El fraude fiscal a gran escala: la huelga y lo que sigue

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Que el salario devengado por el empleo público no es responsable del déficit fiscal: ¡batalla de ideas ganada! Que la clase trabajadora asalariada de los sectores estatal y privado no roba impuestos: ¡batalla de ideas ganada! Que el sistema tributario costarricense es corrupto y es injusto: ¡verdad irrefutable! Que el combo fiscal, ahora ley de la República No. 9635, se le impuso al pueblo trabajador-pagador puntual de impuestos, con artimañas y triquiñuelas político-jurídicas, incluyendo el fallo constitucional del compadre hablado, es otra verdad que la clase política tradicional (el PLUSC-PAC) no puede negar.

Que el robo de impuestos en todas sus manifestaciones y versiones, con ropaje legal o sin él, es el problema número uno de la sociedad costarricense actual, ha quedado completamente comprobado, de manera inobjetable. Así lo demuestra -en apenas una pequeña parte-, la lista de los “grandes contribuyentes” que forzosamente la Ministra de Hacienda tuvo que dar a conocer, a raíz del recurso de amparo interpuesto por la organización cívica Territorios Seguros.

¡La huelga triunfó! Moral y éticamente, el Movimiento Patriótico contra el Combo Fiscal ha triunfado. Las trampas que la tríada gobiernista PLUSC-PAC hizo para imponérnoslo incluyen el ocultamiento de esa lista entregada a los recurrentes del amparo constitucional, en oficio del Ministerio de Hacienda con fecha del mismísimo día en que ese detestado proyecto de ley era votado a trompada de loco en primer debate, día lunes 3 de diciembre; y, para ser firmado por el Ejecutivo en la noche de ese mismo día, publicándose, ya como ley No. 9635, en el diario oficial La Gaceta, el martes 4 de diciembre, un día antes de que la ya famosa lista fuera dada a conocer, el día miércoles 5 de diciembre. ¡Tramposos!

Muy probablemente, si esa “Lista de la vergüenza tributaria 2018” (como la denomina un buen amigo de las causas sociales que defendemos), se hubiese dado a conocer antes de la votación de segundo debate, a golpe de tambor ese lunes 3 de diciembre, el combo fiscal no se habría votado.

Seguros estamos de que el impacto indignante y la más que justificada furia ciudadana que ha causado en la sociedad conocer de esa lista habría llevado a varios diputados a cambiar su voto y no dárselo a la ahora ya ley del combo fiscal, número 9.635.

La férrea oposición del Movimiento Sindical Costarricense y de otros sectores sociales en esta ya histórica lucha contra el combo fiscal y por la justicia tributaria, ha tenido sentido. Particularmente, el Magisterio Nacional merece todos los honores pues han sido el bastión fundamental de esta gesta social. Igualmente, miles de otras personas trabajadoras asalariadas del sector Público se llevan grandes reconocimientos ante el altar de la Patria, como los cientos y cientos servidores públicos municipales quienes, a lo largo y ancho del país, sostuvieron este movimiento que llegó hasta el día 89. Insigne ha sido la participación de muchísimos compatriotas del campo agricultor con producción destinada al mercado interno, castigados por ese injusto paquete tributario, impuesto con artimañas como ya ha quedado totalmente demostrado.

La Lista de la vergüenza tributaria es apenas la punta del iceberg de la perversidad intrínseca del actual sistema tributario costarricense. Este es injusto con cientos y con cientos de micro-emprendimientos empresariales, con pequeñas y medianas empresas agobiadas por las responsabilidades tributarias, las de la Seguridad Social y/o las de orden municipal. Y ya hemos planteado hasta la saciedad, la grave agresión que representa el pago de impuestos para las personas asalariadas y sin empleo.

Por otra parte, tenemos el espantoso nivel de endeudamiento público que padece el país que, pensamos nosotros, es consecuencia directa de ese perverso sistema tributario regresivo y, paralelamente, del fraude fiscal a gran escala. Son demasiados años de fraude fiscal continuado y multidiverso, dentro de la legalidad o fuera de ella; y, en paralelo, un proceso de endeudamiento continuado con una lógica que pareciera indicar esta relación: a más fraude fiscal, más deuda pública. La deuda pública, el fraude fiscal a gran escala y los impuestos sobre la clase trabajadora, están vulnerando la Democracia misma.

Y, entonces, luego de la huelga, ¿qué sigue? Uno piensa que deberíamos impulsar un nueva rearticulación cívico-social, de gran contenido patriótico y soberanista para, al menos, impulsar estos tres ejes de trabajo: una auditoría ciudadana de la deuda pública, la transformación estructural del sistema tributario del país (empezando por impulsar recomendaciones como las arrojadas por la investigación legislativa de los Panama Papers); y, construir una especie de frente político-civil para darle un buen músculo a la resistencia popular que debe enfrentar el problema del avance de la corrupción y del fraude fiscal, del autoritarismo en Democracia y de la exclusión social generadora de mayores niveles de violencia en todos los órdenes.

Por supuesto que son solamente algunos planteamientos personales formulados con mucha sinceridad y transparencia. ¡No los únicos! Afortunadamente, luego de esta huelga ya no seremos la misma sociedad; y, luego de la Lista de la vergüenza tributaria 2018, tampoco. La lógica furia ciudadana ante estas revelaciones, más las que faltan, señalan las potencialidades de un nuevo sendero de tránsito democrático-civil y social que le espera al pueblo costarricense, prácticamente huérfano de representación político-partidista, pero no así de una Constitución que nos da amplia base de acción para enfrentar al egoísmo de la clase hegemónica que nos está conduciendo al despeñadero.

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