Categoría: Opinión

La que acaba de salir publicada ha conmocionado a la clase política del país, así como a la más variada gama de agrupaciones de la denominada sociedad civil. ¡Y al pueblo también!, aunque este pareciera tener, al menos en un importante número, un juicio sobre las elecciones de febrero entrante: “¡no hay por quién votar!”.

La encuesta del CIEP-UCR nos permite concluir que, al parecer, el escándalo del cementazo prácticamente, le ha puesto la lápida a cuatro partidos políticos: Liberación, Unidad, PAC y Libertario.

Que las tres primeras candidaturas más preferidas al momento de la encuesta (Álvarez, Castro y Piza), ninguna llega si quiera a la mitad del “mágico” porcentaje para ser presidente: el 40% del voto efectivo depositado en las urnas. En su orden, porcentajes de 15, 15 y 11 de preferencias.

Pese a tanta precariedad de voto posible según esta encuesta, don Juan Diego Castro alcanzó al decadente candidato con Antonio Álvarez Desanti (el gerente político que los hermanos Arias Sánchez nombraron para su eventual, y ahora en la cola de un venado, retorno a Zapote).

La clase política tradicional (Liberación-Unidad esta en sus dos ramales), la recién llegada al sistema (la del PAC), más la que ya está en la ruina económico-ideológica y ético-moral condenada a prisión por estafar al Estado, de la cual ya están huyendo algunos de candidaturas ya inscritas (la libertaria); parece que, todas juntas, ¡han implosionado! (término que le escuché pronunciar a una periodista muy conocedora de la política de esta especie). Es decir, han caído en lo que parece el profundo hueco del total descrédito ciudadano, el repudio público, la ira civil y la indignación de la mayoría del electorado.

Este fenómeno se parece (reparando en las dimensiones de espacio y tiempo lógicas), al que se vivía en Venezuela antes del ascenso al poder de don Hugo Chávez Frías; ascenso posibilitado por la corruptela de los partidos tradicionales de ese país en ese entonces; principalmente el Acción Democrática (hermano del PLN) y el COPEI (hermano de lo que aquí se conoce como la Unidad). Las mayorías populares venezolanas estaban hartas de tanta estafa electoral cuatrienal, de la corruptela del aparato del Estado coludido con el sector privado, de la abusiva concentración de la riqueza, de la pobreza inexplicable en un país que flotaba en un océano de petróleo.

Independientemente de lo que piense cada cual sobre el proceso bolivariano desde su inicio por Chávez a hoy; lo real es que el deterioro de la moral y de la ética en el seno de la clase política costarricense de la actualidad, está fundamentando un resentimiento ciudadano de tal calibre que podría arrasarla toda por completo, incluyendo los elementos sanos que todavía quedan en ella, pero que no podrían sostener la avalancha de la deslegitimación de la institucionalidad democrática representada en los partidos políticos y en los tres máximos poderes del Estado.

Esto fue lo que pasó en Venezuela y hay señales de que está ocurriendo aquí ya, en estos momentos.

En Venezuela, quienes subvirtieron el orden democrático establecido hasta la aparición del chavismo, no fueron los comunistas en sus distintas denominaciones y corrientes. La subversión a la democracia representativa venezolana provino de los mismas personas, sectores y partidos que decían defenderla pero que se habían enriquecido con ella, envileciendo su institucionalidad, empobreciendo al pueblo; llevándolo al máximo no solamente de la explotación sino de un hastío generalizado y profundo que cimentó el surgimiento del controversial proceso de la revolución bolivariana.

(Aclaración necesaria: he utilizado vocablo-concepto chavista como terminología política que designa un determinado momento sociohistórico que vivió y todavía vive el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Consecuente con el principio de la libre determinación de los pueblos, chavista no tiene para quien esto escribe la connotación despectiva e irrespetuosa con que lo emplean las fuerzas y sectores que adversan al gobierno de ese hermano país latinoamericano).

En el caso costarricense, el cementazo ha dejado al desnudo quienes son los que han venido subvirtiendo la democracia tica, evidenciando sectores, partidos y poderes penetrados por el tráfico de influencias, el compadrazgo político, el amiguismo insano; tanto del lado de los promotores del rompimiento del duopolio cementero, como del lado de quienes lo han defendido a muerte hasta caer en el frenesí de incurrir en una supuesta conjura mediático-política, según lo vienen denunciando algunos en las últimas semanas.

Por otra parte y en paralelo (¿o como parte de lo mismo?), la situación se agrava hasta lo que ya va siendo vox populi: que las repercusiones de la penetración del narcotráfico, del dinero sucio en el sistema financiero-bancario y del creciente poder del crimen organizado en la sociedad costarricense actual, habría llegado ya a su sistema institucional de partidos políticos y de poderes públicos para cimentarse, pudiendo impulsar a la democracia misma al despeñadero de la anarquía política y de un “narco-estado a la mexicana”. ¡Qué clase de desafío le espera al pueblo costarricense si, para empezar, se decide a castigar severa y duramente, en las elecciones de febrero, a toda esta maraña de corrupción y compadrazgos!

El actual Gobierno, prácticamente ya sin espacio político alguno para el impulso de iniciativas de corte estratégico como las que requiere la cuestión fiscal-tributaria del país, insiste en la terquedad insana de vincular empleo público y déficit fiscal, de lo cual y hasta el hartazgo se ha demostrado que no hay relación de causalidad directa en ello.

Su última iniciativa en el tema, bautizada con el pomposo nombre de “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, no comprende ninguna esencia al respecto; y, por el contrario, le hace una nueva concesión a la hegemonía económica dominante y sus histéricas vocerías mediáticas (la principal y las subsidiarias); para que, por un lado, nadie cambie con relación a la profunda injustica del sistema tributario reforzando su carácter regresivo; y, por el otro, una ridícula intentona desabrida de pellizcarle algo más que simbólico a las rentas del capital. O sea, ninguna medida sustancial de avance hacia la imperiosa meta de la progresividad tributaria.

En lo que pareciera ser una coordinación trilateral de acción política en contra de los que menos tienen, para que los que tienen más sigan en su fiesta, tenemos lo siguiente: a) La señora Contralora General de la República hace gala, una vez más, de su militancia fundamentalista antipluses salariales del empleo público. b) El real partido político que marca la principal temática de la derecha del capital y que pretende hegemonizar la agenda-país, ese que tiene rostro de periódico, hace sus acostumbrados reportajes ideológico-subjetivos y terminan editorializando, atizando las hogueras de la infamia y del odio de clase. c) El sector del partido Unidad dentro del Gobierno insiste en una vía rápida, en tal marco de acoso contralor-mediático, para ese proyecto de nombre pomposo, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”; mismo que desde nuestra perspectiva no es más que un combito fiscal-tributario: injusto, incongruente, inconsecuente; de consecuencias graves, como siempre, para los y las de abajo.

Injusto: Ampliando la base impositiva para aplicar el actual impuesto sobre las ventas, le sacarán más plata a la gente de a pie para que se la sigan robando los que siempre hurtan tributos y/o acostumbran evadirlos. Algo de lo absurdo de esta iniciativa es gravar los libros con un 4 %, algo así como un impuesto “muera la inteligencia”. Unos 500 mil millones de colones adicionales, se le sacará a la clase trabajadora asalariada y no asalariada, al empresariado micro-pequeño y mediano, a las personas desempleadas. Toda esa “nueva” plata (1,5 puntos PIB), que se supone llegaría completita a las arcas casi vacías del Gobierno, ¿para que se ocuparía? Seguramente para pagar intereses de la impagable deuda pública del país.

Incongruente: Fortalecer las finanzas públicas no pasa por empobrecer al asalariado público. Esto es una gran incongruencia que pulveriza la prédica de la inclusión social. Dejar en grave amenaza de aplicación en el corto plazo, reducciones salariales drásticas quitándole al sector profesional estatal sus sobresueldos de dedicación exclusiva, prohibición y/o anualidades; es una incongruencia de dimensión sideral. ¿Por qué? Ni la sumatoria conjunta de estos tres tipos de pluses no generará ni la más mínima cosquilla al musculoso cuerpo del tamaño de la deuda pública y su “hijastro maldito”: el déficit fiscal.

Se va a generar un colapso en finanzas personales ante reducciones salariales que sí son sustanciales para los grupos familiares y sociales eventualmente afectados. Adicionalmente, ha de institucionalizar la precarización salarial, el abaratamiento de la labor profesional, incrementará el chantaje y la jugarreta politiquera con el acceso a este tipo de pluses en cuanto al poder del jerarca sobre el subalterno y, por tanto, deteriorando severamente el clima laboral ya de por sí golpeado por severas restricciones presupuestarias.

Inconsecuente: La gente del Gobierno que promueve este proyecto sabe que la estructura tributaria costarricense no aguanta más cargas de carácter regresivo. Privadamente lo sostienen y somos testigos de ello. Ellos saben que es por el lado de la progresividad donde hay que atacar la carga de la deuda pública, la reducción del déficit fiscal y el mejoramiento de programas sociales y servicios públicos para la inclusión social. Tienen perfectamente identificados los cambios estructurales y profundos que se deben dar.

¿Por qué no nos lo explican bien y con clara contundencia a los sectores sociales y sindicales organizados y hasta aquellos productivos que no tienen cómo evadir, cómo robar; y que carecen de operadores político-jurídicos que les ayudan a evadir y eludir con la manipulación sesgada de las pobres leyes contraloras del robo de impuestos que hay actualmente?

La incongruencia es mayúscula con la pretendida imposición jurídico-totalitaria de que el déficit debe contenerse ¡a como dé lugar!, con la extremista tesis neoliberal de la regla fiscal. Si ya el monto presupuestado para pago de la deuda pública es más grande que el que debe destinarse a la educación, ¿qué quieren con esa regla fiscal?… ¿Qué la sociedad se quede sin maestros y sin policías?; ¿cerrar las universidades públicas?; ¿dejar a la niñez en riesgo y pobreza social sin CEN-Cinai?

Hacemos un vehemente llamado a que cerremos filas, como movimientos sociales y sindicales, contra esta nueva intentona de corte neoliberal que los partidos del Cementazo vienen urdiendo en contra de la gente contra esta “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. Los partidos del Cementazo ahora desacreditados, recontra-desprestigiados, mismos que ya no solamente están pringados de cemento, sino que pareciera, presuntamente, que lo combinan con polvo blanco, pretenden aplicar la intransparente jugarreta parlamentaria de la vía rápida; copiando el sucio procedimiento parlamentario que ha pretendido pasar la ley de aguas. ¡Debemos cerrarles el paso!

El fortalecimiento de las finanzas públicas pasa, por ejemplo, por una transformación estructural tributaria, algo de lo cual nunca habla la señora Contralora General de la República.

Estas “pequeñas” concesiones al capital salidas desde Zapote, nos refiere a ese adagio popular de que “quien le hace un favor al diablo, con llevárselo se lo paga”.

Seré muy sincero. Ni una sola línea, ni una sola frase, ni un solo párrafo he leído sobre un programa de partido político alguno que esté participando en las elecciones nacionales, presidenciales y diputadiles de febrero próximo.

Las apreciaciones siguientes, totalmente subjetivas (y que no involucran para nada a ninguna de las organizaciones involucradas en la corriente sindical nacional en la cual militamos), se basan en nuestra propia perspectiva de lucha social en aras de una Costa Rica más justa, más inclusiva y más solidaria; frase o concepto este que hoy parece abaratarse, políticamente hablando, pero que tiene sólida actualidad pese a haberse adoptado para fines politiqueros, en algunos casos; y, en otros, con real sinceridad política.

Para empezar, no votaría por un candidato presidencial que, a la vez, se está candidateando para diputado.

En realidad, lo que está pulseando es este último cargo y el otro es cosmetología política. Sabe que no tiene posibilidad alguna de ser Presidente de la República. Esto es, mínimamente, falta de seriedad. ¿O lo uno… o lo otro?

No votaría, si es que me decido a hacerlo, por ese candidato que, ofendiendo la inteligencia ciudadana, enarbole la falaz tesis de que el déficit fiscal se debe al empleo público. No le daría mi voto a ese candidato que me señale a mí y a mi familia, por ser yo persona trabajadora del Estado, de tener responsabilidad en haber generado tan grave problema nacional. Quien ponga en riesgo mi trabajo y/o mi empleo, no merece mi voto (si es que me decido a hacerlo).

No votaría por un candidato que invisibilice, niegue, esconda que tenemos un grave problema de salarios mínimos en un país cuya carestía de vida es de las más altas de la América Latina (si no la más cara); y, no podría votarle si no indica cuáles cambios, en tal sentido, promovería, aunque tenga que enfrentarse al alto corporativismo empresarial egoísta.

No votaría por ese candidato que le tenga miedo a los sectores más extremistas del capital neoliberal y sus latifundios mediáticos, desafiándoles abiertamente para plantear que hay que establecer la renta global, en toda su dimensión, ampliamente conceptuada y técnicamente implacable, como el primer mecanismo serio de transformación tributaria estructural en beneficio de las mayorías. Y, por supuesto, no es posible votar por quien abogue ponerle impuestos a los que ya, proporcionalmente, pagan más, como las clases trabajadoras, diciendo que hay que subir la tasa del de ventas.

No votaría por un candidato que ni siquiera sepa qué es la Tasa Tobin; que ni siquiera considere que pueda ser una medida alternativa para atajar el crecimiento del déficit fiscal; y que ni siquiera diga en público que en un eventual Gobierno suyo la va a considerar.

No votaría por un candidato presidencial que no esté dispuesto a enfrentarse a los reales poderes de la sociedad, como el del sector financiero-bancario, tomando medidas para controlar-regular el abusivo negocio de las tarjetas de crédito que tiene en altísimo endeudamiento a gran parte de la población del país, especialmente su mayoritario segmento, el trabajador.

No votaría por ese candidato que esté a favor de más apertura eléctrica y a favor del rompimiento del monopolio de refinación y distribución de combustibles; prefiero que en esto siga el Estado al frente, cambiando todo lo que haya que cambiar, pero con mi voto no contarán para enriquecer a los que ya de por sí están más que enriquecidos.

Además, la falsa libre competencia del falaz libre comercio ha quedado más que demostrada, si se analiza el poder del duopolio cementero, pese a todas las barbaridades, corruptelas y compadrazgos políticos evidenciados por el escándalo del Cementazo.

No votaría por un candidato a la Presidencia que no enfrente (con bronca incluida) el desafío de salvar la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), liberándola del secuestro en que la tienen sumida poderosos grupos corporativos internos y externos, a fin de que quede limpiecita para el disfrute de las futuras generaciones.

No votaría por un candidato a la Presidencia que no esté dispuesto a reconocer que el agua debe conceptuarse como un Derecho Humano fundamental y que así debe incluirse en la Constitución Política.

No votaría por un candidato presidencial que no reconozca que el país está perdiendo la batalla de la seguridad ciudadana; y que, por tanto y, por ejemplo, no hable con claridad absoluta de que el país ocupa más servidores públicos en los diferentes cuerpos policiales, amén de mejorar sustancialmente sus condiciones sociolaborales, actualmente rayanas en la sobreexplotación obrera.

No votaría por un candidato presidencial que no puntualice al menos tres medidas concretísimas de ofrecer fuentes de empleo juvenil en el cortísimo plazo, a fin de que toda esa muchachada que está desempleada, que anda en grave riesgo social, que está frustrada porque se graduó y no encuentra trabajo acorde, sepa que con ese nuevo gobernante tiene posibilidad real de un trabajo decente tan rápido como urgente es necesario.

Seguro se pensará que merezco una cajita blanca por estos planteamientos. Y eso que se quedan muchos otros más por mencionar. En los días festivos que vienen (por cierto, que solamente festivos para los que tienen, pues para los que tienen muy poco o no tienen nada del todo, no lo son), trataremos de documentarnos para ver a quién le votamos… si es que votamos.

*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Don Esteban Calvo Rodríguez, notable especialista en Derecho Laboral y muy amigo de la causa social que inspira nuestro cotidiano quehacer, nos recomendó la lectura de una entrevista de prensa que le fue realizada por el diario español El País, a la psicoanalista chilena Constanza Michelson, muy reconocida en el campo del análisis político del acontecer de ese país latinoamericano hermano; entrevista que fue titulada así: “La coalición de Bachelet se desconectó de la clase media”. Al momento de escribir este artículo, sábado 18 de noviembre anterior, no se habían dado las elecciones en ese país y dicha entrevista se hizo en tal marco de coyuntura de la sociedad chilena.

Ante la pregunta periodística “¿Cómo llega Chile a estas elecciones?”, la indicada analista respondió así: “Como está pasando en todos los países occidentales, hay una caída abrupta del centroizquierda. Algo ocurrió, dejó de representar a la clase media, al pueblo. Es lo que sucedió en EE UU con los demócratas”.

Al leer esa entrevista (https://elpais.com/internacional/2017/11/18/america/1510959879_737734.html()), se nos ocurrió hacer un intento de relacionar el moderno concepto sociológico y político de “progresismo” con el tema de la clase media, de las capas medias, en una sociedad como la costarricense y en el marco de las elecciones de febrero próximo.

En nuestro país todo el mundo quiere vivir bien. Pero vivir bien no es vivir en opulencia. Por otra parte, el vivir bien no es lo mismo que el buen vivir, concepto éste también sociológico y político, además de antropológico, adoptado en esos ámbitos de la actual política latinoamericana más hacia la izquierda de ese “progresismo”.

En las mejores épocas del vivir bien costarricense, la integración, la igualdad y la movilidad sociales estaban al alcance del mayor número de la población. Fueron los tiempos del impulso socialdemócrata clásico a la convivencia en sociedad: la época dorada de la clase media, de las capas medidas costarricenses, hoy totalmente olvidadas de la política pública de los últimos gobiernos, incluido el actual. ¿Qué pasó, entonces?

Imposible formular un juicio contundente al respecto. Pero intentemos algunas aproximaciones. Si las capas medidas, si la clase media, fue olvidada, entonces ¿qué sectores y/o políticas públicas ocuparon su lugar en los tiempos del ajuste estructural, de la apertura comercial fundamentalista y de los TLC?:

UNO: Prioridad a la concentración de la riqueza y a la facilitación de los negocios privados del alto corporativismo, mediando la cosa pública con apropiación privada de ésta, vía diferentes mecanismos legales y administrativos. DOS: Prioridad de atención a la pobreza extrema, con institucionalización de la caridad y cuidando de no erradicarla, por los réditos electorales (clientelismo) a obtener de la misma en cada competencia electoral cuatrienal. TRES: Prioridad a políticas para segmentos sociales postergados y/o causas nobles, pero siempre de asidero minoritario en la sociedad: reivindicación de los pueblos indígenas, la población en diversidad sexual, las distintas expresiones del ambientalismo y del ecologismo, el combate al maltrato animal… Es en este ámbito donde ese “progresismo”, esa centroizquierda socialdemócrata ha enfatizado mucho de su trabajo de incidencia política sistémica.

Todo esto está bien. ¡Es acertadísimo! Pero, ¿y la lucha por la clase media dónde quedó? Lo que entendimos de la entrevista a la psicoanalista chilena es que el progresismo, el centroizquierda, la socialdemocracia han estado dando sus mejores esfuerzos, sus mejores planteamientos, lo mejor de su pensamiento en la visibilización, en la reivindicación, en la promoción e impulso de legislaciones y disposiciones administrativas para la atención de todas esas nobles causas, pero que, objetivamente hablando, no están en el centro de las preocupaciones de la sociedad, en general, cuyas clases trabajadoras solamente ansían vivir bien y nunca han pretendido la opulencia; y, esas causas nobles no son la centralidad de su lucha por la sobrevivencia diaria.

¿Qué quiere una persona trabajadora, en esencia y como preocupación primaria? ¡Vivir bien! Trabajo decente, salario bueno y justo, estabilidad, seguridad y dignidad en el empleo; casita propia, comodidades hogareñas (electrodomésticos, servicios públicos básicos); un carrito (aunque sea un “gajito”), salud y educación garantizadas; paz y tranquilidad en el barrio; la recreación (el paseo, el fútbol, la cervecita); y que los güilas vivan mejor que uno. ¡Eso es todo!

Las mayorías trabajadoras no ansían la opulencia, la banalidad, la frivolidad y el hedonismo que suele caracterizar las costumbres de las “altas esferas de la sociedad” o de quienes, medrando de sus migajas, quieren ingresar a esos mundos vía el farandulerismo, la corrupción, el delito económico-financiero y/o el arribismo politiquero servil.

La verdad es que en Costa Rica todos queremos ser clase media, así conceptuado como una aspiración muy generalizada que hoy no está al alcance de las mayorías, altamente endeudadas, precarizadas salarialmente, desempleadas, inseguras laboralmente hablando; y, por ende, decepcionadas de la política electoral, de los políticos tradicionales, del ofertismo hueco y estéril, estafador, de las promesas de campaña incumplidas una y otra vez.

Pero también, a lo mejor, decepcionadas también de las nuevas ofertas políticas más centradas en las nobles causas de las minorías y/o las de las élites del “progresismo” o de la centroizquierda de hoy, como lo explica la comentarista chilena señora Michelson.

Resulta provocador pensar en las razones por las cuales se da un amplísimo despliegue difusor por parte del latifundismo mediático neoliberal de la globalización hegemónica a esas nobles causas; radicalmente contrario a la ausente mención de lo que implica la difusión de las graves carencias de las clases medias, como las costarricenses, para mantenerse en cuanto tales, soportando sobre sus espaldas las cargas tributarias fundamentales de un sistema radicalmente regresivo y empobrecedor de esas mayorías que solamente quieren ser clase media.

¿Habrá caído nuestro “progresismo” centroizquierdista y socialdemócrata en el pecado de haberse olvidado de las aspiraciones y de los sueños de las capas medias costarricenses, abandonándolas a su suerte?… ¿Cuál es el fondo de la coincidencia que hay en esa agenda del impulso a ciertas causas nobles que desde sectores de la derecha y de la izquierda parecen promoverse al unísono?…

Con base en el mismo, se ha delimitado la misión estratégica por la cual abogamos todos los días: “Promover desde la clase trabajadora un Estado Social de Derecho, equitativo e incluyente, con pleno respeto de los Derechos Humanos, del medio ambiente y la Ecología; a través de la reflexión, la propuesta y la participación social y el desarrollo de nuestra capacidad organizativa”.

Aunado lo anterior, se ha definido como estrategia principal “interactuar y construir alianzas con diferentes actores políticos y sociales que coincidan con nuestros fines y valores, incluyendo opciones político-partidarias o personalidades relevantes de la vida nacional, si las exigencias del momento así lo determinan”.

Si se revisa nuestra práctica sindical de los últimos tiempos, se podrá constatar las motivaciones inspiradoras por las cuales hemos venido participando en el escenario sociopolítico nacional y actuando en el marco de diversas coyunturas.

Particularmente, lo que se ha conocido como Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, debe comprenderse en el marco de este planteamiento estratégico impulsado desde el ámbito sindical.

Lanzado el 7 de noviembre de 2014 y con plena conciencia de sus integrantes originales, el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA ejecutó una notable experiencia de incidencia política nunca antes desplegada en los últimos tiempos en nuestro país, a partir de los acuerdos dados a conocer en junio de 2015, con los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio; en el marco de una confluencia de pensamiento sobre una agenda a favor del bien común y de la inclusión social, en frente abierto opositor a la creciente desigualdad que vulnera la convivencia democrática y cuestiona la propia institucionalidad.

PATRIA JUSTA se apresta a actuar, nuevamente, de cara a los nuevos desafíos que afrontará la clase trabajadora costarricense y los sectores populares, una vez que quede definido tanto el resultado electoral presidencial (que podría estar claro hasta abril del año entrante), por un lado; así como la composición de la próxima Asamblea Legislativa, por otro.

Eso sí, teniendo absoluta claridad de que los verdaderos factores de poder, quienes realmente deciden con base en su abrumador capital, permanecerán inalterables en el control, prácticamente absoluto, de la hegemonía de la gestión política para que ésta no se les salga del control que, por demás, siempre han tenido.

“Jugaremos” así, una vez, en el escenario de la democracia formal pues para actuar por la disputa de la democracia real, se requiere la construcción de un proceso de articulación entre la diversidad de los sectores sindicales, sociales, populares, políticos y cívico-patrióticos que no se ve por ningún lado, para la tranquilidad de los factores del real poder.

Ahora bien, el pasado 7 de noviembre, en el Día de la Democracia Costarricense (y por cierto, en el aniversario número 68 de la entrada en vigencia de la Constitución Política que todavía nos rige, la del 7 de noviembre de 1949); al llegar a su tercer año de gestión, PATRIA JUSTA relanzó su proyecto de sindicalismo sociopolítico y, también reiteró su voluntad de sentarse a dialogar, nuevamente, con fuerzas y partidos políticos que como eje central tengan la promoción del bien común para la inclusión social para lo cual, es preciso, acometer la histórica tarea de la transformación tributaria estructural, por demás, la máxima tarea pendiente de la Democracia costarricense de los últimos tiempos.

Por múltiples factores que todos ya conocemos a plenitud, el desencanto ciudadano con la institucionalidad electoral y con el sistema de partidos políticos ha llegado a niveles inéditos: tanta estafa política cuatrienal, tanta corrupción, empobrecimiento salarial, incerteza laboral y desempleo, violencia sin freno entre otros graves problemas nacionales que afectan a la mayoritaria colectividad de la sociedad; presentan un cuadro de percepción cívica de conclusión subjetivas pero con cierta base que podemos resumir en frases y conceptos como “todos son iguales”, “no hay por quién votar”, “yo no votaré”…

Con las limitaciones de rigor, pese a la gran satanización político-ideológica del sindicalismo, éste puede aportar constructivamente en la solución de los graves problemas que enfrenta el país; dificultades sensibles y extremas que las sufre duramente el pueblo trabajador en sus distintas modalidades; por ende, es la abrumadora mayoría de la población la que está enojada y la que exige transformaciones radicales en la forma en que se comportan sus políticos y los partidos que les respaldan.

Haré un análisis de similitudes entre ser policía y desarrollar la actividad sindical ¿Fui policía o soy policía? Soy y lo seguiré siendo por el resto de mi vida, aunque no porte el uniforme azul, en tanto el ser, es algo intrínseco desde el momento en que ponemos un pie en la Escuela Nacional de Policía, es un sentimiento que no desparece con el paso del tiempo.

Por cosas del destino, por la voluntad de Dios, me correspondió ser el primer policía de la Fuerza Pública en integrar una Junta Directiva Nacional en ANEP, algo que no estaba en mi proyecto de vida, me correspondió y no me arrepiento. Más bien, agradezco a Dios, por la oportunidad de luchar por la reivindicación de un sector laboral que históricamente vio como del 100% de los Derechos Humanos y laborales; le daban un 10%, un sector laboral oprimido al que hemos logrado darle voz.

A partir de aquí, desarrollaré algunas similitudes entre la función policial y la actividad sindical. Como oficial de Policía me correspondió enfrentar usualmente a las personas que violan las normas de convivencia, que se apartan de respetar la ley, a quienes delinquen y por consiguiente me veían como una amenaza para sus intereses; sujetos que se dedicaban a la venta de drogas al menudeo, a la siembra de marihuana, al robo y al hurto en mi bello Palmar Norte de Osa, naturalmente tenían que mirarme como su oponente.

También, era de mi conocimiento que me miraban de “reojo” algunos funcionarios corruptos, que desdichadamente ostentaban algún cargo de jerarquía y vestían (visten) el uniforme de la Fuerza Pública, lamentablemente esa es una realidad con la que tenemos que lidiar los policías de a pie, cuando no participamos de algunas situaciones o no somos de “sobarle la espalda al jefe”.

En una oportunidad, mientras estábamos en un control de carretera, pasó por el lugar una unidad de la sección de cárceles del OIJ, de repente se escucharon voces que salían del cajón del vehículo, mismas que en unísono gritaron “Mainor Anchía, mal pa…” se trataba de un grupo de sujetos a los que habíamos intervenido y que se encontraban descontando prisión en la cárcel de Pérez Zeledón. Le dije a mis compañeros, ese “saludo” representa un reconocimiento para mi trabajo, así tiene que ser.

En la actividad sindical, he vivido algunas situaciones similares, por ejemplo: un funcionario de prensa del MSP, que intenta una y otra vez hacer ver que “mentimos”, cuando hacemos alguna manifestación en defensa de los derechos de nuestros funcionarios. Es usual leer o escucharle decir de manera despectiva “ante un mensaje errado y manipulado por parte de un sindicalista”, claro, si no hiciera bien mi trabajo, si le sobara la espalda y me hiciera de la vista gorda cada vez que violan los derechos humanos y laborales de mis compañeros y compañeras, de seguro al referirse al suscrito utilizaría un “Don Mainor”.

Lo mismo sucede con un pequeño sector de la jerarquía, que consideran amenazados sus intereses y su estado de confort, producto de nuestras luchas en pro de la justicia y la depuración de una institución que de alguna manera fue “prostituida” por unos pocos, que aprovechándose de la época se acomodaron el “traje” a la medida. Esa es una verdad monumental que nadie podrá desmentir ni borrar de la historia.

Este tipo de situaciones, y otras que hemos denunciado, nos han ganado el rechazo de un sector (no todos) de la jerarquía del MSP, y de unos pocos servidores del plano administrativo, como se ha plasmado en el caso de un integrante del equipo de prensa del MSP. En definitiva, existe una gran similitud entre la función policial y la actividad sindical, en ambas siempre estaremos enfrentados con quienes hacen el mal, delinquen o se apartan de lo que dicta la ley.

Nuestra misión como policías, es estar al servicio de la comunidad, proteger sus derechos y el disfrute de las libertades públicas. En la actividad sindical, la misión es estar del lado de la tropa, procurar el reconocimiento y la reivindicación socio-laboral de tan noble función, recuperar algunos de sus derechos humanos y laborales. Así lo hicimos en la magna manifestación pacífica que reunió a dos mil policías y sus familias el pasado mes de Febrero, así lo haremos cuando sea necesario.

El ideal que motivó siempre mi trabajo como policía, fue el deseo de servirle a la comunidad y favorecer la justicia. Mi motivación en la actividad sindical, es la misma, servir y favorecer la justicia. Será natural que siempre se tenga oposición de quienes hacen lo contrario a nuestros ideales.

“Mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto, o por estar años por delante de tu tiempo. Si estas en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón, incluso si eres minoría de uno solo, la verdad sigue siendo la verdad”. Mahatma Gandhi.

Copla de Walter Quesada

¡Siete personas en prisión preventiva! El ya tristemente célebre escándalo del cementazo tiene con sus huesos en la cárcel en estos momentos a la máxima cúpula gerencial del Banco de Costa Rica (BCR), así como al empresario estrella de todo este entramado, cuya parte submarina, en realidad, está por emerger a la superficie… O, tal vez, nunca sepamos lo que subyace en todo esto.

Golpeado en su credibilidad como nunca antes en toda su historia, el todopoderoso Poder Judicial, al cual sí debe llamársele con propiedad el primer poder de la República, ha reaccionado (aunque de manera tardía pero no catastrófica y mediando gran presión interna y externa), conforme a la profunda indignación popular ante las revelaciones de todos los días sobre este escándalo de la importación fallida y comercialización frustrada del cemento chino; pretendiéndose vanamente por parte de sus protagonistas (directos o indirectos) terciar en un mercado controlado por un poderosísimo duopolio, al parecer, intocable desde cualquier punto de vista.

¡Todo les salió mal! Tocar los estamentos del poder del alto corporativismo de negocios de las megaempresas, concentrado de manera monopólica, oligopólica y similares, especialmente si estas tienen corte trasnacional, es un asunto geo-estratégico no apto para principiantes.

¡Y tenía que salir mal si se habrían saltado el ordenamiento jurídico!
El compadrazgo político, el posible tráfico de influencias habría llevado a algunos (“los 7 del patíbulo”, ya en rejas y acusados), más otros que todavía faltan de ser indagados, a traspasar las barreras de la ley cayendo, presuntamente, en figuras penales como la del peculado en lo que respecta a los créditos tramitados para el rompimiento del duopolio cementero, de unos 30 millones de dólares que, ojalá no sea así, estaría perdiendo el BCR pues no los podría recuperar del todo o en parte.

¿Y qué va a pasar con los otros créditos del cementazo otorgados por los Bancos Popular, Nacional y Crédito Agrícola de Cartago (el que ya está práctica y técnicamente cerrado por este Gobierno) …?

A esta altura del escándalo del cementazo, podemos citar varios contenidos de fondo que le dan esa extraordinaria peculiaridad, muy próxima a una novela político-policíaca que acapara la atención de las masas, diariamente, generándose un alto rating mediático pocas veces alcanzado en estos tiempos neoliberales.
Si el “libre” comercio funcionara como sus teóricos lo conceptúan, luego de los TLC neoliberales, el duopolio cementero y otros deberían haber tenido sus días contados.

La intentona política para enfrentarlo se les fue de las manos a sus promotores (en el Gobierno, en el Parlamento y en el mismo Poder Judicial), a tal punto que la credibilidad en la institucionalidad republicana se ha resentido como nunca y la fe ciudadana en esta se quebrantó delicada y peligrosamente.

La causa del cementazo, desde cualquier punto en que se le mire, no podía quedar impune. No solamente desde una arista jurídico-penal y la eventual comisión de diversos delitos; sino y, quizás lo más importante, desde la perspectiva de un desafío estratégico al orden de las cosas del actual sistema político, al punto de que no podía este tolerar semejante provocación a su misma estabilidad estratégica.

Con la anterior gestión, ahora suspendida, de la Fiscalía General de la República, la sensación cívica dominante era que “todo estaba perdido” ante el reino de la impunidad, ante tanto archivo y desestimación de causas ligadas a personajes de la política tradicional; especialmente tratándose de figuras, directa o indirectamente, ligadas al Partido Liberación Nacional (PLN).

De ahí que la operación “Manos Limpias” con que nosotros hemos bautizado la gestión de la señora Emilia Navas Aparicio, fiscal general de la República interina (por ahora), haya empezado bien, para satisfacción ciudadana no solamente con el encarcelamiento de “los 7 del patíbulo”, sino con la reapertura del caso Crucitas, del cual habían salvado de rendir cuentas al expresidente de la República, señor Óscar Arias Sánchez.

¡Empezó la operación “Manos Limpias”…! ¿Pero será suficiente? ¡Contundentemente, no! Las razones del descontento ciudadano, prácticamente generalizado con su actual clase política (la vieja y la recién llegada), va mucho más allá del enojo y de la indignación por lo del cementazo.

El cementazo es el “emergente”. Según la psicología social, “…el emergente puede ser considerado genéricamente como el nuevo producto que resulta de una situación previa”.

¡Exacto! ¿Y cuál sería la “situación previa”? ¿Crucitas?… ¿La trocha?… ¿La plata peruana mal habida?… ¿Presuntos manejos irregulares con los fondos de pensiones IVM-CCSS?…

¡Por supuesto que esto es parte de la “situación previa”! Pero, siendo así, el problema es de una profundidad estructural que, a nuestro criterio, tiene que ver con una sociedad a la que le impusieron la exclusión vía la entronización de la desigualdad, de forma tal que el “¡sálvese quien pueda!”, es el dogma de imperio y, por ende, haga usted todo lo que pueda para sobrevivir, aunque se lleve “entre las patas” valores, la legalidad, el Estado de Derecho, mienta y estafe políticamente, etc.… 40-45 por ciento de indecisos de cara a las votaciones de febrero entrante lo podrían explicar mejor que quien esto escribe.