Categoría: Opinión

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

PLUTOCRACIA. “Una plutocracia es una forma de gobierno que se desarrolla cuando las clases altas se encuentran a cargo de la dirección del Estado. El concepto deriva de Pluto, el dios de la riqueza de acuerdo a la mitología de la Antigua Grecia”.

“Lo que implica la plutocracia es que las personas que dominan los recursos materiales de un país también ostentan el poder político. Incluso es posible que, en el marco de una democracia representativa (en la cual las autoridades estatales son elegidas por el voto popular y representan a la población), las decisiones más importantes sean tomadas, en realidad, por quienes cuentan con el poder económico”.

“En este sentido, se puede decir que una democracia también puede funcionar como una plutocracia. Si los gobernantes elegidos por el pueblo responden a los intereses de los ricos, tomando medidas solicitadas o promovidas por éstos, se tratará de una plutocracia más allá del sistema de partidos políticos, de las elecciones que se realicen, etc.”. (https://definicion.de/plutocracia/).

RÉGIMEN. “El régimen es la formación histórica de una época. El régimen político está vinculado a la estructura organizativa del poder político, con sus instituciones, sus normas y sus dirigentes. Dentro de un régimen se repiten ciertos comportamientos que hacen previsible el ejercicio regular del poder”.

“Puede considerarse que los ciudadanos se encuentran en una situación de dominación o subordinación al régimen político, aun cuando los gobernantes hayan sido elegidos de manera democrática. Al llegar al poder, el dirigente adquiere la capacidad de mandar, lo que supone que el resto deberá obedecer. Por supuesto, en esta relación hay límites establecidos por la ley”.

“Con el régimen político se produce una situación paradójica. El régimen emana de la voluntad de la gente, que determina las características del régimen político. Pero, de manera simultánea, la propia estructura de este régimen termina condicionando la voluntad de la población”. (https://definicion.de/regimen-politico/).

Si nos atenemos a estas definiciones sociopolíticas del concepto plutocracia y del concepto régimen, las cuales hemos seleccionado con el propósito de transmitir nuestro pensamiento al respecto; podríamos definir que el actual gobierno de la República se puede conceptuar como un régimen plutocrático, partiendo del comportamiento político del binomio Alvarado-Piza a la cabeza del Poder Ejecutivo, a partir de la materialización política de la estafa electoral que ocurrió con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en segunda ronda, en abril pasado, por una parte.

Colateralmente, tenemos la estructuración de una mayoría parlamentaria de carácter cuantitativo, que ha procedido a implementar la agenda ideológica de los puntos “…que responden a los intereses de los ricos, tomando medidas solicitadas o promovidas por éstos…”, generándose una plutocracia “…más allá del sistema de partidos políticos”.

Efectivamente, los partidos políticos integrantes de la coalición gobiernista PLUSC-PAC, ya no defienden los contenidos ideológico-políticos y programáticos que suponen sus piedras angulares filosóficas, respectivamente: la socialdemocracia clásica, el humanismo cristiano consecuente y el presunto progresismo rescatador de la orfandad socialdemócrata una vez que el partido que la cobijó se hizo neoliberal. Al parecer, los partidos políticos evangelistas empiezan ya a ser “cooptados” por el régimen plutocrático Alvarado-Piza, luego de un comportamiento parlamentario que los acercó a la ciudadanía en lucha, con ocasión de la lucha patriótica contra el combo fiscal.

La cuestión se hace más grave si consideramos que el régimen plutocrático Alvarado-Piza, encuadró en su lógica de promoción de los intereses de los ricos, al más alto tribunal de la Republica: la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

“El poder tomó una decisión que denigra la Constitución Política”. “La resolución de la Sala Constitucional antepuso la crisis fiscal al estado social de derecho”. 

Estas dos contundentes conclusiones arrojó el conversatorio que el pasado 29 de noviembre, realizó la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, luego de la aprobación-imposición de la hoy Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, combatida en las calles por el más relevante movimiento popular de los últimos tiempos; nefasta legislación viabilizada políticamente luego del fallo constitucional del compadre hablado(como lo hemos denominado nosotros), dándosenos la razón por parte de esos connotados costarricenses, de altos quilates intelectuales y académicos, en materia constitucional y de la independencia de poderes.

Según la crónica del indicado foro, impresiona constatar que don Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, junto a los otros dos distinguidísimos participantes, haya llegado a esta conclusión más que lapidaria: “…el poder (entendido como los grupos de presión políticos y económicos) es el que toma las decisiones incluso pasando, esta vez, por encima de la Constitución Política, aunque use formalmente sus órganos y procedimientos”. Los especialistas en la materia, Alfredo Chirino Sánchez (decano de la Facultad de Derecho), y don Wálter Antillón Montealegre (exmagistrado), fueron contertulios en esta relevante y esclarecedora actividad.

“Costa Rica es una democracia disfrazada de legalidad”: así lo define un importante estudio sobre el mecanismo de concertación de voluntades entre los tres poderes de la República, que ha venido sometiendo al pueblo para favor los intereses de los ricos.

Este estudio es el libro titulado Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos), elaborado por el académico don Manuel Antonio Solís Avendaño, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR.

De lectura obligada, sin duda alguna, es este libro. En la presentación del mismo, el exmagistrado don José Manuel Arroyo Gutiérrez, resumió lo descrito en ese estudio con la siguiente frase (más que lapidaria): “Todo sistema autocrático empieza por controlar a sus jueces”.

¿Queríamos algo más contundente acerca de la naturaleza sociopolítica de lo que estamos viviendo en los actuales y cruciales momentos?; y, ¿de qué clase de desafío estamos hablando si pensamos en las responsabilidades de quienes hemos decidido resistir la ofensiva del régimen plutocrático Alvarado Piza?…

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

El capital, especialmente, el neoliberal (el más agresivo y violento), está en ofensiva política contra la clase trabajadora y contra el movimiento popular, especialmente el sindical.

A ese capital ya le podemos poner nombres y apellidos, identificando las correspondientes parcelas corporativas, fijándonos bien en la nómina de lo que se denomina “grandes contribuyentes” que declaran cero ganancias y/o pérdidas pero que son muchos más. Este tipo de capital y esos consorcios empresariales son los que se sienten muy a gusto con el gobierno actual; y, además, muestran ya el control de una mayoría legislativa que representa sus valores mas no los de la gente común ni tampoco del bien común.

Estamos en presencia de lo que ya podríamos catalogar como el gobierno más anti-obrero de los últimos tiempos, luego de la conformación del triunvirato PLN-PUSC-PAC (PLUSC-PAC), surgido éste a partir de la estafa política ocurrida con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en abril pasado.

Ahora queda más contundentemente precisado el contenido de clase que representa el tripartidismo PLUSC-PAC con la dupleta Piza-Alvarado en el gerenciamiento político, para darle un frenético impulso a la neoliberalización completa de la sociedad; tarea inconclusa gracias a la feroz resistencia popular de los últimos tiempos, especialmente la de los sindicatos.

Luego de que lograran, de manera fraudulenta y haciendo trampa, la imposición legislativa del detestado combo fiscal, hoy ley de la República No. 9.635, se disponen a impulsar la más feroz agresión en contra del pueblo trabajador, en contra del interés de la gente, en contra del bien común; agresión que puntualizamos en las siguientes 13 medidas que categorizamos como “la docena del diablo”, indicadas seguidamente:

1. Disolver-liquidar sindicatos: se criminaliza la protesta social.
2. Eliminar-nulificar el derecho de huelga quitándole su esencia de carácter constitucional: instauración de dictadura patronal, ahora todo será “servicio esencial”.
3. Pensiones IVM-CCSS: nuevo aumento en la cotización obrera partir de junio entrante; primera reducción del porcentaje de pensión a recibir, baja del 60 a 55 por ciento; y dejan en 40 del salario mínimo las más bajas (una de las medidas más dramáticamente injustas contra los más pobres que jamás gobierno alguno impulsó).
4. Eliminar pensiones del Magisterio y pasarlas al IVM-CCSS.
5. Eliminación del Salario Escolar.
6. Nuevo paquetazo de impuestos en el corto plazo: el 20.580 (hoy ley -truculenta- No. 9.635), “no sirvió”, a pesar de tanto daño social que causa; las calificadoras de riesgo (Moody’s) quieren más sangre popular.
7. Nuevo endeudamiento público de 6 mil millones de dólares que nos pondrán a pagar con más impuestos pues la carga de intereses se descontrolará espeluznantemente. Captura de los fondos de pensiones complementarias para compra de bonos devaluados del Gobierno.
8. Venta de activos-privatizaciones de lo que queda de las más rentables empresas públicas.
9. La CCSS quedará destinada a intermediación pagadora de servicios de salud a privados.
10. Congelamiento salarial generalizado-primera fase de rebajas salariales en el sector público que ya se instauran con el combo fiscal truculentamente impuesto. El salario mínimo seguirá a la baja en cuanto a poder de compra.
11. Tolerancia permisiva y total con la corrupción tributaria y el fraude fiscal, que ya no se puede ocultar dada su magnitud (informes de la Contraloría). No habrá vía rápida alguna para proyectos que corrijan este crimen social que es el robo de impuestos en todas sus manifestaciones.
12. Extinción final del agro nacional en cuanto a la producción agropecuaria para el mercado interno.
13. Auge concentrador de poder y riqueza del sector bancario-financiero: el expolio de las tarjetas de crédito seguirá su loca carrera de acumulación; impuestos a las cooperativas y tratamiento de banca bajo normas Sugef al solidarismo-cooperativismo.

Sin sindicatos… sin huelgas… sin protestas. Es así como quieren al pueblo. Cada una de las 13 medidas de “la docena del diablo” generará fuerte resistencia popular y ciudadana. Ellos lo saben y están en loca carrera para evitarlo.

La utilización abusiva y extremista de la vía rápida parlamentaria para atacar al movimiento social y popular, demuestra la naturaleza perversa de un sistema económico que no representa, en cuanto legitimidad real, el sentir popular pues éste está mostrando un desprecio y un repudio a toda esa clase política coludida contra la gente, a fin de complacer a minorías económicas del alto corporativismo-empresarial cuyas responsabilidades tributarias sumamente cuestionadas para con la sociedad comienzan a ser conocidas por la gente.

Ellos tienen total precisión de qué es lo que quieren ahora que controlan toda la institucionalidad republicana de toma de decisiones. Esto se debe admitir. Lo que no controlan es el poderío de la gente y de sus organizaciones populares de todo tipo, si éstas deciden conformarse en una especie de frente único, aunque diverso, para enfrentarles. Sólo la gente, porque el poder le pertenece al pueblo, puede pararlos.

Alguien dijo por ahí que el gran miedo de esta gente de arriba es que la gente de abajo les perdamos el miedo

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

El capital, especialmente, el neoliberal (el más agresivo y violento), está en ofensiva política contra la clase trabajadora y contra el movimiento popular, especialmente el sindical.

A ese capital ya le podemos poner nombres y apellidos, identificando las correspondientes parcelas corporativas, fijándonos bien en la nómina de lo que se denomina “grandes contribuyentes” que declaran cero ganancias y/o pérdidas pero que son muchos más. Este tipo de capital y esos consorcios empresariales son los que se sienten muy a gusto con el gobierno actual; y, además, muestran ya el control de una mayoría legislativa que representa sus valores mas no los de la gente común ni tampoco del bien común.

Estamos en presencia de lo que ya podríamos catalogar como el gobierno más anti-obrero de los últimos tiempos, luego de la conformación del triunvirato PLN-PUSC-PAC (PLUSC-PAC), surgido éste a partir de la estafa política ocurrida con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en abril pasado.

Ahora queda más contundentemente precisado el contenido de clase que representa el tripartidismo PLUSC-PAC con la dupleta Piza-Alvarado en el gerenciamiento político, para darle un frenético impulso a la neoliberalización completa de la sociedad; tarea inconclusa gracias a la feroz resistencia popular de los últimos tiempos, especialmente la de los sindicatos.

Luego de que lograran, de manera fraudulenta y haciendo trampa, la imposición legislativa del detestado combo fiscal, hoy ley de la República No. 9.635, se disponen a impulsar la más feroz agresión en contra del pueblo trabajador, en contra del interés de la gente, en contra del bien común; agresión que puntualizamos en las siguientes 13 medidas que categorizamos como “la docena del diablo”, indicadas seguidamente:

1. Disolver-liquidar sindicatos: se criminaliza la protesta social.
2. Eliminar-nulificar el derecho de huelga quitándole su esencia de carácter constitucional: instauración de dictadura patronal, ahora todo será “servicio esencial”.
3. Pensiones IVM-CCSS: nuevo aumento en la cotización obrera partir de junio entrante; primera reducción del porcentaje de pensión a recibir, baja del 60 a 55 por ciento; y dejan en 40 del salario mínimo las más bajas (una de las medidas más dramáticamente injustas contra los más pobres que jamás gobierno alguno impulsó).
4. Eliminar pensiones del Magisterio y pasarlas al IVM-CCSS.
5. Eliminación del Salario Escolar.
6. Nuevo paquetazo de impuestos en el corto plazo: el 20.580 (hoy ley -truculenta- No. 9.635), «no sirvió», a pesar de tanto daño social que causa; las calificadoras de riesgo (Moody’s) quieren más sangre popular.
7. Nuevo endeudamiento público de 6 mil millones de dólares que nos pondrán a pagar con más impuestos pues la carga de intereses se descontrolará espeluznantemente. Captura de los fondos de pensiones complementarias para compra de bonos devaluados del Gobierno.
8. Venta de activos-privatizaciones de lo que queda de las más rentables empresas públicas.
9. La CCSS quedará destinada a intermediación pagadora de servicios de salud a privados.
10. Congelamiento salarial generalizado-primera fase de rebajas salariales en el sector público que ya se instauran con el combo fiscal truculentamente impuesto. El salario mínimo seguirá a la baja en cuanto a poder de compra.
11. Tolerancia permisiva y total con la corrupción tributaria y el fraude fiscal, que ya no se puede ocultar dada su magnitud (informes de la Contraloría). No habrá vía rápida alguna para proyectos que corrijan este crimen social que es el robo de impuestos en todas sus manifestaciones.
12. Extinción final del agro nacional en cuanto a la producción agropecuaria para el mercado interno.
13. Auge concentrador de poder y riqueza del sector bancario-financiero: el expolio de las tarjetas de crédito seguirá su loca carrera de acumulación; impuestos a las cooperativas y tratamiento de banca bajo normas Sugef al solidarismo-cooperativismo.

Sin sindicatos… sin huelgas… sin protestas. Es así como quieren al pueblo. Cada una de las 13 medidas de “la docena del diablo” generará fuerte resistencia popular y ciudadana. Ellos lo saben y están en loca carrera para evitarlo.

La utilización abusiva y extremista de la vía rápida parlamentaria para atacar al movimiento social y popular, demuestra la naturaleza perversa de un sistema económico que no representa, en cuanto legitimidad real, el sentir popular pues éste está mostrando un desprecio y un repudio a toda esa clase política coludida contra la gente, a fin de complacer a minorías económicas del alto corporativismo-empresarial cuyas responsabilidades tributarias sumamente cuestionadas para con la sociedad comienzan a ser conocidas por la gente.

Ellos tienen total precisión de qué es lo que quieren ahora que controlan toda la institucionalidad republicana de toma de decisiones. Esto se debe admitir. Lo que no controlan es el poderío de la gente y de sus organizaciones populares de todo tipo, si éstas deciden conformarse en una especie de frente único, aunque diverso, para enfrentarles. Sólo la gente, porque el poder le pertenece al pueblo, puede pararlos.

Alguien dijo por ahí que el gran miedo de esta gente de arriba es que la gente de abajo les perdamos el miedo.

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Que el salario devengado por el empleo público no es responsable del déficit fiscal: ¡batalla de ideas ganada! Que la clase trabajadora asalariada de los sectores estatal y privado no roba impuestos: ¡batalla de ideas ganada! Que el sistema tributario costarricense es corrupto y es injusto: ¡verdad irrefutable! Que el combo fiscal, ahora ley de la República No. 9635, se le impuso al pueblo trabajador-pagador puntual de impuestos, con artimañas y triquiñuelas político-jurídicas, incluyendo el fallo constitucional del compadre hablado, es otra verdad que la clase política tradicional (el PLUSC-PAC) no puede negar.

Que el robo de impuestos en todas sus manifestaciones y versiones, con ropaje legal o sin él, es el problema número uno de la sociedad costarricense actual, ha quedado completamente comprobado, de manera inobjetable. Así lo demuestra -en apenas una pequeña parte-, la lista de los “grandes contribuyentes” que forzosamente la Ministra de Hacienda tuvo que dar a conocer, a raíz del recurso de amparo interpuesto por la organización cívica Territorios Seguros.

¡La huelga triunfó! Moral y éticamente, el Movimiento Patriótico contra el Combo Fiscal ha triunfado. Las trampas que la tríada gobiernista PLUSC-PAC hizo para imponérnoslo incluyen el ocultamiento de esa lista entregada a los recurrentes del amparo constitucional, en oficio del Ministerio de Hacienda con fecha del mismísimo día en que ese detestado proyecto de ley era votado a trompada de loco en primer debate, día lunes 3 de diciembre; y, para ser firmado por el Ejecutivo en la noche de ese mismo día, publicándose, ya como ley No. 9635, en el diario oficial La Gaceta, el martes 4 de diciembre, un día antes de que la ya famosa lista fuera dada a conocer, el día miércoles 5 de diciembre. ¡Tramposos!

Muy probablemente, si esa “Lista de la vergüenza tributaria 2018” (como la denomina un buen amigo de las causas sociales que defendemos), se hubiese dado a conocer antes de la votación de segundo debate, a golpe de tambor ese lunes 3 de diciembre, el combo fiscal no se habría votado.

Seguros estamos de que el impacto indignante y la más que justificada furia ciudadana que ha causado en la sociedad conocer de esa lista habría llevado a varios diputados a cambiar su voto y no dárselo a la ahora ya ley del combo fiscal, número 9.635.

La férrea oposición del Movimiento Sindical Costarricense y de otros sectores sociales en esta ya histórica lucha contra el combo fiscal y por la justicia tributaria, ha tenido sentido. Particularmente, el Magisterio Nacional merece todos los honores pues han sido el bastión fundamental de esta gesta social. Igualmente, miles de otras personas trabajadoras asalariadas del sector Público se llevan grandes reconocimientos ante el altar de la Patria, como los cientos y cientos servidores públicos municipales quienes, a lo largo y ancho del país, sostuvieron este movimiento que llegó hasta el día 89. Insigne ha sido la participación de muchísimos compatriotas del campo agricultor con producción destinada al mercado interno, castigados por ese injusto paquete tributario, impuesto con artimañas como ya ha quedado totalmente demostrado.

La Lista de la vergüenza tributaria es apenas la punta del iceberg de la perversidad intrínseca del actual sistema tributario costarricense. Este es injusto con cientos y con cientos de micro-emprendimientos empresariales, con pequeñas y medianas empresas agobiadas por las responsabilidades tributarias, las de la Seguridad Social y/o las de orden municipal. Y ya hemos planteado hasta la saciedad, la grave agresión que representa el pago de impuestos para las personas asalariadas y sin empleo.

Por otra parte, tenemos el espantoso nivel de endeudamiento público que padece el país que, pensamos nosotros, es consecuencia directa de ese perverso sistema tributario regresivo y, paralelamente, del fraude fiscal a gran escala. Son demasiados años de fraude fiscal continuado y multidiverso, dentro de la legalidad o fuera de ella; y, en paralelo, un proceso de endeudamiento continuado con una lógica que pareciera indicar esta relación: a más fraude fiscal, más deuda pública. La deuda pública, el fraude fiscal a gran escala y los impuestos sobre la clase trabajadora, están vulnerando la Democracia misma.

Y, entonces, luego de la huelga, ¿qué sigue? Uno piensa que deberíamos impulsar un nueva rearticulación cívico-social, de gran contenido patriótico y soberanista para, al menos, impulsar estos tres ejes de trabajo: una auditoría ciudadana de la deuda pública, la transformación estructural del sistema tributario del país (empezando por impulsar recomendaciones como las arrojadas por la investigación legislativa de los Panama Papers); y, construir una especie de frente político-civil para darle un buen músculo a la resistencia popular que debe enfrentar el problema del avance de la corrupción y del fraude fiscal, del autoritarismo en Democracia y de la exclusión social generadora de mayores niveles de violencia en todos los órdenes.

Por supuesto que son solamente algunos planteamientos personales formulados con mucha sinceridad y transparencia. ¡No los únicos! Afortunadamente, luego de esta huelga ya no seremos la misma sociedad; y, luego de la Lista de la vergüenza tributaria 2018, tampoco. La lógica furia ciudadana ante estas revelaciones, más las que faltan, señalan las potencialidades de un nuevo sendero de tránsito democrático-civil y social que le espera al pueblo costarricense, prácticamente huérfano de representación político-partidista, pero no así de una Constitución que nos da amplia base de acción para enfrentar al egoísmo de la clase hegemónica que nos está conduciendo al despeñadero.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

El pueblo trabajador, la sociedad honesta, el micro-pequeño y mediano empresariado, la clase trabajadora asalariada a la cual le rebajan puntualmente el impuesto de la renta cuando procede, la ama de casa que paga inexorablemente el impuesto sobre las ventas en la caja registradora del supermercado, etc., etc.; muestran un enojo y una iracundia más que furiosa ante lo que representa el más grande escándalo de la historia tributaria del país: la revelación de la lista de “grandes contribuyentes” que en los últimos años han venido declarando cero ganancias y/o pérdidas.

La señora Patricia Castillo Vargas, Directora a cargo de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, dependencia de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, mediante su oficio NO. DGCN-521-2018, fechado 3 de diciembre de 2018 (el mismo día en que, truculentamente, la coalición parlamentaria gobiernista PLUSC-PAC imponía, a golpe de tambor y a trompada de loco el segundo debate al odiado proyecto de ley combo fiscal), le entrega al señor Jorge Eduardo Vizcaíno y a la señora Lía Sánchez Agüero, “…la lista de los grandes contribuyentes nacionales que cumplen la condición de haber autoliquidado impuesto 0 en el impuesto sobre las utilidades, al menos en uno de los períodos fiscales que cubre el lapso de 10 años, sea del 2018 al 2017 el último período fiscal reportado”.

Como ya es de amplio conocimiento público, don Jorge y doña Lía forman parte del grupo cívico Territorios Seguros, artífices del recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional por medio del cual la ciudadanía (en medio de, repetimos, gran estupor, enojo, indignación y furia iracunda), se enteró del nombre de un importante número de empresas y grandes corporaciones, todas prestigiosas en su mundo de los altos negocios, que han venido declarando cero ganancias y/o pérdidas.

Enorme cantidad de interrogantes, inquietudes, conclusiones surgen a partir de que esta primera “lista de la vergüenza tributaria 2018” se ha hecho pública.

Decimos primera porque hay más listas por conocer. Valga aclararles que la denominación “lista de la vergüenza tributaria 2018”, es de un estimado amigo de nuestras causas, a quien respetamos mucho.

Para empezar (aunque, en realidad no sabemos por dónde empezar), en el plano de las interrogantes, conviene emplazar a los diferentes responsables de ese período de vergüenza tributaria, sea del 2008 al 2017.

Al primero que hay que llamar a cuentas es a don Carlos Vargas Durán, actual Director General de Tributación. Ingresó a ese cargo en abril de 2012 y se mantiene hasta la fecha. Es decir, él vendría a ser el responsable directo de este desastre tributario (para decirlo de manera elegante), en la mitad del período en cuestión, 2008-2017. Muchísimo debe explicar este señor quien antes de ostentar tal cargo, ya ajustaba 14 años de labores para el Ministerio de Hacienda.

Cuando asumió la Dirección General de Tributación, don Carlos Vargas Durán hizo una declaración de prensa afirmando lo siguiente: “Entre sus objetivos se encuentran mantener una lucha frontal contra la evasión, incrementar las acciones de la Dirección General de Tributación para mejorar la recaudación y ejercer los controles necesarios para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

Luego agregó: “Asumir la responsabilidad de dirigir la Dirección General de Tributación es un reto en cualquier momento y más aún, cuando el país requiere de esfuerzos extraordinarios para combatir la evasión y aumentar los ingresos que el Gobierno necesita para sacar adelante los programas más apremiantes para la población. Agradezco el voto de confianza que la señora Presidenta y don Luis Liberman han depositado en mí y confío plenamente en que, con el apoyo del recurso humano con que cuenta Tributación, afrontaremos la tarea de llevar adelante la recaudación adecuada de los impuestos existentes y combatir sin tregua la evasión”, manifestó el nuevo director.

Note usted el nombre de las dos autoridades políticas que le designaron para ese alto cargo tributario. También note usted en el contenido de sus declaraciones y los datos que está arrojando el “listado de la vergüenza tributaria 2018”.

Preguntamos: ¿verdad que don Carlos debe responder una enorme cantidad de interrogantes? ¿Verdad que él debería ser separado de su cargo para abrir una profunda investigación política-ciudadana de todo este relajo? ¿Verdad que es bueno preguntarse para qué lado estaba mirando don Carlos cuando estas megacorporaciones declaraban cero ganancias y pérdidas en los años en que él ha estado frente a la tributación del país?…

Vemos ahora quién estaba en esa delicada función antes de don Carlos Vargas Durán. Se trata de don Francisco Villalobos Brenes. Hoy labora para la empresa contable de auditoría Deloite la cual le presenta así: “Abogado y Notario. Cuenta con una amplia experiencia en materia tributaria siendo su más reconocida faceta su paso por la DGT donde marcó un antes y un después en la gestión tributaria en Costa Rica. Fue director de la Cátedra de Impuestos de la Facultad de Derecho de la UCR y fue gerente para impuesto de Intel para América Latina. Actualmente es asesor de importantes empresas nacionales y multinacionales, miembro de la Comisión Fiscal de la Unión de Cámaras y Asesor Fiscal de la Cámara de Industrias. Litiga en materia tributaria y es un reconocido expositor en foros nacionales e internacionales”.

Dice Deloite que don Francisco Villalobos Brenes, como Director General de Tributación, marcó “…un antes y un después en la gestión tributaria en Costa Rica”. Hay que preguntarse en qué consistía ese “antes” y que es lo que quedó “después” …

Como se recordará, paradojas de paradojas de la vida, don Francisco tuvo que abandonar ese cargo cuando se hizo público que él mismo estaba moroso con la Tributación, por la cantidad de 1 millón 800 mil colones dejados de pagar por concepto de impuesto sobre la renta.

¡No lo dude! Don Francisco Villalobos Brenes, también, le puede contar mucho a la ciudadanía y a la sociedad acerca de su paso por la Dirección General de Tributación (DGT).

Antes de él, otro don Francisco estuvo a cargo de la DGT: don Francisco Fonseca Montero.

¡Qué va! Incluyendo al actual, los señores que han tenido responsabilidad como máximas autoridades políticas de la DGT en los últimos tiempos, especialmente en el período analizado en el “informe de la vergüenza tributaria 2018” están en deuda con la sociedad y ésta, bien organizada, debe exigir cuentas y no permitir impunidad alguna en este caso: el robo de impuestos, con ropaje legal o sin él, es un crimen contra toda la sociedad.

Por Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Creemos que no había ocurrido en los últimos tiempos un episodio de la realidad nacional que esté causando tanto indignación popular y enorme furia ciudadana, como la revelación de la lista de “grandes contribuyentes” (debemos ponerlo entrecomillado, por razones obvias), dada conocer el pasado miércoles 6 de diciembre de 2018, a regañadientes y contra su voluntad, por parte de la señora Ministra de Hacienda, doña Roció Aguilar Montoya.

Cumplió ella sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que así se lo ordenó, al haberle dado la razón a un estimable grupo ciudadano, mediante un recurso de amparo oportunamente interpuesto, el cual fomenta una causa de lucha social denominada Territorios Seguros, quienes realizan un quehacer por el desarrollo de la Democracia al amparo del artículo 9 constitucional.

Podemos decir que estamos en presencia del escándalo tributario más relevante de la historia republicana costarricense,considerando los nombres de las firmas de las mega corporaciones y empresas involucradas; así como las identidades de los personajes del mundo de los negocios y de la política que tienen relación con la actividad de dichas entidades lucrativas del sector privado de la economía.

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Por Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

“Golpe de Estado blando” es un término oportunísimo, esclarecedor, estremecedor y provocador que expresó el distinguido ciudadano don Arnoldo Mora Rodríguez refiriéndose a la situación actual del país.

Don Arnoldo es un “…filósofo costarricense, con una amplia y fértil trayectoria intelectual, en el ámbito universitario, político y cultural. Cuenta con un… doctorado en Filosofía, de la Universidad de Lovaina, Bélgica, y una extensa carrera docente, de más de cuatro décadas, en las más importantes universidades estatales costarricenses” (página web de la Editorial Costa Rica).

Estamos hablando de un compatriota muy estudiado que, compártase o no su pensamiento, es una persona que genera mucho respeto.

Don Arnoldo es del criterio de que, el pasado viernes 23 de noviembre, ocurrió en Costa Rica un golpe de Estado blando.

Los siete magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo protagonizaron con su fallo a favor del más detestado proyecto de ley de los últimos tiempos, el expediente legislativo No. 20.580, popularmente conocido por el pueblo como combo fiscal y al que en el lenguaje del autoritarismo gobiernista PLUSC-PAC se le conoce como Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El pasado martes 27 de noviembre, quien esto escribe publicó un artículo en La Prensa Libre (digital), al respecto de esta histórica circunstancia sociopolítica que estamos viviendo. Nuestro artículo para el Decano de la Prensa Nacional lo titulamos: “El fallo del compadre hablado” (http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/143539/el-fallo-del-compadre-hablado). Nuestra posición es que el fallo constitucional a favor del combo fiscal promovido por la tríada gobiernista PLUSC-PAC estuvo previamente concertado y la Sala IV se alineó con la matriz hegemónica del actual poder político-económico, viabilizando la votación del combo fiscal en segundo debate.

El maestro don Arnoldo Mora Rodríguez, afortunadamente, hace un profundo análisis al respecto, muy valioso para quienes que somos miles hemos decidido emprender el camino empedrado de la resistencia cívica al dictado autoritario del gobiernismo PLUSC-PAC, sus soportes mediáticos y, ahora, hasta el propio tribunal constitucional.

El golpe de Estado blando se materializó cuando la Sala IV da el aval para que el combo fiscal se vote en segundo debate con 29 votos; pasándole por encima a la máxima autoridad judicial del país que es la Corte Plena, la cual ya había decidido que dicha legislación afecta su vida organizacional interna; por tanto, lo requerido en esa segunda votación son 38 votos.

Don Arnoldo formula una interpretación política de ese golpe de Estado blando con esta lectura política: “…los magistrados dieron a conocer el mencionado fallo, tan ansiosa por no decir angustiosamente, esperado en los círculos políticos nacionales y en los organismos financieros internacionales. La respuesta de los magistrados fue la ordenada por los organismos financieros con la genuflexa complacencia de nuestros políticos. Para lograr la apetecida respuesta, unos y otros crearon, con el apoyo cómplice de un poderoso círculo de medios de comunicación, que no se cansaron de malinformar y manipular a la opinión pública, una atmósfera apocalíptica rayana en la histeria, hasta el punto de que el propio Presidente al que no se cansaron de hacer coro sus principales ministros liderados por el presidente del Banco Central, especie de procónsul representante del Fondo Monetario Internacional, les dio a entender a los magistrados que, si se negaban a legitimar la constitucionalidad del procedimiento empleado para aprobar el mencionado paquete tributario, ellos los magistrados serían responsables por la hecatombe que sobrevendría al país; pues no habría dinero para pagar a los empleados públicos, ni para hacerles frente a las deudas contraídas ante los organismos internacionales; en vista de lo cual, esos organismos cerrarían todas las puertas para presentar eventuales futuras solicitudes de crédito”.

¡Una valoración política atinadísima nos formula el Dr. Mora Rodríguez acerca del significado del fallo del compadre hablado! Nosotros nos quedamos cortísimos. Lo que ocurrió, en realidad, ¡fue un golpe de Estado blando!

Es evidente que a nuestra amada Patria la están sometiendo al diktat político de los poderes hegemónicos económico-mediáticos actualmente dominantes, de los cuales Alvarado Quesada es su gerente de gestión política con el cargo formal de presidente de la República; circunstancia acentuada luego de la adscripción a los mismos de la Sala IV con la emisión del fallo del compadre hablado.

Tienen ellos ahora el control de los tres poderes formales del Estado, más los poderes fácticos del capital neoliberal, especialmente los latifundios mediáticos que se han convertido, ahora sí sin duda alguna, en los reales partidos políticos quedando como mampara, para efectos oficiales, los de la tríada gobiernista PLUSC-PAC.

La semana próxima, Dios mediante, continuaremos con la segunda parte del golpe de Estado blando que acaba de ocurrir en nuestra Patria.

Por Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

“Reforzar el poder de los trabajadores y las trabajadoras-Cambiar las reglas” es el lema principal de un gran evento del sindicalismo mundial que empezó este domingo 2 de diciembre en Copenhague, Dinamarca.

Se trata del cuarto Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional (siglas en español CSI), a la cual está afiliada la corriente de lucha popular en la cual militamos, aquí en Costa Rica, registrada ante la CSI como Central Social Juanito Mora Porras-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (CSJMP-ANEP).

Nuestro compañero de causa, el Lic. Wálter Quesada Fernández, reconocido líder sindical-social nacional y, específicamente, de la indicada corriente, está presente en este evento de tanto calibre para la causa obrera internacional. También está presente el señor Lenín Hernández Navas, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. (CTRN).

Este cuarto congreso mundial de la CSI se da en el marco de los preocupantes datos que arrojó el Índice Global de los Derechos de la CSI 2018; marcando para el mundo del trabajo, a escala planetaria, dos aspectos sumamente negativos.

De dicho documento, prácticamente de manera integral, les compartimos la siguiente información; imposible de que la misma sea de su conocimiento por las vías tradicionales y sistémicas de la comunicación de masas (https://www.ituc-csi.org/indice-global-de-los-derechos-de-20302?lang=en).

En dicha dirección web leemos: “La CSI ha venido recopilando información sobre las violaciones de los derechos de los trabajadores a la sindicalización y a la negociación colectiva en todo el mundo desde hace más de 30 años. Este es el quinto año en que la CSI presenta los resultados a través del Índice Global de los Derechos, que aporta un enfoque único y exhaustivo sobre la manera en que las leyes gubernamentales y las prácticas empresariales han deteriorado o mejorado en los 12 meses precedentes”.

Por un lado, los sindicatos estamos desarrollando nuestro estratégico accionar enfrentando una reducción del espacio democrático. Por otro, tenemos el ataque voraz de una codicia corporativa sin freno.

“La democracia está siendo atacada en países donde no se garantizan los derechos de la población a organizarse, expresarse y emprender acciones. Brasil aprobó leyes que deniegan la libertad sindical, China restringe la libertad de expresión y en Indonesia se recurrió al ejército para reprimir disputas laborales”, indica la CSI.

Cada vez más países excluyen a trabajadores de la cobertura de la legislación laboral: desde trabajadores/as migrantes a funcionarios públicos o empleados en empresas de plataformas. El 65% de los países excluyen a ciertas categorías de trabajadores de la legislación laboral.

“El trabajo decente y los derechos democráticos fueron debilitados en prácticamente todos los países, mientras que la desigualdad continuó en aumento. Se trata de un problema avivado por el comportamiento inaceptable de numerosas multinacionales, como Samsung, cuyas prácticas antisindicales deniegan a los trabajadores/as la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, tal como quedó al descubierto en documentos incautados en sus oficinas en Corea. Y el poder empresarial de Amazon continúa creciendo sin freno alguno, con prácticas que van desde tratar a sus trabajadores como robots a amenazar con poner fin a su expansión en Seattle a causa de propuestas fiscales para la creación de viviendas asequibles”, según declaraciones de Sharan Burrow, Secretaria General (saliente), de la CSI.

El Índice Global de los Derechos de la CSI 2018 clasifica a 142 países en función de 97 indicadores reconocidos internacionalmente, para evaluar dónde están mejor protegidos los trabajadores, tanto en la ley como en la práctica.

Las principales conclusiones del informe son:

65% de los países excluyen a trabajadores de la legislación laboral.

87% de los países han vulnerado el derecho de huelga.

81% de los países deniegan a algunos o a todos los trabajadores la negociación colectiva.

De los 142 países examinados, 54 deniegan o limitan la libertad de expresión y de reunión.

El número de países en que los trabajadores/as están expuestos a violencia física y amenazas aumentó en un 10% (de 59 a 65) incluyendo a Bahréin, Honduras, Italia y Pakistán.

Los países donde se ha arrestado y detenido a trabajadores pasaron de 44 en 2017 a 59 en 2018.

En nueve países se asesinó a sindicalistas: Brasil, China, Colombia, Guatemala, Guinea, México, Níger, Nigeria y Tanzania.

La clase trabajadora del planeta sufre todos los días. La indicada líder sindical apunta lo siguiente en el mencionado informe:

“Desde ataques a las libertades civiles, arrestos, detenciones y encarcelamientos arbitrarios de trabajadores, la erosión de la negociación colectiva y la creciente criminalización del derecho de huelga, a la exclusión de trabajadores de la protección laboral, se registra un incremento en las violaciones de los derechos de los trabajadores/as. Se trata de una amenaza global a la democracia y la seguridad. Los Gobiernos deben actuar en interés de los trabajadores y trabajadoras. Es necesario cambiar las reglas para poner fin a las violaciones y frenar la codicia corporativa”, afirmó Burrow.

En el caso de nuestro continente la situación para el movimiento obrero sigue siendo muy peligrosa: “Las Américas continúan siendo un continente plagado por un clima generalizado de extrema violencia y represión contra los trabajadores y sindicalistas; tan solo en Colombia fueron asesinados 19 sindicalistas el año pasado, lo que representa un aumento considerable respecto a los 11 registrados el año anterior”.

Las tres tendencias mundiales sobre los derechos de los trabajadores/as identificadas en el Índice Global de los Derechos 2018 son la reducción del espacio democrático, la influencia empresarial ilimitada y la importancia de la legislación.

La real y verdadera Democracia va de la mano de la plena práctica de la Libertad Sindical. Sin duda alguna, nadamos contra corriente. A pesar de tanta adversidad, debemos seguir en esta lucha quienes creemos que otro mundo es posible.

Por Albino Vargas Barrantes
Secretario General de ANEP

Se espera para este próximo miércoles 5 de diciembre, la publicación del listado de empresas privadas-grandes contribuyentes que en los últimos años han venido reportando al Ministerio de Hacienda-Tributación, cero ganancias y/o pérdidas. Una especie de asalto legalizado a las finanzas públicas.

La ciudadanía honesta de este país, la que sí paga sus impuestos de ley, especialmente la clase trabajadora pública y privada, ha venido celebrando esta histórica decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; tribunal que acogió un recurso interpuesto por los ciudadanos don Jorge Vizcaíno Porras y Lía Sánchez Agüero, integrantes activos de una organización cívica que invoca el poder del soberano-pueblo en cuanto a la definición de las grandes líneas de la política del país.

No hay duda de que estamos de cara a un acontecimiento político que gran relieve. Por eso debemos sacarlo el mayor provecho, dando a conocer por todos los medios a nuestro alcance ese listado.

Además, tenemos la posibilidad de impulsar diversas acciones de sensibilización a las personas consumidoras que acuden a esas empresas a comprar los artículos-servicios que producen y/o venden, de forma que las evidenciemos al máximo para avergonzarlas y para cuestionarles su “ética corporativa”.

A lo mejor, en algunos casos podría pensarse en boicot de compras, deliberada y responsablemente promocionado, considerando que el grave problema fiscal del país tiene en el robo de impuestos una enorme base de sustentación.

Adicionalmente, será de igual relevancia conocer los nombres de las firmas-empresas que llevan la contabilidad de esas grandes corporaciones que declaran cero ganancias y/o pérdidas, por cuanto es de suponer que esa categoría de grandes contribuyentes que les otorga el Ministerio de Hacienda, nos lleva a estimar que sus contabilidades deben ser llevadas por firmas de prestigio en el campo contable. Sin duda alguna con tales datos en manos ciudadanas, nos podríamos llevar grandes sorpresas con presuntas reputaciones públicas de gran solvencia ética y moral que no lo serían tanto.

En esto del robo de impuestos, también queremos resaltar la más reciente acción impulsada por el señor diputado don José María Villalta Florez-Estrada, al acudir al mismo tribunal constitucional para que la cartera ministerial de Hacienda dé el listado-nombre de aquellas empresas y corporaciones que se han de beneficiar con la escandalosa y vulgar disposición de amnistía tributaria contenida en el detestado proyecto de ley 20.580, el combo fiscal.

La Sala IV no tendrá más opción que resolver en concordancia con lo que al respecto definió en el caso de las grandes corporaciones que declaran pérdidas y/o cero ganancias, por lo cual será de extraordinario interés ciudadano conocer, también, este tipo de favorecimiento tributario a gran escala para el alto corporativismo empresarial del país; gran afortunado éste, por cierto, de las políticas que viene adoptando la tríada gobiernista PLUSC-PAC.

Al igual que en el caso anterior, enorme interés de nuestra parte por conocer este segundo listado en la categoría de robo de impuestos en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él.

Cuando lo tengamos, será de enorme valía para la lucha popular que ha de enfrentar nuevos episodios de agresión neoliberal en contra del pueblo trabajador, pues se convertirán en nuevas banderas de lucha en el marco de la confrontación de clases que ha provocado el combo fiscal y los sectores dominantes que le han impulsado.

En este caso de la iniciativa cívica y popular que representa esta ya larga jornada a favor de una verdadera transformación tributaria estructural, conviene impulsar una nueva acción ante la Sala IV: urge saber la lista de contribuyentes morosos con la administración tributaria del país y cuyos expedientes pendientes de cobro se perdieron en el Ministerio de Hacienda.

Según datos de prensa del año pasado 2017, al menos unos 7 mil expedientes se habrían “extraviado”, generándose así uno de los más escandalosos episodios de fraude fiscal ocurridos en los últimos tiempos.

No se puede negar que conocer el nombre de las personas y/o empresa en tal caso, de expediente de cobro judicial “extraviado”, nos llenará de enormes sorpresas.

Al ser Costa Rica un país con una defraudación fiscal monstruosa, teniendo nuestra nación una estructura tributaria radicalmente injusta, que en estos tres aspectos del robo de impuestos pudiera el pueblo conocer las personas-empresas ladronas de impuestos, debemos considerarlo un avance en esta fuerte y desigual cruzada cívica que se ha venido sosteniendo contra el injusto paquetazo de impuestos neoliberal, expediente legislativo 20.580, el del fallo constitucional del compadre hablado.

Que sepamos cuáles son esas empresas-grandes contribuyentes que han venido declarando pérdidas o cero ganancias; que podamos conocer los nombres de las entidades corporativas de negocios beneficiadas con la amnistía tributaria que concede el repudiado combo fiscal; y, que tengamos a manos las identidades de los expedientes de cobro administrativo tributario “extraviados” en el Ministerio de Hacienda, representan nuevas banderas de lucha para levantar en contra del corrupto sistema político-económico de la gestión hegemónica que todavía nos sigue gobernando.