Categoría: Opinión

Estamos a pocos días de que se inicie el proceso de recolección de firmas de personas costarricenses inscritas en el padrón electoral nacional; ciudadanos y ciudadanas en pleno ejercicio de sus derechos civiles, a fin de que en el corto plazo se realice una consulta popular, referéndum, acerca del expediente legislativo, proyecto de ley No. 19.312, “LEY DEL SALARIO MÍNIMO VITAL”, con el fin de ampliar el poder de compra de los salarios mínimos que se pagan a quienes laboran para el sector privado de la economía.

Se pretende así un poco más de justicia social con una repartición mejorada de los beneficios del crecimiento económico, lo cual es urgentísimo dado que en Costa Rica la velocidad de la concentración de la riqueza es causa fundamental del crecimiento de la desigualdad en desarrollo.

Este proyecto de ley se encuentra actualmente en el seno de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, pero está completamente empantanado y la realidad política indica que jamás será aprobado en sede legislativa.

Por eso es que a iniciativa del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA se presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a fin de que este valorara si con base en la “LEY DE REGULACIÓN DEL REFERÉNDUM”, No. 8.492, la temática del salario mínimo podía ser sujeto de consulta popular. Y, efectivamente, el TSE dijo que sí, que una consulta popular sobre este tema está acorde con los contenidos de la legislación del referéndum, con las materias que este regula.

Tenemos nueve meses (con uno más adicional si fuese necesario) para recolectar 200 mil firmas (superando el mínimo legal exigido de unas 160 mil), de costarricenses empadronados para votar en las elecciones nacionales, tanto por nacimiento como por naturalización. Las personas extranjeras residentes en nuestro país no pueden firmar. En estos momentos 20 mil formularios son sellados por parte del TSE para esa recolecta de firmas.

La circunstancia de que usted, habilitado electoralmente para firmar, estampe su rúbrica en un formulario es para que se dé el referéndum y para nada compromete su voto el día del mismo, cuando en la intimidad de la urna usted decidirá, con un “SÍ” o con un “NO”, si ese proyecto 19.312 será ley o no será ley de este país.

Si se decide que será ley, los diputados no tendrán ya nada que decir. El pueblo se convirtió en parlamento y legisló en forma directa. Con un eventual triunfo del “SÍ” en el referéndum habrá “LEY DEL SALARIO MÍNIMO VITAL” en Costa Rica. Punto.

Para que este proyecto sobre el Salario Mínimo Vital sea realidad vía referéndum (ya vimos que en sede legislativa es imposible), se necesita que en la votación gane el “SÍ” y por un voto por lo menos. Pero para que esa votación sea válida debe presentarse en la urna electoral a votar (ya sea por el “SÍ” o por el “No”), una tercera parte de la ciudadanía empadronada; es decir, deben presentarse a ejercer su voto en el referéndum, poco más de 800 mil compatriotas, costarricenses por nacimiento y/o por naturalización como ya dijimos.

El proyecto 19.312 fue propuesto en la presente Asamblea Legislativa por parte de toda la actual fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio (sus 9 integrantes), inspirándose, fundamentalmente, en lo que indica el artículo 57 de la Constitución Política de nuestro país: Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”.

Leemos en el expediente de este proyecto de ley 19.312 que fue en el año 1977 cuando los diputados comunistas de aquel entonces, don Eduardo Mora Valverde y don Arnoldo Ferreto Segura plantearon, por vez primera, la necesidad del establecimiento del Salario Mínimo Vital. Luego, 33 años después, en 2010, don José María Villalta Florez-Estrada, legislador en ese momento por el Frente Amplio, planteó una iniciativa similar con el número de expediente legislativo 17.721.

Para quien se defina asimismo con un verdadero socialdemócrata y para quien se proclame defensor del Humanismo Cristiano y, por ende, partidario de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la tesis del “Salario Mínimo Vital” no les debería ser ajena. Todo lo contrario.

Con los datos que está arrojando la naturaleza perversa de la globalización neoliberal a nivel de todo el planeta, la izquierda (esa misma de donde salió la tesis del Salario Mínimo Vital), es actualmente tan inclusiva como para tener grandes coincidencias con la Socialdemocracia Clásica y con el Humanismo Cristiano que inspira nuestra propia Constitución Política todavía vigente.

Al ser Costa Rica un país tan caro, un país con tanta desigualdad, un país donde los pocos que tienen mucho siguen teniendo más y más, el actual nivel del salario mínimo no le está procurando al trabajador ni bienestar ni existencia digna, como lo exige nuestra carta magna.

Para que una familia trabajadora dependiente de un salario mínimo tenga ese bienestar y esa existencia digna que plantea el artículo 57 constitucional, debe tener garantizado un “Ingreso Mínimo Vital” (IMV) que tiene nueve grandes componentes en los cuales hay que invertir la plata del salario: alimentación, alquiler, agua, electricidad, telefonía, vestimenta y calzado, transporte, salud, transporte y recreación-cultura.

El IMV es la cantidad de dinero mínimo que esa familia necesita para afrontar esos nueve rubros de gastos elementales en el hogar y, por ende, debe haber un Salario Mínimo Vital que lo garantice. Los datos que se tienen nos indican que para el año 2013, el IMV, es decir, la cantidad necesaria para atender esos 9 rubros de gastos vitales en un hogar de salario mínimo y para hacer honor a lo que dice la Constitución Política, bienestar y existencia digna, se ocupaba de 457 mil 723 colones. Es decir, que al terminar el 2013 el salario mínimo debía estar en esta cantidad y usted sabe bien que no es así. (Todos estos datos están en el expediente del proyecto 19.312).

La verdad es que en nuestro país hay espantosos niveles de explotación laboral en muchas partes del sector privado y, ¡en el propio sector Público! Esto es innegable. Ahora que nos quiere imponer que seamos “socios” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es importante reparar en su “Informe sobre las perspectivas laborales”, con datos del año 2015.

Entre los 38 países analizados, México y Costa Rica son los dos cuyas personas trabajadoras laboran más horas al año con 2.246 horas y 2.230 horas, respectivamente. En el HYPERLINK “http://comunidad.iebschool.com/iebs/recursos-humanos-2-0/desigualdad-laboral-entre-hombres-y-mujeres/()” extremo opuesto, los trabajadores alemanes son los que trabajan menos horas al año, unas 1.371 horas, los holandeses con 1.419 horas, los noruegos con 1.424 horas y los daneses con 1.457 horas. ¡Da mucho qué hablar esta información!

Este tema del referéndum sobre la aprobación popular del proyecto de “Ley del Salario Mínimo Vital”, mediante el referéndum indicado, tiene muchas facetas que exponer. Esperamos comentarle más cosas a usted desde este mismo espacio, de ahora en adelante. Pero, desde ya, le pedimos que nos ayude en la recolección de firmas que la ley nos pide para que sea desde la urna electoral y no desde la curul legislativa el lugar donde se obtenga un poco más de justicia social a nivel de salario mínimo.

Con este concepto terminó el texto de nuestro artículo de la semana pasada. Lo repetimos porque es clave para entender qué clase de momento sociohistórico estamos viviendo… Ni Trump, ni Clinton.

Recordemos que estamos comentando el mensaje del papa Francisco dirigido a los movimientos sociales y populares del planeta, con ocasión del Tercer Encuentro que él tuviera con sus líderes hace pocas semanas.

Notemos, ahora, esta otra magistral orientación papal para la lucha social de pueblos como el nuestro: “No caigan en la tentación del corsé que los reduce a actores secundarios, o peor, a meros administradores de la miseria existente. En estos tiempos de parálisis, desorientación y propuestas destructivas, la participación protagónica de los pueblos que buscan el bien común puede vencer, con la ayuda de Dios, a los falsos profetas que explotan el miedo y la desesperanza, que venden fórmulas mágicas de odio y crueldad o de un bienestar egoísta y una seguridad ilusoria”… Ni Trump, ni Clinton.

El papa Francisco está llamando a los movimientos populares, en consecuencia, a asumir roles políticos de primer orden en esta sociedad de la desigualdad, de la exclusión y de la corrupción; pero sin encorsetarnos, entendemos nosotros, para convertirnos en furgón de cola de partidos políticos y/o sin procurar que éstos atiendan las necesidades de la lucha social con políticas de institucionalización de la caridad, atenuadoras del despliegue total de la capacidad de bregar por el desarrollo integral de la persona humana.

El papa Francisco va más allá y nos da la tarea de cuestionar la política económica y la misma política que les da sustento a las prácticas del asistencialismo que representa, dice él, “…una política hacia los pobres pero nunca con los pobres,…”.

“Los movimientos populares, lo sé, no son partidos políticos y déjenme decirles que, en gran medida, en eso radica su riqueza, porque expresan una forma distinta, dinámica y vital de participación social en la vida pública”. ¡Esto dice el papa Francisco! y nos alienta en tal sentido: “Pero no tengan miedo de meterse en las grandes discusiones, en Política con mayúscula…”.

El papa Francisco refrenda así, le da la bendición, a un pensamiento que ha venido elaborándose e impulsándose en una diversidad de corrientes sindicales y sociales latinoamericanas (incluidas costarricenses), de que la política, o mejor dicho la Política (así en mayúscula, como él lo pone), hace tiempo dejó de ser monopolio de los partidos políticos (especialmente los de orden politiquero-electoral).

Es este el camino estratégico por el cual viene transitando hace tiempo la corriente sindical en la cual militamos; pretendiendo, por una parte, ir más allá del corporativismo gremial del sindicalismo tradicional, asumiendo una posición Política (así con mayúscula), pero sin caer en el panfletarismo del “comité central, ¡ordene!”. Es un camino altamente riesgoso, como lo dice el papa Francisco, y lo poco que hemos andado por él, en el plano nacional, nos ha sido tremendamente complicado.

Pese a ello estamos proponiéndoles a los y a las colegas sindicalistas afines al pensamiento sociopolítico que venimos profesando que pongamos nuestras miradas en un interesantísimo pensamiento sociopolítico y sindical de orden continental, a nivel de las Américas, que ha venido gestándose mucho antes de la llegada al trono papal del pastor Francisco, pero que conecta con la inspiración y con la guía que él está recomendando para los movimientos sociales, populares y sindicales de nuestra actual realidad.

Estamos hablando de la “Plataforma de Desarrollo de las Américas”, siglas PLADA, un enorme esfuerzo de interpretación política del estado actual de situación de nuestros pueblos, conteniendo un conjunto de propuestas en un todo integral y alternativo “…donde convergen las dimensiones política, económica, social y ambiental, pero donde lo social, lo humano y no lo económico, se constituyen en el eje y el centro del desarrollo de nuestras sociedades”… Así se apunta en la presentación del documento oficial de la PLADA indicándose que con esa finalidad, “…los trabajadores y las trabajadoras organizados, junto con el Estado, tienen un papel propio e irreemplazable en la construcción de una sociedad con trabajo decente y con justicia social”.

Nosotros vemos en la PLADA un proyecto sociopolítico para incursionar en la Política (así, con mayúscula), en búsqueda de una Democracia Social, interconectándolo con contenidos sindicales de propuesta alternativa que ya habíamos venido trabajando desde recién pasado el combo ICE. Volveremos la semana próxima con una cuarta parte.

Pareciera que el “trumpetismo” no solamente puede durar bastante como tendencia de un nuevo gerenciamiento político-planetario del rumbo que estaría tomando la globalización neoliberal de ahora en adelante, sino que los payasos de la política, esos que la han desprestigiado, están listos para imitar, copiar y adaptar los más bajos instintos de los contenidos “trumpéticos” a sus cálculos electorales de corto plazo en países como los nuestros.

Debemos tomar nota para el caso costarricense que el bufón de la eterna candidatura presidencial ya nos hizo el anuncio de que, para su nueva intentona electorera del 2018, la xenofobia antiinmigrante, el nacionalismo chovinista, la misoginia (elementos notables del contenido “trumpético”), van a ser elementos fundamentales de propaganda de su campaña.

El “trumpetismo”, el que está emergiendo en la Unión Europea (UE) y el que podría estar apareciendo por estos lados latinoamericanos (como el caso tico en perspectiva), representa la más calificada catástrofe ideológica del proceso de la globalización neoliberal, así como la más patética muestra del deterioro ético-moral de la política que la ha venido sustentando, al punto de que el ya casi expresidente gringo Obama la cuestionó durante su reciente visita a Grecia.

En la cuna donde se originó la democracia y en el país europeo más castigado y más catastrofiado por esa globalización neoliberal, Obama indicó que “…el camino mundial de la globalización demanda una corrección de rumbo para atenuar sus consecuencias negativas, y que la democracia es imperfecta”.

¿Habrase visto antes semejante muestra de cinismo político por parte de un político gringo? ¡Por supuesto que sí, que hay muchas! Lo que sucede es que el surgimiento del “trumpetismo” los ha golpeado tanto que su tendencia antisistémica les lleva ahora a decir que “la globalización demanda una corrección de rumbo para atenuar sus consecuencias negativas”.

Pero es el papa Francisco quien ya lo ha venido señalando magistralmente, a la luz del pensamiento de Cristo Jesús, del humanismo cristiano, de la doctrina social de la Iglesia Católica.

Esa globalización que ahora el ya casi expresidente estadounidense Obama dice debe “corregir su rumbo”, es porque ya se convirtió en un “sistema atrofiado” que a juicio del papa Francisco “…puede ofrecer ciertos implantes cosméticos que no son verdadero desarrollo económico: crecimiento económico, avances técnicos, mayor ‘eficiencia’ para producir cosas que se compran, se usan y se tiran englobándonos a todos en una vertiginosa dinámica del descarte… pero este mundo no permite el desarrollo del ser humano en su integralidad, el desarrollo que no se reduce al consumo, que no se reduce al bienestar de unos pocos, que no incluye a todos los pueblos y personas en la plenitud de su dignidad, disfrutando fraternamente de la maravilla de la Creación”.

Si el “trumpetismo” representa el estiércol del sistema de la política tradicional que ha venido gestionando la implantación de una globalización neoliberal que “demanda una corrección de rumbo para atenuar sus consecuencias negativas”, a juicio de Mr. Obama; tal “corrección” resultaría engañosa y tramposa dado que, como nos lo dice el papa Francisco, “…mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es la raíz de los males sociales”.

Si al triunfo del “trumpetismo” se le quiere dar una connotación de victoria de la antipolítica (es decir, del voto enojado, del voto de la ira, del voto violentado por tanta estafa política, del voto revanchista por el engaño politiquero tradicional, del voto del miedo, del voto de la exclusión, del voto del desempleo, etc.) es porque tiene que ver con el problema y el desafío de la relación entre pueblo y democracia.

Al respecto el papa Francisco lo diagnostica así: “Una relación que debería ser natural y fluida pero que corre el peligro de desdibujarse hasta ser irreconocible. La brecha entre los pueblos y nuestras formas actuales de democracia se agranda cada vez más como consecuencia del enorme poder de los grupos económicos y mediáticos que parecieran dominarlas”.

Este estado de cosas hace concluir al papa Francisco lo siguiente: “El futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio”.

Dice el papa Francisco que “…, las organizaciones de los excluidos y tantas organizaciones de otros sectores de la sociedad, están llamados a revitalizar, a refundar las democracias que pasan por una verdadera crisis”. Definitivamente tenemos que escribir una tercera parte (y hasta una cuarta).

La consigna fundamental esgrimida por los sectores político-mediáticos al servicio del capital neoliberal de que el déficit fiscal se debe a los salarios pagados en el empleo público, ha sido, finalmente, pulverizada por sus mismas y principales vocerías parlamentarias con escaño legislativo; luego de que la corriente sindical en la cual militamos ya se había encargado de desnudar la naturaleza perversa de la campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico de los últimos treinta meses en contra del empleo público, responsabilizándole, sin fundamento alguno, del “tortón” fiscal en que está metido el país en estos momentos.

Ahora resulta que ni los educadores (solamente los que ejercen docencia directa), ni los policías (únicamente los que cubre la Ley No. 7410), quedarían comprendidos dentro del proyecto de ley precarizador del empleo público, el expediente legislativo No. 19.506, denominado por esa gente con el nombre de “Ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el sector público”.

Esta “exclusión” finalmente terminó de darnos la razón: los salarios públicos no son los responsables del déficit fiscal. Por tanto, no hay ya razón, tampoco y en consecuencia, para que sigan incluidos en tal proyecto de legislación los y las profesionales del Gobierno Central (ministerios y entes adscritos), así como los de las municipalidades.

Ahora bien y a pesar de tales “exclusiones”, la realidad política nos indica que el nombre de tal proyecto debería ser “Ley para acabar con las convenciones colectivas, reducir el salario del empleo público precarizando sus condiciones de trabajo, propiciar la extinción de los sindicatos y acabar con la autonomía municipal”.

El odio de clase que se le tiene a la organización sindical por parte de los sectores político-parlamentarios promotores de ese proyecto está en su esencia misma, contraria a los Derechos Humanos Fundamentales reconocidos universalmente en materia de Libertad, de Organización Sindical y de Negociación Colectiva.
En lo abiertamente explícito, este proyecto pretende acabar con el pago bisemanal en el sector Público donde existe en la actualidad, como en la Caja, y para que ningún otro grupo laboral lo obtenga en el futuro.

Además, que ninguna cesantía supere los ocho años y si en algún gremio (como los municipales), está ahorita por encima de ocho, al entrar en vigencia esa ley el aumento se detendrá quedándose en el número de años superior a 8 que se tuviera en ese momento.
La pretensión final es que todas las cesantías del empleo público deben quedar en ocho años, la misma cantidad de años que en el sector privado; excepto por una circunstancia maquiavélicamente pensada que es la excepción que se haría en el caso del sistema de cesantía bajo el esquema del solidarismo.
En el caso de las municipalidades, este proyecto 19.506 castra, elimina la posibilidad de negociación de incrementos salariales de manera autónoma y bilateral. Suele suceder que en muchos municipios los sindicatos negocian con las alcaldías aumentos semestrales por costo de vida, ligeramente superiores a los que decreta el Poder Ejecutivo para el Gobierno Central.

En las municipalidades, sin excepción, aplicará el decretazo salarial presidencial con esta ley.

Aparte de dañar a tantas personas trabajadoras asalariadas del sector Público, golpeándoles directamente en su nivel de ingreso salarial, debilitando su ya precaria estabilidad laboral y cercenándole un poquito más de justicia distributiva al momento de la llegada de la pensión; el proyecto es un directo atentado al Derecho Laboral internacional que tiene rango de compromiso-país el cual, al ratificarlo, le dio el estatus de Derecho Humano Fundamental.

Al respecto, resulta relevante el criterio del especialista en Derecho Laboral, nacionalmente reconocido y respetado en los más diversos ámbitos sociopolíticos del país, don Mauricio Castro Méndez, quien indicó lo siguiente: En general podemos señalar que el proyecto de ley viola de forma directa no sólo los convenios 98, 87 y 135, y la recomendación 143 de la OIT, todos ratificados por Costa Rica; sino también lo que ha sido la doctrina de la OIT consolidada a través de décadas…”.

Es contundente que este proyecto 19.506 es un ataque de clase directo en contra de la clase trabajadora por parte de la clase dominante, la del capital. Obligadamente debemos volver sobre el tema en la semana próxima. Empleo público: ¡la conjura continúa!

Ahora resulta que don Dennis Meléndez Howell, hasta hace poco Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), nos aparece derramando lágrimas de cocodrilo porque está denunciando que las personas usuarias del transporte público modalidad autobús, están siendo expoliadas, dice él, por el poderoso gremio corporativo del gran empresariado autobusero.

¿Por qué no lo dijo cuando tenía el ejercicio de dicho cargo? ¿Por qué guardó silencio cómplice si ya sabía de esa expoliación, ese expolio, en contra del bolsillo que el corporativismo autobusero hace todos los días y, al menos, dos veces diarias, de las personas de la clase trabajadora (la asalariada y la que no lo es, entre éstas las desempleadas), cobrándoles tarifas más altas, que no deberían ser lo que son ahora? Entendemos por expoliación o expolio, la apropiación de forma violenta o injusta de algo que pertenece a otra persona.

Si usted que lee esto y todos los días ocupa transportarse en autobús, de la casa al trabajo y viceversa, para hacer vueltas, etc., sepa que la tarifa que pagó al subirse a ese autobús, podría ser mucho menor de lo que le cobraron y, por tanto, usted está siendo víctima de expolio a su bolsillo, pues hay casos en que el pasaje está costando hasta un 40% más de lo que realmente uno debería pagar. El propio señor Meléndez Howell nos lo denunció y, de seguro, producto de un ataque de conciencia y/o de arrepentimiento.

Este ciudadano fue conocedor del demoledor informe producto de un estudio realizado por el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (Produs), de la Universidad de Costa Rica (UCR), contratado por la misma Aresep que él dirigía, estableciéndose conductas inescrupulosas de integrantes del gremio corporativo del gran empresariado autobusero; al utilizarse datos falsos para obtener más ganancias de las justas; ya sea porque indican la realización de más carreras de las que vienen efectuando y/o tienen autorizadas, a fin de inflar los costos operativos; o, por el contrario, tirando a la baja los datos del pasaje que transportan para decir que como viaja “poquita” gente en sus buses, deben cobrar más dados esos costos operativos.

Pero el señor Meléndez Howell con semejante estudio en la mano no hizo nada y, al menos, debió entregarlo al Ministerio Público. Finalmente, ¡nada pasó! El expolio a su bolsillo como usuario de bus continúa impunemente. Ese gremio corporativo del gran empresariado autobusero les ganó la partida a los usuarios de buses.

Recientemente, a “petición” de ese gremio corporativo del gran empresariado autobusero, el del expolio, el Presidente Solís Rivera destituyó a su Viceministro de Transportes, el señor Sebastián Urbina Cañas, dado que éste, al parecer, agarró la bandera a favor del interés de las personas pasajeras de buses y planteó poner en práctica dos grandes medidas para parar el expolio con las tarifas: la sectorización y el cobro electrónico del pasaje. Si hay intimidades políticas en esta destitución más allá de las que han sido notoria y mediáticamente divulgadas, no lo sabemos. Pero lo real es que gremio corporativo del gran empresariado autobusero les ganó, otra vez, la partida a los usuarios y usuarias de buses.

Hace seis años, desde el 2010, estaba lista una nueva metodología para poner en práctica el real cálculo de cuánto debe ser la tarifa de autobús. El señor Meléndez Howell la tuvo en su escritorio todo ese tiempo. Esa nueva metodología nunca se puso en práctica. Esperamos que él, en un segundo acto de arrepentimiento, de mea culpa, de remordimiento por el expolio que sufren las personas usuarias de los servicios de autobús, nos cuente las razones que mediaron para que esa nueva metodología estuviera congelada durante los últimos seis años, repetimos, favoreciendo la continuidad en el tiempo del expolio con las tarifas de autobús.

¿Qué presiones sufrió? ¿Cuáles políticos intervinieron? ¿De qué partidos? ¿Hubo pagos indebidos? ¿De qué calidad eran las respuestas de la Aresep cuando enfrentaron recursos ante la Sala IV en contra de la aplicación de esa nueva metodología que favorecía al usuario?…
¡Muchas dudas deja usted, Sr. Meléndez Howell, en su paso por la Aresep y específicamente en esto de las tarifas de autobús, por más arrepentimiento que ahora esté mostrando! Durante su gestión, lo real es que el gremio corporativo del gran empresariado autobusero le ganó, otra vez, la partida a los usuarios de buses, varios miles de los cuales pagan el dinero para transportarse con muchísimo sacrificio y limitaciones.

Ahora resulta que el nuevo Regulador General de la Aresep, don Roberto Jiménez Gómez, amplía el plazo de congelamiento de la aplicación de esa nueva metodología para ajustar las tarifas de autobuses, muchas de las cuales estarían infladas hasta en un 40%, según la denuncia de su antecesor en ese cargo.

Es que alguien podría creerle, en serio, al señor Jiménez Gómez, de que es necesario, ¡luego de seis años de espera!, crear una comisión para “…analizar la nueva metodología, aclarar dudas e inquietudes”; argumento falaz que él da para que la gente usuaria de los servicios de autobús siga siendo expoliada, todos los días, cuando paga para subirse al bus que ocupa. ¡Qué va! También se va a repetir la historia y es que aunque haya un nuevo Regulador General de la Aresep, lo real es que ese gremio corporativo del gran empresariado autobusero les sigue ganando la partida a los pobres e indefensos usuarios de los servicios de autobús.

Todas las personas usuarias de los servicios de autobús estamos, en estos momentos, preguntándonos: “y ahora… ¿quién podrá defendernos? (parafraseando la famosa frase de la comedida mexicana del inolvidable y querido Chespirito).

Varias voces político-parlamentarias de renombre están ahora planteando que las sesiones del Consejo de Transporte Público (CTP), donde se ve todo esto de las líneas de autobús, se hagan transparentes, se transmitan por internet, se puedan monitorear en vivo, se pueda asistir a las mismas como puede irse a las barras legislativas… Pero, al parecer, depende de que el Sr. Presidente Solís Rivera lo ordene. O sea…

“Una reciente renovación de concesiones bastante cuestionable, nos terminó de convencer de que nada bueno puede esperar un usuario de bus de parte del CTP. Aunque preferiríamos una profunda reestructuración, que políticamente no se ve viable, al menos sus sesiones deberían ser totalmente públicas, totalmente transparentes”. Esto lo planteamos en comunicado de prensa de la ANEP, fechado sábado 9 de abril de 2016, bajo el título “Ante presuntas triquiñuelas y aparentes engaños embusteros para tener tarifas más altas… Autobuseros inescrupulosos merecen enérgica condena y cancelación de concesiones… Ministerio Público debe intervenir”. Nada pasó, por supuesto. El gremio corporativo del gran empresariado autobusero les sigue ganando la partida a los pobres e indefensos usuarios de los servicios de autobús.

Reiteramos, todas las personas usuarias de los servicios de transporte público modalidad autobús, debemos preguntarnos, llamando a Chespirito: “y ahora… ¿quién podrá defendernos?

El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos lo dijo, contundentemente, y casi nadie chistó. “Calladitos, más bonito”. Son 4 mil 200 millones de dólares (4.200.000.000), los dineros sucios que transitan por el sistema económico-financiero nacional, al año. Hablamos de unos 2 billones 268 mil millones de colones (2.268.000.000.000), equivalentes a 7.5% puntos del Producto Interno Bruto (PIB). ¡Casi nada!…

Recordemos que este concepto, PIB, es un vocablo muy usual actualmente en que lo económico está por encima de lo social, lamentablemente. A muchos de nosotros nos cuesta mucho entender eso de PIB y según hemos leído se trata de un valor monetario que resulta de sumar los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado (un año, por lo general).

EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas, públicas y privadas, de cada país, únicamente dentro de su territorio. Para el caso costarricense, según se nos ha explicado, un punto porcentual (1%) de PIB, equivale a poco más de 300 mil millones de colones (300.000.000.000).

Ahora bien, esos dineros sucios (los 4 mil 200 millones de dólares), son producto de la ilícita actividad del crimen organizado, especialmente vía tráfico de drogas, lavado de dinero, operaciones ilegales de banca off-shore, sociedades anónimas tipo “Panama Papers”; negocios de apuestas por internet, juegos de azar, casinos y similares que sirven para encubrir actividad financiera ilegal; y, por ende, astronómicos montos de evasión de impuestos.

Esto ha llegado ya a tales niveles en nuestro país que Costa Rica ha quedado contra la pared. No tiene alternativa. Tendrá que adoptar urgentes y drásticas medidas legislativas para controlar toda esta suciedad y toxicidad financieras, so pena de que la comunidad internacional de naciones nos catalogue como un país que no quiere cooperar contra el lavado de dinero y que no quiere adoptar rigurosos controles para evitar operaciones de financiamiento del terrorismo.

Costa Rica ha sido sentenciada así por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad perteneciente al G20, el grupo de veinte naciones más industrializadas del planeta.

Recordemos que el G-20 es un grupo de naciones cuyas economías juntadas entre sí representan el 85% del producto económico global, con Estados Unidos a la cabeza, más la Unión Europea (UE, en cuanto tal 27 estados), Rusia, Japón, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Más, México, Brasil, Argentina, Sudáfrica, Turquía, India, China, Indonesia, Corea del Sur, Arabia Saudita y Australia.

El GAFI surge frente a la amplia difusión geográfica de las actividades de producción, el carácter internacional de las rutas de distribución de drogas y la capacidad para mover el dinero de la droga a través de las fronteras; contrastando todo ello con las debilidades de las legislaciones nacionales y la insuficiencia de las fuerzas del orden para controlar todo esto.

Cada vez más, se reconoció la necesidad urgente de una acción decisiva y multilateral para hacer frente al problema mundial del blanqueo de capitales y otros abusos del sistema financiero, como un medio de atacar el corazón del tráfico de narcóticos ilegales y la delincuencia organizada.

Junto con las medidas para fortalecer la cooperación internacional en la erradicación de la oferta y medidas para frenar la demanda de drogas, se incluyó el establecimiento del GAFI cuya misión inicial fue centrarse en la prevención de la utilización del sistema bancario y otras instituciones financieras para el blanqueo de capitales derivados del narcotráfico. Así se fue desarrollando un consenso internacional sobre medidas para ayudar a identificar, localizar y aprovechar los productos del delito de drogas y otras actividades delictivas conexas.

El GAFI elaboró una serie de recomendaciones (más de 40) sobre medidas concretas, incluida la adaptación de los sistemas jurídicos y de reglamentación que ayudaría a detectar, prevenir y castigar el mal uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

En tal sentido y para el caso costarricense, el proyecto de ley actualmente en debate parlamentario contra el fraude fiscal, el cual incluye el registro de accionistas para determinar los beneficiarios finales de las rentas de las sociedades anónimas, está en la línea de las exigencias del GAFI (o del G-20). La filial regional del GAFI, sea, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), también ha puesto a Costa Rica contra la pared al respecto.

Costa Rica no tiene escapatoria: tendrá que establecer el registro de accionistas para conocer los beneficiarios finales de las sociedades anónimas; para conocer los bufetes y los abogados inescrupulosos que formalizan enormes cantidades de sociedades anónimas para manejar ese dinero sucio; para saber quiénes utilizan prácticas tipo “Los papeles de Panamá” para cometer ese gran crimen social que es el robo de impuestos.

El enemigo No. 1 (al menos el que es mediáticamente visible), de toda la clase trabajadora y, particularmente, de la que se desempeña para el sector Público, el diputado Otto Guevara Guth, ya no podrá seguir torpeando el proyecto de ley contra el fraude fiscal que incluye el registro de accionistas de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas.

Como “capataz político” que ha sido este legislador del archimillonario sector del capital financiero costarricense, ahora, sus propios “patrones políticos” le están zafando la tabla: la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) está admitiendo que no hay opción porque al país el G20, el GAFI y el GAFILAT lo meterán en la “lista gris” de naciones no cooperantes en contra del lavado del dinero y no cooperantes en contra de la facilitación de financiamiento de operaciones del terrorismo, si nuestra Asamblea Legislativa continúa sin aprobar leyes como ésta contra el fraude fiscal que incluye el registro de accionistas.

¡Estamos felices! Habrá registro de accionistas y se podrá controlar mejor las operaciones ilícitas de manejo de dineros sucios que son parte del complejo entramado de evasión tributaria y de robo de impuestos.

El proyecto contra el fraude fiscal, incluyendo el registro de accionistas para determinar los beneficiarios finales de las rentas de las sociedades anónimas, ¡va, porque va! Así ha sido ordenado por el G-20, vía el GAFI-GAFILAT… la globalización neoliberal. Punto.

Todas las izquierdas están conmocionadas por la elección del señor Trump como presidente de los Estados Unidos. Tenemos la gran incógnita de qué habrían dicho todas esas izquierdas si hubiera ganado la señora Clinton (por cierto, que si los gringos tuvieran un sistema electoral parecido al nuestro, ella habría sido la ganadora pues obtuvo más votos populares que su oponente).

Por otra parte, casi todas las derechas, incluso las de corte neoliberal, también están conmocionadas por la elección del Sr. Trump. Decimos casi todas porque las derechas extremistas, supremacistas blancas, xenofóbicas, homofóbicas, ultranacionalistas, proteccionistas, aislacionistas, anti-inmigrantes, islamófobicas, negacionistas del deterioro ecológico-ambiental y de los riesgos del cambio climático, extractivistas fundamentalistas…, están más que felices.

En varios círculos de la izquierda latinoamericana (la progresista y la estudiosa), se está hablando ya del surgimiento de la “Internacional Populista” y con Trump a la cabeza se están articulando el Partido de la Libertad de Austria, el Partido por la Libertad de Holanda, el UKIP británico (clave en el brexit), el Fidesz de Hungría, Ley y Justicia de Polonia, el Frente Nacional de Francia, el Partido Popular de Dinamarca, el Partido del Progreso en Noruega, y el partido Alternativa para Alemania.

Así se lo leímos al prestigioso intelectual economista y académico de origen peruano, Óscar Ugarteche, en su artículo “¿Qué significa Trump?”.

En tal escenario y a nuestro modesto modo de intentar comprender tanta confusión, lo que está emergiendo es un grito obrero, laboral, social y popular, por parte de las mayorías planetarias, de que el rumbo de la globalización neoliberal está conduciendo a la humanidad a vivir episodios de autodestrucción en los más diversos órdenes, destacando el del crecimiento de las desigualdades que amenazan la misma institucionalidad civilizada en sus contenidos mínimos y racionales.

Por otra parte, se nos ocurre que los sistemas políticos tradicionales, los que se sostienen con base en hegemonías procedentes del lado del capital, están siendo obligados a acudir a las más bajas artimañas para autopreservarse, cuando se hace evidente que la gente de a pie está brava, está harta, está completamente desengañada, está enojada por tanta estafa política, está angustiada ya no por el mañana sino por el vivir el hoy; le aterra la pérdida del empleo, la inseguridad del vivir, la sumisión en el hambre, la miseria y la pobreza, etc. …Y entonces aparece el “mesías” arando en el terreno del miedo, del enojo, de la misiera y del dolor cosechando votos.

Pero parece ser que este dramático reclamo hace tiempo dejó de ser escuchado por los partidos de la tradicional socialdemocracia europea, sin hablar de lo que les pasó a las izquierdas “ideológicas” del viejo continente; escenario sumamente complicado de explicar cuando uno lo pega con la circunstancia de reversión de los gobiernos progresistas latinoamericanos que estaban impulsando políticas públicas de hondo contenido social precisamente para atender las diversas expresiones de este dramático reclamo.

Ante toda esta confusión, ante las incógnitas planteadas y por ahora sin respuesta, nada más alentador que las palabras, las frases, los conceptos y las recomendaciones del mensaje del papa Francisco, en su alocución dirigida a los y a las participantes en la tercera edición del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, discurso pronunciado por él recientemente y todavía sin conocerse el resultado del desastre electoral estadounidense.

Recordemos que fue en Roma, Italia, en el 2014 donde tuvo lugar la primera reunión de este tipo de encuentro; y el segundo, en el 2015, tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

La matriz mediática global que dicta qué es noticia y qué no lo es ha silenciado para la opinión pública estos célebres acontecimientos. Los detentadores del real poder, planetaria y nacionalmente hablando, consideran “subversivas” y hasta “comunistas” las palabras papales que el pastor Francisco emite con ocasión de estos eventos.

Desde nuestra perspectiva sociopolítica y sindical vemos el mensaje papal como una serie de reflexiones para alertarnos y llamarnos a movernos con relación al actual rumbo destructivo que le han impuesto a nuestro planeta; valiosas reflexiones emitidas por una autoridad moral incuestionable y más allá de su cargo de jefe de una de las iglesias universales con mayores seguidores en el orbe; especialmente porque esas reflexiones tienen un profundo contenido con base en el pensamiento que nos dejó Cristo Jesús y, por tanto, trascendentes a los límites institucionales del catolicismo.

¿Trump? ¿Clinton?… No nos desgastemos en ello. Veamos lo que nos dice el papa Francisco: “¿Quién gobierna entonces? El dinero. ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de la inequidad, de la violencia económica, social, cultural y militar que engendra más y más violencia en una espiral descendente que parece no acabar jamás. ¡Cuánto dolor y cuánto miedo!”. La próxima semana volveremos con el tema.

Guiados por la legisladora “manos de tijera”, fanática operadora política del capital neoliberal, muy dada a emplear la vulgaridad en el debate parlamentario por las claras limitaciones argumentativas que exhibe, los extremistas legisladores abanderados del recorte presupuestario de naturaleza fanática, han decidido golpear uno de los ámbitos más sensibles de la población desprotegida en la actualidad: la niñez y la adolescencia en riesgo social, la que está en la pobreza extrema y/o en vulnerabilidad para caer en la misma; la que está viviendo en hogares golpeados por la violencia intrafamiliar, la desintegración familiar, la deserción escolar, el desempleo, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y el narcomenudeo.

El irracional, irreflexivo, irresponsable y temerario multimillonario recorte presupuestario impuesto al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para el ejercicio fiscal del próximo año 2017, constituye un contundente ejemplo de la degradación política y de la degeneración ético-moral de una clase gobernante en decadencia que ha perdido toda sensibilidad social hacia la comprensión cabal de la perniciosa realidad actual de la desigualdad que muestra nuestro país.

Además, con total desprecio por el ordenamiento jurídico-constitucional que sostiene el sistema republicano, dado que el recorte al PANI contradice un mandato judicial contundente de que debe asignársele el 7% de lo recaudado por impuesto sobre la renta.

“… las acciones de protección para adolescentes, en las cuales el Patronato Nacional de la Infancia juega un papel estratégico, han estado debilitadas por las limitaciones presupuestarias y cuando surge la posibilidad de cambiar esta situación, algunos diputados y diputadas la torpedean, pareciendo vivir en otro país. Probablemente no saben que los rostros de la pobreza son los niños, niñas, adolescentes y mujeres”. Así opina una autorizada voz profesional y objetiva en tal sentido, la de don Alberto Morales Bejarano, jefe de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños, en su comentario titulado “Adolescencia, juventud y envejecimiento”.

Lo que realmente corresponde es que al PANI se le libre de las ataduras que le impiden la ejecución plena de los recursos que recibe para que tenga más movilidad atajando el crecimiento de la desigualdad en el orden de sus competencias de política social. Aprobar el proyecto de ley que está ya en la corriente legislativa para estos efectos es una incuestionable necesidad.

Este tipo de funestas decisiones político-legislativas del fanático y extremista recortismo presupuestario de signo fundamentalista-fiscal, nos llevan a seguir potenciando la existencia de dos Costa Rica.

La Costa Rica de los excluidos ya y de los que están en camino de serlo, muchos de ellos ya descartados de la integración social, como suele denunciarlo el papa Francisco; en contraposición a la Costa Rica de los incluidos, conformada básicamente por quienes están recibiendo los beneficios directos de la concentración de la riqueza, por los que se enriquecen robando impuestos a mansalva, por quienes disfrutan de exenciones impositivas abusivas (con “licencia para evadir”), y por quienes transan con el dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado, mediando el sistema financiero-bancario.

La gravedad de este extremismo fundamentalista del recortismo presupuestario se convierte, prácticamente en un acto delincuencial de orden político, que se ejecuta a fin de proteger al sector del capital para bloquear la legislación pendiente en impuesto a las sociedades anónimas, de esas que se forman para evadir y robar impuestos en el exterior, al mejor estilo de “los papeles de Panamá”; para que nunca se dé la legislación urgente en materia transformación progresiva del impuesto sobre la renta; para que nunca haya la menor posibilidad de gravar esas transacciones sucias que están pasando por el sistema financiero-bancario costarricense, según denuncias del propio gobierno gringo.

Este acto delincuencial de orden político queda todavía más al desnudo cuando otro recorte también extremista, irresponsable, irreflexivo, afectará recursos destinados a combatir la práctica generalizada en la sociedad del robo de impuestos, al impedirse que se fortalezca la policía fiscal del Ministerio de Hacienda. Es decir, el mensaje enviado desde las entrañas del parlamento a los ladrones de impuestos es que sigan robándoseles porque tendrán gran garantía de continuar impunes.

Lo más abominable de todo esto es que esa especie de “pandilla recortista” está dentro de partidos políticos que pretenden hacernos creer que la ideología de los mismos es el Humanismo Cristiano, cuando sus actos últimos en el seno de la comisión hacendaria del parlamento, nos indican una proclividad para favorecer, como indicamos líneas arriba, al capital de la concentración abusiva de la riqueza… Y con la complicidad explícita de quienes todavía tienen la osadía de calificarse como “socialdemócratas”.

¡Y se dio! Un terremoto político ha acontecido con la decisión adoptada por la mayoría del pueblo británico, el Reino Unido, en el referéndum del pasado jueves 23 de junio en el cual el Brexit triunfó. Las élites en el control del real poder político en el seno de la Unión Europea (UE) todavía no parecen explicarse qué pasó.

La cadena de repercusiones de este asunto todavía están por esclarecerse pero, al parecer, todas son sombrías, en especial para las propias clases trabajadoras directamente involucradas: la británica y la del resto de la UE.

¡Sí!, lamentablemente serán “los y las de abajo” quienes habrían de sufrir más con el Brexit puesto que el capital se las agenciará para acomodarse a la nueva realidad dado que, como sabemos, el capital no tiene fronteras y negocios son negocios (bussinnes are bussinnes), con UE o sin ella.

Presuntamente, en un período de dos años (aunque podría ser más), el Reino Unido o Gran Bretaña ya no será más miembro de la UE. Las consecuencias son tan graves que la misma unidad política de este país, a su vez una sumatoria de cuatro semi-estados (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), quedó quebrada, a riesgo de partirse. El Brexit dividió a ese país en lo geográfico, en lo regional, en lo social, en lo demográfico. “¡Qué tortón!”, diríamos en nuestra habla popular tica.

Hemos procurado leer varios comentarios de diversas fuentes político-ideológicas para poder lanzar desde una perspectiva obrero-social algunas reflexiones sobre el Brexit (vocablo que combina las palabras inglesas “Britain” británico y “exit” salida). Les compartimos, al menos, las dos siguientes.

El Brexit triunfa a partir de la fundamental característica de la globalización neoliberal: la exclusión social de los beneficios del crecimiento económico que, cada vez más, se concentran en menos manos. La globalización neoliberal practicada por la UE con sus principales contenidos de fundamentalismo fiscalista y su enfermiza obsesión por el control del déficit fiscal, más las brutales reglas de austeridad en el manejo de la inversión y del gasto público, ha generado que millones de personas, regiones enteras y hasta países completos de la propia UE, caigan en la pobreza y en la precariedad de todo tipo; mientras la acumulación de la riqueza ha alcanzado niveles imposibles de describir en toda su real magnitud. Y para agravar la situación, “al que no quiere caldo, dos tazas”, la deuda pública de muchas de estas naciones de la UE sigue creciendo sin parar, pese a los brutales y criminales recortes del presupuesto público y de la inversión social (el caso de Grecia, es paradigmático).

El Brexit triunfa ante la sensación de que de nada vale votar en elecciones si la voluntad popular no cuenta para nada. Es decir, muchos pueblos de la Unión Europea (UE), resienten que su expresión en la urna por un mejor futuro, por más justicia con equidad, por mayor promoción del bien común y por más inclusión social con real justicia tributaria, “no vale un cinco” (según expresión tica); puesto que en la capital política de la UE, la ciudad de Bruselas, sus tecnócratas se volvieron dictadores de políticas económicas y macroeconómicas para favorecer la acumulación desenfrenada de la riqueza y, especialmente, para favorecer a los bancos del capital financiero global y regional. En otras palabras, la democracia de la urna es aplastada por el poder del capital y en este caso de la UE, por la dictadura tecnocrática de Bruselas.

Ahora bien, pareciera que en esto del Brexit tiene mucho que ver lo que para muchos ya va siendo una conclusión mortal del rumbo que lleva la globalización neoliberal en el sentido de que la austeridad no funciona.

“La austeridad no funciona” es el título de un interesantísimo artículo publicado en Costa Rica, curiosamente, por el semanario El Financiero del Grupo Nación, escrito por el señor Bill Emmot, quieran fuera editor jefe del semanario británico The Economist, una publicación más que “sagrada” para quienes se identifican con el neoliberalismo del mercado loco, sin papel alguno de parte del Estado en la regulación de las relaciones sociales. En esencia este autor (y copio aquí), ha dicho este concepto más que lapidario: “Años de austeridad fiscal en Estados Unidos, Europa y Japón no han logrado nada, así que es hora de que los gobiernos empiecen a gastar otra vez”. ¡Casi nada! La conclusión es que la austeridad mata y la Democracia muere.

El señor Emmot forma parte de un gran grupo de ciudadanos de la UE que vienen planteando que esta unión política va por mal camino. Que los que gobiernan la Unión Europea (UE) y el poder real que la controla, como decimos en Costa Rica, “le están majando mucho el rabo a la ternera”.

En la película “The Great European Disaster Movie” (“La película de la gran catástrofe europea”), de la cual él fue su productor ejecutivo, ya se anticipaba de una forma u otra, el Brexit que estalló y los otros que se ven venir pues hay fuertes presiones y grupos políticos que en otros países de la UE están ya promoviendo referéndums para salirse de esta unión: frexit (Francia), nexit (Holanda), itexit (Italia), dexit (Dinamarca), auxit (Austria), gexit (Alemania) y el ya conocido grexit (Grecia).

En esto del Brexit las propias fuerzas sociales, sindicales y políticas favorables a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea han salido golpeadas, especialmente las izquierdas socialista y socialdemócrata. En el Brexit (y en los otros exit que se ven en el horizonte), los contenidos xenofóbicos, ultranacionalistas, chouvinistas y aislacionistas tomaron mucho auge.

Sin embargo, la esencia del separatismo en perspectiva, con el Reino Unido a la cabeza, es porque la propia UE se ha venido disparando en el pie con sus políticas neoliberales extremistas dentro de las cuales, el fundamentalismo por la austeridad ha demostrado ser suicida y los británicos lo hicieron evidente con su referéndum del pasado jueves 23 de junio. Deplorablemente histórico.

La Unión Europea (UE), si no se reforma, se desintegra. Y la única reforma posible está en los contenidos del programa “Manifiesto por la Democratización de Europa”, el “DiEM25”, cuya proclama arranca con este emblemática consigna”: “La Unión Europea ha de democratizarse. ¡O se desintegrará!”.

Quienes lo suscriben, entre ellos el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, afirman lo siguiente: En el corazón de nuestra UE en desintegración anida un engaño: un proceso de decisión sumamente politizado, opaco y vertical que nos es presentado como “apolítico”, “técnico”, “de procedimiento” y “neutral”… Y dicha confederación se somete al dictado de los conglomerados financieros e industriales, desacreditando a Europa y provocando una peligrosa reacción antieuropea. Naciones orgullosas se están contraponiendo unas a otras. El nacionalismo, el extremismo y el racismo están despertando de nuevo”.

Este documento, “DiEM25”, debe ser de obligado estudio para quienes nos complicamos la vida con estos asuntos de la globalización neoliberal (si le llamó la atención, lo encontrará en www.anep.cr). Finalmente y para el caso costarricense, en esto de la austeridad, de la austeridad que mata, “hay mucha tela que cortar”. Lo abordaremos próximamente.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica publicó en “La Gaceta” del lunes 2 de mayo de 2016, el Tarifario de Procedimientos Médico-Quirúrgicos, que debe regir la prestación privada de servicios médicos en el país.

Este tarifario aumenta, desproporcionadamente, el COSTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS hasta en un 200% sobre los valores actuales en algunos casos. Dicho TARIFARIO pretende regular los PRECIOS MÍNIMOS (no los máximos, los cuales asumimos no tienen techo) de los servicios que prestan estos importantes profesionales de las ciencias médicas a la sociedad costarricense, sobre todo en el ámbito privado del ejercicio de esta noble, humanitaria y cristiana profesión.

Muchas han señalado ya la gravedad de la desafortunada decisión que representa el pretendido tarifario del Colegio de Médicos.

El juzgamiento público, de carácter político, social y mediático a las temerarias tarifas tiene sobradas y justificadas razones. Las repasamos en estas líneas para que los y las costarricenses y, sobre todo, los propios médicos hagan conciencia de las consecuencias negativas de este tarifario, de mantenerse. Los efectos en nuestra vida diaria son de alto impacto.

PARA LA CCSS: Estos incrementos desplazarán a una importante masa de la población que paga religiosamente el seguro social pero que habitualmente NO SON USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA CCSS (por su poder adquisitivo que les permite tener acceso a servicios médicos privados, ya sea por compra directa de estos servicios o por medio de los seguros médicos privados), a ser USUARIOS MÁS REGULARES DE LA CCSS, con las implicaciones económicas directas para la ya debilitada institución.

DISPARA LA INFLACIÓN: Por sus efectos en los encadenamientos productivos, formales e informales, internos y externos, públicos y privados, los servicios médicos son por naturaleza disparadores de la inflación y del costo de vida; y como resultado de todo esto, de más injusticia social a nuevos sectores de la clase media, sin hablar de los estamentos más pobres.

ENCARECIMIENTO DE LA “TERCERIZACION” DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS: La “moda” de contratar personas físicas o jurídicas en la prestación de servicios a los entes públicos y privados, sin duda elevará los costos de todos los bienes y servicios que dichas empresas prestan a los usuarios y usuarias. Sencillamente trasladan los costos a la persona consumidora final. Esto también aplica para la propia CCSS.

SEGUROS OBLIGATORIOS DE RIESGOS DEL TRABAJO Y AUTOMOTOR DEL INS: Al elevarse los costos de servicios médicos, todos aquellos servicios médicos que los afectados por estos regímenes requieran se encarecerán, en el tanto el INS subcontrata muchos de estos servicios con profesionales privados o centros médicos privados.

En adición, los topes del Seguro Obligatorio Automotor (¢6 millones por persona en caso de accidente de tránsito) se agotará más rápido, por lo que el INS deberá remitir a la CCSS dichos casos. De nuevo la CCSS (es decir, todos nosotros), paga los platos rotos de esta historia.

MERCADO DE SEGUROS MÉDICOS PRIVADOS: Instituciones como el INS, aseguradora del Estado con más del 87% del mercado de seguros, podría verse seriamente afectada en la colocación de seguros médicos privados, por los efectos cascada que estos incrementos generarán en el corto y mediano plazo. También afectará a todo el sector asegurador privado en general. Ello sin duda generará desempleo en el sector asegurador, público y privado, al verse mermado el mercado de seguros médicos que venían en ascenso. En adición, producirá fuga de capital, al promover en los nacionales de alto poder adquisitivo, adquirir seguros fuera del país.

TURISMO MÉDICO: Si bien es un sector que se ha venido consolidando gracias a muchos factores positivos de nuestro país, y que genera muchas fuentes de empleo directo e indirecto (y que está ligado intrínsecamente al turismo tradicional), sin duda el turismo médico es uno de los más vulnerables ante el nuevo tarifario.

Ya no será tan atractivo vacacionar en Costa Rica y de paso realizarse un tratamiento médico.

DEMANDA INTERNA DE SERVICIOS MÉDICOS PRIVADOS: Cuando un bien o servicio se encarece demasiado, su consumo se restringe de igual forma. Esto según lo dictan los grandes gurúes del capitalismo académico. No tenemos duda que eso sucederá en este caso. Por ello, flaco favor le hace el propio Colegio de Médicos a sus agremiados al “obligarlos” a cobrar MÍNIMOS MUY ALTOS, a sus clientes. Estos clientes buscarán otras alternativas de servicio, siendo siempre la CCSS, en la mayoría de casos, su opción final. Es probable que esto genere “competencia desleal” entre médicos, sobre todo en aquellos médicos de alta conciencia social, en el tanto vuelve obligante y sujeto a sanciones el no cumplir con las tarifas establecidas.

La comisión técnica médica que tuvo la responsabilidad de generar este odioso tarifario, se extralimitó. Han metido al Colegio de Médicos en un gran lío sociopolítico de repercusiones negativas para el conjunto de la sociedad. Posiblemente algunos de ellos vivieron en Estados Unidos y asumen que podemos igualar los precios médicos de esa nación.

No podemos caer en el extremismo de que los médicos deban regalar su trabajo. A cada uno de ellos le ha costado esfuerzo y muchos recursos, tanto de sus padres y madres como del Estado, en las universidades públicas o privadas, para obtener sus títulos y especialidades.

Por lo que tampoco es de recibo por parte del Colegio de Médicos ese espíritu estrictamente mercantilista en la prestación de dichos servicios, dejando del todo por fuera los principios más elementales de la vida humana y la solidaridad social que han caracterizado la profesión médica en nuestro país. Un gremio como el médico se juega mucho en esto, sobre todo su conciencia social histórica, al pegarle una bofetada a la sociedad costarricense con la actuación que refleja la promulgación de este tarifario médico. Hay tiempo para rectificar y, con vehemente respeto, los llamamos a que anulen dicho tarifario y lo adapten a las condiciones de nuestra realidad económica.

No estamos en contra de que el gremio médico regule con precios razonables los servicios que brinda a la ciudadanía. Es su derecho y lo respetamos. Lo que no se vale es aprovechar el mandato de ley que los faculta para generar e imponer al resto de la sociedad precios que no van acorde con nuestra realidad, aunque sea tratándose de servicios privados entre paciente-médico, que sin duda impactará negativamente a toda la economía nacional y, en particular, a la CCSS. El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA hizo suya esta posición.