Dinero narco: Costa Rica contra la pared

El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos lo dijo, contundentemente, y casi nadie chistó. “Calladitos, más bonito”. Son 4 mil 200 millones de dólares (4.200.000.000), los dineros sucios que transitan por el sistema económico-financiero nacional, al año. Hablamos de unos 2 billones 268 mil millones de colones (2.268.000.000.000), equivalentes a 7.5% puntos del Producto Interno Bruto (PIB). ¡Casi nada!…

Recordemos que este concepto, PIB, es un vocablo muy usual actualmente en que lo económico está por encima de lo social, lamentablemente. A muchos de nosotros nos cuesta mucho entender eso de PIB y según hemos leído se trata de un valor monetario que resulta de sumar los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado (un año, por lo general).

EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas, públicas y privadas, de cada país, únicamente dentro de su territorio. Para el caso costarricense, según se nos ha explicado, un punto porcentual (1%) de PIB, equivale a poco más de 300 mil millones de colones (300.000.000.000).

Ahora bien, esos dineros sucios (los 4 mil 200 millones de dólares), son producto de la ilícita actividad del crimen organizado, especialmente vía tráfico de drogas, lavado de dinero, operaciones ilegales de banca off-shore, sociedades anónimas tipo “Panama Papers”; negocios de apuestas por internet, juegos de azar, casinos y similares que sirven para encubrir actividad financiera ilegal; y, por ende, astronómicos montos de evasión de impuestos.

Esto ha llegado ya a tales niveles en nuestro país que Costa Rica ha quedado contra la pared. No tiene alternativa. Tendrá que adoptar urgentes y drásticas medidas legislativas para controlar toda esta suciedad y toxicidad financieras, so pena de que la comunidad internacional de naciones nos catalogue como un país que no quiere cooperar contra el lavado de dinero y que no quiere adoptar rigurosos controles para evitar operaciones de financiamiento del terrorismo.

Costa Rica ha sido sentenciada así por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad perteneciente al G20, el grupo de veinte naciones más industrializadas del planeta.

Recordemos que el G-20 es un grupo de naciones cuyas economías juntadas entre sí representan el 85% del producto económico global, con Estados Unidos a la cabeza, más la Unión Europea (UE, en cuanto tal 27 estados), Rusia, Japón, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Más, México, Brasil, Argentina, Sudáfrica, Turquía, India, China, Indonesia, Corea del Sur, Arabia Saudita y Australia.

El GAFI surge frente a la amplia difusión geográfica de las actividades de producción, el carácter internacional de las rutas de distribución de drogas y la capacidad para mover el dinero de la droga a través de las fronteras; contrastando todo ello con las debilidades de las legislaciones nacionales y la insuficiencia de las fuerzas del orden para controlar todo esto.

Cada vez más, se reconoció la necesidad urgente de una acción decisiva y multilateral para hacer frente al problema mundial del blanqueo de capitales y otros abusos del sistema financiero, como un medio de atacar el corazón del tráfico de narcóticos ilegales y la delincuencia organizada.

Junto con las medidas para fortalecer la cooperación internacional en la erradicación de la oferta y medidas para frenar la demanda de drogas, se incluyó el establecimiento del GAFI cuya misión inicial fue centrarse en la prevención de la utilización del sistema bancario y otras instituciones financieras para el blanqueo de capitales derivados del narcotráfico. Así se fue desarrollando un consenso internacional sobre medidas para ayudar a identificar, localizar y aprovechar los productos del delito de drogas y otras actividades delictivas conexas.

El GAFI elaboró una serie de recomendaciones (más de 40) sobre medidas concretas, incluida la adaptación de los sistemas jurídicos y de reglamentación que ayudaría a detectar, prevenir y castigar el mal uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

En tal sentido y para el caso costarricense, el proyecto de ley actualmente en debate parlamentario contra el fraude fiscal, el cual incluye el registro de accionistas para determinar los beneficiarios finales de las rentas de las sociedades anónimas, está en la línea de las exigencias del GAFI (o del G-20). La filial regional del GAFI, sea, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), también ha puesto a Costa Rica contra la pared al respecto.

Costa Rica no tiene escapatoria: tendrá que establecer el registro de accionistas para conocer los beneficiarios finales de las sociedades anónimas; para conocer los bufetes y los abogados inescrupulosos que formalizan enormes cantidades de sociedades anónimas para manejar ese dinero sucio; para saber quiénes utilizan prácticas tipo “Los papeles de Panamá” para cometer ese gran crimen social que es el robo de impuestos.

El enemigo No. 1 (al menos el que es mediáticamente visible), de toda la clase trabajadora y, particularmente, de la que se desempeña para el sector Público, el diputado Otto Guevara Guth, ya no podrá seguir torpeando el proyecto de ley contra el fraude fiscal que incluye el registro de accionistas de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas.

Como “capataz político” que ha sido este legislador del archimillonario sector del capital financiero costarricense, ahora, sus propios “patrones políticos” le están zafando la tabla: la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) está admitiendo que no hay opción porque al país el G20, el GAFI y el GAFILAT lo meterán en la “lista gris” de naciones no cooperantes en contra del lavado del dinero y no cooperantes en contra de la facilitación de financiamiento de operaciones del terrorismo, si nuestra Asamblea Legislativa continúa sin aprobar leyes como ésta contra el fraude fiscal que incluye el registro de accionistas.

¡Estamos felices! Habrá registro de accionistas y se podrá controlar mejor las operaciones ilícitas de manejo de dineros sucios que son parte del complejo entramado de evasión tributaria y de robo de impuestos.

El proyecto contra el fraude fiscal, incluyendo el registro de accionistas para determinar los beneficiarios finales de las rentas de las sociedades anónimas, ¡va, porque va! Así ha sido ordenado por el G-20, vía el GAFI-GAFILAT… la globalización neoliberal. Punto.

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