Categoría: Opinión

Dice el artículo 62 de la Constitución Política de nuestro país lo siguiente: “Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.

Este precepto constitucional, vigente desde el 7 de noviembre de 1949, aplica con idéntica fuerza jurídica tanto para favorecer a la clase trabajadora del sector público como para la del sector privado.

Lo que ha venido sucediendo es que en el marco de la terrible campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico desatada en los últimos treinta meses en contra del empleo público, a la opinión pública se le manipuló de tal forma que se ha posicionado la especie de que las convenciones colectivas de trabajo son sólo de los empleados públicos y para que estos tengan “privilegios” y “gollerías”. Nada más alejado de la realidad.

Este postulado constitucional de la Negociación Colectiva incluido como lo acabamos de indicar en la Carta Magna costarricense del 7 de noviembre de 1949, pretende ser derogado, abusiva e ilegalmente, con el proyecto neoliberal en contra del empleo público, expediente legislativo No. 19.506, al cual le pusieron el impropio título de “Ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el sector público”.

Se desenmascaran así las reales intenciones, las verdaderas motivaciones, los perversos objetivos de esta conjura en contra del empleo público que hemos estado confrontando en los últimos meses. El expediente 19.506 expresa un ataque directo a las convenciones colectivas de trabajo, tan odiadas por los sectores del capital neoliberal y sus principales vocerías mediático-parlamentarias.

Con la excusa de los pluses salariales reconocidos a la clase trabajadora del sector Público, se pretende atentar en contra ya no solamente de la propia Constitución Política costarricense, sino en contra de un Derecho Humano fundamentalmente reconocido como lo es la Negociación Colectiva, con base en la legislación mundial que en materia laboral dicta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Igualmente, todos los elementos jurídicos y jurisprudenciales del Derecho Laboral costarricense en materia de convenciones colectivas de trabajo, acumulados durante varias décadas y desde la emisión misma del actual Código de Trabajo, en 1943, pretenden eliminarse con el expediente legislativo No. 19.506.

El siguiente texto de este proyecto de ley es completamente aleccionador de su intencionalidad liquidacionista con respecto a la Negociación Colectiva: “Iniciado el proceso de negociación, la convención colectiva cesará sus efectos cuando se exceda el plazo máximo de doce meses de negociación entre las partes”.

Un jerarca institucional de una empresa pública con convención colectiva, al igual que un alcalde en cuya municipalidad también exista un instrumento laboral como este, va a estar tentado de impedir una renegociación colectiva si sabe que la vigente se extinguirá al cabo de doce meses de vencida, aunque se le demande responsabilidad administrativa por actuar con esa mala fe.

Las posibilidades de “matar” la convención que es, a su vez, “matar” al sindicato, hará que valga la pena correr el riesgo de la responsabilidad administrativa que, como sucederá, hará que la mala fe del jerarca quede impune.

Así es cómo han ideado estos neoliberales acabar con las convenciones colectivas de trabajo; maniobra esta que, repetimos, queda ahora totalmente al desnudo, especialmente porque hasta ellos mismos ya están reconociendo que los salarios que se le pagan a los empleados públicos no son los responsables del déficit fiscal.

Paradójicamente, este ataque a la Negociación Colectiva, específicamente a las convenciones colectivas de trabajo, se ejecuta en contra de la nueva ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), aún sin haber entrado en vigencia la misma, lo cual ha de ocurrir el próximo 25 de julio de 2017; histórica legislación que, por el contrario a las pretensiones del proyecto 19.506, más bien fortalece las posibilidades de Negociación Colectiva en ambos sectores de la economía: el público y el privado.

El desprecio que algunos sienten en este país por el Derecho Internacional, por los compromisos del país con la legislación internacional en materia laboral, merece la más fuerte censura de todas las personas patriotas que saben que el respeto pleno a los Derechos Humanos es un posicionamiento estratégico de Costa Rica largamente proclamado ante la comunidad mundial de naciones, que siempre debemos defender y preservar.

Quienes luchamos desde la corriente sindical que nos motiva y con cuyo pensamiento nos identificamos, creemos que Costa Rica está perdiendo la batalla de la seguridad ciudadana, uno de los ámbitos más sensibles para una convivencia en paz, con seguridad y con inclusión social.

Los principales cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo están dentro del conjunto de grupos civiles víctimas directas de una sociedad cuya hegemonía político-económica de los últimos treinta años decidió apostar por la apertura comercial irrestricta, por la desigualdad social y por la concentración de la riqueza, más la precarización de las condiciones de empleo y de trabajo.

Los y las integrantes como servidores públicos de Fuerza Pública, Policía Aeroportuaria, Policía de Control de Drogas, Policía Penitenciaria, Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, de lo que podríamos denominar policía ecológico-ambiental (guardaparques), Policía Fiscal, aunando Policía Municipal; adolecen de serias carencias en su quehacer cotidiano que les impiden cumplir su estratégica misión de seguridad ciudadana en todos estos órdenes de servicio público.

Los roles de trabajo, las condiciones de inseguridad física y jurídica, las jornadas de trabajo extenuante, régimen laboral de excepción, débil y precario avituallamiento, rezago tecnológico, ausencia y/o deterioro de salud ocupacional, precariedad y congelamiento salarial, acoso jerárquico-laboral, enormes distancias en cuanto a remuneraciones de los que mandan con relación a los que son mandados, déficit de personal, posibilidades de pensión y jubilación especial, etc., etc.; forman parte de una molestia policial de orden sociolaboral que ha ido creciendo, que es vista con desdén, a la cual no se le pone la debida atención y que desde la organización sindical (la que es responsable, profesional y civilista), se procura canalizar en función de la preservación de la institucionalidad republicana.

Por no decir todos, estos cuerpos policiales en ese estado de situación de vulnerabilidad interna y de precarización sociolaboral y salarial, precisamente desarrollan su quehacer en ámbitos sociales donde la vulnerabilidad social y de pobreza, donde la exclusión social y donde la desigualdad han hecho estragos.

Hemos venido planteando que actualmente hay dos Costa Rica: la de los incluidos y la de los excluidos o en vías de serlo, en lo que atañe a la mejor distribución de la riqueza y de los beneficios del crecimiento económico. Pues bien, el personal de los cuerpos policiales del país (al menos los mandados no los “rayados”), y las poblaciones que atienden, están ya inmersos o van para adentro de esa Costa Rica de los excluidos.

La carencia de personal es grave en todos estos cuerpos policiales y por ello es que afirmamos que el país está perdiendo la batalla de la seguridad ciudadana.

Urgen más policías en las comunidades, especialmente las violentadas por la exclusión y por la desigualdad, aunque la verdadera esencia de la violencia y de la delincuencia es la exclusión social, la ausencia de oportunidades y la carencia de políticas estratégicas de prevención; agravado todo ello por las debilidades en cuanto a planificación operativa, incapacidades de ejecución presupuestaria y despilfarro de recursos.

Urgen más policías migratorios pues por nuestras fronteras terrestres está entrando “Raymundo y todo el mundo”. El narcotráfico y el crimen organizado muestran su potencia y su fuerza con todo despliegue y cinismo y nuestras policías dedicadas a enfrentarles cada vez están más en indefensión. ¿Para qué fanfarronear al mundo que somos un país verde si todo el patrimonio ecológico nacional se lo está llevando la caza furtiva, el comercio ilegal de especies y el negocio sucio del narcotráfico por la carencia de guardaparques? La matazón en las carreteras crece y crece y no tenemos ya suficientes policías de Tránsito. Las cárceles urgen de más policías para alivianar, humanizar las condiciones de sobreexplotación laboral de la vigilancia penitenciaria, urgidísima de mucha salud ocupacional.

Les sobra razón a los cuerpos policiales en esta justa lucha y a quienes se han de manifestar (se manifestaron) en este día, no importa la cantidad. Deben saber que recogen el mayoritario sentir de este abrumador malestar policial-laboral que sigue creciendo.

De la gran cantidad de problemas que están afectando nuestra convivencia como sociedad costarricense, hay uno que está emergiendo con gigante urgencia de ser atendido antes de que una catástrofe humanitaria nos estalle en nuestras propias caras: la necesaria legislación que requiere la población para proteger las fuentes acuíferas y para que se nos asegure, tanto a la generación actual como a las que nos siguen, buen y seguro acceso al recurso hídrico limpio, sin contaminación.

Todos los especialistas en geopolítica mundial coinciden: las guerras por el control de las fuentes de agua serán más importantes que las actuales en desarrollo por el control de las fuentes de petróleo. Es más, si ya no están aquí, las guerras por el agua están a la vuelta de la esquina.

¡Nos están arrancando la vida! Para que sigamos viviendo, requerimos tener agua pura para tomar, necesitamos que se apruebe la “Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico”, propuesta de legislación por el mecanismo de participación ciudadana conocido como “iniciativa popular” (para la cual miles y miles firmamos como quien esto escribe); así como se requiere que en Costa Rica se declare el agua como un Derecho Humano, lo cual ocupa de reforma a la actual Constitución Política de nuestro país.

En el caso del proyecto “Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico”, la Asamblea Legislativa está cometiendo una grotesca burla al mecanismo constitucional de iniciativa popular, incrementando así el rechazo ciudadano a la cuestión parlamentaria; pues si ya está bien acendrada la percepción popular de que los intereses egoístas del poder económico se imponen, por lo general, a los del bien común cuando se trata de aprobar leyes a favor de la gente; en este caso de la citada legislación, la desfachatez y el descaro es incuestionable. Una poderosa minoría económica tomó la decisión de arrancarnos la vida y negarnos el acceso a agua pura, limpia, segura.

Es una ineludible obligación ético-moral del actual señor Ministro de Ambiente y Energía, don Edgar Gutiérrez Espeleta, ponerle nombre y apellidos a cada uno de esos intereses económicos que él tiene identificados como los que nos quieren arrancar la vida, bloqueando la aprobación del proyecto “Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico”; mismo que lleva ya 6 años en la corriente parlamentaria. ¿Quiénes son, sr. Ministro Gutiérrez Espeleta? ¿Cuáles cámaras empresariales?, ¿cuáles organizaciones agropecuarias?, ¿cuáles desarrollos hoteleros?, ¿cuáles fabricantes de cerveza y de embotellamiento de agua para beber?, ¿cuáles inversionistas turísticos?, ¿cuáles desarrolladores de condominios? Con todo respeto, se hace usted cómplice si no le dice a la opinión pública quiénes están bloqueando la aprobación parlamentaria del proyecto “Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico”.

Prácticamente ya no hay semana en que no salga a la opinión pública al justo reclamo de una comunidad, urbana o rural, que no está recibiendo un suministro adecuado de agua potable; o, que la esté recibiendo de manera contaminada. Algo grave está pasando y ya tenemos en nuestro propio suelo, una especie de guerra por el agua. Lo “curioso” es que el servicio de agua potable está presentando este tipo de problemas en localidades de los sectores populares, pues no hemos visto una protesta de barrios de personas adineradas, o de grandes hoteles, o de usuarios de canchas de golf.

Con todo respeto bien harían los señores diputados y las señoras diputadas actuales, más allá de sus procedencias partidistas pero que ostentan valores fundamentales supremos a la vida humana, como lo es el derecho humano fundamental de acceso y protección del agua, en usar todo el poder que les da el reglamento legislativo para obligar a la votación de la iniciativa popular (recuerden, ¡iniciativa popular’), “Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico”; tanto como para que empiecen a caminar las reformas constitucionales que nos garantizan el agua como un Derecho Humano fundamental.

A este último respecto, resulta inconcebible que un país como México, en el cual la pobreza y la desigualdad crecen dolorosa e indeteniblemente, tenga (aunque sea en el papel), en el artículo 4 de su Constitución Política este precepto: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

En el caso de nuestro país, que el agua se nos reconozca como derecho humano fundamental depende de que se modifique el actual artículo 50 de la Constitución Política que pasaría a leerse así: “Artículo 50. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El acceso al agua potable es un derecho humano. El Estado garantizará, defenderá y preservará esos derechos. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.

Lleva razón el señor diputado jefe de la fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio (FA), don Edgardo Araya Sibaja, cuando afirma que estamos demasiado ocupados discutiendo sobre el tema fiscal, cuando éste ha de perder todo sentido si nos quitan el agua que es como arrancarnos la vida. Efectivamente, el tema del agua, su defensa, la lucha contra esos intereses económicos de los que habla el mencionado ministro del Minae, contra los mercaderes de la vida que quieren privatizarla, requieren de una real y verdadera unidad nacional.

Y, además, el agua como servicio público incluido en el TISA (Acuerdo Multilateral de Comercio de Servicios, por sus siglas en inglés), deben ocupar gran parte de la agenda actual de lucha de los sectores sociales y sindicales y cívico-políticos de corte patriótico. La defensa del agua ofrece una extraordinaria oportunidad de confluencia unitaria en defensa de los intereses del pueblo trabajador, pues primero tenemos que tomar agua (que es tener vida) para después ponernos a discutir sobre ideologías.

Esto lo entendieron a la perfección los señores diputados y las señoras diputadas del período constitucional 2010-2014 que presentaron la reforma constitucional del artículo 50 para que el agua se nos dé como derecho humano. Estaban representando, al presentar esta iniciativa de ley, expediente legislativo No. 17.793, las más diversas colectividades político-partidistas pese a sus pensamientos ideológicos distintos.

Recordemos sus nombres porque es sumamente justo hacerlo en estas circunstancias duras con esto de que la guerra del agua ya está en Costa Rica: Mireya Zamora Alvarado, Víctor Danilo Cubero Corrales, Carlos Luis Avendaño Calvo, Rita Chaves Casanova, Víctor Emilio Granados Calvo, Justo Orozco Álvarez, Damaris Quintana Porras, Adonay Enríquez Guevara, Patricia Pérez Hegg, Ernesto Chavarría Ruiz, Edgardo Araya Pineda, Manuel Hernández Rivera, Gloria Bejarano Almada, Luis Fishman Zonzinski, Martín Monestel Contreras, José Joaquín Porras Contreras, Luis Gerardo Villanueva Monge, Rodolfo Sotomayor Aguilar, José María Villalta Florez-Estrada, Carlos Humberto Góngora Fuentes, José Roberto Rodríguez Quesada.

La defensa del agua, que es la defensa de la vida misma, nos convoca a luchar.

1. En las últimas semanas y meses se ha desarrollado la campaña político-mediática más infame de toda la historia del empleo público costarricense, con contenidos perversos de agresión psicológica y de terrorismo ideológico. El movimiento sindical y las más connotadas figuras del mismo han sido presentadas como “cosa nostra”, como “capos mafiosos”, respectivamente. Afortunadamente, existe este bastión de la Libertad de Expresión, el grupo periodístico EXTRA, siendo posible dar a conocer nuestras posiciones al respecto.

2. Se ha posicionado en el inconsciente colectivo de toda la sociedad, maliciosamente, que la totalidad de los empleados públicos tiene salarios de lujo y goza de privilegios abusivos. Estamos conscientes de las situaciones abusivas, totalmente excepcionales pero la generalización odiosa no permite una discusión sana, tranquila, en paz. Hubo que atrincherarse ante tal campaña.

3. El déficit fiscal no se debe a los salarios de los empleados públicos. Punto. Lo hemos demostrado hasta la saciedad y nadie nos ha desmentido. Todas las corrientes sindicales han adoptado los planteamientos de la ANEP al respecto.

4. El déficit fiscal tiene que ver con 8.5 puntos PIB por robo de impuestos; 6 puntos PIB por exenciones-exoneraciones; 2.5 puntos PIB por impuestos perdidos “gracias” a los tratados de “libre” comercio; 7.6 puntos PIB del dinero narco que pasa por la economía libremente; 7.5 puntos PIB por plata no ejecutada, “guardada” en las instituciones (subejecución presupuestaria). En la calle andan dando vueltas 32.1 puntos PIB para resolver el déficit para siempre.

5. Se le ha ocultado a la sociedad que una enorme cantidad de segmentos laborales del empleo público tienen salarios bajos, condiciones ocupacionales precarias y que representan servicios públicos dirigidos a poblaciones vulnerables, pobres y cargadas de violencia por la exclusión social en desarrollo.

6. La campaña político-mediática desarrollada contra el empleo público ha sido una espesa y densa cortina de humo para ocultar la realidad explosiva de un sistema tributario altamente regresivo, facilitador de la concentración de la riqueza, dado que proporcionalmente hablando pagan más los que menos tienen; y los que tienen más, evaden, eluden y/o maniobran, empleando peonada jurídica experta para pagar menos.

7. En materia de empleo público el país está perdiendo la batalla de la seguridad en diversos órdenes. Por ejemplo: seguridad ciudadana, migratoria, carcelaria, vial, fronteriza, contra el crimen organizado y el narcotráfico, ecológico-ambiental (parques nacionales). Las restricciones presupuestarias, la incapacidad de las cúpulas político-burocrático-gerenciales para ejecutar lo presupuestado, las restricciones abusivas en materia de nuevo empleo público, se han conjugado para tan deplorable situación.

8. El lado oculto del déficit fiscal es el grave problema de la deuda pública del país, interna y externa. ¿Cuánto, en realidad, debemos? ¿A quién le debemos? ¿Quiénes ganan con el pago de intereses de la deuda? ¿Cuáles son los bufetes que representan a los acreedores? ¿Serán los mismos que ayudan a evadir y eludir el pago de impuestos? Hace falta una auditoría ciudadana de la deuda.

9. Se ha satanizado todo el sistema de Negociación Colectiva consagrado en el sistema jurídico costarricense y establecido por el Derecho Internacional, como Derecho Humano Fundamental. Las convenciones colectivas de trabajo, por ejemplo, han sido exhibidas como un “privilegio” de los empleados públicos, exclusivamente, ocultándose que puedan establecerse en las empresas privadas con el mismo sistema legal indicado.

10. Ajustamos ya casi treinta meses de resistencia feroz en defensa del empleo público, mediando sólidos argumentos de nuestra parte con responsable estudio y planteamientos sumamente justificados, sin tener que emplear la consigna sindical hueca, la ofensa insultante o la mediocridad de un panfleto espurio. En la corriente sindical en la cual nos movemos, hemos acudido a la movilización en los momentos precisos y seguimos llamando a la misma, reiterando la importancia de la más grande unidad en la acción para una victoria transitoria en el contexto del presente mandato constitucional parlamentario.

El aparentemente liquidado expediente legislativo No. 19.923, número que pasará a la historia como uno de los episodios político-parlamentarios más detestados en cuanto a un proyecto de ley determinado, comprende dos partes, ambas de igual naturaleza complicada, abusiva, explosiva y provocadora.

La primera parte de tal iniciativa legal que es la de las reglas fiscales tipo ajuste a lo “terapia de choque” fondomonetarista, ha sido desechada pues se dieron cuenta de su inviabilidad política, al constatarse de que representaba un verdadero barril de pólvora social identificado con el número 19.923. ¡No va esta parte ya! Sus promotores mismos, la denominada alianza opositora del parlamento, así lo han anunciado. Ahora discutirán las reglas fiscales que propone el Gobierno y ya veremos qué dicen éstas para poder tener un criterio responsable y serio al respecto.

La segunda parte del proyecto “maldito”, el 19.923, es también “material inflamable”. Es el tema del empleo público. Pero, ¿cuál empleo público? Habrá en próximos días un proyecto de ley específico para tal fin, con base en un expediente legislativo ya en trámite, el 19.506, al que se la han realizado muchos cambios y cuya versión final todavía se desconoce.

Ahora bien, para todos esos grupos político-económicos y mediático-corporativos con un interés más que subjetivo en el tema (para decirlo de manera “elegante”), la interrogante que debe lanzárseles es de cuál tipo de empleo público quieren hablar.

Especial énfasis en este emplazamiento hay que hacerles a varios señores diputados y varias señoras diputadas cuya enfermiza posición en contra del empleo público, cargada de odio, ya todos tenemos identificada.

Por ejemplo, ¿podrían pasar un día laboral limpiando caños, recogiendo basura y aseando parques con escoba incluida, esas personas que tan virulentamente han atacado el empleo público en los últimos meses? ¡Este es un empleo público de carácter municipal! No le vemos “privilegio” alguno.

Por ejemplo, ¿podrían estas personas político-empresariales que con tanta saña han atacado el empleo público, subirse a un fortín de vigilancia carcelaria, permanecer doce horas continuas en él y sin poder hacer sus necesidades fisiológicas pues no hay personal que le releve para las mismas? ¡Es éste un empleo público de tipo policial! ¿A dónde está el “privilegio”?

Por ejemplo, ¿qué les parece señores anti-empleo público, irse a un CEN-CINAI, cocinar, atender y asear durante 10 horas seguidas a 60 niñitos y niñitas, de hogares pobres dirigidos por una mujer jefa de hogar que tiene que irse a trabajar por un salario que, por lo general, ni siquiera es el mínimo de ley? Este es un empleo público del sector social estatal. ¿Y el “privilegio”?

Por ejemplo, ¿alguno de ellos se subiría a un poste de electricidad de cuatro o cinco metros de altura, con fuerte aguacero incluido, para reparar una avería surgida súbitamente cerca de las 11 de la noche? Este es un empleo público típico de una empresa pública suministradora de servicios eléctricos y con altísimo riesgo de vida y de salud. ¿Cuál privilegio hay aquí?

Por ejemplo, ¿así con su vestidito “limpiecitico” podría una señora diputada muy enemiga de los empleados públicos, estar en un turno de 8 horas como de asistente de pacientes en un hospital público, aseando al enfermo en cama que ni puede levantarse por su severa dolencia para realizar sus mínimas necesidades corporales? Éste es, también, un tipo de empleo público en el campo de la salud y, ¿creerá usted que es “privilegiado”?

Por ejemplo, ¿podrían este tipo de personas participar en un operativo de seguridad ciudadana en una comunidad marginal, muy penetrada por el comercio narco y cargada de violencia producto de la exclusión social? Este es un tipo de empleo público y no creemos que sea de “privilegio”.

Por ejemplo, ¿podrían asistir a dar una lección a una escuelita rural de una zona empobrecida del país, cuyos alumnos llegan con hambre o mal alimentados, a lo mejor víctimas de agresión; y la educadora debe transformarse, por tanto, en madre, tía, psicóloga, nutricionista, enfermera? Este es un empleo público y no creemos que sea “privilegiado”.

Por ejemplo, ¿podrían estas personas pasar la noche en un puesto de vigilancia fronteriza, compartiendo la precariedad laboral y ocupacional del respectivo personal migratorio, sintiendo la impotencia de la pobreza institucional de este tipo de empleo público, nada “privilegiado”?

Por ejemplo, ¿podrían acompañar a una profesional de Ciencias Sociales a una visita domiciliar en un barrio urbano-marginal para liberar de agresión doméstica a una madre reiteradamente violentada o a un infante víctima constante de golpes; presenciando así cómo se vive el rechazo no menos violento a la intervención institucional? Este es un tipo de empleo público en el área de los servicios sociales y por ningún lado le vemos lo “privilegiado”.

Por ejemplo, ¿por qué no conforman una pequeña delegación político-diputadil y durante toda una mañana se van a repartir recibos por servicios públicos; calle por calle, acera por acera, para que experimenten las más diversas reacciones posibles de gente que se estresa porque llegó el recibo y no hay plata para pagarlo? Este es un tipo de empleo público y no creemos que sea “privilegiado”.

Por ejemplo, vayan a ciertas oficinas de tramitación documental en las cuales sutanito fue despedido, menganito (dichosamente) se pensionó, hubo un “suertudo” que logró un mejor empleo y otro está incapacitado. Ya no hay sustituciones, están congeladas las plazas o eliminadas; y, entonces, los dos o tres que quedaron, a “apechugar” con el trabajo propio y el de los que ya no están, sin posibilidad de reconocimiento de horas extras, porque tampoco hay presupuesto. Es este un tipo de empleo público y no vemos su “privilegio” por ningún lado.

Hay más, muchos más ejemplos. Esto es apenas una pincelada de situaciones sociolaborales y psicoemocionales negativas que se están viviendo en, prácticamente, muchísimos segmentos laborales de la Administración Pública costarricense.

Y todavía, la situación se agrava porque se responsabiliza al empleo público del déficit fiscal; la situación se agrave porque la ciudadanía que recibe este tipo de servicios públicos, se enoja por la pobre calidad de prestación de los mismos por causas ajenas a quienes los brindan; la situación se agrava porque, por lo general, en este tipo de empleo público el alto endeudamiento salarial es generalizado.

Entonces, ¡digan!, ¡destápense!, ¡pongan las cartas sobre la mesa!: ¿de cuál empleo público quieren hablar?; ¿cuál es el empleo público que les molesta? Puntualicen, caso por caso, sector por sector, los empleos públicos “privilegiados”… Así demostraremos la naturaleza infame de haber realizado juicios sumarios contra todo el empleo público, agraviando miles y miles de conciencias obreras honestas. ¿Se puede comprender ahora cómo están dadas varias condiciones para una Huelga General? ¡Ojalá lo entiendan bien!

Lo que se conoce como movimiento sindical costarricense está dividido. Entendemos que el movimiento cooperativo, también; al menos, en dos corrientes principales. Según se nos cuenta, el movimiento solidarista no escapa a esta característica, pues hay unas tres entidades que compiten por tener la real legitimidad de este tipo de asociaciones.

Nos parece que el ecologismo y el ambientalismo de la Costa Rica de hoy expresa tal característica: la división. El gremio taxista tiene dos vertientes sumamente manifiestas como públicamente consta.

En el empresariado, las cosas no parecen ser distintas. Dos ejemplos lo ilustran: Los exportadores tienen su propia cámara y no están incluidos dentro de la máxima organización del alto empresariado corporativo. Los autobuseros, por igual: están partidos en dos cámaras.

Prácticamente, todos los partidos políticos con actual representación parlamentaria, están partidos.

…Y así por el estilo en otros sectores de lo que se ha venido denominando sociedad civil. Seguramente convendrá usted con nosotros en que con tal estado de cosas que presenta el actual escenario sociopolítico nacional del país, el único factor de unidad nacional que nos ilusiona es la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica. Cuando de la sele se trata, el “tiquismo” se nos sale hasta por los poros… pero hasta ahí.

Que todos estamos de acuerdo en vivir en Democracia, ¡igual!, es un sentimiento de unidad nacional… pero en lo abstracto; porque en lo concreto la Democracia no la estamos viviendo todos de la misma manera, a todos no nos está yendo de la misma forma.

Por un lado, el sistema político sobre el cual se sustenta la Democracia ha venido perdiendo, peligrosamente, credibilidad. Según las encuestas (con todo y lo que las mismas generan en cuanto a credibilidad, precisamente), hoy en día, a tres cuartas partes de los y de las costarricenses, la política no les interesa.

Por otra parte, por ejemplo en cuanto a la situación económica, los salarios, el empleo y la distribución de los beneficios del crecimiento económico muestran que, inobjetablemente, hay dos Costa Rica: la incluida y la que ya no lo está o va en rumbo a la exclusión.

Al respecto bien lo ha señalado el ciudadano economista don Carlos Blanco Odio, en su artículo “Desigualdad injusta”, que le publicara La Nación por estos días y transcribimos seguidamente: “En Costa Rica, el crecimiento ha estado acompañado por aumentos en la desigualdad, de acuerdo con el coeficiente de Gini (con valor de 0 cuando existe igualdad perfecta y 1 cuando hay desigualdad perfecta). En efecto, el coeficiente ha venido subiendo y pasó de 0,44 en el 2009 a 0,52 en el 2014. Según estándares internacionales, los países que están razonablemente bien alcanzan valores cercanos a 0,3 y los que tienen mucha desigualdad superan el 0.5”. Hasta aquí la atinada enseñanza de don Carlos Blanco Odio.

Costa Rica ya superó el 0,5 y pareciera que el camino nos está conduciendo al 1, hacia la “desigualdad perfecta”: el desempleo no retrocede, los salarios están congelados, el salario mínimo no se respeta plenamente, el empleo público está bajo ataque, el sistema tributario no se vuelve progresivo, el crimen organizado y el narco avanzan… Etc., etc.

Así las cosas y como todo este escenario de conflictividad y de confrontación en desarrollo parece ir in crescendo, el sembrar odio se ha convertido en una innoble y peligrosa arma que está siendo empleada, muy peligrosamente, en contra de quienes (mediando las organizaciones que representamos), nos resistimos a que como sociedad nos arrastren hacia el fatídico 1 del coeficiente de Gini, la “desigualdad perfecta”, en lucha constante de todos los días al respecto.

En el marco de esa tesitura del odio (entendiendo tesitura como la “coyuntura o combinación de factores y circunstancias que caracterizan una situación en un momento determinado”), resulta particularmente grave que aprovechando el poderío económico que da el control mediático, la manipulación de la información lleve a niveles tan perversos como presentar el titular de esa “información” cargado completamente de ideología y no de objetividad; que la “información” se alimente de fuentes anónimas que, a su vez, son promotoras de odio; y que, incluso, en la promoción de ese odio como fuente anónima, la injuria, la calumnia y la infamia se empleen inescrupulosamente.

Siempre hemos estado convencidos de que la pobreza intelectual y la debilidad argumental en estos delicados asuntos inherentes a la convivencia social y política de los actores encontrados entre sí (como los que mencionamos al principio de este artículo), se sustituyen posicionando el odio alimentado por la injuria, la infamia y la calumnia; esparciéndose especies perversas, malsanas, jugando con la honra ajena del opositor político-ideológico de manera totalmente irresponsable.

En estos largos meses de la actual gestión gubernativa, las tesis sociolaborales y sociopolíticas planteadas desde las corrientes sindicales responsables, en temas tan sensibles como el empleo, los salarios, la distribución del ingreso, el sistema tributario, la integración social y el bien común; por lo general, se vienen respondiendo en no pocos casos con odio mediando enfoques mediático-interpretativos cargados de subjetividad totalitaria, parcializados notablemente, sin equilibrio informativo alguno.

Es más, por experiencia propia podemos dar fe de que esa especie de totalitarismo ideológico-mediático en contra de quienes luchamos para que Costa Rica nunca llegue al indicador Gini del 1, la desigualdad perfecta; los sembradores de odio se han atrevido a meterse en los mismísimos procesos electorales internos de organizaciones sindicales como las nuestras, sin escrúpulo alguno, de manera descarada, apuntalando grupúsculos espurios y a personas de dudosa moral político-sindical. Hasta eso han llegado con la tesitura del odio que profesan.

Los sembradores de odio deben comprender que la Democracia, aunque les duela, incluye a los sindicatos. Los sembradores de odio que detentan medios de comunicación deben comprender que la nota informativa con fuerte carga ideológica, queda completamente desenmascarada con solo la lectura de las cuatro palabras del titular de primera página o con la presentación del titular electrónico-televisivo.

Los sembradores de odio deben tener presente la amplia base jurídico-institucional del accionar sindical en un país de Derecho como el costarricense, tanto en la normativa jurídica interna de nuestras propias leyes como la misma jurisprudencia constitucional, así como la internacional que tutela el Derecho Sindical, el cual se considera Derecho Humano Fundamental universalmente reconocido… aunque les duela. Lo saben perfectamente pero en el marco de la tesitura del odio lo ignoran deliberadamente.

Tenemos completa convicción que dentro del insano gremio de los sembradores de odio, hay integrantes extremistas que piensan que el mejor sindicalista es el sindicalismo muerto; que desearían el exterminio de las organizaciones sindicales. Pero como todavía no se atreven al sicariato sindical (aunque no sabemos por cuánto tiempo), creen que pueden llevar a un liderato, a una organización, a un grupo obrero luchador honesto a una especie de muerte civil, con la tesitura del odio que estamos mencionando en este artículo.

Los sembradores de odio deben comprender que juegan con fuego en el marco de una sociedad corporativizada, dividida y fragmentada como la costarricense de estos tiempos.

Supongamos, soñemos, fantaseemos, especulemos que en esto del déficit fiscal se diese un gran acuerdo nacional, vía Diálogo Social, especialmente mediando “un cara a cara” entre los poderes fácticos, verdaderamente reales, de nuestra sociedad.

Entonces, en esto del déficit y desde este lado de la acera, planteamos lo siguiente, aunque ya lo hemos abordado en otros artículos pero como el tema sigue al rojo vivo, lo reiteramos. Consideremos esto.

PRIMERO: ¿Con cuántos puntos porcentuales de déficit con relación al Producto Interno Bruto (PIB), podemos vivir como sociedad (siendo que toda la vida hemos tenido déficit); y, con cuántos puntos de PIB no podríamos vivir como sociedad con tal déficit? Si estamos ya en casi 6 puntos PIB de déficit y nos acercamos al 7%, “partamos el ayote por la mitad”: 3.5 y 3.5. Los primeros 3.5 puntos que sigan siendo déficit y los otros 3.5, busquémosle su resolución. Si cada punto porcentual de PIB equivale a unos 300.000.000.000 (trescientos mil millones de colones), habría que ir a buscar ese otro 3.5% con el cual no podríamos vivir como sociedad, es decir, 1 billón 50 mil millones de colones (1.050.000.000.000).

*SEGUNDO: *¿De dónde los cogemos? ¿A dónde está la plata? A) En los 8.5 puntos PIB del robo de impuestos en todas sus manifestaciones (evasión, elusión, etc.) Aquí tenemos para actuar un potencial de 2 billones 550 mil millones de colones (2.550.000.000.000). B) Exenciones-exoneraciones: según la Contraloría, rondan 6 puntos de PIB: 1 billón 800 mil millones de colones (1.800.000.000.000). Solamente en estos dos grandes rubros de la fiscalidad costarricense tenemos 14.5 puntos porcentuales de PIB, sea, 4 billones 350 mil millones de colones (4.350.000.000.000). Y lo que necesitamos es un 3.5% de PIB con el cual no podemos vivir como sociedad, todavía estarían sobrando 11 puntos de PIB, que estarían para considerar como nuevos ingresos de mediano y largo plazo, unos 3 billones 300 mil millones de colones.

TERCERO: Hay otros tres ámbitos de la fiscalidad que también tienen que ver con toda esta problemática.1) Los 2.5% del PIB que los tratados de libre comercio, como el TLC de don Oscar Arias Sánchez, hicieron que en las aduanas se dejaran de recaudar: es decir, se les regaló a los importadores 750 mil millones de colones (750.000.000.000). 2) Los intereses de la deuda del país, hace que nos cobren a todos los costarricenses, 3 puntos PIB, al año: unos 900 mil millones de colones (900.000.000.000). Al menos pero puede ser más, la tercera parte de esos intereses va a parar a los bolsillos de un pequeño grupo privado de rentistas bancario-financieros (más de 300 mil millones de colones para “cuatro gatos super-platudos”). 3) Los 4 mil 200 millones de dólares anuales que ingresan al país, producto del dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado y que según el gobierno gringo, equivalen a unos 2 billones 200 mil millones de colones (2.200.000.000.000), o sea, un poco más de 7 puntos PIB. Este dato está “certificado” ya desde el lado del capital criollo, dado que uno de sus representantes, el ciudadano don Álvaro Trejos Fonseca, quien fuera expresidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), así lo reconoce en su artículo de opinión “Preocupantes señales sobre el rumbo del país”. (La Nación, jueves 19 de mayo de 2016, página 25A). En conclusión, ni los empleados públicos, ni la clase trabajadora en general, es responsable del déficit fiscal.

Nos parece que ya están llegando a veinte, o cerca de veinte las personas con interés explícitamente abierto de ser candidatas a la Presidencia de la República, en las votaciones de febrero de 2018; o bien, sobre las cuales ya se realizan gestiones de incidencia en sus ámbitos de cercanía político-vivencial del día a día. Veamos:

Siete en el Partido Liberación Nacional (PLN): Antonio Álvarez Desanti (¿el “ungido” por parte del ido?), José María Figueres Olsen, Rolando González Ulloa, Enrique Rojas Franco, Clinton Cruickshank Smith, Sigifredo Aiza Campos, Roberto Thompson Chacón.

En la Unidad Social Cristiana (PUSC): Rodolfo Piza Escalante y Rafael Ortiz Fábrega. En la otra Unidad, el Republicano Social Cristiano, Rodolfo Hernández Gómez.

En el Movimiento Libertario: Otto Guevara Guth y Natalia Díaz Quintana. En el otro libertario, Eliécer Feinzaig Mintz. En las tiendas “cristianas”: Fabricio Alvarado Muñoz y Mario Redondo Poveda.

En el Nueva Generación: Sergio Mena Díaz. Del Frente Amplio no sabemos nada, oficialmente. Pero le estarían hablando a José María Villalta Flores-Estrada y Edgardo Araya Sibaja. Hasta ahora. Y, en el Partido Acción Ciudadana (PAC), ¿Juan Carlos Mendoza García?, ¿Ottón Solís Fallas?… También, hasta ahora.

Nos salen 20 nombres. Casi la mitad con escaño legislativo en el actual parlamento. Podrían faltar más. Mientras se reduce la cantidad de ciudadanos que no quiere saber nada de política, pues 3 de cada 4 no quiere saber nada de ella; mientras uno de cada tres ticos quiere emigrar (largarse del país); mientras 8 de cada 10 considera que el país va por rumbo equivocado; ¡todavía podrían aparecer más precandidaturas presidenciales! ¿No les parece una paradoja?

Más precandidaturas presidenciales pero menos ideas para resolver los angustiantes problemas de la ciudadanía, empezando por el más grave de todos, la desigualdad con sus cuatro derivados fundamentales: a) el desempleo (integralmente concebido, superando el 20%), la precariedad salarial (congelamiento, irrespeto al salario mínimo), y la informalidad llegando al 50%; b) la violencia en todas sus manifestaciones; c) la corrupción pública y privada (con ropaje legal o sin él); y, d) la penetración del narcotráfico en el tejido social, por arriba y por abajo.

Tales manifestaciones se expresan en un escenario que nos presenta cuatro vertientes: a) un endeudamiento-país que carcome la tercera parte del mal llamado presupuesto general de la República; b) un déficit fiscal que podría en el corto plazo tener una solución de corte fondomonetarista; c) un deterioro de importantes servicios públicos esenciales dirigidos a poblaciones pobres y/o vulnerables a la pobreza; y, d) un sistema tributario totalmente injusto cargado, proporcionalmente hablando, sobre las espaldas de quienes están perdiendo la batalla de la inclusión social.

A año y medio, prácticamente, de las elecciones presidenciales de febrero de 2018, podemos afirmar con mucha contundencia en que hemos llegado a punto tal como para afirmar que tenemos dos Costa Rica sumamente perfiladas como para que se distinga una de la otra: la de los incluidos y la de los excluidos; dentro de éstos, los descartables como les denomina el Papa Francisco.

En la Costa Rica de los incluidos, la verdad es que su número es cada vez menor. Son muchas familias que están, desesperadamente, luchando para “no quedar fuera”. En una vulnerabilidad de pobreza muy fuerte, con alto endeudamiento salarial, ahogamiento por las tarjetas de crédito, con emprendimientos productivos de dudoso futuro.

Es, por tanto, la Costa Rica de los excluidos la que está creciendo. Si ya comprendía a un 21,7% hogares que vive en pobreza, con 374 mil personas viviendo en pobreza extrema, así como con la informalidad en auge (llegando al 50% como planteamos líneas arriba); si ya tiene a medio millón de trabajadores privados a los cuales no se les paga el salario mínimo de ley…; ¿cómo no pensar que es la Costa Rica que crece, la que va a crecer, con miles de empleados públicos amenazados de reducciones salariales irracionales y viviendo ya con salario congelado, pagando una deuda pública de la cual no son responsables; como tampoco lo son del déficit fiscal (que la organización que representamos se ha encargado de demostrarlo hasta la saciedad).

Prácticamente, todos esos 20 nombres están en la Costa Rica de los incluidos, razón de más para preguntarnos cuál será la naturaleza central de sus planteamientos político-programáticos para enfrentar esos angustiantes problemas de la ciudadanía y para el manejo de las manifestaciones de ese escenario de cuatro vertientes.

Somos escépticos, sinceramente. Por eso hemos asumido, con las limitaciones propias de una organización obrera que no posee los gigantescos recursos y medios que sí poseen los que tienen la real hegemonía del control político en la Costa Rica de los incluidos (en realidad, la hegemonía real en las dos Costa Rica); una fuerte oposición a que se precarice la generalidad del empleo público, por un lado; y por otro, a plantear las necesarias transformaciones estructurales en el concepto de salario mínimo que se paga en el sector privado de la economía.

Los detentadores de tal hegemonía política real están decididos, estratégicamente hablando para sus intereses de nuevos negocios y de incremento del proceso de acumulación, en la precarización al máximo de ambos sistemas salariales.

El del empleo público, para acercarlo lo más posible hacia las actividades homólogas, similares y equiparables del empleo privado; y a éste, tratando de que no puede elevarse su cuantía mínima, ni con nuevas fórmulas, ni con ajustes ocupaciones especiales y, mucho menos, estableciendo un nuevo salario mínimo vía ley de la República.

¿Qué podrían decir a todo esto esas veinte personas precandidatas presidenciales? Porque las realidades sociales apuntadas están plenamente documentadas. No son panfleto sindical conteniendo consignas huecas. La corriente sindical que ocupa nuestro quehacer diario ajusta ya tres lustros formulando planteamientos de diverso orden, con aportes intelectuales honestos y desinteresados, formulados con principios en pro del bien común y por la inclusión social. El documento está disponible para cualquiera de esas veinte personas precandidatas presidenciales.

También a esas veinte personas precandidatas presidenciales, les exhortamos a ponerse al día, a revisar, a estudiar que está formulando, nada más y nada menos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con su propuesta “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, recientemente presentada en nuestro país; pero que, con cierta pena y congoja estimamos que no va a tener mayor eco que el que pueda lograr al interior de algunas de las partes del presente gobierno y con alcances limitados porque se ha de perder en el entramado burocrático de la política social.

Los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” de la ONU podrían “ahorrarle” a alguna de esas precandidaturas presidenciales mucho trabajo de elaboración si es que buscan dar contenido a sus aspiraciones, en medio de esta promoción de mercado político ya en carrera hacia lograr la mayor venta posible en febrero de 2018.

(***) Aclaración: en realidad son 22 precandidaturas presidenciales a hoy, miércoles 28 de setiembre de 2016. La 21, es la de doña Epsy Campbell Barr, por el Partido Acción Ciudadana (PAC). A ella le pedimos disculpas por haber omitido, totalmente de manera involuntaria, su nombre en nuestro artículo de hoy. Y, la 22 (anunciada hoy mismo, en Diario Extra), es la del señor Óscar López Arias, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

“Si tenemos que irnos a la crisis, vámonos a la crisis…” “¡Que estalle la crisis!” Así de contundente es el criterio, más bien el “grito de guerra social”, de la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la señora Rosibel Ramos Madrigal, fiel abanderada del fundamentalismo extremista neoliberal y enemiga jurada de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público; quien junto a su contraparte masculina en el parlamento, el señor Otto Guevara Guth, se pasaron toda la pasada legislatura constitucional, período 2015-2016, haciendo francotiroteo contra todas las iniciativas de ley para parar el robo de impuestos en todas sus manifestaciones; y, a la vez, bloqueando a mansalva las necesarias leyes para que los que tienen más, paguen más, tributariamente hablando.

La señora diputada, como presidenta que fue de la pasada Comisión de Hacendarios del parlamento, se coludió (políticamente hablando), con el indicado legislador, para que ningún proyecto de ley en la dirección correcta apuntada en el párrafo anterior, tuviera el más mínimo avance; perversa estrategia de ambos que tiene muy contentos a los ladrones de impuestos, a los poderosos que concentran riqueza insaciablemente y hasta los operadores financieros del dinero sucio producto del crimen organizado. Al momento de escribir este artículo, parecía que ella continuaría al frente de la indicada comisión legislativa.

“Si tenemos que irnos a la crisis, vámonos a la crisis…”, es un irresponsable, provocador, incendiario llamado a la confrontación social abierta que lanza la derecha del capital de signo extremista neoliberal que habla por la boca de la señora Ramos Madrigal y del señor Guevara Guth. Ni ella ni él están “solos” en esta cruzada de terrorismo político que ejercen con tales posiciones suyas en el actual parlamento.

“Si tenemos que irnos a la crisis, vámonos a la crisis…”, lo afirmó la legisladora Ramos Madrigal en declaraciones para DIARIO EXTRA, el de mayor circulación nacional y el más leído del país, en la edición del pasado lunes 25 de abril de 2016 (página 10-Nacionales), pues les garantizó a sus representados y para que estos poderosos estuvieran tranquilos, que “No va a haber reforma de impuestos”, según el titular de la nota en mención.

“Si tenemos que irnos a la crisis, vámonos a la crisis…”, nos dice que para la diputada Ramos Madrigal y sus poderosos representados por cuyos intereses ella aboga en el seno de la actual Asamblea Legislativa, es “mejor” que estalle la crisis fiscal, que el Estado central quiebre, colapse con todas sus consecuencias dramáticas en el orden humanitario, social, laboral, económico y productivo. Tal y como pasó en Grecia.

“Si tenemos que irnos a la crisis, vámonos a la crisis…”, es un fundamento doctrinario de primer orden del extremismo ideológico neoliberal pues al estallar la crisis se abre paso a “…reducciones masivas de los impuestos de los ricos, destrucción del sindicalismo, desregulación, privatización y tercerización y subcontratación de los servicios públicos”. (George Monbiot, para ElDiario.es).

Siniestros personajes de la política internacional como el estadounidense Ronald Reagan y la británica Margaret Thatcher fueron “emblemáticos” abanderados de la tesis de que estalle la crisis, la cual traducida “a lo tico” y en boca de la señora Ramos Madrigal es que “Si tenemos que irnos a la crisis, vámonos a la crisis…”

“Si tenemos que irnos a la crisis, vámonos a la crisis…”, es una tesis política de corte extremista similar a la que se formula en algunos sectores de la antípoda política del pensamiento de la señora Ramos Madrigal. En el otro extremo, algunos piensan que “Si tenemos que irnos a la crisis, vámonos a la crisis…”, pues que así sea dado que sobrevendrá la verdadera justicia social por la cual tantos y tantos han luchado, siguen luchando y continuarán haciéndolo.

Lo que nosotros estamos pensando es que el eje central que le pueda dar sentido a toda nuestra lucha actual debe tener como un punto esencial de apoyo (aunque no el único), todos los contenidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Declaración Universal de los Derechos Emergentes (de esto último hablaremos en próximas entregas en este mismo espacio).

“Si tenemos que irnos a la crisis, vámonos a la crisis…”, es una temeraria afirmación que, precisamente, colisiona brutalmente con los principios fundamentales de ambos postulados; especialmente en el primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual nuestro país es firmante original, Estado signatario de la misma desde su propia promulgación por la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948.

“Si tenemos que irnos a la crisis, vámonos a la crisis…”, es una perversa posición extremista de derecha que debe ser combatida por la más amplia unidad cívico-patriótica, obrero-laboral y hasta por sectores productivos responsables. En el caso propio nuestro seguiremos incansablemente insistiendo en que es posible una unidad sindical en la acción para proteger, realmente, los intereses del pueblo trabajador que decimos representar y que, en teoría, presuponen un valor supremo de la lucha por la justicia social más allá del estrecho enfoque corporativista-gremial que, en ocasiones, nos hace solamente en reparar en el árbol y no en el bosque.

“Si tenemos que irnos a la crisis, vámonos a la crisis…”, nos ofrece la estratégica posibilidad de combatir tan perversa tesis, ¡que estalle la crisis!, trabajando juntos, desde el lado obrero social (y hasta del sector productivo responsable) para “una reforma tributaria justa y equitativa y el combate tenaz al fraude fiscal que provea nuevos ingresos y contribuya primero, a recuperar esa institucionalidad pública en proceso de derretimiento y, segundo, a frenar el crecimiento de la deuda púbica”, como bien lo apunta el prestigioso académico-economista don Luis Paulino Vargas Solís, en su artículo “La ‘alianza opositora’ está detrás del palo en el tema fiscal” (ver www.anep.cr).

“Si tenemos que irnos a la crisis, vámonos a la crisis…”, es lo que prefiere la señora legisladora Rosibel Ramos Madrigal y su pareja política en la parlamento, el señor diputado don Otto Guevara Guth, porque a los poderosos sectores económicos que ambos representan no les sirve que: a) se empiece a combatir el robo de impuestos que es del orden de 8.5 puntos porcentuales del PIB; b) se empiece a parar la fiesta de exenciones-exoneraciones que anda por el orden de 6% del PIB; c) que se empiece a buscar solución a los 2.5% puntos de PIB que se dejaron de percibir en las aduanas por los tipos de TLC’s que ellos defienden (como el que nos impusieron con Estados Unidos); d) que se transparente la naturaleza de los sectores y personas que se están beneficiando con el pago de los intereses de la deuda, que por año, consume 3% de PIB; y, finalmente, que no se pueda controlar los 8% de PIB que por dinero sucio, dinero del narcotráfico, dinero del crimen organizado, pasan por la economía nacional y nuestro sistema financiero, ¡al año!, según el propio Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos: nada más y nada menos que 4.200 millones de dólares. El desafío ha sido lanzado.

Ahora que en la actual Asamblea Legislativa han empezado a amenazar, con mayor concreción, con recortes salariales vía proyectos de ley sobre empleo público a los empleados públicos, al responsabilizárseles injustamente por el déficit fiscal en función de los salarios que devengan al laborar para el Estado; conviene detenernos a reflexionar sobre las remuneraciones salariales de los y de las profesionales en la Administración Pública; pero, especialmente, centrándonos en aquellas personas trabajadoras profesionales del Gobierno Central y sus entes adscritos.

Tengamos presente que en Costa Rica esto del déficit fiscal se mide únicamente considerando la estructura financiera del Estado en un 40%, que es la que pasa anualmente por el control parlamentario, con ocasión de la discusión legislativa sobre el mal llamado presupuesto general de la República que, más bien, es el presupuesto parcial de la República; pues el otro 60% no pasa por el ojo visor de las personas legisladoras.

Por eso es que en esto del robo de impuestos de los sectores profesionales del país y para efectos del presente comentario, nos estamos centrando en las responsabilidades tributarias que sí cumplen quienes están en la planilla del Gobierno Central y sus entes adscritos.

La satanización que se ha venido haciendo en los dos últimos años, mediando esa brutal campaña político-mediática de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público, no ha permitido un debate integral y una visibilización correcta de cuál es el aporte tributario a las finanzas públicas, a la colectividad social, al bien común, por parte del profesional asalariado de los ministerios y entes adscritos a los mismos, si lo comparamos con la circunstancia de quienes con igual rango profesional ejercen estas actividades, por fuera, en lo privado, en lo que se conoce como el ejercicio liberal de la profesión.

Prácticamente ha pasado inadvertido un importante y reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) al respecto, destacando sobre la contribución a la sociedad de las actividades profesionales en ejercicio liberal, durante el periodo de los años 2011 al 2015.

El estudio del ente contralor destaca las siguientes actividades profesionales en ejercicio liberal: medicina, odontología, ingeniería, arquitectura, abogacía, notariado, contabilidad, auditoría, informática y veterinaria.

“Curiosamente”, en esos cuatro años que abarca el estudio de la CGR, el 56% de los y de las profesionales de tales actividades, declararon cero impuestos, declararon no tener utilidades, indicaron que no ganaron un centavo por ejercer cada una de esas profesiones.

¿Se puede imaginar usted, estimado y estimada profesional asalariado del Estado (ya no solamente del Gobierno Central y sus entes adscritos), puntual pagador del impuesto de la renta sobre su salario, porque se lo rebajan de planilla, que eso sea real?

¿Puede usted creer que esos profesionales como usted, que “trabajan en la calle”, ejercieron su profesión casi que “gratuitamente”, como para declarar cero impuestos porque tuvieron cero utilidades en su actividad profesional?
La auditoría que al respecto hizo el ente contralor fue más específica al señalar que hay 10.893 contribuyentes que declararon cero de impuesto de utilidades reiterativamente en los cinco periodos del estudio; 8.681 lo hicieron en cuatro periodos y 9.797 en tres periodos.

En contraste, el ciento por ciento de los y de las profesionales gubernamentales, sí declararon renta pues, como indicamos, se rebaja de planilla. En el Estado, en el Gobierno Central, ningún profesional puede mentir acerca de sus ingresos salariales, no puede esconderlos, disimularlos, evadirlos.

Aquí salta una gran contradicción en el seno de la actividad profesional, contrastando la que se da dentro del Estado, en condición de asalariada, con relación a la que se da en condición de ejercicio liberal de la misma.

La actividad profesional en condición asalariada, amenazada como jamás pudo estarlo de ser precarizada, con la eliminación del pago de la dedicación exclusiva (para citar solamente un ejemplo de ataque neoliberal al salario público), pareciera ir en ruta hacia su empobrecimiento; mientras que la actividad profesional “de la calle”, es la que estaría en condiciones de generar más renta genera precisamente por esas condición de evasión tributaria, vía declaración de cero impuestos; renta que se evade a pesar de que es relativamente baja según el actual carácter de profunda regresividad del sistema tributario costarricense.
Lo que corresponde, por el contrario, es el ataque frontal a la evasión tributaria que se manifiesta en el ejercicio liberal de las indicadas profesiones y otras de similar rango académico. Es un grave e irreparable error la precarización y el abaratamiento del ejercicio profesional en condición asalariada para el Estado y, específicamente, para el Gobierno Central.

El cuento de que lo que se pretende en materia del plus denominado y conocido como dedicación exclusiva es eliminarlo, restringirlo, regularlo pero para los y las profesionales del futuro, nadie se lo cree; puesto que lo que está en el fondo es un contenido ideológico relacionado con las intentonas de precarización del empleo, como parte esencial de nuevos impulsos al angustiante y peligroso proceso de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad, el problema número uno de nuestra sociedad actual.

Por demás, empobreciendo a los y a las profesionales del sector público, actuales y futuros, no se va a resolver, para nada, la naturaleza estructural del déficit fiscal, si es esto, en verdad, la real preocupación de quienes atacan al empleo público desde ciertas curules legislativas.

Además, si consideramos que el ataque neoliberal a los salarios del sector profesional estatal, no comprendemos cómo puede incluirse a los y a las profesionales de las municipalidades, si estas no tienen vela en el entierro de eso del déficit fiscal. Que estén metiendo al sector profesional municipal en el proyecto de rebajar salarios del empleo público, nos confirma que la cuestión es ideológica, en esencia, y que lo del déficit fiscal es la excusa.

La naturaleza estructural del déficit fiscal está relacionada con la permanencia en el tiempo de un sistema tributario diseñado para que paguen más los que menos tienen, proporcionalmente hablando; además, un sistema tributario diseñado para que roben impuestos los que tienen que pagar, aunque sea poco, según esa perversa naturaleza regresiva (ahí está el caso de los 335 importadores que evadieron impuestos de aduanas); un sistema tributario diseñado para que el Estado se endeude al máximo y ganen muchísimo los que le pueden prestar plata para que este funcione.

Por supuesto que en materia del ejercicio liberal de las profesiones mencionadas por el estudio del ente contralor de la República, y otras profesiones de igual rango académico, sí hay gente honesta con relación a sus responsabilidades tributarias para con la sociedad.

Si este estudio que venimos comentando nos habla de que un 56% de actividades profesionales liberales declaró cero utilidades; interpretamos que el 44% de las mismas habría declarado algo, aunque desconocemos la proporción real y verdadera.

Lo que sí tenemos en mente es que, en esto de tributar por el ejercicio de actividades profesionales liberales, pensamos en ciertos consultorios privados desde donde se ejercen las mismas que no aceptan el pago mediando una tarjeta de crédito y sólo reciben dinero en efectivo a cambio de la consulta que se fue a efectuar o el servicio profesional que se fue a solicitar. ¿Por qué será?…