Necesitamos política criminal

Se define la política criminal como el conjunto sistemático de principios en los que se inspira la actuación del Estado para organizar la lucha contra la criminalidad. Este sistema debe considerar varios aspectos, no solamente la parte de prevención del delito que compete a los cuerpos policiales; sino también, la justicia social, la equidad, las oportunidades. Dicho de otra manera, una política criminal, se debe acompañar de políticas públicas.

Para poder trabajar de manera preventiva es preciso identificar las causas de la criminalidad, así como tener el conocimiento de sus formas de aparición y nivel de desarrollo como fenómeno social e individual.

En días recientes pude darle lectura a una entrevista que le realizó el Diario Extra al director de la Policía Municipal de San José, Lic. Marcelo Solano. En dicha entrevista el Lic. Solano apunta aspectos que considero absolutamente acertados y que se vinculan directamente con lo que se conoce como causas de la criminalidad.

Los altos niveles de deserción del sistema educativo, la falta de oportunidades, las trabas que el sistema le ha impuesto muchos jóvenes por una prueba que no mide la totalidad de las capacidades de la persona, son aspectos medulares en la situación de inseguridad que vivimos en la actualidad.

La desigualdad, las diferentes formas de exclusión, la falta de pertenencia, la pérdida de valores, el debilitamiento del poder salarial de adquisición en la clase trabajadora, las cada vez más frecuentes manifestaciones de desfachatez en los modos de corrupción, en los tres poderes de la República; las grandes diferencias dentro de muy pequeños espacios de territorio, potencian cada vez más la acción delictiva y el arraigo del crimen organizado, el crimen “asociado”, el crimen “moderno”. En detrimento de la paz social y de la seguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana no es un asunto que se resuelva únicamente con más policías, en tanto es un tema que debe partir de un abordaje integral. Además, es impensable mejorar la seguridad ciudadana contratando policías, si no les damos condiciones óptimas, una ruta a seguir y las herramientas tecnológicas y jurídicas para obtener mejores resultados.

La política de Estado, necesariamente, debe contemplar un proceso efectivo y eficiente de reinserción social, de modo tal que podamos minimizar el nivel de reincidencia, lo cual podría ser factible, a partir de que logremos reducir los niveles de hacinamiento carcelario. En la actualidad, nuestro sistema es una especie de “escuela” para delinquir, en donde una persona ingresa por la comisión de un delito no doloso, y luego al salir, lo hace con una serie de “habilidades” que lo convierten en una amenaza para la sociedad.

La política de Estado en materia de seguridad, debe incluir una preponderancia en las condiciones de las personas trabajadoras de los cuerpos policiales; a efectos de que no vean vulnerados derechos humanos fundamentales, como la familia y la salud. El nivel de deserciones es tan alto que el país viene asumiendo un altísimo costo, producto de ese círculo vicioso, en donde vemos que se contratan seiscientos policías (600) y se retiran en el mismo año setecientos (700), como resultado de las malas condiciones y la incerteza jurídica que enfrentan nuestros policías en la actualidad.

El proceso de formación en la Escuela Nacional de Policía, en cuanto al curso básico policial, no es suficiente en la actualidad. Es momento de subir el nivel de capacitación. No podemos pensar que con 120 horas en un curso de armas, una persona es experta en manejo de armas de fuego; como tampoco podemos seguir creyendo que con 40 horas de defensa personal, la persona queda capacitada para repeler una agresión ilegitima, ambos casos requieren de mayor inversión.

La formación policial debe aproximarse al proceso que conocimos en una visita realizada al país del norte. En Nicaragua, las personas que ingresan a la escuela policial, al momento de culminar su proceso de capacitación técnico policial, son egresados con una formación integral; que incluye una carrera académica atinente a la función policial. En nuestro país, nuestros policías deben implorar una licencia de estudio, la cual es reducida al 10% de la unidad policial por aspectos operativos.

Albert Einstein dijo algo para siempre: “El mundo no será destruido por las personas que hacen el mal, si no por las que se sientan a ver lo que pasa”…

Lic. Mainor Anchía Angulo
Dirigente Nacional de ANEP.
mainoranchia@anep.or.cr

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