Categoría: Opinión

Aunque nos otorguen una “cajita blanca”, desearíamos que en la campaña electoral ya en desarrollo para las votaciones de febrero entrante, las candidaturas presidenciales más “serias” (porque las que son dobles, que también se postulan para diputados, son como de “mentirillas”); se plantearan temas de gran profundidad que llegaran a impactar al común de la ciudadanía, especialmente a la clase trabajadora, en el marco de una sociedad que potencia, un día sí y otro también, el crecimiento de la desigualdad y la concentración abusiva de la riqueza.

El alto costo de la vida, la altísima tarifa que estamos pagando por servicios básicos como la electricidad y los combustibles, así como el deterioro del poder de compra de los salarios (especialmente los salarios mínimos que rigen para el sector privado de la economía), son temas que preocupan muchísimo en los hogares de la clase trabajadora, tanto aquella con la suerte de tener empleo formal, como quienes deben luchar en el día a día en la informalidad. Ni qué decir, en aquellos grupos familiares que están sufriendo desempleo.

Junto a estas sensibles angustias que aquejan a la gran mayoría de la población, para “los y las de abajo” el tema de justicia tributaria debe ser de alta prioridad de cara a los señores que quieren nuestro voto para ser el próximo presidente de la República. Muchas veces hemos hablado de este tema desde esta columna, a partir de la naturaleza del trabajo sociopolítico que nos ha sido encomendado.

En tal sentido nos llamó la atención que por estos días, al menos tres de estos señores candidatos tocaron el punto. Don Johnny Araya Monge, don José María Villalta Florez-Estrada y don Luis Guillermo Solís Rivera (citados alfabéticamente por la letra inicial de sus nombres), se refieran a la cuestión tributaria, de una u otra forma.

Cambiar el sistema tributario costarricense, como lo requiere una sociedad que enfatiza en el crecimiento de la desigualdad como lo es la Costa Rica de hoy, se requiere de un rompimiento fuerte con el poder hegemónico real que manda los destinos de este país pese a las sucesivas elecciones presidenciales. El que gane, si de verdad quisiera “coger el toro por los cuernos” para enfrentarse a tales poderes, deberá buscar mucho respaldo social entre la amplia gama de grupos organizados de toda naturaleza que, de una manera u otra, vienen luchando para no ser excluidos.

Uno podría apostar por apoyar a un gobierno determinado, en este aspecto tributario, si éste se decidiera a propiciar cambios para quitarle el perverso sesgo regresivo (pagan más lo que proporcionalmente tienen menos), a fin de introducirle un carácter progresivo (pagarán más los que más tienen).

En este sentido, aquí dejamos nuevamente, algunas de las propuestas que podrían abrir el camino para que el sistema tributario costarricense empiece a variar, estructuralmente hablando y se convierta en uno de carácter progresivo.

Veamos: 1) Establecer un sistema de premiación por denuncia de evasión fiscal-tributaria, de forma secreta y con un porcentaje de lo defraudado para la persona denunciante, una vez comprobado y cobrado lo que se robaron. 2) Una ley para permitirle a la administración tributaria acceso a las cuentas bancarias cuando se presumen ilícitos fiscales sin demérito del secreto bancario. 3) Regulación más fuerte de la banca costarricense en el exterior (banca “offshore”). 4) Un impuesto, por única vez, al patrimonio de las grandes fortunas y capitales. 5) Una ley de contingencia fiscal para gravar, por un año o dos, las erogaciones suntuarias, el consumo de lujo y la muestra abusiva de concentración de riqueza; y como forma inmediata de bajar en dos puntos, al menos, el déficit fiscal. 6) Aprobación del proyecto “Pensión-Consumo”. 7) Un impuesto a las transacciones financiero-bancarias luego de cierto monto para no castigar más a los sectores medios: el impuesto “Robin Hood”. 8) Fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria en todos sus órdenes, especialmente en el control del robo de impuestos con la contratación de 400 personas técnico-profesionales. 9) Revisión profunda del sistema de exenciones y de exoneraciones (actualmente, representando un 6% del Producto Interno Bruto PIB). 10) Pasar las contralorías de servicios institucionales a la Defensoría de los Habitantes, para incrementar la calidad del control de los recursos públicos y la facilitación de denuncia por uso indebido de toda naturaleza.

Sin duda alguna, el tema de naturaleza muy sensible pero algo está más claro que nunca: a los y las de abajo ya no se les puede quitar más plata. El país ocupa una Transformación Tributaria Estructural, una “Revolución Tributaria” pero se necesitará mucho músculo social para impulsarla de parte de quien gane la Presidencia de la República, si es que, efectivamente, quisiera enfrentar a los sectores poderosos, los del poder real, que no pagan bien sus impuestos.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (más conocida como Sala Cuarta), en un cuestionado fallo dividido de sus siete integrantes (4 votos contra 3), le quitó a los trabajadores y a las trabajadoras de la Municipalidad de San José, su derecho a tener un reconocimiento de cesantía sin tope, sin límite de años, luego de terminar sus carreras de servicio público.

Igualmente, tal derecho se le cercenó al personal de la Municipalidad de Turrialba y en la misma situación estarán en fecha próxima otras municipalidades que durante toda una vida han tenido una política de reconocimiento de cesantía total.

Esta ha sido la forma más justa de premiar labores de servicio público que si bien dignas, generan grandes estragos en la salud física y mental de este tipo de personal de servicio público, como los recolectores de basura, aseadores de vías, limpiadores de tragantes; personas trabajadoras que sufren altos riesgos de salud por las especiales circunstancias de su quehacer en función de la sociedad; trabajo que, además, no resulta muy bien pagado.

Tenemos que interpretar este fallo constitucional de mayoría como una decisión judicial de alto contenido ideológico, sumamente prejuiciada y evidentemente discriminatoria.

Es de alto contenido ideológico porque se inspira en esas corrientes de pensamiento de la hegemonía política dominante que, en términos generales, estimulan la involución del Derecho Laboral y plantean la reversión de conquistas obreras; así como buscan homologar “hacia abajo” las condiciones de empleo de toda la clase trabajadora costarricense, para hacerla “competitiva” ante el rumbo dominante de una globalización anticristiana y deshumanizante.

Ese fallo es de alto contenido prejuicioso porque, precisamente, busca repotenciar en la sociedad la pérfida especie de que quienes laboran para el sector Público son personas “privilegiadas”, que tienen derechos “abusivos” y que, además, son como una “carga” para la sociedad. Por tanto, deben eliminársele todos los derechos logrados a través de sus luchas, como la de tener convenciones colectivas de trabajo.

Y, finalmente, ese cuestionado fallo es de alto contenido discriminatorio por cuanto es absolutamente falso sostener que la cesantía municipal sin tope es un “privilegio”, dado que, bajo ese criterio habría que declarar como inconstitucional lo siguiente: a) la cesantía que funciona bajo el sistema solidarista que reconoce todos los años y que se deposita, mes a mes, por el patrono. b) La cesantía por todos los años de servicios establecida en el sector Público y bajo el sistema del Servicio Civil cuando se habla de reestructuraciones. c) La práctica de muchos patronos privados de liquidar a sus empleados a final de año y recontratarlos para el siguiente, con el reconocimiento correspondiente de esa cesantía anual. d) La ruptura sin límite de años, aunque parcial (al 3%), establecida en la denominada “Ley de Protección al Trabajador” (LPT).

Como vemos los cuatro magistrados constitucionales que votaron contra el personal de las municipalidades de San José y de Turrialba (y que seguro lo harán contra la clase trabajadora de otras entidades de este nivel institucional del sector Público), actuaron con gran discriminación.

Si dijeron que las cesantías “sin límite de años” en las municipalidades son inconstitucionales, debieron decir lo mismo de las cesantías “sin límite de años” bajo el esquema solidarista; de la cesantía “sin límite de años” según la LPT; de la cesantía “sin límite de años” por reestructuración bajo el Servicio Civil; y de la cesantía “sin límite de años” de la práctica patronal de liquidación obrera anual.

Es por ello que resulta acertado acudir a instancias fuera de nuestras fronteras para denunciar el asunto: tanto ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); resaltándose la importancia de esta última instancia porque sus resoluciones son obligantes para el país.

Pero, además, de este fallo constitucional ideológico, prejuicioso y discriminatorio contra la clase trabajadora municipal, estamos notando un conjunto de situaciones antiobreras en no pocas municipalidades del país.

Hay fuerzas y tendencias a nivel de gobiernos locales y municipalidades que pretenden derogar la Constitución, el Estado de Derecho y los compromisos internacionales del país en materia de Derecho Laboral, a fin de que el personal de los municipios del país quede completamente indefenso, que pueda ser despedido ipso facto, que quede con derechos al mínimo y que la privatización se instaure con toda su lógica de lucro mercantil privado y abusiva explotación laboral.

Lo que está sucediendo en la Municipalidad de Santa Ana es paradigmático de ello. Varios integrantes de su concejo tienen una sistemática campaña de agresión contra su personal, un día sí y otro también, provocándoles peligrosamente. Pretenden instaurar en ese municipio una dictadura laboral de propósitos inconfesables.

Desde esta columna lanzamos un llamado vehemente de alerta a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras municipales de Costa Rica; a sus familiares; a las comunidades respectivas. ¡Alto ya a la agresión contra los derechos y las conquistas del personal municipal del país!

Creemos que deberán manifestarse a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, como jamás pensaron que lo tuvieran que hacer. Creemos que deben hacerse sentir con toda potencia para que instancias como la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Defensoría de los Habitantes de la República, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Contraloría General de la República (CGR), la propia Sala Cuarta, comprendan a plenitud lo siguiente:

a) Que el personal municipal es un conglomerado de seres humanos con deberes, ¡sí!, pero con derechos, ¡también! b) Que Costa Rica es un Estado de Derecho, con una Constitución y con un Código de Trabajo que cubre a ese personal municipal. c) Que al personal municipal le asiste la normativa del Derecho Laboral de corte internacional, tanto como los múltiples convenios que el país ha suscrito con la comunidad mundial en materia de Derechos Humanos. d) Que las comunidades merecen gobiernos locales más dignos. e) Que la privatización de los servicios municipales es una pésima decisión porque el lucro mercantil sustituye a la esencia de servicio público al costo. Por todo esto y más, los y las municipalistas del país deben salir a las calles, ¡y pronto!

Don Edgar Ayales Esna, Ministro de Hacienda, anda por aquí y por allá, difundiendo los contenidos de una “nueva” propuesta tributaria a fin de, fundamentalmente, contener el crecimiento del déficit fiscal; mismo que tanto terror causa en las esferas de la hegemonía política actualmente vigente en el país, la de signo financiero-bancario; hegemonía que, por cierto, nada indicará que no lo seguirá siendo luego del resultado electoral de las elecciones presidenciales y diputadiles de febrero próximo.

Al común de la gente, al pueblo trabajador en sus distintas manifestaciones de actividad productiva, a la ciudadanía de a pie, en fin, al grueso del colectivo social de “los y las de abajo”, parece llamarle poco la atención el tema del déficit fiscal.

Éste se ve como una cuestión de la “alta” política y que solamente se debate en esos círculos cerrados de especialistas, economistas, medios de prensa y, por supuesto, en la esfera gobernante de la “partidocracia”. Nosotros pensamos que debe ser un asunto de prioridad en el ámbito de las organizaciones de los movimientos sindicales, sociales, populares y cívicos.

El famoso déficit fiscal (la diferencia que hay entre la cantidad de plata que recibe el Gobierno, ingresos, y la que gasta para funcionar, egresos), tiene como base estructural y esencial de su gestación, el tipo de sistema tributario que tiene un país.

En el caso costarricense (y en este mismo espacio lo hemos indicado varias veces), hablando de impuestos, paga más quien menos tiene, proporcionalmente hablando. Tenemos, por tanto, un sistema tributario regresivo, lo cual lo hace totalmente injusto.

A la vez, no genera toda la plata que el Gobierno ocupa para funcionar con eficiencia y eficacia, impidiéndole brindar servicios públicos con oportunidad y con calidad; deteriorándose así, el salario social que reciben las grandes mayorías del pueblo trabajador, mismas que cada vez más resienten el alto precio de los servicios públicos fundamentales (agua, luz, teléfono, comunicaciones), el alto costo de la comedera y el deterioro de servicios tan esenciales como salud, asistencia social y educación.

Entonces, no se vale hablar de déficit fiscal sin hablar de cambiar el sistema tributario costarricense. Y aquí es donde creemos que el Ministro Ayales Esna se equivoca, tratando él de hablar de déficit fiscal, asociándolo con el tema de la planilla salarial del Gobierno; buscando inducir a la opinión pública nacional que el tal déficit es porque se gasta mucho en salarios en el sector Público; que el crecimiento de esos salarios es una “locura” y que, por tanto, estamos ante un escenario “terrible” al respecto.

No, señor Ministro Ayales Esna. Lo que es una “locura” es seguir permitiendo el abusivo sistema de exenciones y exoneraciones fiscales, para darle solamente un ejemplo de las razones que explican el déficit fiscal que a usted tanto le preocupa, como a nosotros también. Hemos de admitirlo.

Pero fíjense ustedes, estimados lectores, que según los especialistas del lado ideológico en el que está el Ministro Ayales, “su” déficit fiscal podría llegar al final de este año 2013, al 6% del Producto Interno Bruto (PIB): Un billón, doscientos mil millones de colones (en números, 1.200.000.000.000).

Pues bien, se calcula (y por parte de la misma gente del lado ideológico del señor Ministro Ayales) que, al año, el actual sistema de exenciones y exoneraciones que tiene la tributación costarricenses equivale, precisamente, a un ¡6% de PIB! La misma cantidad.

Si bien dentro de todas esas exenciones y exoneraciones puede haber una buena cantidad de ellas que deben seguir siendo necesarias; imaginemos que la mitad son privilegios abusivos otorgados a ciertos sectores económico-productivos de gran poder.

Entonces, si las bajamos de ese 6% a un 3% de PIB, el señor Ministro Ayales Esna podría reducir “su” déficit fiscal, también, de 6% a3 % de PIB. Ellos, los neoliberales y su hegemonía política de signo financiero-bancario, “sacralizan” un déficit de 3% o menos; y ven el “apocalipsis” llegar cuando pasa de esta cifra.

¡Claro que estamos empleando una combinación de factores que pudiera no ser “científica”, o, por el contrario, tecnocráticamente blasfema! Pero lo hicimos, precisamente, para intentar demostrar que el asunto del déficit fiscal es, esencialmente, un asunto inherente al sistema tributario; y, por tanto, la cuestión salarial del sector Público, así como la enfoca el Ministro Ayales, no deja de ser una cortina de humo para que la gente mire al lado equivocado cuando se trata de encontrar a los verdaderos culpables del déficit fiscal.

No puede concebirse que sea una “locura” la inversión salarial en la planilla estatal del Magisterio Nacional; ni tampoco, que sea “terrible” el crecimiento salarial en los diversos cuerpos policiales del Gobierno Central (mal pagados por cierto).

Maestros y policías, representan el grueso del personal del Gobierno Central y, por ende, el mayor volumen financiero del presupuesto salarial del Estado central. ¿Qué va a hacer usted, señor Ministro Ayales Esna, para atacar esa “locura”?: ¿despedir maestros y despedir policías?…

Hay más aspectos que explican las razones por las cuales se genera el déficit fiscal del que nos habla el señor Ministro Ayales. Además, de este lado en que nos encontramos, el “de los y las de abajo”, hemos formulado una importante cantidad de propuestas para que, como sociedad, como nación, como Estado, empecemos a cambiar la naturaleza del sistema tributario costarricense.

Llevan algo de razón ciertas voces que dicen que este país no ocupa de más impuestos, pues solamente hay que cobrar bien los que ya existen. Nosotros pensamos que, además, deben darse dos elementos nuevos: mayor severidad y más castigo (con cárcel incluida) a la evasión en todas sus formas; y más impuestos por el lado de las grandes rentas y capitales; por la parte de más arriba de los y de las de arriba. “Los y las de abajo” ya no aguantan más carga tributaria. La “locura” es pretender que en materia tributaria, las cosas sigan como están. Sin duda alguna, debemos volver sobre este tema.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), es una organización sociopolítica costarricense, de corte sindical, próxima a cumplir 56 años de existencia.

Su probada y larga trayectoria al servicio de los intereses del pueblo trabajador costarricense, le ha llevado a sostener valores eternos de la lucha obrera nacional, continental y mundial: como el internacionalismo y la solidaridad de clase; entendiendo que “los y las de abajo”, especialmente la clase trabajadora, tienen enormes elementos en común y objetivos estratégicos compartidos, más allá de las fronteras entre las naciones.

A nivel continental, específicamente hablando, la ANEP tiene una fuerte inspiración latinoamericanista y cree en el sueño del venezolano Simón Bolívar, del ideal de la “Patria Grande”; tanto como en el sentimiento de la unidad centroamericana que inspiró la lucha del hondureño Francisco Morazán, aunque la vía que escogió para intentar materializar su sueño no fue la más idónea.

En este ámbito de concepción político-filosófica de nuestra lucha obrera, nos inspiramos en la acción, la obra y el legado del más grande presidente de la República que ha tenido Costa Rica desde que alcanzó su independencia de España, en 1821: hablamos de don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora; prohombre y patricio nacional de repercusiones eternas que todavía el pueblo costarricense (porque así lo ha impuesto nuestra clase dominante), no ha dimensionado, con la profundidad que merece, su legado.

Especialmente, está pendiente de real valoración histórica, el papel de don Juanito Mora cuando, en la gran gesta patriótica de 1856-1857, encabezó las fuerzas del pueblo costarricense, incluso a nivel bélico, enfrentando lo que fue la primera ofensiva político-estratégica del naciente imperio estadounidense por tierras latinoamericanas (en este caso, centroamericanas), derrotando a su emisario más connotado, William Walker, por segunda vez, precisamente, en la ciudad de Rivas, Nicaragua, un 11 de abril de 1856. Anteriormente, en marzo de ese año, había tenido lugar la Batalla de Santa Rosa, en territorio de Guanacaste, suelo costarricense, donde triunfaron las fuerzas ticas en contra del grupo invasor gringo. Un año después, en 1857, Walker sería derrotado finalmente, con su fusilamiento.

A éste, la historia oficial de la tradicional hegemonía en el poder dominante le define como un simple “filibustero”, “aventurero”, “facineroso”; negándole a las generaciones ticas que se han venido sucediendo, la comprensión geoestratégica plena de lo que significó la derrota de los primeros invasores yanquis en tierras latinoamericanas; derrota que se dio en suelo nica y que estuvo a cargo de un tico y el pueblo dirigido por él, por don Juanito Mora Porras. Este reconocimiento también está pendiente a nivel latinoamericano.

Hoy en día, la ANEP se siente sumamente orgullosa y complacida de tener relaciones bilaterales estrechas con el legítimo movimiento obrero nicaragüense aglutinado en el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT). Con el FNT desarrollamos un convenio de cooperación a favor de la promoción de los derechos laborales y sociales, así como el fomento de la organización sindical (mismo que se conceptúa como Derecho Humano fundamental y universalmente reconocido), entre la población trabajadora migrante que labora en suelo tico, especialmente, la que proviene de la hermana República de Nicaragua.

Específicamente, y con base en los postulados de lo que en la ANEP denominamos “Sindicalismo Ciudadano”, nos emociona mucho la actual experiencia en desarrollo, denominada Seccional ANEP-FNT-Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, misma que despliega su trabajo en la comunidad de La Carpio, en San José; así como también, en la comunidad de Guararí, Heredia; y también, con interés en la promoción de estos derechos en zonas de plantaciones agrícolas (bananeras y piñeras, particularmente), como las del Atlántico costarricense. En este caso, coordinamos con la organización laboral hermana, el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), con el cual compartimos destinos en el seno de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).

Se ha abierto en estos días una controversia intergubernativa, con un cruce de declaraciones entre el Presidente de la República de Nicaragua, don Daniel Ortega Saavedra y su homóloga costarricense, la señora Laura Chinchilla Miranda. Se nos indica que ésta le ha salido al paso a declaraciones de un presunto sesgo “expansionista” de aquel con respecto a Costa Rica; específicamente, cuando se habla del tema de la provincia de Guanacaste y el asunto de su anexión a Costa Rica, en 1824.

Para la ANEP de Costa Rica, a estas alturas del siglo XXI, la provincia de Guanacaste no se concibe más que como una parte consustancial de nuestra nacionalidad y territorios costarricenses. Los entretelones del proceso histórico que en ese año 1824, llevaron al denominado Partido de Nicoya a promover su anexión a Costa Rica, son trabajo de investigación sociohistórica objeto de gran profundización. Pero la realidad de hoy en día es que en el caso de Guanacaste, no hay nada que discutir ni nada para demandar. Guanacaste es tierra tica y punto.

Lo que sí queremos dejar completamente claro es que la ANEP no cree en la promoción de cruzadas de corte chauvinista y de falsos nacionalismos, que se impulsan en el ámbito de una atmósfera y de una realidad de gran descrédito popular de gestiones gubernativas como la costarricense que encabeza la actual y saliente mandataria Chinchilla. Ella, como parte notable de la hegemonía económico-financiera de sesgo neoliberal que tiene el poder real en nuestra sociedad, promueve esos tipos de TLC’s (tratados de libre comercio), que tienen de todo menos elementos de corte nacionalista a favor del empresariado patriota. Por otra parte, no nos corresponde juzgar al gobierno nicaragüense que encabeza el mandatario Ortega.

Eso sí, es importante que más allá de manipulaciones mediáticas a ambos lados del Río San Juan, el presidente nicaragüense comprenda que el tema de Guanacaste es altamente sensible para el pueblo costarricense y que convendría de parte suya una fuerte y contundente declaración en tal sentido; en el sentido de que se estarían sacando fuera de contexto sus manifestaciones de estos días, pues tenemos entendido que ni él como gobernante ni su propio país pretenden cuestionar, en ninguna sede internacional ni por otras vías, la realidad de que Guanacaste es tierra tica y punto.

En tal sentido, respetuosamente, exhortamos a nuestra organización sindical y social hermana de clase, el FNT de Nicaragua, para que nos ayude en tal sentido, a desactivar esas voces de odio que quisieran un enfrentamiento más abierto entre nuestros dos pueblos; porque recordemos que en este tipo de conflictos entre naciones, quienes sufren las consecuencias de todo tipo son los pueblos, “los y las de abajo”, porque las correspondientes élites de poder que controlan las hegemonías políticas, siguen haciendo sus negocios, acumulando capital y no arriesgan su propio pellejo. El empresariado tico está muy feliz de sus negocios con sus homólogos nicas. De ello estamos más que seguros.

Finalmente:

1) Nos pronunciamos por la solidaridad internacional y de corte latinoamericanista entre los pueblos de Costa Rica y de Nicaragua, específicamente entre su clase trabajadora.

2) Reafirmamos nuestro compromiso de honrar el convenio ANEP-FNT para la dignificación plena en suelo tico de la mano de obra nicaragüense que vive en esta tierra de don Juanito Mora.

3) Rechazamos el desarrollo de cruzadas mediáticas de falsos nacionalismos que solamente pretenden encubrir una mala obra gubernamental, como sucede en el caso costarricense.

4) Solicitamos al ilustrado gobierno nicaragüense del Presidente Ortega para que, de manera contundente, desactive la gritería histérica tica de corte chauvinista que desea hacer más bulla, dejando claro ante su propia comunidad nacional, la latinoamericana y la internacional de que el tema de Guanacaste es un asunto cerrado de realidad y constatación histórica: nada que reclamar, nada que demandar.

5) Exhortar a ambos gobiernos a que se sienten y que discutan el diseño y despliegue de una política pública compartida para el desarrollo estratégico, de corte integral y en armonía con el ambiente y la ecología, de la frontera tico-nica, compartiendo las inversiones extranjeras interesadas en ello. En tal sentido, debemos reconocer que Nicaragua está mostrando una visión de futuro más consistente al respecto.

La ANEP y la propia Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), estamos muy interesadas en que en fecha próxima podamos encontrarnos, en la línea fronteriza tico-nica, con la representación del FNT que éste estime conveniente, para reafirmar que en el ámbito de lucha social y obrera, sindical y cívica, por un mañana mejor, nuestros pueblos trabajadores están más que interesados en la solidaridad y en el logro de objetivos políticos comunes de plena reivindicación laboral y social, con plena soberanía para nuestras dos naciones hermanas.

Algunas de las personas con las cuales, en los últimos años, hemos comentado sobre el devenir del país a partir de los famosos “ajustes estructurales”, mismos que empezaran en la administración gubernativa de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), del todavía sobreviviente Partido Liberación Nacional (PLN); saben que siempre hemos planteado que ocupamos una renovación política de carácter estratégico, realmente transformadora radical del estado actual de las cosas en Costa Rica (ese que causa tan gran perjuicio para las mayorías).

Y hemos planteado que ello debería basarse en la construcción de un pensamiento de nuevo tipo, si se quiere de corte nacionalista, que recuperara, para un redimensionamiento actual, el gigantesco legado de grandes costarricenses de antaño; hombres y mujeres quienes, pese a tener diversas filosofías políticas, lucharon desde sus diversas trincheras por una sociedad en la cual la búsqueda y la promoción del bien común, fueran el eje fundamental de toda política pública.

En estos tiempos del imperio de una globalización criminal que atenta contra la Humanidad misma, habida cuenta de su brutal desigualdad (con los ejemplos que dimos en nuestros dos más inmediatos artículos semanales publicados en este mismo espacio); una especie de “regreso al pasado”, en búsqueda de las fuentes originarias de la conformación de la nacionalidad, del ser y de la idiosincrasia costarricenses, sería fundamental.

No estamos pensando en que debemos vivir de la nostalgia, ni pensando en que “todo tiempo pasado fue mejor”. Lo que creemos es que la recuperación, con sentido actual, de qué fue lo que nos dejaron esos y esas costarricenses, podría alimentar un relanzamiento de un proceso cívico-patriótico de corte estructural transformador; que pudiera ayudar a la aglutinación (con sentido estratégico), de todas esas expresiones de lucha que vemos todos los días, en las cuales “los y las de abajo” cuestionan el orden vigente, de una manera o de otra, precisamente por su sesgo excluyente, empobrecedor, corrupto, cínico y antisolidario que se ha venido imponiendo en la política costarricense de los últimos 30 años.

La recuperación de la obra y de la acción de esos grandes patricios y patricias nacionales, serviría de fuente vivificadora hacia la construcción de la nueva hegemonía que necesita este país; no solamente ante la constatación del fracaso del modelo neoliberal; sino ante el agotamiento de la oferta político-sistémica que se nota en el escenario de las elecciones generales del 2014; mismo que nos presenta, aún en sus planteamientos más “atrevidos”, la acción política concebida desde arriba hacia abajo.

A final de cuentas, lo que se da con este estado de cosas, es darle un nuevo oxigenamiento y revalidación al orden sistémico vigente que se sostiene, sin importarle quién gane. Su hegemonía es de tal calibre que, al no existir el contrapeso desde abajo para neutralizarla, ve con mucha tranquilidad el desarrollo de la “cosa” electoral como algo rutinario y de mera tramitación de la renovación de la “licencia de legitimación” del estado excluyente en que se reproduce, alimentando su capital y su poder.

Buscando esas fuentes vivificadoras, hubo un ser humano excepcional que nació en esta tierra costarricense, pero prácticamente nadie en este país conoció de su existencia y, mucho menos le recuerda.

Hablamos de don Félix Arcadio Montero Monge, ciudadano nacido en Santo Domingo de Heredia, en 1850; muriendo frente a las costas de El Salvador, un 5 de junio de 1897, en un viaje que lo traía desde Europa (adonde lo habían forzosamente exilado) hacia ese país donde pensaba asentarse ya que había sido desterrado de Costa Rica por la oligarquía criolla de ese momento, la cual lo consideraba una especie de “subversivo” por su pensamiento social. El océano fue su sepultura.

Estudió Derecho y fue el último rector del primer centro de enseñanza de estudios superiores que tuvo el país, la Universidad de Santo Tomás, contra cuyo cierre luchó denodadamente; cierre que, fatalmente, se produjo en 1888. Fundó el Partido Independiente Demócrata, lo que se considera como el primer intento de toda la historia nacional por crear un movimiento político de carácter alternativo al liberalismo económico de la época, buscando un desarrollo social incluyente.

“De ahí que consideremos que el Partido Independiente Demócrata fue el primer partido que aspiró a representar los intereses políticos de la clase obrera costarricense por embrionaria que hubiera sido la organización política de la misma en este período. Por lo anterior debe considerarse a don Félix Arcadio Montero como el gran precursor de la lucha política de clases en nuestro país y como el primer organizador político de la clase obrera costarricense”. Así conceptúa el historiador don Vladimir de la Cruz de Lemos, el significado de la fundación de este partido.

Como todo líder real al servicio de lo popular, también tuvo sus detractores, mismos que estaban con el control de la hegemonía política y económica de la época en que vivió don Félix Arcadio.

Lo consideraron un “demagogo”, un “sedicioso”, un “criminal”, terminando por echarlo del país que lo vio nacer.

La gran lucha de don Félix Arcadio Montero Monge por la justicia hizo que formulara, con su movimiento, planteamientos más allá de las inquietudes económico-sociales en pro de la igualdad.

Luchó contra el militarismo, proponiendo la supresión del ejército en tiempos de paz y el carácter civil de la policía. Abogó fuertemente en favor de la pureza electoral y fue un destacado protagonista del 7 de noviembre de 1889, cuando un movimiento cívico salió a las calles a defender el resultado electoral que le había dado la victoria al Lic. José Rodríguez Zeledón.

Luchó contra los privilegios odiosos y creyó que el Estado debía tener el control de las fuentes del crédito. Creyó que los pequeños y medianos agricultores debían tener su banco hipotecario; y, de alguna manera, se inspiró en el Humanismo Cristiano pues afirmó una vez (letras más, letras menos) que “la moral cristiana, en su pura y genuina expresión, puede ser base civilizadora de las sociedades modernas”.

La corriente sindical en la cual militamos habrá de celebrar en fecha próxima un congreso ideológico que llevará el nombre de “Félix Arcadio Montero Monge”, para no solamente honrar su memoria y dar a conocer su legado; sino como muestra de que si soñamos tanto como él soñó en el marco del concepto de “Otra Costa Rica es posible”; el pensamiento y la acción de don Félix Arcadio Montero Monge calza, como anillo al dedo, ayudando para que “los y las de abajo” nos dispongamos a la estructuración del desafío estratégico que se necesita en este país, a fin de desterrar la perversa corriente hegemónica de sesgo neoliberal; la cual no quisiera, ni por un minuto, que los legados de este ilustre costarricense fueran de conocimiento masivo, pues revitalizarían lanzamientos movilizatorios de nuevo tipo, dándole contenido de vocación de poder a lo que ya es cosa de todos los días en la Costa Rica de hoy: acudir a la Democracia de la Calle. (Los datos consignados fueron tomados de Wikipedia).

La semana pasada nuestro artículo “La criminal desigualdad global y la guerra contra la humanidad” abordó el tema de la brutal concentración de la riqueza a nivel mundial, mostrándose así la perversa y maléfica condición del sistema capitalista de sesgo financiero-bancario que, inspirado en los más criminales postulados del neoliberalismo, tiene al mundo dividido en dos polos confrontados, en una antípoda humanitaria que nos dice del carácter genocida de este enfrentamiento de clase contra clase.

Por un lado, 12 (o 29) millones de personas, los archimillonarios de los más ricos; por otro, la humanidad: casi 7 mil millones de seres humanos.

En esta segunda entrega sobre el tema les compartimos más datos que muestran, sin lugar a dudas, la naturaleza de los cambios sociales que tienen los pueblos del orbe que promover, a fin de enfrentar esta situación de exclusión social que sin duda amenaza con destruir al propio planeta Tierra.

Uno de los bancos más famosos de este sistema capitalista tan perverso, el Credit Suisse, nos indica que el 8,1% de la población mundial (unos 373 millones de personas) posee el 82,4% de la riqueza total global, pero que 29 millones de personas de este grupo de 373 millones, por sí mismas, acumulan el 39,3% de la riqueza planetaria de hoy.

Al otro extremo, también reconocido por el mismísimo Fondo Monetario Internacional (FMI), el resto de la población mundial, más del 90% (casi 7 mil millones de personas) debe “conformarse” con el 17,7% de la riqueza global.

De nuestras lecturas para compartirlas con usted se nos explican las razones por las cuales entidades multilaterales como el FMI, la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial y otras de similar naturaleza adoptan políticas contra los pueblos, plantean la eliminación de los sistemas de seguridad social, imponen la abolición de legislaciones laborales avanzadas, exigen la privatización total, dado que sus decisiones responden a la lógica de la acumulación de la riqueza que quiere aumentar ese 8,1% de la población global y particularmente hacer más grandes los capitales de esos 29 millones de personas que tienen ya el 39,3% de la riqueza del orbe.

Esta superconcentración global de la riqueza se expresa tanto en personas de carne y hueso cuyos nombre seguramente usted ya ha oído y también en corporaciones multinacionales, empresas transnacionales, muchas de las cuales tienen más plata que muchos países del mundo.

Por ejemplo, el ser humano con más plata en estos momentos es el señor Carlos Slim, según el ranking, la clasificación anual de los súper ricos que elabora la revista gringa Forbes, para la cual “es chocante tener semejante fortuna en un país tan pobre como México”, según lo dijo la señora Luisa Kroll, responsable de la investigación al efecto para la “afamada” publicación.

La riqueza de este señor supera ya el 1% de todo el Producto Interno Bruto (PIB) de su país natal. México tiene una población de 100 millones de personas, siendo la fortuna de este señor de unos $73 mil millones. Si la “repartiera” entre sus actuales connacionales, cada mexicano recibiría unos $730: ¢365 mil.

En Estados Unidos el más rico es el conocido Bill Gates, quien del año 2011 al 2012 aumentó su fortuna en un 13%. Su patrimonio es hoy en día de $67 mil millones, $7 mil millones más que en el año precedente. A él le sigue en ese país el señor Warren Buffet, con un patrimonio de $53.500 millones, quien también tuvo la “suerte” de hacerlo crecer del 2011 al 2012 en $7 mil millones.

El señor Buffet está en el cuarto lugar a nivel global porque el tercero, ¡oh paradojas de la vida!, lo tiene un español: don Amancio Ortega, empresario textil, con una fortuna de $57 mil millones. Este dato es impactante considerando la durísima situación del pueblo de España y su clase trabajadora en estos momentos. El quinto lugar lo ocupa otro gringo: Larry Elisson, del conglomerado corporativo Oracle, con $43 mil millones.

Igual de interesante es conocer acerca de las empresas transnacionales. Las primeras 1.000 de ellas tienen un poder de tal calibre que se supondría solamente podrían tenerlo las naciones. Dos académicos y estudiosos estadounidenses, los señores Robert G. Eccles y George Serafeim, nos han comentado sobre ello. Algo les compartimos de seguido.

Dicen ellos que tan solo 1.000 empresas son responsables de la mitad del valor total de mercado de las más de 60 mil del mundo que cotizan en bolsa. Por ello afirman que “la globalización ha concentrado el poder económico en un grupo de grandes empresas que están en condiciones de cambiar el mundo a una escala históricamente reservada a las naciones”.

Estos datos son impactantes: En el 2010 las 1.000 mayores empresas del mundo tenían unos beneficios de $32 billones (millones de millones), el 49% del total de la capitalización mundial de mercado, pero de esas 1.000 empresas, 83 representaban en ese año el tercio de esos $32 billones.

Otros analistas han elaborado un curioso “ranking”, combinando países con empresas multinacionales, de acuerdo al tamaño de la economía de los países más poderosos, con el tamaño de esos gigantes emporios transnacionales.

Se fijaron 100 posiciones y de estas, 40 son empresas de colosal tamaño. Las 60 restantes son países.

En este peculiar indicador las primeras economías son naciones: Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia (lugares 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente, de esas 100 posiciones).

A nivel de empresas y dentro de estas 100 posiciones tenemos a Royal Dutch Shell (lugar 26), Wal-Mart Stores (lugar 28), ExxonMobil (30), Sinopec-China Petroleum (33) y British Petroleum (34).

En América Latina solamente dos países, Brasil y México, están por encima de esas primeras cinco empresas multinacionales de esta peculiar clasificación. Datos de www.elordenmundial.wordpress.com

Como vemos, no son datos “anecdóticos” o “curiosidades”. ¡No! Se trata de valorar la naturaleza del combate que por la justicia social hay que librar en estos días. Se trata de comprender que se necesita de la más grande diversidad jamás imaginada para la acumulación de una fuerza que contrapese a esa brutal hegemonía del capital bancario-financiero neoliberal que está en guerra contra la humanidad.

Se trata del más impensado compromiso con la vida, con los derechos humanos, con la real democracia, con el ambiente y con la ecología, que tenemos que asumir para enfrentarnos al poderío más colosal de toda la historia humana. Se trata de trabajar para construir la más grande articulación intersindical, intersocial, interciudadana, pero sin sectarismos, sin hegemonías. A nivel nacional, regional, continental, mundial. En fin, se trata de la vida contra la muerte.

Pocas veces, para no decir ninguna, se habla de esto en la “gran” prensa nacional, mucho menos en los latifundios mediáticos (tanto nacionales como extranjeros), que son los que, por lo general, fijan la agenda temática para incidir en lo que se denomina opinión pública.

Como es bien sabido, en la corriente sindical en la cual militamos, el tema de la desigualdad creciente y sistemática que vive nuestro país, está considerado como el problema nacional número uno. Después de tanto tiempo de insistir en ello, otros sectores lo vienen apuntando, igualmente; hasta incluso, en el ámbito de la derecha neoliberal criolla aunque sin menor asomo de que habrá algún cambio en fecha próxima de la política pública del país al respecto. Valga indicar que los autorizados estudios del proyecto “Estado de la Nación” lo advirtieron inicialmente hace ya bastante tiempo.

Revisando algunos materiales que han llegado a nuestra manos por estos días y sobre este tema, pero a nivel planetario, planteado desde la perspectiva de la concentración de la riqueza, uno se queda sin palabras para poder transmitir la profunda indignación que nos causa el conocimiento de hasta qué punto ha llegado la criminal desigualdad global y el aplastante y criminal proceso de concentración de la riqueza en pocas, pero poquísimas manos.

Traducido en otros términos, se está desarrollando en estos momentos una especie de guerra contra la Humanidad, desencadenada por un reducido grupo, pero muy reducido grupo de seres humanos que han llegado a acumular inmensísimas cantidades de dinero, fortunas estratosféricas, capitales siderales de magnitudes incomprensibles.

Es de tal naturaleza esta situación que, de manera emblemática, podemos plantear que estamos en presencia del desarrollo de una guerra de clases generada por el 1% más rico, pero más rico del planeta, contra el 99% de la población global, es decir, contra la Humanidad.

Hay diversas fuentes y centros de estudio (_“think thanks”_, como le llaman en inglés), que se dedican a analizar la evolución de la riqueza de ese 1% de la población del planeta. Tenemos diversos materiales en nuestras manos que dan para varios artículos que queremos compartirles en fechas próximas. Hay análisis desde la perspectiva del 99% y hay análisis desde el punto de vista de ese 1%, como el que de seguido les comentamos.

Recientemente, conocimos del “Informe sobre la riqueza en el mundo 2013”, elaborado por una firma denominada Capgemini (Consulting Technology. Outsourcing), en asocio de otra, RBC Wealth Management, mismas que son entidades empresariales privadas de “alta” consultoría de negocios y de estrategias de inversión que aconsejan a los más ricos de los ricos del planeta cómo hacer más plata y más plata de la que ya acumulan; repetimos, en cantidades tan pero tan grandes que en nuestras mentes proletarias no es posible asimilarlas.

Resulta ser que el número de personas más ricas entre las más ricas del mundo, es de 12 millones y sus fortunas crecieron, en el 2012, en un 10%, para alcanzar la cifra record, estrambótica, de 46.2 billones (millones de millones) de dólares. En el año de análisis, 2012, un millón de personas ingresó a ese selectísimo club, es decir, en el 2011 eran 11 millones; destacándose la espeluznante realidad de que de ese millón de nuevos archimillonarios, 144.600 son españoles, lo cual lo deja a uno boquiabierto siendo que España está en una brutal caída libre hacia el abismo de la pobreza con casi un 30% de desempleo, más de la mitad de su población juvenil sin trabajo y miles y miles de trabajadores y de trabajadoras del sector Público, en la calle; amén de cualquier cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas quebradas.

Pero hay más. Según el indicado estudio, es tal la vorágine criminal contra la Humanidad de ese perverso y diabólico proceso concentrador de la riqueza global que, en los próximos tres años, esos 46.2 billones de dólares crecerán hasta llegar a los 55.8 billones de dólares pues, cínicamente aducen que hay “una recuperación económica en marcha que proporciona un entorno de reducción del riesgo y la mejora de la confianza en los inversores”. Pero, ¿se habrá visto algo semejante de inhumanidad?…

Esa tal “reducción del riesgo” y esa “mejora de la confianza” no es otra cosa que el incremento abusivo de la explotación a las masas populares y trabajadoras, de la profundización de las privatizaciones, de la reducción de derechos sociales y de reversión de los sistemas de seguridad social.

Los casos emblemáticos que estamos observando en tal sentido, como España, Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y otros, nos dicen que, precisamente, los inimaginables hasta hace poco, procesos gigantes de explotación laboral, precisamente, son la base de esa acumulación perversa de riqueza. Fíjense ustedes, el planeta tiene hoy día 7 mil millones de seres humanos y de éstos, apenas 12 millones (poco más del 1%), tienen en su poder toda esa plata que alcanzaría para acabar con el hambre y con la pobreza de no sabemos cuántos países que están sufriendo por ello en estos momentos.

Tan sólo les hemos compartido un dato que, para nosotros, es espeluznante. Próximamente les daremos otros. Pero, ¿y cómo es la realidad costarricense?… ¡Qué interesante! Pero solamente piensen en esto. El actual Presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), un neoliberal por los cuatro costados y connotado integrante de los famosos “Chicago boys”, se dejó decir una profunda herejía que casi pasó inadvertida para nosotros, los “vil mortales”.

Él indicó que en Costa Rica la política monetaria está al servicio de grupos poderosos. ¡Increíble que lo dijera quien lo hizo! Entre otros factores, aquí hay una explicación del perverso proceso concentrador de riqueza que se da en Costa Rica y, por ende, ayuda a entender eso del crecimiento de la desigualdad. Pero, ¿cuál candidato presidencial dirá que cambiará esa política monetaria?…

El Papa Francisco, a su manera, viene planteando el problema de la concentración global de la riqueza y de los antivalores que ello genera. Estamos notando con esperanza que el máximo jerarca de la Iglesia Católica universal está emitiendo señales importantes de que este estado de cosas a nivel universal, no puede tolerarse y sí debe denunciarse.

¡Cuánto valor adquiere la acción pastoral del más importante prelado de la histórica eclesiástica costarricense, don Víctor Manuel Sanabria Martínez, el legendario Monseñor Sanabria, a la luz de lo que nos está pasando hoy en día en el país! Como indicamos, seguiremos con el tema en fecha próxima.

Tenemos entendido de que para la próxima elección presidencial, la de febrero de 2014, habría hasta 14 candidaturas, 14 fotos en la papeleta de votación… pero, en realidad, ¿habrá 14 opciones?…

Lo que nos llama poderosamente la atención es que no parece haber relación entre tanta “diversidad” y tantas “opciones”, con el alto porcentaje de ciudadanos y de ciudadanas que indican que no votarán del todo, que no tienen ni la menor idea de por quién hacerlo; porque nada les conmueve y porque la apatía electoral es la reina del escenario nacional actual… en fin de que “todos son lo mismo”.

Evidentemente estamos de frente a un fenómeno sociopolítico que si bien ha sido analizado por personas expertas desde varias perspectivas de las ciencias sociales; en la ciudadanía de a pie, las cosas parecen estar claras en cuanto a su reclamo reiterado a la clase gobernante, al sistema político, a las estafas cuatrienales que son las campañas políticas… en fin, a lo que desde “arriba” denominan ingobernabilidad.

¿A qué aspira, en la actualidad, una persona integrante de la clase trabajadora, tanto la que es asalariada como la que se la juega en el día a día, en el mercado informal, en el “cuentapropismo”?

Sin creernos dueños de la verdad en tal sentido, nuestra experiencia en el campo de la lucha sindical y social nos indica que las personas trabajadoras quieren seguridad, en primer lugar, seguridad económica: empleo estable, dignamente remunerado, trabajo decente… La vivienda: la casita propia, ojalá. Salud garantizada para la familia y educación buena para los hijos y las hijas. Las cositas de la casa para cierto confort, sin lujos ostentosos: que el tele, que la lavadora, que la cocina, que la “refri”, el “coffemaker” y el microondas.

Si se puede, la “compu”, básicamente para los “carajillos” por eso del internet. Platita segura para la comedera, pagar los abonos de las deudas; los altos recibos de la luz, el agua y el teléfono. Más el celular, o los celulares de los “güilas”. Un “paseíto” con toda la “prole” de vez en cuando, llevando eso sí el pan cuadrado, el salchichón, los huevos duros, las tortillas, el atún y los frescos. Ropita nueva de vez en cuando, pero la mayoría de las veces en “second hand”, ropa americana.

Las carreras del inicio del curso lectivo y la gastadera de plata (la salvada es el salario escolar para quienes trabajan en el sector Público, porque el salario escolar de la empresa privada no existe y la tal ley que crearon al respecto es una verdadera tomadura de pelo).

Bueno, eso y alrededor de eso, es la vivencia cotidiana en muchos de los hogares de la clase trabajadora, en su amplia concepción: la del empleo formal con salario fijo, la del mercado informal y hasta en los hogares de la gente propietaria de pequeñas y medianas empresas.

Pero, en realidad qué está pasando en estos hogares, que constituyen la mayoría de la población del país, donde están los votos, ¡sí los votos! que ocupan los aspirantes presidenciales y diputadiles: Deterioro de la calidad de vida, estrechez económica creciente, violencia intrafamiliar en torno a los gastos y a que la plata no alcanza por el alto costo de la vida; reajustes que no elevan el poder de compra del salario, más endeudamiento y menos liquidez al final de la quincena; los pleitos por el alto recibo de la luz, el del agua; es mejor el celular pre-pago (jugársela con mil, dos mil de carga cada cierto tiempo); temor al despido… “la calle está fea”, mucho desempleo, el asedio de las drogas… y un largo etcétera.

En tal estado de cosas, para “los y las de abajo”, qué ofrecen las casi seguras 14 candidaturas presidenciales. Probablemente el oro y el moro. Sin embargo, ya no es como antes, dicen muchos, sobre todo los de más edad. Ya no hay plazas públicas de grandes concentraciones de personas; las candidaturas presidenciales se deciden en salas de casas, auditorios pequeños, convenciones con escasa participación o de dudosas “altas” cifras de asistencia; las encuestas pierden credibilidad o se van desenmascarando; los candidatos piden salario para hacer política, los que pueden pagan millones por una candidatura diputadil y los que tienen respaldo platudo diseñarán los mejores comerciales para agrandar más los capitales de los grandes medios de comunicación, especialmente los afines a la hegemonía dominante.

Pongámosle más condimento a la cosa: El narco por arriba y por abajo se sigue consolidando en nuestra querida patria. El dólar se mantiene estable por el gigantesco ingreso de capitales narco que se asientan en el país donde son lavados; la corrupción, con ropaje legal y sin él, campea en el seno de la clase gobernante tradicional; el chorizo de las concesiones de obra pública, hace más ricos a ciertos bufetes “high”, ligados a la hegemonía política dominante y a las trasnacionales que la sustenta; hay un creciente deterioro de servicios públicos fundamentales para la vida, como los de la Caja; la concentración de la riqueza sigue avanzando y la clase media en picada hacia el abismo de la pobreza…

Ante tal estado de cosas, es evidente que una elección presidencial como la venidera debería tener características de excepción, de trascendencia estructural; de rupturas sistémicas o, al menos, de cambios de rumbo. Será muy interesante, en consecuencia, analizar algunas de las propuestas electorales de corte presidencial, a la luz de todo este estado de cosas.

Podría ser “curioso” escoger algunas de las propuestas más “desafiantes” para la hegemonía político-económica actualmente dominante, identificando a su proponente y exigiéndole que nos diga cómo las materializará, cómo las concretará, en qué plazo y con qué gente.

Desde este espacio, con mucha modestia y dado que tenemos esta excepcional oportunidad de escribir semanalmente, les compartiremos algunas de esas propuestas que algunas de las candidaturas presidenciales estarían formulando; eso sí, partiendo de las que son únicamente candidaturas presidenciales, porque las que son dobles (es decir, candidatura presidencial y candidatura diputadil a la vez, es porque están conscientes de que en el primer caso no pegarán y en el segundo, tal vez… “cuidado pierden” dice el refrán del pueblo en estos casos).

¿Qué nos dicen sobre el empleo, sobre la política salarial, sobre la soberanía y seguridad alimentarias, sobre el alto endeudamiento de la clase trabajadora, sobre el sistema tributario, sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre el trabajo informal, sobre la corrupción, sobre el corrupto sistema de las concesiones, sobre la política social, sobre la Caja, sobre la libertad sindical…?

Nuestro mayor sueño es que ocurra en nuestra Patria una Revolución Ciudadana, surgida desde abajo con un protagonismo popular de amplia base y sin fórmulas sectarias. Para ello requerimos de una serie de condiciones subjetivas que están por darse. A nivel de la objetividad social que estamos presenciando, solamente la fuerte institucionalidad heredada ha impedido un colapso sistémico como podría serlo el que un gobierno no terminara su mandato. Pero, ¿y qué con eso?… Este el dilema que se debe resolver.

La clase trabajadora no soporta más cargas. Si se piensa que más impuestos, más aporte obrero a la cotización deducible del salario para la Seguridad Social; o bien, el aumento de la edad para pensionarse; o, peor aún, reducir el monto de la misma al momento de la jubilación, será aceptado por la gente del trabajo, están equivocados completamente.

La inminencia de la realización de un “diálogo nacional”, que el actual Gobierno ha denominado como “El seguro de salud costarricense en el contexto de la Salud Pública”; básicamente centrado en cuál será la sostenibilidad financiera futura tanto del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), como del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ambos administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); nos lleva a plantear, desde nuestra perspectiva sindical y con visión de clase trabajadora, los siguientes elementos:

El crecimiento de la desigualdad y, especialmente, el deterioro del poder de compra de los salarios en contraposición al proceso de concentración de la riqueza, nos obliga a rechazar, ad portas, cualquier intención de que sean las personas asalariadas las que sufran más, obligándoseles a aportar más contribución para ambos sistemas; de la misma forma que debemos rechazar tanto las intenciones de elevar la edad para pensionarse como la reducción del monto de las pensiones (las actuales y las futuras).

Hablando con números absolutos y según la Encuesta Nacional de Hogares 2012, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); tenemos una población trabajadora asalariada total de 1 millón 524 mil 3 personas (1.524.003). De ellas, 1.235.699 está en el sector Privado de la economía; y, 288 mil 304 en el Público.

Ahora, si vinculamos ambos sectores por nivel de ingreso salarial neto (_“decil”_, como dicen los técnicos en la materia), existen 778.521 personas que reciben un salario mensual de 233 mil 217 colones, o menos. Exactamente, 714 mil 619 en el sector Privado y 63.902 en el Público. Juntados ambos sectores, y en términos porcentuales, hay un 51.08% de personas asalariadas (familias) que con esos 233.217 colones mensuales, deben pagar luz, agua, teléfono, comedera, pasajes de autobús y otros gastos básicos de sobrevivencia. ¿Se soportará un aumento en la cotización para el IVM y/o para el SEM?… Pensamos que no.

En el extremo totalmente opuesto y según la misma encuesta, únicamente 169 mil 852 personas trabajadoras asalariadas ganan más de 667.931 colones mensuales; apenas un 11.15% del total de 1.524.003.

Por otra parte, pensar en más impuestos para ayudar a la sostenibilidad financiera tanto del SEM como del IVM, es imposible considerarlo; sin pensar en la transformación estructural del sistema tributario costarricense, altamente injusto por su perversa regresividad (pagan más, proporcionalmente hablando, quienes menos tienen). Recordemos que la clase trabajadora asalariada no evade impuestos. Por ejemplo, si tiene un sueldo como para cobrarle el impuesto de renta, de una vez y mes a mes, se lo rebajan de la planilla. Y, en el caso del de ventas, éste se paga al momento mismo de la compra, en la pulpería y/o en el súper.

Lo que corresponde, en consecuencia, es entrarle a una transformación tributaria por el lado del capital y de las grandes rentas, si es que se piensa que por este lado hay que meterle el hombro al SEM y al IVM para que no quiebren. Así, por ejemplo, el Estado teniendo en sus arcas recursos frescos, provenientes “de los más de arriba”, podría hacer que honre su deuda con la Caja con dinero contante y sonante y no con papeles casi sin valor (bonos).

Adicionalmente, hay varias importantes iniciativas de legislación en el actual parlamento que merecen aprobarse antes que cualquier otra cosa. Por ejemplo, la del aumento de las multas a los patronos morosos y la imprescriptibilidad (que no tengan vencimiento o caducidad), de las deudas patronales privadas. Según se documentó al proponerse este tipo de legislación, las deudas incobrables de la Caja pasaron de un 8.3% al 26.4%. Dicho en otros términos, los patronos privados de cada 100 pesos que deben aportar a la Seguridad Social, se están dejando 25, más o menos. Esto debe ser catalogado como un crimen social y, por tanto, quien lo ejecute debe no solamente pagar, sino ir a la cárcel.

Por otra parte, hay una serie de planteamientos desde los sectores sociales y civiles, como las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” que deben considerarse de manera estratégica y con verdadera voluntad política; si es que, integralmente, se quiere encontrar una solución “nacional” al tema de la futura sostenibilidad financiera tanto del SEM como del IVM, en el mediano y en el largo plazo. En esta columna hemos tocado el punto varias veces.

La Costa Rica de hoy es la Costa Rica de la desigualdad, sistemáticamente creciente. Esta situación se agravará si los sectores neoliberales que tienen la hegemonía política del país, se “salen con la suya” y concretan que la sostenibilidad futura tanto del SEM como del IVM, es responsabilidad de las personas asalariadas y nos ponen a pagar una “torta” que no fue generada por la gente del trabajo, la de los y las de abajo.

No puede procederse así y esto hay que impedirlo de muchas maneras. Además, es preciso sentar las responsabilidades con respeto a quienes desde las alturas del poder real en el seno de la Caja, generaron tal situación. Por cierto que las denuncias están planteadas ya ante la Fiscalía General de la República y a la fecha, que sepamos, están “durmiendo el sueño de los justos”.

Clarísimo queda que este asunto de la Caja y, particularmente, si el SEM y el IVM van a quebrar, debe ser un tema estratégico de la campaña electoral ya encima. Quienes están pidiendo el voto de la gente del trabajo, que es la mayoría abrumadora, deben hablar con toda claridad. No alcanza con sólo decir “vamos a fortalecer la Caja”. Deben indicar cómo, cuáles medidas, en qué ámbitos, cuándo se han de implementar; y, muy importante, es más que necesario que digan a qué persona, de ganar la Presidencia de la República, han de colocar en la Presidencia Ejecutiva de la CCSS. Esto es absolutamente determinante como un factor esencial para decidir el voto. Bueno, así pensamos.

Sabemos que una buena parte del electorado nacional que debe acudir a las urnas electorales en febrero de 2014, no va a ir a votar. Los especialistas le llaman a este grupo “abstencionistas duros”. Nada ni nadie los convencerá de darle voto a alguna candidatura. No dejan de tener razón.

La verdad es que luego de la elección y ya en el Gobierno, éstos se olvidan de la gente. Se comete lo que podríamos denominar una “estafa política”: desde el poder se hace algo radicalmente distinto de lo que se prometió en campaña. Otro gran grupo de electores y de electoras tiene grandes dudas de ir a votar o de no hacerlo.

Entre los que sí parece que votarán, los presuntos beneficiarios de esos sufragios y que aspiran a la Presidencia de la República, no pueden decir que ya la “tengan en el bolsillo”. Ni el que va “adelante”, según ciertas encuestas, puede cantar victoria.

Por eso es importante empezar a plantear varios aspectos que, según nuestra vivencia y experiencia en la lucha sindical y social, podrían ser tomados en consideración por algún ciudadano o por alguna ciudadana que, a lo mejor, decide valorar quién, real y verdaderamente, se merece su voto en la próxima papeleta presidencial que, al parecer, podría llegar a tener hasta diez rostros.

Hay algo clarísimo para empezar y desde tal perspectiva, aportamos lo que pueden ser algunos ámbitos de reflexión: En nuestro país cada vez son más las personas que tienen menos; y, por el contrario, son menos las personas que tienen más.

Esto se llama concentración de la riqueza; o, si lo prefiere, más “elegante”: estamos en tiempos de crecimiento de la desigualdad, que no es lo mismo que hablar de la pobreza.

Los beneficios del crecimiento económico, generados todos los días por la clase trabajadora, tanto la asalariada como la que no lo es, no se están distribuyendo equitativamente. El capital contra el trabajo se llama este proceso.

Los y las aspirantes presidenciales, según lo notamos en anteriores campañas, se “acuerdan” mucho de las personas en situación de pobreza. Los pobres para arriba y los pobres para abajo, son elementos infaltables en los discursos, la propaganda, las visitas comunales y todo tipo de acciones proselitistas.

Por lo general, son los sectores más marginados, los principales receptores de todo tipo de dádivas en campaña electoral.

Por eso los “chinean”, al menos, con lindos discursos. La manipulación que se hace de este grupo de votantes es harto conocida.

Pasando a otro aspecto, creemos que hay cuatro ejes fundamentales que podrían considerarse al momento de valorar la diversa oferta electoral presidencial. ¿Diversa? “Todos son lo mismo” está diciendo ya mucha gente. Pero veamos cuáles podrían ser algunos elementos para inclinar el voto…

EMPLEO. Hay dos segmentos poblacionales afectados por el desempleo y/o por la precarización del mismo: las personas jóvenes y las personas de 35 o más años. ¿Qué nos ofrecen al respecto? ¿Cómo materializarían esa oferta si ganan la presidencia?

SALARIOS. Se necesita otra política salarial en función de, por lo menos, atajar el crecimiento de la desigualdad por esta vía. Casi el 60% de la clase trabajadora asalariada del sector privado apenas gana el salario mínimo de ley (si tiene suerte de que se lo respeten). En el sector público, es el 22%. Se necesita una elevación sustancial del actual “piso” de los salarios mínimos, que no es lo mismo que el reajuste semestral ordinario por costo de vida. ¿Cuál candidato presidencial hablará de esto con claridad contundente? ¿Cómo nos garantizará que, de ganar, sería ésta una de sus primeras decisiones?

TRIBUTOS. Dicen que hablar de impuestos en campaña electoral es como un “suicidio político”. Lo que pasa es que nunca se ha hablado de impuestos por el lado de “los de arriba”; por el lado del capital, de las grandes rentas y de la exhibición odiosa de la riqueza. Muchas veces hemos planteado la gran injusticia del sistema tributario costarricense: proporcionalmente hablando, pagan más impuestos los que menos tienen. La evasión, la elusión, las exenciones y las exoneraciones, son astronómicas. ¿Podría algún candidato presidencial puntualizar cinco grandes medidas que tomaría, no más llegando a la presidencia, para que empiece a cambiar esa naturaleza perversa del sistema tributario nacional?

CORRUPCIÓN. Muchísimo de qué hablar al respecto. Al menos, uno le pediría al candidato presidencial que nos dijera, antes de ir a votar por él, quiénes integrarían su equipo de gobierno si gana la Presidencia. ¿Cuáles serán sus ministros y sus ministras? ¿Cuáles serán las personas que irían a las presidencias ejecutivas de las instituciones? Que nos den nombres antes de votarle para tener un panorama general de las personas que le rodearán y saber de dónde proceden, cuál es su trayectoria y qué intereses representarían al integrar el equipo de trabajo presidencial.

CCSS. Al ser la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la más emblemática institución de la nacionalidad costarricense; por ser la entidad que le da salud al pueblo trabajador (los ricos no ocupan de ella); considerando que la Caja es nuestra propia vida, la de “los y las de abajo”: pensamos que deberían recibir un fuerte emplazamiento quienes pidan nuestro voto para la Presidencia. ¿Cómo evitará el “biomberismo” médico? ¿Cómo reducirá las listas de espera? ¿Cómo revertirá el peligro de quiebra de la Caja? ¿Cuáles leyes, decretos y otras medidas adoptará para enfrentar la evasión patronal privada? ¿Le seguirá pagando a la Caja la deuda del Estado con ella, con “papeles”, bonos que cuesta mucho colocar en el mercado de valores?

CONCESIONES. Está más que demostrado: la nefasta ley de concesión de obra pública, en términos generales, solamente ha servido para la “choriceadera”; para fomentar la corrupción con ropaje legal, para impulsar negocios que abultan las billeteras, especialmente de transnacionales y los bufetes “high” de abogados nacionales que les representan? ¿Se comerá la “bronca” el aspirante presidencial a impulsar la derogatoria de esta ley?

Debemos confesarles algo, muy personalísimo: No sentimos la menor intención de ir a votar en febrero de 2014.

Como nos lo han dicho muchos “abstencionistas duros”, es el único poder que se tiene de cara a tanta estafa política cada cuatro años: no darle el voto a ninguno… “Todos son lo mismo”.

Ahora bien, lo que sí vamos a hacer es analizar lo que cada persona candidata a la Presidencia plantee en estos y otros tópicos. Tal vez así nos decidamos a darle nuestro voto. “Y ese, ¿qué se cree?”, dirán algunos. “Mae más juega ‘e vivo”, dirán otros. Bueno, pero es que esa es la única posibilidad de ejercer, modestamente, la ciudadanía responsable que le compete a cada persona costarricense habilitada para votar en febrero entrante: ¿quién, merecidamente, debe ser receptor de nuestro propio sufragio electoral? A lo mejor, ninguno. A lo mejor, hay uno. La decisión es personalísima. En nuestro caso, seguiremos tal camino para ver si alguien merece nuestro voto. Si no, seremos otro más “abstencionista duro”.