Opinión

Terremoto político

Publicada el 06/02/2018 | por ANEP | Dejar un comentario

Como es lógico suponer, mucho se escribirá en los próximos días sobre el resultado de las elecciones presidenciales y diputadiles del pasado domingo 4 de febrero.

Y, por supuesto, la serie de comentarios por venir al respecto presentará perspectivas nada neutrales u objetivas. La nuestra, obviamente, tiene tal carácter. Hoy les vamos a compartir nuestras primeras 10 conclusiones en tal sentido; comentarios sumamente generales, cortos en su alcance interpretativo pero con base en nuestra propia experiencia de trabajo y, aclarando que no somos dueños de la verdad en las complejas circunstancias actuales.

Primero: El bipartidismo histórico-tradicional, conocido por el pueblo como PLUSC, mismo que empezó a morir luego del Combo ICE, en el año 2000, no está muerto del todo, pese a que sus candidatos principales (el liberacionista y los dos “socialcristianos”, quedaron fuera de la segunda ronda electoral. Por el contrario, tendrá una robusta representación parlamentaria y con el conjunto de otras fuerzas conservadoras que lograron, también, representación legislativa, constituyen una gran oportunidad para que el capital (especialmente el de corte neoliberal), siga teniendo el corazón central de la hegemonía político-económica en la sociedad costarricense actual. El factor trabajo ha quedado con posibilidades frágiles de escucha legislativa real.

Segundo: Para el Partido Liberación Nacional (PLN), una de las dos alas de este PLUSC, el golpe es mucho mayor y tiene un hondo contenido psicológico-emocional. Se notó la ausencia del figuerismo, excluido de la campaña por los hermanos Arias Sánchez. El “gerente político” que estos designaron como candidato presidencial, no dio la talla. Quedó demostrado que la socialdemocracia verde ya no está en el PLN, consumido éste completamente por un “pragmatismo neoliberal” que le hizo renegar sus principios originarios.

Tercero: La Unidad llega al parlamento “olorosa” a cemento, en medio de una disputa por el legado del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, más que con fines electoreros que ideológico-filosóficos. La Doctrina Social de la Iglesia Católica, potenciada hoy con los extraordinarios mensajes sociopolíticos del papa Francisco, al igual que la socialdemocracia verde, anda por otros lados luego de que en esa colectividad política adoptaran el neoliberalismo como fuente principal de su práctica política cotidiana.

Cuarto: El Partido Acción Ciudadana (PAC) que viene reclamando para sí la herencia fundamental de la socialdemocracia originaria y, por tanto, soporte de las capas medias que se resisten a dejar de serlo; recibe una segunda oportunidad que casi todos habían descartado. Indudablemente, es la figura de su candidato el factor subjetivo de peso para ello; y, por su puesto, sigue siendo de muchísima influencia la presencia activa de quien es reconocido como su figura fundadora. A lo mejor, el “pacto del sombrero” podría representar para ésta que le den la cartera ministerial de Hacienda, si ganan en segunda ronda.

Quinto: Se empieza a gestar la especie de que el fundamentalismo evangelista y, prácticamente, monotemático, alcanzó su tope electoral máximo con su votación de primera ronda. El candidato ganador de primera ronda parece asumir el monopolio de la interlocución política de tal movimiento de ahora en adelante; y le será muy difícil descontaminarse de que no tiene un fuerte sesgo homofóbico y discriminatorio en su visión de mundo. Ante esta fuerte incursión de la religión en política, será interesante auscultar si hay distancia entre este movimiento y la Iglesia Católica; y, a la vez, determinar cuál será la actitud de la misma ante la próxima segunda ronda electoral.

Sexto: El finalista del segundo lugar arranca la campaña de segunda ronda a partir de una votación “piso”; es decir, que esta tenderá a subir hasta darle el triunfo el 1 de abril. Sin embargo, tampoco puede asegurarse nada puesto que otros factores político partidistas y social-patrióticos van a entrar en acción hacia su lado opuesto. La polarización está dada en cuanto a las cuestiones del matrimonio igualitario, las guías sexuales y la denominada “ideología de género”. Esto fue el eje central de la campaña electoral de primera ronda y, fue determinante para la composición del parlamento que se avecina. Por otra parte, habrá que ver si hay interés en articular una real y transparente agenda de trabajo con los movimientos sociales (incluidos los sindicales), dentro del concepto que ya está transmitiendo de “unidad nacional”.

Sétimo: Las izquierdas sufrieron un duro revés. Especialmente, la parte de esa izquierda progresista amiga de los sindicatos y de los movimientos sociales. En lo particular, el derrumbe parlamentario del Frente Amplio debe tener varias explicaciones e interpretaciones. Una de ellas, sin duda, fue su propia división legislativa pública y notoria para consternación de amplios sectores realmente progresistas de nuestro país. El cálculo electoral de su emblemática figura podría haber incidido, también, en la drástica reducción de su presencia en la próxima Asamblea Legislativa.

Octavo: La extrema derecha libertaria desaparece, afortunadamente, del escenario político-nacional. Ni siquiera logró la mínima representación parlamentaria. Sin embargo, en el nuevo parlamento tiene relevos ideológicos y, por tanto, su ideario de fundamentalismo de mercado podría cruzarse con fundamentalismo religioso y, entonces, el desafío confrontativo se potenciaría.

Noveno: En este nuevo escenario político nacional, tan preliminarmente caracterizado, la gran interrogante es si los sectores sindicales, sociales, populares y cívico-patrióticos logran rearticularse con base en las experiencias ya vividas de éxito en determinadas coyunturas de nuestro pasado reciente. Es mejor no adelantar nada sobre cómo pensaría uno debería ser una articulación de nuevo tipo de cara a la coyuntura ya en desarrollo. Es obvio, eso sí, que la imperiosa necesidad de tolerancia en la diversidad y el destierro del hegemonismo gremialista-personalista serán fundamentales.

Décimo: Seguimos creyendo en nuestro planteamiento de las dos democracias: la electoral y la de la calle. Esta parece que volverá a tomar auge en los tiempos por venir, como papel relevante tuvo en el gobierno que ya termina en temas tan neurálgicos y confrontativos como el del empleo público. Ahora, la apelación a la democracia de la calle podría ser en función de la supervivencia misma de la clase trabajadora amenazada por ese déficit fiscal del cual nunca ha tenido la más mínima responsabilidad.

Las elecciones del domingo: A las puertas del infierno

Publicada el 31/01/2018 | por ANEP | 1 comentario

Pese a todos los esfuerzos realizados por la gestión hacendaria del ya saliente Gobierno, tanto en el plano legislativo como en el ejecutivo, específicamente en este caso desde la cartera ministerial de Hacienda, a cargo de don Helio Fallas Venegas, Primer Vicepresidente de la República; todo ello no alcanzó para evitar que estemos “a las puertas del infierno”; cerca de una “hecatombe fiscal”, como lo calificara el responsable número uno de esta situación, el Expresidente Óscar Arias Sánchez.

Don Helio nos anunció que (según nosotros), ya estamos “a las puertas del infierno”; que tenemos ya en el horizonte a los cuatro jinetes del apocalipsis fiscal.

UNO: el déficit fiscal llegó al 6.2% del Producto Interno Bruto (PIB), al terminar el año 2017.

DOS: La deuda pública del país está superando el 50% del PIB y viaja, indeteniblemente, hacia el 60%, terrorífica cifra según la hegemonía económica neoliberal dominante para países como el nuestro.

TRES: Los intereses de esa deuda están ya sin control, algo así como crecen a lo loco todos los días; intereses que se están comiendo ya, prácticamente, el 40% del presupuesto de la República que pasa todos los años por el parlamento para su aprobación.

CUARTO: Que, si no se arregla el problema fiscal entre costarricenses, vendrá el Fondo Monetario Internacional (FMI), para arreglarlo a su estilo… ¿”A la griega”… “a la portuguesa”?…

Con estos datos brutos del problema fiscal nacional, vamos a las elecciones del domingo. “Pobrecito” el que quede de Presidente… O, que “Tatica Dios agarre confesado” al que gane en una eventual (y casi segura), segunda ronda electoral.

Vistas así las cosas, aunque nosotros estimamos que el problema número uno del país es el de la desigualdad (su crecimiento, su extensión, su profundización con sus terribles secuelas de empobrecimiento salarial, desempleo y subempleo aumentando, violencia de todo tipo, narcotráfico y crimen organizado, etc.); tal parece que no podrá el nuevo inquilino de Zapote mirar para otro lado en este asunto del déficit, como lo han estado haciendo todos los candidatos en la actual campaña electoral.

Se impuso otra temática que polarizó la campaña y parece que será la subjetividad emotiva la que definiría el resultado final. Lo del “voto informado”, lo del “voto inteligente” pasó a segundo plano, al parecer.

A nuestro juicio, enfrentar el problema fiscal actual según ese estado en que se dice que estamos “a las puertas del infierno”, requerirá del nuevo presidente un despliegue de fortaleza política de extraordinaria contundencia, si es que quiere asumir tal reto por el lado de las mayorías ciudadanas y trabajadoras.

Porque también se puede asumir el reto de entrarle a tal problema por el lado de la minoría concentradora de la riqueza, la de la acumulación desenfrenada… la ganadora del modelo macroeconómico-hegemónico imperante en las últimas administraciones gubernativas.

Si el nuevo gobernante se decide por el lado correcto, el lado de la gente, en esto del problema fiscal del país “a las puertas del infierno”, tiene dos grandísimos campos de acción política de emergencia: el de la evasión y elusión fiscal-tributarias y el de las exenciones-exoneraciones.

En el primer caso, la cifra del robo de impuestos en todas sus manifestaciones llega a 8.5 puntos de PIB. En el segundo, un 6% PIB. Solamente en este último caso, esa cifra es similar al déficit fiscal del año pasado, 6.2 PIB.

Ahora bien, ambas juntas superan el 14% PIB, espacio fiscal para actuar con verdadera urgencia antes de seguir pensando en imponerle al pueblo trabajador un aumento en el más injusto de todos los impuestos, el de ventas, pasándolo a impuesto al valor agregado, del 13 al 15%.

Por supuesto que lo que acabamos de citar es una parte de un abordaje integral, con justicia social, de este grave problema fiscal.

Nada habrá de mejorar si no imponemos una estructura tributaria realmente progresiva. Sobran análisis, excelentes estudios, atinadas recomendaciones, acertados diagnósticos, pero, repetimos, sin una voluntad política descomunal para desafiar lo que hay que desafiar, las mayorías trabajadoras y ciudadanas, las que sí son las que están “a las puertas del infierno” sin tener la más mínima responsabilidad en esto del déficit, sufrirán demasiado.

Si tan solo por estos días antes del domingo algún asesor de las diferentes campañas presidenciales quisiera documentarse sobre estrategias justas para enfrentar el problema fiscal por el lado correcto, el de la gente; nos permitimos sugerirle ojear ~~al menos~~ el artículo titulado “Someter la evasión fiscal para reducir la desigualdad”, elaborado por Ricardo Martner, especialista en Economía que por mucho tiempo trabajó el tema fiscal para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de las Naciones Unidas.

Este trabajo del señor Martner está incluido en el número 272 de la revista Nueva Sociedad, edición correspondiente a los meses de noviembre-diciembre 2017, bajo el sugestivo eje temático central “¡Son los impuestos, estúpido! – Justicia tributaria e igualdad!”.

Nueva Sociedad está considerada como una de las mejores publicaciones que en la actualidad cuestiona el criminal rumbo de la globalización neoliberal que, entre otros perversos resultados, está poniendo en riesgo al propio planeta Tierra, a la Humanidad misma.

Como el texto citado, así como los otros sobre esta misma temática incluidos en tal publicación, son extraordinarios y oportunísimos de considerar (aparte de los aportes de connotados costarricenses que ya han sido presentados), por parte de las nuevas autoridades políticas del país que va a elecciones presidenciales y diputadiles “a las puertas del infierno”. ¡Piense bien su voto del domingo!

Elecciones 2018: El poder de los indecisos

Publicada el 30/01/2018 | por ANEP | Dejar un comentario

El prestigioso Proyecto Estado de la Nación (PEN) elaboró un análisis sobre el comportamiento electoral actualmente en desarrollo, de cara a las votaciones presidenciales del domingo 4 de febrero de 2018.

Según publicación de prensa que lo citó, estamos en puertas de unas elecciones tan particularmente únicas como sencillamente “raras”, para expresar una opinión más cercana a la percepción de la ciudadanía común.

El estudio del PEN, realizado conjuntamente con el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), es contundente en indicarnos que estas “extrañas” elecciones no tienen nada parecido, desde los acontecimientos bélicos de la confrontación civil armada entre costarricenses, allá en 1948.

Se han realizado 16 procesos electorales desde ese entonces (sin contar el actual) y nada semejante habíamos visto en cuanto a la total incertidumbre de un resultado.

¿Será que en el horizonte mediato podría avizorarse algún quebranto democrático-republicano-institucional de lo cual nadie tiene ni la más mínima idea de ello?… ¡Vaya usted a saber!

Volvamos al actual proceso electoral. Tres grandes grupos de electores, de los 3 millones 300 mil ciudadanos con derecho a votar, se perfilaron muy bien al terminar el año 2017 en relación con estas elecciones presidenciales. Usted, estimado lector de este comentario, perfectamente puede ubicarse en alguno de los tres.

PRIMER GRUPO: Quienes no votarán definitivamente, pues no irán a las urnas. Ya no creen en nada, están al tope del hartazgo y estiman que “todos son lo mismo” y “nada cambiará”. Nada más y nada menos que un tercio del padrón electoral nacional: 1 millón 100 mil votantes. ¿Es usted parte de este grupo?

SEGUNDO GRUPO: De los 2 millones 200 mil votantes que sí irían a las urnas, cerca de 650 mil no tienen la menor idea de a quién van a apoyar. Se decidirán en las últimas horas y/o con la papeleta en frente al momento mismo del acto de votación. Prácticamente, de los votos válidamente emitidos para el domingo, no hay en este momento ninguna certeza de quién se va a llevar ese casi 30% de sufragios o cómo se distribuiría. Es por este segmento que hemos estado viendo la furiosa competencia de la propaganda de los diferentes candidatos en las últimas horas. ¿Está usted en este grupo?

TERCERO GRUPO: Pero, ¡cuidadito! La sorpresa podría ser mayor a la que todo el mundo espera. De la cantidad de electores restantes que sí votarían, es decir, los 2 millones 2 mil, tenemos que restar los 650 mil realmente indecisos pertenecientes al grupo segundo. Por tanto, nos quedan 1 millón 550 mil votos que ya tienen candidato definido… ¡Pero!… ¡He aquí el pero! De esta cantidad, los que ya tienen candidato definido, nos dice el estudio comentado que unos 625 mil han venido cambiando de candidatos a lo largo de las últimas semanas. ¿Está usted en este grupo?

En síntesis: hay 1 millón 275 mil ciudadanos de los que sí irán a las urnas, cuya preferencia por determinada candidatura presidencial no está segura, no está realmente definida, nadie en la carrera electoral del esprint puede adjudicarse nada, ¡nada de nada! Hablamos de los 650 mil realmente indecisos, súper indecisos, más los 625 mil que son “medio” indecisos porque han venido cambiando de preferencia en las últimas semanas.

¡Brutal! Casi un 60% de las personas electorales ciudadanas no tiene realmente definido por quién votará.

Al momento de escribir este comentario, el pasado domingo 28 de enero, con estas cifras la probabilidad de una segunda ronda electoral para el primer domingo de abril sería inevitable.

Desconfianza y decepción serían los dos sentimientos fundamentales que nos explican ese 60% de indecisión, “dura” o “medianamente dura”. Desconfianza y decepción que a juicio del investigador don Diego Fernández Montero, en su acertado análisis “Coyuntura político-electoral en Costa Rica de cara a las elecciones de 2018”, parecen ser la base del entierro del sistema de elecciones presidenciales por partidos para pasar a uno por personas, donde el “encanto” de fulano y/o la apelación a sentimientos subjetivos muy hondos en las conciencias cívicas nos podrían estar conduciendo al imperio de la incertidumbre total sobre nuestro futuro como país.

Albino Vargas Barrantes, Secretario general Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Coyuntura político electoral en Costa Rica de cara a las elecciones de 2018 by EugenioGuerrero on Scribd

Déficit fiscal: Los perdedores somos la inmensa mayoría

Publicada el 24/01/2018 | por ANEP | Dejar un comentario

1,55% es el porcentaje de reajuste salarial impuesto por el ya saliente gobierno del presidente Solís Rivera, vía decretazo, para todas las personas trabajadoras que laboran para el Estado; reajuste aplicable para el primer semestre del presente año 2018. La principal argumentación oficial fue que “no hay plata” y que está de por medio el alto déficit fiscal.

Se despide la presente administración de la clase trabajadora, reforzando la política del empobrecimiento salarial, misma que ya es sistemática en congruencia directa, ideológicamente, con el modelo económico imperante de la concentración de la riqueza y del decrecimiento de la desigualdad; pese a los pellizcos que al mismo se le han dado con el impulso y aplicación de varias políticas sociales atenuantes de la pobreza y de la situación de vulnerabilidad a la misma en que están miles de familias, pero que no cuestionan la etapa concentradora de los beneficios del crecimiento económico.

Las personas trabajadoras asalariadas del sector público, de ingresos medios y bajos, así como sus homólogas del sector privado “encarceladas” en los pauperizados salarios mínimos dado el altísimo costo de la vida en un país que como el nuestro es de los más caros de la región latinoamericana; están en caída libre en relación con el poder de compra del salario.

La política salarial no ha sufrido cambios sustanciales en las últimas administraciones de suerte que esta sea un pilar para atacar el crecimiento de la desigualdad, por un lado; y, por otro, que se estructure una nueva metodología de cálculo que diferencia entre lo que es el índice de inflación en contraposición al alto nivel del costo de la vida.

A esta situación hay que agregar el grave problema del déficit fiscal, planteado este según la lógica macroeconómica hegemónicamente dominante; con graves amenazas para el pueblo trabajador asalariado y no asalariado: congelamiento salarial, riesgo de pérdida de miles de empleos, reducción de la rentabilidad de los fondos de pensiones, gran peligro de la estabilidad financiera de IVM-CCSS, aumento en las tasas de interés de los préstamos (vivienda, créditos personales), etc., etc.

Lastimosamente, no vemos que las diferentes candidaturas presidenciales de estas elecciones estén abordando con rigurosa seriedad el tema del déficit fiscal. Lo están eludiendo y cuando lo abordan es para plantear “soluciones” que no lo atacarán estructuralmente hablando para no enojar a los ganadores del déficit: el poderoso sector bancario-financiero, por ejemplo.

Por el contrario, los que venimos perdiendo con el déficit, los que estamos en riesgo de pérdidas mayores, somos la inmensa mayoría, especialmente la compuesta por la clase trabajadora.

Recientemente tuvimos acceso al importante estudio elaborado por el ilustre costarricense don Miguel Gutiérrez-Saxe, denominado “La política fiscal en Costa Rica y sus márgenes de acción”; análisis elaborado a solicitud de la Fundación Friedrich Ebert (FES), de la República Federal de Alemania.

De seguido, y con especial llamado de atención a toda la clase política del país, conviene transcribir seis ideas medulares que nos impulsan a una obligada reflexión sobre lo que nos está pasando como sociedad en estos momentos; es como si fuera este el “retrato” de quienes somos perdedores con el modelo económico dominante y su engendro perverso: el déficit fiscal. Veamos:

“Costa Rica tiene ahora mayores capacidades humanas, pero lleva más de dos décadas de estancamiento de la pobreza según ingreso, alto nivel de desempleo y creciente desigualdad. La política social es progresiva pero no compensa la exclusión económica.

Una nueva época, que se inició con la consolidación de un estilo de desarrollo, hoy se encuentra con una sociedad en medio de crecientes conflictos distributivos.

Sin reformas fiscales significativas desde 1995, tiene fuentes de ingreso insuficientes para financiar su pacto social y sobresaliente comportamiento ambiental. Lo contrario contribuye poco a la equidad social.

Sus impuestos quedaron obsoletos y menguados por los profundos cambios de estructura productiva, consumo y comercio exterior. El uso extremo de exenciones reduce la recaudación.

La estructura pública es compleja, el gobierno central es débil. Al amparo de las autonomías han proliferado diferencias y automatismos que generan presiones al gasto, impactan la calidad de los servicios y amplían el déficit fiscal.

Los tiempos son de situación fiscal apremiante e insostenible en medio de un contexto de pobre gobernabilidad, fraccionamiento político y alto malestar ciudadano”.

¡Qué clase de desafío para quien resulte electo a la Presidencia! ¡Qué clase de retos para el nuevo parlamento! Pero, sobre todo, ¿qué vamos a hacer como movimientos sindicales, sociales, populares, cívico-patrióticos…?

Elecciones 2018: las dos democracias

Publicada el 23/01/2018 | por ANEP | Dejar un comentario

A pocos días de las elecciones de primera ronda, las presidenciales y las diputadiles, del 4 de febrero de 2018, la incertidumbre está al rojo vivo. Nadie la tiene segura.

De mantenerse esta situación, los más expertos en estas cuestiones electorales predicen una segunda vuelta de la elección presidencial, y un parlamento más fraccionado y dividido que el actual. Pero tampoco esto es seguro y en los últimos días que quedan cualquier cosa puede suceder.

Utilizando las reglas constitucionales y legales de la Democracia Electoral, todo parece indicar que el fraccionamiento político-partidista de nuestro sistema republicano, dificultaría muchísimo más que ahora, la puesta en práctica de políticas públicas que confronten “…más de dos décadas de estancamiento de la pobreza según ingreso, alto nivel de desempleo y creciente desigualdad”. (Gutiérrez-Saxe, Miguel).

Este estado actual de cosas no le sirve ni a la Democracia misma ni, por supuesto, a las mayorías populares, especialmente a la clase trabajadora.

Este status quo, producto selecto de un modelo económico comúnmente conocido como neoliberal, le ha generado incalculables ganancias a pequeños grupos político-económicos de poder en la Costa Rica actual; grupos cuyos liderazgos reales (por lo general, personas sumamente ricas de alto corporativo empresarial), no se postulan a elección alguna, designan candidatos para tutelar y le apuestan a varios a la vez, no se someten al escrutinio democrático pero sí conservan ese enorme poder, precisamente, generado por la imposición de dicho modelo.

Como vemos, la Democracia Electoral, desde un punto de vista formal, muestra legitimidad política; sin embargo, desde un punto de vista del real poder detrás de la misma, puede convertirse en una falacia.

Lo que queremos decir es que la Democracia Electoral no está alcanzando para llevar bienestar socioeconómico real a las mayorías ciudadanas de este país.

¿O ustedes creen que el enorme desinterés por la campaña actualmente en desarrollo y lo gélido del ambiente que la envuelve, se debe solamente al tema de la corrupción; llámese ésta ICE-Alcatel, Caja-Fischel, La Trocha, el cementazo, el “yamberazo”, los robos con la deuda política y similares? ¡No señor!

Por supuesto que hay un electorado bravo, enojado, indignado que quiera pasar la factura a la partidocracia, en general, en estas elecciones, por todo este sistemático y sistémico engranaje de corrupción, mediando colusión de intereses privados con los públicos.

Sin embargo, en el fondo estos son los reales perniciosos elementos desestabilizadores que atentan contra la paz social, contra la Democracia misma: la exclusión, la desigualdad, la violencia, el desempleo, el altísimo costo de la vida, la precarización salarial, el deterior de los servicios públicos…

Evidentemente, que esto se sabe y que, de nuestra parte, al repetirlo tanto, parecemos un disco rayado. Sin embargo, ¡una y otra vez, miles más, debemos estarlo diciendo!

Las propuestas y soluciones están dadas. Pero, con poquísimas excepciones, la partidocracia del sistema de la Democracia electoral no desea entrarle de lleno a impulsar políticas para cambiar ese estado de cosas.

Es en tal sentido que nosotros estimamos que la coyuntura histórica en desarrollo abre paso al surgimiento de la vitalidad del poder de la otra Democracia, la de la Calle, tan legítima como la Electoral.

Las grandes transformaciones sociales pendientes no van a ser obra de un político dadivoso, sensible y/o proclive al bien común; tampoco de diputado alguno de mucha locuacidad para denunciar desde el nuevo parlamento las consecuencias de una sociedad como la nuestra de la actualidad, que involuciona; involuciona concentrando, excluyendo, violentando, humillando, golpeando…

A lo largo del planeta y, con especial énfasis, en estos tiempos de neoliberalismo y de globalización económica criminal, se han dado muchas muestras del ejercicio de la otra Democracia, la de la Calle; incluso, en nuestra propia América Latina.

La Democracia de la Calle es tan legítima que dejó de ser patrimonio de la izquierda, de las izquierdas; y en la actualidad, desde las derechas se la emplea para el impulso /o imposición de sus correspondiente agenda.

En Costa Rica, los sectores excluidos o en vías de serlo tienen un potencial impresionante para mostrar los reales alcances de la otra Democracia, la de la Calle; el reto es la articulación para construir la adecuada estrategia que imponen los momentos sociopolíticos por venir, de tanta amenaza para las mayorías ciudadanas.

Necesitamos política criminal

Publicada el 17/01/2018 | por ANEP | Dejar un comentario

Se define la política criminal como el conjunto sistemático de principios en los que se inspira la actuación del Estado para organizar la lucha contra la criminalidad. Este sistema debe considerar varios aspectos, no solamente la parte de prevención del delito que compete a los cuerpos policiales; sino también, la justicia social, la equidad, las oportunidades. Dicho de otra manera, una política criminal, se debe acompañar de políticas públicas.

Para poder trabajar de manera preventiva es preciso identificar las causas de la criminalidad, así como tener el conocimiento de sus formas de aparición y nivel de desarrollo como fenómeno social e individual.

En días recientes pude darle lectura a una entrevista que le realizó el Diario Extra al director de la Policía Municipal de San José, Lic. Marcelo Solano. En dicha entrevista el Lic. Solano apunta aspectos que considero absolutamente acertados y que se vinculan directamente con lo que se conoce como causas de la criminalidad.

Los altos niveles de deserción del sistema educativo, la falta de oportunidades, las trabas que el sistema le ha impuesto muchos jóvenes por una prueba que no mide la totalidad de las capacidades de la persona, son aspectos medulares en la situación de inseguridad que vivimos en la actualidad.

La desigualdad, las diferentes formas de exclusión, la falta de pertenencia, la pérdida de valores, el debilitamiento del poder salarial de adquisición en la clase trabajadora, las cada vez más frecuentes manifestaciones de desfachatez en los modos de corrupción, en los tres poderes de la República; las grandes diferencias dentro de muy pequeños espacios de territorio, potencian cada vez más la acción delictiva y el arraigo del crimen organizado, el crimen “asociado”, el crimen “moderno”. En detrimento de la paz social y de la seguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana no es un asunto que se resuelva únicamente con más policías, en tanto es un tema que debe partir de un abordaje integral. Además, es impensable mejorar la seguridad ciudadana contratando policías, si no les damos condiciones óptimas, una ruta a seguir y las herramientas tecnológicas y jurídicas para obtener mejores resultados.

La política de Estado, necesariamente, debe contemplar un proceso efectivo y eficiente de reinserción social, de modo tal que podamos minimizar el nivel de reincidencia, lo cual podría ser factible, a partir de que logremos reducir los niveles de hacinamiento carcelario. En la actualidad, nuestro sistema es una especie de “escuela” para delinquir, en donde una persona ingresa por la comisión de un delito no doloso, y luego al salir, lo hace con una serie de “habilidades” que lo convierten en una amenaza para la sociedad.

La política de Estado en materia de seguridad, debe incluir una preponderancia en las condiciones de las personas trabajadoras de los cuerpos policiales; a efectos de que no vean vulnerados derechos humanos fundamentales, como la familia y la salud. El nivel de deserciones es tan alto que el país viene asumiendo un altísimo costo, producto de ese círculo vicioso, en donde vemos que se contratan seiscientos policías (600) y se retiran en el mismo año setecientos (700), como resultado de las malas condiciones y la incerteza jurídica que enfrentan nuestros policías en la actualidad.

El proceso de formación en la Escuela Nacional de Policía, en cuanto al curso básico policial, no es suficiente en la actualidad. Es momento de subir el nivel de capacitación. No podemos pensar que con 120 horas en un curso de armas, una persona es experta en manejo de armas de fuego; como tampoco podemos seguir creyendo que con 40 horas de defensa personal, la persona queda capacitada para repeler una agresión ilegitima, ambos casos requieren de mayor inversión.

La formación policial debe aproximarse al proceso que conocimos en una visita realizada al país del norte. En Nicaragua, las personas que ingresan a la escuela policial, al momento de culminar su proceso de capacitación técnico policial, son egresados con una formación integral; que incluye una carrera académica atinente a la función policial. En nuestro país, nuestros policías deben implorar una licencia de estudio, la cual es reducida al 10% de la unidad policial por aspectos operativos.

Albert Einstein dijo algo para siempre: “El mundo no será destruido por las personas que hacen el mal, si no por las que se sientan a ver lo que pasa”…

Lic. Mainor Anchía Angulo
Dirigente Nacional de ANEP.
mainoranchia@anep.or.cr

Elecciones 2018: empleo, mentiras y déficit

Publicada el 17/01/2018 | por ANEP | Dejar un comentario

¡150 mil nuevos empleos! Nos dicen, por un lado. Por el otro, ¡200 mil! Las dos alas del viejo, desacreditado y desprestigiado PLUSC (Liberación-Unidad) están compitiendo en cuanto a la oferta del tamaño de la mentira en esto de la dolorosa y conmovedora situación dramático-social de la gente sin trabajo, sin empleo.

El próximo periodo presidencial de cuatro años, entre el 8 de mayo de 2018 y el 30 de abril de 2022, nos da un total de 1.460 días de gestión gobernante del nuevo mandatario, a razón de 365 días por cada uno de esos 4 años.

Esto quiere decir que en el caso de la promesa electoral del señor Álvarez Desanti, del ala derecha del PLUSC-Liberación, un eventual gobierno de él debería crear unos 103 empleos diarios, lo cual significa ¡4,29 empleos por hora!

En el caso de la otra rama del PLUSC, también de derecha, el PLUSC-Unidad, su promesa de 200 mil empleos implica la creación diaria de 137 empleos, a razón de ¡5,70 trabajos nuevos cada 24 horas!

¿Usted cree eso? ¡Yo no! Quisiera creerlo. Sinceramente esto nos suena a demagogia, a estafa política en perspectiva, porque no basta con decir que impulsando la reactivación económica se va a generar esta cantidad de empleos según estas dos ofertas; por demás, muchísimos menos que lo que implica la absorción anual que debería realizar el mercado laboral según la incorporación a este de nuevas personas en edad de trabajar.

Según datos del Partido Frente Amplio, la justicia social y el desarrollo económico con inclusión estaría demandando la creación de unos 60-70 mil nuevos puestos de trabajo en cada uno de esos 4 años del nuevo periodo gubernativo-presidencial: 280 mil en total; cifra que no significa promesa electoral alguna en materia de creación de empleos de parte de esta colectividad política, como erróneamente afirmara quien esto escribe en nota de prensa de días pasados, de lo cual nos disculpamos oportunamente.

La sana aspiración de muchos costarricenses por una Costa Rica realmente inclusiva y verdaderamente solidaria implica impulsar unas políticas macroeconómicas con un sano equilibrio entre crecimiento y distribución. Esto no está pasando ahorita. En los últimos tiempos, los tiempos de los TLC neoliberales, es el crecimiento el énfasis y no la distribución, la cual genera que la riqueza se haya venido concentrando cada vez más en pocas manos, haciendo cada día más sistemática (y sistémica) la desigualdad.

Estas ofertas electorales del PLUSC para la creación de esos números “alegres” de empleos prácticamente pueden catalogarse de mentiras. Lo que desesperadamente pretenden es allegar votos a sus papeletas en las elecciones del domingo 4 de febrero, en momentos que las encuestas parecen que no auguran nada bueno a las dos ramas de la derecha del vetusto PLUSC.

En realidad están compitiendo ambas entre sí nada más en lo electoral, pues se mantienen en estado simbiótico, unidas hegemónicamente en lo político, bajo la tutela del imperio del latifundio mediático que les apadrina.

Por otra parte, al ser responsables directas ambas derechas PLUSC del espantoso déficit fiscal con el cual se nos aterroriza todos los días; la magnitud de este agiganta sus mentiras de los miles de empleos que crearían si una de ellas es gobierno.

Sin atender el problema del déficit fiscal con profunda seriedad y con justicia, descartando los fundamentalismos dogmáticos, no es posible crear condiciones para la creación de empleos en los niveles ofrecidos y/o requeridos.

Ese viejo, desacreditado y desprestigiado PLUSC sigue insistiendo en la extremista tesis neoliberal de la regla fiscal, propuesta por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, con el nombre de “garantías económicas”; y al igual que él, quieren que tenga rango constitucional.

Ambas ramas actuales de ese PLUSC (Desanti-Piza) plantean la contención del gasto, cuando saben que no hay forma alguna de hacerlo sin generar una catástrofe socioeconómica, más grave que la que podría generar el propio déficit fiscal si no se atiende por el lado correcto: el de la gente.

Las dos partes del PLUSC de hoy, el que va a las elecciones del domingo 4 de febrero, no quieren enfrentar el hegemonismo del capital bancario-financiero que les protege, como para impulsar algún tipo de transformación tributaria estructural por el lado de la progresividad que permita nuevos ámbitos de inversión pública, fundamentales para creación de nuevos empleos, de manera directa y/o indirecta.

Ese PLUSC no va a poder cumplir esas promesas de la creación de tantos empleos como están ofertando; están mintiéndole al electorado; y estafarían políticamente a este porque no tienen interés alguno en transformación estructural tributaria alguna por el lado correcto, el de la progresividad.

Ir por esta ruta sería cambiar el modelo que adoptaron luego de que, respectivamente, el uno renunciara a seguir siendo socialdemócrata y el otro renegara del humanismo cristiano para pasarse ambas ramas al neoliberalismo.

Elecciones 2018: La socialdemocracia verde busca albergue

Publicada el 17/01/2018 | por ANEP | Dejar un comentario

Con gran pompa, don Antonio Álvarez Desanti, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional (PLN), anunció que la actual diputada doña Natalia Díaz Quintana, actual vicepresidenta de la Asamblea Legislativa (la cual termina su mandato constitucional 2014-2018 el próximo 30 de abril), le dio su adhesión y votará ella por él en las próximas elecciones del domingo 4 de febrero.

No es un acontecimiento político cualquiera que pudiera dejarse pasar de manera desapercibida.

La señora Díaz Quintana acaba de participar en la contienda interna del Partido Movimiento Libertario para ver si le arrebataba la candidatura presidencial a la figura emblemática del mismo, don Otto Guevara Guth. Fue ella la hija política de él. Abrazó su ideario y su programa fundamentalista de todo mercado, nada Estado. Es la actual jefa de fracción parlamentaria de dicho partido. Y aunque ahora el señor Guevara diga que ella no representaba nada en su partido (pues según él sólo la siguen su padre y su madre y unos cuantos asesores), lo real es que hay aquí un significado simbólico que quienes se siguen considerando socialdemócratas verdes no pueden ignorar.

Digo socialdemócratas verdes porque luego de que los hermanos Arias Sánchez irrumpieron con sus ideas neoliberales en el histórico y clásico PLN, asumiendo la hegemonía dentro del mismo, empezó un éxodo político paulatino de verdaderos socialdemócratas, especialmente a partir del evento parteaguas que pulverizó al sistema bipartidista PLUSC, conocido como el combo ICE en el año 2000.

De alguna manera, el clásico ideario socialdemócrata (el de Don Pepe, el de don Rodrigo Facio, el de don Daniel Oduber), empezó a ser reivindicado a partir de la fundación del Partido Acción Ciudadana (PAC), básicamente; aunque contenidos muy relevantes de tal ideario fueron ahijados por el propio Partido Frente Amplio, mismo que hoy muestra una propuesta progresista de izquierda más cercana a una socialdemocracia radical, en el buen sentido del término.

La carga simbólica de la adhesión de la diputada Díaz Quintana a su excolega parlamentario y hoy candidato presidencial, señor Álvarez Desanti, es como el portazo que echa a la calle a los últimos y verdaderos socialdemócratas verdes que todavía han estado soñando con la “liberación” del PLN del secuestro neoliberal del que ha sido víctima.

No le queda otro camino a la socialdemocracia verde que buscar albergue, que irse para otras tiendas que están levantando las banderas del mejor ideario socialdemócrata clásico y/o fundar un nuevo movimiento que reivindique los principios doctrinarios originarios del proyecto socialdemócrata desarrollado en el país en la última mitad del siglo XX anterior.

Para esos socialdemócratas verdes (con algunos de los cuales hablamos en las últimas horas), la llegada de la señora Díaz Quintana a ser parte de eventual gobierno Arias Sánchez-Álvarez Desanti, no es más que la “libertarización” de la que fuera la colectividad emblemática de la socialdemocracia en Costa Rica: el PLN; expresando así la señal que faltaba para, de una vez por todas, emblematizar el más claro giro a la derecha, a la derecha del capital, del capital neoliberal-financiero del partido fundado por don José Figueres Ferrer, el legendario Don Pepe.

Cuando los hermanos Arias Sánchez se hicieron con la hegemonía político-ideológica del PLN, éste fue llevado a asumir políticas públicas acordes con la globalización neoliberal; destacándose (entre otras) tres señales clarísimas de su giro a la derecha: sus votos parlamentarios por el combo ICE, en el año 2000; el impulso al TLC con Estados Unidos (proceso culminado en el 2007 con el “frauduréndum” del 7 de octubre de ese año); y el bloqueo sistemático en el seno de los sucesivos periodos legislativos, a cualquier reforma tributaria (por el lado de la renta, por ejemplo), que ponga en peligro la acumulación de riqueza y el proceso de concentración de la misma que hoy defiende el PLN.

Y para “el que no quiere caldo, dos tazas”, esa socialdemocracia verde irremediablemente deberá buscar albergue, si se toma nota del equipo que gestionaría la política económico-fiscal y tributaria de un eventual gobierno Arias Sánchez-Álvarez Desanti, integrado por figuras más que responsables del desastre fiscal que nos espera a la vuelta de la esquina.

Entiendo que muchos socialdemócratas verdes pasarán la factura por estas megatraiciones en los comicios del domingo 4 de febrero.

Elecciones 2018: costo de vida y política salarial

Publicada el 10/01/2018 | por ANEP | Dejar un comentario

Tema “tabú”. Efectivamente, a menos de un mes de las elecciones presidenciales no conocemos planteamiento alguno, contundentemente preciso, de cuál sería la política salarial que se pondría en práctica, por parte de la persona ganadora y su eventual equipo de Gobierno, tanto en materia de política salarial como en lo atinente al costo de la vida; considerado éste como uno de los más altos de la América Latina.

La desigualdad y su crecimiento sistemático e indetenible, el problema número uno de nuestra sociedad en estos momentos, debería enfrentarse (entre otras medidas), ampliando el poder de compra del salario que, de manera indirecta, puede contribuir a la reactivación económica por la cual tanto reclama la cúpula dirigente del alto corporativismo empresarial, al estimularse la producción para el mercado interno, por ejemplo, con cientos de empresas (micro, pequeñas y medianas), abandonadas a su suerte.

A éstas no parece irles también en estos tiempos de neoliberalismo hegemónico excluyente y potenciador de la concentración de la riqueza; como tampoco le está yendo muy bien a la clase trabajadora asalariada de los sectores privado y público y que tienen ingresos medios/o bajos. Igual suerte está corriendo el gran conglomerado obrero-trabajador al margen de la formalidad laboral.

Ambos segmentos mayoritarios, conjuntamente comprendidos, viven un proceso de pauperización sostenido y sistemático, hundidos en el alto endeudamiento, como el espantoso de las tarjetas de crédito.

Por el contrario, a los exportadores les va muy bien. Veamos algunos ejemplos. Solamente dos productos agrícolas, banano y piña, generaron ingresos en el año que acaba de concluir, 2017, de casi 2 mil millones de dólares. ¡114 mil millones de colones! (114.000.000.000.000). Prácticamente, 3.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Y todo el sector agrícola, creció en ventas al exterior en un 4%. Los negocios de tecnología de precisión y médica crecieron en un 12%. Un 7% creció la industria de alimentos. Las químicas y las farmacéuticas, un 8%. Las ventas de productos industriales crecieron en un 9.7%.

El turismo ni se diga. Entre junio 2016 y junio 2017, el turismo generó, prácticamente, unos 4 mil millones de dólares: ¡228 mil millones de colones! (228.000.000.000.000). ¿7 puntos de PIB? ¡Qué locura! Al cierre del año pasado, las cifras deben ser muy superiores. (Datos de la Promotora de Comercio Exterior ~~Procomer~~ y de la Cámara de Industrias de Costa Rica ~~CICR~~).

¡Qué va! La plata está muy mal repartida en este país y los beneficios del crecimiento económico no se están distribuyendo ni con equidad, ni con igualdad y mucho menos con justicia; pese a que es la clase trabajadora, en sus distintas conceptualizaciones, la que genera esa inmensísima riqueza que los datos anteriores implica.

Por el contrario, ¿qué le recetan las políticas económicas vigentes a la clase trabajadora? Del escuálido y raquítico 2.43 por ciento que se estableció para los salarios mínimos del sector privado a partir del pasado 1 de enero, ya perdió un 1%. La rebaja salarial producto del 1% que impuso la directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ante las “dificultades” financieras del sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Para las personas empleadas públicas, que no saben de cuánto será su respectivo reajuste salarial, éste también será mermado en un 1% por tal razón.

La empresa que disfruta del suculento negocio del cobro de peajes en la ruta 27, incrementó las tarifas desde el pasado 1 de enero. Desde este día, también aumentaron las multas por infracción a la Ley de Tránsito, en un 1.78%.

Viene el pago electrónico de tarifas de autobús. Y adivinen quién tendrá que asumir el costo de esta tarifa electrónica: ¡pues la clase trabajadora, la que viaja en bus! Tenemos entendido de que, en la línea de buses de Calle Fallas, Desamparados, ya funciona el pago electrónico, pero quien opte por él deberá cancelar 25 colones más por pasaje. ¡Qué bonito! En el negocio del transporte público modalidad autobús, se generan rentas de, al menos, 700 millones de dólares anuales. ¿Y cómo se les paga a los choferes de autobús?…

El déficit fiscal, cuya gravedad se incrementa día con día (según la perspectiva neoliberal), golpeará todavía más a quienes no tienen la menor responsabilidad por el mismo: ¡la clase trabajadora! El valor del dólar se acerca a los 600 colones (los exportadores más que felices), y a los trabajadores endeudados no solamente se le encarecerán los intereses de los préstamos que deben, sino que su ralito poder de compra salarial se verá más afectado.

Y todavía algunos candidatos presidenciales dicen que para enfrentar el problema del déficit fiscal hay que subir el impuesto sobre las ventas, del 13 al 15%, transformándolo en IVA (impuesto al valor agregado).

Tengamos presente que para los segmentos más empobrecidos y vulnerables de la clase trabajadora (la “suertuda” con empleo y salario fijo, la que lo tiene en condiciones precarias, la sin empleo o subempleada y la del mercado informal), en este 2018 su situación empeorará.

El prestigioso Informe Estado de la Nación 2017, del Programa Estado de la Nación (PEN), señaló que conforme disminuye el ingreso familiar y/o se deteriora el poder de compra del salario, queda menos plata para pagar los servicios públicos básicos y fundamentales de los hogares.

Esto es más grave todavía porque estos servicios no bajan, más bien suben. Datos de tal Informe elaborado con la realidad económico-familiar del 2016, indican que el 40% de los ingresos de las familias más pobres se van en pago de ese tipo de servicios públicos.

¿Cuál candidato presidencial, de los que tienen posibilidades de ganar y/o de avanzar a segunda ronda, se le meterá al tren?… Es decir, proponer, por ejemplo, otra política salarial y otro sistema tributario. ¿Quién le dará vuelta a la tortilla cómo para merecer su voto?…

Elecciones 2018: Estado fallido y contención del gasto

Publicada el 09/01/2018 | por ANEP | Dejar un comentario

“Estamos cerca de hablar de un Estado fallido”() , es el titular de una extraordinaria entrevista realizada a Marcelo Solano Ortiz, jefe de la Policía Municipal de San José, que se publicó en Diario Extra el miércoles 3 de enero. “(http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/349978/estamos-cerca-de-hablar-de-un-estado-fallido).

Es la primera vez que un alto jerarca de la seguridad ciudadana de este país habla, sin tapujos, de la posibilidad de que Costa Rica llegue a ser un Estado fallido, poniendo el dedo en la llaga en las verdaderas causas del grave deterioro de la seguridad ciudadana en nuestro país, de las reales razones del alto índice de muertes violentas producto de asesinatos, especialmente por ajustes de cuentas, de la captura de la juventud vulnerable por las redes del crimen organizado y del narcotráfico, y sobre la factura que se nos está pasando por caminar hacia la triste realidad de una sociedad que parece haberse resignado a vivir en medio de grandes desigualdades y cruenta violencia.

Hace tiempo, en nuestro propio caso y en varias de las columnas de opinión que nos publica el Grupo Periodístico Extra, venimos hablando, también, de que Costa Rica se encamina hacia un Estado fallido.

Los creadores de este término afirman que un Estado fallido es aquel que muestra un fracaso social, político y económico; que se caracteriza por tener un gobierno ineficaz, que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio; no provee ni puede proveer servicios básicos; presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad. (John Sebastián Zapata Callejas, “La teoría del Estado fallido: entre aproximaciones y disensos”.)

Aunque cueste creerlo y reconocerlo, ¡vamos por ese camino! Los objetivos indicadores sociales de la desigualdad, del desempleo, de la precarización del mismo, de la pauperización y del alto endeudamiento salarial, de la concentración de la riqueza, de la deserción escolar, del crecimiento del número de personas habitantes de la calle, de la corrupción, del tráfico de influencias, del desencanto de la gente con la política, etc., nos llevan a que nos estalle en la cara el Estado fallido.

Desde nuestra perspectiva, esta posibilidad es creciente en la medida que las políticas públicas para evitarlo se sigan debilitando, especialmente aquellas destinadas ya no solamente a fortalecer los mecanismos represores de todas las formas de violencia criminal y delincuencial; sino, y lo más importante, los mecanismos integrales de la prevención del delito que pasan por un vuelco estratégico en el abordaje de la exclusión y la vulnerabilidad social.

Ni lo uno, ni lo otro es posible si se sigue apostando a esas consignas fundamentalistas de corte neoliberal del recorte del gasto, de la contención del gasto.

Los candidatos presidenciales que las están enarbolando en este momento están mintiendo descaradamente, pues ya no es posible niveles mayores de restricción y de recorte del gasto y de la inversión en aquellas áreas y servicios que, precisamente, vienen a representar la necesaria muralla para que no termine de imponerse, de manera definitiva, el Estado fallido.

Por otra parte, la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en el tejido social, tanto por arriba pero especialmente por abajo, incrementa la necesidad de un fortalecimiento del gasto y de la inversión pública en esas áreas vulnerables pero que también están presentando servicios públicos ya vulnerados por tanto recortismo irresponsable, irracional e irreflexivo.

Solamente en el ámbito de la seguridad resulta urgentísimo fortalecer los diversos cuerpos policiales en recurso humano, en equipamiento, en tecnología, en trabajo y salario decente, por ejemplo.

Si no ya, estamos perdiendo la batalla de la seguridad ciudadana en varios órdenes: en los barrios azotados por la pobreza y la criminalidad; en los puestos migratorios, pues aquí Raymundo y todo el mundo está entrando fácilmente ante fronteras porosas; la matazón en las carreteras y la enorme inseguridad al transitar por ellas; las debilidades del control fiscal contra el robo de impuestos; la pérdida paulatina de la soberanía y la seguridad ecológica en los parques nacionales cediéndosele al narco; la seguridad carcelaria sigue precarizándose; la policía judicial en restricción de gasto frente a la abundancia de recursos del crimen organizado; etc.

¿Cómo pretenden recortar más gasto en estas áreas si ya están al tope de lo tolerable con su operatividad altamente comprometida producto de esa suicida austeridad?

Y, ¿cómo tenemos las políticas públicas para poblaciones en riesgo social, en vulnerabilidad de pobreza, en barrios urbano-marginales, en barriadas de sectores medios altamente endeudados? ¿Cómo están esas políticas en materia de deporte y recreación, en cultura y en juventud, en cívica y valores? Nada de nada. ¡En total precariedad presupuestaria!

Efectivamente, hay un serio problema fiscal. Pero más serio es todavía el problema tributario-estructural y su alta naturaleza regresiva.

La propuesta electoral del recorte del gasto, de la restricción del gasto es demagogia pura y gran irresponsabilidad. Si del Gobierno central se trata, asumido integralmente en sus varios componentes, ya no hay espacio para más recortes.

Es precisamente en este ámbito del Estado donde se encuentra ese gran espacio de servicios públicos urgidos de ser fortalecidos pues, precisamente, son los que están ocupando con urgencia los sectores sociales en miseria, en pobreza y en vulnerabilidad de pobreza; precisamente el mejor caldo de cultivo para alimentar el crecimiento del riesgo del Estado fallido. ¡A otros con ese cuento de la contención y de la restricción del gasto! A esta consigna no le voto yo.