Categoría: Opinión

Un selecto grupo de costarricenses reflexionaron durante varias horas al respecto lo cual nos permitió a nosotros, como militantes de la corriente sindical sociopolítica del país, extraer algunas conclusiones importantes, formuladas enteramente bajo nuestra propia responsabilidad, de lo que aprendimos en esta extraordinaria actividad. Veamos:

Quienes desde los espacios de la política tradicional han venido pregonando, un día sí y otro también, la cantinela de la “Reforma del Estado”, no tienen claridad de cómo se come eso. El Estado costarricense se compone de unas 330 entidades, 14 regímenes de empleo público, cerca de un 17% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país que tiene empleo formal y salario fijo, es empleada pública.

Además, cuenta con instituciones empobrecidas y precarizadas, por una parte; mientras que hay otras archimillonarias que no saben qué hacer con tanta plata acumulada; amén de una estructura salarial plagada de desigualdades. Efectivamente, salarialmente hablando, hay personas trabajadoras de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta categoría; contándose con una casta político-gerencial y tecnocrática que devenga salarios hasta casi 5 veces de lo que está estipulado para el cargo presidencial.

Por otra parte, financiera y presupuestariamente hablando, el denominado “primer poder de la República”, la Asamblea Legislativa, tiene un presunto y débil control únicamente sobre el 40% de toda la estructura financiera del Estado, dado que el otro 60% se maneja “autónomamente”, con el único control de parte de la Contraloría General de la República (CGR).

Si se fija uno en la estructura institucional del sistema política y los poderes del Estado se tiene lo siguiente:

a) Una Presidencia de la República de muy limitado alcance en sus potestades, en no pocos casos casi que, de caricatura, pues “cualquier hijo de vecino” es capaz de bloquearle sus iniciativas. Debe enfrentar, además, la dictadura de los mandos medios: jerarcas empoderados y atrincherados en sus feudos-guetos de poder que tienen cómo bloquear, sabotear, ralentizar, atrasar decisiones políticas del gobernante que podrían favorecer el bien común, pero que colisionan con los propios partidarismos politiqueros contrarios al presidencial y/o con intereses personales coludidos con los privados.

b) Un Poder Judicial “todopoderoso”, más poderoso que el Legislativo y que el Ejecutivo. Además, cuenta en su interior con la policía judicial, la acción punitiva del Estado (Ministerio Público-Fiscalía General de la República) y la Defensa Pública, lo cual lleva a los factores de poder político real a estimar que es más ventajoso contar con un magistrado afín a sus intereses, que tres o cinco diputados como peonada política en el parlamento. En realidad, el primer poder de la República es el Poder Judicial.

c) Un Poder Legislativo cada vez más fraccionado, más desprestigiado, más proclive al arribismo politiquero y oportunista que a la adopción de las personas más capacitadas para legislar en pro del bien común y la inclusión social. Las excepciones honrosas solamente confirman esta triste realidad. Con un reglamento legislativo que permite que una sola persona legisladora de sus 57 que le componen, pueda paralizar cualquier iniciativa de ley, aunque las otras 56 estén de acuerdo en algo. Políticamente, esto ha beneficiado en coyunturas específicas a los dos principales lados de la confrontación ideológica que llevamos en el país desde hace unos 30 años.

Para peores, un sistema tributario altamente regresivo, un endeudamiento público sideral que nos muestra una deuda prácticamente impagable; una evasión y un robo de impuestos, más un sistema de exenciones-exoneraciones que, combatidos radicalmente, resolverían de una vez las cifras del déficit fiscal y sobraría muchísima plata como para que no se tuviera que estar insistiendo en la aprobación de más impuestos que, solamente, incrementarán la defraudación impositiva.

Vistas así las cosas (y otro montón que falta mencionar por obvios problemas de espacio), quien pretenda ganar votos con ocasión de las elecciones presidenciales y diputadiles de febrero entrante, hablando sobre y prometiendo una “Reforma del Estado”, estaría haciendo demagogia pura y simple, si no específica qué, puntualmente, estaría impulsando como “Reforma del Estado” y cómo lo lograría.

La verdadera Reforma del Estado está pendiente. Es una tarea nacional de corte patriótico. También es ideológica y corresponderá a una correlación de fuerzas que, por ahora, no parece favorecer a las grandes mayorías populares.

Por el contrario, para los sectores neoliberales que tienen el real poder en nuestra sociedad, su fracaso en materia de Reforma del Estado ha estado centrado por su terquedad en abordar tal desafío desde una perspectiva fiscalista-fundamentalista. Mantener esta posición seguirá siendo sinónimo de confrontación a todo nivel.

El Diario Extra, publica el día 3 de noviembre un derecho de respuesta, mismo que firman funcionarios que fueron sujetos de investigación por parte del Ministerio Público, y que implicó el secuestro de documentos por parte de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial.

En relación con el caso, el suscrito procedió a solicitar a la Fiscal General, Emilia Navas Aparicio, una revisión de lo actuado y resuelto por el último fiscal que tuvo a cargo el caso (fueron tres en dos años), en razón de ello se emitió un comunicado de prensa, mismo que consta en el sitio web de la organización sindical ANEP y en mis perfiles del Facebook.

“Es un caso muy complejo, nunca antes visto” palabras de una de las personas a cargo del proceso, las cuales fueron manifestadas al suscrito en presencia del Lic. Víctor Méndez. Tal “declaración” nos hizo ver que tenían dificultad para comprender de lo que se trataba, o que no le habían prestado la debida atención.

El expediente 14-000411-0619-PE, contó con un primer informe de la Sección de Fraudes del OIJ, en el año 2015, el número 1124-F-15-CI el cual citó entre otras cosas:
“Lo que llama la atención es que, para el 24 de noviembre del 2003, el Jefe del Departamento Académico, se encontraba emitiendo las notas de los cursos aprobados y desde el 19 de noviembre de ese mismo año, se había emitido un oficio en el que se refería a la aprobación del Curso Técnico Policial en modalidad de Convalidación, o sea, 5 días antes de saber el resultado de las notas ya había aprobado el curso”.

Con relación a la investigación, la misma se observa ayuna de un estudio perital, toda vez que existen muchas inconsistencias, al punto de que en algunos expedientes académicos se indica, “usted aprobó el básico policial modalidad CONVALIDACIÓN”, no obstante, también consta que indica; “le informo que tiene pendientes las siguientes materias de CONVALIDACIÓN”. Aunado a lo anterior, la misma Escuela Nacional de Policía, entró en una serie de contradicciones, que ameritaban un análisis profundo.

El Fiscal resuelve, solicitando la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL (y falta de prueba): “Debe indicarse que el delito de Nombramientos ilegales tiene una sanción de treinta a noventa días multa, de conformidad con el artículo 344 del Código Penal, siendo que el tipo de sanción que el Código Penal establece para el delito de nombramientos ilegales, el plazo de prescripción es de dos años”.

Consideramos que se hace un análisis distinto de lo que arrojan los informes del Organismo de Investigación Judicial, los cuales tenemos en nuestro poder. Motivo por el cual decidimos acudir ante la Fiscal General, para solicitar la revisión de lo actuado, por cuanto si bien la acción penal podría haber prescrito, en cuando al tipo penal de nombramientos ilegales, no aplicaría la prescripción para otros supuestos penales, como: falsedad ideológica y uso de documento falso, algo que debió ser investigado.

También, nos parece extraño que se haya notificado a la Procuraduría General de la República, la cual apersonó a la Procuradora de la Ética Pública, Msc. Paola Madriz Pérez, el 22 de mayo del 2017, misma que manifestó, “es nuestro interés, el constituirnos, por el momento, como VÍCTIMA, en la causa de referencia”. Y el 15 de junio se emita la solicitud de Excepción de Prescripción ¿Para qué se notificó a la Procuraduría General de la República, un mes antes?

Informe N° 124-F-17-DM en el punto 3 del apartado de RECOMENDACIONES, indica lo siguiente: “Algunos de los funcionarios señalados se graduaron en Derecho de la Universidad Cristiana del Sur, la cual fue investigada en su momento al cuestionarse las carreras impartidas. De estos funcionarios investigados, se dice que algunos convalidaron materias de otras universidades, donde se graduaron. Por tanto, se recomienda solicitar Certificación ante el CONESUP (Consejo Nacional de Educación Superior), si cumplieron con los requisitos de ley para convalidar y que se encuentran registrados como corresponde”

Eso no lo dice Mainor Anchía, lo recomienda la Sección de Fraudes del Organismo de investigación judicial ¿Es tendenciosa y temeraria tal recomendación?, ¿Por qué no lo habrán investigado?

Nuestra solicitud a la señora Fiscal General, ni es tendenciosa, ni es temeraria, se funda en nuestro Estado de Derecho y, además, se consolida con los últimos eventos, en donde se ha visto como en otros casos, aparentemente pudo existir tráfico de influencias. Si señores, a nosotros nos llamaron, nos informaron de una presunta situación irregular, lo cual no afirmamos, pero no sería de extrañar a la luz de los últimos acontecimientos.

Finalmente, aunque no lo puedan decir públicamente, ni podamos solicitarlos en calidad de testigos (por lealtad), varios funcionarios de jerarquía, conocen la verdad y nos han manifestado en el ámbito de la confianza, “Anchía, usted tiene razón”. Así las cosas, tal como lo he manifestado, estoy listo para la prueba de la verdad, ¿Ustedes?

“Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón, incluso si eres minoría de un sólo, la verdad sigue siendo la verdad” Mahatma Gandhi.

Juan Marín está pretendiendo que esto se vote la semana entrante, básicamente utilizando el proyecto de iniciativa popular, metiéndole un texto sustitutivo que supuestamente es un texto consensuado con la Cámara Nacional de Agricultura, y en esas condiciones ya uno como diputado tiene poco margen de acción porque el proyecto tiene que votarse sí o sí antes de las 11 de la noche de la semana entrante…”. (Alfredo Volio Pérez es un exministro de Agricultura y Ganadería y es empresario piñero, aclaramos nosotros).

Las frases entrecomilladas corresponden a la transcripción de la voz en audio en un mensaje de WhatsApp del 27 de octubre de 2017 del diputado Otto Guevara Guth (muy cuestionado en el escándalo del “cementazo”), quien muestra gran interés en la aprobación del proyecto “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico”, Expediente Legislativo No. 20.212, listo para ser votado en cualquier momento en la Asamblea Legislativa.

Este plan tan claramente explicado por Otto Guevara tiene mucho de estarse orquestando, y así se vio plasmado el día lunes 30 de octubre pasado cuando la mayoría de diputados votaron dispensar de todo trámite el proyecto 17.742 para meterle como texto sustitutivo el texto que han cocinado bajo el expediente 20.212. Así como Otto Guevara, los diputados a favor de estas matráfulas hacen lo que le dicten sus grandes amigos empresarios, lo cual basta y sobra para que se enciendan las alarmas en los sectores sindicales, sociales, populares y cívico-patrióticos. Particularmente, tratándose del agua, esta alerta debe considerarse como urgente y grave.

Según lo indicado en ese audio y lo visto este lunes, el texto que se votará cuando el plenario se convierta en comisión es el que complacerá los intereses de la Cámara Nacional de Agricultura, gracias a la displicencia del diputado liberacionista Juan Marín Quirós, montado en el proyecto de iniciativa popular No 17.742 y que lo ha mancillado hasta decir basta, con la complicidad increíble de dos diputados del PAC, a saber don Steven Núñez Rímola y doña Marcela Guerrero Campos quienes, al parecer, negocian sus votos a cambio del apoyo del PLN a su proyecto de pesca de camarón de arrastre; sumándose el apoyo del diputado Abelino Esquivel Quesada.

Es por todo este manoseo y prioridad a grandes intereses, del que usted y yo estamos ajenos, que se está acusando que dicho proyecto tiene las siguientes graves consecuencias:

Se afecta el dominio de la nación sobre las áreas de protección hídrica que garantiza la actual Ley de Aguas, lo cual constituye un retroceso.

Este proyecto es parte de una ola de recetas que se han intentado aplicar en América Latina por el Banco Mundial y su brazo ejecutor, la red Global Water Partnership (GWP) que vislumbran el agua como una mercancía y no como Derecho Humano Fundamental. Incluso se han visto obligados a matizar su principio de ver el agua como bien económico (‘’No money, no water’’), en sustitución del agua como bien social, cambiando la herencia invaluable del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que hasta ahora ha sido muy valorada por el agradecido pueblo costarricense.

Las Asadas, los acueductos rurales comunitarios, se verían afectados en su funcionamiento con el pago de cánones que el proyecto de ley no explica cómo serán establecidos; además que es el propio Minae el que establecerá los criterios, los cobrará y los gastará.

Unos 700 mil agricultores serían obligados a formar “sociedades” onerosas como único medio de obtención de agua para sus cultivos.

El AyA perdería la mitad de su función estructural básica la cual es la del servicio de alcantarillado, hoy más imprescindible que nunca para que siga siendo servicio público esencial de prestación directa por parte de la institucionalidad.

Senara, una entidad eminentemente técnica, pierde su control sobre los procesos de aguas subterráneas para pasárselo al Minae, perdiendo así el carácter vinculante de sus criterios, que hoy son apelados ante el Tribunal Contencioso Administrativo (recurso jerárquico impropio); pero con este proyecto de ley quien resolvería las apelaciones sería el propio Ministro de Ambiente de turno. Es decir, “politiquiemos” el agua y sus concesiones cada cuatro años, y eliminemos los frenos y contrapesos que deberían ser garantía en una democracia.

Dejan a la libre la exportación de agua embotellada, aunque se envase en distritos donde los habitantes sufran de escasez, incluso circunstancial, a pesar de que el texto original sí incluía un artículo que limitaba la exportación. Esto da cuentas del manoseo que ha sufrido este texto en quince años que tiene de dar vueltas en las oficinas de Cuesta de Moras.

Se eliminan los Consejos de Cuenca, los cuales eran la única manifestación que albergaba el texto original para la participación ciudadana. Estos consejos desaparecen del nuevo texto a petición explícita de la Cámara Nacional de Agricultura.

Se hace caso omiso a las observaciones que sobre estos y otros temas hizo la Defensoría de los Habitantes.

Este nuevo proyecto de “ley de aguas”, de tanto interés para el diputado Otto Guevara Guth, se originó en el despacho del entonces diputado y hoy candidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, pero heredado a Juan Marín Quirós; y contando con el apoyo de legisladores de la Unidad Social Cristiana, como William Alvarado Bogantes, afín al aspirante presidencial don Rodolfo Piza Rocafort (el PUSC, pareja bipartidista del PLN); y hoy con el sorprendente apoyo de parlamentarios del PAC, a quienes les tenemos gran respeto.

En cuanto a esto último, su candidato presidencial, don Carlos Alvarado Quesada, ha indicado que no se le “embarre” porque es falso que él esté apoyando este proyecto de “ley de aguas” Libertario-PLUSC-Evangélico, aunque desde ya se puede leer que su plan de gobierno lo contempla en su página 112. Sin embargo, es sumamente necesario que don Carlos lo diga más directa y contundentemente y en próximas horas; y, es más, si él no está de acuerdo, nos preguntamos cómo es posible que diputados que le apoyan su candidatura, estén con el concepto de una ley sin participación popular y apegado a las recetas del Banco Mundial.

Luego de la gran estafa política que significó desconocer el espíritu del proyecto de ley de recurso hídrico impulsado bajo el sistema de iniciativa popular, el asunto es más grave todavía pues nadie conoce el texto sustitutivo y definitivo de la Cámara Nacional de Agricultura, que es apadrinado por la coalición contra el agua como bien social aquí denunciada.

Dada la feroz resistencia neoliberal de institucionalizar el agua como Derecho Humanos Fundamental, mantener el concepto de agua como bien social deviene en necesidad estratégica, lo que pudo haber quedado garantizado con la instauración de los consejos de cuenca, que es de lo poco que quedó luego de la manoseada y macheteada política del proyecto original por el cual miles y miles firmamos.

Queremos pensar que en el caso de los diputados del PAC que estarían apoyando el proyecto de ley de aguas Libertario-PLUSC-Evangélico, podrían haber sido embarcados y/o manipulados, en todo o en parte, en su buena fe ante un tema tan complejo para el cual, nosotros mismos, hemos tenido que recibir apoyo asesor básico. Por tanto, respetuosa y vehemente les pedimos, públicamente y por esta vía, que no voten tal proyecto.

¡Fulminante! Lo “renunciaron” al quedar en evidencia que él también ha estado inmerso en la poderosa red tejida por el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas (JCB) en lo que ya es, prácticamente, el escándalo político de mayor notoriedad mediática de los últimos tiempos y el de mayor impacto en la conciencia ciudadana.

Don Víctor Hugo Víquez Chaverri, quien pretendía convertirse en uno de los máximos factores decisores del próximo parlamento, fue “desechado” ante la urgencia de parte del señor Antonio Álvarez Desanti de demostrar una firmeza en la toma de decisiones en lo que atañe a actos de presunta corrupción y/o de eventuales tráfico de influencias en su más íntimo círculo político.

“Del ahogado, el sombrero”. De seguro que la campaña del candidato presidencial liberacionista usará este súbito descalabro político como un factor de propaganda en su favor, en detrimento de otras circunstancias parecidísimas, como las de la Unidad Social Cristiana (PUSC), el cual también tiene elementos “pringados de cemento” en sus filas.

El ahora exaspirante diputadil es bien conocido por su fidelidad política a los hermanos Arias Sánchez y a su ideario neoliberal, pero su abrupta exclusión y su estrepitosa caída no debe interpretarse como un debilitamiento del poder de don Óscar y de don Rodrigo en el control hegemónico de un eventual gobierno de su pupilo, Álvarez Desanti, ni del propio PLN.

Por otra parte, la ejecución política sumarísima sufrida por el señor Víquez Chaverri habría sido para invisibilizar y/o aminorar la razón por la cual él pidió favores para el empresario JCB: es que él “ayuda al PLN”. Sin duda alguna esta cuestión se volvería tremendamente incómoda a esta altura del proceso electoral para las votaciones de febrero de 2018.

¿Cómo se ha concretado esa “ayuda al PLN”? ¿Fue para la campaña presidencial de la señora Laura Chinchilla Miranda? ¿Fue para la campaña diputadil personal del señor Víquez Chaverri, en el 2010? ¿Se habrían impulsado otras gestiones a favor de los negocios del señor JCB, durante el período presidencial 2010-2014, para corresponderle por su “ayuda al PLN”?…

Como ven ustedes, este tipo de preguntas serían realmente incómodas sobre todo si fuesen formuladas en la comisión parlamentaria que está investigando lo de los créditos del “cementazo”. Lastimosamente parece que no se podría conocer más de la intimidad política de las relaciones entre el PLN y el señor JCB, pues en la indicada comisión no se interpelará, no se llamará al señor Víquez Chaverri.

En todo caso, lo que queda claro es que el “cementazo” también tiene matices verdes. Los matices verdes del “cementazo” quedan, también, constatados con el papelón escenificado por el ahora suspendido magistrado don Celso Gamboa Sánchez, durante su comparecencia en la indicada comisión legislativa; pues después de pringar de cemento al gobierno de la señora Chinchilla Miranda, terminó retractándose de ello para luego ponerla como su máxima mentora política de su meteórica carrera de inserción en el escenario del poder político.

Lo real es que el PLN neoliberal tiene un delgadísimo techo de vidrio en esto de la corrupción y del tráfico de influencias, condimentado con compadrazgo político al más alto nivel.

De las varias causas de presuntas irregularidades que, en la anterior gestión del ahora suspendido Fiscal General de la República, don Jorge Chavarría Guzmán, quedaron en nada; su sucesora en el cargo (al menos transitoriamente), la señora Emilia Navas Aparicio, ha anunciado que está ya analizando su eventual reapertura y/o reactivación; y en estas tres están involucradas connotadas figuras del PLN neoliberal.
Veamos:

El caso Crucitas en cuanto a la explotación de la minería en cielo abierto y la emisión de un ilegal decreto autorizándola en el gobierno del señor Óscar Arias Sánchez. Él firmó el ilegal decreto autorizándola, pero solamente fue condenado su ministro del Ambiente, don Roberto Dobles Mora, quien también lo firmó. El primer juicio fue anulado y se repetirá, pero el anterior Fiscal General ordenó sacar de la causa al expresidente Arias Sánchez. Ahora se estudia si habría que abrirle a él causa penal.

El caso de la empresa Soresco y el papel de RECOPE aliándose con los chinos (otra vez los “chinitos” metidos en la cosa pública costarricense), para la construcción de una nueva refinería en Limón. Figuras político-gerenciales ligadas al PLN están controvertidas al respecto.

El caso del ingreso al país de unos 20 millones de dólares que, supuestamente, correspondían a pagos de sobornos al Expresidente de Perú, Alejandro Toledo Manrique; cuestionados dineros presuntamente depositados en el banco del señor Luis Liberman Ginsburg, Exvicepresidente del gobierno Chinchilla Miranda.

El “cementazo” también tiene matices verdes. El tráfico de influencias, la corrupción y el compadrazgo político han sido consustanciales al quehacer del bipartidismo clásico e histórico del PLN-PUSC. Lastimosamente en el gobierno del cambio, este episodio del “cementazo” ha pringado al PAC. Y decimos lastimosamente, pues la abrumadora mayoría de sus cuadros políticos en posiciones de gobierno han actuado con gran transparencia en su quehacer gubernativo.

Al parecer, es que el sistema de la política neoliberal ha infestado la institucionalidad republicana y, por tanto, la Democracia se ha resentido demasiado pues con todas estas prácticas se constata cómo la perversa desigualdad sigue centrando todo el quehacer político. Es el sistema, el sistema neoliberal, el problema.

Teníamos pendiente desde hace bastantes días y semanas, escribir acerca de la “moda” corporativo-gerencial de los macro-negocios, misma que se ha venido extendiendo, actualmente, a todo el ámbito empresarial, de imponer el concepto de “colaborador” para designar a todas las personas que salarialmente son contratadas para laborar en todas esas actividades que se emplean en el mundo de las vinculaciones obrero-patronales del modelo capitalista de relaciones de producción.

Lo peor de tal “moda” es que la categoría “colaborador”, también se quiere imponer para nombrar a las personas asalariadas que laboran para el aparato del Estado, incluido el municipal.

Visitando el sitio web oficial de la Real Academia Española (RAE), www.rae.es, específicamente el Diccionario de la Lengua Española, encontramos bajo el vocablo “colaborador” tres acepciones del mismo: 1) Como adjetivo: “que colabora” (utilizable también como sustantivo). 2) Como sustantivo masculino y femenino: “Compañero en la formación de alguna obra, especialmente literaria”. C) También como sustantivo masculino y femenino: “Persona que escribe habitualmente en un periódico, sin pertenecer a la plantilla de redactores”.

En este último caso, por ejemplo, quien esto escribe es un “colaborador” de La Prensa Libre.

Ahora bien, note usted que en ninguna de las tres acepciones (significados) del vocablo-palabra “colaborador” aparece alguna alusión, mención, característica que plantee intermediación de un valor monetario-económico, digamos como una “retribución”.

Por el contrario, el concepto-vocablo “trabajador” según el diccionario de la RAE nos plantea lo siguiente: 1) Como adjetivo: “que trabaja”. 2) También como adjetivo: “muy aplicado al trabajo”. 3) Como sustantivo masculino y femenino: “Persona que tiene un trabajo retribuido”.

¡He aquí la clave!: “persona que tiene un trabajo retribuido”. “Retribuido” viene del verbo transitivo “retribuir” y el diccionario de la RAE indica que la segunda acepción de “retribuir” es “recompensar o pagar un servicio, favor, etc.”

“Se denomina trabajador (o su variante en femenino, trabajadora) a la persona que presta servicios que son retribuidos por otra persona, a la cual se encuentra subordinado, pudiendo ser una persona en particular, una empresa o también una institución” (https://definicion.mx/trabajador/).

En el caso de nuestro país, el artículo 4 del Código de Trabajo nos dice lo siguiente”: “Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo”.
En realidad, lo que hemos apuntado como “moda” corporativo-empresarial de sustituir el vocablo-concepto “trabajador” por la palabra “colaborador” para designar a la fuerza laboral asalariada, tiene un profundo contenido político-ideológico que puede tener varias perspectivas de análisis.

Una de ellas es quitarle el contenido de clase al carácter dual de la contradicción capital-trabajo, pretendiendo homologar el carácter del trabajo asalariado explotado, con el carácter explotador del propietario de los medios de producción.

No es una cuestión de mera terminología ni mucho menos de “inocente” semántica. En estas épocas del dominio político-ideológico de la hegemonía del capital neoliberal, especialmente su rama más criminal y sangrienta, la del capital financiero; el concepto-palabra “trabajador” está como satanizado pues está asociado a factores socio-históricos, político-económico y filosóficos-culturales que han determinado procesos y devenires importantes de etapas de la historia de la Humanidad y de numerosos pueblos de la Tierra que, en medio de grandes confrontaciones de clase y de luchas épicas, tanto nacionales como internacionales, le han arrancado al capital derechos y conquistas para confrontar la razón lógica de la explotación obrera: acumular más y más – pagar menos y menos.

El concepto “colaborador”, por tanto, impuesto (por ejemplo), en esos grandes conglomerados de comida rápida, usado en la prensa cotidiana del capital y en la jerga empresarial del mundo de los negocios (y ahora hasta en el sector público), es una intentona del capital neoliberal por desideologizar el concepto profundamente ideológico del vocablo-palabra “trabajador”; pero, paradójicamente, buscan ideologizar a sus respectivas fuerzas obreras-laborales dándoles en rango de “colaboradores” para asimilarles a la cultura propietaria de las empresas como si fueran accionistas y/o co-dueños de las mismas.

Además, podríamos decir que desde un punto de vista de técnica jurídica y en estricto apego al Código de Trabajo costarricense y a la jurisprudencia laboral, la empresa que utiliza el concepto-vocablo “colaborador” para designar a la fuerza asalariada que tiene contratada, estaría al margen de la ley dado que ésta solamente admite el concepto-vocablo “trabajador” en las relaciones obrero-patronales.

Esta acción ideológica del capital neoliberal para desideologizar el concepto socio-histórico, político-económico y filosófico-cultural que significa el vocablo “trabajador”; lleva a extremos como llamar al despido con la palabreja “desvinculación”; o bien, aplicarle el despido puro y simple a una persona trabajadora indicándole que “hemos decidido dejarle en libertad…”.

¡Quiéranlo o no! La contradicción-confrontación de clase capital vs. trabajo, completamente histórica y más actual que nunca, también (como se ha sabido por siempre), es plenamente ideológica: colaborador vs. trabajador es un episodio más de la dicotomía explotador-explotado.

Walter Quesada Fernández

Estupor causan las revelaciones del señor Benito Coghi Morales, exdirector general de Aduanas, de que la alegría del “gran jefe” (el “big chief”), por la importación de cemento chino sería la “contentera” mostrada por el propio señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, cuando, presuntamente, habría sido enterado de que los grandes compadrazgos políticos que habría recibido el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas (JCB) rindieron su fruto.

Si el primer Mandatario de la República no es el “gran jefe”, según la jerga utilizada en las altas esferas políticas del ejercicio del poder en Gobierno, en cualquier Gobierno, entonces, ¿quién es?… ¡El cementazo pringa al Presidente Solís! Que el duopolio debía romperse en épocas de TLCneoliberales parece lógico… ¿Pero a qué precio?

Impresionados estamos en ANEP del gran poder de convencimiento del empresario JCB, uno de los mejores relacionistas públicos de que tengamos noción, según lo habíamos planteado en comentario anterior.

Parece que el adagio popular de que “el pueblo siempre termina pagando” se impondrá, una vez más. Más allá de esa gran capacidad de mercadeo que ha realizado este empresario JCB, existe una real preocupación y una gran indignación popular que tiene que ver con el manejo realizado por las autoridades correspondientes en torno a la investigación sobre el uso de los fondos públicos involucrados en este escándalo y, por ende, las repercusiones negativas en los bolsillos del pueblo costarricense.

Por una parte, el Banco de Costa Rica (BCR) terminaría abriendo una especie de depósito de materiales de construcción para vender 180 mil sacos de cemento que son la única “garantía” de los créditos multimillonarios que le otorgó al empresario JCB; pues, al parecer, ya el BCR le ha exigido a este la devolución de la plata que le prestó y que, presuntamente, dicho hombre de negocios ya no estaría en condiciones de honrar.

El BCR ya decidió no girarle más dinero de los cuestionados créditos de unos 30 millones de dólares en total. Si el BCR no recupera la plata prestada en este caso, ¡no importa!… “El pueblo siempre termina pagando”. Pero, en realidad, ¿quién terminará pagando “los platos rotos”?

La Junta Directiva del BCR, ahora caída en desgracia, se ha “paseado” en el prestigio y la credibilidad del banco al punto de que una de las implacables calificadoras de riesgo, la casa financiera Moody’s, le ha degradado en cuanto a su seguridad financiera.

Por otra parte, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), el de la clase trabajadora, tendrá que fungir como una especie de “agencia inmobiliaria” para vender las propiedades que el empresario JCB le ofreció como garantía de un préstamo de unos 5 millones de dólares.

Parece que nadie quiere comprar esos inmuebles y se corre el riesgo de que el BPDC pierda esa plata, es decir, la clase trabajadora ahorrante del Popular. Si el Banco Popular no recupera la plata prestada en este caso, ¡no importa!… “El pueblo siempre termina pagando”. Pero, en realidad, ¿quién terminará pagando “los platos rotos”?

Vámonos a los vecinos del pueblo sancarleño. Aparentemente, les subirían la tarifa de luz en un 14 % para pagar otro crédito cuestionado otorgado por el BCR. Esta vez, y tal como lo ha indicado un legislador de la comisión parlamentaria que está investigando este tipo de créditos “sui géneris”, esa alza de tarifa de luz sería pagar el crédito, o parte del mismo, otorgado por dicho banco por unos 32 millones de dólares, para la compra de una “chatarrera hidroeléctrica”, según la denominación que gusta emplear dicho diputado, don Otón Solís Fallas.

El vendedor de esta, una de las empresas duopólicas que controlan el mercado del cemento en el país, hizo el negocio redondo: se habría ganado una buena millonada de dólares porque cobró por un servicio eléctrico que ella no vendería, sino por lo que iba a ganar esa “chatarrera hidroeléctrica”, si esta hubiese sido exitosa.

¡No importa! “El pueblo siempre termina pagando”, en este caso el sancarleño.
Pero, en realidad, ¿quién terminará pagando “los platos rotos”?

¡Ha caído el fiscal general de la República, don Jorge Chavarría Guzmán! El beneficio de la duda le asiste quien le ha sucedido en ese sensible cargo, la señora Emilia Navas Aparicio, como fiscala subrogante y como fiscala general interina, a. i., quien deberá restaurar la credibilidad lesionada, el prestigio manchado y la independencia partidaria de un ente judicial que, si analizamos todas las investigaciones que el ahora caído frenó, prácticamente, se convirtió este señor en el escudo jurídico de figuras relevantes del Partido Liberación Nacional (PLN), ante diversas situaciones presuntamente irregulares con las cuales tenían vínculos.