Se aproxima una nueva agresión social y económica en contra de las personas trabajadoras cotizantes del más importante sistema de pensiones y jubilaciones del país: el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Ya no solamente se trata de que, a partir del próximo 1 de enero de 2018, se dará la segunda rebaja salarial del 0.50 % (pues la primera, también de 0.50, fue impuesta a partir del pasado 1 de julio); sino que en estos momentos se está discutiendo en el seno de la actual (y cuestionada) directiva de la Caja, los dos segundos golpes siguientes contra la clase trabajadora cotizante de IVM-CCSS: elevar la edad para pensionarnos a los 65 – 67 años, por un lado; y, por otro, que el monto a recibir quede en un 40 %. Si nos dejamos, ¡nos golpearán otra vez!
Esta barbaridad la hemos denunciado al máximo. Como también hemos apoyado al máximo, la denuncia de un importante grupo de especialistas costarricenses acerca de un presunto faltante de hasta un millón de millones de colones (un billón), en las arcas del IVM-CCSS, producto de eventuales malas decisiones financiero-administrativas que se habrían tomado, en su momento, por jerarquías de altísimo nivel de la real estructura de poder de la CCSS, algunas de las cuales siguen en esos cargos como si nada hubiera pasado… Excepto, que se le cobre a la clase trabajadoras las potenciales consecuencias negativas de presuntos errores graves de gestión financiera con la plata de IVM.
Por eso estamos celebrando la llegada a la máxima posición en la Fiscalía General de la República, de la licenciada Emilia Navas Aparicio; pues, durante la gestión de su ahora cuestionado y prácticamente destituido predecesor en ese cargo, poco se sabe del trámite del Expediente Judicial No. 12-000046-0615-PE, en el cual se recoge toda la denuncia contra varios jerarcas de la CCSS a fin de que se investigue, para descartar o para abrir causa, si hubo o no hubo ese tipo de manejo financiero con la plata de IVM al punto de que se condene a la clase trabajadora a cotizar más, a trabajar más años y a recibir menos plata de pensión.
El pasado lunes 23 entregamos en el despacho de la señora Fiscal General de la República, a. í., una carta reseñándole que desde el año 2012 se presentó en ese despacho una denuncia en tal sentido.
En nuestra carta a doña Emilia Navas Alvarado le indicamos que “…la crisis de liquidez del Seguro de Salud visible a la población a partir de 2010, habría sido producto de una presunta falsificación de documentos y del presunto maquillaje de proyecciones financieras, lo cual habría propiciado la explosión del gasto en medio de una grave recesión económica; hecho que a su vez habría limitado la adquisición de insumos, menoscabando ello la prestación de servicios de salud y el estado de salud de un significativo número de asegurados”.
En otro párrafo de esa carta apuntamos lo siguiente: “…jerarcas institucionales se habrían valido de su importante cargo para aprobar con conocimiento de causa y presunto conflicto de interés, subsidios ilegales del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM) al Seguro de Salud socavando, aparentemente con ello, la rentabilidad de este régimen de pensiones”.
Nuestra carta incluye esta reflexión: “No obstante, pese a que los hallazgos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Comisión de Notables Expertos son coincidentes con los hechos denunciados, y a que la Comisión Especial Legislativa que investigó las causas de tal crisis identificó a algunos de los presuntos responsables; esa Fiscalía General de la República aún no omite un dictamen al respecto, siendo que la mayoría de los funcionarios denunciados continúan en sus puestos, tomando decisiones sobre recursos equivalentes al trece por ciento del PIB anual del país”.
Luego del grave golpe dado a la institucionalidad, a la credibilidad, al prestigio y a la imagen del Poder Judicial, producto de los acontecimientos de evidente notoriedad pública y de gran conocimiento ciudadano, relacionados con el escándalo del “cementazo”; hay gran expectación nacional sobre el desempeño de doña Emilia Navas Aparicio y su honesto y valiente equipo de trabajo; a raíz de todas esas causas, sospechosamente desestimadas, archivadas, congeladas, fantasmeadas…
En el caso del expediente que recoge el tema del manejo de las finanzas IVM-CCSS, gran anhelo obrero es que, ¡por fin!, sepamos qué va a pasar luego de casi 6 años de no saberse nada de su trámite.
Según nuestra interpretación, el tránsito de una gestión de Fiscalía General de la República bastante coloreada de verde, debe abrir paso a una de color agua, ¡totalmente transparente! Necesitamos saber qué fue lo que pasó a partir del año 2010 en el manejo de las finanzas de la CCSS.
Miles de personas trabajadoras asalariadas cotizantes de IVM-CCSS merecen saber la real verdad de las razones por las cuales le estén imponiendo cotizar más para su pensión, los porqués de que ésta le llegará hasta que se tenga una edad de 65-67 años, y porqué quedará en un 40 %. Si hubo jerarcas de la Caja que tomaron decisiones erróneas, contrarias a la ley, indebidamente éticas, ¡que no impere la impunidad!, doña Emilia.
