Categoría: Opinión

Como supuestamente estamos llegando “al fin de los tiempos” en este asunto del llevado y traído déficit fiscal; y, considerando que se pretende meterle gran miedo y terror a la población de que el “Apocalipsis” está a la vuelta de la esquina en esta materia; además de que según la gente que está pensando así ha llegado la hora de empezar a prender las hogueras “a lo Torquemada”, pues la responsabilidad de todo este “desastre” son los empleados públicos y las empleadas públicas, aquí van unas diez ideas a considerar si es que alguien se preocupa, objetiva y sanamente, en propiciar algún “acuerdo nacional” en esto de las finanzas públicas y del déficit fiscal.

PRIMERO: El esfuerzo debe incluir, al menos, a partidos políticos, fuerzas sociolaborales y gremios corporativo-empresariales, con representatividad objetiva e interés sano en buscar una salida integral y compartida al problema. Los extremismos fundamentalistas de uno y otro signo que suelen coludirse, políticamente hablando, en contra del bien común, en contra de la inclusión social y evitando que haya políticas para reducir la desigualdad, deberían estar al margen.

SEGUNDO: Definir con cuál porcentaje de déficit podríamos seguir viviendo y con cuál porcentaje no. A partir de esto último, empezar a buscar alternativas de solución. Costa Rica siempre ha tenido déficit fiscal y la tesis de déficit cero o cercano a cero, representa un coctel social sumamente explosivo.

TERCERO: Definir una nueva metodología para calcular la realidad del porcentaje del déficit fiscal, considerando la integralidad de toda la estructura financiera del Estado y no una parte de la misma, que es el mal llamado presupuesto general de la República.

CUARTO: Atacar el robo de impuestos de raíz, aprobando los proyectos de ley contra el fraude tributario, el contrabando fiscal, las abusivas exenciones y exoneraciones; y, a la vez, generar un potenciamiento estricto y real de la gestión tributaria.

QUINTO: Los “Torquemada” del gasto público deben puntualizar cuál es la parte del empleo público que les molesta en función de lo que ellos llaman “disparadores del gasto”. Adversamos su perversa tesis de satanización generalizada, brutal y descarnada de todo el empleo público. ¿Por qué no pensar en un régimen salarial único para todos los altos cargos político-jerárquicos y de alta gerencia ejecutiva-corporativa para todo el Estado, incluyendo al régimen municipal? ¡Den el ejemplo!

SEXTO: Establecer nuevas políticas y metodologías de evaluación del desempeño en la función pública para resaltar la excelencia, en el marco de reglas claras de gestión y gerenciamiento institucional; pero no por razones fiscalistas y mucho menos, las de orden fundamentalista.

SÉTIMO: Identificar los ámbitos de la política pública en los cuales el debilitamiento del empleo público está rozando con los compromisos internacionales del país en materia de Derechos Humanos; ámbitos en los cuales el sector privado nunca tendrá interés pues no hay lucro de por medio.

OCTAVO: Es necesario hacer una auditoría de la deuda del país, tanto la interna como la externa. ¿A quién le debemos?, ¿cuánto, en realidad, debemos?, ¿quién gana con el pago de intereses?…

NOVENO: Establecer medidas de ley para impulsar la progresividad tributaria (que paguen más los que, proporcionalmente, tienen más y que son los que más roban impuestos, generalmente); para que abandonemos la regresividad tributaria, en la cual pagan más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen. Digámoslo con fuerza una vez más: la clase trabajadora no roba impuestos. Por un lado, el de ventas (el más injusto de todos, tributariamente hablando), se paga al momento mismo de la compra, en la caja registradora. El otro, el de renta al salario cuando éste supera el monto límite exento, se hace el rebajo de planilla, inmediatamente.

DÉCIMO: Establecer regímenes sancionatorios para ineficientes procesos de ejecución presupuestaria, pérdida de recursos por ineficaz gestión; sanciones por mala ejecución de empréstitos con abuso de consultorías y/o planillas paralelas. Además, regular la “guerra” de las apelaciones de licitaciones por parte del sector privado.

Aunque siempre hemos abogado por el sistema de acuerdos nacionales en temas complejos de la convivencia como sociedad inmersa en grandes contradicciones (y podemos dar pruebas de ello); somos sumamente escépticos de que en esto del déficit fiscal, de las finanzas públicas y del mismo empleo público, haya alguna posibilidad de un acuerdo nacional.

El extremismo fundamentalista que está mostrando ese poder fáctico que es el capital neoliberal y sus latifundios mediáticos (al que le importa un bledo las mayorías electorales expresadas en las urnas), como enemigos declarados de los empleados públicos y de las empleadas públicas que son, exige que haya grandes movilizaciones para enfrentarlo.

Esta gran obligación de movilización por la supervivencia misma, bajo el concepto de “Democracia de la Calle”, ya no solamente es de quienes laboran, asalariadamente, para el sector Público, sino que deberán involucrar a sus propias familias.

Además, muchos proveedores de bienes y servicios que el sector Público necesita para funcionar, van a tener que comprender que la cruzada de los “Torquemada del gasto” y de la inversión pública, también acabará con ellos mismos, poniendo en riesgo la estabilidad de esas empresas y abriendo paso al desempleo en las mismas.

¿Es que alguien todavía tiene alguna duda de qué es lo que está en juego y hacia dónde vamos?…

Hace muy bien la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), el partido de Gobierno, al indicar que no avalará las concesiones que el señor Ministro de Hacienda (a la vez, Primer Vicepresidente de la República), Helio Fallas Venegas, está dispuesto a darle al corporativismo empresarial neoliberal (por demás, base política fundamental del binomio “PLUSC” que “asaltó” el directorio legislativo el pasado 1 de mayo), en torno a la idea original de sancionar severamente el fraude fiscal y el robo de impuestos en sede administrativa, incrementando las potestades de la Dirección General de Tributación al efecto.

Las eventuales nuevas disposiciones legales para que esta entidad cobre y ejecute embargos, sin orden judicial, a los contribuyentes morosos, viene a representar el corazón de valientes decisiones políticas con carácter estratégico jamás tomadas antes; a fin de que el país abandone la perversa senda de la regresividad tributaria, que es uno de los puntos fundamentales para que se mantenga y profundice la sistemática curva ascendente de la desigualdad en Costa Rica.

Ya habíamos advertido de que tales concesiones del señor Ministro de Hacienda, cediendo al bloqueo parlamentario de tan necesaria legislación, deben ser rechazadas y por eso debemos indicar, con satisfacción y aplauso, que la decisión de la bancada diputadil del PAC merece ser apoyada con toda contundencia, política, social y laboralmente hablando.

En vez de ceder al bloqueo parlamentario al trámite de iniciativas de ley de este carácter, bloqueo del capital neoliberal protagonizado en la persona del poderoso empresario liberacionista, Antonio Álvarez Desanti; lo que corresponde es fomentar el llamado a la movilización social más amplia en contra del fraude fiscal, en contra del robo de impuestos, para que se sancione drásticamente este crimen social; tal y como se sanciona, con drasticidad implacable, en los Estados Unidos.

Bloquear que este tipo de proyectos de ley contra el fraude fiscal se conviertan en ley de la República, es propiciar el ataque más brutal a los presupuestos de una importante cantidad de servicios públicos, necesarísimos para los sectores sociales más vulnerables de la población costarricense e, incluso, para sectores medios.

Ya lo ha advertido la señora Defensora de los Habitantes, doña Monserrat Solano Carboni, de que los eventuales recortes presupuestarios que se están gestando para el 2016, nos llevan a violentar compromisos internacionales que Costa Rica ha asumido en materia de Derechos Humanos, con la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU). La perpetuación del fraude fiscal como se ha venido dando, generará dolorosas consecuencias y enfrentamientos sociales de diverso orden.

El presente Gobierno ha tenido el mérito de reconocer lo que nunca antes administraciones anteriores admitieron: que el robo de impuestos en todas sus manifestaciones supera el 8% del Producto Interno Bruto (PIB): una cifra de tanta magnitud que su comprensión es realmente difícil.

Si se estima que, en términos generales, un 1% de PIB equivale a unos 300.000.000.00 (trescientos mil millones) de colones; entonces estamos hablando que los defraudadores fiscales-tributarios se dejan, en lo que constituye un verdadero crimen social, nada más y nada menos que ¡2 billones 400 mil millones de colones! (2.400.000.000.000).

Tan solo esta poderosa razón es suficiente para no ceder al chantaje del capital neoliberal contra los proyectos del fraude fiscal. No resultan admisibles las concesiones que el señor Ministro de Hacienda está haciendo al respecto y, por ello, reiteramos lo atinado que resulta la oposición parlamentaria del propio partido de Gobierno, el PAC, a evitar que el chantaje a favor de la continuación del robo de impuestos se imponga.

Esta impresionante magnitud del monto del robo de impuestos, es una de las verdaderas razones del déficit fiscal. No es el salario ni los pluses salariales de quienes laboran para el sector Público, los responsables del déficit fiscal, como malsanamente se ha estado manipulando a la opinión pública en los últimos tiempos al respecto.

Hemos dicho y debemos reiterarlo cientos de veces de que las personas integrantes de la clase trabajadora, especialmente las asalariadas de los sectores público y privado, no roban impuestos.

Por un lado, el de ventas (el más injusto de todos, tributariamente hablando), se paga al momento mismo de la compra, en la caja registradora. El otro, el de renta al salario cuando éste supera el monto límite exento, se hace el rebajo de planilla, inmediatamente. ¡Con los ladrones de impuestos no se debe tener misericordia alguna!

La clase hegemónicamente dominante, misma que se expresa a través de su prensa oligárquica y los latifundios mediáticos que la representan, está en loca ofensiva contra quienes trabajan en forma asalariada para el sector Público; especialmente ahora que sus peones políticos se tomaron el control del directorio de la Asamblea Legislativa y han decidido impulsar su propia agenda corporativa, de negocios, para seguir fortaleciendo el proceso de concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad.

Insisten, una y otra vez, en que por culpa de los salarios que devengan los empleados públicos, el país está al borde del colapso fiscal final; que ha llegado el fin de los tiempos para Costa Rica porque no se resuelve este grave problema (que lo es); y, por tanto, debe aprobarse todo tipo de leyes (ya no medidas administrativas), contra el empleo público.

Nosotros pensamos que si bien es cierto es irresponsable no dimensionar el problema de un déficit fiscal sin control; lo del ataque al sector Público es de una gran profundidad ideológica que, al menos, deja en evidencia cinco propósitos que hasta ahora han estado ocultos para la generalidad ciudadana; propósitos que para la oligarquía neoliberal y su prensa afín resultan estratégicos en su afán de alcanzar el objetivo final que les es tan dorado: “Todo mercado-Nada Estado”. Veamos:

1) Disminuir al máximo el número de personas empleadas por el Estado.

2) Bajar los salarios del sector Público para estandarizar los mismos según los parámetros de la lógica mercantil de los salarios mínimos que se pagan en el sector Privado.

3) Eliminar o, por lo menos, reducir a su mínima expresión, el papel de los sindicatos del sector Público.

4) Avanzar en lo que está pendiente de privatizar, tercerizar, concesionar y que sigue siendo de propiedad pública, para lo cual es preciso fortalecer los recortes presupuestarios irracionales y la austeridad más brutal sin importar lo social.

5) Bloquear cualquier medida (ley, decreto, reglamento) que vaya en la dirección de que el sistema tributario costarricense (el más malo de la América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo BID), deje de ser regresivo y pase a ser progresivo.

Con gran esfuerzo, desde este lado de la acera social en que se desarrolla nuestra lucha, tenemos otra visión del asunto. Como es lógico suponer nada expertos somos en el tema pero por exigencias de la responsabilidad que tenemos, nos convertimos en neófitos del tema fiscal-tributario. Apuntamos seguidamente 12 planteamientos que van en la dirección contraria, construidos escuchando y leyendo otros pensares distintos al del fracasado neoliberalismo. Aquí van:

1) Un acuerdo nacional para establecer con qué porcentaje de PIB en materia de déficit fiscal podemos vivir como sociedad: ¿3 %?, ¿3.5 %?, ¿4 ó 4.5 %?…

2) Una vez establecido con cuánto porcentaje de PIB como déficit fiscal no podemos vivir como sociedad, elaboremos otro acuerdo para enfrentarlo.

3) Establecer otra metodología de medición del déficit considerando toda, absolutamente toda, la integralidad financiera del aparato público del Estado.

4) Una auditoría de la deuda costarricense para saber qué debemos, a quién le debemos, cuánto se paga en intereses y quién gana con ello…

5) Que se aprueben las leyes para combatir el fraude fiscal en todas sus manifestaciones.

6) Si como afirma el señor Director de la DIS, por este país pasan al año más de 4 mil millones de dólares de dudosa procedencia (crimen organizado, narcotráfico, blanqueo de capitales, estafas de inversiones y similares), establezcamos el impuesto a las transacciones financiero-bancarias (la tasa Tobin o impuesto “Robin Hood”).

7) Si tanto les preocupa el tema de los salarios públicos, establezcan una ley para regular, estandarizar, homologar a una única cifra, todos los salarios de todos los cargos más altos de la cúpula político-gerencia y tecnocrática del Estado: poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial; presidencias ejecutivas, gerencias generales, alcaldías municipales, contralor, defensor, regulador y otros puestos de similar rango. ¡Den el ejemplo!

8) Aprobemos el proyecto de ley denominado pensión-consumo para premiar el esfuerzo de aportar en la lucha contra la evasión con ligamen a fondos individuales de pensión complementaria.

9) Aprobemos el establecimiento por ley de la renta global o universal, especialmente para controlar la evasión en el ejercicio de las profesionales liberales.

10) Establecer un plan diferenciado para formalización de empresas y combate al trabajo precario.

11) Fortalecimiento en recurso humano y tecnológico de la administración tributaria y de la policía fiscal, terminando con el fraccionamiento-división entre Aduanas y Tributación.

12) Nuevos parámetros y estándares para resaltar la excelencia en el desempeño del servicio público.

Como habrá usted notado, creímos que la voluntad soberana de cambio expresada en las urnas en el 2014, también tocaría lo tributario, estructuralmente hablando. Dado que los que no fueron bien votados en esas elecciones, pretende gobernar desde el parlamento ahora que tomaron su directorio y con una agenda en contra del bien común; entonces, ¡que hable la calle! ¡Votemos en las calles! La Democracia de la Calle es tan legítima como la Democracia de la Urna. Cuando ésta es burlada, violentada, negada, la otra debe entrar en acción.

Somos del criterio de que más allá de las torpezas y pifias del presente Gobierno, el espíritu del cambio manifestado abrumadoramente en las urnas electorales del pasado año 2014, ha sido violentado con el “asalto” al directorio legislativo ocurrido el pasado 1 de mayo; cuando la repudiada política de los pactos al estilo del tradicional y desprestigiado “PLUSC” se impuso en el parlamento; buscando abrirle espacio y viabilidad política a una agenda de proyectos de ley que en nada tienen que ver con el bien común, con la inclusión social y con la lucha contra la creciente desigualdad; tres contenidos estratégicos por los cuales se trabajó intensamente a favor del cambio, al incentivarse el bloqueo electoral a lo tradicional y fomentarse el voto por las dos opciones más definidas según, sus propuestas, en pro del ansiado y necesario cambio.

La especie de “golpistas” del parlamento y la peonada diputadil a su servicio impulsan ya iniciativas de ley que, definitivamente, nos llevarán a un nuevo escenario de polarización social, con potenciales episodios de abierta confrontación que obligadamente habrá que fomentar. Citaremos tres de ellos que sentimos como una provocación contundente al enfrentamiento.

EMPLEO PÚBLICO. El ataque a los empleados públicos y a las empleadas públicas, al sector público y al empleo público, a la propia institucionalidad pública. Las pretensiones de imponer el salario único, de eliminar los pluses salariales (dedicación exclusiva, prohibición, anualidades y otros), de eliminar las convenciones colectivas (incluso las del sector municipal, violentándose la autonomía constitucional del mismo), son “dinamita pura” en la caldera laboral y social harto decepcionada de tanto engaño y estafa electoral.

Agréguesele a este coctel explosivo, la brutalidad de los recortes presupuestarios por venir, las irracionales políticas de austeridad y de contención del gasto, así como diversas disposiciones administrativas para no sustituir el empleo público vacante, teniendo ya casos absurdos de parálisis institucional que se están llevando vidas humanas por ello. Súmele a esta hoguera pretendidas draconianas reglas fiscales ultra-neoliberales y de límites presupuestarios hiperfundamentalistas, todo lo cual nos llevan a la confrontación social completamente abierta. Estamos seguros de que miles y miles de servidores públicos y sus familias defenderán su empleo y sus salarios como jamás se imaginó.

FRAUDE FISCAL. El bloqueo abierto, descarado y perverso contra las necesarias leyes para combatir el sideral robo de impuestos en Costa Rica y la oposición interesada en ello por parte de quienes acumulan desenfrenadamente ganancias excesivas, precisamente, por las debilidades de nuestra administración tributaria para detener el crimen social que cometen los ladrones de impuestos, representa otro potencial ámbito de confrontación social.

Ya se van desnudando quiénes son esos que desean continuar en la fiesta de la evasión tributaria en todas sus formas: desde capitalistas del empresariado bananero con escaño legislativo, hasta la oligarquía mediática coloreada como evasora de sus responsabilidades tributarias, pasando por diputaciones usurpadoras de la filosofía del humanismo cristiano.

Cada empleado público y cada empleada pública que decida, en la calle, defender su trabajo y el pan de su familia, deberá hacerlo con la más clara y firme convicción de que, por un lado, su salario no es el responsable del déficit fiscal, éste es culpa de los ladrones de impuestos; por otro, brindar apoyo activo a esos proyectos de ley necesarios para combatir, con mayor drasticidad y efectividad, el fraude fiscal en todas sus manifestaciones.

PRIVATIZACIÓN ELÉCTRICA. Los “golpistas” parlamentarios quieren la privatización total de los servicios de electricidad que siempre nos ha brindado el ICE. El modelo eléctrico que el ICE desarrolló en todo el país ha sido sinónimo de paz y de inclusión social. Ahora los mercaderes neoliberales pretenden, con el timo de la contingencia eléctrica, avanzar más en su penetración de los servicios públicos de electricidad buscando su objetivo estratégico final: su mercantilización total. Luego de una malintencionada y manipuladora campaña mediática de engaño a la opinión pública de que en Costa Rica se pagan las tarifas eléctricas más altas de toda la región centroamericana, ahora creen tener el terreno abonado para propiciar esta nueva intentona privatizadora de la electricidad pública. ¡No pasarán! Esta discusión de más privatización eléctrica se cerró en las urnas electorales pasadas. Si lo que dijo la urna no se respeta y es violentado, entonces deberemos votar en la calle, masivamente, invocando precisamente, la Democracia de la Calle. El coctel social explosivo está en preparación y le faltan más ingredientes…

A lo largo de los últimos 25 años y luego de la caída del Muro de Berlín, cuando la derecha del capital proclamó “el fin de las ideologías” y en nuestro país se dio una desbandada de militantes de la izquierda clásica y su diversidad de colectividades partidarias en práctica disolución; a algunos nos tocó levantar las banderas de la justicia social desde nuestras respectivas organizaciones, especialmente las de carácter sindical.

Esta historia está por escribirse y hasta podríamos hablar de etapas. Una podría ser la década de los 90’s que culmina con la gesta histórica del combo ICE, en el año 2000; de aquí, una segunda, cuando emerge la etapa de la ruptura del bipartidismo clásico “PLUSC”, a partir de la fundación de partidos “hijos” del Combo ICE (especialmente, Acción Ciudadana PAC y Frente Amplio); y la emergencia del concepto sociopolítico de la Democracia de la Calle, “estrenado” con ocasión de la mencionada lucha del Combo ICE y magistralmente desarrollado con la lucha del No al TLC y la gigantesca manifestación del 30 de setiembre de 2007, la más grande de toda la historia republicana costarricense.

Tal vez, la tercera podría ir desde el 2007, con el “triunfo” del Sí al TLC y el “frauduréndum” del 7 de octubre de ese año, hasta las elecciones presidenciales del 2014 con el triunfo arrollador del actual Presidente Solís Rivera; esperanzados de que la magnitud de tan calificado capital político le hubiera llevado a desafiar la hegemonía supuestamente perdedora del bipartidismo “PLUSC”, misma que se está recomponiendo luego del “asalto” al directorio legislativo, el pasado 1 de mayo, partiendo del quebranto de la fracción parlamentaria gobiernista, especialmente. Esto es la que está en desarrollo y en la cual, con seguridad, la Democracia de la Calle será necesario invocarla de nuevo.

La Calle, así en mayúscula, ha sido la tónica de todos estos años en cientos y cientos de eventos de protesta social de la más variada naturaleza. La Calle y su estrategia de resistencia que hemos denominado como la Democracia de la Calle, ha sido protagonista del proceso de resistencia que se ha dado en el país contra las políticas neoliberales.

Paralelamente y luego del año 2000, la corriente sindical en la que militamos ha desarrollado un gran proceso, silencioso y responsable, mediáticamente ignorado, de estudio, de análisis, de construcción social diversa y diferente procedencia organizacional; tratando de generar planteamientos y propuestas alternativas al excluyente y criminal neoliberalismo; partiendo de las bases de la nacionalidad costarricense, de la institucionalidad social que nos fue heredada y de la sapiencia de las generaciones anteriores para construir un modelo de sociedad nutrido con el pensamiento de diferentes corrientes político-filosóficas; básicamente, el pensamiento liberal de principios del siglo XX, el Humanismo Cristiano, el Socialismo Científico basado en las tesis marxistas y en los postulados de la Socialdemocracia clásica, traicionada por el Partido Liberación Nacional (PLN).

Con el genérico nombre de “Aportes para una Costa Rica inclusiva y solidaria”, hemos construido, a lo largo de los últimos 15 años, un pensamiento sindical y social que está llamando la atención de muchas personas preocupadas por el futuro del país de diferentes procedencias político-partidistas y ciudadanas.

Para algunos llama la atención que desde una organización clásica de trabajadores, como lo es el sindicato, pueda haber surgido todo un proceso sostenido, diverso, multisectorial, sistemáticamente sostenido en el tiempo y con una visión de inclusión social, de justicia social, de clase trabajadora y de impulso a la filosofía del bien común como eje central de toda política pública; como para concitar, por ejemplo, el interés, entre otros, de actores políticos, académicos y hasta productivos.

Y como creemos que la lucha social ha sido realmente exitosa combinando la calle con la propuesta y con la incidencia, estaremos en disposición de atender a quien así nos lo pida para hablarles de nuestro pensamiento social y sindical; eso sí, si quienes estamos compartiendo esta causa en las circunstancias de hoy, lo acordamos entre todos.

Hay un nuevo escenario sociopolítico en el país, luego del resurgimiento del bipartidismo “PLUSC”, con la toma política del control del parlamento, según el resultado de la elección del directorio legislativo para el período 2015-2016.

EL PARLAMENTO: Deberemos enfrentar la gran fuerza que ahora tomará el planteamiento del capital de la derecha neoliberal (esa misma que en su momento diera origen al “PLUSC” y que, como corolario, dio base para grandes confrontaciones sociales con movilizaciones ciudadanas y populares impresionantes); en cuanto a su concepción ideológica sobre el tema del déficit fiscal: para ellos el sector público“es el problema”.

Por tanto, debemos darle más fuerza al rechazo tajante, por todos los medios a nuestro alcance y de las más diversas formas, de la tesis neoliberal de que la responsabilidad de este déficit fiscal es por los salarios y por los pluses salariales de los empleados públicos. Por tanto, habrá que realizar grandes acciones para defender los derechos conquistados en tal sentido a lo largo de décadas.

Pretenderá, además, la nueva hegemonía parlamentaria eliminar las convenciones colectivas de trabajo (como si estuvieran en la totalidad del sector Público); impulsando, paralelamente, más severas restricciones presupuestarias para llevar a más duros niveles de ahogamiento y estrangulamiento a una importante cantidad de servicios públicos que se deben privatizar, tercerizar y/o desaparecer.

Finalmente, como tercer eje estratégico del resurgimiento del “PLUSC”, el sistema tributario, el peor sistema tributario de la América Latina (según los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo BID, de paso en el país y con los cuales conversamos por estos días), no será modificado, ni siquiera tramitándose y aprobándose las urgentes y necesarias leyes para atacar con más fuerza el robo de impuestos en todas sus formas, que supera ya el 8% del Producto Interno Bruto (PIB).

EL PRESIDENTE: Deberá comprender (todavía no es tarde), la dimensión de su victoria electoral. Deberá recuperar el capital político que viene perdiendo, aceleradamente. Deberá sopesar que él fue el ungido por las urnas, no la opacidad de la componenda del viejo y repudiado bipartidismo “PLUSC” que asaltó el directorio legislativo.

Si ya no tiene fracción parlamentaria en cuanto tal, habida cuenta del colapso político de la misma, pues que haga “la fracción del pueblo”; que conforme una gran “fracción ciudadana”, convocando a una multiplicidad de sectores sociales dispuestos a bloquear la consolidación de la agenda del capital neoliberal y su fundamentalismo fiscalista del recorte presupuestario; agenda que propicia una austeridad con rasgos de crimen social, así como el ataque a mansalva al empleo público para llevarnos a más terribles y peligrosos episodios de desigualdad y, por ende, de confrontación social abierta.

LA CALLE: Lo escribimos para La Prensa Libre (digital), el pasado 21 de abril, sin saber de la toma del directorio legislativo por parte de la derecha del capital neoliberal con el retorno del “PLUSC”. Citaremos algo de este artículo “El valor estratégico de la Democracia de la Calle”:

“En vísperas del segundo año de gestión gubernativa del Presidente Solís Rivera, el valor estratégico de la Democracia de la Calle, ya experimentado en nuestra sociedad en tiempos pasados…; retoma su majestad cívica en el escenario potencialmente confrontativo que vemos venir en los próximos meses”. Al parecer, las urnas costarricenses hablaron fuerte en el 2014 y eligieron… pero no decidieron.

El distinguido ciudadano don Álvaro García Linera, actual Vicepresidente de Bolivia, nos habla de que las victorias electorales de cambio a favor de propuestas progresistas, sociales y hasta socialistas resultan decisivas pero no sirven sin el fortalecimiento de la otra democracia: “la democracia de las marchas, la democracia de las movilizaciones, la democracia de los sindicatos. La democracia de los hombres y mujeres afectados por políticas de austeridad y que se sienten convocados a construir un destino común saliendo a la calle, reuniéndose con los vecinos, reuniéndose con los compañeros, creando otro tipo de sociabilidad, otro tipo de comunidad en marcha”. ¡Apostamos por ello

Mañana, viernes, es PRIMERO DE MAYO, el día de la máxima celebración obrera y laboral del planeta: conmemoramos el DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA; recordando, honrando, preservando eternamente el significado del sacrificio de Los Mártires de Chicago, los héroes de la lucha sindical de mayor relevancia en toda la historia del Movimiento Obrero Internacional: la jornada de 8 horas.

Recordemos sus nombres que siempre debemos tener presente: Michael Schwab, Louis Lingg, Adolph Fischer, Samuel Fielden, Albert R. Parsons, Auguste Spies, Oscar Neebe y George Engel.

Hace ya 129 años de su histórica lucha (misma que se dio en 1886). Su legado está actualmente más amenazado que nunca por la agresividad de la fase actual de la globalización del capital neoliberal criminal, humanamente genocida y ecocida, con su expresión más agresiva: la del capital financiero-bancario, amenazante de la existencia misma de la especie humana y del propio planeta que habitamos.

Por cierto que en Costa Rica, los dueños del poder real y sus agentes empresariales-corporativos, así como la peonada política que trabaja por sus intereses (especialmente desde la propia Asamblea Legislativa), han presentado varios proyectos de ley para eliminar la jornada de 8 horas, extendiéndola a 12.

Se dice que es para “enfrentar los desafíos de la competitividad”, como si el reto de incrementar la productividad, tanto en la cualitativo como en lo cuantitativo, únicamente debería hacerse a base de reversión de derechos laborales, sobreexplotación obrera precarizando salarios, flexibilizando la legislación laboral y abriendo paso al “trabajo esclavo” que, desafortunadamente, ya se manifiesta en otros países.

La corriente sindical y social que nos cobija, la coalición sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA, desea invitarle a la celebración de este magno acontecimiento obrero de carácter universal, internacionalista y con contenido patriótico.

Le estamos exhortando para que usted se llegue este viernes, a partir de las 8 de la mañana a la explanada frente al Correo Central, en el centro de San José, pues nos congregaremos al pie del monumento a don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora, nuestro Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

En los años 1856-1857 don Juanito Mora encabezó a los y a las costarricenses de entonces con el ejército tico por él conformado, en el enfrentamiento, dichosamente exitoso, con lo que fue la primera incursión gringa invasora, de corte imperialista, en la América Latina por parte de la naciente potencia Estados Unidos.

¿Por qué vincular la magna fiesta obrera mundial con ese acontecimiento costarricense? El primero de mayo de 1857, el jefe de ese ejército invasor gringo, William Walker, se rindió ante el fracaso de su intentona de anexar todos los pueblos de la América Central a los Estados Unidos, luego de su derrota total ante las fuerzas militares costarricenses encabezadas por don Juanito Mora.

Como vemos, nos hemos propuesto este PRIMERO DE MAYO de 2015, resaltar la eterna gesta de Los Mártires de Chicago, combinándola con la gesta patriótica costarricense de 1856-1857; ambas con contenido liberador.

La lucha y el sacrificio de Los Mártires de Chicago nos abrieron el camino de la liberación obrera, una lucha que todavía no ha finalizado. La lucha y el sacrificio de don Juanito Mora (y de quienes junto a él entregaron su vida), nos abrieron el camino de la liberación patria; lucha que, tampoco, todavía ha finalizado.

Este PRIMERO DE MAYO nuestra principal motivación está centrada en la histórica y estratégica ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), cuya destino finalísimo está en manos de 7 personas: la alta magistratura de la Sala Cuarta.

Lanzaremos un fuerte clamor para que la RPL rija plenamente y puede darse un paso más en la larga y eterna lucha por la liberación obrera de la clase trabajadora costarricense.

Curiosamente, la derecha del capital neoliberal nacional más rabioso, el más hegemonista y explotador, ha estado en contra de la RPL. Igualmente, su extremismo ideológico opuesto, una pseudoizquierda de corte fundamentalista pero profundamente corporativo-gremialista, también no quiere que haya RPL.

Esto es lo que deben entender los señores magistrados y las señoras magistradas de la Sala Cuarta: Si los extremismos político-ideológicos se han unido contra la RPL, entonces ésta es profundamente costarricense; la RPL está a tono con nuestra idiosincrasia tica: que es la búsqueda del equilibrio, de los consensos, del diálogo y de la negociación; en fin, de la paz, de la estabilidad, de la democracia misma. La RPL tiene todo esto y mucho más. Pero tenemos que ser miles y miles los que lo digamos, con fuerte voz colectiva, este PRIMERO DE MAYO para que nos oiga bien la Sala Cuarta.

Es imposible que alguien pueda afirmar que analizará, objetivamente, el primer año de la administración gubernativa que encabeza, como Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera.

Si hay algún campo de la vida humana en que lo objetivo es lo más ausente que cualquier otra cosa, es la política, lo político. Siempre las perspectivas en este campo serán subjetivas según una posición ideológica, de clase, de gremio, de partido, de interés corporativo-gremial, empresarial, mediático, religioso, etc.

En tal sentido y según nuestra propia perspectiva subjetiva, intentaremos apuntar algo de lo bueno, de lo malo y de lo feo de este primer año de gobierno Solís Rivera. Usted también puede hacer su propio ejercicio al respecto.

LO BUENO: 1) Desafió a la hegemonía política del capital neoliberal al quitarle el infame veto que su antecesora en el cargo, de manera perversa, le impuso a la ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL). 2) Varios miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público (específicamente en el Gobierno Central), están en camino de acceder a la propiedad en sus puestos de trabajo luego de largos períodos de interinatos prolongados y con gran miedo de perder sus respectivos empleos. 3) Por lo menos, “a medias”, se dio el desenganche de la ley salarial médica con relación a los puestos de más baja denominación salarial del régimen de Servicio Civil. 4) Se reconoce el tamaño gigantesco y criminal del robo de impuestos: superior al 8% del Producto Interno Bruto (PIB), proponiéndose iniciativas administrativas y de ley para combatirlo (aunque las mafias en las aduanas siguen “haciendo fiesta”. 5) Oposición a mayor iniciativa privada neoliberal en la generación eléctrica.

LO FEO: 1) Conformó su gabinete “en tractos”, “en tandas”, lo que indica que el resultado electoral ni él mismo lo previó (bueno, tampoco toda la sociedad). Esto demostró (y luego de 14 o 16 renuncias-destituciones de su equipo inicial de Gobierno), falta de cohesión política, debilidad de control de gestión política al máximo nivel, divisiones internas e improvisación, así como co-gobierno con el Partido Unidad Socialcristiana (o parte del mismo). 2) Menosprecio a las potencialidades de un esfuerzo de articulación multisectorial desde la sociedad civil organizada con propuesta de visión-país alternativa al modelo neoliberal y que le apoyó grandemente para que llegara a la Presidencia. 3) Ejercicio gubernativo sin un soporte estructural del partido que le llevó a la cabeza del Poder Ejecutivo, teniendo francotiradores desde sus propias tiendas, con un partido “partido”, al menos, en tres partes,. 4) Está abriendo un camino de confrontación abierta con las bases laborales del sector Público y sus respectivos gremios y agrupaciones (buena parte de su base electoral), cediendo a los ataques de la derecha oligárquica contra los empleados públicos y sus derechos, aceptando que éstos son los “responsables” del déficit fiscal. 5) La Caja parece continuar rumbo al despeñadero, dado que sigue estando “secuestrada” por poderosos grupos corporativo-gremiales, internos y externos, sin que se note algo de “cambio”.

LO MALO: 1) Ceder a presiones de algunos latifundios mediáticos neoliberales que con base en sus propias agendas político-ideológicas están acostumbrados a controlar los gobiernos de turno; por ejemplo, en los casos de los embajadores injustamente destituidos y el de su propio Ministro de la Presidencia caído en desgracia (aunque con errores de su propia producción), solamente porque la gritería del capital neoliberal y su “gran” prensa le exigió deshacerse de él. 2) Renunciar a propiciar reformas tributarias por el lado de las rentas al capital (como la global), dándole impulso a reforzar la injusta impositiva de sesgo regresivo (pretender cambiar el impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado IVA). 3) Nada parece indicar un verdadero cambio hacia la soberanía y seguridad alimentaria pues la sensación en el sector agropecuario organizado es que no hay diálogo para nada y tampoco para construir una alternativa. 4) Una política exterior conservadora, anquilosada, que no está siendo creativa para comprender las oportunidades de una multipolaridad global en desarrollo, destacándose una especie de “terror” político para mirar al Sur y las potencialidades que está mostrando una integración latinoamericana soberana de enorme impacto. 5) Las restricciones salariales de los que menos ganan, los bajos salarios (especialmente los mínimos), el desempleo y el empleo precario no dan señales de “cambio”.

¡Mucho ojo! Está usted leyendo el título del presente artículo correctamente: LEY PARTICIPATIVA DE RADIO Y TELEVISIÓN. Repetimos: LEY PARTICIPATIVA DE RADIO Y TELEVISIÓN.

Es que es necesario que usted diferencie de la Ley de Radio y Televisión, esa del escándalo en desarrollo; escándalo que ya produjo la destitución de los dos máximos cargos ministeriales de la cartera de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

LA LEY PARTICIPATIVA DE RADIO Y TELEVISIÓN es un proyecto de ley promovido por un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil costarricense, agrupadas en la Red-MICA: Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.

A diferencia de la ley que querían los jerarcas despedidos del MICITT, la LEY PARTICIPATIVA DE RADIO Y TELEVISIÓN “…defiende derechos humanos básicos, como la libertad de expresión y la libertad de prensa, y garantiza que nunca un medio de comunicación puede ser sancionado, mucho menos cerrado, por la información que difunda a través de sus frecuencias concedidas, a diferencia de la propuesta de borrador presentado por el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)”.

Así nos lo aclaró en un comunicado de prensa la Red-MICA, condenando como todos lo hicimos, lo pretendido por el proyecto hoy afortunadamente enterrado, abortado a tiempo, de la Ley de Radio y Televisión. Sin embargo, curiosamente, no vimos por ningún lado publicado lo dado a conocer por el comunicado de prensa de la Red-MICA. ¿Por qué?

Nosotros pensamos que hay grandes poderes económico-mediáticos que no quieren ni siquiera un cambio mínimo en el actual estado de cosas de las frecuencias de radio y televisión. Que ese actual estado de cosas será más difícil modificar, aunque sea un poquito, en la era de la digitalización del espectro radioeléctrico, especialmente ahora que se acerca el de la televisión.

Que esta era de la digitalización del espectro radioeléctrico sin una nueva ley que lo regule, en vez de democratizar el acceso al mismo, potenciará la tendencia a la concentración, ya en desarrollo, de la propiedad en frecuencias de radio y televisión. Por eso es que se está promoviendo la LEY PARTICIPATIVA DE RADIO Y TELEVISIÓN.

La LEY PARTICIPATIVA DE RADIO Y TELEVISIÓN tiene como eje transversal el derecho humano a la comunicación; conceptúa al espectro radioeléctrico como un recurso valioso y escaso que pertenece a la colectividad; y la radiodifusión se entiende como una actividad de interés público relevante que debe trascender el enfoque que privilegia la dimensión comercial.

Con fuerte convicción y desde el mismo inicio en que el asunto salió a conocimiento de la opinión pública, expresamos nuestra fuerte oposición al antidemocrático proyecto del MICITT; planteando, además, que los responsables políticos máximos de tal “intentona golpista” contra la libertad de expresión, asumieran responsabilidades. Luego de un “ping-poneo” de culpas por la “torta” entre la ministra destituida y el viceministro también destituido, ambos debieron salir del Gobierno. Pero el daño está hecho.

¿Por qué? Será muy difícil (de por sí ya lo era), que la LEY PARTICIPATIVA DE RADIO Y TELEVISIÓN se abra espacio político de ahora en adelante. Si bien es cierto se están recogiendo firmas para presentarla al parlamento bajo el formato de iniciativa ciudadana, probablemente no habría ya voluntad legislativa para tramitarla y respaldarla.

No dejamos de pensar en una conjura política sofisticada: a propósito del contenido totalitario del proyecto de Ley de Radio y Televisión hoy dichosamente abortado; no habrá posibilidad de discusión futura del tema aunque la LEY PARTICIPATIVA DE RADIO Y TELEVISIÓN no tenga ningún contenido censor. Y la conjura podría haber sido pensada en “combo”: culpar de ese contenido totalitario a Zapote y de paso “volarse” al obispo. Es que todo esto da mucho qué pensar…