Categoría: Opinión

Se anunció la designación del Lic. Michael Soto Rojas, como Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública. No obstante, que se escuchaban varios nombres para tal designación, la misma no nos toma por sorpresa. No, por cuanto la línea de los últimos gobiernos ha sido la de nombrar en la cartera de Seguridad Pública, a un funcionario del Poder Judicial; provenientes del Ministerio Público (MP) y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Podemos citar algunos ejemplos: el señor Gerardo Lascares, los ex fiscales, José María Tijerino, Jorge Chavarría y Celso Gamboa Sánchez. El ex sub director del OIJ, Gustavo Mata Vega, y ahora el Lic. Michael Soto Rojas. Lo anterior merece un profundo análisis, no puede ser producto de la casualidad el que no se haya considerado a funcionarios de la misma cartera de seguridad Pública, para ocupar el máximo cargo de dicha institución.

En tesis de principio, podríamos considerar que nuestros políticos se han decantado por funcionarios del Poder Judicial, por cuanto tienen la opinión de un mayor nivel de profesionalismo en sus funcionarios, así mismo en la Policía Judicial; posiblemente tengan razón en cuanto a los métodos para acceder a los puestos de jerarquía; en tanto que los procesos de reclutamiento y ascenso dentro del Poder Judicial son sumamente rigurosos. Además, es probable que se tenga la idea de que quienes provienen del supra citado Poder, pueden marcar diferencia, en cuanto a temas procesales y de probidad, no obstante, la historia reciente nos muestra que no siempre se cumple ese ideal, y que existen excepciones a la regla.

Por otro lado, en criterio del redactor (quizás similar sea el de nuestros políticos), la carrera policial fue “prostituida”; esa sigue siendo mi opinión, la cual sustento en la información que sigo recopilando. Resulta necesario, por tanto, depurar la institución, a efectos de recuperar la credibilidad en nuestra capacidad, en la honestidad de nuestros miembros y en el liderazgo de nuestros funcionarios. Con la esperanza de que un día veamos a uno (a) de los nuestros (as), con trayectoria y con méritos, ocupar el cargo de Ministro (a) de Seguridad.

Ahora bien, hecha la designación, esperamos que el nuevo jerarca inicie procesos de concursos internos, observando la trayectoria, la experiencia, los méritos, el nivel académico y las demás habilidades que debe tener un alto mando, a efectos de que pueda disponer de nuevos rostros y nuevas ideas en los cargos de jerarquía. Lo anterior no fue considerado, cuando se les permitió a algunos funcionarios convalidar el curso básico policial, al mismo tiempo que hacían el de comisionados, con escasos tres o cuatro años de labores (no policiales) dentro del Ministerio de Seguridad Pública.

El nuevo Ministro asume un reto de gran magnitud, sin embargo, si partimos de su formación (abogado y criminólogo), su trayectoria en la Policía Judicial, el conocimiento e investigación que ha venido haciendo del fenómeno delictivo, podríamos pensar que cuenta con la capacidad para asumir y hacer una buena gestión, en materia de seguridad ciudadana. Eso es lo que todos anhelamos.

Tal como hemos señalado en otras oportunidades, tristemente, el año 2017 superó todas las estadísticas, de momento es el año de los récords, más de 600 homicidios dan cuenta de un país violento. Así como los cientos de toneladas de drogas decomisadas, son sinónimo de que estamos altamente contaminados con la incursión del narcotráfico en nuestro país, con la agravante de que dicho flagelo ha logrado penetrar en diferentes sectores de la sociedad, policías, deportistas, empresarios y hasta funcionarios judiciales…entre otras.

En lo que compete a la Fuerza Pública, abogamos por una política de “cero tolerancia a la corrupción” que no haga ninguna excepción, o sea, que se aplique tanto a rasos como a jerarcas. Además, es importante trabajar en mejorar las condiciones del personal policial, darle rostro humano a la función policial y paralelo a lo anterior, mejorar los niveles de supervisión.

El nuevo Ministro cuenta con una ventaja, el Lic. Soto, desde su cargo en el Organismo de Investigación Judicial maneja información en varios frentes, tanto de lo que sucede en la Fuerza Pública, como en lo concerniente a la actividad delictiva. Recordemos que nos había venido anunciando un posible incremento en la cantidad de homicidios para el 2018, lo cual quiere decir que domina bien los datos, conoce desde su estudio y con la información que recopila el OIJ, los movimientos del crimen organizado. Únicamente deberá adaptar su gestión a la labor preventiva, siendo esa la naturaleza de la Fuerza Pública, sin dejar de coordinar aspectos represivos con la que por años ha sido su casa, el Organismo de Investigación Judicial.

Sería oportuno que se active el Consejo Nacional de Seguridad, es urgente contar con una política de Estado en materia criminal, trazar una ruta de acción que direccione el actuar de los distintos cuerpos policiales, dejando de lado la improvisación, el individualismo, y el egocentrismo. Hasta ahora los cuerpos policiales han sido incapaces de trabajar en equipo y los resultados saltan a la vista. Lo bueno es que le hemos escuchado decir al nuevo Ministro, que se requiere de la mayor coordinación y el trabajo en equipo para mejorar la situación actual.

En ese contexto, nos ponemos a disposición del Lic. Michael Soto Rojas, le ofrecemos nuestra experiencia, nuestro conocimiento de la institución, nuestro liderazgo, en aras de construir procesos de diálogo, procesos de concertación, en donde podamos construir sobre nuestras coincidencias y conciliar sobre aquellos temas en donde tengamos diferencias.

Por último, le deseamos éxitos al nuevo jerarca de la cartera de Seguridad Pública, entendemos que de su éxito depende la tranquilidad de todos nosotros, los habitantes de este bello país.

Lic. Mainor Anchía Angulo
Directivo Nacional de ANEP.
mainoranchia@anep.or.cr

Ayer martes 1 de mayo de 2018, entró en funciones la nueva Asamblea Legislativa para el periodo constitucional 2018-2022.

A las nuevas señoras diputadas y a los nuevos señores diputados les saludamos con todo respeto, deseándoles éxitos en sus funciones, con la esperanza que sea eje central de su quehacer legislativo la reducción del sistemático crecimiento de la desigualdad; problema éste que a nuestro juicio es el número uno de la realidad costarricense actual y que derivado de él, surgen otros también graves como estos tres: a) la corrupción público-privada en todas sus manifestaciones; b) la violencia en todas sus expresiones (doméstica, intrafamiliar, contra la mujer, delincuencial, económica); c) la penetración del crimen organizado y del narcotráfico (por “arriba” y por “abajo”).

Serán ustedes como nuevas personas legisladoras las que habrán de tomar la decisión final sobre el más polémico proyecto de ley en sede parlamentaria de los últimos meses: el expediente legislativo No. 20.580, conocido por el pueblo como “combo fiscal”; el cual ya concita un rechazo generalizado en una amplia gama de sectores sociales y productivos como los desempleados, los de trabajo informal, los asalariados (públicos y privados), el sindical, el cooperativo, el micro-pequeño y mediano empresariado, sectores profesionales y otros.

Se conoce que algunos y algunas de ustedes han venido expresando inquietudes, reservas y hasta objeciones con relación al proyecto de “combo fiscal”, pese a la intensa campaña político-mediática desplegada por sectores hegemónicamente pudientes de nuestra sociedad, en el sentido de que ese proyecto debe aprobarse ¡ya y punto!

Es por tal razón que nos hemos sentido motivados a plantearles, respetuosa y públicamente por esta vía, a esas nuevas conciencias diputadiles críticas que ya se han venido manifestando en torno al proyecto de “combo fiscal” que, apelando a las potestades constitucionales que les otorga ser integrantes del parlamento costarricense, procedan a exigir que les presenten los estudios de incidencia fiscal mínimos que requiera un plan de ley de tal calibre, como el que se ha venido tramitando a golpe de tambor y en medio de ocurrencias y de espontaneísmos irresponsables y oportunistas, estudios requeridos en ámbitos como los siguientes:

UNO: Estimación en recaudación por tipo de impuesto.

DOS: Impacto en la estructura tributaria, especialmente al interior de la recaudación por impuesto sobre la renta.

TRES: Impacto de este “combo fiscal” en inflación; estudio que lo puede hacer el Banco Central.

CUATRO: Impacto en consumo, en inversión, en producción y empleo. El propio Banco Central está en condiciones de elaborar un estudio de este calibre.

CINCO: Impacto en la informalidad.

Según los entendidos en la materia, cuando se trata de tramitar proyectos de este tipo, los estudios de incidencia fiscal son mínimos, son básicos. Sin estos estudios en mano, se votaría a ciegas un proyecto de tales dimensiones. Esto es lo usual en otros países que asumen responsablemente este tipo de desafíos.

Además, debe formularse un fuerte emplazamiento a las autoridades político-hacendarias en cuanto a dos temas conexos que no pueden soslayarse.

PRIMERO: El Ministerio de Hacienda reconoce, de manera oficial, por medio de su máximo jerarca saliente, que la evasión fiscal-impositiva supera los 8 puntos de Producto Interno Bruto (PIB). Es bueno cuestionarse, en consecuencia, para qué nuevos impuestos con semejantes niveles de robo de los mismos. Es decir, ¿aprobarían ustedes más impuestos para que haya más robo de éstos?

SEGUNDO: Por otra parte, el dato sobre el porcentaje del PIB en materia de exenciones y de exoneraciones también es oficial: supera los 6 puntos PIB. ¿Vamos a seguir en lo mismo a este respecto?

En la Asamblea Legislativa que acaba de terminar su gestión constitucional, este proyecto de “combo fiscal” no pudo, ni siquiera, ser votado en primer debate, pues hubo férrea resistencia, intra y extramuros parlamentarios, como consta ya al país.

Desde el ámbito sindical en el cual desarrollamos nuestro cotidiano quehacer de lucha social, hemos procurado asumir una posición totalmente responsable ante el problema del déficit fiscal y lo que ello genera allende las fronteras del país, con las amenazas al país de descalificarle ante la comunidad financiera internacional; la cual, lastimosamente, tiene un componente ideológico que no va con la inclusión social de las mayorías en el desarrollo.

Hemos venido planteando que ante el acoso político que sufre el país por este asunto del déficit, bien se podría concertar un proyecto de ley de contingencia fiscal, por el lado de la progresividad tributaria.

Como sociedad tuvimos una experiencia provechosa al respecto, durante el periodo legislativo 2002-2006 y en el gobierno de don Abel Pacheco de la Espriella. Es más, hasta hubo un acuerdo fiscal integral en sede parlamentaria y con participación de sectores sociales y productivos (comisión mixta), que nos mostró lo acertado y lo productivo del diálogo político-social en un tema de tanta sensibilidad y conflictividad. Respetuosamente, les recomendamos revisar estas experiencias legislativas. ¡Lo que se impone es el diálogo!

*Secretario general
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Las 57 nuevas personas legisladoras, diputadas y diputados, son recibidas con un candente tema que, sin lugar a dudas, muestra ya importantes señales de una confrontación social en desarrollo, tal y como lo demostró la gigantesca manifestación del pueblo trabajador del pasado miércoles 25 de abril.

Hablamos del expediente legislativo No. 20.580, conocido oficialmente como Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aunque ya su denominación popular está en, prácticamente, todos los ámbitos diversos de la discusión nacional al respecto: “combo fiscal”.

Saludamos, respetuosamente, a cada una de esas y esos 57 costarricenses, esperando que haya posibilidades reales de que escuchen una serie de argumentos que, desde una multiplicidad de sectores sindicales, cooperativos, cívicos, patrióticos, académicos, solidaristas y hasta productivo-empresariales, se han venido planteando en contra del indicado proyecto de ley; argumentos que el parlamento que ayer, lunes 30 de abril, terminó su período constitucional 2014-2018, nunca quiso considerar.

De nuestra parte hemos venido insistiendo en que resulta imposible abordar el tema del déficit fiscal de una manera responsable, integralmente hablando, si no se confronta lo relacionado con la deuda pública y el pago de intereses de la misma.

De parte de quienes son ardorosos promotores de la cuestionada iniciativa de ley “combo fiscal”, no se quiere hablar de esto; se soslaya, se silencia, se oculta como si este problema no existiese.

Deben saber las honorables y los honorables señoras diputadas y señores diputados que hoy inician funciones, que ha quedado demostrado de manera contundente que los salarios que devengan las personas trabajadoras al servicio del Estado no son los responsables del déficit fiscal, por un lado; y, por el contrario, que lo que se ha dado en conceptuar como los “disparadores del gasto” no son esos salarios, sino el pago de intereses de la deuda pública.

Les rogamos tomar nota de lo siguiente y les exhortamos, siempre en el marco del debido respeto, a que orienten a sus asesores y a sus asesoras para que se documenten, con urgencia, en lo siguiente:

Un informe oficial del Ministerio de Hacienda dio a conocer que, durante el primer trimestre del presente año 2018, el pago de intereses de la deuda pública representó una erogación de 322 mil 630 millones de colones (322.630.000.000.00).

Cada uno de esos tres primeros meses del año (enero, febrero y marzo), se tuvieron que destinar 107 mil 543 millones 333 mil 333 colones (107.543.333.333.00), a dicho pago de intereses.

CADA SEGUNDO: 41 mil 490 colones (41.490.00).

CADA MINUTO: 2 millones 489 mil 429 colones (2.489.429.00).

CADA HORA: 149 millones 365 mil 740 colones (149.365.740.00).

CADA DÍA: 3 mil 584 millones 777 mil 777 colones (3.584.777.777.00).

Mañana miércoles 2 de mayo, señores nuevos diputados y señoras nuevas diputadas, al cumplirse las primeras 24 horas de su gestión parlamentaria 2018-2022, los intereses de la deuda pública generaron una erogación de 3 mil 584 millones 777 mil 777 colones (3.584.777.777.00); es decir, en tan sólo su primer día de trabajo legislativo.

¿No creen ustedes que este tema debe hacerse suficientemente explícito ahora que les demandarán que el proyecto “combo fiscal” debe aprobarse con “urgencia”?…

¿No creen ustedes que este crecimiento desbocado del pago de intereses de la deuda pública hará que no habrá paquete fiscal alguno que alcance para enfrentar este enorme desafío?

¿No creen ustedes que sería prudente y necesario que se realice una auditoría parlamentaria de la deuda pública para saber, con total exactitud, todos sus pormenores (génesis, acreedores, tenedores, etc.)?

¿No creen ustedes que debería ponerse en la mesa, con urgencia, una reingeniería de la deuda pública, que le permita al país, al Gobierno, al Estado mismo pensarse en una reducción de esa locura que significa el pago diario de intereses de la misma?

¿No creen ustedes que debería ponerse en la mesa la verdadera naturaleza del sistema tributario costarricense, sumamente cuestionado por toda clase de expertos (nacionales e internacionales), por ser altamente regresivo (pagan más los que, proporcionalmente hablando, tienen menos)?

Nosotros pensamos que este problema, el del pago diario de intereses de la deuda pública (y la deuda misma), es de suma gravedad y que no puede eludirse ante la tramitación de un nuevo paquetazo de impuestos, este “combo fiscal”, mismo que ya tiene un repudio ciudadano ampliamente extendido por todo el país y por toda clase de sectores.

Es lamentable que las nuevas autoridades políticas del gobierno entrante, a cargo de la cuestión económica y macroeconómica del país estén desde ya eludiendo el tema; como lo hicieron las salientes.

Es por eso que, como nuevas autoridades legislativas del país, señores diputados y señoras diputadas, les formulamos una vehemente exhortación al respecto; considerando que este clamor expresa un gran sentir de un considerable número de personas ciudadanas de nuestro país, especialmente integrantes de la clase trabajadora.

Albino Vargas Barrantes / Secretario general / Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Para de hoy en ocho, miércoles 25 de abril, ha sido convocado un movimiento huelguístico por parte de las principales corrientes sindicales nacionales; evento que tendría hasta 24 horas de duración en ciertos ámbitos laborales.

A lo largo del día y con mucho énfasis en la zona central del país, especialmente en la ciudad capital, importantes conglomerados laborales y sociales se manifestarán, protestando al unísono contra el denominado proyecto “combo fiscal”, así bautizado popularmente, cuyo nombre oficial es Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente legislativo No. 20.580.

Esta lucha obrero-social del próximo miércoles 25 de abril (así como la que tendrá lugar el próximo primero de mayo, con ocasión de la conmemoración mundial del Día Internacional de la Clase Trabajadora, misma que también está siendo convocada aquí en Costa Rica por todos los sindicatos del país), tiene el siguiente contexto sociopolítico y económico de altísima gravedad y potencialidad confrontativa. Veamos:

UNO. Costa Rica está “sitiada”, “cercada” por la “gendarmería-policía” de la actual dictadura global del capital financiero: las calificadoras de riesgo. Éstas, que nunca rindieron cuentas y que quedaron totalmente impunes, como cómplices pasivas de la debacle financiero-global de los años 2008-2009, ahora tienen sentenciado al sistema político del país para que aprueben la indicada ley a como dé lugar; pues los bonos de la deuda pública del país se catalogarían como “basura” y nadie le prestará más plata a Costa Rica; o se la prestarían a intereses de total usura (como el de las tarjetas de crédito que está estrangulando, económicamente hablando, a miles y miles de compatriotas).

DOS. La deuda pública del país, la contabilizada desde el Gobierno Central, anda por los 25 mil millones de dólares en estos momentos… Y sigue creciendo. Cada 24 horas, esa deuda obliga al Gobierno a pagar casi 4 mil millones de colones por concepto de intereses. Esto es, prácticamente, 4 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), solamente en este año 2018. Es éste el disparador fundamental del gasto público; ¡no los salarios del empleo público!

TRES. Ninguno de los últimos gobiernos (incluido el que ya está por terminar), ha “tomado el toro por los cuernos”; es decir, entrarle frontalmente al problema: cambiar a fondo la naturaleza del sistema tributario costarricense. Y como esto nunca se hizo, el camino fue el endeudamiento público. A hoy, éste va a superar la barrera psicológica del 50% del PIB y, por tanto, si ya era grave el problema de las finanzas públicas y su déficit, será radicalmente peor en el corto plazo.

CUATRO. ¡Plata hay! A) 8.5 puntos porcentuales de PIB en el robo de impuestos de toda naturaleza, vías, trucos y triquiñuelas papeles de Panamá, incluidos. B) 6 puntos PIB en exenciones-exoneraciones. C) 7 puntos PIB producto de la corrupción (como casos Yanber, cementazo, trocha, Infocoop, rotativas de prensa, etc.). D) Hasta 3 puntos PIB dejados de percibir en aduanas por los TLC’s (como el de los hermanos Arias-PLN, que nunca se repusieron). E) Los varios puntos PIB que entran al sistema bancario-financiero nacional producto del dinero sucio: narcotráfico, crimen organizado, apuestas ilegales… F) Gigantescas cantidades que se reparten cárteles empresariales vía procesos licitatorios de dudosa transparencia, coludidos con servidores públicos de no menos dudosa transparencia… ¿Seguimos?…

QUINTO. Debemos reconocer el gran esfuerzo de la administración gubernamental que ya termina por impulsar diversas medidas contra el fraude fiscal. Pero falta mucho más, se ocupa más poder político y más desafío a las fuerzas realmente hegemónicas de la sociedad que disfrutan de la riqueza en auge concentrador. Por eso apostamos por un proyecto de contingencia fiscal por el lado de la progresividad tributaria, como medida urgente y transitoria, mientras llega un proceso sociopolítico de acuerdo nacional para buscar soluciones integrales, justas y equitativas, de corto, mediano y largo plazo para el déficit fiscal, para el pago de intereses de la deuda y para bajar el principal de la misma.

SEXTO. El objetivo central del indicado llamado a huelga, tanto como el que inspira el llamado al primero de mayo, así como todas aquellas acciones de los sindicatos después de esta fecha, se puede explicitar de la siguiente manera.

A) La clase trabajadora no es responsable del déficit fiscal, pues ésta paga puntual y honestamente los impuestos que le competen, especialmente renta salarial y ventas.

B) La solución (inmediata, de mediano plazo y hasta de largo plazo), es un asunto-país; sin embargo, los que menos responsabilidad tenemos en el problema, no nos sentimos debidamente representados como para 57 personas (o menos), impongan decisiones que se ven injustas e inequitativas.

C) La prolongación de esta “agonía” fiscal provocará inenarrables y dramáticos daños precisamente a quienes menos responsabilidad tienen por el problema. De ello tenemos plena conciencia. Lo que no se vale es que se impongan decisiones que no fueron concertadas-negociadas con el segmento mayoritario del país que no es el generador del problema; y, por el contrario, los grandes responsables del mismo salgan impunes o aporten de “mentirillas” a la solución.

¿Se justifica o no el llamado a huelga de los sindicatos para el próximo miércoles 25 de abril? ¡Por supuesto que sí! Tanto como se hace necesario que el próximo primero de mayo exprese una potencia democrática de calle sumamente contundente.

*Secretario general
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

El gobierno de don Luis Guillermo Solís fracasó en materia de seguridad ciudadana, de lo anterior no queda ninguna duda, los índices de violencia en tres años consecutivos (2015, 2016 y 2017) dan cuenta de una nefasta gestión en materia de prevención y de contención del delito. A la fecha, según indican los medios de comunicación, se contabilizan alrededor de 179 homicidios, es decir, 13 más que los registrados en el año 2017, a la misma fecha.

Tristemente, el año 2017 superó todas las estadísticas, de momento es el año de los récords, por lo tanto, no tenemos nada que celebrar en materia de seguridad, récord en decomisos de drogas, sinónimo de que estamos altamente contaminados con la incursión del narcotráfico en nuestro país. Paralelamente, récords en homicidios y en muertes violentas; situación que requiere un abordaje especial, es momento de preponderar el trabajo interinstitucional, en aras del bien común.

Los altos índices de impunidad son alarmantes, la crisis que atraviesa nuestro sistema carcelario (hacinamiento y liberación de privados), aunado a la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones encargadas de favorecer la justicia, hacen que tengamos un país destinado al fracaso en la materia. Lo que vemos de alguna manera, es un incremento en la privatización de la seguridad, sin embargo, no todos tenemos acceso a seguridad privada, además, el efecto se refleja en el incremento en los costos de operación de empresas y comercios, que deben tomar de sus ingresos, para pagar dicha seguridad privada.

La seguridad ciudadana sí se puede mejorar. No existe una “pomada canaria”. Lo esencial e imperativo es que establezcamos como país una política criminal, que impulse políticas públicas que vengan a generar oportunidades. Además, es necesario trabajar en equipo, que es lo mismo que establecer la atención multisectorial de los factores de riesgo, en aras de una efectiva prevención de la violencia.

Es necesario puntualizar en algunos aspectos que nos podrían permitir mejorar en materia de seguridad ciudadana. Una de las estrategias debería ser adoptar una política de prevención, según sea la situación de determinada comunidad, o sea, diversificar las estrategias operativas, según sean los puntos neurálgicos en materia de criminalidad. Lo anterior se puede medir a partir de las estadísticas y el mapeo de la incidencia que se presenta, así como del trabajo de inteligencia que permita identificar el desplazamiento de los delincuentes de un lugar a otro.

Es necesario identificar los factores de riesgo, utilizar la información que al efecto manejan otras instituciones del Estado, tales como comunidades vulnerables, niveles de desempleo, escolaridad, sobrepoblación habitacional, población migrante, entre otras, con lo cual poder hacer valoraciones objetivas y establecer estrategias de prevención, entendiendo que la prevención debe ser la norma.

La incursión del narcotráfico en nuestro país, se da primordialmente por la Frontera Sur, en razón de ello, se debería fortalecer la prevención y la contención de su ingreso, tanto por tierra, como por el Océano Pacifico. Para tal cometido, es necesario plantearse algunas cosas.

Ante el incremento en la actividad delictiva, la cual se acompaña de la incursión del narcotráfico, es indudable que se requiere de dotar a los cuerpos policiales de mejores condiciones, no solamente en infraestructura y equipamiento, sino además, en lo relativo a sus Derechos Humanos laborales. También, es urgente fortalecer jurídicamente la actuación policial.

Es urgente contar con una política de Estado en materia criminal, trazar una ruta de acción que direccione el actuar de los distintos cuerpos policiales, dejando de lado la improvisación, el individualismo, y el egocentrismo. Hemos sido incapaces de articular acciones, de trabajar en equipo y los resultados saltan a la vista. La seguridad ciudadana requiere de una atención multisectorial, acompañada de liderazgo y comunicación asertiva.

¡Alerta! La proyección de homicidios, partiendo de los datos al día de hoy podría superar en mucho lo alcanzado en el año 2017, de ser así, tendríamos un cuarto año con epidemia por homicidios; con serias repercusiones para el sector turismo, la inversión extranjera y la paz social. Tal como lo hemos advertido, la cárcel nunca ha sido efectivamente un medio coercitivo y de castigo para quienes delinquen, mucho menos en la actualidad, es latente el irrespeto constante de la delincuencia hacia la figura de autoridad pública, el delincuente se siente empoderado por nuestro sistema de justicia.

¿Se puede mejorar en materia de seguridad ciudadana? Claro que sí, siempre y cuando hagamos las cosas diferentes. Quienes dirijan los cuerpos policiales deben ser personas con mística, liderazgo y trayectoria. No debemos permitir que se continúe “prostituyendo la carrera policial”. Es imperativo, además, que trabajemos en equipo, dotemos de mejores condiciones a nuestros Policías, reformemos algunas leyes, bajemos los índices de impunidad y definamos una política de Estado.

No es más seguro el país que más policías tiene, sino el que menos delincuentes produce.

Lic. Mainor Anchía Angulo
Directivo Nacional de ANEP.
mainoranchia@anep.or.cr

“La sensatez es la cualidad de las personas prudentes, con buen juicio, que actúan y toman decisiones con madurez y cordura… Las personas sensatas son racionales y prudentes, actúan de manera honesta, fundamentando sus acciones y decisiones en la verdad… No se está obrando con sensatez, por ejemplo, si se miente o engaña, si se es irracional o impulsivo”. (Tomado de: https://www.significados.com/sensatez/).

Buscamos en la versión electrónica del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), qué significa el vocablo-palabra equilibrio y de las ocho acepciones que contiene, citamos las siguientes para efectos de este artículo: “3. m. Peso que es igual a otro y lo contrarresta… 4. m. Contrapeso, contrarresto o armonía entre cosas diversas. 5.m. Ecuanimidad, mesura y sensatez en los actos y juicios”.

El estimado ciudadano don Marvin Rodríguez Cordero, quien el próximo 8 de mayo se juramentará como el Segundo Vicepresidente de la República, persona a la cual le guardamos un gran respeto, pide a la dirigencia sindical nacional que ésta debe actuar con “sensatez” y con “equilibrio”, ante la irresponsable, alocada y aventurada tramitación parlamentaria del Expediente Legislativo No. 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Haciéndose eco de las apelaciones a la “sensatez” y al “equilibrio” que se le pide a la dirigencia sindical nacional opuesta al “combo fiscal”, el principal medio de comunicación del capital neoliberal sentenció, editorialmente, lo siguiente: “…el proyecto gubernamental es insuficiente para remediar el enorme problema del déficit fiscal y revertir el crecimiento incontrolado de la deuda pública, que cada vez canaliza más recursos hacia las arcas estatales y, por ende, reduce la disponibilidad y encarece el costo del crédito para el resto de los actores económicos, en particular empresas y consumidores…”.

Así las cosas, nos preguntamos: ¿Será “sensato” y “equilibrado” forzar, contra viento y marea, imponerle a la sociedad un nuevo paquete de impuestos que en nada ha de “revertir el crecimiento incontrolado de la deuda pública…?

¿Será “sensato” y “equilibrado” seguir destinando cada 24 horas, al día, la gigantesca cantidad de 4 mil millones de colones, aproximadamente, y sólo para pagar intereses producto de ese “…crecimiento incontrolado de la deuda pública”?

¿Será “sensato” y “equilibrado” atacar en ese proyecto de “combo fiscal” los salarios del empleo público cuando éstos no son los responsables del déficit fiscal”?

¿Será “sensato” y “equilibrado” seguir tiranizados por el “crecimiento incontrolado de la deuda pública”, sin un combate frontal en contra de los 8.5 puntos de PIB del robo de impuestos?; ¿sin un combate frontal a los 6 puntos PIB producto de la “fiesta” de exenciones-exoneraciones?; ¿sin un combate frontal en contra de los 7 puntos PIB que se dejan los corruptos?; ¿sin tasar-gravar las transacciones financiero-bancarias producto del dinero sucio, el del crimen organizado y el del narcotráfico?

¿Será “sensato” y “equilibrado” mantener el salario del Presidente del Banco Central en 18 millones de colones, en contraposición al que se gana la cocinera del CEN-CINAI que, si acaso llega a los 300 mil y que será rebajado al reducírsele el porcentaje de la anualidad, producto del “combo fiscal” en trámite?…

¿Será “sensato” y “equilibrado” enfrentar el “crecimiento incontrolado de la deuda pública”, sin conocer sin auscultar las razones, las evidentes y las profundas, por las cuales hemos llegado a tal punto que nos está aproximando (si no es que ya lo pasamos), a la barrera del 50 % del Producto Interno Bruto (PIB)?

¿Será “sensato” y “equilibrado” enfrentar el “crecimiento incontrolado de la deuda”, sin el desafío de una transformación estructural del injusto sistema tributario costarricense altamente regresivo, mismo que (entre otras razones), nos ha generado el espantoso problema de la deuda pública y el no menos espantoso problema del pago de intereses de la misma?

Finalmente, ¿No será más “sensato” y “equilibrado” impulsar un proyecto de contingencia fiscal, por el lado de la progresividad tributaria, mientras un acuerdo nacional, vía diálogo político-social, diseña un conjunto de medidas compartidas de corto, de mediano y hasta de largo plazo; medidas de aporte generalizado, pero con equidad; es decir, con una real distribución justa de los aportes para atender el grave problema fiscal nacional…

Esto no es lo que representa el proyecto de “combo fiscal” actualmente en trámite, lo que estaría explicando el rechazo casi generalizado de muchos sectores sociales.

Nuestra Constitución Política señala: “Artículo 12.- Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias.”

En tal sentido, nuestra policía es de carácter civilista, encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos, mediante el monopolio de la fuerza, misma que le es delegada por el poder de Estado. La función de la policía es la actividad que ejercen los funcionarios normalmente llamados policías, con el fin garantizar el desarrollo de las actividades dentro del orden, preservando la armonía social.

En nuestro país, tiempo después de la abolición del ejército, se presenta una importante evolución, en torno de la actividad policial; surge en 1994, la Ley General de Policía Nº 7410. Dicha normativa viene a regular la actividad propia de los cuerpos policiales, así como a establecer los lineamientos para acceder a los puestos de jerarquía. Así las cosas, la Ley 7.410, cita: “Internamente, la promoción desde el grado de comandante hasta el de comisario, será regulada por el reglamento correspondiente bajo el procedimiento de concurso interno y respetando los criterios de capacitación, tiempo de servicio y otros méritos.”

¿Qué méritos en cuanto a capacitación y tiempo de servicio podría haber tenido una persona que ingresó al Ministerio de Seguridad Pública en octubre del año 2001, y obtener, tres años después, el grado de comisionado, pero que, además, solamente registra a su nombre una única intervención policial (parte policial), en el año 2004?

No menos interesante, la siguiente incógnita: ¿Qué motiva tantos pines y medallas, en la gabardina de una persona que únicamente ostenta la elaboración de un parte policial, por una contravención?

En criterio del redactor, la carrera policial fue “prostituida”; esa sigue siendo mi opinión, la cual sustento en la información que sigo recopilando, así como, en el testimonio de muchas personas con antigüedad en la función policial; quienes bajo el anonimato me dicen: “todo lo que usted ha dicho y denunciado es cierto”. Lo anterior, incluyendo algunos funcionarios con nivel de alta jerarquía, que ven con buenos ojos nuestros planteamientos.

Ahora bien ¿Por qué traemos a colación el tema? “El primer acto de corrupción que un funcionario público comete, consiste en aceptar un cargo para el cual no se está capacitado”. Frase célebre, que se puso de moda en la reciente campaña política. Además, la inseguridad que vive nuestro país, nos motiva para retomar algo que habíamos denunciado, desde el año 2014.

En los últimos meses hemos observado en notas de prensa, que, se cuestiona la falta de experiencia y de requisitos para el desempeño de diversos cargos públicos ¿Cuánto más se debe observar el incumplimiento de requisitos, en una actividad, como la función policial?

La carrera policial debe avanzar al nivel de profesionalización, que demanda la situación de nuestro país; la misma debe fundarse en dotar de técnicas policiales, y teorías modernas a nuestros policías. No podemos seguir improvisando, mucho menos permitiendo que personas sin trayectoria, sin méritos y sin liderazgo, sean quienes dirijan nuestros cuerpos policiales.

Dirigir un cuerpo policial, requiere de experiencia, e indudablemente de liderazgo. Nos parece necesario, por el bien común, que el nuevo gobierno haga un proceso de depuración dentro del Ministerio de Seguridad Pública. Amén de que se realice un concurso interno transparente, que permita que personas con conocimiento y trayectoria real, sean quienes ocupen los puestos de jerarquía en la cartera encargada de brindar protección, mediante la prevención de los delitos.

“Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón, incluso si eres minoría de un sólo, la verdad sigue siendo la verdad” Mahatma Gandhi.

Lic. Mainor Anchía Angulo
Policía con licencia sindical
Dirigente de ANEP

Ajustamos ya bastante tiempo planteando que resulta imposible y que es socialmente explosivo, pretender que el grave problema del déficit fiscal se resuelva por el lado de quienes menos responsabilidad tienen por ello: el pueblo trabajador.

Por tanto, las soluciones, que deben ser paulatinas, deben considerar otros ámbitos que no deberían ser las que constituyen un ataque a los salarios de la clase trabajadora, tanto la del sector público como la del privado.

Hay un planteamiento novedoso que se viene promocionando hace tiempo ya en el seno de los movimientos sociales y sindicales de países de la Unión Europea (UE), básicamente.

Del tema hemos hablado ya nosotros, también, gracias a los espacios que nos permite el Grupo Extra. Se trata de poner un impuesto a las transacciones financiero-bancarias, conocido popularmente como tasa “Robin Hood”: exigirle tributación realmente justa a los que más acumulan para distribuir entre los que menos tienen.

Una amistad nos comentó de que en Costa Rica las transacciones financiero-bancarias van en auge. Podríamos pensar en instaurar en nuestro país un impuesto “Robin Hood” a la tica.

Datos de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), refieren al respecto a un documento denominado “Informe estadístico del Sistema Nacional de Pagos 2017”, elaborado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), indicando que la banca digital del país movilizó, en ese año, 182 billones 600 mil millones de colones, lo que equivale a 5.6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), correspondiente al 2017. Un informe-nota de prensa publicado recientemente, también, se refirió al asunto.

Tal cantidad de dinero se movió mediando unas 150 millones de operaciones digitales financiero-bancarias en ese año 2017.

Imaginemos por un momento que a esa cantidad gigantesca de dinero, movilizado digitalmente por el sistema de transacciones financiero-bancarias, se le impone una tasa tributaria de equis porcentaje; tasa que puede ser establecida por un período determinado de tiempo mientras un gran acuerdo nacional define soluciones estructurales, de mediano y de largo plazo, para el tema del déficit fiscal.

Se podría definir que se gravaría o se tasaría cada transacción digital financiero-bancaria, pero de cierto monto hacia arriba, para no afectar a las movilizaciones de dinero de pequeños y/o moderados montos que ejecutan personas de ingresos medios y bajos.

Tómese en cuenta que mucha de esa gigantesca cantidad de 182,6 billones de colones debe contemplar enormes cantidades de dinero sucio proveniente del crimen organizado y del narcotráfico que pasan por el sistema bancario-financiero del país.

Un reportaje periodístico de la prestigiosa cadena de noticias británica, la BBC (en su sección digital BBC Mundo), aparecido en su sitio web con fecha 17 de junio de 2013, tituló así: “Costa Rica, en la mira del narco”. El periodista Juan Carlos Pérez Salazar, reportando desde la Ciudad de México, indicó:

“De acuerdo con la organización Global Financial Integrity, el flujo de dinero ilícito en Costa Rica en la primera década del siglo XXI fue de US$64.000 millones, más del 10% del PIB de ese país”. ¡Este reportaje es del año 2013! ¿Qué habrá pasado 5 años después, a hoy, 2018? ¡No hay duda! Más plata sucia ha estado pasando por el sistema financiero-bancario del país.

Tal reportaje, además, apuntó lo siguiente. “Un informe de Departamento de Estado de EE.UU. citado por el sitio Costa Rica Hoy, indica que la fuente más importante de los activos que se lavan en Costa Rica provienen de las ganancias del narcotráfico y las apuestas por internet… El informe estadounidense también identificó otros delitos que alimentan el blanqueo de divisas en el país, como el tráfico de otras drogas, fraudes financieros, tráfico de personas, corrupción y contrabando”.

Noten ustedes cuánto potencial recaudador, en materia de ingresos frescos, hay en una eventual tasación tributaria a las transacciones financiero-bancarias digitales que todos los días se ejecutan en el sistema bancario costarricense. Pero, ¿cuál líder político y/o fuerza política está en disposición para asumir tal desafío a la parte más radical de la actual hegemonía político-económica dominante del capital, la del capital financiero?…

Corresponde a los movimientos sindicales, sociales, populares y cívico-políticos, con interés objetivo-subjetivo en la lucha por una sociedad contraria a la desigualdad, valorar si el tema del impuesto “Robin Hood” merece ser consigna consistente de la etapa histórica en que está ya sumida la Costa Rica actual.

Nosotros pensamos que sí y, por tanto, desde la corriente del sindicalismo sociopolítico en la cual nos basamos para nuestra lucha diaria, hemos de plantear el tema con toda la fortaleza que nos sea posible, con mucha mayor intensidad con la que ya hemos venido tocando el tema tiempo atrás.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

“¡Alto a la pobreza y a la exclusión!” ¡Alto al crecimiento de la desigualdad! Son, desde nuestra perspectiva, los dos fundamentales gritos cívicos expresados por el abrumador triunfo en las urnas de don Carlos Alvarado Quesada, para ser el nuevo Presidente de la República; pero, a la vez, son los reclamos potentes del grueso del electorado votante que apostó por don Fabricio Alvarado Muñoz.

Pensamos que ésta es la lectura más apropiada (no la única, por supuesto), que debemos hacer para comprender el gigantesco desafío de intentar un nuevo proceso de reconstrucción republicana, apostando por la integración social de ese gran sector de compatriotas, el ampliamente mayoritario, que estuvo en las urnas este domingo 1 de abril; compuesto en dos conglomerados: los que están ya “descartados” (como dice el papa Francisco), o a punto de serlo; y la agobiada clase media del mundo del trabajo, altísimamente endeudada y con gran miedo sobre la preservación de sus actuales empleos (especialmente, los del sector Público).

Y, evidentemente, es de destacar que, en una parte muy importante del conglomerado del electorado votante a favor del hoy presidente electo del país, la cuestión de los Derechos Humanos estuvo en la centralidad de esa decisión ciudadana; pero sin comprensión cabal de la integralidad del significado de los Derechos Humanos en su justa y real dimensión.

En tal sentido, hay que posicionar el estricto ligamen entre los Derechos Humanos y al reclamo por la exclusión y por la desigualdad social.

Por diversas razones que ya se están exponiendo, así como por la intensidad de la batalla campal que hubo entre costarricenses con ocasión del pasado proceso electoral, al mezclarse religión y política y dada la tóxica polarización de la cual no hemos salido, lamentablemente; conviene ahora para enfrentar tal polarización, poner en la mesa central del debate político y social del país, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que textualmente citamos:

Artículo 23 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

¡Miren ustedes! Aquí está una interrelación inobjetablemente contundente entre Derechos Humanos y derecho a tener un trabajo, un empleo; Derechos Humanos y protección contra quienes están sufriendo el desempleo, especialmente la gente joven; Derechos Humanos a igual salario por trabajo igual (lo cual contrasta con los abusos que hay en los más altos estamentos de la estructura de la alta jerarquía política estatal); Derechos Humanos y remuneración equitativa y satisfactoria (la cruda realidad de la sobreexplotación obrera a propósito de la situación real del salario mínimo); Derechos Humanos a organizarse en sindicatos y a no ser perseguido por afiliarse a éstos… ¡Lo ven!

La importante comunidad costarricense sexualmente diversa y sus entornos familiares y sociales se volcaron a favor de don Carlos Alvarado Quesada, por su posición política, clara y contundente, de respaldar el respeto pleno a los Derechos Humanos de estos y de estas compatriotas. ¡Esto estuvo bien!

Pero, ¿y los Derechos Humanos de la persona sin trabajo, de los jóvenes sin empleo, ¡qué!?… ¿Los Derechos Humanos de quien es perseguido, acosado, estigmatizado, violentado, humillado y hasta despedido por afiliarse a un sindicato; ¡qué!?… ¿Los Derechos Humanos de quienes reciben un salario miserable, (“mínimo”), que no permite brindarle a su familia una “existencia conforme a la dignidad humana”, como lo apunta el apartado 3 del artículo 23 arriba citado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; ¡qué!?…

Si el Partido Acción Ciudadana (PAC), aspira a ser la nueva alternativa política de la Socialdemocracia (ante la debacle ideológica del histórico liberacionismo que enterraron los hermanos Arias y el señor Desanti); si don Rodolfo Piza pretende reinventar la vigencia política del pensamiento del Humanismo Cristiano, en su alianza con el hoy Presidente electo; entonces deben comprender que la integralidad del planteamiento de los Derechos Humanos es de tal magnitud que los reclamos de la ciudadanía votante del pasado domingo 1 de abril (en los dos casos), está más que legitimada para que el enfrentamiento frontal de la pobreza y de la desigualdad, se vea como una decisión-país de poner en el centro de toda política pública, la cuestión de los Derechos Humanos en su rica integralidad y no solamente por una sectorialidad social y ciudadana, igual de legítima como el reclamo obrero generalizado que hubo en las urnas.

En este año 2018, con la conmemoración del 70 aniversario de la promulgación por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, corresponde un relanzamiento de un compromiso-país fuerte de poner la cuestión de los Derechos Humanos como piedra angular de un proceso nacional de reconciliación nacional, especialmente si se concreta la propuesta del señor Presidente electo de un gobierno de unidad nacional.