechos Humanos; porque consta al país y allende de él, que en el marco de la confrontación social que emergió desde el pasado 8 de mayo, ambos (el mandatario y el legislador citado), muestran peligrosas tendencias autoritarias y desafiantes ante fallos judiciales que no son de su agrado; presentándose un episodio de crisis institucional de poderes que no se ha vivido en muchos años.

Ante el surgimiento de peligrosas tendencias autoritarias en el seno del triunvirato gobernante PLUSC-PAC y su expresión legislativa, misma que es encabezada precisamente por el legislador Benavides Jiménez, se abre la oportunidad de la construcción de una gran coalición patriótica para darle paso a un frente democrático, garante de la preservación perpetua y de respeto pleno a los Derechos Humanos integralmente asumidos. Esto es parte de lo que está en juego ante el enfermizo intento de destruir los contenidos de la Ley de la Reforma Procesal Laboral.

¿Alguien recuerda si en algún momento de la historia contemporánea de nuestro país, un grupo social organizado se tomaba la sede de un partido político, como acción de lucha para plantear sus reivindicaciones?

Al menos este servidor suyo no recuerda un antecedente parecido a lo que aconteció ayer lunes 12 de noviembre, cuando en horas de la mañana, un grupo de unas 150 personas agricultoras costarricenses se tomaron la sede de El Balcón Verde, oficinas oficiales del Partido Liberación Nacional (PLN), para enrancharse (como lo definió uno de sus integrantes), sin tiempo definido de salida-abandono de esas instalaciones.

Evidentemente estamos de cara a un evento de mucho significado sociopolítico, si lo vemos en el marco de la confrontación social que se está desarrollando en el país a partir del pasado 8 de mayo y, con mayor crudeza, desde el 10 de setiembre.

Desde el 8 de mayo, por un lado, cuando empezó a destaparse la cruda realidad de la estafa política que ocurrió en el mes de abril anterior con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales; por otro, desde el pasado 10 de setiembre, con el desarrollo abierto de esa confrontación, materializada en la Huelga General Indefinida contra el Combo Fiscal, expediente legislativo 20.580; conflicto sociopolítico que todavía se mantiene por el heroico Magisterio Nacional y diversos sectores laborales-institucionales, como los municipales, que han estado inmersos en este histórico movimiento.

Los imprevistos visitantes de El Balcón Verde proceden de zonas agrarias de nuestro país caracterizadas por la pobreza, la exclusión y la desigualdad; tales como Los Chiles, Talamanca, Pococí, Guácimo, Upala, Golfito, Zona Norte y otras.

Nos cuentan que se dedican, en esencia, a la producción de raíces y tubérculos (plátano, ñame, ñampí); yuca en las variables para exportación (zona del Caribe) y para el mercado nacional (zona de San Carlos).

Uno de sus principales voceros nos comentó varias de las razones que les motivaron para tan sui generis protesta, mostrando que tienen una lectura del devenir actual de la situación sociopolítica del país bastante precisa. Veamos:

1. Están contra el combo fiscal.
2. Luchan por una reactivación económica que sea incluyente y redistributiva.
3. Creen en una política de contingencia para los pequeños agricultores.
4. Anhelan una transformación radical del Consejo Nacional de Producción (CNP), como parte de esa política de contingencia.
5. Piensan en una restructuración-fortalecimiento del PAI (Programa de Abastecimiento Institucional): ¿cómo es posible que el IMAS reparta diarios comprados a los revendedores y/o a los supermercados oligopólicos?, afirman.
6. Conceptúan la famosa banca de desarrollo de otro modo y no, según lo comprenden como está en la actualidad en que la mayoría de sus recursos incrementan la tasa de ganancia de un conocido banco privado.

Los aspectos anteriores bien podrían ser parte de una concepción de desarrollo nacional con preponderancia de la soberanía y de la seguridad alimentarias, tal y como se aspira en cuanto a una sociedad multifacética con plena integración social y productiva.

Ahora bien, si están pretendiendo llegar con sus aspiraciones a las máximas autoridades ejecutivas del país, pero pasando por la sede del PLN (como lo están indicando), ¿cuál es la lectura correcta, entonces, de la toma de El Balcón Verde por este grupo de costarricenses labradores de la tierra?

Probablemente apelan al pasado socialdemócrata del PLN cuando, aunque fuera con políticas públicas no tan fuertes como la tienen los propios gringos con su gente del agro, algo los protegieron gobiernos liberacionistas que alguna sensibilidad tuvieron para con este grupo social.

Probablemente, también, al ser tomado el propio PLN por el neoliberalismo, como ya es más que incuestionable, este grupo está consciente de que este partido es ahora parte esencial del triunvirato gubernamental PLUSC-PAC; y, por tanto, puede llegarle con más escucha a Zapote desde la misma sede del PLN que lo que lograría un grupo de agricultores en sus afueras de la sede presidencial.

Esta última percepción del grupo social habitante transitorio de la sede liberacionista parece muy acertada si el propio presidente del PLN, el señor Patoni, les admitió, sin pelos en la lengua, que el jefe de la fracción parlamentaria liberacionista, señor Benavides, no es más que un diputado de gobierno; y la bancada legislativa que éste coordina (con algunas honrosísimas excepciones), es la más grande del oficialismo triunviral.

La verdad es que nuestros agricultores tienen una sapiencia natural digna de admirar; y sí son poseedores reales del más común de los sentidos, el sentido común.

Es importante tener claro que el Gobierno de Luis Guillermo Solís, conformo un equipo económico que podríamos denominar de raíces pacsistas, de un centro progresista, entendido este como la lucha por el progreso, es decir, por una evolución positiva para hombres y mujeres en sus aspectos individual y social, basado en un sistema político ideal de la democracia participativa: en el Ministerio de la Presidencia nombró al Obispo Luterano Melvin Jiménez, quien estuvo ligado por muchos años a luchas sociales; en el Ministerio de Planificación colocó a la Doctora en Economía Olga Marta Sánchez; en el Ministerio de Economía puso al economista Welmer Ramos; en la Presidencia del Banco Central al también economista Olivier Castro Pérez y en el Ministerio de Hacienda al Primer Vicepresidente y economista Helio Fallas, además de estos jerarcas nombró otros con una visión más d este centro progresista como el Ingeniero Agrónomo, Master y Doctor, Luis Felipe Arauz en el Ministerio de Agricultura.

Como contraparte a este centro progresista, Don Luis Guillermo Solís había nombrado en la Segunda Vice Presidencia a la Relacionista Internacional Ana Elena Chacón Echeverría, ex diputada del PUSC e hija de Luis Manuel Chacón, político y empresario de alto poder e influencia; como Ministro de Comercio Exterior al empresario y economista Alexander Mora, y en Relaciones Exteriores al político y abogado Manuel González Sanz. Presidencias Ejecutivas de diversas instituciones, digamos que, repartidas entre ambos sectores: uno proclive a un centro progresista y otro a la corriente de pensamiento neoliberal liderada por Ana Elena Chacón Echeverría.

Porqué Don Luis Guillermo tomó la decisión de partir su gabinete entre un ala progresista y otra del pensamiento neoliberal tradicional que ha gobernado a Costa Rica los últimos 40 años, no lo sabemos, pero fue una realidad.

Lo interesante aquí es que el Gobierno de Luis Guillermo Solís optó por un equipo económico de corte “progresista”, si lo comparamos con los de los antecesores y el del actual gobierno de Carlos Alvarado; muy encaminado a fortalecer el mercado interno, mantener la estabilidad del dólar y la inflación, generar empleos de calidad, proteger al agro costarricense, y, en materia de empleo público mantener una distancia prudente con respecto a posiciones anti Estado y por ende anti empleados públicos de los neoliberales. A la larga la respuesta a esta interrogante podría estar en la estrategia de estos sectores plutócratas, de permear en los procesos electorales a un joven partido político como el PAC y que no había gobernado nunca. Recordemos cómo estos grupos neoliberales se vieron altamente perjudicados por los escándalos de corrupción de sus partidos tradicionales el PLN y el PUSC, principalmente. Tenían que buscar otra casa para seguir gobernando y el PAC era la perfecta. Estos sectores ya lo habían hecho antes, penetraron las corrientes del humanismo cristiano del PUSC y luego lo hicieron con el PLN socialdemócrata hasta vaciar sus contenidos ideológicos y lograron que estos partidos se pusieran al servicio de las fuerzas del mercado.

De este gabinete, de Luis Guillermo Solís Rivera, llegamos a conocer la seria discusión ideológica entre ambos grupos, sobre temas económicos o de relaciones internacionales sobre todo en materia de tratados comerciales y que se dio con “mediación” de Luis Guillermo, por ejemplo uno de los temas que atizó las contradicciones internas fue la Alianza del Pacifico, que promueve la búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, y que perjudica enormemente la producción agrícola costarricense. Por un lado Luis Felipe Arauz y Welmer Ramos, defendiendo la producción agrícola nacional, y, por el otro lado Alexander Mora y Ana Elena Chacón defendiendo la “apertura” comercial y el libre tránsito de mercancías para “beneficiar” a los consumidores, y alrededor de estos el resto del gabinete cada cual con su preferencia, con el Presidente en medio.

El actual Presidente Carlos Alvarado profundizó estos lazos con el sector neoliberal, a tal punto que entregó el equipo económico completo a estos grupos plutócratas, únicamente reservando el Ministerio de Planificación a una integrante del PAC, el resto a sectores neoliberales, veamos: nombró como Coordinadora del Equipo Económico con rango de Ministra a la Economista Edna Camacho, ex viceministra de Hacienda del Gobierno del Dr. Miguel Angel Rodríaguez, directora de la Academia de Centroamérica , ex candidata a la Vice Presidencia del perdedor Rodolfo Piza. Doña Edna Camacho está ligada al Grupo Aldesa , siendo que su esposo Javier Chávez es su Presidente, empresa que controla la Bolsa Nacional de Valores y Doña Edna fue duramente cuestionada porque meses atrás a las elecciones recomendó la exoneración de impuestos en las ganancias de capital para las transacciones que se realicen en bolsa, tema que se incluyó en el plan fiscal; en el Ministerio de Hacienda, el Presidente Alvarado nombró a la Administradora y Abogada Roció Aguilar Montolla connotada miembro de la Asociación Nacional de Fomento Económico, ANFE, organización neoliberal “costarricense sin fines de lucro fundada en el año 1958 que tiene como fin promover el mejor interés y la utilidad común en la sociedad, a través de la promoción y la defensa de la libertad individual en todos sus aspectos ”. Doña Roció ha sido staff de la banca privada en Costa Rica; también, nombró al empresario André Garnier Kruse como Ministro de Coordinación con el Sector Privado “André Garnier ha sido socio o fundador de proyectos empresariales como Zona Franca La Lima, Zona Franca Coyol, Parque Global, Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios, New Hotel Development Inc. y Tiendas Benetton en Costa Rica. Además, fue director del Banco del Comercio y de la Corporación BCT, así como de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde).En el área pública, fue el primer secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, de 1999 al 2000” . Al frente del Banco Central de Costa Rica colocó al Economista y Abogado Rodrigo Cubero Brealey que se desempeñaba como Subdirector de división en el Instituto de Capacitación del Fondo Monetario Internacional (FMI), es decir a un altísimo funcionario de ese organismo financiero mundial; en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio nombró a la Economista Victoria Eugenia Hernández Mora, académica, consultora, cooperativista y de raíces liberacionistas; como Ministro de la Presidencia, Carlos Alvarado nombra al abogado y político Rodolfo Piza Rocaforf , ex candidato perdedor de las pasadas elecciones del Partido Unidad Social Cristiana. Recordemos que Don Rodolfo es uno de los redactores del primer Plan de Gobierno del Partido Movimiento Libertario y es ampliamente reconocido por su pensamiento neoliberal.

Ya aquí se perdió el balance progresista a favor, si es que se puede decir así. Pasamos de un equipo económico con visión progresista a uno de corte neoliberal, con una pequeña expresión de progresismo, como es el caso del Ministerio de Planificación, que terminará siendo envuelta por este gran pulpo neoliberal.

¿Y el Presidente Alvarado? Al parecer está muy cómodo, muy a sus anchas con este sector neoliberal, es más, no es solo comodidad lo que denota es identificación con las políticas públicas impulsadas por estos actores políticos del neoliberalismo.

Este sector neoliberal; que se ha beneficiado de las políticas públicas impulsadas en los últimos cuarenta años por sus gobiernos, como los Certificados de Abono Tributario, las exoneraciones, la apertura comercial, las concesiones de todo tipo, la falta de transparencia y la opacidad, la concentración de riqueza a cifras vergonzosas, la evasión y la elusión; domina en la escena política actual, son lobos que campean por doquier sin piel de oveja.

Elaborado por: Roberto Zeledón Arias
Asesor Legislativo ANEP

Hoy miércoles 7 de noviembre de 2018, a partir de las 5 de la tarde y en la Plaza de la Democracia, cientos de costarricenses nos juntaremos para conmemorar esta fecha en correspondencia a su significado histórico.

Nos juntaremos para relanzar, en las vísperas del Bicentenario de la Independencia, una nueva cruzada cívica por la resignificación del contenido real de una Democracia verdadera; ante los peligros que la amenazan como el del autoritarismo, el de las estafas electorales cuatrienales, el del formalismo de votar pero no elegir, el de la suplantación del esquema de partidos por totalitarismos mediáticos, el de la violación del principio constitucional de la división de poderes, el de la corrupción rapaz con los fondos públicos, entre otros.

Del sitio web www.coopeande1.com copiamos lo siguiente sobre las razones para que festejemos el 7 de noviembre como DÍA DE LA DEMOCRACIA. Pongamos cuidado:

“Desde 1942, por decreto número 18 se instaura el día de la Democracia Costarricense; se establece que deberá celebrarse cada 7 de noviembre con el propósito de honrar a los costarricenses que salieron con armas a defender el proceso electoral de 1889.”

Además leemos: “Esta fecha es recordada por ser la primera vez en la historia de Costa Rica, que el pueblo se lanzó a las calles para hacer valer su voluntad electoral.

En el año 1889 se enfrentaron electoralmente en Costa Rica, dos partidos políticos. Por un lado, estaba el Liberal Progresista que impulsaba la candidatura de Ascensión Esquivel, quien formaba parte del gobierno. Por el otro, se hallaba el Partido Constitucional Democrático, cuyo candidato era José Joaquín Rodríguez. Bernardo Soto, quien era presidente de la República, tomó la decisión de separarse del poder para imponer al candidato Esquivel. Este último era el segundo designado a la presidencia de la República, algo así como un vicepresidente actual.

Los resultados de las elecciones primarias, favorecían al candidato opositor al gobierno José Joaquín Rodríguez. Cuando el pueblo se enteró de que su voluntad sería irrespetada, rechazó la imposición de un presidente y el 7 de noviembre de 1889, siete mil costarricenses, organizados y armados con palos y machetes, salieron a las calles dispuestos a hacer valer su voluntad y exigir el respeto a los resultados electorales.

Aunque después de esa fecha se dieron nuevos fraudes electorales e incluso, dictaduras, aquel 7 de noviembre de 1889 se considera el Día de la Democracia Costarricense, porque, por primera vez, el pueblo se levantó en armas para exigir que se respetara el criterio emitido en las urnas.” (tomado de http://www.coopeande1.com/noticias/7-de-noviembre-dia-de-la-democracia-costarricense.html)

Hoy 7 de noviembre de 2018, a 129 años del levantamiento de la Costa Rica rebelde de entonces; se ocupa de un nuevo episodio de rebeldía cívica ante tanto pisoteo de la conciencia democrática de la gente; como el que está ocurriendo en los actuales momentos de la Huelga Patriótica contra el combo fiscal, ya en su día número 59.

La camarilla gobernante, aislada del clamor cívico de un millón de conciencia reunidas en una sola ocasión, por ejemplo y lo largo de este gran movimiento popular; continúa viajando hacia el autoritarismo provocador de la presente confrontación social.

Están despojando a la Democracia de su esencia fundamentalísima: “La Democracia es el gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo” (Abraham Lincoln).

Al igual que los y las compatriotas de 1889, debemos enarbolar de nuevos machetes y palos para enfrentar a quienes sienten actualmente que la Democracia estorba. Solamente que nuestros machetes en la actualidad vienen a ser las redes sociales (utilizadas responsablemente y con credibilidad), mismas que sirven para romper el cerco mediático del capital a la lucha popular, la cual tergiversan de múltiples y perversas formas. Y los palos vienen a ser todas las organizaciones de base de carácter cívico que podamos construir en el nivel local, generando su articulación regional y nacional. Es una apuesta por una construcción de Democracia real desde abajo para la alta incidencia político-social en pro del bien común y la inclusión.

¿Estaremos reaccionando demasiado tarde? Al menos, quienes estaremos hoy miércoles 7 de noviembre en la Plaza de la Democracia, a las 5 de la tarde, pensamos que no.

Miles estarán pensando y actuando en la misma línea, a lo largo de este día y por todo el país.

La experiencia nos dicta que nada bueno puede salir de una lucha polarizada. Apostarle a una posición inamovible implica, necesariamente, recurrir a la competencia, y; en este terreno, pocos ganan y la mayoría pierden.

El país atraviesa una realidad coyuntural crítica. Por una parte, la imposición de un proyecto de ley que no es debidamente consensuado y que cuenta con el rechazo de las mayorías, y; por otra, un enorme grupo de ciudadanos que lo adversan y que manifiestan su descontento a través de la protesta.

El asunto constituye un verdadero conflicto, tema que para una democracia madura no debería ser más que una oportunidad para la consolidación de sus principios. Sin embargo, cabe preguntarse si en Costa Rica se está respetando esa democracia que salimos a exhibir en el concierto de las naciones.

¡Basta de cliché! “Es por vos es por Costa Rica”, “qué nadie se quede atrás”, “somos la democracia más respetable de la región”. Estas frases bonitas están quedando en el olvido en este momento de crisis. Es más, estas expresiones son utilizadas para manipular y generar caos. La democracia se puede adornar con adjetivos, pero se construye y fortalece con acciones.

Quizá es momento de pensar si lo conveniente es retirar de la Asamblea Legislativa el proyecto generador de la escalada en el conflicto, y que los sindicatos cesen la huelga. Esto constituiría el punto medio, la lógica ganar- ganar. Luego, construir con carácter de urgencia y con un plazo cortísimo y consensuado, un nuevo texto que incluya todas las voces. Esto sería una acción democrática.

Por otra parte, es importante recordar que el derecho de huelga es constitucional, pero aún más, es un derecho humano. Es un derecho generador de otros derechos, como el de la libertad de expresión; es una voz que se opone al poder despótico o abusivo.Debe ser tutelado con especial cuidado por el derecho doméstico. Si existen vías alternas no puede cercenarse el derecho de huelga alegando la libertad de tránsito de otras personas.

Esto no quiere decir que una persona en el ejercicio de su derecho de huelga tenga licencia para agredir verbal o físicamente a nadie. Pero tampoco, se justifica que el poder del Estado o los medios de comunicación, tengan el derecho para criminalizar la protesta. El respeto a todo lo anterior, es construir en democracia.

De igual manera, el diálogo para construir no es una simple conversación. El diálogo implica escuchar y hacer vinculante en un proyecto los aportes del otro. Atrincherarse en una posición sin ceder, es el peor error que podemos cometer. No podemos polarizar la lucha, si se hace así, a corto plazo alguien podría arrogarse la victoria, pero la alegría también sería temporal. Los fenómenos sociales son complejos y si no hay consenso, el sentimiento de injusticia por parte de quien en apariencia resulte perdedor, podría generar reacciones adversas.

El país nos llama a la sensatez, la imposición del Proyecto 20580 podría subirle intensidad al conflicto y pasarle la factura a los partidos políticos que lo impulsen.

Finalmente, el país requiere de sus políticos la toma de decisiones inteligentes, el retorno a un ambiente pacífico y el respeto a nuestro Estado Social de Derecho.

Lic. Benjamín Sevilla García