Categoría: Opinión

El pasado sábado 4 de abril se cumplieron 15 años de la derrota del Combo ICE, pues fue en la madrugada del 4 de abril del año 2000, en la sede del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuando se firmó un acuerdo político entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, con las principales entidades sindicales y sociocívicas que estuvieron al frente de esta lucha en contra de la privatización de una de las más emblemáticas instituciones costarricenses, heredada de la Segunda República (muy maltrecha hoy, por cierto): el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La profética frase “Nos vemos en las calles”, escrita por una de las principales figuras históricas de esta lucha, el dirigente sindical don Fabio Chaves Castro, con ocasión de la aprobación en comisión legislativa de la fusión de los tres proyectos de ley que pretendían privatizar el ICE (de ahí la famosa frase “Combo ICE”); frase escrita en una cartulina y colocada en los ventanales de esa comisión, la noche del 21 de diciembre de 1999, se hizo realidad como nadie jamás lo imaginó.

Efectivamente, los 17 días continuos de movilización ciudadana y sindical superaron los acontecimientos de calle de la lucha contra Alcoa, en abril de 1970, resaltándose la gigantesca marcha sindical y ciudadana del 23 de marzo hacia la Casa Presidencial; a cuyo principal ocupante, el entonces mandatario Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, ya le tenían listo un helicóptero para que saliera “huyendo” por si las masas “irrumpían” en la sede del Poder Ejecutivo, algo absolutamente irreal dado el hondo contenido civilista y pacífico de las protestas.

Por cierto que esta gigantesca e histórica manifestación de la lucha social costarricense, la del 23 de marzo de 2000, fue la más grande acción cívica de calle desde los años 40 del siglo XX, cuando las multitudinarias acciones de calle de ese entonces, nos dejaron las Garantías Sociales, como el Código de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Universidad de Costa Rica (UCR), entre otras legislaciones de corte obrero-social que han servido de pilar fundamental de la institucionalidad republicana todavía vigente en el país.

Hasta la fecha y luego de ese glorioso 23 de marzo de 2000, solamente ha habido otra manifestación de similar envergadura, profundidad y extensión: la del domingo 30 de setiembre de 2007, cuando se dio el cierre de campaña del “No al TLC”, a una semana del “frauduréndum” del 7 de octubre siguiente; con una diferencia entre ambas: aquella recibió gran despliegue mediático, incluso de la prensa afín a la privatización del ICE. Por el contrario, la del “No al TLC” fue miserablemente invisibilizada por la prensa del capital y sus latifundios mediáticos.

Esta historia de la lucha contra el Combo ICE y su significado está por escribirse. La enorme diversidad de los sectores participantes de la misma, desde la gestación hasta la culminación concreta, esa madrugada del 4 de abril de 2000, nos lleva a afirmar que no puede monopolizarse, ni personal ni organizacionalmente. No sería justo y mucho menos ético.

Con seguridad que de esta epopeya popular puede haber enorme cantidad de escritos, testimonios, anécdotas, interpretaciones, análisis, etc.; pues como es ya harto conocido, los y las protagonistas, individuales y grupales, son incontables.

En el caso de quienes tuvimos la extraordinaria e irrepetible oportunidad histórica de estar muy cerca del corazón sociopolítico de esta lucha, tenemos nuestra propia historia. Ojalá tengamos la posibilidad de dejar por escrito nuevas propias vivencias personales y organizacionales de lo que vivimos con muchísima intensidad, dada la activa militancia sindical de la agrupación sociolaboral que representamos en este proceso.

Obviamente las conclusiones de esta gesta histórica del pueblo tico también distarán mucho de ser objetivas, neutras o imparciales. Desde nuestra perspectiva tenemos las propias.

Una de las principales que nos viene a la mente es que, a la distancia de 15 años, podemos señalar que la lucha contra el Combo ICE marcó el principio del fin de la institucionalidad heredada de la Segunda Pública; por lo menos en lo que atañe al control de la acción política formal con base en dos fuerzas electorales fundamentales (aunque plenamente sistémicas las dos), disputándose los sucesivos gobiernos: el liberacionismo (que luego renegó de su origen socialdemócrata clásico) y su “antípoda”: el antiliberacionismo, que pretendió ungirse con la filosofía del Humanismo Cristiano pero solamente para efectos demagógicos.

La derrota del Combo ICE marcó el fin de ese bipartidismo histórico como venía manifestándose, dando paso al escenario multipartidista actual; incluyendo los casos de dos fuerzas políticas “hijas” directas del Combo ICE: el Partido Acción Ciudadana (PAC), ahora “gobernante” y de verdad “partido”; y el Partido Frente Amplio (PFA), cuya gestación y primeros albores tuvo como sede un local sindical (aunque algunos no les ha de gustar que esto se diga). Y hasta la derecha política más recalcitrante fundó su propio partido.

Esta Segunda República, ahora más maltrecha que nunca pero cuya institucionalidad todavía sigue siendo controlada por la misma hegemonía del capital que mandaba en los tiempos del “viejo” bipartidismo”; sigue sobreviviendo por una diversidad de razones.

Destaca (autocrítica incluida), la incapacidad, subjetiva y material, de toda esa amplia gama de sectores y de personas que nos soñamos con otra hegemonía en el control de la cosa pública en aras del bien común, de la búsqueda de la igualdad y de la inclusión sociales, como centralidad de la misma; tanto como fue la inspiración central de los forjadores del ICE, como Don Pepe y como don Jorge Manuel Dengo.

Este jueves 9 de abril, a las 4 de la tarde y en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, en la calle 20 y por iniciativa del ya histórico FIT-ICE (precisamente nacido al calor de esta lucha), sacaremos un ratito para reflexionar sobre el sendero que el Combo ICE abrió para que lo viejo empezara a morir aunque 15 años después, el sendero de la nuevo no está abierto, del todo, todavía.

El distinguido ciudadano costarricense, hombre profundamente honesto y muy respetado en amplios círculos nacionales, don Federico Picado Gómez, acaba de ser destituido como embajador de nuestro país en la hermana república latinoamericana de Venezuela, por órdenes del periódico La Nación.

Con base en la profunda honestidad que le caracteriza y la transparencia de toda una vida de servicio público, don Federico “le dio la pala a su propio sepulturero”, hablándole claro a dicho periódico de unas percepciones propias de lo que está pasando actualmente en Venezuela y que él se había forjado luego de su instalación diplomática en Caracas, según lo consigna la entrevista que le concediera a ese medio y que éste publicó el pasado domingo 22 de marzo…

Y empezó de seguido la gritería mediática usual en este tipo de periodismo, destacándose algunas voces parlamentarias que le sirven de “peonada política” a la actual hegemonía política dominante.

Inmediatamente, los “modernos” seguidores de Torquemada fueron a buscar los escritos políticos de don Federico con los cuales encendieron la hoguera en la cual debía ser “quemado vivo”.

Pocas horas después y en el mismo día en que se publicaron declaraciones del Presidente Solís Rivera al respecto, dejando entrever tímidamente y con cierto temor, la posibilidad de que la hoguera ideológica tipo “quema de brujas” encendida para liquidar al citado y novel diplomático tico, podría no lograr su sacrificio final en la pira del capital; el latifundio mediático neoliberal indicado editorializaba exigiendo que se le destituyera, simplemente porque el señor embajador Picado Gómez emitió algunos criterios de la realidad política venezolana que son los mismos que tienen numerosas personalidades políticas latinoamericanas, numerosos organismos internacionales y entidades civiles y sociales de muchas partes del mundo.

El Presidente Solís Rivera dio así una muestra más de cómo viene dilapidando el capital político que recibiera en las votaciones presidenciales de hace un año, pues muchos esperamos que el tal “cambio” incluiría una multidiversidad de vínculos internacionales en función de la creciente multipolaridad que está mostrando la geopolítica mundial y regional actualmente.

Esta injusta e indigna destitución, como las dos anteriores en los casos de la señora embajadora en Bolivia, doña Patricia Gómez Pereira; así como el de don Luis Roberto Zamora Bolaños, en Corea del Sur (estas dos últimas generadas por la novela política más reciente que tuvo como figura estelar a la procuradora del gran empresariado); nos llevan a estimar que es desde Llorente, sede del citado periódico, y no en Zapote, donde queda la Casa Presidencial, el lugar desde el cual están saliendo las “líneas maestras” de la política exterior costarricense del presente gobierno.

Al igual que don Federico, doña Patricia y don Luis Roberto fueron destituidos a partir de la gritería mediática que acostumbra orquestar ese periódico para mantener el “control” de aspectos sensibles de “su” agenda nacional, cuya ideología corporativa inspira su visión-país.

Pero es el caso de don Federico el que manifiesta con más claridad la docilidad del Presidente Solís Rivera en este aspecto de tanta controversia internacional como lo es la situación de Venezuela; cuya verdadera realidad no está disponible para las mayorías ciudadanas costarricenses dado el bloqueo del gran latifundismo mediático que nos impide tener información alternativa y complementaria como para constatar, con equilibrio informativo, el real peso de las visiones encontradas de la cuestión sociopolítica en la tierra de Simón Bolívar.

Nuevamente, para fortuna de la real Democracia, existe internet; y, a nivel de prensa escrita masiva, existe el Diario Extra, el de mayor circulación nacional y que nos permite publicar lo que usted está leyendo.

Prácticamente en los mismos momentos en que don Federico era “quemado vivo”, con el Presidente Solís Rivera encendiendo el fuego de la hoguera ideológica construida por la intolerancia fundamentalista neoliberal; el gobierno venezolano y el propio Presidente Maduro Moros, recibían una honrosísima visita: la de la señora Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), prestigiosa y respetada entidad de este continente, adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Dicha funcionaria internacional, libre de toda sospecha de ser “chavista”, se dejó decir esta “monstruosidad”: “…que la Cepal reconoce los logros de Venezuela con respecto a la reducción de la pobreza extrema que bajó de 21% en 1999 a 5.4% en 2014. Este descenso se debe a las políticas de protección e inclusión del Gobierno Revolucionario, y sobre todo a las Bases de Misiones Socialistas”. Primera “herejía”.

Segunda “herejía” cometida por la señora Bárcenas Ibarra, al decir lo siguiente: “Los países de la región deben avanzar en la profundización de una arquitectura contracíclica que permita vencer la dependencia a la importación de las materias primas y las transacciones utilizando el dólar”… “Eso se puede lograr como lo ha venido haciendo Venezuela, reconstruyendo el tejido social, igualar para crecer y crecer para igualar, logrando que la gente sea el motor principal de la economía”.

Además, tuvo la “osadía” de decir esta otra gran “barbaridad”: “Ustedes están universalizando una serie de derechos como la salud, la educación, la vivienda. Venimos a trabajar con el equipo técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE) y con la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento para trabajar ese tema”.

Y ya como para que la señora Bárcena Ibarra quede “lista” para ser llevada a la misma pira en que ha sido “quemado vivo” don Federico, dijo lo siguiente: “Cuente señor Presidente con la Cepal, porque nos interesa el trabajo que hizo Venezuela en Petrocaribe como una forma nueva de mirar la cooperación sur-sur, solidaria, de iguales y de intercambiar no sólo dinero, sino experiencias y capacidades”.

¡Vea, señora Secretaria Ejecutiva de la CEPAL!: No se le ocurra venir a Costa Rica porque con tales declaraciones se ha convertido usted en candidata a ser “quemada viva”; y, quiera Dios que no, pero hasta el mismo Presidente Solís Rivera, si se lo ordenan, podría ser “el que le prenda fuego a su hoguera”.

Este viernes 27 vence el plazo que dio el Ministerio de Hacienda para recibir reacciones acerca de su propuesta de ley para transformar el actual impuesto sobre las ventas, aumentándolo del 13 al 15% bajo el formato de impuesto al valor agregado (IVA).

Además, paralelamente, aunque está proponiendo cambios en el impuesto sobre la renta, renunció a impulsar el concepto tributariamente justo de renta global.

Nosotros pensamos que este es un camino equivocado. El Gobierno debería centrarse, únicamente, en modificaciones estructurales en el impuesto sobre la renta y, por supuesto, en cambios más drásticos contra los ladrones de impuestos.

Esta posición nuestra parece que es la políticamente correcta ahora que a nivel mundial se está impulsando un “replanteamiento de la fiscalidad corporativa”, según nos lo da a conocer la Internacional de Servicios Públicos (ISP), ante el anuncio de que se ha establecido una Comisión Internacional de Expertos Fiscales para “examinar la reforma de la fiscalidad corporativa internacional desde la perspectiva del interés público”.

Al respecto y según el reporte de prensa de la ISP, Rosa Pavanelli, Secretaria General de esta entidad sindical mundial, comentó lo siguiente: “Las leyes que rigen la fiscalidad corporativa internacional fueron redactadas en los años 20, antes de que se inventaran el bolígrafo y la fotocopiadora. Cuarenta años más tarde, somos capaces de llevar a un hombre en la Luna, pero aún no podemos conseguir que McDonald’s pague los impuestos adecuados por vendernos una hamburguesa”; haciendo referencia al reciente comunicado de los sindicatos del sector público europeo que saca a la luz las supuestas prácticas de McDonald’s para evadir impuestos en Europa; complementando su declaración indicando que para la ISP “esta comisión es un gran paso hacia la inclusión de la opinión pública en el debate fiscal, que a pesar de afectarnos a todos, ha sido secuestrado por los intereses corporativos y bloqueado por nuestros políticos”.

Por otra parte, en el sitio web www.prnewswire.com leemos: “Como respuesta a la indignación generalizada por la evasión de impuestos corporativa y sus repercusiones sobre la desigualdad y la pobreza, y a la preocupación por lo inadecuado de los actuales procesos de reforma fiscal, se ha establecido un nuevo organismo no partidista: la Comisión Independiente para la Reforma Internacional de la Fiscalidad Corporativa, (ICRICT) con el objetivo de proponer reformas desde la perspectiva del interés público”

El Presidente de esa comisión, instalada en la ciudad de New York, es José Antonio Ocampo, antiguo Secretario Adjunto de las Naciones Unidas y en la sesión inaugural de apertura de sus sesiones, el pasado 18 de marzo, este experto afirmó: “El mundo ha cambiado, pero el sistema fiscal internacional, no. Las compañías enfrentan a unos gobiernos contra otros, por ejemplo, impulsándoles a una competición a la baja mediante incentivos fiscales, en la que lo público siempre lleva las de perder. Hay miles de millones de dólares en juego. Esta Comisión arrojará luz sobre qué reglas del juego, e instituciones que las gobiernan, deben cambiar”.

La Comisión Independiente para la Reforma Internacional de la Fiscalidad Corporativa (ICRICT, por sus siglas en inglés), fue fundada por una amplia coalición que incluye organizaciones como Action Aid, Alliance-Sud, CCFD-Terre Solidaire, Christian Aid, el Consejo de los Sindicatos Mundiales, la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal, Oxfam, Internacional de Servicios Públicos (ISP), Red de Justicia Fiscal y el Consejo Mundial de Iglesias y recibe el apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung.

Como ven ustedes, la ISP (especie de sindicato mundial de los servicios públicos), integra la ICRICT, con la cual desde ya nos sentimos identificados y “miembros” de la misma, al estar la ANEP como afiliada de la ISP. Prestigiosísimas personalidades internacionales forman la ICRICT, como el premio Nobel de Economía, Josehp Stiglitz.

El señor Ocampo señaló que “la política fiscal afecta a todo el mundo, pero desde hace demasiado tiempo se han presentado los debates como un asunto técnico, reservado sólo para abogados fiscales y contables. Existe una necesidad imperiosa de acortar distancias entre los problemas técnicos y el derecho de todo el mundo a participar y a ofrecer soluciones”.

En el mencionado sitio web también leímos lo siguiente: “Los sistemas fiscales internacionales actuales refuerzan las desigualdades mundiales y obstaculizan la reducción de la pobreza. Si no se introducen cambios, las desigualdades socioeconómicas continuarán agrandándose, a través de recortes forzosos de servicios públicos vitales..”

¿Quién escribió esto estaría pensando en Costa Rica?… Como vemos, el Gobierno está equivocando el camino en este tema tributario. Es “por arriba” (la renta global, por ejemplo), donde hay que hacer las urgentes transformaciones. “Los y las de abajo” ya no pueden pagar más impuestos.

Don Jesús Arias Fuenmayor, actual embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, hizo un llamado al pueblo costarricense para que expresemos nuestra solidaridad con esta hermana nación latinoamericana en los actuales momentos que está viviendo. Así lo indica nota de prensa aparecida en este mismo diario, el pasado jueves 12 de marzo de 2015: “Venezuela enfrenta a Obama y sus amenazas”.

El mandatario gringo se dejó decir que Venezuela representa una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos”, algo tan absurdamente ridículo como particularmente estúpido.

Sin embargo, no pocas veces esta potencia imperial, ahora en decadencia y, por ende, más peligrosa que nunca, con argumentos igual de ridículos y estúpidos, ha invadido pueblos y países generando miles de personas muertas, gran destrucción, inmenso dolor y enorme indignación. Todo en medio de una repugnante impunidad.

Uno puede o no puede estar de acuerdo con los principios fundamentales de la Revolución Bolivariana y su actual gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. No obstante, ninguna persona que tenga elementos éticos fundamentales en cuanto a sus propias concepciones políticas, puede permanecer impávida ante amenazas como las del presidente Obama contra Venezuela. Esto debemos condenarlo con energía.

La historia de nuestra querida América Latina, en gran parte es la historia de una enorme cantidad de veces en que Estados Unidos se han sentido dueños de nuestros propios destinos, atrofiando por diversas formas y hasta con sangre y fuego, procesos soberanistas e independentistas de corte nacionalista, que pretendieron construir naciones verdaderamente libres.

Costa Rica misma sufrió por ello en los años del naciente y hoy decadente imperio gringo. Recordemos la gesta histórica nacional de 1856-1857 con ocasión de la invasión de los mal llamados por la historia oficial como los “filibusteros”, cuando en realidad se trató de la primera incursión seria de un gobierno gringo en esta región latinoamericana; en este caso buscando anexarse las nacientes naciones de la América Central.

Nuestro Héroe Nacional y Libertador de la Patria, don Juan Rafael Mora Porras, “don Juanito”, al frente de su ejército de costarricenses, les derrotó y actualmente, para suerte de las generaciones futuras de costarricenses, el país empieza a reescribir esta historia patriótica como siempre debió haberse dicho.

El pueblo costarricense, en términos generales, está secuestrado mediáticamente hablando por una única matriz supuestamente “informativa” de lo que está pasando en Venezuela. Ahora bien, uno no se cansa de celebrar que en Costa Rica tengamos un periódico como Diario Extra que permite la expresión libre de diversas visiones y de distintos pensamientos, como lo hace con la publicación que comentamos de la solicitud que le formula al pueblo costarricense, el señor embajador venezolano en nuestra patria.

En nuestro criterio, la verdad es que para el capital hegemónico transnacional, especialmente el de signo bancario-financiero que es en la actualidad el verdadero poder planetario, la experiencia de la Revolución Bolivariana de Venezuela es intolerable y debe ser exterminada.

Esta hegemonía tiene el control de grandes latifundios mediáticos globales, cadenas noticiosas de “renombre” que un día sí y otro también, nos intoxican con una “única” visión de lo que pasa en Venezuela. En nuestro país esa “única” visión es la que se ha venido imponiendo en el inconsciente colectivo ciudadano.

Uno que tiene algunas posibilidades de tener acceso a la otra visión del acontecer venezolano, comprende la magnitud de esta operación de lavado de cerebro a fin de que satanicemos a Venezuela, a su gobierno, a su presidente y a su propio pueblo. Es cierto que allá hay gran tensión y, quizás, errores políticos que potencian esa gritería mediática totalmente parcializada.

Más allá de errores, entendemos que en Venezuela la hegemonía del capital financiero-bancario y la de sus propios referentes nacionales, perdió espacio; y, entonces, emergió otra hegemonía, la de lo social y la de la promoción del bien común, misma que enfrenta diferentes episodios de guerra económica, interna y externamente fomentados de manera abierta y/o solapada, para evitar que se consolide y se profundice.

Dada la virulencia, la furia mediática y todas las voces políticas internacionales que se lanzan contra Venezuela, no puede uno dejar de pensar que ahí se está escenificando un proceso de cambio social profundo, volviéndose el conflicto de clase más intenso en la América Latina actual.

Tenemos que comprender que fuertes procesos de política pública con inclusión social, ideológicamente definidos o con contenidos progresistas están teniendo lugar en estos momentos en nuestra querida América Latina: en Venezuela, en Brasil, en Ecuador, en Nicaragua, en El Salvador, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia.

Probablemente con errores, ¡sí! Lo que pasa es que las políticas neoliberales en todos estos países ya no “las tienen todas consigo”, están desacreditadas, a la defensiva, desfasadas, desnudadas por su esencia criminal y anticristiana; dejaron gigantescas deudas sociales, mucha corrupción y gran violencia. Igual que en Costa Rica.

Venezuela tiene un régimen constitucional. Debe respetársele. No deberían los Estados Unidos pontificar sobre democracia y sobre derechos humanos pues es inconmensurable la magnitud su techo de vidrio al respecto. Sus déficits políticos, éticos y morales en tal sentido son evidentísimos. Lleva razón en su llamado el señor embajador venezolano en Costa Rica y con la perspectiva apuntada nos solidarizamos con el pueblo que él representa.

La gran deuda social que se ha acumulado en los tiempos de auge neoliberal en Costa Rica es de tal magnitud que empezar a saldarla requiere una poderosa articulación multisectorial, de corte sociopolítico y cívico de amplio espectro y fortaleza.

Las cifras de esta deuda social constatan la profundidad que implica desafiar el “orden dominante”. Veamos algunas:

a) 40 de cada 100 jóvenes no encuentran trabajo;

b) el desempleo va llegando al 20%, aunque oficialmente digan que está en 10%.

c) estamos entrando al 50% de población trabajadora económicamente activa en edad productiva que está fuera de la formalidad laboral, sin empleo ni salario fijo.

d) de quienes tienen la suerte de tenerlo, solamente a 4 de cada 10 se le respetan plenamente sus derechos laborales fundamentales.

e) enorme y creciente desigualdad salarial en el seno del sector público, dentro del cual son ya muchísimos los empleos precarios en pobreza salarial, atendiendo precisamente pobreza económico-social.

f) robo de impuestos superando el 8% del PIB, más 6 puntos de exenciones-exoneraciones: en total 14 puntos del PIB “dando vueltas en la calle”.

g) la violencia crece, la criminalidad se potencia, el narco sigue penetrando el tejido social “por arriba y por abajo”; h) la quinta parte de la población, la más rica del país, sigue acumulando cada vez más y cada vez más rápido, mientras la pobreza se extiende y las capas medias viajan hacia su pauperización en medio de endeudamientos de gran dimensión.

Podríamos citar más ejemplos y escenarios de este grave proceso de exclusión social que viene viviendo el país en las últimas administraciones.

Seguramente ya el presidente Solís Rivera debe tener claridad absoluta de dos aspectos centrales en los que está inmersa su labor ejecutiva para el país. 1) Que gran parte del capital hegemónicamente dominante y en control del grueso de la institucionalidad formal y de los latifundios mediáticos de corte neoliberal está adversando la gestión presidencial actual; mostrando una iracundia insana, una intolerancia creciente y un bloqueo político-parlamentario a algunas iniciativas de ley que podrían ir en la dirección contraria a la neoliberal, en reversa, como para empezar a saldar, en serio, alguna parte de la deuda social mencionada (como los proyectos para combatir la gigantesca evasión fiscal. 2) Que su partido, partido está, lo que genera grandes dificultades de operatividad parlamentaria; por demás, en el seno de un escenario legislativo donde todos los partidos, también partidos están. Por tanto, es poco lo que pueda lograrse para el bien común, para la inclusión social y para la reducción de las desigualdades de un estado de cosas así como están en esta parte de la superestructura política del poder.

Así las cosas, con la venia presidencial o sin ella, debe materializarse una articulación multisectorial y de sociedad civil que haga contrapeso a esta parte sistémica de “lo viejo que se resiste a morir”; para dar pie a condiciones de origen más o menos consistentes de “lo nuevo por nacer”.

Debe el presidente Solís Rivera hacer uso del gran capital político que le otorgara el resultado electoral de la segunda vuelta de los pasados comicios presidenciales. Debe honrar a la gran multiplicidad de sectores sociales que vieron su triunfo con alentadora esperanza (y que se lo manifestaran en el Club Unión y a tan solo tres días de asunción del mando). No debe esperar de los sectores hegemónicos tradicionalmente dominantes un “certificado de buena conducta”, según la rendición de cuentas que les dio con su más reciente artículo-discurso que le publicó, precisamente, el periódico oficial de “lo viejo que se resiste a morir”.

Y aunque en nuestro caso particular debemos confesar que no sabemos el cómo, para todos cuantos pensamos que debemos seguir apostando a “lo nuevo por nacer”, la tarea es de reconstruirnos para construir el contra-poder urgentísimo que se requiere antes de que el 2018 (o más cerca todavía, el 2016), nos restriegue en la cara eso de que “los muertos que vos matáis gozan de buena salud”, legendaria y lapidaria frase del poeta y dramaturgo español José Zorrilla, en su obra “Don Juan Tenorio”, muy apropiada para indicar que “en política no hay cadáveres”.

Visitando el sitio web de la Real Academia Española de la Lengua (www.rae.es), buscando el significado de la palabra “depredador”, nos encontramos con esta definición: “Robar, saquear con violencia y destrozo”. ¿Con qué propósito hablamos de esto? Veamos.

El empresario costarricense don Andrés Pozuelo, Presidente de Alimentos Jack’s, en entrevista concedida al periódico La República y al anunciar que su empresa “se va” del país (por lo menos la mitad de ella y “a plazos”, en 5 años); se dejó decir que “…, el tema de capital humano, los servicios laborales ya no nos benefician, más bien se convierten en depredadores. Se debe hacer una reingeniería para que estos pasen de ser una carga a servicios otra vez”.

También dijo lo siguiente: “El gobierno costarricense tiene que ver a la industria costarricense como prioritaria, y no como la caja chica que puede ir a sacar plata cuando quiera”.

Además apuntó que “El ambiente de inversión para el empresario nacional es más duro, aquí se toma en cuenta solo al empresario extranjero. La vida empresarial es más difícil para el costarricense…”.

Tres conclusiones nos surgen a partir del pensamiento de don Andrés Pozuelo. 1) Sería mejor que no hubiesen derechos laborales en la actividad empresarial. Es mejor el trabajo esclavo. El aguinaldo, las vacaciones, el aporte a la Seguridad Social, el salario mínimo (paupérrimo, por cierto), es sinónimo de robo, de saqueo; de depredación con violencia y con destrozo. 2) La mejor actividad empresarial es aquella que no debe pagar impuestos; honrar los tributos de ley es darle plata al Gobierno cuando este así lo quiere. Entonces, es mejor evadirlos. 3) La apertura de mercados y el libre comercio, el de los TLC’s neoliberales, han acabado con la industria nacional pues solamente ahora cuenta el empresario extranjero.

En el fondo, el señor Pozuelo tácitamente reconoce la perversidad de la globalización neoliberal y su catastrófico rumbo actual dirigido por el capital financiero-bancario: contra los derechos laborales fundamentales y a favor del trabajo precario y esclavo; contra la industria y la producción nacional y a favor de la producción corporativa centrada en las multinacionales; contra la distribución justa de la riqueza mediando sistemas tributarios progresivos y a favor de la concentración de la riqueza y de la exclusión social.

Si algo positivo se debe extractar de las lamentaciones del indicado empresario es la imperiosa necesidad de que en este país se construya un gran acuerdo nacional por la protección del empleo, a favor de la producción nacional para el mercado interno y por justicia tributaria real tanto para las personas trabajadoras como para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Lamentablemente esa no parece ser la prioridad para la hegemonía política reinante todavía en nuestro país. Ésta centra todos sus esfuerzos en bloquear iniciativas que pongan en riesgo su poder y, especialmente, el que necesitan para seguir acumulando más plata en detrimento del bien común, por un lado.

Por otro, desde el Gobierno parece mostrarse una gran incapacidad para articular esfuerzos multisectoriales realmente efectivos en tal línea; toda vez que algunas de sus iniciativas en tal dirección muestran sesgos de “autosuficiencia política” que no alcanzan ni han de prosperar ante la falta de un músculo social consolidado para retos de inclusión social efectiva, como el del empleo o el de la transformación tributaria estructural, mismos que ameritan el desafío a esa hegemonía dominante de gran poder mediático, además.

Preocupa, duele, atormenta y angustia el drama del desempleo; pero no se puede aceptar que el derecho constitucional al trabajo se contraponga a los derechos laborales universalmente reconocidos; y que la tal “competitividad” que tanto preocupa al señor Pozuelo, deba tener como base el trabajo precario y, peor aún, el trabajo esclavo.

Finalmente, recordamos que con ocasión de la gran discusión nacional a propósito del TLC con los gringos, el Movimiento Patriótico del NO al TLC planteó los graves riesgos de este tipo de tratado con relación a las industrias y a la producción nacionales.

Ahora que el señor Pozuelo pega el grito al cielo porque “aquí se toma en cuenta solo al empresario extranjero”, sería bueno saber si el gremio corporativo-empresarial que le ha venido representando, está “arrepentido” de su apoyo a ese TLC.

Nuestro comentario de la semana pasada, “¿De cuál empleo público quieren deshacerse?” generó múltiples reacciones positivas entre varios segmentos laborales de la Administración Pública, los cuales se sintieron identificados con los ejemplos que pusimos, para diferenciar los empleos públicos pertenecientes a la alta esfera político-tecnocrática del Estado (con estabilidad laboral y/o producto de los resultados electorales de turno); en contraposición a esos empleos públicos de salarios medios y bajos que están inmersos en la dinámica de los sectores sociales y populares. Éstos son la mayoría.

La polarización social que está en desarrollo desde la perspectiva de la concentración de la riqueza y del crecimiento sistemático de la desigualdad, está mostrando grandes retos-país, estratégicos, si creemos en la inclusión social y en la recuperación del bien común como eje central de toda política pública; retos que para asumirlos con seriedad y con impacto, necesariamente, ocuparán de más empleo público.

Si somos actualmente una sociedad en la cual 40 jóvenes de cada 100 no encuentra empleo; si tenemos a una de cada 2 personas en edad de trabajar, ubicada en el sector informal de la economía (“cuentapropismo”, por ejemplo); si la tasa oficial de desempleo abierto está llegando al 10% (aunque otros estudios serios la ubican hasta un 17%); si solamente 4 de cada 10 personas trabajadoras con la “suerte” de tener empleo formal y salario fijo, obtiene pleno respeto de sus derechos laborales fundamentales; si el robo de impuestos en todas sus formas es cercano o superior al 8% del Producto Interno Bruto PIB); si las cifras policiales oficiales de asaltos, robos, asesinatos, van en ascenso; si el país está penetrado por el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero; si miles de chiquitos y chiquitas la única comida diaria que tienen es la del comedor escolar cuando van a clases; etc., entonces, ¿cómo quieren que no nos vayamos por el despeñadero como sociedad y como país, sino es fortaleciendo la política pública interventora del Estado en esos ámbitos y en otros?; y, ¿cómo tal fortalecimiento de esas políticas públicas es imposible obtenerlo sin no se fortalece el propio empleo público con más empleo público?…

¡Sí! Debe quedar clarísimo. La “matazón” en las carreteras requiere más policías de Tránsito; la ola de inmigración irregular indetenible requiere de más policías migratorios; se mete más gente a la cárcel, todos los días, pero no sube ni el número de policías penitenciarios ni tampoco el del personal técnico-profesional que, supuestamente, debe atenderles para su reinserción social; se ocupa fortalecer toda la gestión tributaria para combatir el robo de impuestos; atender correctamente a la niñez en abandono y/o riesgo social implica eliminar el trabajo esclavo en los albergues del PANI, por ejemplo; la violencia y la alta sofisticación del crimen organizado y de la delincuencia común, requiere de más personal, especializado mucho de él, para detener el avance del delito en todas sus manifestaciones; la pobreza extrema ocupa de más asistencia preventiva en atención primera de salud y, por tanto, se requiere más personal técnico; la espantosa violación a los derechos laborales mínimos requiere más inspección laboral institucional; la devastación en parques nacionales por ausencia de vigilancia requiere más personal en su cuido; etc., etc. Ejemplos sobran…

Por eso tenemos que combatir, por ejemplo, la irracional, irresponsable e imprudente directriz de este Gobierno para que no se sustituyan las plazas vacantes que queden al pensionarse la persona titular.

Esta funesta decisión (y otras de parecido calibre), muestra con claridad hasta qué punto pueden llegar los fundamentalismos neoliberales de dogmatismo extremista que han hecho de la satanización del empleo público una política de Estado; más allá de la urgencia de transformaciones estructurales en la evaluación del desempeño del servidor público; de nuevas matrices metodológicas para incentivar la excelencia por sobre la mediocridad; de asunción personal de decisiones institucionales con detrimento del patrimonio público; de participación ciudadana activa en evaluación del rendimiento de quien le sirve a la misma en el sector Público; etc., etc.

Las restricciones en el empleo público, ahora ya como “dogma sacrosanto” con rango de política de Estado, deben ser combatidas fuertemente.

Ahora que “renunció” don Fernando Naranjo Villalobos a la gerencia general del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), y quien venía siendo el empleado público mejor pagado de todo el país, con un salario mensual entre 18 y 20 millones de colones; se hace necesario reflexionar más profundamente acerca de la malintencionada campaña de cierta prensa asociada al gran capital y a la hegemonía política imperante, en contra del empleo público en nuestra sociedad de hoy; adversando de nuestra parte y fuertemente las perversas generalizaciones que han intentado posicionar ante la opinión pública la no menos perversa especie de que todas las personas empleadas públicas tienen igualdad de condiciones; que todas ganan “jugosos” salarios; que todas son vagas y que todas son corruptas; que todas, en fin, son “parias” de la sociedad.

El “renunciante” es fiel representante de una clase gerencial de alta tecnocracia del Estado, asociada al negocio banquero y como ha sido notorio, con conexiones político-partidistas intrínsecas a la clase política de la todavía hegemonía dominante, la del bipartidismo tradicional, aunque simule que actualmente se encuentra “fragmentado”.

De acuerdo al resultado electoral de febrero de 2014 se suponía que esto iba a “cambiar”; pero con lo que hemos presenciado en la sucesión a la gerencia del Banco de Costa Rica (BCR), no solamente notamos que en ámbitos clave del poder político realmente reinante todo ha de seguir igual; sino que estamos presenciando una reproducción de un esquema de profunda desigualdad en la estructura salarial del Estado.

Ahora bien, en el otro extremo del alto estrato salarial en el que estaba el indicado personaje (y que le hará recibir por ello una impresionante cantidad de millones producto de su “renuncia”), está don Felipe Barrantes Segura, quien cuida un colegio de secundaria en el cantón de San Carlos, vigilando las instalaciones del mismo; está también don Jesús Astorga Brenes, quien debe ingresar a barriadas marginales a cortar el suministro de agua por no pago del recibo de las desafortunadas familias en miseria económica que no tienen dinero para cancelarlo.

Encontramos también a doña Ana Teresa Alfaro García, cocinera en uno de los CEN-CINAI de los barrios del sur de la capital y quien tiene que preparar alimentación (pese a su problema en la columna de alzar ollas tan grandes), para 25 güilas cuyas madre solas jefas de hogar los dejan en él mientras van a trabajar por salarios que no alcanzan para nada.

Tenemos también a don Ricardo Murillo Salas, quien luego de 25 años vigilando una cárcel desde un fortín al cual ya le cuesta subir porque los años pesan, y aún no llega al medio millón de colones mensuales de salario (apenas un poco más del 5% del salario del gerente “renunciado”). ¿Quieren que sigamos con otros casos similares?… ¿Sabe usted el salario de don Felipe, de don Jesús, de doña Ana Teresa, de don Ricardo…? Estos son ejemplos del “otro” empleo público, el de “los de abajo”.

Los enemigos del empleo público deben tener claro lo siguiente: 1) Si quieren “acabar” con la alta tecnocracia política (la “vieja” y la “nueva”), ¡háganlo! 2) En los casos citados y otros muchos más que no se pueden mencionar por obvios problemas de espacio, la norma es la precariedad salarial, el recargo de trabajo, la escasez de personal, el deterioro de las condiciones de empleo; y ahora, peor todavía, la errática directriz gubernamental de que no se puede sustituir a quien se pensiona, agravando más la prestación del servicio. 3) La oposición “del sistema” a que haya nuevas leyes para combatir que siga aumentando el robo de impuestos (que ya va por el 8% del PIB), hará que la defensa del empleo y del servicio público se vuelva una confrontación abierta. 4) El fundamentalismo por la austeridad frente a las provocaciones que nos muestra el proceso concentrador de la riqueza, ayuda a alimentar la necesaria polarización que tendrá que sobrevenir para ver los albores de una nueva hegemonía; pese a que estos albores, los atisbos que se asomaron al escenario electoral de febrero de 2014, representen un capital político dilapidándose más rápido de lo que se creyó.

No hay duda de que la renuncia diputadil de un legislador de la bancada parlamentaria del Partido Frente Amplio (FA), ha conmocionado a la opinión pública y ha potenciado el ataque mediático de la prensa del capital neoliberal hacia un proyecto político que se ha presentado como amenaza al esquema hegemónico dominante.

Ya sea que se comparta o no su ideario, en todo o en parte; ya sea que se noten algunos contenidos internos de orden sectario o dogmático que pudieran impregnar su devenir actual e impedirle avanzar para coadyuvar en el potenciamiento de la necesaria nueva hegemonía; e incluso, ya sea el poco desarrollo de su potencia y de su capacidad en cuanto a articularse de manera estratégica con la diversidad de los sectores sociales (entendiendo que no se puede hacer una lectura ortodoxa de los mismos), etc.; lo real es que los contenidos de la propuesta programática y de corte progresista que el FA le presentó al electorado, jamás agradó a esos sectores político-económicos (y sus diversos partidos con representación parlamentaria); esos mismos que están desplegando una “santa cruzada” contra el obispo, los que fraguaron la novela que tuvo como “primera actriz de reparto” a la “procuradora del gran empresariado”.

Evidentemente, el FA está inmerso en una seria turbulencia. De cómo la resuelva, más allá de los factores político-ideológicos y partidistas que ya están “lucrando” con la misma, podría cimentar o frustrar perspectivas electorales para dos pruebas de corte electoral de corto plazo: las elecciones municipales del 2016 y, especialmente, las presidenciales y parlamentarias del 2018.

La opereta grotesca que se escenificara en el plenario legislativo cuando el ahora exdiputado Ronald Vargas Araya anunció su renuncia a la curul diputadil alegando una “grave” enfermedad, ha recibido con sobrada razón, una censura generalizada proveniente de las más distintas visiones sociopolíticas de la realidad costarricense actual.

La verdad es que, como bien se sabe, la imagen del parlamento costarricense ha venido a menos en “los tiempos del neoliberalismo”, pues la clase política tradicional ha realizado muy bien la tarea de desacreditarlo ante la ciudadanía; teniendo presente que así resulta más fácil su “gerenciamiento político”; ese que se ha venido impulsando extramuros parlamentarios y, particularmente, desde la prensa del capital y su particular latifundio mediático, el que está “coloreado” como evasor de impuestos.

Por eso han impactado los acontecimientos de la indicada “renuncia” diputadil, puesto que la bancada legislativa del Frente Amplio concitó una impresionante cantidad de votos, cargados de sueños y de esperanzas de “algo” distinto en la política nacional, a la opereta que venía escenificándose en el parlamento costarricense, a partir de la caída del Muro de Berlín y en los inmediatos tiempos “post-TLC”. Sin embargo, el agravio indicado no puede empañar una enorme cantidad de acervo de lucha social transparente que sigue anidando en un partido que nació “desde abajo”, con respaldo social.

Es el FA mismo el que ya está reconociendo hidalgamente, graves errores en el manejo de la situación desde que tuvieron conocimiento del caso y de su gravedad. Desde la propuesta de renuncia por “motivos personales”, hasta la justificada argumentación de protección de la identidad y privacidad de la víctima, pasando porque hay la obligatoriedad de que prive el procedimiento legal que debe observarse en estos casos hasta que haya denuncia “formal” por parte de la víctima. Agregando además, el “enclochamiento”, el estado de shock que alegan les produjo todo esta situación, especialmente el acto de opereta bufa de la renuncia de su hoy ya excolega diputadil, lo que les dejó “paralizados”.

En nuestro caso sí creemos que lleva razón el FA al centrar su defensa en que es el primer partido político con representación parlamentaria que le pide a uno de sus legisladores y ante la gravedad que reviste un caso de acoso sexual, que renuncie, ipso facto, al cargo; mostrando con ello una contundencia clara de que estas delicadas y dolorosas situaciones no debe ser tolerada en aquella colectividad partidista que pretenda ser distinta de lo que hasta ahora estaba en el escenario de la política nacional (más bien, la politiquería nacional). Esto es lo que debe privar a la hora de “juzgar” al FA; no el argumento central que esgrime la derecha del capital de que idearon una especie de “conjura” para ocultar el caso.