Categoría: Opinión

Tales informaciones no necesariamente provienen de fuentes oficiales, aunque sí con cierto carácter de verosimilitud, por la credibilidad que tienen quienes nos las comparten.

Esto es así, dadas las conexiones de las relaciones sociopolíticas del día a día, que se presentan en las esferas y en los espacios de poder y/o de toma de decisiones.

Y esto ocurre tanto en el plano del poder formal como y muy especialmente en el plano del poder real.

Aunque ya estamos acostumbrados a ello, sí llama la atención el alto grado de violencia político-verbal y escrita que se está desplegando en estos momentos en contra de las personas trabajadoras asalariadas del sector público.

Tal violencia está siendo ejercida, principalmente, por los fácticos poderes del latifundismo mediático-Grupo Nación (ya plenamente identificado como enemigo de clase de quienes laboran para el Estado); consorcio empresarial que se ha visto envuelto en acusaciones de presunto fraude fiscal-tributario.

En consecuencia, se está mostrando así una interrelación de circunstancias, acontecimientos y decisiones de carácter estratégico entre las ideologizadas “informaciones de prensa” de esas matrices mediáticas antiobreras, con decisiones gubernativas del clan económico controlador de la administración gubernativa que recién acaba de comenzar; con gran resonancia a lo interno del Parlamento por parte de algunas voces diputadiles dispuestas a ejercer una especie de sicariato político en contra del empleo público y de los sindicatos que le representan, según la Constitución y la ley.

Muchas personas trabajadoras que le votaron al actual Presidente, se muestran en estos momentos atónitas ante las decisiones tomadas por este en el campo fiscal-tributario y del empleo público.

¿Por qué? Pues la línea político-ideológica de tales decisiones son las que han venido siendo promovidas, intensamente, en los últimos tiempos desde el periodismo ideologizado a favor del mercado libérrimo, para el cual lo importante es la actividad privada en el más amplio sentido del término.

Esta visión ideológica (por ahora, dominante), considera que lo público es un estorbo, en unos casos; o, en otros, es para apropiación mercantil en el caso de prometedores servicios públicos cuya privatización se ha retardado demasiado.

Es en este contexto que nuestros informantes nos hablan de que el presidente Alvarado, mediante las medidas de contención del gasto y rebajas salariales en el sector público anunciadas ya por su Ministra de Hacienda (por cierto, hija política predilecta del latifundismo mediático enemigo del empleo público), estaría así brindando una especie de “ofrenda sacrificial” con el ataque a mansalva al empleo público.

Así lograría él que el enfoque “informativo” de su gestión gubernativa se exprese positivamente y, por tanto, no sufra un gran e inducido deterioro de imagen ante la ciudadanía; a modo de que “se le deje gobernar” y, en la primera encuesta de su mandato, aparezca en alta calificación a partir de los réditos del ataque al empleo público.

Esta especie de coordinación ideológica entre el gabinete económico gubernativo (la “troika” Rodolfo Piza-Edna Camacho-Rocío Aguilar), el presidente Alvarado y el latifundio mediático enemigo del empleo público, genera más asombro entre los y las votantes de él (en especial, en segunda ronda).

¿Por qué? Por su empecinamiento confrontativo de insistir en el paquetazo de impuestos-combo fiscal (expediente legislativo 20.580), cargado de inequidad, potenciador de más concentración de riqueza, profundizador de la desigualdad y generador de más altos niveles de corrupción, vía un aumento del fraude fiscal con el robo de impuestos.

Estas dos fundamentales decisiones de política fiscal (ataque al empleo público y paquetazo de impuestos), ejecutadas por el nuevo Gobierno (al menos de la parte de este que tiene “la sartén por el mango”, la indicada troika), socavan la aspiración fundamental del eje fundacional del Partido Acción Ciudadana (PAC), de ser la “nueva” socialdemocracia costarricense, luego de la total neoliberalización del PLN, hoy en bancarrota política prácticamente irreversible.

El recortismo presupuestario-salarial con su mezcla tóxica de emocionalismo ideológico (“es la moda”), más incrementar la esencia regresiva del sistema tributario nacional (el combo fiscal-expediente 20.580), solamente puede garantizar la estabilidad del proceso concentrador de riqueza para el beneficio del “primer” segmento de la sociedad al que la ido bien, pero muy bien en los últimos tiempos, a pesar de que decrece en tamaño, pero no en acumulación.

Los otros dos segmentos (de los tres en que está partida la sociedad costarricense actual): al que le va y le sigue yendo mal y cada vez más mal (creciendo en tamaño, pero sin posibilidad ya de acumulación alguna); así como el segmento de los que todavía resisten la exclusión (mediando altísimos niveles de endeudamiento, o con empleo fijo, pero con salarios congelados y, ahora, a la baja), no importan para los efectos del abordaje oficialista del problema grave del déficit fiscal.

Ambos segmentos parecen haber sido sentenciados ya a “ganar menos… pagar más”, no descartándose un aumento de sus penas en el corto plazo dado que la “ofrenda sacrificial” que el presidente Alvarado ofrece es solamente para incrementar el endeudamiento del país en mil millones de dólares más, sin decisiones realmente sostenibles sobre el déficit.

Las decisiones que corresponde tomar al efecto deben ser por un único lado: del lado del segmento al que la ha venido yendo bien, pero muy bien, en los últimos Gobiernos.

Todo el análisis anterior nos lleva a concluir: ¿estaríamos ya en la conformación de un escenario muy tenso? ¿El de clase contra clase…?

Con gran despliegue mediático, sobre todo de parte de la prensa ideológicamente contraria y enemiga de la clase trabajadora, especialmente la que es asalariada del sector Público; la señora Ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar Montoya, dio a conocer las “primeras medidas de contención del gasto”, centradas éstas en el marco de la intensa y tóxica campaña propagandística sobre el problema del déficit fiscal.

Contrariamente a lo que debería haber sido una propuesta de abordaje integral de este grave problema nacional; de manera irresponsable, irreflexiva y pérfidamente malintencionada, las “primeras medidas de contención del gasto” pretenden un relanzamiento de la que ya considerábamos derrotada tesis de que el déficit fiscal se debe los salarios devengados por la clase trabajadora estatal.

La carga ideológica de las decisiones anunciadas por doña Rocío en contra del empleo público, queda completamente desenmascarada si nos ponemos a hablar de números, de cifras, tomando como base datos oficiales ya aceptados por todos los sectores.

¡Miren ustedes la patraña que encierran las “primeras medidas de contención del gasto” con las cuales, además, se pretende abrir más espacio político a la aprobación del paquetazo de impuestos, combo fiscal, expediente legislativo 20.580, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. Tomemos debida nota de lo siguiente:

Es oficial que un punto porcentual de lo que se denomina el Producto Interno Bruto (PIB), hoy en día está en la cifra de 350 mil millones de colones: 350.000.000.000.

También es oficial que las cifras de evasión fiscal, de robo de impuestos con ropaje legal o sin él, de elusión tributaria y similares, equivale a 8.2 puntos de Producto Interno Bruto (PIB).

Si usted multiplica 8.2 por 350 mil millones de colones (el valor de cada punto PIB), usted obtiene esta cantidad: 2 billones 870 mil millones de colones; en cifras, 2.870.000.000.000.

Es ésta la cantidad que las arcas públicas dejan de percibir, anualmente, producto de los evasores fiscales de toda ralea y de los inescrupulosos bufetes que les dan el ropaje legal para esta acción criminal contra toda la sociedad.

Con estos datos, veamos ahora las cifras de doña Rocío con sus “primeras medidas de contención del gasto”, centradas éstas en el ataque salarial al empleo público, básicamente. Redondeadamente hablando, unos 50 mil millones de colones es la reducción pretendida en gasto público vía ataque salarial.

Es decir, en este primer golpe directo al bolsillo obrero del empleo público, doña Rocío logra, apenas, una reducción de 0.14 puntos de PIB en materia de déficit fiscal.

Compare ahora la maldad político-económica de estas “primeras medidas de contención del gasto” de doña Rocío: mientras el robo de impuestos y la evasión fiscal seguirán sin ser combatidos con firmeza política contundente, manteniéndose en ese 8.2 puntos PIB; miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público sufrirán una reducción en su nivel de ingreso salarial, con gran daño individual-familiar; aunque colectivamente hablando y para efectos de déficit fiscal, doña Rocío solamente logrará una merma de 0.14 puntos PIB.

Los 0.14 puntos PIB que doña Rocío quiera obtener como contención del gasto (50 mil millones de colones), generando gran daño social y alimentando un ambiente de confrontación, se pueden obtener logrando una reducción en el robo de impuestos de un 1.74 por ciento de esos 2 billones 870 mil millones de colones de cifra macro de evasión fiscal-tributaria.

Es más, como la cantidad de robo de impuestos al día (cada 24 horas) es, en promedio, de casi 8 mil millones de colones; los 0.14 puntos PIB que doña Rocío expoliará de los bolsillos de la clase trabajadora del sector Público, esos 50 mil millones, equivalen a unos 6 días de robadera fiscal vía evasión tributaria.

Las “primeras medidas de contención del gasto” de doña Rocío son una cortina de humo en aras de conseguir el objetivo fiscal supremo de corto plazo: lograr que en la Asamblea Legislativa se apruebe el combo fiscal, el paquetazo de impuestos.

Pero, ella y los que piensan como ella obtienen una “ganancia adicional”, incrementar la satanización ideológica contraria al empleo público; para así volver a posicionar en el común denominador de la opinión ciudadana de que el déficit fiscal es responsabilidad de los salarios del empleo público.

El déficit fiscal es el engendro maligno de una perversa estructura tributaria que tiene en el robo de impuestos su magnitud más fuerte. Cada hora, quienes roban impuestos se dejan 332 millones de colones. Cada día (cada 24 horas), son casi 8 mil millones de colones de evasión fiscal. Al año, los indicados 2 billones 870 mil millones de colones: 2.870.000.000.000.

Por supuesto que entrar a corregir el grave problema del déficit fiscal por este camino, el combate frontal al robo de impuestos, implica desafiar poderes económico-financieros muy afines al pensamiento de doña Rocío (“los de arriba”).

Ella prefirió con sus “primeras medidas de contención del gasto”, golpear a “los de abajo”. Agredidos que son, éstos han quedado completamente obligados y legitimados para autodefenderse… ¡en la calle!

Doña Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda, tiene su propia visión de mundo, como corresponde en una sociedad democrática para cada persona ciudadana que convive en la misma.

La de doña Rocío es la del “todo mercado-nada Estado” pues gran parte de su trayectoria de vida personal, profesional, académica y convivencial ha estado marcada por su paso por la actividad privada-mercantil en el extinto banco privado BANEX, posteriormente absorbido por el Banco del Istmo (BDI) y, a su vez, éste por el HSCB. Por ahí anda la cosa, según entendemos.

En tal sentido, el mundo de las relaciones sociales de doña Rocío ha sido el mundo de los negocios, esencialmente; rodeándose ella de grupos corporativos y familiares ligados a connotados apellidos de la “high class” tica como Jiménez Borbón, Beck, Rodríguez Echeverría, Yankelewitz, Montealegre, Kissling y otros de parecida naturaleza.

Ideológica, intelectual y académicamente doña Rocío responde a los pensamientos macroeconómico-políticos de entidades como la Academia de Centro América y la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE); esos centros de pensamiento criollos (“think tanks”), dedicados a la promoción de las ideas del “todo mercado-nada Estado”.

¿Es todo esto un delito?¡Por supuesto que no! ¿Desdice ello algo de la estatura moral y ética de doña Rocío? ¡Por supuesto que no! Y, entonces, ¿por qué hacer mención de esto?

Cuando analizamos el comunicado público del Gobierno de la República, titulado “Presidente Alvarado materializa primeras medidas de contención del gasto”, dándonos a conocer que el Presidente Alvarado junto a doña Rocío firmó cuatro decretos, cinco directrices y un proyecto de ley al respecto (contención del gasto); se nota sin duda alguna, la carga ideológica centrada en el ataque a todo lo que representa el sector Público y, particularmente, al empleo público y su complejo sistema de remuneraciones.

Luego de tantos y tantos días, semanas y meses de la más intensa ofensiva de agresión psicológica y de terrorismo ideológico de los últimos tiempos en contra de todo lo público, del empleo público y de los salarios del personal estatal nacional; el indicado comunicado gubernamental representa la primera concreción material de corte integral en la política pública, del intenso odio de clase, de la clase hegemónicamente dominante en contra de la clase trabajadora asalariada del aparato público costarricense.

Al desagregar cada una de las “primeras medidas de contención del gasto” (es decir, esperemos más), se nota el profundo afán ideológico-político de asociar el tema del déficit fiscal con el sistema salarial del empleo público.

Según doña Rocío, con sus “primeras medidas de contención del gasto”, las reducciones salariales incluidas representan un 0.14 de Producto Interno Bruto (PIB), unos 50 mil millones de colones; cifra ridícula considerando la magnitud, el tamaña del déficit fiscal al terminar este año (7.1 puntos PIB), según la oficialidad neoliberal. Entonces, ¿cuál es la razón de meterse con el salario del empleo público en este contraste de cifras con relación al déficit fiscal?

He aquí la clave: avanzar más en el proceso ideológico-mediático de satanización de la gran ofensiva de los últimos tiempos en contra de todo lo que huela a sector público, a empleo público, al salario vigente en el mismo, aunque sus excesos son ya muy puntuales y están identificados.

Cual circo romano, en el ensañamiento del ataque de la visión ideológica de mundo de doña Rocío a todo lo que representa el sector público, se deja constancia de ese odio de clase; mismo reiteradamente expresado por varios consorcios mediático-empresariales que reproducen, todos los días, uno de los subjetivismos periodísticos más injustamente infames de intoxicación propagandística que jamás habíamos presenciado antes en la Costa Rica republicana.

“Las primeras medidas de contención del gasto” se anuncian para su imposición autoritaria, verticalista y con el clásico contenido prepotente de las funestas “terapias de shock” que emplean las clases dominantes cuando su política económica se les empezó a salir de control.

Además, complementan el despliego de una estratagema urdida para alcanzar el objetivo estratégico de cortísimo plazo: la aprobación legislativa del detestado proyecto combo fiscal, pomposamente denominado “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, con el cual se habrá de profundizar la peligrosa senda de la desigualdad y de la inequidad en cuanto a carga tributaria.

Esta es la trampa: le damos circo romano a la opinión pública con el ataque a los “privilegiados” salarios de los empleados públicos, por un lado; y, por otra, logramos la aprobación del combo fiscal, el paquetazo de impuestos (expediente 20.580); tratando de que los sindicatos del sector público, notable vanguardia en el enfrentamiento de este paquetazo, se desgasten confrontando las “primeras medidas de contención del gasto”. Esperamos que miles respondamos en la calle que tal estratagema no les funcionará.

Formulamos un respetuoso y vehemente llamado al señor Presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, a fin de que cese ya, de inmediato, la intervención del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), misma que debió concluir desde marzo pasado, luego de ajustar 18 meses (aunque al inicio se decretó una intervención de 11 luego y se amplió 7 más).

En este momento, el estado actual del INFOCOOP es de estar sufriendo una intervención de facto.

Esta situación es más delicada pues se desconoce la naturaleza de un inminente proceso de reestructuración, promovido en una especie de ambiente de secretismo que podría estar cargado de subjetividades y de revanchismo, a sabiendas de que la institucionalidad del INFOCOOP se ha visto muy controvertida por desavenencias imprudentes gestadas en su interior en los últimos tiempos.

A estas alturas ya están determinadas las responsabilidades individuales y en desarrollo los diferentes procesos administrativo-penales de los presuntos yerros cometidos en gestiones políticas anteriores; razón por la cual, ampliar la polémica intervención (y mucho menos, que ésta sea ahora de facto), no contribuye para nada al reencuentro interno de uno de los movimientos sociales más significativos en el desarrollo de la democracia costarricense; reencuentro que es más que necesario y fundamental en momentos en los cuales nuestra Patria vive un doloroso proceso de crecimiento de la desigualdad y de la exclusión sociales, lo cual amerita (entre otras medidas), un relanzamiento de la opción cooperativa en nueva dimensión en cuanto a generación de empleo y de movilidad social.

Sin entrar a juzgar la naturaleza de los alcances de la intervención y la oportunidad de la misma, desde un inicio la apoyamos considerando que el INFOCOOP debía recuperar, con toda contundencia, su autonomía, su independencia y, sobre todo, su transparencia. En tal sentido, nuestro apoyo también estuvo motivado para respetar las decisiones políticas de la gestión gubernativa anterior en tal sentido.

Ahora, la que acaba de comenzar, encabezada por el Presidente Alvarado, debe posibilitar que el INFOCOOP vuelva a su estado pleno de la legalidad que le fundamenta; y que, en esta condición, sus nuevas autoridades procedan a implementar todas las sanas disposiciones que, repetimos, relancen la función del INFOCOOP para que aporte al combate de la desigualdad social creciente en el país.

El INFOCOOP es sumamente importante para la Democracia costarricense y, repetimos, se torna sumamente estratégico en las actuales condiciones del desarrollo socioeconómico del país. Ya no hay argumento alguno, ni jurídica ni éticamente hablando, que “perpetúe” la intervención del INFOCOOP.

Es hora de devolver el INFOCOOP al movimiento cooperativo nacional para que éste se reencuentre a sí mismo con pleno respeto a su propia diversidad interna; y, a su vez, se reencuentre con la sociedad que tanto le necesita para la generación de empleo, para reducir la pobreza y para ayudar a contener el crecimiento de la desigualdad.

Nuevamente, el papa Francisco nos sorprende con su más reciente pronunciamiento acerca del problema más apremiante que aqueja a toda la Humanidad en los actuales momentos de la historia: el problema de la distribución de los beneficios del crecimiento económico, de la abusiva concentración de la riqueza y de la entronización de la desigualdad.

Es éste también el problema número uno de la Costa Rica actual y el nuevo mensaje papal nos cae como anillo al dedo dado que llega en el momento más oportuno en el marco de la discusión al rojo vivo que estamos teniendo en torno al “combo fiscal”, el paquetazo de impuestos contenido en el detestado y popularmente rechazado expediente legislativo 20.580 que la pasada Asamblea Legislativa le heredó a la actual.

El documento se llama “Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico-financiero” (en latín idioma oficial de la Iglesia Católica: “Oeconomicae et pecuniariae queaestiones”).

Desde nuestra visión es una crítica fuerte a los sistemas tributarios injustos y regresivos, carentes de ética, tal y como lo muestra la actual hegemonía financiera que impera en sociedades como la nuestra.

Dos de las más importantes entidades institucionales del Vaticano son las promotoras de este documento: la Congregación para la Doctrina de la Fe (dirigida por monseñor Luis Francisco Ladaria) y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (al comando del cardenal Peter Turkson); y, por supuesto, el propio papa Francisco ha refrendado los contenidos de este histórico pronunciamiento que, como era de esperarse, las matrices mediáticas dominantes no desean que sea del amplio dominio popular.

Este importante documento del Vaticano indica que, muy a menudo, los sistemas tributarios se recargan en los sectores económicos más débiles; y, por el contrario, “…en ventaja de los más equipados y capaces de influir en los sistemas normativos que regulan los mismos tributos”.

Ahora que se ha destapado que la máxima jerarca del equipo económico del gobierno del presidente Alvarado, doña Edna Camacho Leiva, es la principal promotora para que dentro del proyecto “combo fiscal”, se exoneren de pagar impuestos “…las ganancias de capital provenientes de operaciones con valores, siempre y cuando tanto la adquisición del valor correspondiente como la operación que produzca la renta de capital hayan sido ejecutadas a través de una bolsa de valores autorizada…”; y que el esposo de doña Edna representa a una corporación de bolsa autorizada de gran peso en el mercado financiero del país, no puede uno más que concluir que ella, su marido y los grupos económicos de los cuales ambos forman parte, acaban de ser caracterizados por el documento papal que comentamos, cuando éste dice que estos grupos poderosos siempre son “…de los más equipados y capaces de influir en los sistemas normativos que regulan los mismos tributos”.

Otro de los aspectos centrales y fundamentales de la lucha popular actualmente en desarrollo contra el “combo fiscal”, es el tema de la deuda pública y el pago de intereses que la misma demanda. El Vaticano considera que la deuda pública es el resultado de una “gestión imprudente cuando no dolorosa del sistema de administración pública”.

Para el caso costarricense, en el tema de la deuda pública esa “gestión imprudente…del sistema de administración pública” ha sido totalmente monstruosa. Hoy el país debe, conservadoramente hablando, ¡25 mil millones de dólares! (¡15 billones de colones!; en cifras, así: 15.000.000.000.000). Per cápita, cada costarricense vivo en estos momentos, sin importar su edad, está “debiendo” entre 3 y 3 y medio millones de colones. ¿Por qué “gestión imprudente”?… ¡Jamás se cambió el sistema tributario!, por ejemplo.

¿Y por qué “dolorosa”? A raíz de la magnitud actual del déficit fiscal, el endeudamiento público ha sido la respuesta tramposa; y, como consecuencia de ello, representa un gran dolor social destinar diariamente (cada 24 horas), 3 mil 500 millones de colones para el pago de intereses de esa deuda. Imaginemos lo que un gobierno con vocación genuina en pro del bien común y de la integración social, podría hacer si contara con esa plata diaria.

“Numerosas economías nacionales se ven de hecho agobiadas por el pago de los intereses que provienen de esa deuda y, por lo tanto, se ven en la necesidad de hacer ajustes estructurales con ese fin”. Así retrata el Vaticano los casos de economías como la nuestra, extorsionadas por el capital financiero que les da oxígeno fiscal, vía endeudamiento, pero que les saca la sangre vía pago vampiresco de intereses; transacciones éstas que se hacen en esas bolsas de valores por las cuales aboga doña Edna para que no paguen intereses por las ganancias de capital que tales transacciones generan. ¿Ven ustedes la conexión perversa?…

¡Muchísimo contenido para fortalecer nuestra lucha contra el “combo fiscal” nos da este nuevo documento papal! Con base en él, podemos afirmar que esta lucha es moral y éticamente correcta, aparte de políticamente apropiada: debemos desnudar la profundidad de la estructura tributaria del sistema financiero costarricense que golpea a la Democracia misma.

Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

“El bien auténtico ha sido superado por lo que resulta útil al más fuerte, que se ha convertido en el verdadero factor dominante en las relaciones económico-sociales”.

Con la venia y aprobación del papa Francisco, el Vaticano dio a conocer el importante documento “Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico-financiero” (en latín idioma oficial de la Iglesia Católica: “Oeconomicae et pecuniariae queaestiones”); emitido con la convicción de que tales consideraciones son imprescindibles “si no queremos derivar hacia un colapso social a nivel mundial”.

Dos de los más altos jerarcas vaticanos lo acaban de dar a conocer: monseñor Luis Francisco Ladaria, quien dirige la Congregación para la Doctrina de la Fe; y el cardenal Peter Turkson, a cargo del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

En esencia, el Vaticano reafirma el eje central de su pensamiento social del momento y de cara a una globalización neoliberal cada vez más injusta, excluyente, criminal y peligrosa: la economía debe estar al servicio del hombre. Se afirma que los sistemas económicos “…legitiman su existencia no solamente mediante el aumento cuantitativo del comercio, sino, sobre todo, en su capacidad de desarrollar a todos y cada uno de los seres humanos”.

El indicado documento habla de manera contundente: “En una casa donde reina el individualismo, sus miembros no pueden florecer integralmente. De forma análoga, en un mundo donde el individualismo predomina, el desarrollo humano integral se vuelve impensable”.

Y profundiza más en cuanto a recordarnos que los recursos del mundo están destinados a servir a la dignidad de la persona humana y deben estar comúnmente disponibles para el bien común.

Otro de los puntos capitales de este nuevo posicionamiento vaticano ante el fenómeno del capitalismo globalizador excluyente cimentado en el poderío del sistema financiero sin control, es la necesidad de imponer regulaciones para éste, especialmente las de carácter ético. Se nos dice, como en realidad lo es, que la economía actual ha abandonado toda ética y gobierna en lugar de servir a la Humanidad; que hoy, como cierto es contundentemente también, que el sistema financiero se dedica, en esencia, a la especulación, pero no en servir a la economía real.

Para el Vaticano, y he aquí una posición política que no amerita duda alguna de su contundencia, “…la promoción del desarrollo humano integral necesita un cambio de paradigma financiero”.

Por ende, nos preguntamos: ¿Cómo nos piden que apoyemos el combo fiscal, si estamos notando que el sistema financiero, el de las transacciones en bolsa, insiste en librarse de sus responsabilidades tributarias, ahora empoderado por la representación directa que tiene en el seno del equipo económico del gobierno del presidente Alvarado?

Son emblemáticas las palabras de monseñor Luis Francisco Ladarria al presentar, junto a su colega el cardenal Turkson, este documento: “El beneficio del más fuerte ha suplantado el bien auténtico y se ha convertido en el factor real dominante de las relaciones económicas y sociales. De este modo, el bien común ha desaparecido del horizonte de la vida en muchos ambientes, ha aumentado la conflictividad de las relaciones y las desigualdades se han vuelto más pronunciadas”.

Pongamos cuidado a este otro comentario de monseñor Ladarria: “Los sujetos económicos más fuertes se han convertido en Superstars que se acaparan ingentes recursos, recursos que están cada vez menos distribuidos y cada vez más concentrados en manos de unos pocos. Es increíble pensar que diez personas puedan ostentar casi la mitad de la riqueza del mundo: hoy este hecho es real”.

Este documento “Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico-financiero” nos brinda la enorme oportunidad de fundamentar con más solidez el proceso de resistencia político-social que desde la sociedad civil organizada (especialmente, los movimientos sindical y cooperativo), estamos impulsando en los actuales momentos contra el denominado combo fiscal.

Nos parece que tenemos una oportunidad irrepetible en el corto plazo para generar un fuerte desafío al statu quo dominante de la hegemonía político-neoliberal y su expresión concreta más fuerte, la del capital financiero; potenciando aún más el músculo cívico-social evidenciado con las manifestaciones del 25 de abril y del Primero de Mayo.

La lucha contra el combo fiscal debemos conceptuarla con un calibre parecido (sino más profundo aún), a las legendarias gestas cívicas del combo ICE y del No al TLC. No estamos oponiéndonos a un simple paquete de impuestos. Va más allá de ello. Se trata de inclusión vs. exclusión. Puede ser la posibilidad de ponerle un frenazo al avance de la desigualdad; o bien, que ésta termine por imponerse de manera definitiva, llevándose, finalmente, para la apropiación privada lo poco que queda, muy jugoso y rentable, por cierto, del patrimonio público.

Albino Vargas Barrantes / Secretario general / Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

La sociedad de la desigualdad, esa en la que se ha convertido la Costa Rica de hoy, podríamos segmentarla en 3 partes.

Una, está integrada por personas y grupos a los cuales les va muy bien, ¡pero muy bien! Esta parte va siendo cada vez más pequeña. Denominémosla como segmento 1.

Por el contrario, la Costa Rica de las personas excluidas, a las que ya no les cubre los beneficios del crecimiento económico, la han venido pasando mal, no les está yendo nada bien y, por el contrario, parece que les irá peor. Pongámosle segmento 2. Y este segmento sigue creciendo…

La tercera parte, “la de en medio”, viene a ser el segmento 3. Podríamos, a su vez, partirla en dos: segmento 3-A y segmento 3-B.

La más pequeña, que viene a ser el segmento 3-A, aspira a calificar, por las vías legales o no tan legales, ingresar al segmento de la sociedad al cual le va muy bien, ¡pero muy bien!, al segmento 1.

Y, a la inversa, el segmento más grande de esta tercera parte (el segmento 3-B), está aterrorizado, vive completamente estresado, tiene mucho miedo de caer en el segmento de los y de las personas excluidas (segmento 2) … Son quienes están viajando hacia la pobreza todos los días.

La gran resistencia popular y ciudadana al proyecto comúnmente denominado “combo fiscal” se está generando, básicamente, desde los segmentos 3 (pero en este caso con especial énfasis en el 3-B) y, por supuesto, el segmento 2 que ya no tiene cómo pagar más impuestos.

Aquí está el punto medular del problema, al calor de la gran discusión nacional del momento: el déficit fiscal. El proyecto “Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, o “combo fiscal”, está cargado de inequidad: imponerle más impuestos al segmento 2 (canasta básica, por ejemplo), y al segmento 3 (especialmente, el 3-B). Al segmento 1, tal proyecto ni cosquillas le hace; y el segmento 3-A podría muy bien manejar la carga IVA.

Si el “combo fiscal” es, esencialmente, un proyecto de impuestos cargado de inequidad (pagarían más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen), se vienen presentando circunstancias, situaciones, episodios que, aparte de causar gran indignidad, descalifican la prédica oficial de “crisis fiscal”; pues las apelaciones a que “todos debemos aportar”, pierden toda carga de moralidad y de ética; especialmente si tales apelaciones las formulan personas y grupos integrantes del segmento 1 y/o del segmento 3-A).

El premio de 233 millones de colones que un tribunal otorgó a un nadador (el “medallazo”), por más revestimiento de legalidad vía jurídica que se empeñan en exhibir los favorecidos con tal situación (tanto de manera directa como indirecta), ha golpeado duramente las conciencias críticas ciudadanas, cargándolas de indignación por escenificarnos un cruel episodio de desigualdad, contaminado con contenidos nebulosos y con una tramitología burocrática de gran opacidad (la ministra y el nadador premiado, hermanos entre sí). “¿Cómo?… ¿Más impuestos pide el Gobierno? …”, es una pregunta popularmente generalizada.

La multimillonaria inversión en el diseño, construcción y equipamiento de una soda comedor-archivo ministerial, por más justificaciones técnico-jurídicas mediando, golpea la sensibilidad ciudadana muy vulneralizada en cuanto a su ingreso económico-familiar; y, el golpe es de mayor impacto toda vez que se trata de una institución que debe asistir a un grupo social tan relevante en la historia nacional, como los productores agrícolas, muy indefensos en los últimos tiempos; y, precisamente, lo que la gente contrasta es el estado de un agricultor abandonado vs. la soda “cinco estrellas”, para beneficio de los funcionarios que deben servirle. Jamás pretendemos contrariar a las estimables personas trabajadoras empleadas públicas involucradas en el asunto, pero esa ciudadanía indignada se cuestiona: “¿Cómo?… ¿Más impuestos pide el Gobierno? …”

El fiestón armado para celebrar la llegada al Gobierno de la República, de la distinguida dama Primera Vicepresidenta de la República, en un hotel de lujo (al mejor estilo de vida del segmento 1), y la controversia que se hizo pública por la plata invertida en el ágape, la veracidad o no de la factura, si esa fue la plata realmente gastada o no, si se pagó el importe de impuestos o no se pagó; nos habla mucho de un estilo de vida de nuestra clase gobernante (casi toda perteneciente a ese segmento 1 o al 3-A), que se volvió “conchuda” ante el avance de la desigualdad en nuestra sociedad y que, por ejemplo, las prédicas de los Derechos Humanos solamente sirven para atraer votantes; mas no para extender esos Derechos Humanos que no llegan a las personas visitantes de bares de lujo y favorecidas con esos estilo de vida. ¿Se defraudó impuestos? ¿El tal fiestón fue una dádiva a un personaje político de tal calibre? ¿La factura (o las facturas), expresan el valor real del gasto efectuado?… Vaya usted a saber. Y la gente se pregunta: “¿Cómo?… ¿Más impuestos pide el Gobierno? …”

Ayer asumió la Presidencia de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Hoy, miércoles 9 de mayo, al cumplirse las primeras 24 horas del ejercicio de su gobierno, el pago de los intereses de la deuda pública implicó una erogación de, al menos, 3 mil 500 millones de colones, sino más (3.500.000.000.oo).

Mañana, jueves 10 de mayo, al cumplirse el segundo día del nuevo mandato presidencial, una cifra parecida hubo que destinar al pago de intereses de esa gigantesca deuda pública que, conservadoramente hablando, anda por los ¡25 mil millones de dólares!… Y así, cada día que pase…

De seguro el nuevo mandatario está consciente de que cada hora de su presidencia, implica pagar casi 146 millones de colones en intereses de la deuda pública. Esta suma será más alta por cuanto el gobierno saliente, hizo una nueva colocación de deuda por 319 millones de dólares.

Nos preguntamos: ¿cuál es el paquete de impuestos que alcance para hacerle frente a esta espantosa realidad del pago diario de intereses de la deuda pública (y véase que no hablamos de la amortización del principal)?

Esto es tan grave que quien acaba de dejar de ser Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas, nos dejó “sentenciados”. Indicó en su última entrevista de prensa que el polémico proyecto “combo fiscal”, tan repudiado por la ciudadanía y por el pueblo trabajador, no alcanzará para atender el problema del déficit; y que, por tanto, en un corto plazo, se tendrá que tramitar otro proyecto parecido, especialmente para subir el impuesto al valor agregado (IVA), que quedaría en 13% si se aprueba el expediente legislativo 20.580, el “combo fiscal”.

Si el problema del déficit fiscal es tan grave, si el tema del endeudamiento público es de tal magnitud y, si el pago de intereses de la deuda pública es el verdadero disparador del gasto público; entonces, se necesita la realización de un gigantesco esfuerzo de construir un gran acuerdo nacional para generar vías de solución que incluyan a toda la sociedad y a sus principales componentes representativos.

Respetuosamente, estimamos que la elección de don Carlos Alvarado Quesada como el nuevo Presidente de la República, fue estimulada por el tema de los Derechos Humanos (por cierto, que éstos parcial y excluyentemente comprendidos). Por tanto, no fue el tema fiscal ni mucho menos un ajuste draconiano para enfrentar el déficit, lo que motivó a la gran masa de electores que le dio el gane.

Es por ésta y otras razones que el Movimiento Sindical Costarricense, así como el Cooperativismo nacional, vienen enarbolando el correcto planteamiento de que se ocupa un diálogo político-social para enfrentar, con la mayor inclusión posible, el desafío del déficit fiscal.

Además, miles de conciencias obrero-sociales y patriótico-ciudadanas lo están pidiendo, si consideramos las impactantes movilizaciones del 25 de abril y del Primero de Mayo, promovidas por ambos movimientos.

Este clamor popular y social llegó a recibir la importante escucha de la Iglesia Católica costarricense pues su máximo jerarca, monseñor José Rafael Quirós Quirós, lo planteó en su relevante homilía del pasado 1 de mayo.

Si se abriera un diálogo político-social es indudable que no puede dejar de ponerse en mesa este tema del endeudamiento público y el estrangulante pago diario de los intereses de la deuda.

Igualmente, debe considerarse como un segundo ámbito estratégico de diálogo, la naturaleza perversa del sistema tributario costarricense y el señalamiento crítico que a la misma se le formula por parte de entidades internacionales, debido a su injusta regresividad.

Tampoco puede dejarse de lado abordar el tema del empleo público, globalmente comprendido y no desde el plano de la satanización ideológico-mediática de que ha sido víctima en los últimos tiempos.

Además, ya hay una premisa aceptada por “Raymundo y todo el mundo”: el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados en el empleo público ni por la clase trabajadora conceptuada integralmente.

Por el contrario, aunque no les guste que uno hable de ello, hay zonas de empleo público que requieren del mismo. Hablamos de que la desigualdad, la inseguridad, la violencia y la exclusión se deben resolver con nuevas políticas públicas, algunas de las cuales ocupan de intervención directa de empleo público, puesto que el lucro mercantil del negocio privado no las vuelve atractivas.

Colateralmente, los detractores del empleo público deberían puntualizar cuál es el tipo de empleo público que les molesta, considerando que dentro del mismo existen 14 sistemas distintos; “sorprendiéndose” algunos de que hay sectores estatales con salarios por debajo del mínimo de ley o ligeramente superior al mismo.

Y ni qué decir de que en mesa debe estar la especie de “asalto legalizado” al erario público de esas gigantescas sumas de dinero del presupuesto estatal destinadas para infraestructura pública que se malgastan, que se concentran monopólica o duopólicamente, que se “desaparecen”, que no alcanzan según proyectos iniciales y que nos anuncian que ocuparán más plata “sin ton ni son”; consultorías y diseños técnicos multimillonarios, empréstitos acumulados que no se ejecutan, las “chambonadas” de todo tipo, etc., etc.

Nos preguntamos: ¿Será que la materialización concreta de un proceso de diálogo nacional, político-social, real y transparente, pone en peligro intereses que lucran y acumulan exageradamente con la preservación del déficit fiscal y sus derivados conexos?

Es definitivo: La Democracia de la Calle debe pronunciarse con más potencia y civismo, próximamente.

A partir de este martes 8 de mayo de 2018, don Carlos Alvarado Quesada asume la conducción directa del Poder Ejecutivo de nuestro país como el nuevo Presidente de la República.

Indudablemente son varias las lecturas políticas que se pueden formular del significado de este notable acontecimiento. De seguido, les compartimos las nuestras.

En esencia, a partir de hoy tenemos un gobierno de coalición, no un gobierno de “unidad nacional”. Dos partidos políticos lo asumen de manera compartida: Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

El respaldo tácito de Liberación Nacional (PLN) y el abierto de dos pequeñas colectividades partidarias (Frente Amplio y Curridabat Siglo XXI), no alcanzan como para categorizar que estamos frente a un gobierno de “unidad nacional”.

Ideológicamente, habrá una preponderancia única si nos guiamos por las personas comisionadas para la conducción económica y macroeconómica de la nueva gestión gubernativa.

El pensamiento de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), el “think tank” nacional por excelencia como laboratorio de ideas liberales y neoliberales, asume la definición estratégica de políticas públicas en la nueva administración gubernativa.

En la ejecución cotidiana del ideario anfista tres figuras del nuevo gabinete asumen roles centrales: doña Edna Camacho Mejía, en la ejecución del equipo económico del presidente Alvarado Quesada; doña Rocío Aguilar Montoya, como ministra de Hacienda; y el señor Rodrigo Cubero Brealey, como presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), quien viene de ejercer un altísimo cargo en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En nuestro criterio, los tres responderán directamente a una autoridad política superior que no necesariamente será don Carlos Alvarado Quesada. Responderán, primordialmente hablando, a una especie de “presidente adjunto” o “primer ministro”, don Rodolfo Piza Rocafort, ministro de la Presidencia y quien ve este cargo como plataforma de relanzamiento de sus aspiraciones presidenciales para el año 2022.

La ecuación político-ideológica de este cuarteto es “todo mercado-nada Estado”: el sector público es el problema y el combate al déficit pasa por el ataque a mansalva al empleo público y los salarios que en el mismo se pagan.

La premisa fundamental a este último respecto es que en el sector público se paga el doble que lo que se paga, salarialmente, en el privado. Por tanto, todas las personas asalariadas deben ganar de conformidad con los niveles que se pagan en la empresa privada.

La señora Camacho Mejía ha sido muy puntual al respecto. Sus objetivos son: A) La aprobación legislativa del “combo fiscal” (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas). B) Aprobar una regla fiscal legal que le impondría límites al crecimiento del gasto público corriente. C) Aprobar un límite máximo al porcentaje de anualidades de los funcionarios y racionalizar las condiciones de otorgamiento de pluses actualmente vigentes, prohibiendo creación de nuevos. D) Frenar el crecimiento de las plazas en el gobierno y en el resto del sector público. E) Implementar una política de ajustes salariales austeros en el Estado (léase profundizar el congelamiento). F) Promover un sistema de regulación de empleo público para todos los funcionarios de este sector.

A la fecha desconocemos si el nuevo mandatario conformará una especie de “equipo social” para hacerle contrapeso al económico. Sinceramente, lo dudamos.

Las nuevas autoridades político-ejecutivas de importantes instituciones con responsabilidades, directas o indirectas, en cuanto a política social para atender a poblaciones vulnerables, en riesgo social, en situación de exclusión, han de transitar un complicadísimo proceso para recibir las transferencias necesarias para operar, aunque sea a nivel mínimo. Incluso, los propios salarios de las personas trabajadoras de tales entidades, quedan en estado de incertidumbre.

Vistas así las cosas, a las diferentes agrupaciones gremiales, sindicales, profesionales, sociales, comunales y similares, les aguarda ya, a la vuelta de la esquina, tareas sumamente complejas y duras de autodefensa en todo sentido.

Se fue el Gobierno anterior y nos dejó el indicador de desigualdad más alto de la historia, según el Estado de la Nación. De una manera u otra, los lineamientos fundamentales anunciados por el equipo económico ideológicamente afín al “presidente adjunto” o “primer ministro” son un peligro inminente de la extensión y profundización de esa desigualdad.

Esto es más grave todavía por cuanto el ideario anfista no contempla ninguna otra alternativa para atender el grave problema del déficit fiscal que no sea ese recortismo extremista de un ajuste fiscal de corte fundamentalista: el problema es el sector público. Punto. Quedamos debidamente notificados.

Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

El designado Ministro de Seguridad Pública, Lic. Michael Soto Rojas, anunció previo a iniciar funciones, al frente de la cartera de Seguridad Pública, una serie de cambios en los altos mandos de la Fuerza Pública. Para la Dirección General de la Fuerza Pública, el nuevo Ministro designó al Comisario Daniel Calderón, funcionario con más de 20 años de carrera, egresado del primer Curso Básico Policial, formado luego en la escuela de Carabineros de Chile, un hombre con sangre azul en sus genes, por lo tanto, esperamos sea el comienzo del cambio que la tropa demanda.

No tenemos información en torno a las decisiones que vaya a tomar en relación con otros cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, a saber: Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea, Servicio Nacional de Guardacostas, Policía de Fronteras, Reserva de la Fuerza Pública y otras unidades operativas.

Al efecto, resulta importante recordar que los puestos de dirección y de subdirecciones generales, así como los de directores y subdirectores regionales, son puestos de confianza según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Policía: “Los funcionarios mencionados en este artículo son de libre nombramiento y remoción por parte del Ministro del ramo”. Además, sobre la misma línea legal señala el Dictamen C-182-2010 de la Procuraduría General de la República:

“Tal y como lo señala el artículo 64 antes transcrito, los oficiales que integren la Escala de Oficiales Superiores, una vez que ingresen al servicio activo, gozarán de los derechos que concede el estatuto policial, salvo el de inamovilidad en el puesto, por lo que es claro que estos funcionarios deben ser catalogados como funcionarios de libre nombramiento y remoción”. En efecto, el artículo 64 de la Ley 7.410 establece dicha condición, además de requisitar los grados que deben ostentar las personas que ocupen cargos de dirección y de subdirección policial.

Considerando con los lineamientos legales en la materia, es preciso traer a colación algunos aspectos normados en torno a los cargos de confianza. Veamos, por ejemplo, lo que cita el Manual de Puestos.

Director General de la Fuerza Pública:

REQUISITOS – Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley General de Policía y sus reformas. – Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública y sus reformas. – Ostentar como mínimo el grado de Comisario. – Curso para Oficiales Superiores, impartido por la Escuela Nacional de Policía. En caso de cursos impartidos por dependencias nacionales e internacionales, deben estar reconocidos por la Escuela Nacional de Policía. – Licenciatura en algunas de las siguientes carreras: Derecho, Criminología, Administración y sus énfasis, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología, Estadística, Economía, Contaduría Pública y Educación y sus énfasis. – Incorporado al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que exista esta entidad para la correspondiente área profesional. – Diez años de experiencia en labores policiales, debidamente certificada. – Cuatro años de experiencia en supervisión de personal, debidamente certificada. – Tener conocimientos básicos en: Administración, Derechos Humanos, Legislación Policial, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Criminología. – Permiso de portación de armas vigente. – Preferiblemente conocimientos en el manejo de paquetes informáticos actualizados, debidamente certificados. – Poseer licencia de conducir vehículos tipo B-1.

Además de lo anterior, se requiere liderazgo, capacidad para trabajar en situaciones de riesgo, inteligencia emocional, buenas relaciones interpersonales, entre otras.

Además, la Ley General de Policía establece: “Internamente, la promoción desde el grado de comandante hasta el de comisario será regulada por el reglamento correspondiente bajo el procedimiento de concurso interno y respetando los criterios de capacitación, tiempo de servicio y méritos”.

Lo anterior no fue considerado cuando se les permitió a algunos funcionarios convalidar el curso básico policial, al mismo tiempo que hacían el de comisionados, con escasos tres o cuatro años de labores (no policiales) dentro del Ministerio de Seguridad Pública; así como acceder a los más altos grados policiales sin una verdadera carrera policial, sin haber pasado por las diferentes etapas (correr línea, “comer barro”) dentro de la función policial.

El Ministerio de Seguridad Pública cuenta con personal capacitado, experimentado, preparado académicamente y con los méritos para formar parte del recambio que requiere nuestra institución. Únicamente bastaría que se abran concursos, se habiliten los cursos del Escalafón de Oficiales Superiores, a efectos de que tanto el Ministro, como el Director General, cuenten con más alternativas, y funcionarios con disposición de ocupar cargos de responsabilidad.

Los puestos de dirección son puestos de confianza, de libre nombramiento y remoción, sin embargo, están requisitados. Además, la continuidad en los mismos debe estar supeditada a los resultados de gestión. En lo anterior se ha fundamentado nuestra lucha, amparados en lo que estipula la ley, pero además, porque así lo requiere nuestro país.

Así las cosas, esperamos los movimientos ordenados por el nuevo Ministro de Seguridad, sean el comienzo del respeto a la carrera policial que tanto hemos anhelado. Nos disponemos para ser parte de procesos constructivos, sin dejar de hacer ver aquello que no camine bien, en tanto que sea necesario.

Lic. Mainor Anchía Angulo
Directivo Nacional de ANEP.
mainoranchia@anep.or.cr