Categoría: Opinión

Agua: privatizar cooperativizándola

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En febrero pasado tuvo lugar en el Estado Vaticano el seminario “El derecho humano al agua”. En su clausura el papa Francisco fue contundente: “…el derecho al agua es determinante para la sobrevivencia de las personas y decide el futuro de la humanidad”; pidiendo él garantizar ese derecho de forma efectiva en los ordenamientos jurídicos de los Estados y se reconoció dolorido cuando observa cómo en algunos países no se da prioridad a esta materia.

Dijo el papa Francisco: “Es doloroso cuando en la legislación de un país o de un grupo de países no se considera al agua como un derecho humano. Más doloroso aun cuando se quita lo que estaba escrito y se niega este derecho humano”.

¿Por qué, entonces, golpear el papel histórico que ha venido desempeñando en nuestro país, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en materia de provisión de agua potable al pueblo costarricense? ¿Por qué negar, ahora, el estratégico rol que, complementariamente y en este delicado asunto de salud pública, han venido jugando las Asadas?

Es con base en esta extraordinaria reflexión papal sobre la relevancia del agua en los actuales momentos tan dramáticos que vive la humanidad, que conceptuamos nosotros como irresponsable y sospechosa, una iniciativa de ley de privatización del servicio de agua potable en nuestro país, vía el sistema cooperativo, misma que está tramitándose en estos momentos en la Asamblea Legislativa.

El Expediente Legislativo No.19.441, para la eventual aprobación de la “Ley de Autorización a las Cooperativas para Administrar Sistemas de Acueductos y Alcantarillados”, es una intentona privatizadora del hasta hoy día servicio público suministrador de agua potable y de alcantarillado sanitario; servicio público ya sea en manos de AyA, de las Asadas, de municipalidades y de algunas empresas públicas regionales.

Todas éstas deben invertir los recursos que cobran por tarifas en el mejoramiento de tales servicios públicos, no repartirlos, como dividendos, entre los usuarios. El citado proyecto quiebra este principio de promoción del bien común que inspira su prestación, por el de apropiación privada de los recursos de cobro de tarifas, por más manto cooperativo que se dé a tales servicios.

Prestigiosas casas de estudios superiores del sistema educativo público de nuestro país han expresado su posición en tal sentido, específicamente, la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

La UCR, pese a reconocer que “…las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas, no de capitales, y aunque han contribuido en el desarrollo económico y social del país, no dejan de ser entidades de carácter privado, y como tales se ven obligadas por ley a hacer una distribución de utilidades o excedentes entre sus afiliados, de forma periódica”.

¡Exactamente! Si en una comunidad de 1.000 personas, solamente 100 deciden cooperativizar su servicio de suministro de agua potable, las otras 900 deberán pagar por el mismo de forma tal que tal servicio no solamente sea sostenible financieramente hablando, sino que dé dividendos (rentas) para que las 100 personas socias cooperativas se los repartan entre sí. ¡Aquí empieza el negocio!

“¡Hecha la ley, hecha trampa!”. Este proyecto para privatizar el agua cooperativizándola, hará que surjan, por una parte, inescrupulosos negociantes de la vida con fuerte capital en el bolsillo, que ven en la mercantilización del agua una nueva fuente de lucro privado seguro, arrinconando a comunidades vulnerables para que cooperativicen la Asada local y le permitan ser “socio cooperativo”.

Por otro lado, habrá más de un vivillo de esos que forman cooperativas solamente para votar en su sistema eleccionario interno, las denominadas “coopevoto”, que también irán a la caza de incautos para venderles este tipo de ideas privatizadoras de la provisión de los estratégicos servicios de agua y alcantarillado.

“Hoy leemos que existen ‘coopevotos’, o, sea, cooperativas fantasma y todo tipo de figuras que permiten fraudes electorales y parece que de otro tipo. Nos preocupa que esto se puede extender para hacer negocios con el agua de consumo humano que escasea y está en disputa entre los distintos usos con los cuales hoy lucran las mismas cooperativas. El cooperativismo no está en su mejor momento para pretender hacer negocios con el agua pues los diputados han hablado de generar empleo a partir de brindar el servicio que implica mayores costos en tarifas para las comunidades más pobres. Esto es un contrasentido”. La opinión que acabamos de consignar es del ciudadano don Mauricio Álvarez Mora, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon). Como vemos, el movimiento ecologista nacional también está en contra del proyecto para privatizar el agua cooperativizándola. Creemos que toda la sociedad cívica y el pueblo trabajador debemos rechazar el indicado proyecto de ley; llamado muy especial para la comunidad laboral de AyA y sus organizaciones.

BCR: ¿Crédito con compadrazo político?

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No es cualquier mortal al que el Banco de Costa Rica (BCR) le prestaría 20 millones de dólares, 10 mil millones de colones y resto, presentando una garantía de respaldo cuatro veces menor al monto de ese crédito!

Altos jerarcas de esta institución bancaria del Estado (¿del Estado?), se presentaron ante la comisión parlamentaria de reciente creación que fue establecida para investigar este tipo de créditos bancarios tan inusuales.

Lo que dijeron ahí, en la Asamblea Legislativa, esos jerarcas del BCR, el pasado jueves 17 de agosto, supuestamente contestando preguntas de los diputados y de las diputadas que les interpelaron, dejó atónitos a más de uno en este país, incluidos nosotros.

No dudamos de que también se hubiera quedado atónito el gestor y arquitecto político de la nacionalización bancaria en Costa Rica, allá por el año 1949, don José Figueres Ferrer, Don Pepe, tres veces primer mandatario de nuestro país (1948-1949, 1953-1958 y 1970-1974).

A juicio de los comentarios diputadiles generados por esa interpelación, el BCR habría modificado su propio reglamento de crédito para que la empresa cementera solicitante de ese préstamo (una suma superior a los 10 mil millones de colones), pudiera disponer de semejante cantidad de plata, pero en condiciones de tanta “controversia” que hasta el propio Instituto Nacional de Seguros (INS) se habría negado a servir de fiador del negocio importador de cemento que con esos dineros se generaría.

Lo cierto de caso es que, visto desde afuera y con base en las diferentes informaciones periodísticas, los personeros del BCR citados por la mencionada comisión parlamentaria, que forman parte del denominado “Comité de Crédito y de Riesgo” de esa importantísima entidad bancaria nacional, dejaron una enorme estela de dudas, brindaron muchas respuestas confusas y enredadas, evadieron puntualizar en concreto sobre lo que se les demandaba, acudieron a apelaciones sobredimensionas del tal “secreto bancario”; y, lo que es más grave todavía, no disiparon de manera contundentemente transparente la percepción que va generalizándose en la sociedad de que pudo haberse dado uno de los casos más impactantes de los últimos años en cuanto a gestiones crediticias en un banco público, mediando un presunto tráfico de influencias al más alto nivel político, intra y extramuros institucionales.

Que el hijo del Gerente General estaría ligado empresarialmente al peticionante del crédito; que el propio Gerente General esté suspendido mientras se investiga; que quien fuera la persona presidenta de la directiva estuviera rastreando la tramitología del crédito y luego renunciara a dicha presidencia al saberse ese pequeño detalle; que el tal crédito estaría “oliendo a perfume” pues toda la plata prestada, o parte de ella, habría ido a dar a otra actividad empresarial menos a la del cemento importado; que el BCR podría terminar instalando un depósito de materiales de construcción para vender sacos de cemento que le ofrecieron como garantía del préstamo; etc., etc.; forman parte de la serie de comentarios y especies que quedan en el escenario de esta peculiar novela política, protagonizada por quienes aspiran o pretenden ser parte de la “nueva” clase política que busca relevar a la del histórico y clásico bipartidismo Plusc.

La reacción presidencial que conocemos es tímida, pues fue tan solo un llamado de atención. Considerando que la mayoría directiva actual del BCR es gobiernista, correspondería su destitución inmediata. Sería una medida ejemplarizante en momentos en los cuales se acrecienta la sensación ciudadana de que en este país no pasa nada ante tanto desmán con la cosa pública.

Y es que, cuando esos desmanes llegan a nivel de comisión parlamentaria investigativa, la sensación de que nada pasará se acrecienta. Cuando las cosas raras con la cosa pública llegan al nivel del primer poder de la República para ser investigadas, pareciera que el sistema se oxigena a sí mismo; escruta, expía sus culpas, eructa y evacúa, ¡no más! Nadie es destituido, nadie es sujeto de procesos penales… Nadie va a la cárcel…

La Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) está indicando que el Banco de Costa Rica está en “riesgo”. ¡Qué grave! Solamente atinamos a decir: que no sea el BCR el “tercero de la fila”, luego de los cierres de los bancos estatales Anglo Costarricense (BAC) y Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).

Ojalá que, desde los mismos adentros del BCR, surjan calificadas voces (que las hay y de sobra), que planteen la perspectiva laboral seria y responsable del problema; lejos de la gritería histérico-paranoide de un sindicalismo altamente corporativo que, en cierta media, también debe rendir cuentas por su pasividad complaciente y confortable ante las señales de estado de riesgo del BCR, muy contento con la cooptación gerencial que le ha venido transmutando su esencia.

La deuda pública nos estrangula

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Que, en términos absolutos, “redondeados” como se dice popularmente, el país debe 15 billones de colones. Si ponemos en números esta cifra se escribiría así: 15.000.000.000.000. Al pasarla a dólares, la cifra también es descomunal: 25 mil millones de dólares. En cifras: 25.000.000.000.

No hay duda de que esta circunstancia tiene un gigantesco peso en esto del déficit fiscal al punto de que, de cada 100 colones que el Gobierno presupuesta para su operatividad financiera anual, la tercera parte (o un poco más), va para lo que llaman el “servicio de la deuda”.

Pocos en este país hemos reparado en este escenario fiscal de la deuda pública con la preocupación que merecería. La verdad es que no podía ser de otra forma luego de tantos días, tantas semanas, tantos meses en que, a cada rato, se culpa a quienes laboran para el sector público del déficit fiscal, según ha sido dictado por la matriz mediática dominante.

La deuda nos estrangula como país. No los salarios ni los pluses de quienes laboran para el sector público, especialmente en la administración central del Estado.

Según se indica en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, el actual Gobierno debe pagar, amortizar, antes de irse, en mayo del año entrante, unos 2.400 millones de dólares. ¡Un billón 368 mil millones de colones!

Y al Gobierno que siga no le irá nada bien. En sus primeros diez meses de gestión, deberá amortizar casi 2.300 millones de dólares. ¡Un billón 311 mil millones de colones!

En unos 20 meses, contando a partir de agosto de 2017 a marzo de 2019, el país, todos los y las costarricenses actuales, deberá pagar 2 billones 679 mil millones de colones.

Si esa plata no se debiera, ¿cuántas escuelas y colegios se construirían?; ¿cuántos nuevos caminos, carreteras, puentes y otras obras de infraestructura se podrían construir?; ¿cuántos hospitales, centros de cuido y edificios propios para oficinas de Gobierno y dejar de pagar tanta millonada en alquileres?, etc., etc.

¿Cuánto nuevo personal se podría contratar para los diferentes cuerpos policiales hoy totalmente debilitados, en precarias condiciones que les impide prestar bien sus estratégicos y necesarios servicios, en momentos en los cuales son los malos los que van ganando la pelea por la seguridad en sus diversos órdenes?…

En cada uno de esos 20 meses (los finales del Gobierno actual y los primeros del nuevo), unos 134 mil millones de colones, ¡por mes!, ¡cada 30 días!, se irán de las arcas públicas para atender a los acreedores de la deuda pública del país, la interna y la externa.

Y si ambos gobiernos (el que sale y el que entra) honran plenamente ambos vencimientos, los 2.400 millones de dólares del que se va y los 2.300 millones de dólares del que asume; éste quedará con un pendiente de 21 mil millones de dólares. Es un círculo vicioso sumamente destructivo porque se deberá seguir endeudando y endeudando para seguir pagando.

¿Entonces, adónde vamos a parar? ¿Qué hay que hacer? Desde el lado del capital y de sus actuales agentes parlamentarios (y seguro los que les sustituirán según las elecciones diputadiles de febrero entrante pensarán lo mismo), se prefiere el quiebre abrupto, el “crash” financiero del Estado, el “default” (cesación de pagos), con despidos masivos incluidos. A éstos les llamaremos los “liquidacionistas”.

Supuestamente de las ruinas del Estado central y del resto de la institucionalidad pública, habrá de imponerse de manera definitiva el modelo neoliberal del mercado total.

Desde nuestro lado, el lado social y cívico, pensamos en otras salidas para atender el problema. Existen ciudadanos y ciudadanas de gran sentido cívico y patriótico; muchas organizaciones sociales de diverso tipo han venido estudiando y generando gran diversidad de propuestas. Con modestia, la corriente sindical en la cual militamos también lleva mucho tiempo en este sano esfuerzo.

El capital, que no tiene ideología, más que aquella de reproducirse superexplotando, no podría resistir una estratégica conjunción de esfuerzos que vengan de personas que defienden los postulados originales de la socialdemocracia clásica; de personas inspiradas en los postulados del humanismo cristiano y del pensamiento social del papa Francisco; de personas que levantan la bandera de la izquierda progresista; e incluso, de personas que solamente piensan en el bien común y en la inclusión social, “a la tica”.

Es ésta la articulación más que necesaria para enfrentar la inminencia de una crisis indescriptible que arrastraría hasta los liquidacionistas que pregonan que es mejor que se dé el “crash” financiero del Estado y/o el “default” o la cesación de pagos. ¿Por qué no nos juntamos los que no somos “liquidacionistas”?…

Reajuste salarial para el sector público y transformación tributaria estructural

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Al hablar de Administración Central del Estado nos referimos a cada empleado público y a cada empleada pública de los diferentes ministerios y sus respectivos programas, integrantes todos del Poder Ejecutivo; de todo ese tipo de entes adscritos a los mismos, incluidos aquellos que tienen personería jurídica instrumental; de los poderes Judicial y Legislativo (incluidos en este la Contraloría y la Defensoría).

También hablamos de todo aquel personal que recibe su salario mensual vía transferencias de fondos desde el Ministerio de Hacienda hacia sus respectivas instituciones con autonomía constitucional, como las universidades públicas; e incluso en las municipalidades del país que tienen personal pagado mediando leyes que dependen de los recursos enviados desde la indicada cartera ministerial.

¿De cuántas personas trabajadoras asalariadas estatales estamos hablando? Tal vez, unas 150 mil. Aproximadamente, la mitad (o un poco más), del total de la fuerza laboral del país conceptuada como empleo público.

En momentos en los cuales es inminente que el actual Gobierno emita un nuevo decreto salarial para establecer, de manera unilateral, el monto del reajuste por costo de vida correspondiente al segundo semestre de este año 2017 y para todo este indicado personal estatal (más el que no está dentro de lo que venimos denominando como la Administración Central del Estado); reajuste que será de 0,75 % para el sector profesional y de un 1,01 % para el no profesional, es preciso puntualizar varias reflexiones que de seguido le compartimos.

Si Costa Rica no transforma de manera radical su estructura tributaria, esta cruda realidad que ya se está viviendo de un congelamiento salarial de facto en todo el sector público del país (más allá de la propia fuerza laboral de la Administración Central del Estado), no solamente se consolidará e involucionará hacia el no reconocimiento de la inflación oficial; sino que, más grave aún, tenderá a la rebaja salarial pura y dura. Pero, ¡a algo más grave… todavía!

Note usted que, ya para este segundo semestre de 2017, el personal profesional de la Administración Central del Estado ni siquiera recibirá el 1,01 % que se registra como la variación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pues se les aplicará menos que ese escuálido porcentaje: el 0,75 %.

Es decir, el camino de la ruta del congelamiento salarial nos conduce a la del no reconocimiento de la inflación salarial oficial (ya de por sí “sospechosamente” baja); sino que, con esta circunstancia, de consolidarse lamentablemente el congelamiento, se nos pone en las puertas de dos más negativos todavía escenarios posibles, de corto plazo, en cuanto a este personal de la Administración Central del Estado: la rebaja salarial, por un lado; por otro, la dramática circunstancia de la reducción de puestos… ¡los despidos! ¡Sí! ¡Los despidos!

Considerando nuestras propias limitaciones de conocimiento especializado en estas complejas materias fiscales-impositivas, hace tiempo llegamos a la conclusión, reiteradamente planteadas de manera terca en estos escritos y por otras vías, en cuanto a que, si nuestro país no procede a impulsar una Transformación Tributaria Estructural, a las familias trabajadoras asalariadas del Estado les espera un futuro bastante peligroso y doloroso.

Esta Transformación Tributaria Estructural es complejísima y multifacética. Además, para que se dé, requiere de una gran fuerza político-social que está por construirse y cuyo primer paso deberá ser la unidad sindical en la acción que, lamentablemente, en estos momentos parece imposible por la división cruda que expresa el sindicalismo tico.

Pese a tal complejidad de esa Transformación Tributaria Estructural, consideremos este dato.

El costo total de la planilla de la Administración Central del Estado según el presupuesto “general” de la República para el pasado año 2016, fue de 2,4 billones de colones, algo así como unos 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB).
Pues fíjese usted que esta cifra de 8 puntos PIB, es igual, casi idéntica, a la suma de todos los dineros que el fisco deja de percibir, anualmente, por todas las formas de evasión, de elusión, de robo de impuestos que con ropaje legal o sin él, se produce en nuestro país.

Aquí está uno de los fundamentales retos que debemos acometer desde los sectores populares: apoyar todas aquellas propuestas administrativo-jurídicas y legislativas para el combate más frontal al robo de impuestos en todas sus manifestaciones; procediendo a avalar cambios de fondo en materia de, por ejemplo, nuevas reglas sobre el cobro y la aplicación del impuesto sobre la renta procurando un gran objetivo:

Que dejen de pagar más los que, proporcionalmente hablando, tienen menos; y que los que tienen más paguen proporcionalmente a lo que acumulan sumándoseles todas sus rentas (renta global o universal), cerrándoles todos los portillos para evadir y/o eludir sus responsabilidades tributarias para con la sociedad.

Las matrices mediáticas dominantes no permiten que la ciudadanía en su conjunto pueda comprender este tipo de circunstancias y lo que se le impone a la gente en su inconsciente colectivo es que el déficit fiscal es culpa de los salarios de quienes laboran para el sector público (en este caso, para la Administración Central del Estado); y que es culpa de este personal el hecho de que el Gobierno se endeude todos los días para pagar los salarios de la gente que labora en él.

Como podrá haberse notado, la lucha por la Transformación Tributaria Estructural es tremendamente dura y más difícil será si cada una de esas personas trabajadoras asalariadas de la Administración Central del Estado, junto a sus respectivas familias, no interioriza la relevancia de aportar e involucrarse en la misma, más allá de si está agremiada-sindicalizada o no lo está.

Otras clases trabajadoras del sector público y estatales de otros países que llegaron a este punto, cuando reaccionaron, ya no había nada que hacer. En Costa Rica estamos a tiempo…

Posición ANEP-Fuerza Pública: Caídos en cumplimiento del deber

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Ante los últimos eventos que involucran la muerte de compañeros de la Fuerza Pública, reiteramos el llamado que hemos venido haciendo para que se atienda de manera integral e interinstitucional, el problema del incremento en la inseguridad ciudadana y en la violencia que nos carcome como sociedad.

Una vez más hacemos hincapié en la necesidad de revisar y adecuar los protocolos de actuación en situaciones delictivas. Podemos ver como la situación en donde se da la muerte de uno de nuestros compañeros en Santa Cecilia de San Isidro de Heredia, es muy similar al evento recién sucedido en Sarapiquí, en donde también perdió la vida un compañero de la Fuerza Pública.

Según hemos podido conocer, la alerta se da por medio del sistema de emergencia 9-11 en la misma se informó de la sustracción de un cabezal e inclusive se indicó la ubicación del mismo, para ese momento se manejaba la información. ¿Por qué se envía una móvil con dos oficiales a cubrir el incidente? La experiencia dicta que es posible presumir que se trataba de un asunto de alto riesgo.

En los últimos meses, sumamos cinco bajas de oficiales en cumplimiento del deber (incluyendo a los dos compañeros pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial, mismos que fueron acribillados a balazos por personas vinculadas al crimen organizado en Cañada Sur), aunque a estos últimos el MSP no los considere como héroes que ofrendaron la vida al momento de actuar por su instinto policial.

Estos lamentables eventos, tienen que motivar las acciones que desde hace tiempo se debieron haber tomado. Es imperativo dotar de mayor protección jurídica la actuación de los cuerpos policiales, es necesario fortalecer y ampliar la cobertura de las pólizas que se suscriben para las personas trabajadoras de la Fuerza Pública y demás cuerpos policiales, si bien la vida humana es invaluable, es necesario evitar la doble tragedia que viven las familias de nuestros policías, a la hora de hacer efectiva la póliza de vida de su pariente caído en cumplimiento del deber.

La función policial es considerada insalubre y de alto riesgo por especialistas en medicina del trabajo y de Salud Ocupacional, así las cosas, deberían nuestros cuerpos policiales estar dotados de mayor protección. Las probabilidades de tener un accidente laboral en la función policial son altísimas, sin embargo, al momento de que uno de nuestros oficiales es parte de una intervención en la cual termina con una incapacidad, no solamente sufre por la lesión acaecida, sino también por la reducción salarial que se deriva de la incapacidad.

Pero ahí no termina el calvario, puede ser que luego de la lesión sufrida en cumplimiento del deber, se emita una recomendación del Departamento de Salud Ocupacional, que indique que ese funcionario ya no es idóneo para desempeñar funciones policiales y como resultado de ello, se le notifique la perdida de algunos incentivos salariales. A nadie le parece importar que la supuesta pérdida de idoneidad sea resultado de una valiente acción en donde el funcionario pudo inclusive perder la vida.

La policía merece y requiere de mejores pólizas, estas deben incluir casos en que el policía intervenga en razón de sus funciones, aun estando libre, es momento de contar con mayor certeza jurídica para la actuación policial, es necesario que las autoridades dejen el doble discurso, se es policía las 24 horas los 365 días de año para efectos de aplicar una sanción, pero, ¡no sucede igual para reconocer los riesgos del trabajo!

Mainor Anchía Angulo
Directivo Nacional de ANEP
Presidente Seccional ANEP-Fuerza Pública
mainoranchia@anep.or.cr

El poder electoral de las y los empleados públicos

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Las personas trabajadoras asalariadas del Sector Público, las comunes y silvestres, “las de abajo”, así planteado de la manera más respetuosa, las cuales han estado bajo intenso ataque político-ideológico desde hace ya bastante tiempo, deben analizar con gran detenimiento y seriedad la coyuntura electoral nacional actualmente en desarrollo, de cara a los comicios presidenciales y diputadiles de febrero entrante.

La abrumadora mayoría de quienes se desarrollan laboralmente para el Estado costarricense, en todas sus manifestaciones institucionales, no forman parte de aquellos estamentos tecnocrático-gerenciales y/o político-ejecutivos que devengan salarios de lujo; gente ésta, por lo general, ligada de modo directo o indirecto a lo que se denomina “clase política”, tanto la tradicional como la recién llegada y que da vueltas por los niveles jerárquico-superiores, pasando de aquí para allá, según el partido ganador de las elecciones o los de mayor representación parlamentaria.

¡No! No es a este segmento del alto empleo estatal al que va a dirigido el presente comentario. Estamos pensando en los y en las policías; estamos pensando en las personas oficinistas, de servicio secretarial, operadores de equipo móvil y de mantenimiento, personal de cocina y de servicios nutricionales; personal técnico y profesional de las Ciencia Sociales, del Derecho; de la contaduría, de la auditoría, de la economía; personal de la Salud y de la Seguridad Social; personal docente y administrativo; personal municipal, el de campo y el de las oficinas; profesionales y técnicos de las empresas públicas, de la banca estatal…

¿A quién darle el voto? ¿A cuál persona? ¿A cuál partido?… Hay que usar el poder del voto que nos da la democracia electoral y utilizarlo en nuestra defensa, la defensa de mi familia, de mi salario, de mi trabajo… de mi honor y de mi dignidad. ¡Yo no sobro en la función pública!

Ahora que estalló lo que el actual Gobierno denomina crisis de liquidez y que si ya era incierto el futuro del empleo público ahora lo podría ser más, ¿cuál es el candidato presidencial que me puede hablar en estos momentos como para interpretar yo, que si este fulano quedaría, mi empleo y mi salario podrían estar más seguro que si quedara zutano?…

¿Cómo voy a darle yo mi voto a ese candidato que me sigue culpabilizando a mí y a mi salario por el déficit fiscal si, por el contrario, yo soy puntual pagador de impuestos, como el de venta y de renta?…

¿Voy yo a darle mi voto a ese candidato tutelado por partidos políticos que siempre se han negado a transformar el sistema tributario costarricense, al punto de que hoy el propio Estado esté ya en camino hacia la insolvencia más allá de la iliquidez?…

En otras ocasiones hemos apuntado, y ahora hay que hacerlo con mayor fuerza, de que el poder electoral de los empleados públicos podría ascender a un millón doscientos mil votos, si contabilizamos cuatro personas ciudadanas por familia.

Y aunque fuera menor esta cifra, lo real es que el segmento del padrón electoral nacional que comprende a la ciudadanía trabajadora asalariada estatal es sumamente relevante y, sin temor a equivocarnos, puede decidir una elección.

En estos momentos hay 10 candidatos a la Presidencia de la República y, al parecer, ninguno ganaría en primera ronda. Si esto fuera así, mi voto como persona trabajadora asalariada del Estado debe ser para bloquear los nombres de los que están en mi contra, en contra de mi empleo, en contra de mi salario y, por tanto, en contra de mi familia.
Ya lo habíamos dicho, pero conviene reiterarlo: ¿cómo yo mismo me pondré una soga al cuello como para que me lleven a la muerte civil, ahorcándome con el desempleo y con la miseria?

Estamos conscientes de que deberían ocurrir transformaciones fundamentales en materia de empleo público para hacer más censurables los desarrollos ineficaces, ineficientes, inoperantes y ni qué decir de los corruptos, de los que no son transparentes, de los que atentan contra toda ética.

Estamos conscientes de que se deben instaurar nuevos mecanismos de evaluación para resaltar la excelencia y para erradicar la mediocridad; nuevos mecanismos para que la ciudadanía usuaria del servicio público pueda hacerse escuchar, con acción directa y efectiva, sobre cómo se le está tratando cuando acude a ese servicio público.

Pero, también, resulta completamente necesario que se considere en qué condiciones me tienen trabajando como persona servidora pública, a la hora en que eventuales nuevos mecanismos de evaluación determinen mi propio grado de eficiencia, de eficacia y de búsqueda de excelencia en la tarea.

La transformación del sistema de empleo público, por más mínima que sea, no puede ser impuesta, en primer término; y segundo, jamás puede obedecer a un asunto meramente cuantitativo-fiscalista.

Y es aquí donde debemos analizar, cuidadosamente, cada palabra, cada frase que pronuncie, lo que escriba o declare cada una de esos diez candidatos presidenciales cuando se refieren al empleo público, al déficit fiscal, a los impuestos, a los salarios estatales.

Hay algunos de ellos que están en santa cruzada contra el empleo público per se, que están contra toda la institucionalidad pública, pues de esta forma construyen un escudo que paraliza todo intento para establecer medidas que pretendan cambiar la naturaleza injustamente perversa del sistema tributario costarricense, al desviar la atención de la opinión pública hacia “los malos de la película”: las y los empleados públicos.

Esos candidatos han venido poniendo a las y los empleados públicos como una “pandilla de facinerosos”, precisamente para que las verdaderas pandillas de facinerosos, como ciertos beneficiarios de las rentas pasivas de capital, no paguen un centavo de renta, como así está pretendido en iniciativas de ley que vienen sistemáticamente bloqueando sus capataces parlamentarios.

Sobre el poder electoral de las personas empleadas públicas podemos extendernos en muchos más comentarios. Creemos que así será necesario en próximas semanas y procuraremos insistir en el tema desde este y otros espacios.

Deuda Pública: ¡Usted “debe” 33 millones de colones a hoy!…

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Deuda Pública: ¡usted “debe” 33 millones de colones a hoy! Mañana será más. Pasado mañana “deberá” usted más y así sucesivamente.

Si su familia está integrada por cuatro personas, entonces su hogar estaría “debiendo” 132 millones de colones a hoy. Si son 5 miembros de familia, entonces la “deuda” que se tendría es de 165 millones de colones.

El Gobierno ha anunciado que tiene problemas de liquidez para honrar todos sus compromisos financieros para su funcionamiento diario. Que le falta plata “contante y sonante”. Que nadie le quiere prestar más plata. Que ha ordenado detener todas las compras de bienes y servicios, tanto las que están en tránsito como las previstas o que ya estuvieran presupuestadas. ¡Parálisis total en muchas entidades del aparato central del Estado!

Además, ante la falta de plata “contante y sonante” y con lo “poco” que tiene ahora, dijo el Gobierno que se ve obligado a fijar, básicamente, dos prioridades: salarios y pensiones, por un lado; por otro, el pago de los intereses de la deuda pública.

Algunos políticos, ahora ya en campaña presidencial han empezado a atacar, de nuevo, el empleo público, a propósito de la crisis de liquidez del Gobierno. En tal sentido, corresponde que digamos las cosas como son.

Ni la eliminación de todos los pluses salariales, ni la derogatoria del sistema de anualidades que reciben los empleados del Gobierno, ayudarían a solventar la grave situación del problema fiscal del país que ha “estallado” en estos momentos, luego del anuncio presidencial de falta de liquidez en las arcas del Estado central que afecta la operatividad cotidiana del Gobierno y de sus servicios esenciales, como ya indicamos. ¿Por qué lo afirmamos así?

Porque en nuestro criterio el fondo del problema es la injusta estructura tributaria costarricense, de un perverso carácter regresivo, que los gobiernos del bipartidismo tradicional jamás quisieron cambiar. Lo que hicieron fue endeudarse y endeudarnos como país, espantosamente, al punto de que el pago de intereses de la deuda pública nacional consume, al año, la tercera parte del presupuesto que pasa para su tramitación por la Asamblea Legislativa.

Costa Rica está endeudada “hasta el cuello”. A hoy, el país debe ¡casi 15 billones de colones! En dólares: ¡casi 23 mil millones!

Si dividimos esta espeluznante cifra astronómica de deuda entre cada costarricense vivo en estos momentos, considerando una población de 4.5 millones de habitantes, desde la infancia a la vejez, cada persona tica estaría “endeudada” en una cifra cercana a los 33 millones de colones.

Repetimos, usted, que está leyendo esto “debe”, en estos momentos, 33 millones de colones por concepto de la deuda pública. Y como indicamos líneas arriba, esta cantidad debe multiplicarse por el número de personas integrantes de cada familia, para sacar el monto que se “debe” en cada hogar costarricense.

¿Cómo llegamos a este nivel del problema fiscal del país? ¿Quiénes son los responsables? ¿Hay salida?…

Los expertos indican que casi el 87% de esa gigantesca deuda pública se generó en un periodo de 30 años, entre 1984 y 2014. Curiosamente, el año 1984 (gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez), fue el del primer Programa de Ajuste Estructural (PAE), inspirado en el dogma neoliberal.

De ese endeudamiento del indicado periodo de 30 años, el 79% corresponde a los gobiernos liberacionistas de Óscar Arias Sánchez y de Laura Chinchilla Miranda; un 8 por ciento a administraciones de la Unidad (PUSC) y un 13% del actual Gobierno del PAC.

Esto le leímos en el prestigioso Semanario Universidad que publicó un reportaje con el sugestivo título de “PLN contrajo mayor parte de la deuda”.

Básicamente, podemos concluir que el bipartidismo histórico al que el pueblo acostumbró llamar como “PLUSC” no tiene autoridad moral alguna para venírseles encima, ahora, a los empleados públicos por los problemas del déficit fiscal y sus consecuencias asociadas, entre ellas el abultado pago anual de intereses de la deuda.
Específicamente y solo para dar un único ejemplo de todo este problema, todavía recordamos al señor Óscar Arias Sánchez cuando siendo Presidente abogaba por la aprobación del TLC con Estados Unidos, resumiendo su prédica en una frase que se nos quedó grabada para siempre: “denme el TLC y les dará la reforma tributaria”.

Diez años después seguimos esperando la misma y jamás se pudo recuperar los casi 3 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) que se dejaron de percibir en las aduanas del país por los TLC’s del señor Arias Sánchez y su partido liberacionista. En consecuencia, si hay alguna colectividad político-partidaria con menos autoridad para atacar el empleo público, es el PLN. Punto.

Déficit de honestidad

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La evasión fiscal y la débil recaudación de impuestos durante muchos años han provocado un importante déficit al fisco costarricense, situación que repercute en las finanzas del Estado y en la posibilidad de mejorar la economía del país. Es ineludible que vemos el resultado de una débil gestión de control y de recaudación de tributos, lo cual ha favorecido a las personas y a las empresas evasoras del fisco.

Costa Rica viene arrastrando un importante y peligroso endeudamiento, lo cual se motivó en la necesidad de atender los Planes Anuales Operativos y la función social del Estado en inversión de obra pública, sin embargo, también dicho endeudamiento es producto de la falta de planificación.

El anuncio hecho por el Gobierno de la República, en torno a la falta de liquidez, motivó diversas reacciones. Unos apuntan sus “balas” a los empleados públicos, acusan una vez más a la clase trabajadora del problema de liquidez que en palabras de nuestro Presidente; es tan grave que no hay plata ni para pagar aguinaldos y salario escolar. La clase política se pasa la “bola”, todos dicen que fue culpa de todos, pero nadie asume la culpa.

Es posible que en torno al sector público sea necesario hacer reformas, algunos ajustes que permitan maximizar recursos, no obstante, no es aceptable que se pretenda seguir responsabilizando a las personas trabajadoras por las decisiones que han tomado nuestros gobernantes. En todo caso, se si ha “inflado” el Estado, posiblemente sea producto del clientelismo político que se dio en determinado momento.

Hace falta planificación, parece ser que en algunos ministerios existe duplicidad de funciones, mientras que en otros hace falta personal; nadie sobra, lo que existe es una mala distribución. Por ejemplo: hacen falta unos 1400 policías de tránsito, también faltan unos 1000 policías penitenciarios, se necesita fortalecer la policía de Migración, se requieren policías y personal administrativo en el Ministerio de Seguridad Pública; entonces podría ser estratégico revisar perfiles, idoneidad y promover traslados horizontales.

Sin ninguna duda, el mayor déficit que enfrenta nuestro país, es el de falta de honestidad. La corrupción en la función pública, “consultorías”, licitaciones, “pifias” en obra pública, deficiencia en la administración de fondos públicos, debilidades en el control interno en diversas instituciones; la evasión fiscal, y la impunidad, son sin ninguna duda, factores preponderantes en la débil situación fiscal del momento.

La noticia de que varios políticos, empresarios, exfuncionarios del Gobierno y banqueros costarricenses se encuentran presuntamente vinculados con el bufete panameño Mossack Fonseca, el cual fue denunciado por crear mecanismos para evadir impuestos según el Semanario Universidad, dejó en evidencia que nuestro país tiene un déficit de honestidad.

Ahora vemos que el señor Presidente ordena “detener” todas las compras de bienes y servicios; sin embargo, sus jerarcas en la cartera de seguridad se molestaron cuando les hicimos ver ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, deficiencias en la planificación de compras, en el mantenimiento de activos y en la distribución de recursos. En dicha comisión estaban presentes legisladores de diferentes fracciones, el único que mostró verdadero interés por lo que estábamos denunciando fue Don Mario Redondo Poveda.

En el Ministerio de Seguridad Pública, desde hace un par de años, se vienen dando falencias que evidencian un mal manejo en el presupuesto, vemos a los diferentes jerarcas en actos eminentemente políticos mostrando ante los medios de comunicación constantes compras de vehículos, buses y motos, pero a nadie le interesa contar con un eficiente plan de mantenimiento; por lo tanto, seguimos encontrando cementerios de patrullas y motos en las diferentes regiones policiales.

Vehículos de modelos recientes terminan convertidos en chatarra, luego de que se sacan de servicio por fallas mecánicas mínimas, claro, la fórmula “mágica” viene siendo comprar y con ello justificar el presupuesto. En Cartago se mantiene una delegación cuya obra final representó la nada despreciable suma de mil millones de colones sin poder ser utilizada ¿responsables?

Sigamos con el Ministerio de Seguridad Pública, el Decreto de emergencia N° 36.440 que estuvo vigente durante seis años a partir del año 2011 le habría permitido al Ministerio de Seguridad la posibilidad de invertir casi ¢10.000 millones en mejorar las delegaciones en los cantones fronterizos: La Cruz, Upala, Los Chiles, San Carlos, Sarapiquí y Pococí. Sin embargo, según información periodística y datos de la CNE, el Ministerio dejó en condición ociosa casi ¢4.500 millones que estaban destinados para mejorar tres delegaciones. ¿Responsables?

En materia de Seguridad es necesario mantener un adecuado plan de inversión, pero se debe acompañar de planificación y fiscalización. Si cuantificamos el presupuesto de la República, sumamos las donaciones que recibe nuestro país, podremos ver que es una suma nada despreciable la que maneja el MSP. Por ejemplo: La Unión Europea entregó al Gobierno de Costa Rica un total de €13 millones de euros, el equivalente a unos ¢7.630 millones de colones, el Gobierno de la República Popular China también donó la nada despreciable suma de cinco millones de dólares ($5.000,000), y todos sabemos de las donaciones de los EEUU.

La “politiquería” debe salir de la situación actual; nada vamos a resolver con que se estén responsabilizando mutuamente nuestros líderes políticos. Lo ideal es que comencemos a trabajar en un gran acuerdo nacional y que procuremos de manera eficiente, eficaz y honesta, regresar a la senda correcta; la corrupción se ha institucionalizado y nos lleva a la quiebra.

¿Sin liquidez…? ¿Hacia un reajuste fiscal rudo?

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Al parecer el Gobierno la “está viendo fea” por estas fechas para poder honrar la serie de obligaciones financieras que su operatividad diaria le demanda. ¡Está teniendo problemas de liquidez!

Es decir, no estaría teniendo la suficiente plata, contante y sonante, para pagar salarios, para pagar a proveedores de bienes y de servicios que compra cotidianamente, para las transferencias de ley de todo tipo (como las que debe enviar a las universidades públicas), para pago de las pensiones con cargo al presupuesto nacional, para el envío de los fondos de los diversos programas de asistencia y apoyo social a las poblaciones más vulnerables (como lo que se ha hecho público en estos días en el caso de los beneficiarios del IMAS), etc., etc.

A pesar de los gigantescos esfuerzos del señor ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas, y su equipo de trabajo de más confianza, con el apoyo conscientemente cívico de la abrumadora mayoría del personal de esta cartera ministerial, para mejorar todos los mecanismos recaudatorios y atacar la evasión fiscal y tributaria, “la cobija no está dando lo suficiente” como para cubrir el amplio abanico de necesidades de todo tipo que en materia de fondos públicos, frescos y nuevos, requiere el Gobierno para funcionar.

Es ésta una apreciación muy nuestra y ojalá estemos equivocados totalmente.

La bola de nieve en caída libre que significa un endeudamiento tras otro y tras otro (acercándonos ya, peligrosamente, al 50% de deuda con respecto al PIB), con su espeluznante cifra anual de pago de intereses de la deuda pública, podría estar ya amenazando con golpearse abruptamente contra el árbol de un reajuste fiscal rudo (como lo calificó un prestigioso intelectual costarricense), reventando explosivamente en lo social y para herir a las amplias mayorías populares.

Desde este lado de la acera desde la cual le compartimos nuestra visión del problema, pareciera imposible que la sociedad siga un curso relativamente normal y en paz, sin atacar de raíz estas tres realidades numérico-fiscales:

a) Los, al menos, 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), que significa el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él. Aquí estamos hablando de 2 billones 500 mil millones de colones, por año.

b) Los, al menos, 6 puntos porcentuales de PIB que el fisco deja de cobrar anualmente por concepto de exenciones y exoneraciones de todo tipo. Eso es 1 billón 800 mil millones de colones.

c) El pago de los intereses de la deuda pública, interna y externa, que estaría consumiendo casi 3 puntos porcentuales de PIB, al año. Es decir, unos 900 mil millones de colones.
¡Sumemos!: 2.9, más 1.8, más 0.9 billones de colones… Igual a 5 billones 200 mil millones de colones. En números 5.200.000.000.000.00.
Esta plata, ¡está en la calle! Anda dando vueltas. Cantidades enormes de estas platas es la que el Gobierno capta, en las subastas, tratando de colocar sus bonos para así tener liquidez, tener recursos frescos, pero a cambio de seguir endeudándose y endeudándose y endeudándose…

Pero los vivillos (públicos y privados) de los mercados financieros saben que, ante la falta de liquidez del Gobierno, y como éste ocupa parte de esas y otras platas, deberá ofrecérseles más altos intereses para que se la presten; es decir, están esperando que el Gobierno decida aumentar las tasas de interés y, ¡ahora sí!… Aquí está, señor Gobierno, toda la platica que ocupa para funcionar. Usted, Gobierno, queda “feliz” y nosotros, los dueños de la plata (inversionistas y similares), también “felices”: recibiremos más intereses por la plata que le prestamos al Gobierno desesperado por sus graves problemas de liquidez.

Si el país tuviera otro sistema tributario, estos problemas no estarían pasando ni pasarían en el futuro. Lo que ha venido sucediendo es que los extremistas a favor del capital y de la concentración de la riqueza que han controlado, estratégicamente, al bipartidismo histórico y sus partidos turecas de turno, han impedido cualquier reforma tributaria que le dé vuelta a la tortilla y empiece a cambiar este desastroso estado de las finanzas públicas que nos podría llevar a un reajuste fiscal rudo.

Se debe reconocer que este Gobierno lo ha intentado con varias iniciativas de ley que le han sido bloqueadas por los extremistas del capital y sus agentes legislativos, entre ellos el de la candidatura presidencial eterna.

Pero, al parecer, una buena estrategia política, intra y extramuros parlamentarios, podría ser lo que ha fallado hasta el momento. En realidad, no lo sabemos con exactitud.

Lo que sí parece oportuno es apostar para una nueva articulación político-social que construya una especie de escudo que ataje esa bola de nieve en caída libre, impidiéndole estrellarse, de manera violenta, contra el árbol del reajuste fiscal rudo que golpearía a “Raymundo y todo el mundo”; incluso a los francotiradores y sicarios políticos que impiden la transformación del sistema tributario nacional para impulsarlo hacia la progresividad.

La Romería y los políticos

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Es posible que este año
A la romería,
Vayan los de siempre
A hacer politiquería.

Que caminen por las calles
llamando la atención,
Con la mirada puesta
En la próxima elección.

Que vayan todo el trayecto
Como reyes de simpatía,
Saludando a las personas
Que van a la romería.

Que lleguen a Cartago
A los pies de la Negrita,
A pedirle que en febrero
Les pegue una ayudadita.

Es seguro que la Negrita
Les vaya a recordar,
Que también las mujeres
Pueden participar.

Que ya se dio cuenta
Que en las próximas elecciones,
Van a participar
Únicamente varones.

Que ella les va a exigir
Porque cree necesario,
Que a las mujeres no se les dé
Un papel secundario.