Categoría: Opinión

El gran partido de fútbol sociopolítico y económico-hegemónico de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI, tendrá un nuevo encuentro pues el empate permanente no termina por establecer un contundente ganador, aunque a lo largo de sus diversos encuentros hay victorias de uno y de otro, pero el marcador global sigue empatado.

Al menos, ésta es nuestra percepción desde el ámbito del Sindicalismo Sociopolítico y su expresión material, el Sindicalismo Ciudadano, que inspira nuestro quehacer en el día a día de la lucha social.

El “triunfo” de los hermanos Óscar y Rodrigo Arias Sánchez en la pasada y controversial convención liberacionista (esa del conteo de votos a la haitiana), indica el anuncio de la contraofensiva de la hegemonía del capital bancario-financiero neoliberal por retomar el control del ejecutivo gubernamental del país, el cual perdiera en las elecciones presidenciales de febrero de 2014. Quieren ganar el campeonato de una vez por todas.

El campeonato, según nuestra visión, es la derrota definitiva del Estado Social de Derecho y de los valores de la filosofía del Humanismo Cristiano que inspira la actual y todavía vigente Constitución Política del país; imponiendo, de manera definitiva, el Estado de Libre Mercado, al mejor estilo neoliberal de la apertura por la apertura misma, de la transnacionalización plena de la economía del país, abjurando de una política social de inclusión por una de institucionalización de la caridad, mercantilizando totalmente la serie de servicios públicos que todavía no son fuente de lucro privado.

Grandes episodios de lucha sociopolítica han marcado el enfrentamiento entre estas dos visiones de desarrollo.

La disputa por el título del campeonato ha tenido encuentros marcadamente confrontados y por diversos medios: la huelga magisterial de 1995 y el combo ICE, del año 2000; la ruptura del bipartidismo clásico; la instauración del monopolio de la revisión técnica vehicular, hoy más voraz que nunca; la instauración de la reelección presidencial y el robo de las elecciones presidenciales al PAC en el 2006; la lucha contra el TLC con Estados Unidos y el frauduréndum del 2007; el triunfo del PAC y de los sectores sociales progresistas en alianza tácita, en febrero de 2014; la aprobación final de la ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL); el bloqueo a la agenda político-parlamentaria neoliberal del empleo público mediando el ejercicio de La Democracia de la Calle; alguna legislación tributaria de corte livianamente progresivo…; marcan los diferentes encuentros (no todos) de ese gran partido de fútbol sociopolítico y económico-hegemónico de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI, mismo que todavía no tiene un ganador claro pese a que ya supera la cantidad de 30 años de forcejeo.

Los dos equipos contendores en el terreno de juego son, a nuestro juicio, por un lado, el que levanta las banderas de los valores de la inclusión, de la movilidad y de la integración sociales, en sociedades fundamentadas en la promoción del bien común y en una integralidad real de aplicación de los preceptos universales de los Derechos Humanos; a partir de la construcción de una sociedad que como la costarricense, supo articular en su pensamiento ideas sanas del liberalismo, valores supremos de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, postulados ética y moralmente válidos formulados desde el Socialismo Científico, así como su concreción material en sociedades de una práctica socialdemócrata real.

El otro equipo, se concentra en la promoción de políticas para el fomento abusivo de la concentración de la riqueza, la explotación obrera y social al máximo y la reproducción de su capital en correspondencia directa al crecimiento de la riqueza y de la desigualdad. Es el equipo del libre mercado sin restricciones, el de la evasión y de la elusión tributario-fiscales, especialmente vía paraísos fiscales y “Los papeles de Panamá”; el equipo que aspira a la total privatización de los servicios públicos sociales-rentables y en favor de los tratados de libre comercio (TLC’s), culpables de tanta pobreza y destrucción ecológico-ambiental; el del agronegocio, el de la destrucción de la agricultura nacional y el del olvido de la producción nacional del mercado interno; el que quiere el agua convertida en negocio…

La victoria pírrica del ahijado político de los hermanos Arias, el renegado-hijo pródigo don Antonio Álvarez Desanti, nos augura el encuentro que viene de ese partido futbolístico sociopolítico y hegemónico-económico.

Lo nuevo de esta serie de encuentros parece ser la cancha en que se jugará ese partido futbolístico que viene: está en la circunstancia de que ahora hay un sentimiento ciudadano de hartazgo con respecto a los partidos políticos, en general; y, en especial, con los que implantaron el hegemonismo económico-neoliberal, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana; el cual se mantiene incólume pese a algunos arañazos que le ha generado el gobierno del cambio.

En tal sentido, el equipo que viene abogando por la instauración a plenitud del bien común en la política pública del país deberá tener la sapiencia más acertada para encontrarle al señor Desanti una contraparte en el plano electoral, con suficiente carisma y solidez, como para atraer el voto de ese casi 75% de ciudadanía electoral que ya no se está identificando con partido alguno.

En este caso, esa gran variedad de agrupaciones, colectivos, partidos políticos de corte progresista, sindicatos con visión-país, grupos comunales, ecuménico-religiosos, estudiantiles, ecológico-ambientalistas, cooperativismo sano, académico-intelectuales con vocación orgánica para trabajar junto a los sectores populares, etc.; es decir, ese amplio tejido de sociedad civil cívico-política de naturaleza patriótica tiene en agenda un nuevo desafío articulador para disputar la hegemonía por la iniciativa política en el país, ahora que los hermanos Arias han mostrado su alineación política para jugar ese partido futbolístico sociopolítico y hegemónico-económico programado para febrero 2018.

Hay algo más que podría ser considerado como una debilidad estratégica hasta ahora mostrada por parte de ambos equipos: sus respectivas alineaciones muestran grandes vacíos unificadores como para golear; sus disputas internas impiden la imposición efectiva de una hegemonía por sobre la otra.

Por ejemplo, los resultados de las votaciones presidenciales de febrero de 2014, podrían haber augurado una goleada pero el divisionismo en el seno de este equipo, tanto el que llegó a posiciones ejecutivas como el que desde afuera, en la gradería, le estuvo apoyando, ha envalentado a la contraparte que se siente lista para el asalto final por la victoria en el campeonato. Pero, ¡tenemos otra oportunidad!… Sólo resta saber si hemos aprendido la lección.

No nos haremos cómplices ni legitimaremos la decisión de rebajarle a usted, persona trabajadora, un 1% de su salario total a partir del próximo 1 de junio de 2017, según lo ha dispuesto la actual junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Ya sea que usted labore para la empresa privada con empleo formal y salario fijo, o bien que trabaje en alguna entidad del Estado, de la Administración Pública, de manera igualmente asalariada, bien sabe usted que la plata no alcanza; que los aumentos salariales por costo de vida son raquíticos porque nos dicen que la inflación es cero o cercana a cero, pero el costo de la vida no baja porque estamos en un país carísimo para vivir; un país que vive en persistente concentración de la riqueza y que aunque hay crecimiento económico, la distribución de este no llega a la gente vía otra política salarial, la real; o sea, la que amplía, expande y hacer crecer el poder de compra del salario.

Y si usted trabaja en el sector informal de la economía y está asegurado por cuenta propia, también su ingreso será mermado en un 1% por cuanto las 9 personas actualmente integrantes de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) decidieron que había que aumentarle al pueblo trabajador un 1% de aporte obrero para la sostenibilidad a corto plazo del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra la Caja.

Estas 9 personas que integran la junta directiva de la CCSS y que decidieron que la clase trabajadora sufra una reducción salarial del 1% y para peores en épocas de congelamiento salarial son las siguientes: las tres personas que representan al Estado en esa directiva, a saber: la doctora María del Rocío Sáenz Madrigal, presidenta ejecutiva de la institución; así como los señores Óscar Ricardo Fallas Camacho y Rolando Barrantes Muñoz.

A estos tres se unen las tres personas que representan al alto corporativismo empresarial-patronal que se agrupa en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep): doña Marielos Alfaro Murillo, don Renato Alvarado Rivera y don Adolfo Gutiérrez Jiménez.

Los tres restantes para completar el número de 9 personas que dirigen (en lo jurídico-formal) la Caja proceden de los sectores sociales, distribuidos así: Solidarismo, con doña María del Carmen Soto Hernández; Cooperativismo, con don José Luis Loría Chaves; y, Sindicalismo, con don Mario Devandas Brenes.

Entendemos que, en estos tres últimos casos, los sectores sociales indicados no se sienten del todo representados por cada una de esas personas, habida cuenta de las divisiones internas que cada uno muestra en su desarrollo cotidiano. Al menos en lo que respecta al Sindicalismo es así: no todos los sindicatos se sienten representados en el seno de la directiva de la Caja.

Ahora bien, como indicamos en nuestro comentario de la semana pasada sobre este mismo tema y en esta misma página, la Caja está promoviendo un supuesto “diálogo social” sobre el futuro, inmediato, mediato y de largo plazo de la sostenibilidad financiera del IVM-CCSS, con otras 9 personas provenientes de los mismos sectores antes mencionados: 3 del Estado, 3 del empresariado Uccaep y 3 de los indicados sectores sociales: 1 del Solidarismo, 1 del Cooperativismo y 1 del Sindicalismo (aunque en este último caso se hizo la “gran concesión” de que haya dos personas sindicalistas pero solamente una con “derecho a voto” y la otra “invitada”).

Como se puede notar, la Caja impuso una especie de “junta directiva bis”; algo así como una junta directiva “adjunta” o “paralela”, aunque con un tema único de agenda: que se le legitime, que se le refrende, que se le avale y se le apruebe la decisión ya tomada como acuerdo firme de rebajar los salarios en un 1% a partir del próximo 1 de junio.

Esta caricatura, esta burla al sector obrero-asalariado del país, es lo que estamos denunciando como falso, ¡sí!, falso “diálogo social” que impone la Caja y que no cuenta con la participación y, mucho menos, con la legitimación de una buena parte del sindicalismo costarricense, expresado en las corrientes organizadas en la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), en el Colectivo Sindical Patria Justa y en la propia Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Para creerle a la Caja que, en verdad, quiere un “diálogo social” sobre el futuro de la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones IVM debería tomar una decisión estratégicamente transparente: revocar, dejar sin efecto, anular su acuerdo de imponer esa rebaja salarial del 1% que disminuirá el salario de la gente trabajadora a partir del próximo 1 de junio.

El que usted, como persona trabajadora asalariada o no, sufra una reducción mensual en su ingreso por culpa de esa rebaja del 1% se debe a que la junta directiva de la Caja, en su sesión No.8882, celebrada el 12 de enero pasado tomó un acuerdo en tal sentido y lo dejó firme de una vez.

Si la directiva de la CCSS quiere salvar ese diálogo social sobre el futuro de IVM debe además pedir asesoría para instaurar otro formato de participación ciudadana para que ésta, tanto cualitativo como cuantitativamente se amplíe; y además derogar un sistema de votación que en materia de diálogo social no se utiliza, pues el diálogo social arroja acuerdos o desacuerdos; o bien, las entidades participantes en el mismo se agrupan para tomar acuerdos según sus propias conveniencias. Entonces un diálogo social puede generar acuerdos parciales, consensos o disensos.

Es de lógica elemental, de sentido común que en un diálogo social no puede haber un sistema de votación porque las entidades participantes expresan diferencias de integración cuantitativa y cualitativa. Nos explicamos: ¿cómo comparar un voto sindical a un voto empresarial?, ¿cómo medir si un voto cooperativista es igual a un voto solidarista?…

Aceptamos que desde el punto de vista jurídico-formal son 9 votos los que definen a lo interior de la junta directiva de la Caja, pues así quedó establecido el sistema legal de toma de decisiones de la misma; pero, en un escenario de real diálogo social, de verdadero diálogo social, ¿cómo se puede aceptar un sistema de votación? ¿Acaso es que nosotros mismos estamos equivocados y en la “junta directiva bis”, o “junta directiva paralela” de la Caja, los acuerdos-desacuerdos, los consensos-disensos serán la tónica?…

La perspectiva de un real diálogo social en el tema de pensiones IVM-CCSS que desde la corriente sindical en la cual militamos nos habíamos forjado, era otra radicalmente distinta. Entrarle primero a una serie de aspectos no paramétricos vinculados, directa o indirectamente, al problema antes de abordar los aspectos paramétricos inmersos en el asunto; es decir, si en verdad es inevitable subir el aporte obrero y si en verdad la misma edad de pensión y/o el monto jubilatorio están implicados en cuanto a modificación contraria al interés obrero-laboral.

Una conclusión es clarísima: La Caja se saldrá con la suya ni no hay movilización trabajadora organizada. Desde la corriente sindical que inspira todo nuestro quehacer cotidiano llamaremos a la misma en fechas próximas. Manténgase en alerta. Con nuestra complicidad sindical no cuenten para que a usted, persona trabajadora asalariada o no asalariada, le rebajen a partir del próximo 1 de junio de 2017 un 1% de su ingreso mensual.

Volveremos sobre el tema la próxima semana.

Las concepciones, las visiones y las prácticas sindicales más sanas no serían tales, si no insertamos en nuestra lucha de todos los días, la imperiosa necesidad de impulsar por todos los medios a nuestro alcance, la Transformación Tributaria Estructural que la democracia costarricense ocupa en los actuales momentos sociohistóricos y político-económicos.

Mucho de ello hemos hablado y escrito a lo largo de los últimos años, pero ahora con mucha más razón, más argumentos y más ímpetu al conocerse los detalles más generales de la investigación legislativa costarricense sobre el escándalo mundial conocido como Los Papeles de Panamá (Panama Papers).

Fue el pasado 3 de abril de 2016 cuando unos 109 medios de comunicación de 76 países dieron a conocer lo que se cataloga como la más grande investigación periodística de la historia; centrada en el funcionamiento del bufete de abogados panameños y de otras nacionalidades, conocido como Mossack Fonseca, el cual se especializó en ayudar a los ricos a esconder sus fortunas para evadir responsabilidades tributarias con sus respectivos pueblos.

En ese marco y dada la profundidad que ha adquirido en Costa Rica el robo de impuestos, es que nos hemos convencido de que el país va hacia el despeñadero y, específicamente, hacia el sufrimiento de un Estado fallido, si no se producen drásticos cambios en sus finanzas públicas vía modificaciones tributarias de fondo.

Dice Wikipedia que el concepto de Estado fallido representa lo siguiente: “Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza. Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones. Incapacidad para suministrar servicios básicos. Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional”.

En Costa Rica, estamos presenciando señales de que vamos hacia un Estado fallido con base en la anterior definición y le dejamos como inquietud que usted empiece a pensar en ello. Por eso, es nuestra terca prédica y cruzada cívica que lleva ya mucho tiempo, abogando por esa Transformación Tributaria Estructural, así en mayúscula para resaltar su relevancia.

La distinguida señora diputada Marcela Guerrero Campos presidió el trabajo realizado por la Comisión Especial Investigadora conformada en el seno de la actual Asamblea Legislativa, “… para analizar los llamados Panamá Papers, identificar las maniobras de los defraudadores y así proponer reformas jurídicas necesarias para luchar contra el fraude fiscal”.

Así lo leímos en el documento resumen del informe de la también denominada Comisión Mossack-Fonseca, según el nombre del ahora tristemente célebre bufete de abogados panameños que estableció un gigantesco procedimiento operativo de alcance global para las más creativas triquiñuelas de fraude fiscal-tributario en las más diversas modalidades.

La legisladora Marcela Guerrero Campos presentó a la prensa nacional informe en tal sentido para el caso costarricense, el pasado jueves 30 de marzo de 2017, firmando junto a sus colegas Patricia Mora Castellanos, Carmen Quesada Santamaría y Marco Vinicio Redondo Quirós este crucial documento, mismo que debemos leer y analizar intensamente; y, a la vez, divulgarlo al máximo para una comprensión cabal de cuál es la real naturaleza que enfrenta una práctica consecuente de Sindicalismo Sociopolítico y su expresión concreta en el día a día que hemos dado en llamar Sindicalismo Ciudadano si queremos aportar para sociedades con real inclusión social, especialmente a favor de todos los sectores que conforman la clase trabajadora.

“Facturar por debajo del valor real, usar testaferros para actividades ilegítimas, fijar residencia en otro país, usar organizaciones de bien social o caritativas, registrar empresas en off shore, son algunas de las maniobras que actualmente se utilizan en nuestro país para evadir y eludir el pago de impuestos”.

Como es bien conocido ya y aceptado por todo mundo, en nuestro país la evasión de impuestos, la elusión tributaria y más contundente, el robo de impuestos, supera los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB). Lo hemos apuntado ya muchas veces, pero ahora con este informe legislativo se hace más sólida la denuncia al respecto. Hablamos de más de 2.400.000.000.000.00 (dos billones cuatrocientos mil millones de colones).

Gran parte de esta enorme cantidad de dinero que es robado a la sociedad cada año, debe hurtarse mediante los creativos mecanismos que detectó la indicada comisión legislativa mediando prácticas engañosas de asesores legales y contables, como bien indica el citado informe.

Estos abogados, por lo general aglutinados en bufetes nacionales de renombre y de altos honorarios por sus servicios, “se dedican a vender como servicio el encubrimiento o camuflaje de las leyes. Estas maniobras vienen a representar una cortina de humo para la especulación financiera, la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado”, así afirmado de manera contundente por el legislador don Marco Vinicio Redondo Quirós.

Entonces, tenemos que los episodios más perversos de robo de impuestos se dan en nuestro país para el favorecimiento y agrandamiento de fortunas mal habidas en detrimento de la mayoría ciudadana que sí trabaja honradamente, que sí paga puntualmente sus impuestos, como lo hace la clase trabajadora que tiene empleo formal y salario fijo como la que no lo tiene.

A pesar de la gravedad de esta situación, de las magnitudes que tiene el crimen social que significa el robo de impuestos en Costa Rica, no vemos que pueda ser un tema para el debate electoral nacional de cara a los comicios de febrero de 2018.

Va a corresponder a las fuerzas sindicales y cívicas, así como a las político-electorales sanas asumir estos retos, junto al pueblo expoliado por la gravedad del crecimiento de la desigualdad y de la concentración de la riqueza.
En lo específico, el discurso y la acción sindicales tienen que hablar de este problema una y otra vez, sin cansancio alguno y aunque suene reiterativo, una especie de majadería cívico-social al respecto resulta vital para que la Democracia misma se mantenga.

Ahí andan los políticos
Pidiendo los votos,
Y después de que ganan
No los vemos ni en fotos.

Cuando esas personas
Llegan al poder,
Ni a los amigos
Vuelven a ver.

Desaparecen por completo
De la vida nacional,
Y vuelven a aparecer
En campaña electoral.

Cuando llegan al gobierno
La cosa es complicada,
Porque es muy común
Que no recuerden nada.

Olvidan las promesas
Y hasta los votantes,
Y andan por las calles
Jugando de arrogantes.

¿Trabaja usted de forma asalariada para la empresa privada? ¿Labora usted para alguna institución estatal? ¿Paga usted seguro voluntario a la Caja?…¡Prepárese!

A partir del próximo día 1 de junio (prácticamente estamos a dos meses), su salario le será rebajado en un uno por ciento (1%). ¡Sí! Cuando vaya al cajero, reciba el cheque o le paguen en efectivo, notará que le vino menos. O cuando vaya a pagar el seguro voluntario, lleve más plata porque se lo subirán en un 1%.

Lea cuidadosamente lo siguiente: “…encargar a la Gerencia de Pensiones para que, en un plazo de un mes, elabore y presente a esta Junta Directiva, la propuesta de reforma al Reglamento de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte requerida para incrementar la contribución del trabajador en un punto porcentual, de modo que pase de 2.84% a 3.84%, a partir del 1 de junio del año 2017, y someterlo a consulta pública conforme a lo establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública. ACUERDO FIRME”.

La distinguida ciudadana y servidora pública doña Emma C. Zúñiga Valverde, secretaria de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nos respondió la consulta que le formuláramos al respecto, en su oficio No. 48.418, fechado 15 de marzo del año 2017; indicándonos que la Junta Directiva de la Caja, en su sesión No. 8882 y celebrada el 12 de enero pasado, tomó ese acuerdo de rebaja salarial del 1% para incrementar, unilateralmente y decidido por ella misma, en igual porcentaje el aporte obrero al régimen de pensiones IVM-CCSS.

La directiva de la Caja dice tomar tal decisión con base en un documento que le presentó la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual “…en su recomendación 2 establece la necesidad del fortalecimiento financiero y, consecuentemente, evitar el deterioro de la reserva de inversiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte…”. Así está escrito en el oficio firmado por doña Emma. Aclaramos que dicho documento nos merece gran credibilidad. ¡Pero!…

Y, ¿entonces? ¿No era que iba a darse primero un “diálogo” social para hablar del futuro de la sostenibilidad financiera del régimen jubilatorio más importante del país, el de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM-CCSS)?

¿Para qué “diálogo” si la decisión del zarpazo de la rebaja del 1% al salario obrero ya fue tomada? ¿Para qué “diálogo” si las otras dos decisiones antiobreras ya, prácticamente, también las tienen tomadas? Elevar la edad para pensionarse (¿hasta los 70 años?); y reducir el monto a recibir (¿al 40 por ciento?)…

La Caja, a fin de darle curso al establecimiento de ese “diálogo”, estableció una junta directiva “paralela” para que le hagan el “trabajo sucio” de la legitimación del zarpazo al salario obrero con esa rebaja salarial del 1% que aplicarán a partir del 1 de junio.

Como algunos saben, la Caja es dirigida, en su máxima instancia jurídico-institucional, su poder formal, por 9 personas. Aclaramos que decimos poder formal porque el real poder en la Caja está en otro lado: algunas gerencias tecnocrático-políticas, una parte del alto corporativismo gremial médico; y, por cierta red de corrupción establecida por la vinculación de la necesidad de salud pública con la avidez del negocio de la salud para el beneficio del lucro privado, generada por la enfermedad de las personas.

Pero volvamos a que la Caja en su máxima instancia jurídico-formal tiene 9 personas: tres nombradas por el gobierno de turno; 3 por el alto corporativismo empresarial del mayor gremio de negocios del país; y 3 personas provenientes de organizaciones sociales, a saber: una del cooperativismo, una del solidarismo y una del sindicalismo.

Ocurre que, según su peculiar concepción de “diálogo” social, la Caja reprodujo tal esquema y solamente para hablar del futuro de IVM-CCSS. Con la decisión ya tomada del zarpazo al salario obrero de la rebaja salarial del 1%, impuso un esquema parecido: 3 del gobierno, 3 del indicado grupo empresarial privado; y 3 de esos sectores sociales (cooperativismo, solidarismo y sindicalismo). En total 9 personas.

Al propio Presidente de la República la directiva de la Caja le dio la espalda cuando éste le pidió dejar sin efecto ese zarpazo al salario obrero y así, según él, crear un clima de transparencia y de buena fe para tal “diálogo”.

La corriente sindical en la cual desarrollamos nuestro accionar, el Colectivo Sindical Patria Justa (que incluye a la ANEP), ha rechazado la “invitación” que nos hiciera la cúpula formal de la Caja para que estuviéramos participando de esa peculiar mesa de “diálogo” social.

No vale la pena que la presencia sindical sea instrumentada para legitimar decisiones de alto costo social y de evidente rechazo popular obrero-social; a sabiendas de que la sostenibilidad financiera futura del régimen de pensiones IVM-CCSS pasa por combinar una serie de aspectos denominados por los técnicos y especialistas como “paramétricos” (los macrodatos de la ciencia estadística), y por los aspectos “no paramétricos” que a juicio de las visiones sociales y obrero-organizacionales son tan relevantes éstos como los otros.

Al parecer, la Caja está “desesperada” por inyectarle al régimen IVM-CCSS unos 100 mil millones de colones, en el menor corto plazo posible; gigantesca cantidad de plata que la pretenden sacar del bolsillo salarial obrero; ese bolsillo tan golpeado por salarios prácticamente congelados, por salarios mínimos de bajo poder de compra para una sociedad de tan caro vivir; y, por si fuera poco de salarios mínimos que en una tercera parte no se respetan por parte de los patronos.

Por el contrario, otro tipo de diálogo social, real diálogo social, llevaría a considerar que ese sistema de representación depositada en 9 personas podría no ser ni política ni metodológicamente correcto para establecer la integralidad de medidas requeridas para una sostenibilidad financiera futura y segura del régimen de pensiones IVM-CCSS; considerando que los aspectos no paramétricos no tienen viabilidad política de análisis y ni siquiera de consideración real con un esquema de votación que lleva a que la propuesta sindical podría ser de 1 voto contra 8.

Veamos tan sólo un ejemplo de la relevancia de esos temas no paramétricos: el de la evasión patronal y no pago de las cuotas a la Caja por parte de cierto empresariado. Uno de los tres representantes patronales designados para conformar esa junta directiva “paralela” de la Caja ya renunció pues quedó en evidencia su propia morosidad patronal. Otro potencial integrante de esa junta directiva “paralela” que vería el IVM-CCSS, también ha quedado en controversia por su participación en sociedades anónimas con presunto pendiente de pago de cuotas al sistema IVM-CCSS. Continuaremos la próxima semana…

En los actuales momentos de nuestra realidad nacional, tanto la sociopolítica como la económica y la electoral; y en ámbito de las cuestiones fiscales-tributarias e impositivas hay verdades contundentes que, prácticamente, nadie se atreve a contradecir.

Primero: El déficit fiscal no es culpa de quienes laboran asalariadamente para el Estado, para el sector público.

Segundo: La evasión tributaria, la elusión impositiva, el robo de impuestos supera los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB); la espantosa cifra de dos billones cuatrocientos mil millones de colones anuales: 2.400.000.000.000.

Tercero: El sistema de exenciones-exoneraciones que el país tiene, es de 6 puntos PIB, aproximadamente: un billón 800 mil millones de colones anuales (1.800.000.000.000); teniéndose la injusta realidad de que el 50% de esas exenciones-exoneraciones favorece al 20% de la población más rica del país, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cuarto: La situación económica es la principal preocupación de la gente, de la ciudadanía, del pueblo trabajador; y, en tal sentido, en lo específico, es el desempleo el más destacado tormento, especialmente para la población joven del país.

Quinto: El déficit fiscal, según los parámetros macroeconómicos de orden neoliberal, ronda el 6%; y, nos encaminamos hacia un endeudamiento-país del orden del 60% del PIB. El orden en las finanzas públicas debe ser atendido, pero no “técnicamente” sino “políticamente” (justicia social de por medio).

Sexto: La desigualdad y su sostenido crecimiento es el principal problema nacional y de ello no queda duda según la última medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): el país sigue perdiendo posiciones al respecto. Se cayeron 22 posiciones en el lapso comprendido entre el 2013 y el 2016.

Sétimo: El dinero sucio proveniente de las actividades ilícitas del crimen organizado y del narcotráfico ha penetrado el sistema bancario-financiero nacional y la propia economía del país, al punto de que, para algunos especialistas de cada 100 colones en el bolsillo de la gente, 25 colones podrían ser dinero sucio por tales causas.

Octavo: Hay una serie de servicios públicos que hoy están precarizados, desfinanciados, deteriorados, con seria escasez de personal y de recursos; y, paradójicamente, son servicios públicos destinados a atender poblaciones en precario, en la pobreza, en vulnerabilidad, en riesgo social, en la inseguridad; y viviendo en importantes áreas urbanas y rurales controlados por el crimen organizado del narcotráfico, especialmente.

Noveno: Quieren forzar el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), el “club de los países ricos”, cuando sus máximos personeros dicen que nuestra nación tiene un sistema tributario “prehistórico”, “cavernario”; uno de los peores (sino el peor de todos), a juicio del propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Décimo: El sistema tributario costarricense urge de transformaciones estructurales profundas para que sea más justo, más progresivo: se necesita que los que pueden pagar lo hagan rigurosamente y lo hagan en proporción directa a las riquezas que acumulan y no se roben nada… ¡Y por algo debemos empezar!

Por tanto, apoyamos la petición que está formulando el señor diputado don Edgar Araya Sibaja, actual Jefe de la Fracción Parlamentaria del Partido Frente Amplio para que el Poder Ejecutivo envíe al actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el expediente legislativo No. 19.639, a fin de que la Administración Tributaria del país pueda proceder a levantar el secreto bancario sin que medie una decisión judicial, al presumirse intentos de evasión fiscal, de elusión tributaria, o bien que el robo de impuestos se materializó por parte de un contribuyente.

A juicio del indicado legislador en importante entrevista que le hizo LA EXTRA DEL DOMINGO (domingo 26 de marzo de 2017), con la aprobación de este proyecto de ley el país adecúa su legislación en la materia a las tendencias internacionales en materia de controles tributarios y de fiscalización del Estado. Es decir que, aprobando el levantamiento del secreto bancario, indicamos nosotros, Costa Rica empieza a dejar de ser un “país prehistórico” tributariamente hablando.

En lenguaje de la propia Procuraduría General de la República (PGR), se trata de “…desjudializar el requerimiento de información de trascendencia tributaria a las entidades financieras y que con esto la Administración Tributaria cuente con una herramienta ágil y eficiente para realizar las fiscalizaciones de los diferentes tributos”. Para la PGR este proyecto no tiene problemas de constitucionalidad ni de legalidad. (Así consta en la Opinión Jurídica 117-J, fechada 7 de octubre de 2016, dirigida a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, firmada por el señor Esteban Alvarado Quesada, procurador).

En tal sentido, le toca al presidente Solís Rivera tomar la decisión política de enviarlo a tramitación parlamentaria, aunque se enojen esos sectores bancario-empresariales y de alto corporativismo de negocios en cuyo seno cunden las prácticas elusivas y evasoras de impuestos.

Levantar el secreto bancario vía este proyecto de ley 19.639 es ahora más que nunca una imperiosa necesidad ante el anuncio del propio Ministerio de Hacienda de que está estudiando presuntas operaciones ilegales de robo de impuestos mediando el mecanismo de “Los papeles de Panamá” (“Panamá Papers”); y ante las evidencias de gigantescas operaciones truculentas defraudadoras del fisco que determinó una comisión parlamentaria próxima a hacer anuncios públicos en tal sentido.

Que el Estado puede empezar a tener parte de esos 2 billones 400 mil millones de colones que al año se dejan en sus bolsillos los ladrones de impuestos por diversas formas, es una necesidad estratégica de primer orden.

Parte de esos dineros malhabidos e ilegalmente apropiados se pueden empezar a recuperar con el levantamiento del secreto bancario. Parte de esos dineros robados vía impuestos dejados de pagar, han de servir para atajar el crecimiento de la desigualdad, para ayudar al ordenamiento de las finanzas públicas, para fortalecer esos servicios públicos deteriorados que están pensados para poblaciones social y económicamente deterioradas.

En fin, levantar el secreto bancario es una primera gran medida para enfrentar el alto grado de desarrollo que el robo de impuestos ha alcanzado en el país, verdadero crimen social que está golpeando a la democracia misma.

Uno de los más ilustres ciudadanos costarricenses de la actualidad es don Enrique Obregón Valverde. Según Wikipedia (“La enciclopedia libre”), don “Enrique Obregón Valverde es un político, periodista, escritor y profesor costarricense. Militante del Partido Liberación Nacional la mayor parte de su vida salvo por un breve lapso en los sesentas, es considerado uno de los principales referentes de la izquierda liberacionista”.

¡Pues sí! Don Enrique Obregón Valverde es una “especie en extinción”, políticamente hablando si nos referimos a un auténtico pensamiento socialdemócrata, realmente consecuente.

Uno de los más recientes artículos de don Enrique se llama “Las próximas elecciones”.

Los y las liberacionistas que todavía quedan (y que no son pocos), deben considerar la lectura y el estudio de este artículo de don Enrique. Respetuosamente lo planteamos. Pero, quienes no lo son, ¡también deben considerar su contenido!
Para este su servidor la sensación que nos quedó luego de leer y analizar tal artículo es que la socialdemocracia anda en busca de un partido y anda en busca de un candidato. Hay una especie de vacante política para el real pensamiento socialdemócrata.

Don Enrique se encarga de aleccionarnos de qué significa ser un verdadero socialdemócrata hoy. ¡Pongan cuidado!: “La democracia económica y social camina lentamente con una pierna amputada”. Concepto político completamente lapidario que compartimos.

“En lo económico y lo social nos quedamos paralizados cincuenta años atrás. Los partidos bajaron la guardia y sus representantes se aburguesaron. Se perdió el sentido filosófico y moral de la democracia. Decenas de años hace que no se gobierna para el pueblo. Cuando un gobierno elegido popularmente no gobierna para las mayorías, gobernará para una minoría cada vez más poderosa. Eso es lo que está sucediendo”.

¡Tiene razón don Enrique! La desigualdad es el problema número uno de la Costa Rica actual. Datos sobran. El 20% de los hogares acumula más del 50% de los ingresos de todos los hogares a nivel nacional.

Otro dato. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la persona más pobre entre los pobres pero con algún ingreso, estaría recibiendo mensualmente, ¡56 mil 713 colones! Por el contrario, una persona ubicada en el nivel más bajo de los que tienen mayores ingresos, está recibiendo 1 millón 79 mil colones, más o menos.

Es decir, esta segunda persona está recibiendo 19 veces más que la primera, al mes. Y, por supuesto, si entramos en los datos superiores al ingreso mensual de 1 millón 79 mil colones la desigualdad se agiganta.

Otro criterio de don Enrique es éste: “Se han dormido los encargados de mantener el espíritu del 48. El pueblo no cuenta con representantes de verdad. Todo es fabulesco y virtual. La democracia económica y social camina lentamente con una pierna amputada. Un millón de costarricenses en pobreza extrema ratifican esta vergonzosa realidad”.

En estos momentos el partido político más grande se llama “Ninguno”. Más del 50% del electorado no tiene interés ni en la política ni en partido alguno. Aunque es bien severo don Enrique en cuanto a que la gente “no cuenta con representantes de verdad”, ¡porque sí los hay!; lo real es que los beneficios del crecimiento económico no se están distribuyendo como correspondería para que democracia deje de caminar “lentamente con una pierna apuntada”.

“La pierna apuntada” a la democracia, lo cual se dio cuando se durmieron “los encargados de mantener el espíritu del 48”, se refleja, por ejemplo, en la orgiástica fiesta de los abusivos y exorbitantes salarios en los bancos del Estado, en las jugosas dietas que los mismos pagan a sus altos personeros y representantes, en los compadrazgos para otorgar créditos y concesiones de negocios tercerizados.

“La pierna apuntada” a la democracia, lo cual se dio cuando se durmieron “los encargados de mantener el espíritu del 48”, se manifiesta cuando ha quedado claro los engaños de que la apertura en telecomunicaciones nos abarataría el costo del servicio; y, ahora peor, nos están limitando el acceso justo a la internet porque el duopolio trasnacional privado obliga al ICE tico a adoptar su lógica mercantil de acumulación dura y pura, haciéndole a éste casi que incurrir en una renuncia tácita a los valores de bien común que inspiraron su creación con base en ese “espíritu del 48”.

También el distinguido costarricense apunta esto: “La confrontación social, cada vez más dramática, comienza a no permitir que en la plaza pública se levanten las banderas de la socialdemocracia y en el gobierno esas banderas sean arriadas para apoyar el más radical liberalismo económico. O sea, lenguaje de izquierda, pero acción hacia la derecha”.

¿Qué fue lo que pasó en el segundo gobierno de Oscar Arias Sánchez, 2006-2010? La más grande confrontación social desde los acontecimientos bélico-civiles de 1948; confrontación que si bien es cierto terminó en la urna electoral (con el “frauduréndum” del 7 de octubre de 2007); partió al país y diez años después la deuda social, la deuda pública y el déficit fiscal son espantosamente altos; porque la reforma tributaria ofrecida por Oscar Arias Sánchez y pedida por él a cambio de que se le diera el TLC con Estados Unidos, ¡nunca se dio!

Verdaderamente sabio es don Enrique: “Si un político afirma que combatirá la pobreza, que de una vez diga a quiénes está combatiendo. La pobreza no nace por generación espontánea, es criminalmente provocada. Si se dice que se va a combatir la pobreza se ha de estar diciendo que se va a combatir a quiénes la provocan. De lo contrario, se está mintiendo”.

Nos preguntamos: ¿Cómo combatirán la pobreza los candidatos socialdemócratas? ¿Cuál es la propuesta tributaria actual de los candidatos socialdemócratas? ¿Cuál es la política salarial de los candidatos socialdemócratas? ¿Cuál es la política de empleo de los candidatos socialdemócratas?…

La verdad es que la socialdemocracia, como correctamente la conceptúa don Enrique Obregón Valverde, está formulando un gran anuncio “publicitario: “Se busca partido… se busca candidato”. Lo poquito que uno entiende sobre el escenario sociopolítico actual de nuestra realidad nacional es que pocos currículos se podrían presentar desde lo que hoy conocemos como Partido Liberación Nacional (PLN); otros tantos provendrían del Partido Acción Ciudadana (PAC); y hasta del mismo Partido Frente Amplio (PFA) habría postulantes para tal vacante política por cuanto quienes creen y practican consecuentemente lo que denominan “progresismo”, serían socialdemócratas si nos atenemos a lo que nos dice don Enrique Obregón Valverde. ¿Entonces? Tal parece que se ocupa en Costa Rica un real partido socialdemócrata consecuente y congruente.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto con su organización sindical en el Ministerio de Hacienda (la Seccional ANEP-Hacienda), ha tenido una lucha frontal y de constante denuncia contra la escandalosa magnitud que alcanza la defraudación fiscal en nuestro país.

Defraudación fiscal que se disfraza en perversas formas legales como las que, “de manera elegante”, se denominan elusión o por medio de maniobras truculentas y de crimen organizado, que conllevan al robo descarado de impuestos y que se conocen como evasión.

Con esta perspectiva tributaria, no solo repudiamos a los evasores con ropaje legal o sin él, sino que también nuestro dedo acusador se extiende a cualquier acción que se realice, sin importar quién la haga o de dónde provenga, que lo que pretenda sea favorecer, promover y dejar impune el menor pago de impuestos por parte de estos malos ciudadanos costarricenses, quienes con su ilegal y antiético proceder provocan mayor pobreza y más desigualdad y que el déficit fiscal siga creciendo; consecuentemente, augurándose tiempos tormentosos para nuestra sociedad.

Con respecto a la pérdida de expedientes pendientes de cobro judicial en el Ministerio de Hacienda, que ha denunciado el Diario Extra, el más leído y el de mayor circulación en Costa Rica; consideramos que las autoridades hacendarias deben tomar conciencia de que pese al rol estratégico que tiene la Oficina de Cobros Judiciales y su cobertura en todo el país, esta área ha estado en el olvido y en el abandono por parte de las más altas autoridades hacendarias, lo cual ha generado serias deficiencias que afectan notablemente sus trascendentales funciones. ANEP y su Seccional ANEP-Hacienda hace ya bastante rato que hemos venido denunciando esta calamitosa situación.

Solo para citar algunas de sus debilidades, tenemos que su planilla de abogados ha sido diezmada considerablemente. En la actualidad, únicamente cuenta con 10 o 12 de esos profesionales, para efectuar las múltiples gestiones de cobro de las sumas adeudadas al Estado.

También hay una seria escasez de su personal administrativo que no logra dar abasto en la atención del público y para cubrir los numerosos trámites que se efectúan en esa oficina, sin considerar la gran cantidad de trabajo que se produce en esa unidad.

Tampoco hay un notificador que se dedique a tiempo completo a la comunicación de los avisos de cobro. Además, solamente tiene un vehículo asignado y, aparentemente, por falta de contenido presupuestario no ha sido llevado a la revisión técnica vehicular lo cual impide su libre circulación. Por otro lado, no se dispone de personal con conocimientos especializados en Archivística que aseguren un buen registro, manejo y control de los expedientes.

Con el transcurso del tiempo, los problemas y debilidades de la Oficina de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda se han ido acumulando y agravando. Por parte de las jerarquías correspondientes que han estado en los diferentes gobiernos, no ha habido una respuesta oportuna y convincente para remediar estos males y tratar de que por medio del aporte de recursos materiales, de la implementación de tecnología de punta y del aumento y motivación de su personal, cambie la perspectiva y orientación que debe tener esta oficina, con el fin de buscar su fortalecimiento y mejora; y que esta se pueda proyectar plenamente y en óptimas condiciones en su función vital de cobrar las deudas morosas que se mantienen con el Estado y aumentar la recaudación tributaria.

Creemos que se debe instaurar el expediente electrónico sobre el cual desde hace bastante tiempo se viene comentando; y que se debe apresurar la regionalización de la gestión de cobro judicial para que de esta manera se disminuya su excesiva carga de trabajo y se ejecuten con más eficiencia sus primordiales funciones.

En estos procesos, se debe tomar en cuenta la opinión del personal operativo, el cual conoce muy bien de toda esta problemática y que con su trabajo del día a día, ha tenido que soportar la tensión y el desgaste que han provocado las anomalías señaladas, ante la inacción y desatención de las respectivas autoridades gubernamentales.

Confiamos en la integridad y los buenos principios y valores del personal de esa oficina. Sin embargo, queremos dejar muy claro nuestra posición sindical en el sentido de que una vez concluido el inventario final de los expedientes físicos, se informe del número de casos que quedaron sin localizar y los nombres de los morosos, tanto de las personas y sociedades que se beneficiaron con el extravío de estos expedientes, además del monto de los impuestos e intereses que se dejaron de percibir por el fisco.

Adicionalmente, con respecto a estos expedientes que podrían darse como definitivamente perdidos, solicitamos que se realice una profunda y minuciosa investigación que incluya el seguimiento de la ruta de la gestión y el trámite que se les dio; y que en el caso de que se compruebe y demuestre de que hubo mano criminal y sabotaje en la pérdida de los mismos, para intencionalmente favorecer a determinados individuos y sociedades morosas en el pago de sus deudas tributarias, que a los confabuladores de estos graves hechos, se les aplique todo el peso de la ley y que asuman las consecuencias legales y laborales de sus repudiables actos, que han lastimado e impactado tan negativamente la imagen del Ministerio de Hacienda.

Queremos insistir de que en el supuesto de que queden expedientes sin localizar e independientemente de que sean 1000, 100, 50, 10, o así solo sea un único expediente que presente esa condición, que se realicen las averiguaciones pertinentes y que se les dé el respectivo seguimiento cronológico para descubrir las causas de su desaparición y posibles participantes en la comisión de actos dolosos, con la finalidad de que se sienten las debidas responsabilidades de estos lamentables eventos.

En especial, si en éstos han intervenido funcionarios y/o funcionarias de altas jerarquías y que tienen una mayor responsabilidad en la emisión de pautas y directrices encaminadas a la obtención de un buen control y una custodia segura y confiable de los expedientes.

Dichas averiguaciones deben hacerse con la mayor objetividad, imparcialidad y rigurosidad posibles, sin llegar a situaciones extremas de cacería de brujas o de querer encubrir a los verdaderos responsables y autores intelectuales, limitándose a la simplicidad y facilidad de únicamente romper el hilo por lo más delgado.

Nuestro compañero de causa en la lucha sindical y social que libramos desde la ANEP por una Costa Rica más justa, más inclusiva y más solidaria, don Jorge Fonseca Fonseca, Presidente de la actual Junta Directiva de la Seccional ANEP-Hacienda, nos contribuyó profesional, amplia y sustanciosamente para el presente artículo.

Muchas personas y entidades, así como ciudadanía responsable de diverso signo político-ideológico coinciden en que, en términos generales, en el período constitucional que viene 2018-2022, Costa Rica podría llegar a niveles intolerables, peligrosísimos y hasta catastróficos si no resuelve la crisis fiscal y el déficit que tienen las finanzas públicas que hoy ya presentan números muy alarmantes.

Es más, algunos estiman que la persona que llegue a la silla presidencial a partir del 8 de mayo de 2018 podría enfrentar el escenario más tormentoso jamás pensado desde la fundación de la denominada Segunda República, derivada ésta de la guerra civil entre costarricenses que se dio en el año 1948 del pasado siglo XX.

Desde una perspectiva sociopolítica de Sindicalismo Ciudadano que es la que motiva todo nuestro accionar de lucha social en estos días, este tema fiscal-tributario ha sido prioritario en la agenda de trabajo que hemos estado abordando en los últimos años.

Hemos transitado un largo caminar, con responsabilidad y seriedad, al respecto; inaugurándolo con el gran trabajo propositivo y de carácter intersindical denominado “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, dado a conocer a finales del año 2012 y cuya concreción fue posible con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert (FES), de la República Federal de Alemania; con la valiosa orientación del entonces académico-economista, especialista en el tema y ahora diputado de la República, don Henry Mora Jiménez.

Posteriormente nos abocamos a combatir la perversa tesis oligárquico-neoliberal de que el déficit fiscal es culpa de los salarios que devengan las personas trabajadoras al servicio del Estado; faena ésta que está próxima a cumplir treinta meses continuos, en medio de la campaña más infame de agresión psicológica y de terrorismo ideológico contra el empleo público de los últimos tiempos.

La aviesa intención de esta campaña, a la luz de los conceptos político-ideológicos, sociológicos y psicosociales del terrorismo mediático, no deja lugar a dudas del interés de clase que la misma ha tenido.

Esta tesis de que el déficit fiscal no es por culpa de los salarios que se devengan en el Estado, ahora triunfante y ampliamente reconocida por tirios y troyanos, la hemos planteado muchas veces y por distintas vías.

Ahora bien, en el marco de la campaña electoral para los comicios generales del 2018, la cual ya está en pleno desarrollo; y, con base en los datos duros del tema tributario fiscal, presentamos seguidamente diez planteamientos-criterios que podrían valorar las personas competidoras presidenciales y diputadiles, en este ámbito sensible del tema fiscal-tributario.

Especialmente, podrían tener algún grado de relevancia según la visión de la hegemonía económico-financiero dominante, para la cual el “apocalipsis” fiscal llegará cuando el déficit supere la barrera de los 6 puntos de Producto Interno Bruto (PIB); cuando el pago de intereses de la deuda pública llega a consumir la mitad (50%) del presupuesto “general” de la República (ahora anda por un tercio); y cuando el monto de esa deuda pública alcance el 60% del PIB para el año 2020 (es decir, a mitad de la gestión del nuevo presidente que se elija en febrero entrante). He aquí esos diez planteamientos-criterios que les compartimos:

UNO: ¿Con cuánto porcentaje de PIB podría vivir nuestra sociedad en materia de déficit fiscal y con cuánto no?

DOS: Una auditoría ciudadana de la deuda pública que nos permita determinar cuánto se debe, a quién se debe; redefinición del pago de intereses, condonaciones y/o restructuraciones de montos y de plazos, etc.

TRES: El sistemático retraso en la ejecución de empréstitos y el gran pago de intereses y de comisiones; formulando una especie de ley de emergencia de plazo límite para la construcción de la infraestructura urgente pendiente en el marco de la generación de empleo, la reactivación económica y la generación de ingresos frescos para el fisco.

CUATRO: La transformación del impuesto sobre las ventas por el lado de la progresividad y de la capacidad de ingreso.

CINCO: La naturaleza de las transformaciones del impuesto sobre la renta, pero para las partes de la gran acumulación y del desenfreno evasor.

SEIS: Nueva metodología de cálculo del déficit considerando el 60% de la estructura financiera del Estado que no controla el parlamento; es decir, considerando la que pasa, únicamente, por la Contraloría General de la República (CGR).

SIETE: Tributo especial y transitorio a las transacciones financiero-bancarias (tasa Tobin); especialmente para gravar la cada vez más creciente cantidad de dinero sucio en la economía cotidiana, lo cual ha llevado a algunos especialistas a afirmar que de cada colón que tenemos en nuestras manos, 25 céntimos provienen del narco, directa o indirectamente.

OCHO: Fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria y de la Policía Fiscal para sacar el mejor provecho a las leyes contra el fraude fiscal, el registro de accionistas, el impuesto a las sociedades anónimas.

NUEVE: Las zonas del empleo público que conviene fortalecer hoy muy precarizadas pero que están pensadas para, precisamente, atenuar los impactos multidiversos de la desigualdad.

DIEZ: El tema del empleo público considerado integralmente para la promoción del bien común y de la integración social. La conexión del mismo con los postulados, integralmente asumidos, de Trabajo Decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mismos que para el caso costarricense ya son Política de Estado así adoptada, de manera tripartita, en el seno del Consejo Superior de Trabajo (CST), adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Reiteramos (en adición a lo anterior) que el planteamiento sindical y social “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, arriba mencionado, es la piedra fundamental de nuestra lucha por la real justicia tributaria y como propuesta para prevenir una “hecatombe” fiscal; planteamiento que ahora está más vigente que nunca, señores y señoras con aspiraciones presidenciales y diputadiles.

El Papa Francisco nos acaba de alertar de que el mundo está encaminándose hacia una “gran guerra mundial por el agua”.

Esta alarmante alerta lanzada por el máximo jefe de la Iglesia Católica universal no es noticia para la matriz mediática hegemónica que domina el universo comunicacional del orbe, en los difíciles momentos que vive la Humanidad.

Hace unos días tuvo lugar un extraordinario evento en el Vaticano, un seminario, sobre el derecho humano al agua, promovido por la Pontificia Academia de las Ciencias.

Los reportes de prensa electrónicos de dicho acontecimiento registran la impactante denuncia del pontífice católico de que cada día, cada 24 horas, mil infantes mueren por culpa de enfermedades relacionadas con el agua y/o con la falta de ella; además que millones de personas están consumiendo cada minuto agua contaminada.
El Papa Francisco nos pide dejar de lado nuestra indiferencia ante tan dolorosa situación; y nos llama, a la vez, a la acción militante para frenar y para invertir esta situación.

Una compañera sindicalista costarricense tuvo el privilegio y el honor de participar en esta actividad, gracias a la solidaridad activa del movimiento sindical argentino que organiza al conglomerado laboral del agua y del saneamiento en ese país suramericano.

La compañera Directiva Nacional de la ANEP, Rebeca Céspedes Alvarado, quien estuvo en tal evento, nos ha dado testimonio directo de la profundidad del pensamiento del Papa Francisco en este asunto del agua y de cómo él cree que, efectivamente, la posibilidad de guerra, tanto en lo local como en lo regional-internacional, por el control del recurso hídrico y de las fuentes de agua, es algo completamente real en la actualidad.

El acceso al agua es para el Papa Francisco “un derecho humano básico y una de las cuestiones nodales en el mundo actual”.

A la vez, apunta lo siguiente: “es ineludible anunciar este derecho humano esencial y defenderlo (como se hace) pero también actuar de forma concreta, asegurando un compromiso político y jurídico con el agua”.

Gigante tarea social y humanitaria que en nuestro país está pendiente y que no se ha podido realizar por perversos intereses corporativos con fuerte representación parlamentaria en la actual Asamblea Legislativa.

Además, el Papa Francisco hace un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones populares y, por ende, a las sindicales, para que pongamos el tema del agua como punto prioritario de nuestras agendas de lucha: “Por otra parte, cada actor no estatal tiene que cumplir sus responsabilidades hacia este derecho”.

En el caso de la corriente sindical en la cual militamos, la que reivindica el ejercicio de un sindicalismo sociopolítico y ciudadano, tomamos debida nota del dramático llamado de atención que nos hace el Papa Francisco al respecto.

El seminario fue organizado por la Cátedra del Diálogo y de la Cultura del Encuentro, espacio académico plural de Argentina inspirado por el Papa (que dirigen los argentinos Luis Liberman y Gabriela Sacco); así como por la Pontificia Academia de Ciencias, cuyo titular es el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo. Dirigió el encuentro, (que duró dos días y concluyó con una declaración firmada también por el Papa), el cardenal brasileño Claudio Hummes, arzobispo emérito de Sao Paulo (según nota del blog de noticias http://blog.pucp.edu.pe/blog/buena voz/2017/03/03).
Copiamos de seguido parte de la reseña de este evento según el indicado sitio blog de noticias “Buena Voz”. Veamos:

El Papa recordó en su discurso que “el respeto del agua es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos” y subrayó que “si acatamos este derecho como fundamental, estaremos poniendo las bases para proteger los demás derechos”. “Pero si nos saltamos este derecho básico ¿cómo vamos a ser capaces de velar y luchar por los demás?”, se preguntó.

Alentó a unirse en una causa común a todas las fuerzas necesarias de científicos y empresarios, gobernantes y políticos. Aunque advirtió que “es imprescindible la acción de cada Estado como garante del acceso universal al agua segura y de calidad”.

“Es preciso unir todas nuestras voces en una misma causa. Ya no serán voces individuales o aisladas, sino el grito del hermano que clama a través nuestro, es el grito de la tierra que pide el respecto y el compartir responsablemente de un bien, que es de todos”, dijo, al invitar, asimismo, a fomentar una cultura del cuidado y del encuentro. Concluyó su discurso, coronado por un aplauso, con un pedido: “por favor, no se olviden que cada día mil niños mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua”.

En este sitio web, www.anep.cr puede usted encontrar estos dos importantes documentos: “El Derecho Humano al Agua” que es la declaración final del evento motivo de este artículo, conteniendo los nombres de las personas participantes, destacando con honor de nuestra parte, como costarricenses, el nombre de la compañera Rebeca Céspedes Alvarado.

El otro documento es el texto completo del discurso del Papa Francisco a los y a las participantes en el seminario “Derecho Humano al Agua” que, como ya se ha indicado, fue organizado por la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano.
Mucho más queda en el tintero para hablar de este tema.