Doña Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda, tiene su propia visión de mundo, como corresponde en una sociedad democrática para cada persona ciudadana que convive en la misma.
La de doña Rocío es la del “todo mercado-nada Estado” pues gran parte de su trayectoria de vida personal, profesional, académica y convivencial ha estado marcada por su paso por la actividad privada-mercantil en el extinto banco privado BANEX, posteriormente absorbido por el Banco del Istmo (BDI) y, a su vez, éste por el HSCB. Por ahí anda la cosa, según entendemos.
En tal sentido, el mundo de las relaciones sociales de doña Rocío ha sido el mundo de los negocios, esencialmente; rodeándose ella de grupos corporativos y familiares ligados a connotados apellidos de la “high class” tica como Jiménez Borbón, Beck, Rodríguez Echeverría, Yankelewitz, Montealegre, Kissling y otros de parecida naturaleza.
Ideológica, intelectual y académicamente doña Rocío responde a los pensamientos macroeconómico-políticos de entidades como la Academia de Centro América y la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE); esos centros de pensamiento criollos (“think tanks”), dedicados a la promoción de las ideas del “todo mercado-nada Estado”.
¿Es todo esto un delito?¡Por supuesto que no! ¿Desdice ello algo de la estatura moral y ética de doña Rocío? ¡Por supuesto que no! Y, entonces, ¿por qué hacer mención de esto?
Cuando analizamos el comunicado público del Gobierno de la República, titulado “Presidente Alvarado materializa primeras medidas de contención del gasto”, dándonos a conocer que el Presidente Alvarado junto a doña Rocío firmó cuatro decretos, cinco directrices y un proyecto de ley al respecto (contención del gasto); se nota sin duda alguna, la carga ideológica centrada en el ataque a todo lo que representa el sector Público y, particularmente, al empleo público y su complejo sistema de remuneraciones.
Luego de tantos y tantos días, semanas y meses de la más intensa ofensiva de agresión psicológica y de terrorismo ideológico de los últimos tiempos en contra de todo lo público, del empleo público y de los salarios del personal estatal nacional; el indicado comunicado gubernamental representa la primera concreción material de corte integral en la política pública, del intenso odio de clase, de la clase hegemónicamente dominante en contra de la clase trabajadora asalariada del aparato público costarricense.
Al desagregar cada una de las “primeras medidas de contención del gasto” (es decir, esperemos más), se nota el profundo afán ideológico-político de asociar el tema del déficit fiscal con el sistema salarial del empleo público.
Según doña Rocío, con sus “primeras medidas de contención del gasto”, las reducciones salariales incluidas representan un 0.14 de Producto Interno Bruto (PIB), unos 50 mil millones de colones; cifra ridícula considerando la magnitud, el tamaña del déficit fiscal al terminar este año (7.1 puntos PIB), según la oficialidad neoliberal. Entonces, ¿cuál es la razón de meterse con el salario del empleo público en este contraste de cifras con relación al déficit fiscal?
He aquí la clave: avanzar más en el proceso ideológico-mediático de satanización de la gran ofensiva de los últimos tiempos en contra de todo lo que huela a sector público, a empleo público, al salario vigente en el mismo, aunque sus excesos son ya muy puntuales y están identificados.
Cual circo romano, en el ensañamiento del ataque de la visión ideológica de mundo de doña Rocío a todo lo que representa el sector público, se deja constancia de ese odio de clase; mismo reiteradamente expresado por varios consorcios mediático-empresariales que reproducen, todos los días, uno de los subjetivismos periodísticos más injustamente infames de intoxicación propagandística que jamás habíamos presenciado antes en la Costa Rica republicana.
“Las primeras medidas de contención del gasto” se anuncian para su imposición autoritaria, verticalista y con el clásico contenido prepotente de las funestas “terapias de shock” que emplean las clases dominantes cuando su política económica se les empezó a salir de control.
Además, complementan el despliego de una estratagema urdida para alcanzar el objetivo estratégico de cortísimo plazo: la aprobación legislativa del detestado proyecto combo fiscal, pomposamente denominado “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, con el cual se habrá de profundizar la peligrosa senda de la desigualdad y de la inequidad en cuanto a carga tributaria.
Esta es la trampa: le damos circo romano a la opinión pública con el ataque a los “privilegiados” salarios de los empleados públicos, por un lado; y, por otra, logramos la aprobación del combo fiscal, el paquetazo de impuestos (expediente 20.580); tratando de que los sindicatos del sector público, notable vanguardia en el enfrentamiento de este paquetazo, se desgasten confrontando las “primeras medidas de contención del gasto”. Esperamos que miles respondamos en la calle que tal estratagema no les funcionará.
