Categoría: Opinión

Muy conmovidos estamos por la constatación objetiva e inobjetable de la naturaleza del estado actual de las cosas en este país, que en nada favorece la situación socioeconómica de las grandes mayorías del pueblo costarricense, especialmente su clase trabajadora.

Todo el mundo le da una gran credibilidad a los señalamientos que, año con año, viene haciendo el grupo de especialistas de alto nivel que conforman el proyecto “Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible”, el “think tank” tico por excelencia.

Estas personas se han ganado un gran prestigio y una legitimidad reconocida en las más diversas esferas de la convivencia nacional, por su auscultación profunda y de gran rigurosidad científico-académica, de varios de los aspectos de mayor relevancia y de más fuerte impacto en la vida de los y las habitantes de este país, en los tiempos que estamos viviendo.

Por decimonovena ocasión consecutiva han dado a conocer al país sus conclusiones centrales, su “Informe del Estado de la Nación” que, sin duda alguna, merece comentarse al máximo desde distintos ámbitos. En el caso nuestro lo haremos desde la perspectiva de la lucha social y sindical en la que estamos inmersos desde ya hace bastante tiempo.

En el plano de lo laboral debemos confesar nuestra estupefacción por dos datos impresionantes que nos arroja la XIX entrega del “Informe del Estado de la Nación”.

En la Costa Rica del siglo XXI, al 6.5% de su clase trabajadora se le irrespetan todos, absolutamente todos, los derechos laborales que consagra nuestra legislación en la materia.

Es decir, hay poco más de 107 mil personas a las que ni uno solo de los derechos laborales vigentes les son reconocidos, aplicados, respetados. Es decir, prácticamente, estos seres humanos están bajo una especie de trabajo “esclavo”, por más fuerte que suene esta frase. O dicho de otra manera, estas personas venden su fuerza de trabajo casi que por hambre, pues se les contrata en condiciones totalmente indignas por parte de patronos inescrupulosos.

En este ámbito de lo laboral, el otro dato que nos impresiona es el de que no llega al 40% la cantidad de personas trabajadoras asalariadas a las cuales se les respetan, plenamente, todos los derechos laborales que establece nuestro Código de Trabajo. Dicho a la inversa, tenemos un 60% de la masa obrera a la cual se le violenta, mínimamente, algún derecho.

En nuestro caso personalísimo, si finalmente decidimos ir a votar en febrero próximo, nos servirá para considerar a quién se lo daríamos, su conocimiento de los conceptos de Trabajo Decente que impulsa la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la naturaleza objetiva, constatable, comprobable y verificable de que si llega al Gobierno se comprometerá seriamente al respecto. “¡Qué fe!”…

Esta dolorosa constatación de la naturaleza violenta de las relaciones obrero-patronales en la Costa Rica de hoy, nos conecta directamente con la realidad macrosocial que nos dice el indicado informe, en el plano de la desigualdad.

Como bien se sabe, son ya bastantes años de una denuncia sostenida de parte del conjunto de entidades sindicales y sociales a las cuales nos debemos en nuestro diario accionar, acerca de que el problema número uno de la sociedad costarricense actual es el crecimiento sostenido de la desigualdad.

De alguna manera, los fuertes señalamientos del décimonoveno Informe del Estado de la Nación en esto de la desigualdad representan un fortalecimiento de nuestra prédica al respecto de todo este tiempo atrás, amén de motivarnos para insistir en el punto.

Lo que más nos interesa en esta ocasión compartir con usted al respecto, es que al pueblo costarricense, los dominantes sectores neoliberales que todavía siguen controlando el poder real en nuestra sociedad de hoy, nos han metido el cuento de que la desigualdad es un problema “mundial”; y que, por tanto, debemos resignarnos a que los ricos sigan siendo más ricos aunque cada vez sean menos cantidad de gente; y que, por el contrario, que los pobres seamos más y más cada día y cada vez más pobres. Algo así como que “los y las de abajo” entendamos que esto de la concentración de la riqueza es “el estado natural de las cosas”.

La más notable virtud del Informe del Estado de la Nación que acaba de ser dado a conocer, es la de, magistralmente, resumirnos la situación actual del país, señalando 13 mitos sobre Costa Rica. Precisamente, el mito 5 dice que “La creciente desigualdad de ingresos en Costa Rica es producto de una tendencia mundial”. Pues este cuento se acabó. ¡Ya no nos tomen más el pelo!, señores de la clase dominante.

La realidad, a juicio del Informe del Estado de la Nación es que 18 países de Latinoamérica mejoraron la distribución del ingreso y bajaron la desigualdad, en comparación con los 20 años anteriores. Costa Rica, por el contrario, caminó en sentido inverso y es el único país de ese grupo en donde la desigualdad aumentó en los últimos 20 años.

Sencillamente, ¡increíble! Somos el país de la América Latina de mayor crecimiento de la desigualdad. Somos el país donde la velocidad de la concentración de la riqueza es mayor.

Y somos un país en el que la violación de los Derechos Humanos en el campo de los Derechos Laborales es cosa de todos los días.

Ahora se puede entender cuál es la naturaleza legítima de la protesta callejera y el engrandecimiento de nuestro concepto de la “Democracia de la Calle”.

La gente, la ciudadanía, el pueblo trabajador ha decidido que es en la calle donde se debe pelear la reversión de derechos que vive el país, enfrentar la involución social a la que nos conduce la codicia neoliberal desenfrenada y la corrupción desenfrenada con la institucionalidad pública.

Ésta se ha degenerado por las políticas neoliberales, ha perdido credibilidad y por eso un 47% de la ciudadanía no quiere ir a votar. Pareciera que va cogiendo más fuerza la calle que la urna.

El mismo XIX Informe del Estado de la Nación señaló que es tal el nivel de agravamiento de la conflictividad civil por la exclusión social, que en el actual gobierno de la presidenta Chinchilla Miranda, el promedio mensual de acciones de calle de todo tipo es de 68, cuando era de 32 unos diez años antes.

Imaginemos por un instante todo ese poder de la calle, actuando de manera concertada y con sentido estratégico: en lucha abierta y ciudadana contra la desigualdad, ¡cuánto lograríamos para el bien común!

Este es el gran reto: la construcción de un nuevo sujeto político a partir de las grandes diversidades que nos convocan en una sola dirección: el desafío al orden sistémico excluyente para el cambio social transformador.

Con mucha sinceridad y gracias al honroso privilegio de escribir en este medio de comunicación colectiva, Diario Extra, el de mayor circulación en el país en su ámbito de prensa escrita, dejamos constancia de un sincero reconocimiento y de una calurosa felicitación a todas y cada una de las personas trabajadoras y ciudadanas que el pasado lunes 11 de noviembre de 2013, se lanzaron a las calles en diferentes puntos de este país.

Quienes salieron a las calles han dejado constancia, nuevamente, de un sistemático malestar social por un estado de cosas que, sin duda alguna, ha sido impuesto a favor del bienestar de los pequeños grupos político-económicos y financieros detentadores del poder real en esta sociedad en los actuales momentos.

Esos grupos, por lo general, están detrás de las candidaturas presidenciales y diputadiles funcionalmente sistémicas para la perpetuación de ese estado de cosas excluyente de la justa distribución de los beneficios del crecimiento económico y de la riqueza generada por toda la sociedad. A esto es a lo que nosotros llamamos la hegemonía dominante, el poder actual, el de la minoría; o, más claro, “el de los de arriba”.

Éste tiene un profundo miedo ante la posibilidad de que otro poder, “el de los de abajo”, el de la mayoría, el de la gente, el de la ciudadanía, se articule con sentido estratégico y dé un zarpazo que le arrebate su actual hegemonía; misma que, pese a las distintas administraciones gubernativas de los últimos cuatrienios, sigue propiciando la concentración de la riqueza, potenciando la corrupción, entronizando el cinismo político y hasta creando condiciones para que el narcotráfico se asiente, definitivamente, en el país, como ya lo estamos viendo.

Es evidentemente claro que para abrir un sendero seguro para la instauración de una nueva hegemonía en la gestión político-estratégica del país, todavía son muchos los obstáculos a vencer. En especial, están los de carácter subjetivo. En este ámbito, la competencia por el protagonismo político-personalista y gremial-corporativo sigue teniendo un fuerte peso que juega a favor de la hegemonía dominante.

Por el contrario, el espacio para la articulación objetiva de la demanda social con carácter de construcción para un nuevo sujeto histórico, ofrece un importante “menú” político-social de agregación de luchas de un impensado potencial.

Tal ámbito de objetividad para la disputa por la instauración de otra hegemonía que desplace a la vigente, viene quedando en evidencia, paradójicamente, con investigaciones sociales a las cuales se les otorga prestigio y credibilidad por parte de esa hegemonía vigente.

La más reciente edición de la encuesta regional Latinobarómetro arroja cinco datos impresionantes para el caso costarricense: 1) solamente el 35% de la gente está satisfecha con el estado actual de las cosas que presenta nuestra democracia; 2) 85% de la población considera que en nuestro país la distribución de la riqueza es injusta; 3) 83% de la ciudadanía tica estima que no se gobierna para bien de todo el pueblo; 4) solamente un 15% de la gente estima que el país “progresa”; y 5) un 74% no tiene confianza en la presidenta Chinchilla ni en su gobierno.

Y aquí, en este último aspecto, la contundencia de que nadie cree en ella, está dada por otra entidad afín a la hegemonía dominante: la encuestadora CID-Gallup. Dice esta firma que en una escala de 1 a 10, en la cual el 10 es la máxima confianza, la mandataria Chinchilla apenas tiene un 1.5; es decir, prácticamente, cero confianza.

Los datos anteriores indican, sin duda alguna, la crisis que vive la hegemonía dominante. Es claro que ésta se encuentra en decadencia. Pero la hegemonía sustituta no se ve venir con plenitud de seguridad a pesar de varios episodios desafiantes generados desde la Calle, así en mayúscula, en los últimos veinte años.

Aún así, cuando se apela a la acción de la Calle para manifestar una molestia social que es creciente, pese a las dificultades de articulación y de organización, esa hegemonía dominante en decadencia reacciona con furia, se muestra amenazante y la prensa que le es afín descalifica, minimiza, ridiculiza, invisibiliza y confronta a las entidades convocantes de la protesta en la Calle.

Esta hegemonía dominante sabe que es cuestión de tiempo para que se le desplace, habida cuenta de que son ya varias las ocasiones en que la otra hegemonía, la que va a surgir, se avizora en el horizonte.

Cuando la desacreditada presidenta Chinchilla Miranda amenaza a los y a las manifestantes del pasado lunes, ella está siendo la voz física de la hegemonía dominante en decadencia que necesita intimidar para sentar algún “precedente ejemplarizante” que desestimule nuevas acciones de calle.

Pero vean ustedes la doble moral de esta señora: Sus “amigotes” de la Cámara Nacional de Autobuseros hicieron recientemente un bloqueo de calle, en la ruta 27, por una demanda que querían que les atendiera la Aresep. Ella no dijo esta boca es mía para criticarles, para amenazarles, para censurarles. Tampoco abrieron su boca sus lugartenientes ministros Carlos Roverssi Rojas, de “Comunicación” y Carlos Ricardo Benavides Jiménez, de Presidencia (por demás, el mejor amigo de los grandes empresarios bananeros y piñeros). Ninguno de los tres abrió la boca porque, precisamente, esos autobuseros y ellos mismos son parte de la hegemonía en decadencia pero, lamentablemente, todavía dominante.

Por cierto que esos empresarios autobuseros, que forman parte del minoritario segmento de “los de arriba”, no manejaron sus propias unidades en su protesta de calle y pusieron a sus explotados choferes a manejarlas, ilustres integrantes del mayoritario segmento de “los de abajo”.

Además es bueno que usted sepa que el ministro Roverssi Rojas le tuvo miedo a un debate en televisión, en vivo y con el suscrito, en el seno de un respetadísimo programa televisivo de análisis e investigación,“7 días” del periodista Rodolfo González), previsto para la noche del mismo día de la protesta. El señor Roverssi expresa así su pobreza argumental para defender un estado actual de las cosas que la mayoría ciudadana repudia pese a que ésta, todavía, en expresión estratégica de acción de calle, aún no muestra su potencial de cambio transformador. Y eso que en nuestro caso personalísimo no somos ninguna luminaria ni la “voz oficial” de esa nueva hegemonía en gestación, dado que desde este ámbito hay personas ciudadanas de impresionantes quilates intelectuales y de enormes atributos de lucha social como para despedazar mejor que este tipo de voces oficiales.

Ojalá podamos alcanzar estadios superiores de unidad ciudadana para la movilización estratégica con real y poderoso sentido transformador. Nuestros modestos esfuerzos seguirán apuntando en esta dirección.

El pasado lunes 4 de noviembre de 2013, una pequeña delegación de dirigentes sindicales de las agrupaciones Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE) y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), hicimos una visita, en formato de mitín, a las “modernas” instalaciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ubicadas en la exclusiva zona de Guachipelín de Escazú, ocupando parte de un gran edificio muy a tono con la lógica globalizadora neoliberal de los entornos de negocios, altamente cerrados y herméticos, con seguridad humana y tecnológica.

No habíamos tenido el “placer” de conocer el nuevo edificio de la Aresep (para darnos cuenta luego de que colinda, prácticamente, con las instalaciones, no menos “modernas”, de la Superintendencia de Telecomunicaciones Sutel).

Ambas entidades, de inobjetable carácter de servicio público, se ubican compartiendo espacio (globalizado) con entes de negocios financieros privados de altos quilates y en diversas manifestaciones. ¡Ay carajo!

Nuestra visita se dio en el marco del evento de calle que las mencionadas agrupaciones sindicales y otras entidades sociales, venimos convocando para este próximo lunes 11 de noviembre de 2013.

Como ya sabemos, hay un clamor generalizado de rechazo a la pretensión que la Aresep tramita, para que pasen a aumentar los recibos de luz de nuestras casas, en porcentajes del 11% o más; pues se tiene que reponer la astronómica cantidad de 65 mil millones de colones que los grandes consumidores de electricidad no quieren seguir pagando, dado que están pidiendo que les rebajen sus corporativos recibos de luz hasta en un 39%, pese a que ya vienen disfrutando de tarifas “preferenciales” desde hace bastante tiempo.

Según los entendidos en la materia y por esas tarifas “preferenciales”, proporcionalmente hablando, el kilovatio-hora que se nos cobra en el recibo de la luz, le sale más barato a uno de esos grandes consorcios corporativo-empresariales, que lo que vale para los vecinos de Hatillo o de otras populosas comunidades urbanas y rurales.

La visita a la Aresep, que inútilmente se pretendió que no la materializáramos al impedírsenos el acceso grupal, fue para dejar muestra cívica de esa gran molestia ciudadana que esperamos sea apoyada por usted.

Tomemos en cuenta que la desigualdad tiene muchas manifestaciones y dentro de éstas, la posibilidad de que el pueblo tenga acceso a los diversos servicios públicos, viene deteriorándose al punto de que, es bien cierto que en los hogares de la clase trabajadora, en el día a día, se generan controversias familiares para recudir el alto costo de la luz.

Discusiones por un bombillo que quedó encendido, por la ducha de agua caliente, por encender dos discos o solamente uno en vez de que usen los tres de la cocina a la vez, por la luz del corredor que quedó prendida, etc., etc.

Usted sabe de qué estamos hablando al mencionar estas circunstancias, pues hay preocupación constante de que no se gaste más en luz.

En verdad, la Aresep no debería estar en Guachipelín de Escazú, hoy por hoy una zona que refleja el crecimiento de la desigualdad en el país y donde personas y entidades adineradas han venido perfilando un estilo de vida que muestra el camino de la exclusión que el país viene transitando, por el proceso sistemático de concentración de la riqueza en desarrollo.

Tómese en cuenta que las decisiones de la Aresep producen serios impactos económicos y financieros en los hogares de toda la clase trabajadora, asalariada y no asalariada, de ingresos medios y bajos y de cero ingresos.

Cuando la Aresep aumenta el agua, la luz, el pasaje de bus, los combustibles, golpea los bolsillos de la inmensa mayoría de la población, cuyos ingresos no crecen en proporciones reales como para no sentir impactos negativos en las finanzas hogareñas.

La Aresep debería estar en un lugar de fácil acceso a los sectores populares y a sus representantes civiles.

La han ubicado en un lugar de “high class”, como para que la gente pobre desista de ir hasta su sede y acepte dócilmente los aumentos de tarifas que la Aresep continuamente nos receta.

La visita que realizamos a la Aresep se concibe dentro del concepto de la Democracia de la Calle. Hoy por hoy, ante el descrédito ciudadano creciente por una institucionalidad pervertida debido a las políticas de ataque a las mayorías, la Calle, así en mayúscula, viene a ser un escenario más que perfecto y legítimo para encontrar alternativas democráticas de participación ciudadana activa en pro de la recuperación estratégica de la cosa pública para el bien común.

Este lunes 11 de noviembre, no importa que en la Calle estemos diez, que estemos cien, que estemos mil, que estemos diez mil… En la Calle nos hemos sentir en una verdadera audiencia pública de cara a la Aresep y su lejanía, física e institucional, del sentir del pueblo; más que exhausto por lo cara que está la luz y otros servicios públicos que la Aresep “regula” (más bien, aumenta) todo el tiempo.

En este caso de las tarifas de luz que nos quieren subir, tenemos este lunes 11 nuestra propia audiencia, la audiencia de la Calle, para que la Aresep nos escuche allá, desde el Olimpo de su ubicación selecta.

Qué qué?… ¿Que me van aumentar la luz en un 11%? Efectivamente. En nuestras casas, el recibo de luz aumentará un 11% o más, porque tendremos que reponer la plata que dejarán de pagar los grandes consorcios empresariales y corporativos, nacionales y transnacionales, que quieren una rebaja en el precio de la electricidad que consumen.

Esta situación es tan grave que la Defensoría de los Habitantes de la República, ha actuado con gran diligencia y la está pidiendo a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), las explicaciones del caso.

La Defensoría atendió así una petición formulada por el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), y por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Dejamos constancia pública de nuestro reconocimiento y agradecimiento para la señora Defensora, doña Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, por la respuesta tan rápida que hizo a la petición del FIT-ICE y de la ANEP.

En la Defensoría se tiene plena conciencia de que, desafortunadamente, estos son tiempos de desigualdad en el país y que si la luz en los hogares de la clase trabajadora sube en un 11% o más; habrá más estrechez económica, más discusiones intrafamiliares por el alto precio de la electricidad, más empobrecimiento y menos plata para pagar la comedera, ya de por sí también cara.

La señora Defensora reconoce que actualmente la tarifa eléctrica residencial está muy elevada; mientras que las grandes “empresotas” que quieren esa rebaja, ya vienen disfrutando, de por sí, de tarifas “diferenciadas”; proporcionalmente más baratas que las que nos cobran en nuestras casas.

Es por ello que estas dos agrupaciones laborales, FIT-ICE y ANEP, junto a otro grupo importante de organizaciones sindicales y sociales, estamos llamando a una Gran Acción Ciudadana de Calle, una gran manifestación, un paro laboral, una huelga, para el próximo lunes 11 de noviembre. ¡¡¡Salgamos a las calles!!!

La Defensoría es tajante y denuncia que la Aresep, en los últimos 15 años, “…ha estado poniendo en práctica procesos de rebalanceo tarifario eliminación de subsidios sin noticia previa, oficiosamente y creando un entorno de inseguridad jurídica”.

En palabras nuestras, la Aresep, prácticamente, ha aumentado la tarifa de luz de nuestras casas, a escondidas, a nuestras espaldas.

El “rebalanceo tarifario” es un proceso que ha venido eliminando los subsidios cruzados de las tarifas de luz que han venido pagando los diferentes sectores.

Por ejemplo, el comercial y el industrial han venido pagando más para que el residencial (nuestras casas), pague menos.

Esto es lo que han venido quitando, poco a poco; pero, ahora, vendría el golpe final, con la pretensión de lo que se llama la Asociación de Grandes Consumidores de Energía (Acograce), para que lo que a ellos les rebajen (hasta un 30% menos de lo que pagan ahora), lo repongamos nosotros, lo cual haría que nuestro recibo de la luz subiría hasta en un 11%, sino más. Igualmente, se trepará el valor de la electricidad para las micro, las pequeñas y las medianas empresas. ¡Esto es inadmisible!

La Defensoría le indica a la Aresep que es necesario “que las políticas públicas en materia de regulación incorporen el principio de solidaridad, en especial, en el suministro de servicios públicos esenciales como es el caso de la electricidad, entre otros”.

Desde nuestra perspectiva, la Aresep favorece al gran empresariado y tiembla cuando éste le “jala las orejas”, por no acceder a sus peticiones.

Si no, fíjense ustedes en la más reciente protesta de los dueños de buses, realizada “en las narices” de la Aresep y ésta, “en dos toques”, aflojó.

Por el contrario, la actitud de la Defensoría es de un gran corte humanista, al indicarle a la Aresep que la propuesta de rebaja que formulan los grandes consumidores de luz, supone “un peligro para el modelo solidario puesto en práctica por el ICE desde varias décadas atrás y también si no se efectuara el incremento en las otras tarifas se afectarían los recursos disponibles para inversiones lo cual puede ocasionar un colapso del sistema eléctrico nacional”.

Es decir, que si esa rebaja se da, obligadamente, en nuestras casas tendrán que subirnos el recibo de la luz; pues la plata que dejarán de pagar los “grandotes” (unos ¡65 mil millones de colones!), debe reponerse pues si no se repone, se vendrá abajo el sistema eléctrico del país…

El ICE tendrá que “sacarnos” del bolsillo, 39 mil millones de colones. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, deberá reponer unos 15 mil millones.

Las empresas públicas distribuidoras de electricidad, como Jasec y ESPH, junto a las cooperativas eléctricas, el resto, para un gran total a reponer de, ¡65 mil millones de colones!

Definitivamente, ¡vámonos a la calle, a manifestarnos cívica y pacíficamente, el próximo lunes 11 de noviembre!

Ya venció el término de ley para la inscripción de las candidaturas presidenciales correspondientes a las elecciones de febrero entrante. Todavía no tenemos claro cuántos serán los rostros que, definitivamente, aparecerán en la respectiva papeleta. No menos de diez, creemos. Ellos, todos varones, ya están pidiendo nuestro voto.

Además, en cada caso ya escogieron a las personas que les acompañarán en la “fórmula” presidencial: las candidaturas de la primera y segunda vicepresidencias. El “star system” de nuestro sistema político-electoral empieza a mostrar todo su “brillo”. Pero aquí algo hace falta. Como vamos a ser deslumbrados por los “spots” televisivos, por las cuñas radiales, por las visitas a mercados, ferias, parques y comunidades, algo está haciendo falta en nuestra fauna política de la época electoral. Bueno, eso pensamos nosotros.

¿Los programas de Gobierno? ¡Claro! Esto es importante. Pero como el papel aguanta lo que le pongan, muchos pensamos que esto es “pura paja”. Ya perdimos la cuenta de cuántas veces la gente ha sido estafada, políticamente hablando, en este tipo de procesos electorales. En campaña se dice una cosa… En el Gobierno se hace otra. Este es el pensamiento generalizado entre la “gente de abajo”. La verdad es que es cierto.

Pero veamos, ¿a quién le damos el voto? Si ya sabemos quiénes se están candidateando; si ya sabemos que llevan a “fulanito” y a “sutanita” en las candidaturas vicepresidenciales; y si ya sabemos que los programas de Gobierno son, pura y simplemente, papeles; entonces, ¿será esto suficiente (si hay intención real de votar), para decidirse por una de estas “fórmulas”? ¿Será suficiente con los bonitos mensajes de campaña, las sonrisas de presentadora de televisión, los apretones de mano y las caricias a los chiquitos?

Algunos “malamansados” (empleando sin autorización un concepto comunicacional de estimables amigos nuestros), no nos conformamos con toda esa “carajada” para decidirnos a votar por alguien… si es que, en verdad, hemos de ir a las urnas en febrero entrante, porque a estas alturas del partido, formamos parte del duro abstencionismo potencial.

A nosotros nos ayudaría muchísimo decidirnos por aquel candidato que le dijera al pueblo, claramente, los nombres de las personas que le apoyarían en su gestión gubernativa si gana las elecciones presidenciales; por lo menos, los nombres de quienes irían a ocupar los principales puestos jerárquico-ejecutivos de alto impacto en nuestras vidas comunes y silvestres.

Y es que siendo las vicepresidencias de la República, puestos de “mantequilla” según el sistema jurídico-republicano vigente, a la hora de gobernar mandan más (incluso que el propio Presidente), personas que son colocadas en puestos claves; y que, en no pocos casos, representan intereses corporativos que no fueron a las elecciones expresamente.

Así ha sido el caso de los intereses financiero-bancarios de signo neoliberal, de gran influencia en los últimos gobiernos y que, por supuesto, no se conocen en las urnas electorales pues actúan en la sombra, entre bambalinas y desde ahí ejercen un poder real.

Nosotros deberíamos exigir que cada candidato (al menos los que, seriamente, se postulan), nos dijeran cuál es la persona que va a estar en la presidencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR), verdadera “república independiente” y cuyas decisiones inciden mucho, por ejemplo, sobre el poder adquisitivo de los salarios.

¿A quién nombrarían, señores candidatos, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); una entidad a la que los últimos gobiernos le han reducido papel político-protagónico, le han desfinanciado, cuando en escenario de desigualdad social como el presente, debería tener un rol estratégico, por ejemplo, atacando con fuerza y contundencia, las violaciones a los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora?

¿Y sacarían del Comex al grupo de la señora Anabel González, pues este ministerio tiene un funcionamiento “soberanista” y “autónomo” de Zapote y es el precursor de esos TLC’s que nos tienen con más desempleo, con más desigualdad, con más concentración de la riqueza, con más corrupción… ¿A quién le darían el Comex?

¿Y quién sería la cabeza del Ministerio de Economía, entidad ésta más que estratégica si queremos “encender el motor” del mercado interno y fortalecer, pero de verdad, las micro, las pequeñas y las medianas empresas?…

Pensemos en el gran drama de los pocos productores y productoras agrícolas que quedan en el país. ¿Quién sería la persona a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería? ¿Podría la ciudadanía del campo costarricense votar por un candidato presidencial que se haría acompañar, si llega al gobierno, por el ciudadano tal o la ciudadana tal que se encargaría del MAG, conociendo con antelación a la elección de quién se trata esta persona?

¿Tendría un candidato presidencial las agallas suficientes para decirle al electorado que combatirá el desempleo, especialmente el desempleo juvenil, cuáles son esas determinadas personas comisionadas para tal fin y que podamos identificarlas antes de votar?

¿Y qué nos dicen del ICE?; ¿por qué no nos dan la opción de saber a quién colocarán frente a tan estratégica entidad en momentos en los cuales su futuro está más que amenazado?

¿Y en la cartera ministerial de Salud a quien colocarían, ahora que el dengue, la malaria y hasta el cólera amenazan seriamente con acabar lo poco que nos queda de lo que en otras épocas fuera nuestro “trapito de dominguear” en materia de Salud Pública: la Salud Preventiva?

¿Y, en la Caja, quién? La CCSS está en la situación más difícil de toda su historia, especialmente porque en su seno el cáncer de la corrupción pareciera irrefrenable. ¿A quién le darán semejante rol de enfrentar el “poder médico” y los tres conflictos de interés que la tienen postrada (el político-partidista, el corporativo-gremial y el del negocio privado con la salud pública)?

¿Le seguirían dando el control del Ministerio de Hacienda a personas ligadas con los organismos financieros internacionales, con el poderoso grupo de poder financiero-bancario? ¿Cuál es el rosto de la persona que desde esta entidad se enfrentaría a la mafia corrupta evasora de impuestos, mucha de la cual tiene en exjerarcas tributarios poderosos “aliados”?

¿Cuál es el fulano o la fulana que ustedes colocarían en el MOPT, para muchos, una de las entidades públicas más corruptas con esa perversa “descentralizacionalitis aguda” de los consejos (sistema de concesiones incluido), verdaderos antros de tráfico de influencias de todo tipo?

¿A quién podrían en el INS? Literalmente hablando el INS “nada en plata” y podría profundizar una proclividad solidaria subsidiante para grupos sociales amenazados de fuerte exclusión, en vez de que su actual jerarquía “le lleve de compras” por Centroamérica. Nos gustaría saber cuál sería la persona que, por ejemplo, acepte que plata del INS vaya para el debilitado programa CEN-CINAI.

Como ven, señores candidatos presidenciales, algunos “malamansados” con esto de que nos lleven como “rebaño” a votar en febrero próximo, pensamos que conocer cuál es la gente con la que gobernarían en el día a día, si ganan las elecciones, es fundamental para decir nuestro voto.

Así de contundente. No debemos aceptar que en nuestras casas nos suban la tarifa de electricidad, el recibo de la luz, solamente porque los grandes consorcios corporativo-empresariales quieren pagar menos por su consumo de energía.

Tal parece que la “gente de arriba” no para en su loca y provocadora carrera de acumulación desenfrenada de la riqueza y éste es un nuevo episodio que nos lleva a escenarios más profundos de polarización y de confrontación social.

La Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía (Acograce) ha tocado las puertas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), solicitando que le rebaje el precio de la electricidad a sus empresas afiliadas; muchas de ellas filiales de los grandes consorcios multinacionales que, por cierto, se caracterizan por sus estrategias de evasión y de elusión fiscal, llevándose la plata del país hacia paraísos fiscales donde nada de impuestos pagarán o lo hacen en sumas ridículas.

Como era de esperarse, la Acograce tiene el respaldo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), misma que no honra lo que firma y que, por supuesto y como es lógico suponer por su composición de clase, jamás piensa en los intereses de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa.

A estas unidades productivas, al igual que sucedería en nuestras casas, se les cargará, también y en sus respectivos recibos de luz, lo que dejarían de percibir por tal rebaja las entidades suministradoras y distribuidoras de electricidad, como el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, las empresas públicas como JASEC y ESPH y las cooperativas eléctricas.

Estas entidades públicas arriba mencionadas sufrirían impactos negativos muy graves en su situación financiera, si la indicada pretensión empresarial se concreta, de hasta un 30% menos de lo que pagan actualmente. En conjunto, tendrían una reducción de ingresos tarifarios por el orden de los 65 mil millones de colones anuales; cifra astronómica que deberá ser pagada por los hogares de la clase trabajadora, y por las micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre las grandes empresas que quieren que el pueblo trabajador les pague por recibo de luz lo que quieren dejar de pagar, están Procter and Gamble, Amway, Vicesa, Boston Scientific, Hospira, Durman Esquivel, Pipasa, Yamber, Holcim, Durpanel, Numar, Cemex y otras.

Todo el mundo reconoce que nuestro país vive un acelerado proceso de concentración de la riqueza y crecimiento sostenido de la desigualdad, en perjuicio de las grandes mayorías ciudadanas. Esta situación se agravará si a las mismas se les obliga a desembolsar una cifra como la indicada, producto de la reducción tarifaria a los grandes consorcios de negocios. Recordemos que casi un 70% de la población trabajadora asalariada con empleo y salario fijo gana 310 mil o menos colones por mes.

Es imprescindible destacar que este tipo de gran empresariado, ya viene pagando un precio por KW/hora menor al que pagamos en nuestros hogares. En el caso de mediana tensión de provisión eléctrica, el precio del KW/hora para estas empresas arranca en 12 centavos de dólar. Por el contrario, una casa ubicada en Hatillo, por ejemplo y en un mismo marco de condiciones, ese mismo KW/hora parte de los 19 centavos de dólar.

En el caso del ICE, el impacto negativo de esta pretensión es de una mayor profundidad, considerando las gigantescas erogaciones a las que se ha visto obligado por un mayor uso de combustible, por demás, carísimo, dada la alta carga tributaria que los precios de la gasolina y el diesel sufren en Costa Rica.

Para que se note la magnitud del impacto negativo en sus finanzas, si la Aresep accediera a las mencionadas pretensiones corporativas de la Acograce, a los 110 mil millones de colones que implica la factura por consumo de combustible de este año que debe honrar el ICE, habría que agregarle 35 mil millones de colones producto de la reducción en la tarifa empresarial de la cual venimos hablando. En tal escenario financiero negativo, no le quedará más opción al ICE que solicitar aumentos en la tarifa de electricidad para esas grandes mayorías populares.

Revisando el sitio web de la Acograce, notamos que en la vicepresidencia de su junta directiva está el ciudadano Jack Liberman Ginsburg, hermano del actual segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman Ginsburg. Evidentemente no estamos ni insinuando ni afirmando nada que lesione el honor de tan distinguidas personas.

Pero el contexto actual es de gran desconfianza ciudadana en su clase gobernante tradicional y los episodios de tráfico de influencias, tanto abiertos como encubiertos, con ropaje legal o sin él, tanto en el presente gobierno como en los inmediatos anteriores, tienen en entredicho la institucionalidad republicana; considerando que los negocios privados con los servicios públicos, ha sido un pilar fundamental para que hoy estemos en situaciones de gran concentración de la riqueza y de indetenible proceso de crecimiento de la desigualdad.

¡Qué importante sería que los candidatos presidenciales hablaran, claramente, de esta situación! Especialmente, sería sumamente relevante que quienes de ellos están siendo más notables según lo determinan las fuerzas mediáticas dominantes, le dijeran a la gente a la cual le piden el voto, cómo ven las pretensiones de la Acograce y qué piensan de que sea el pueblo trabajador el que “pague los platos rotos” (como siempre suele suceder), en este caso de reducir las tarifas de electricidad para los grandes consumidores, hasta en un 30%. Algunos de estos candidatos están planteando su “preocupación” por el asunto de la desigualdad y esta pretensión del gran empresariado corporativo de la Acograce expresa un aspecto de desigualdad inobjetable.

Varias entidades sindicales y sociales están uniendo esfuerzos y están haciendo una convocatoria ciudadana para que protestemos por tal razón; actividad de calle prevista para el día lunes 4 de noviembre entrante.

Por otra parte, considérese que la Aresep está bastante desprestigiada ante un enorme y abrumador segmento de la población usuaria de los servicios públicos cuya tarifa y precio “regula” esta entidad. El sesgo pro-empresarial de la Aresep es más que evidente para una importante cantidad de organizaciones de la sociedad civil. Por lo general, sus audiencias son procesos “cosméticos”, dado que las decisiones están tomadas.

Es más, en nuestro propio caso, hace tiempo dejamos de confiar y de creer en la Aresep. En este caso, de las pretensiones de la Acograce, la audiencia por venir será de “mentirillas” y por eso estimamos que la mejor audiencia para esta situación, es la Audiencia de la Calle.

Nosotros creemos que todos, “los de abajo”, debemos apoyar esta causa con todas nuestras fuerzas para enfrentar este nuevo ataque a la estabilidad financiera de las familias del pueblo trabajador, ya de por sí bastante estrujada por el proceso de empobrecimiento y de crecimiento de la desigualdad que vive nuestra sociedad. Debemos apoyar la acción social de calle prevista para el lunes 4 de noviembre.

Hace ya bastante tiempo que muchas personas expertas con especialidad en varias de las ciencias sociales y políticas, han venido indicando que lo que se denomina “gobernabilidad”, se ha estado deteriorando en Costa Rica, sistemáticamente, a lo largo de los últimos gobiernos (los del famoso “PLUSC”, Liberación-Unidad).

En frases nuestras, pecando de ignorancia, podríamos traducir eso de “gobernabilidad” como la capacidad de “los y las de arriba” (digamos, el sistema político), de conducir (más bien controlar) los destinos de “los y las de abajo” (digamos, el pueblo trabajador, la ciudadanía popular).

Esta capacidad ha venido a menos en los últimos tiempos, al punto de que ha llevado a que muchos políticos de ese “PLUSC” (con sus derivados), mismo que ha estado conduciendo las últimas administraciones gubernativas, hablen de que vivimos tiempos de “ingobernabilidad”, de que Costa Rica es “ingobernable”.

Pensamos nosotros que esto no es ni más menos que la “gente de abajo” (sino del todo completamente), ha venido perdiendo, poco a poco, su credibilidad en la capacidad de gobernar de la “gente de arriba” (la del “PLUSC”, turecas y similares).

Y, la verdad sea dicha, esta “gente de arriba”, con sus figuras más connotadas (y algunas de “segunda división”), de lo que podríamos denominar como la “clase política tradicional”, se ha venido desprestigiando en grado sumo, al punto de que han generado una sensible pérdida de lo que tales personas expertas llaman “legitimidad” del sistema político costarricense.

Es decir, que las últimas administraciones gubernativas, que son las del “PLUSC” básicamente, han venido actuando de tan mala manera que han generado un deterioro de la “legitimidad” del sistema político actualmente vigente en el país. Es evidente que también han aportado para que tal “legitimidad” se vea disminuida, gente de otros partidos políticos que si bien no han estado en los gobiernos recientes, desde el mismo parlamento, han “aportado” lo suyo para tal deterioro paulatino de la “legitimidad” de “nuestro” sistema político.

Por supuesto que hay honrosas excepciones pero éstas no alcanzan como para que tal pérdida de “legitimidad” ya no pueda seguirse ocultando, disimulando, tergiversando, relativizando; por el contrario, amenaza con profundizarse.

Hasta tal punto ha llegado esto que desde el exterior ya son más que claras las “alertas” de entidades estudiosas de estas cosas de las sociedades democráticas. La más reciente investigación al respecto, viene desde la Universidad de Vanderbilt, ubicada en el estado de Tennessee, Estados Unidos.

Varios indicadores de tal investigación son, sencillamente, impresionantes. Parece ser que en el estudio anterior de esta entidad, fechado en el 2006, Costa Rica tenía el cuarto lugar en el “ranking” de las Américas, en cuanto a la “legitimidad” del sistema político.

Ahora, en el estudio del 2012, el país cayó al lugar décimo. Cuando se tenía ese cuarto lugar, los tres países primeros eran, en su orden, Uruguay, Estados Unidos y Canadá. Al estar ahora en el décimo lugar en cuanto a la “legitimidad” del sistema político, Nicaragua, El Salvador México y Venezuela están mejor ubicados que nuestro país. Y pareciera que esta “caída libre” no va a detenerse, si vemos otro indicador del estudio.

Ante la pregunta “¿siente que a los gobernantes les interesa lo que piensa gente como usted?”, Costa Rica se fue al “sótano”. Nuestro país está en el lugar 26 de los 26 países estudiados como base en esta pregunta. Dice tal estudio que solamente un 25% de la gente a la cual se le hizo tal pregunta, respondió afirmativamente. Es decir, actualmente, en Costa Rica, el 75% de la ciudadanía estima que lo que pensamos la “gente de abajo”, a la “gente de arriba” (la clase política tradicional), “le importa un pepino” (si nos dispensa usted, el uso de esta expresión popular muy propicia para lo que venimos comentando).

Seguramente en esto pensó el señor que manda en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuando en la actividad de apertura de la campaña electoral para las votaciones nacionales de febrero de 2014, indicó que los partidos políticos en Costa Rica están “desconectados” de la gente, de la ciudadanía; y dado que son éstos los principales actores en las democracias, quienes sí son personas serias dentro del conglomerado de la “gente de arriba”, ¡deben estar bien preocupados!

Uno de los señores especialistas que hizo este estudio, don Mitchell Seligson, indicó que con base en lo que dijo la ciudadanía a la que se le aplicó la encuesta, “la gente ahora piensa que a ellos, los políticos, solo les interesa la cuenta bancaria, que solo están por su interés”. Nada más y nada menos que lo que uno oye en el bus, en el taxi, en la calle, en la feria, en la pulpería…

Este especialista indicó en la información de prensa que leímos que él siempre le decía a sus estudiantes que “Costa Rica era el mejor país del mundo; ahora pienso que no”.

Si para la “gente de arriba” los datos que indica este estudio, pasan desapercibidos, ¡allá ellos! Podría ser positivo para la “gente de abajo”. A lo mejor. Sí llama la atención que haya sido el diario emblema de la oligarquía neoliberal costarricense el que diera cuenta, periodísticamente hablando, de este estudio. (Se puede consultar este sitio web: www.vanderbilt.edu/lapop-espanol).

¡Gigante tarea le espera a las personas candidatas nacionales que están pidiendo el voto de los y de las costarricenses para febrero entrante! Hace algunos años indicamos que, por lo general, en estos procesos electorales, a la ciudadanía se la “estafa”, políticamente hablando. No puede uno dejar de interpretar que los datos de la gringa Universidad de Vanderbilt, no es más que una especie de “juicio político” a la tradicional clase política gobernante por sus engaños de las últimas administraciones.

Sobran los ejemplos de este deterioro de la “legitimidad” del sistema político costarricense. Analicemos solamente uno. El pasado lunes 7 de octubre, se cumplieron 6 años del “frauduréndum” del TLC con Estados Unidos. Recordamos aquella perversa mentira de que habría con ese tratado, hasta 500 mil nuevos empleos. Hoy, para el Gobierno el desempleo, está en un 10%; pero para la Universidad Nacional (UNA), en un 18%. Entre la juventud, el desempleo se acerca al 25%. Pero es claro que “en tiempos de TLC”, el desempleo creció.

Recordamos ahora al gobernante de ese momento quien decía que con ese TLC, la clase trabajadora “andaría en BMW”: don Óscar Arias Sánchez. Y ahora, ¿dónde está él?… “Calladito más bonito”, como dice el pueblo. Si esto no fue una de esas estafas políticas, entonces, ¿cómo hemos de llamarle? Se entiende, en consecuencia, plenamente, eso de la pérdida de “legitimidad” del sistema político. ¿Estaremos, de nuevo, en febrero entrante, ante una nueva estafa política? El título de este artículo está con signos de interrogación, de pregunta. Pero lo finalizamos afirmativamente: Está en caída libre “nuestro” sistema político.

La semana pasada les hablamos del tema de un nuevo paquete de impuestos que estaría proponiendo en próximas horas el actual Gobierno (ya de salida), por intermedio de su Ministro de Hacienda, el distinguido ciudadano Dr. Edgar Ayales Esna.

Dijimos que “Los y las de abajo no debemos, no queremos y no podemos pagar más impuestos”, haciendo alusión a la necesidad de una Transformación Tributaria Estructural que ocupa nuestro país en los actuales momentos de crecimiento de la desigualdad.

Lo que pretendemos es que el sistema tributario costarricense comience a avanzar hacia la progresividad (que paguen más lo que más tienen proporcionalmente hablando); abandonando la injusta característica de la regresividad (pagan más los que, proporcionalmente hablando, tienen menos).

En esta dirección, hemos lanzado la propuesta de establecer en nuestra patria lo que en varios países de la Unión Europea (UE), se viene impulsando como el “impuesto Robin Hood” (“The Robin Hood Tax”, en inglés); que es un impuesto aplicado a las transacciones que realizan las entidades financieras entre sí, con lo cual habría miles y miles de millones de euros para (entre otras políticas), combatir la pobreza (dentro y fuera de la UE), atajar el crecimiento de la desigualdad y combatir los dolorosos tormentos que están sufriendo los pueblos trabajadores de muchas naciones del “viejo continente”. El impuesto “Robin Hood” hace alusión a la leyenda del “bandolero” británico Robin Hood que le robaba plata a los ricos para repartirla entre los pobres.

Recientemente una nota periodística costarricense nos comentó acerca de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), “reforzó la vigilancia de las transferencias bancarias iguales o superiores a los $10.000…” (Diez mil dólares, o 5 millones de colones); “como parte del incremento de la supervisión del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”… No hay duda: esta directriz es muy oportuna y necesaria. (La Nación, viernes 27 de setiembre de 2013, página 24A).

Lo que más nos llamó la atención de tal noticia, fue la mención que se hace a la cantidad de operaciones o transacciones financieras que en los bancos del país se hicieron durante solo un año, el 2012, moviendo montos iguales o superiores a los 10 mil dólares: ¡Un millón setecientas mil (1.700.000) transacciones u operaciones financiero-bancarias en suelo tico! ¡Qué cantidad de plata! Veamos:

Supongamos que cada una de esas 1 millón 700 mil operaciones financieras realizadas en suelo tico durante el año 2012, sean todas de 10 mil dólares (es decir, que ninguna supere esta cifra), entonces estamos diciendo que en los bancos ticos se movieron, solamente en ese año 2012, ¡17 mil millones de dólares! (en números, 17.000.000.000).

Ahora bien. Convirtamos esos ¡17 mil millones de dólares! en colones, a 500 pesos por dólar. Entonces tenemos, nada más y nada menos que, ¡ay Dios mío!: ¡8 BILLONES, 500 MIL MILLONES DE COLONES! En números: 8.500.000.000.000.

¡Impresionante! Solamente en el 2012, en transacciones financieras en los bancos del país se movió esa gigantesca, sideral, inimaginable para los “viles mortales”, cantidad de plata: ¡8 BILLONES, 500 MIL MILLONES DE COLONES!

Cierto especialista en finanzas públicas nos indicó hace algún tiempo, no mucho, de que un punto porcentual de lo que llaman el Producto Interno Bruto (PIB), en el caso costarricense, es del orden de los 200 mil millones de colones (200.000.000.000).

Entonces, ¡esto es una locura!: En el año 2012, las transacciones financiero-bancarias en suelo tico, fueron del orden del ¡41.5 del PIB! Este dato sale de dividir los 8 billones 500 mil millones de colones, entre los 200 mil millones de colones que representa cada punto porcentual de PIB.

En realidad nos cuesta creer en semejantes movimientos de capital por los bancos nacionales. Pero parece que es así, repetimos, considerando 1 millón 7 mil transacciones financieras y que todas fueran únicamente iguales a los 10 mil dólares.

Pero, ¿cuántas más son mayores a los 10 mil dólares? Entonces, aquí en Costa Rica, anualmente, por medio de los bancos, se estaría moviendo plata mucho mayor a los ¡8 BILLONES, 500 MIL MILLONES DE COLONES!

Ahora, imaginen ustedes, los y las de abajo, ¿qué pasaría si aquí existiera un impuesto del 1% a cada una de esas 1 millón 700 mil transacciones financieras anuales en los bancos ticos? Es decir, que en Costa Rica el impuesto “Robin Hood” fuera del 1%…

Pues el Estado tendría ingresos frescos por el orden de los 85 mil millones de colones al año: apenas un 0.42 de PIB. Compare un 0.42 de PIB con un 41.5% de PIB. ¡Nada que ver! Es decir, la gente que tiene plata y que la mueve de un banco a otro producto de este tipo de operaciones financieras, seguiría teniendo mucha plata si tan sólo el impuesto “Robin Hood” fuera en Costa Rica, del orden del 1%.

En realidad, esperamos que esa información periodística acerca del 1 millón 700 mil transacciones financiero-bancarias que ocurrieron en suelo nacional en el 2012, sea sumamente exacta, porque ha dejado al desnudo de que si se habla de nuevos impuestos, éstos deben ser aplicados para “los de arriba”. Y este es tan sólo un ejemplo de un ajuste tributario por el lado de los que más tienen.

Los datos comentados certifican, reafirman, legitiman nuestra prédica de que “Los y las de abajo no debemos, no queremos y no podemos pagar más impuestos”, como se tituló nuestro comentario de la semana pasada.

Pero, ¿cuál es la gente, cuáles son los grupos corporativos, cuáles las entidades bursátiles, cuáles son los consorcios empresariales que mueven, por año, semejante cantidad de plata en las entidades financieras ubicadas en territorio nacional? No lo sabemos.

Lo que sí podría uno especular es que sino todos, muchos de ellos, deben ser los que se “ofrecen” a prestarle plata al Gobierno habida cuenta de su déficit fiscal y su “faltante” en las finanzas públicas. Porque estamos casi seguros de que el tema del traído y llevado déficit fiscal esconde un gran negocio de usura y préstamo cada vez que el Ministerio de Hacienda sale a buscar plata para que el Gobierno funcione, colocando sus bonos, tanto nacional como internacionalmente.

Es indudable que esta situación se debe a la naturaleza capitalista de la especulación financiero-bancaria de corte internacional y de signo neoliberal, que es la que controla los verdaderos resortes del poder hegemónico dominante en la actualidad.

Como vemos, estamos de cara a tan solamente un único ejemplo de que cualquier ajuste en el sistema impositivo costarricense debe darse por el lado de las grandes fortunas, de los abusivos capitales acumulados, del dinero especulativo. Por eso reiteramos que “los y las de abajo no debemos, no queremos y no podemos pagar más impuestos”.

El Gobierno de la República, por intermedio de su Ministro de Hacienda, don Edgar Ayales Esna, dará a conocer el próximo 3 de octubre de 2013, cuáles son los contenidos de un nuevo proyecto de reforma fiscal-tributaria (más impuestos), para enfrentar lo que se llama el déficit fiscal, que es la creciente distancia entre la plata que recibe el Gobierno vs. la que gasta. Los técnicos en la materia le llaman a eso “desequilibrio en las finanzas públicas”. Una vez más, desde nuestra perspectiva sociolaboral, queremos dejar sentada nuestra posición al respecto; misma que basamos en estos tres elementos fundamentales.

Uno: La reforma fiscal y el ajuste impositivo deben ser para “los de arriba”. “Los y las de abajo” no debemos, no podemos y no queremos pagar más impuestos. Particularmente, en el caso de la clase trabajadora asalariada que debe pagar impuesto al salario (renta), éste se le rebaja de planilla. Y en el caso del impuesto sobre las ventas, asalariados o no asalariados, se cobra directamente en el momento de la compra. En otras palabras, el pueblo trabajador, con empleo formal o sin él, no roba, no evade impuestos. No tiene “escapatoria”.

Dos: El sistema tributario costarricense debe dejar de ser regresivo y pasar a ser progresivo. Actualmente, dada la regresividad impositiva vigente en el país, proporcionalmente hablando, pagan más los que menos tienen: la “gente de abajo”. Hay que darle vuelta, radicalmente hablando, a la tortilla: que paguen más, proporcionalmente hablando, los que más tienen y los que han estado pagando menos de lo que debieran. Ejemplo clásico de ello: los banqueros.

El ciudadano Jorge Guardia Quirós, muy conocido en los ámbitos financieros del país, denunció que los banqueros del país “lograron aprobar leyes, decretos y políticas económicas que los beneficiaron en cantidades muy grandes, tan grandes que nadie las ha podido cuantificar”. También dijo que “lograron que les rebajaran los encajes bancarios en ciertos períodos para poder prestar y lucrar más, obligando al Banco Central a absorber esos recursos e incurrir en pérdidas y afectar la inflación, que castiga a los más pobres. Lucraron con los bajos impuestos de renta al interés (8%), mientras que los demás mortales, incluyendo asalariados, pagan tasas mucho más elevadas, del 15%, 25% y hasta un 30%…”. Y para que no quede duda se dejó decir que los banqueros ticos “captaron y prestaron mediante sus offshores sin satisfacer encajes, someterse a la SUGEF, ni pagar impuestos. Toda una vida hicieron plata exenta por medio de sus offshores y, al final, tampoco pagaron nada (ni cuita), pues al ponerse viejos vendieron sus acciones a bancos extranjeros sin estar sujetos a impuestos sobre la renta”.

Como vemos, es este tipo de gente la que debe pagar más impuestos. A decir de don Jorge Guardia Quirós, uno de los grupos más beneficiados de esta fiesta de rentas bancarias, fue el del señor Liberman Ginsburg, ya saliente segundo Vicepresidente de la República. ¡Qué interesante sería que el señor Liberman Ginsburg se refiriera a estos asuntos!

Tres: En consecuencia, ahora hay que “atornillar” a los y las de arriba (como los banqueros). Sin ser poseedores de la verdad absoluta y sin creernos especialistas en la materia, planteamos 12 propuestas, formuladas “desde abajo” para una transformación tributaria estructural; esa que necesita dejar de ser regresiva y pasar a ser progresiva. Obviamente hay más ámbito propositivo al respecto. Por ejemplo, nuestros y nuestras colegas sindicalistas del Ministerio de Hacienda (especialmente, quienes integran la Seccional ANEP-Hacienda), han trabajado bastante el tema y han venido aportando muchísimo al respecto. Para efectos de este espacio, reiteramos algunas ideas-propuestas para un ajuste tributario-fiscal realmente justo.

PRIMERA: Establecer la Renta Mundial: Gravar las ganancias obtenidas en el exterior pero pagadas al momento del devengo, en su origen, no cuando se da su ingreso al país.

SEGUNDA: Establecer la Renta Global: Gravar sobre la sumatoria total de las diversas fuentes de ingreso.

TERCERA: Establecer un sistema de premiación por denuncia de evasión fiscal-tributaria, de forma secreta y con un porcentaje de lo defraudado para la persona denunciante, una vez comprobado y cobrado lo que se robaron.

CUARTA: Una ley para permitirle a la administración tributaria acceso a las cuentas bancarias cuando se presumen ilícitos fiscales sin demérito del secreto bancario.

QUINTA: Regulación más fuerte de la banca costarricense en el exterior (banca “offshore”).

SEXTA: Un impuesto, por única vez, al patrimonio de las grandes fortunas y capitales.

SÉTIMA: Una ley de contingencia fiscal para gravar, por un año o dos, las erogaciones suntuarias, el consumo de lujo y la muestra abusiva de concentración de riqueza; y como forma inmediata de bajar en dos puntos, al menos, el déficit fiscal.

OCTAVA: Aprobación del proyecto “Pensión-Consumo”.

NOVENA: Un impuesto a las transacciones financiero-bancarias luego de cierto monto para no castigar más a los sectores medios: el impuesto “Robin Hood”.

DÉCIMA: Fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria en todos sus órdenes, especialmente en el control del robo de impuestos con la contratación de 400 personas técnico-profesionales.

ONCEAVA: Revisión profunda del sistema de exenciones y de exoneraciones (actualmente, representando un 6% del Producto Interno Bruto PIB).

DOCEAVA: Pasar las contralorías de servicios institucionales a la Defensoría de los Habitantes, para incrementar la calidad del control de los recursos públicos y la facilitación de denuncia por uso indebido de toda naturaleza.

Es nuestro criterio que con este tipo de medidas tributarias Costa Rica podrá comenzar, en serio, a revertir la peligrosa senda de la desigualdad que venimos transitando desde hace ya bastante tiempo. Y, de manera imprescindible, solamente mediando una sistemática acción cívico-social, de gran contenido patriótico, con una unidad de acción de las diversidades que venimos luchando hace bastante tiempo por la justicia social, hemos de lograr esta Transformación Tributaria Estructural que ocupa el país.

El pueblo tico está sintiendo una gran alegría por la clasificación de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica al mundial de Brasil 2014; sentimiento de hondo contenido psicosocial que compartimos.

Tómese en cuenta que en los actuales momentos de la realidad nacional, la “sele” es, prácticamente, el único factor de unidad nacional y el único aspecto de integración social que nos queda, en la Costa Rica de las desigualdades crecientes que estamos viviendo.

Según tenemos entendido, la circunstancia de que Costa Rica vaya al mundial de fútbol de Brasil 2014, no pareciera ser un asunto del agrado de las tradicionales estructuras de poder de la FIFA (la Federación Internacional de Fútbol Asociado) en esta región: la Concacaf (Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol).

En el seno de ésta, el peso de México y de Estados Unidos es un asunto innegable. Ahora que los aztecas están a punto de quedar fuera de Brasil 2014, la sospecha de que se hará lo que sea para sí participe, tiene molesta a la fanaticada tica ante una supuesta sanción que la FIFA adoptaría porque se le “faltó el respeto” a la selección gringa que perdiera aquí, 3 a 1, ante Costa Rica.

Se le ha abierto un expediente al país y se dice que el castigo sería jugar el partido que falta contra México, a puerta cerrada o en un terreno “neutral”. Por otra parte, ni Concacaf ni la propia FIFA hicieron nada contra los gringos por el “partido de la nieve”.

A pesar de nuestra ignorancia en estos asuntos de alta especialidad futbolística, no nos impidió sentir indignación como un costarricense más y nos dimos a la tarea de buscar información sobre el tema de la corrupción en el seno de la FIFA.

¡Gran sorpresa! La FIFA tiene demasiadas cosas para ser cuestionada por lo que tiene muy poca autoridad moral para “castigar” a Costa Rica y a su selección por la supuesta ofensa al equipo gringo.

Dentro de los escándalos de corrupción que ha tenido la FIFA, el más reciente nos habla de que Catar, país árabe, prácticamente “compró” el mundial del año 2022.

La famosísima revista francesa “France Football” (misma que tiene un convenio con la FIFA para la premiación del jugador del año, con el trofeo “Balón de Oro”), denunció que esa nación realizó una altísima “inversión” para lograr los votos requeridos y que se le diera ese mundial.

“France Football”, en su reportaje que tituló “Qatargate”, denunció que la repartidera de plata la hizo un señor llamado Mohamed Ben Hamman, catarí, Presidente de la Confederación Asiática de Fútbol y quien quiso echar de la presidencia de la FIFA al suizo Joseph Blatter, comprando votos para sí mismo. Esto le costó ser suspendido de por vida de su alto cargo futbolero.

Esta denuncia tiene relación con una anterior, del diario británico “The Sunday Times”, el cual acusó a dos miembros del comité ejecutivo de la FIFA, de tener disposición a vender su voto para la elección de los países organizadores de los mundiales de 2018 y 2022.

Amos Adamu y Reynald Temarii cayeron en la trampa tendida por 2 reporteros de este periódico quienes se hicieron pasar por empresarios gringos interesados en que el mundial del 2022 fuera en Estados Unidos.

Este país luego perdería, 14 votos contra 8, la sede del 2002 que se la “ganó” Catar. Un ejecutivo de FIFA le pidió a estos supuestos empresarios, 800 mil dólares para “construir campos de fútbol”; el otro pidió dinero para una “academia deportiva”.

La designación de Catar generó enormes resentimientos. Australia también quería este mundial del 2022 y fue tal su enojo de quedar por fuera que llevó a un alto político de ese país, el senador Nick Xenophon, a exigirle a la FIFA que les reembolsara los 46 millones de dólares gastados por Australia en la promoción de su candidatura, la cual nuca tuvo oportunidad alguna debido “a las corruptas estructuras de la FIFA”.

Desde 1998 el señor Blatter preside la FIFA y se denunció que para su más reciente reelección hubo compra de votos. El señor Jack Warner, jerarca de la Concacaf, denunció que esta entidad recibió del señor Blatter un “regalo” de un millón de dólares para emplear a “criterio propio”.

También se denunció que Blatter envió cartas con 50 mil dólares cada una a funcionarios deportivos africanos, pero el presidente de FIFA respondió que eran fondos para “pagos a clubes en problemas”, aunque se siguió sosteniendo por los denunciantes de que se trataba de “recompensas” por votos dados para la continuidad del suizo en el mando del organismo rector del fútbol planetario.

Por esos pleitos de palacio, el señor Warner, oriundo de Trinidad y Tobago, fue suspendido temporalmente de la comisión de ética de la FIFA, bajo sospechas de corrupción. Específicamente, le acusaron de haber ayudado al catarí Bin Hamman en la compra de votos, pues éste quería ser presidente de la FIFA desplazando al suizo Blatter.

En el 2015, habrá nuevas elecciones y el francés Michel Platini quiere la presidencia. Desde ya se viene especulando sobre el desarrollo de conversaciones en las que se “vale todo”, según los especialistas en FIFA.

En el 2008, la justicia suiza comprobó el desembolso de “comisiones” por más de 100 millones de euros que una empresa deportiva ISL/ISMM desembolsó, presuntamente, a favor de los ejecutivos FIFA, Issa Hayatou (Camerún), Nicolás Leoz (Paraguay) y Ricardo Texeira (Brasil). Particularmente a éste se le acusó de recibir unos 12,7 millones de francos suizos entre 1992 y 1997, según la justicia suiza. Esa empresa ISL vendía derechos de transmisión de los mundiales a nombre de la FIFA.

El brasileño Joao Havelange, antecesor de Joseph Blatter, renunció a su cargo de Presidente Honorario de la FIFA, dadas las graves acusaciones de irregularidades en sus años al frente de esta entidad futbolística global.

El juez alemán Hans-Joachim Eckert, presidente del órgano de decisión de la comisión de ética, constata que Havelange, que presidió la FIFA de 1974 a 1998, recibió “sobornos” de la empresa de comercialización de derechos deportivos ISL.

El periodista británico Andrez Jennings, en su libro “Foul!”, que detalla los escándalos de la FIFA, acusó al entonces presidente de la transnacional de negocios deportivos Adidas, el señor Horst Dassler, de haber comprado los votos indecisos para la primera elección de Havelange. Hasta la fecha, la sociedad de Adidas con los mundiales de fútbol sigue vigente.

Otro cuestionamiento que pesa sobre Havelange indica que el recientemente fallecido dictador argentino Videla le habría regalado una parcela para que Argentina fuera sede del mundial de 1978, cuando este país empezaba a sufrir descrédito internacional ante la brutal represión interna de opositores a la dictadura con la trágica historia de los desaparecidos.

Como vemos, ¿es ésta la FIFA que castigaría a Costa Rica?… Juzgue usted.