Categoría: Opinión

Sabemos que una buena parte del electorado nacional que debe acudir a las urnas electorales en febrero de 2014, no va a ir a votar. Los especialistas le llaman a este grupo “abstencionistas duros”. Nada ni nadie los convencerá de darle voto a alguna candidatura. No dejan de tener razón.

La verdad es que luego de la elección y ya en el Gobierno, éstos se olvidan de la gente. Se comete lo que podríamos denominar una “estafa política”: desde el poder se hace algo radicalmente distinto de lo que se prometió en campaña. Otro gran grupo de electores y de electoras tiene grandes dudas de ir a votar o de no hacerlo.

Entre los que sí parece que votarán, los presuntos beneficiarios de esos sufragios y que aspiran a la Presidencia de la República, no pueden decir que ya la “tengan en el bolsillo”. Ni el que va “adelante”, según ciertas encuestas, puede cantar victoria.

Por eso es importante empezar a plantear varios aspectos que, según nuestra vivencia y experiencia en la lucha sindical y social, podrían ser tomados en consideración por algún ciudadano o por alguna ciudadana que, a lo mejor, decide valorar quién, real y verdaderamente, se merece su voto en la próxima papeleta presidencial que, al parecer, podría llegar a tener hasta diez rostros.

Hay algo clarísimo para empezar y desde tal perspectiva, aportamos lo que pueden ser algunos ámbitos de reflexión: En nuestro país cada vez son más las personas que tienen menos; y, por el contrario, son menos las personas que tienen más.

Esto se llama concentración de la riqueza; o, si lo prefiere, más “elegante”: estamos en tiempos de crecimiento de la desigualdad, que no es lo mismo que hablar de la pobreza.

Los beneficios del crecimiento económico, generados todos los días por la clase trabajadora, tanto la asalariada como la que no lo es, no se están distribuyendo equitativamente. El capital contra el trabajo se llama este proceso.

Los y las aspirantes presidenciales, según lo notamos en anteriores campañas, se “acuerdan” mucho de las personas en situación de pobreza. Los pobres para arriba y los pobres para abajo, son elementos infaltables en los discursos, la propaganda, las visitas comunales y todo tipo de acciones proselitistas.

Por lo general, son los sectores más marginados, los principales receptores de todo tipo de dádivas en campaña electoral.

Por eso los “chinean”, al menos, con lindos discursos. La manipulación que se hace de este grupo de votantes es harto conocida.

Pasando a otro aspecto, creemos que hay cuatro ejes fundamentales que podrían considerarse al momento de valorar la diversa oferta electoral presidencial. ¿Diversa? “Todos son lo mismo” está diciendo ya mucha gente. Pero veamos cuáles podrían ser algunos elementos para inclinar el voto…

EMPLEO. Hay dos segmentos poblacionales afectados por el desempleo y/o por la precarización del mismo: las personas jóvenes y las personas de 35 o más años. ¿Qué nos ofrecen al respecto? ¿Cómo materializarían esa oferta si ganan la presidencia?

SALARIOS. Se necesita otra política salarial en función de, por lo menos, atajar el crecimiento de la desigualdad por esta vía. Casi el 60% de la clase trabajadora asalariada del sector privado apenas gana el salario mínimo de ley (si tiene suerte de que se lo respeten). En el sector público, es el 22%. Se necesita una elevación sustancial del actual “piso” de los salarios mínimos, que no es lo mismo que el reajuste semestral ordinario por costo de vida. ¿Cuál candidato presidencial hablará de esto con claridad contundente? ¿Cómo nos garantizará que, de ganar, sería ésta una de sus primeras decisiones?

TRIBUTOS. Dicen que hablar de impuestos en campaña electoral es como un “suicidio político”. Lo que pasa es que nunca se ha hablado de impuestos por el lado de “los de arriba”; por el lado del capital, de las grandes rentas y de la exhibición odiosa de la riqueza. Muchas veces hemos planteado la gran injusticia del sistema tributario costarricense: proporcionalmente hablando, pagan más impuestos los que menos tienen. La evasión, la elusión, las exenciones y las exoneraciones, son astronómicas. ¿Podría algún candidato presidencial puntualizar cinco grandes medidas que tomaría, no más llegando a la presidencia, para que empiece a cambiar esa naturaleza perversa del sistema tributario nacional?

CORRUPCIÓN. Muchísimo de qué hablar al respecto. Al menos, uno le pediría al candidato presidencial que nos dijera, antes de ir a votar por él, quiénes integrarían su equipo de gobierno si gana la Presidencia. ¿Cuáles serán sus ministros y sus ministras? ¿Cuáles serán las personas que irían a las presidencias ejecutivas de las instituciones? Que nos den nombres antes de votarle para tener un panorama general de las personas que le rodearán y saber de dónde proceden, cuál es su trayectoria y qué intereses representarían al integrar el equipo de trabajo presidencial.

CCSS. Al ser la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la más emblemática institución de la nacionalidad costarricense; por ser la entidad que le da salud al pueblo trabajador (los ricos no ocupan de ella); considerando que la Caja es nuestra propia vida, la de “los y las de abajo”: pensamos que deberían recibir un fuerte emplazamiento quienes pidan nuestro voto para la Presidencia. ¿Cómo evitará el “biomberismo” médico? ¿Cómo reducirá las listas de espera? ¿Cómo revertirá el peligro de quiebra de la Caja? ¿Cuáles leyes, decretos y otras medidas adoptará para enfrentar la evasión patronal privada? ¿Le seguirá pagando a la Caja la deuda del Estado con ella, con “papeles”, bonos que cuesta mucho colocar en el mercado de valores?

CONCESIONES. Está más que demostrado: la nefasta ley de concesión de obra pública, en términos generales, solamente ha servido para la “choriceadera”; para fomentar la corrupción con ropaje legal, para impulsar negocios que abultan las billeteras, especialmente de transnacionales y los bufetes “high” de abogados nacionales que les representan? ¿Se comerá la “bronca” el aspirante presidencial a impulsar la derogatoria de esta ley?

Debemos confesarles algo, muy personalísimo: No sentimos la menor intención de ir a votar en febrero de 2014.

Como nos lo han dicho muchos “abstencionistas duros”, es el único poder que se tiene de cara a tanta estafa política cada cuatro años: no darle el voto a ninguno… “Todos son lo mismo”.

Ahora bien, lo que sí vamos a hacer es analizar lo que cada persona candidata a la Presidencia plantee en estos y otros tópicos. Tal vez así nos decidamos a darle nuestro voto. “Y ese, ¿qué se cree?”, dirán algunos. “Mae más juega ‘e vivo”, dirán otros. Bueno, pero es que esa es la única posibilidad de ejercer, modestamente, la ciudadanía responsable que le compete a cada persona costarricense habilitada para votar en febrero entrante: ¿quién, merecidamente, debe ser receptor de nuestro propio sufragio electoral? A lo mejor, ninguno. A lo mejor, hay uno. La decisión es personalísima. En nuestro caso, seguiremos tal camino para ver si alguien merece nuestro voto. Si no, seremos otro más “abstencionista duro”.

Recientemente estuvo en el país el señor Guy Ryder, actual director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); una visita sumamente importante, no solamente por el entorno actual y global, totalmente amenazante para los derechos de la clase trabajadora del planeta; sino para nuestro país mismo, que está en deuda en relación con la serie de compromisos de orden laboral que se ha comprometido a honrar con tal entidad mundial del Trabajo, pero que no los cumple.

Tuvimos la oportunidad de dejar en las mismísimas manos del señor Ryder, la visión de la corriente sindical en la cual nos movemos, de toda esta situación que sigue dejando al país en entredicho en materia de derechos laborales.

En el documento que se le pudo entregar al máximo jerarca de la OIT, le señalamos los seis grandes problemas que el país está afrontando y que muestran un cuadro contrario al desarrollo del Derecho Laboral, del concepto de Trabajo Decente y, en general, de lo que los Derechos Humanos establecen para la plena reivindicación de la clase trabajadora.

Es más, estos seis grandes problemas ya tienen un rango de diagnóstico sobre las deudas del país al respecto, elaborado por la propia OIT.

Esos seis grandes problemas son:

1) Lentitud e ineficacia de los procedimientos sancionatorios y de reparación en caso de actos antisindicales. 2) Restricciones al derecho de negociación colectiva en el sector público en virtud de fallos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 3) Sumisión de la negociación colectiva a criterios de proporcionalidad y racionalidad en virtud de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. 4) Enorme desproporción entre el número de convenciones colectivas y el de arreglos directos (muy inferior), concluidos por trabajadores no sindicalizados. 5) Problemas de una regulación sumamente restrictiva sobre el derecho de huelga. 6) Limitación que tienen las personas trabajadoras extranjeras para ejercer cargos de dirección en los sindicatos.

Valga indicar que lo que vendría ser el máximo tribunal interno de la OIT, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, “…ha constatado que a pesar de que los problemas persisten desde hace años y de que este caso se ha discutido en varias ocasiones, no ha habido progresos significativos… ni en la legislación ni en la práctica. Tal y como OIT ha logrado constatar, para el Gobierno de la República la solución de estos problemas mediante la aprobación de las reformas legales y constitucionales prometidas no fue una prioridad”.

Dicho en palabras populares, ante la OIT, Costa Rica es un país mentiroso, que promete y no cumple, que deshonra lo que firma, que engaña y le toma el pelo…

A efectos de este comentario, nos interesa destacar dos grandes ámbitos de ataque a los Derechos Laborales que está sufriendo, en la actualidad, la clase trabajadora costarricense y que agravan su situación.

En el caso del sector Público, el documento que se le entregó al Director General de la OIT, menciona: “La Contraloría General de la República (CGR) ha iniciado una verdadera cruzada por la eliminación de derechos incorporados en convenciones colectivas de trabajo legítimamente negociadas”. Habla, por ejemplo, de las acciones contra los topes de cesantía de que venía disponiendo el personal del CNP, del Banco Popular, de Recope, de las municipalidades de San José, de Puntarenas y de Turrialba.

La CGR tomó el relevo en este ataque a la negociación colectiva en el sector Público, luego de que la Sala IV, producto de otra ofensiva político-ideológica en esa misma dirección, resolvió contra derechos convencionales establecidos por larga data en los casos del INS, del Banco Nacional y de la Municipalidad de Aserrí.

El otro ámbito de ataque a los derechos laborales es el que se da en el sector privado. En el documento en cuestión se menciona lo siguiente:

Despidos en las plantaciones de banano y piña por persecución sindical.

Amenazas de despidos y listas negras, aislamiento de los trabajadores afiliados, la denigración, humillación y discriminación de afiliados y dirigentes.

Las compañías continúan impulsando prácticas antisindicales como los arreglos directos y los comités permanentes.

Las compañías bananeras y piñeras siguen promoviendo, y financiando a otras organizaciones que se dedican a combatir al sindicato en el sector privado, como la Escuela Social Juan XXIII y el Movimiento Paz y Desarrollo.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social carece de voluntad para exigir el cumplimiento de la legislación laboral. Además en las zonas en donde se encuentra el sector agroindustrial no cuenta con las condiciones mínimas para dar un servicio ágil y efectivo a los trabajadores y trabajadoras, y a los sindicatos.

Los juzgados laborales son extremadamente lentos, onerosos y los procesos judiciales se prolongan por muchos años y no implican mecanismos eficaces para tutelar los derechos de las personas trabajadoras.

Las malas condiciones laborales, salarios por debajo del mínimo legal, la problemática de los malos servicios y protección medioambiental y de la salud, así como jornadas extenuantes.

El documento entregado al señor Ryder representa una visión compartida de varios bloques sindicales nacionales, como la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).

Igualmente, organizaciones laborales de base de estos bloques con fuerte identidad avalan esta gestión. Por ejemplo, entre otros destacamos los casos del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (Sitrap), y el de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Usted puede encontrar este documento completo en esta dirección electrónica: www.anep.cr

Dado que ya estamos entrando en recta final hacia las elecciones presidenciales y diputadiles del 2014, bueno sería que las personas aspirantes a esos cargos se refirieran a estos temas, suscribieran compromisos y aceptaran procesos de verificación de cumplimiento.

Ayer, martes 25 de junio de 2013, en la página 5 de este prestigioso medio de comunicación colectiva, el tan querido Diario Extra por el pueblo costarricense, apareció un campo pagado con este llamativo título: “Las personas que trabajamos en el sector privado necesitamos la pronta aprobación de la reforma procesal laboral”; firmado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAG), la cual, a su vez, está respaldada por dos grandes bloques sindicales nacionales: la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).

La FENTRAG es una entidad sindical de segundo grado, según las leyes laborales costarricenses. En la FENTRAG, de reciente fundación, están agrupados varios sindicatos de base en los cuales se aglutinan, con grandes dificultades, personas trabajadoras asalariadas de la actividad piñera, bananera, melonera y similares.

En el mencionado campo pagado se nos cuenta la problemática laboral-judicial del trabajador Pablo López García, quien estaba trabajando en la Piñera Piña Frut del Grupo Acón.

Él, siendo representante sindical del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), fue despedido. Dos años después sigue sin recibir respuesta de su demanda judicial por ello. Valga indicar que el SITRAP forma parte de la FENTRAG.

Parecido es el caso de los trabajadores Ramiro Tenorio y Arleng González Gómez, quienes fueron despedidos por persecución sindical al intentar organizarse para defender sus derechos en la plantación de yuca en la que laboraban.

Aunque lograron ganar su demanda pero después de 4 años de larga espera, no pueden cobrar la plata de indemnización que les corresponde, dados los subterfugios legales y las triquiñuelas empresariales para evadir el correspondiente pago por orden judicial.

Casos como éstos ha habido cientos y cientos en el pasado. Se siguen dando. Sin embargo, podría ser que no se vuelvan a dar con la aprobación definitiva de la Reforma Procesal Laboral (RPL).

La RPL le da más herramientas al trabajador y a la trabajadora de todas las plantaciones agrícolas y agropecuarias (y, en general, de todo el sector Privado), para que pudieran defender en mejores condiciones, sus derechos laborales y sociales que están para su uso en la propia Constitución Política, en el Código de Trabajo, en los convenios internacionales de la OIT, en todos los tratados de Derechos Humanos que Costa Rica ha firmado…

Con la RPL, don Pablo López García ya habría recibido justicia puesto que con el sistema de oralidad que establece esta reforma para los procesos laborales en sede judicial, se aligerarían los trámites del caso para que él recibiera justicia, pronta y cumplida.

Es más, si don Pablo no tuviera plata para pagar un abogado laboralista que le llevara su caso contra el poderoso grupo empresarial Acón; don Pablo pudo haber recibido ayuda y asistencia jurídica gratuita, dado que la RPL ordena abrir una sección de la Defensa Pública (adscrita al mismo Poder Judicial), para casos en los cuales el trabajador que ocupa defensa laboral no tiene cómo pagarla.

Igualmente, don Ramiro Tenorio Martínez y don Arleng González Gómez, con la RPL habrían recibido más rápidamente un veredicto de que fueron víctimas de persecución sindical, en sede administrativa y habrían sido reinstalados en el cargo del cual fueron despedidos.

No habrían tenido que esperar 4 años para recibir justicia y cuando la obtuvieron, la empresa “desapareció”. Este tipo de casos, con la RPL, se reducirían al mínimo pues el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con la RPL puede resolver, por el fondo, casos de persecución sindical, ordenando, con potestad de imperio de ley, reinstalaciones inmediatas en el sector privado.

Deben saber, además, quienes son personas trabajadoras asalariadas del sector Público, en cuyas respectivas instituciones hay ya o se pretende que existan las convenciones colectivas de trabajo (CCT); que con la RPL desaparece la detestada “Comisión de Convenciones Colectivas del Sector Público”; esa que mutila, atrofia, retarda, elimina y hasta anula los contenidos negociados interpartes a nivel institucional, para imponer su propia esquema negociador a contrapelo del carácter autonómico constitucional de los principios de la Negociación Colectiva.

Igualmente, no sabemos con qué malsana intención se le venido diciendo al honorable cuerpo del Magisterio Nacional, a las maestros, a los maestros, al profesorado, que en la RPL se regulan las huelgas para los servicios educativos. En todo el texto jurídico de la RPL, no hay un solo artículo, no hay un solo párrafo, no hay una sola línea que se haya referido a la Educación.

También se ha dicho que la RPL acaba con las huelgas en el sector Público. ¡Falsedad de falsedades! Las huelgas en el sector Público han estado prohibidas desde que hace 70 años, en 1943, se emitiera el Código de Trabajo.

En la RPL se abre la posibilidad jurídica de que haya huelgas legales en el sector Público y se discrimina, por ejemplo, a qué sector le quedaría la misma realmente prohibida. A cambio, se le otorga a tal sector el derecho a la negociación colectiva y al arbitraje conciliatorio ante los diferentes conflictos laborales.

Por eso resulta incomprensible que algunas “dirigencias” sindicales que se autoproclaman como “revolucionarias” y abanderadas del “sindicalismo clasista y combativo” (¡ay carajo!), la emprendan contra la Reforma Procesal Laboral (RPL), digan que el proyecto respectivo debe archivarse y planteen que quienes lo hemos defendido por tantos años seamos “traidores” a la clase trabajadora.

Todavía se queda uno más sorprendido al notar las grandes coincidencias contra la RPL, que se dan entre ese “sindicalismo clasista y combativo”, con la posición del gran empresariado transnacional y antisindical de las plantaciones bananeras y piñeras.

Esta patronal, fíjense ustedes, se lamenta de que en el artículo 371 de la RPL, “…se amplía la utilización de la huelga para la defensa de conflictos jurídicos colectivos, por lo cual los sindicatos cada vez que encuentren un problema de interpretación jurídica de una convención colectiva podrán hacer uso de este instrumento”.

A la patronal transnacional bananera y piñera también le duele, le arde, le irrita que con la RPL “se establece el debido proceso en forma específica para los trabajadores con fuero sindical, lo cual implica que deberá necesariamente realizarse la gestión de despido ante el Ministerio de Trabajo, sin duda, esto torna rígido las relaciones laborales en el sector privado”.

Estas citas (podrían ser muchas más), están en un documento oficial, denominado “Comentarios al Proyecto de Código Procesal Laboral”, de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), dirigido a sus directivos. ¿Quién lo hubiera imaginado? La Corbana y el “sindicalismo clasista y combativo” en “unidad”, en alianza contra la Reforma Procesal Laboral (RPL) y sus beneficios para casi 2 millones de personas trabajadoras asalariadas.

Perdone usted si somos repetitivos. Pero es que este es un asunto de tanta trascendencia que este semanal espacio de oro que nos da DIARIO EXTRA es estratégico para que hablemos de esto. Pensamos que es preciso insistir en aquellos aspectos más sobresalientes de la Reforma Procesal Laboral (RPL), también conocida como el Código Procesal Laboral.

Se trata de un cambio en la legislación de Trabajo en Costa Rica que supone la más grande transformación de la ley laboral costarricense, desde que su máximo instrumento, el Código de Trabajo, entrara en vigencia hace 70 años en 1943. Es decir, siete décadas después podríamos contar con nuevas herramientas para proteger los derechos de la clase trabajadora con empleo formal y, especialmente, proteger el acceso al Derecho Humano Fundamental de la Organización Sindical. La semana anterior destacamos que con la RPL:

1) Habrá una defensa pública laboral (profesionales en Derecho gratuitos), para personas trabajadoras asalariadas de escasos recursos, para menores de edad en litigio laboral; y especialmente, al servicio de madres trabajadoras a las cuales se les violenten sus derechos a la protección de su maternidad.

2) Al introducirse la oralidad en los procesos judiciales de corte laboral, se espera una reducción sustancial de los tiempos de espera para que se resuelva una demanda interpuesta contra un patrono por parte de una persona trabajadora asalariada.

3) Tendremos procedimientos sumarios y expeditos, con medidas eficaces protectoras, contra discriminación patronal por razones de edad, etnia, sexo, religión, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, situación económica o cualquier forma análoga de discriminación. Por ejemplo, con la RPL podríamos entrar a combatir ese doloroso flagelo discriminatorio de que alguien con 35-40 años de edad, ya no encuentra empleo porque el mercado laboral lo considera una persona “vieja”.

4) Con la RPL habría procedimientos sumarios y eficaces protectores de personas trabajadoras asalariadas con derecho a un fuero especial: mujeres en estado de embarazo y/o lactancia; personas que han denunciado hostigamiento sexual en el empleo; personas trabajadoras adolescentes; personas trabajadoras promotoras de organización sindical con protección especial; e, incluso, trabajadores y trabajadoras en general cuando se haya planteado un conflicto colectivo.

La posibilidad de la concreción material, en letra y ley viva, de estos cambios a favor de la población trabajadora asalariada del país (cambios que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa en los dos debates que constitucionalmente se exigen para que un proyecto se transforme en Ley de la República); se truncó por el veto presidencial a la RPL, específicamente en materia de huelga en los servicios públicos.

Es bueno traer a colación que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que la huelga en los servicios públicos debe ser prohibida cuando de por medio esté la vida, la salud y la seguridad de las personas. Por tanto, los países miembros de la OIT (como el caso de Costa Rica) deben regular esta materia para que: a) se establezca a quiénes, definitivamente, se les prohíbe el derecho de huelga y, por tanto, a cuáles medidas compensatorias tendrán derecho (negociación colectiva y arbitrajes); b) quiénes tienen derecho a huelga con el establecimiento de un plan de servicios mínimos; c) quiénes tienen derecho pleno al ejercicio de la huelga en los servicios públicos.

Lo que pasó con el veto presidencial es que al presente Gobierno se le despertaron todas las apetencias del mundo para eliminar el derecho de huelga en los servicios públicos, llegándose al extremo de imponer regulaciones inaceptables desde todo punto de vista. Veamos.

1) Violando la indicada normativa de la OIT sobre la regulación de la huelga en los servicios públicos (para que no afecte la vida, la salud y la seguridad de las personas), el Gobierno quiere imponer la prohibición absoluta de la huelga a un grupo importante de personas trabajadoras de los muelles. Además, estableció una definición excesiva de servicios mínimos en el caso de la huelga de los muelles, lo que hace que este derecho humano se vuelva ineficaz. 2) También pretende una definición excesiva de servicios mínimos cuando Recope esté en estado de huelga, lo cual hace que este derecho humano, en tal caso, se vuelva ineficaz. 3) El Gobierno pretende imponer un plazo máximo de huelga de 20 días en servicios trascendentales que no son servicios esenciales; es decir, cuya paralización no pone en peligro ni la vida, ni la salud, ni la seguridad de las personas.

Por tal razón, también en este aspecto se viola de forma directa convenio 87 de la OIT. 4) También pretende el Gobierno la prohibición total de huelga para una cantidad excesiva de servicios de salud. Esta prohibición general existe hoy día en el Código de Trabajo vigente pero no ha evitado que las huelgas se produzcan en este sector, por lo que es preferible regular estas huelgas estableciendo servicios mínimos que aseguren que la vida y la salud de las personas no se pondrán en peligro.

Solamente estando de cara a cara con la contraparte, se pudo constatar las perniciosas pretensiones gubernamentales, de evidente corte neoliberal, para impedir toda manifestación de huelga en los servicios públicos. Se pudo así tener noción directa de la verdadera naturaleza del veto presidencial a la RPL. En tales condiciones, jamás hubo acuerdo alguno.

Como la RPL es un compromiso de país ante la OIT, nada mejor que lavarse las manos ante la misma e indicar que son los sindicatos, y no el Gobierno, los que se la trajeron al suelo. Estuvimos enfrentando esta maniobra hasta el último momento, teniendo presente que la vida, la salud y la seguridad de las personas no deben afectarse cuando de huelga en los servicios públicos se habla.

Lo que pasa es que esto fue el pretexto gubernamental: imposibilitar cualquier acuerdo por mínimo que fuera para superar el veto presidencial. Lo real, lo que siempre estuvo “debajo de la mesa”, es que una buena parte del empresariado bananero y piñero jamás ha estado de acuerdo con la RPL y por ello han hecho todo lo posible por traérsela abajo. Tan es así que, ¡oh paradojas de la vida!, han encontrado aliados insospechados en su “santa cruzada” antilaboral, ¡en el seno del mismo mundo sindical nacional! ¿Quién se lo hubiera imaginado?

Como lo dijimos la semana pasada, exhortamos a los diputados y a las diputadas a aprobar la Reforma Procesal Laboral (RPL), a pesar de esta maniobra del Poder Ejecutivo. Advertimos que si el proyecto de ley es aprobado sin incluir las modificaciones que de acuerdo con la OIT deben hacerse, no se harán esperar las denuncias internacionales contra el país y nosotros haremos lo propio al respecto. Aceptar la maniobra gubernamental en materia de huelga en los servicios públicos es una flagrante violación a las obligaciones que como país hemos asumido ante tal organismo mundial.

En estos momentos transcurre en Ginebra, Suiza, la asamblea mundial anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ente global que se encarga de emitir disposiciones a todos los países miembros de la misma, acerca de la dignificación, la humanización y el adecentamiento de las condiciones de empleo a favor de la clase trabajadora del planeta. Costa Rica es miembro pleno de la misma y se ha comprometido a implementar sus recomendaciones y sus convenios con tal finalidad.

Pero, reiteradamente, ha deshonrado muchos de ellos y cada año, en cada asamblea, le llaman la atención al país. Éste (por medio de su gobernante de turno), en un ritual repetitivo, pide perdón y dice que el año siguiente cumplirá y así, sucesivamente. Hoy, la credibilidad costarricense en material laboral ante la OIT está por los suelos.

Tan es así que en la asamblea del año pasado, 2012, la misma presidenta Chinchilla Miranda se desplazó hasta esa ciudad suiza e invocando ser la máxima autoridad jerárquico-política del país, dijo que esta vez sí, que esta vez se honraría la palabra empeñada tantas veces por el país y tantas otras deshonrada; pero que esta vez sí, y aprobándose en Costa Rica la Reforma Procesal Laboral (RPL), ¡por fin! Costa Rica honraría su palabra y el país limpiaría su imagen manchada.

Pese a que el actual parlamento costarricense aprobó en los dos debates de ley la RPL, con lujosa mayoría en ambos, la propia presidenta Chinchilla Miranda sorprendió a todo mundo: ¡¡¡la vetó!!!; sí, la vetó, por el asunto de la huelga en los servicios públicos.

Así las cosas, un importante bloque sindical se dio a la tarea de enfrentar el veto presidencial. Hablamos de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentraa), que aglutina a la mayoría de las organizaciones sindicales de las plantaciones bananeras, piñeras, meloneras y actividades similares; hablamos del Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE); del Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC); de la Confederación de Trabajadores de Rerum Novarum (CTRN); del Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia); del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae); de la Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS); de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP); y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

¿Para qué se hace la reforma procesal laboral? Costa Rica ha sido objeto de constantes y múltiples llamados de atención por parte de la OIT, en virtud de que las personas trabajadoras no tienen mecanismos adecuados, incluyendo una justicia laboral pronta y cumplida, para defender sus derechos. Extensos procesos judiciales y ausencia de mecanismos eficaces para que en el sector privado y en el sector público se cumplan expeditamente estos derechos, hacen que en la realidad, se violen sistemáticamente el salario mínimo, las normas sobre jornadas, el pago de cuotas a la seguridad social, se discrimine impunemente a las personas trabajadoras por múltiples razones, entre muchas otras violaciones.

En virtud de lo anterior, por más de 10 años se ha trabajado en este proyecto de ley, cuyo objetivo fundamental es, no sólo de dotar a las personas trabajadoras de una serie de instrumentos individuales y colectivos para tutelar sus derechos laborales, sino para atender los graves señalamientos que la OIT ha hecho al país por muchos años.

Finalmente se aprobó un texto en la Asamblea Legislativa que, sin duda alguna, contiene mejores condiciones que las que existen en el Código de Trabajo actual, para proteger los derechos de la gran masa de personas trabajadoras del país.

Algunos ejemplos de avances concretos de la Reforma

• Creación de una defensa pública laboral (abogados-as gratuitos) para las personas trabajadoras de escasos recursos, para menores de edad, y para madres trabajadoras a quienes se les violenten normas laborales de protección a la maternidad.

• Disminución sustantiva de la duración de los procesos judiciales en virtud del desarrollo de procesos orales ante el Poder Judicial, a diferencia de los prolongados procesos escritos vigentes actualmente.

• Procedimientos sumarios expeditos y medidas eficaces para proteger a las personas trabajadoras por discriminación por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación.

• Procedimientos sumarios y medidas eficaces para proteger a las personas protegidas por fueros especiales (mujeres en estado de embarazo y lactancia, personas que han denunciado hostigamiento sexual, personas trabajadoras adolescentes, las personas trabajadoras en general cuando se haya planteado un conflicto colectivo, las personas protegidas por fuero sindical, entre otras).

• Modificación de los requisitos legales para el ejercicio de la huelga legal y de los procedimientos administrativos y judiciales para resolver conflictos colectivos, conforme a las regulaciones establecidas por la OIT.

• Agilización y clarificación de las normas que regulan la negociación colectiva en el sector público.

• Ampliación de las medidas cautelares que el Poder Judicial puede ordenar para proteger a las personas trabajadoras durante la tramitación de un proceso laboral.

Como es de conocimiento público, el Gobierno vetó el proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa, en lo que tiene que ver con la huelga en los servicios públicos.

El Movimiento Sindical involucrado en todo este proceso histórico de la ley de la Reforma Procesal Laboral (las organizaciones arriba mencionadas), asumió una gran actitud propositiva y de seriedad responsable con el objetivo de atender el veto de la Presidencia de la República dentro de las normas existentes de la OIT.

Este órgano internacional ha definido, de forma vinculante para Costa Rica, quiénes tienen prohibido el derecho a la huelga y, por lo tanto, tienen derecho a medidas compensatorias (negociación colectiva y arbitrajes para resolver sus conflictos); quiénes tienen derecho a la huelga con el establecimiento de un plan de servicios mínimos; y, finalmente, quiénes tienen derecho pleno al ejercicio de la huelga en los servicios públicos.

En buena medida este objetivo se logró, pero el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa un texto que modifica los artículos vetados del proyecto, en el que incluyó algunos aspectos que violan las obligaciones de Costa Rica frente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este es el tema que trataremos la semana próxima, Dios mediante, en una segunda parte.

Sin embargo y desde ahora, tales organizaciones plantean, por un lado, que el Congreso debe ayudar a concluir la negociación de conformidad con nuestras obligaciones legales internacionales frente a la OIT; y, por otro, que no se debe aceptar la maniobra de un pequeño sector empresarial que intenta sepultar la Reforma Procesal Laboral (RPL).

Con gran pompa, bombos y platillos se ha anunciado que como país nos “ganamos” el premio mayor: se ha invitado a Costa Rica para que inicie un largo camino que le llevará a ser integrante, miembro de la OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual le dicen “el club de los países ricos”.

La OCDE se fundó en 1960 y tiene su sede en París, Francia. Se presume que la OCDE busca “intercambiar información y armonizar políticas para maximizar el crecimiento”, según la perspectiva neoliberal hegemónica actualmente vigente. Otra visión sostiene que la OCDE “busca generar crecimiento económico sostenible, impulsar el empleo, elevar el nivel de vida, mantener la estabilidad financiera, ayudar a los países en su desarrollo económico y contribuir al crecimiento del comercio mundial”.

Lo que hoy conocemos como OCDE tuvo como antecedente a la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE). Según los datos oficiales de la OCDE sus países integrantes en la actualidad representan, en conjunto, el 70% del mercado mundial. Lo que pasa es que entre esas naciones integrantes hay varias, especialmente que forman parte de la Unión Europea (UE), que actualmente afrontan brutales desigualdades, muestran grandes retrocesos sociales, están en severas crisis económicas, afrontan fuertes y descomunales déficit fiscales y tienen altísimos desempleos.

Hablamos de Grecia, de España, de Italia, de Irlanda, de Portugal, del Reino Unido, de México, de Colombia… y del propio Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, en vez de que a la OCDE se le conozca como “el club de los países ricos”, debería conocérsele como “el club de los países de donde proceden los hombres más ricos del planeta” que es distinto (hablamos del mexicano Carlos Slim zar de las telecomunicaciones globales; del gringo Bill Gates el del emporio mundial de las computadoras; y el español Amancio Ortega Gaona emperador de la industria textil).

Bueno, también merece destacarse que hay otros países que forman parte de la OCDE que muestra sociedades con más integración social, menos desigualdad y sistemas tributarios fuertes y justos, como Finlandia, Suiza, Dinamarca, Noruega y Suecia.

Ahora bien, como tal realidad está planteada para el caso costarricense, si se va a iniciar un largo proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se debe considerar la participación activa y real de la sociedad civil organizada y, especialmente, de aquellas organizaciones sindicales que con visión de país elaborada, tendrían mucho que decir al respecto.

Tales agrupaciones deben, en tal sentido, asumir una posición militante para hacerse oír y escuchar en lo que se conoce como la Comisión Sindical Consultiva (TUAC, por sus siglas en inglés: Trade Unión Advisory Committee); puesto que el discurso gubernamental oficialista al respecto, de sesgo “triunfalista”, no le ha planteado a la opinión pública nacional que este proceso debe ser integral y sin exclusiones, pues la OCDE se ha comprometido, también, con la sociedad civil de los países que aspiran a ser considerados para su ingreso a tal organización.

Se deben tocar las puertas de la denominada Comisión Sindical Consultiva (TUAC), pues es importante que la realidad de la “otra” Costa Rica, la de la desigualdad, la de la exclusión social, la de la injusticia tributaria, la del deterioro salarial y, especialmente, la de la represión sindical en amplios ámbitos del sector Privado, sea considerada por la gente de la OCDE. Se debe exigir que el país corrija tales problemas de forma tal que Costa Rica se “ponga en regla” con objetivos que la OCDE promueve tales como crecimiento económico sostenible, el impulso al empleo, la elevación del nivel de vida (siguiendo su línea de principios).

Dentro de esas organizaciones sindicales costarricenses que han venido trabajando propuesta-país, exponemos el caso de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), misma que ha producido en los últimos años (en conjunto con diversas entidades de la sociedad civil organizada y ciudadanía patriótica), diversos planteamientos propositivos para enfrentar las graves consecuencias de una sociedad que todos los días incrementa la desigualdad.

Estimamos que estos materiales podrían ser de mucho interés en el proceso éste de la OCDE. Hablamos de propuestas (entre otras), tales como:

Propuesta de los sectores productivos-Costa Rica: Hacia la Tercera República frente a los desafíos nacionales del siglo XXI.

Aportes para una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria (propuesta Crisol).

10 medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva.

Diálogo Social y Negociación Efectiva: Planteamientos sindicales para la recuperación de la inclusión social y la solidaridad, para la promoción del bien común.

Planteamientos alternativos al proyecto “Ley de Solidaridad Tributaria”;

10 medidas para comenzar a ordenar la Caja.

Estimamos que estos y otros planteamientos pudieran ayudar a que el proceso con la OCDE tenga una valoración real y más equilibrada.

No avalamos la pretensión de que la “hoja de ruta” que se pretende impulsar desde el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), esté bajo un único prisma político-ideológico (básicamente de inspiración neoliberal); pues la sociedad costarricense de hoy, en una abrumadora mayoría (aunque dispersa), rechaza, no comparte, que sea con el neoliberalismo como vayamos a superar la gravedad de la exclusión social que estamos viviendo en los actuales momentos; neoliberalismo que, por demás, ha demostrado su fracaso total y ha desnudado la brutalidad de su accionar con el sesgo dominante del capital financiero-bancario que le guía en la actualidad.

Se debe tener presente que a las OSC (Organizaciones de la sociedad Civil) y, por ende, a los sindicatos, la OCDE las considera en todas las etapas del desarrollo, ejecución y seguimiento de su trabajo. Con los buenos oficios y la solidaridad de las organizaciones sindicales de alcance continental y global con las cuales el sindicalismo tico mantiene contactos, vínculos y relaciones, hemos de llegar hasta el TUAC para alertar sobre todo este particular.

Son los tiempos de Facebook, de Twitter, de las redes sociales. Los tiempos del iPod, del iPad, de la tableta, el smartphone y la Internet en todas sus dimensiones y potencialidades. Sí, claro, avance tecnológico, comunicacional impresionante. Y aquí, innegablemente, miles y miles de jóvenes, de muchachos y de muchachas, de estudiantes de todos los niveles del sistema educativo, público y privado, conectados a plenitud.

Pero, también, son los tiempos de la desigualdad, de la corrupción, de la concentración de la riqueza, de la depredación ecológica y ambiental. Pero, a este nivel, pareciera que entre más “conectada” está la juventud, más alejada parece estar de su entorno, de su realidad más mediata y de largo plazo.

Si bien es cierto, la corriente sindical y social, en la cual militamos, ha proclamado su total independencia con respecto a los partidos políticos del sistema, los unos y los otros, ello no quiere decir que estemos alejados de la política, de lo político.

Una cosa es la independencia político-partidista, especialmente para lo electoral; y otra cosa muy distinta es que seamos indiferentes a esta realidad. Partidos políticos existirán siempre, gústenos o no y, naturalmente, lo que se avecina en febrero del 2014, gústenos o no, tiene que ver con cada uno y con cada una de las personas ciudadanas costarricenses, de todas las edades, aún de aquellas que no tienen todavía una cédula de identidad para el ejercicio pleno de su ciudadanía.

No sabemos quién lo dijo. Si fue en Costa Rica o en otro país: que lo malo que tiene la política es que la gente buena no se mete en ella. Obviamente es una generalización injusta y que no puede sostenerse. Pero la frase, su contexto, su contenido, es emblemática de lo que nos está pasando como sociedad en estos tiempos de la desigualdad.

Que de cada cuatro costarricenses, tres estén diciendo que no les interesa ningún partido político; y que poco más de la mitad no esté pensando en serio en relación con las elecciones del 2014, no es algo que pueda dejarse pasar sin provocar alguna reflexión.

Es en tal sentido que, modestamente, queremos poner un granito de arena para que, de una forma o de otra, no nos sea indiferente la naturaleza del desafío electoral que está por venir, que ya, más bien, está en desarrollo. Y por ello es que, si hoy tenemos el inmenso honor de que una persona joven nos lea, queremos llegarle a su alma, a su corazón, a su espíritu cívico y patriótico para que la política, lo político, no le sea indiferente.

Para que se comprenda que la política, que lo político, ha dejado de ser un monopolio de la figura jurídica de partido político; y que la política, lo político, también se ejerce, también se puede desarrollar, desde las diversas formas de organización social y cívica, como, por ejemplo, los sindicatos. ¡¡¡Sí!!!, los sindicatos, satanizados al máximo por la esfera de poder hegemónica imperante en el país, pero que son entidades con una estatura jurídica de altísimo peso: constitucional, legal y de derechos humanos.

La circunstancia de que estemos pensando en relación con febrero del 2014 de que “todos son lo mismo”, aparte de injusta, solamente ha de potenciar el poder (al menos, el formal), de quienes ya lo tienen.

Si nos seguimos alejando de la política, de lo político, esa gente, que es minoría, se seguirá empoderando más y, por tanto, nos seguirán empobreciendo más, a la mayoría. Porque la verdad sea dicha: que estemos en un escenario de desigualdad no tiene más significado que el empobrecimiento de la mayoría por parte de esa minoría que sí ejerce la política, lo político y que se sienta segura en su propia zona de confort porque la mayoría no está interesada en lo político, en la política.

Los y las jóvenes de hoy, los y las estudiantes, la muchachada que ya tiene la suerte de tener un empleo o que está sufriendo el estar sin trabajo, o que está, entonces, “pulseándola” en la informalidad; deben hacer una irrupción fuerte en la política, en lo político: en torno a los partidos políticos y /o en torno a las organizaciones sociales como los sindicatos, los buenos sindicatos, por supuesto.

Las herencias patrimoniales e institucionales que nos fueron legadas, pese a lo maltrechas que están algunas de ellas, todavía juegan fuertemente para luchar contra las desigualdades y por la justicia social. Y gracias a muchas personas que eran jóvenes en los años 60´s, en los 70’s, en los 80’s y en los 90’s, que han venido luchando en todos estos años contra el ataque neoliberal a esas herencias y a esos patrimonios, la actual generación juvenil del país tiene banderas para levantar que muchos (que hemos andado en esto) quisiéramos trasladarles. Sí, aún en estos tiempos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter y similares, la lucha contra las injusticias, contra todas formas de injusticia, sigue siendo tan válida como la de hace varias décadas pasadas.

Por eso es alentador reconocer que en varias de las corrientes sindicales que se mueven en el país, se hacen grandes esfuerzos por incorporar a la juventud a la lucha sindical. La verdad sea dicha: el sindicalismo de hoy es, básicamente, “adultocentrista” y la gente “roquemis” como uno, tenemos que hacer todo lo posible y más allá de ello, para que haya una juventud sindicalista activa y con peso político en las organizaciones que están matriculadas en un esfuerzo tan estratégico.

Porque si esa juventud, o gran parte de ella, no está interesada en lo político, en la política, según se mira en los partidos políticos; sí puede hacerse política, sí podemos estar en lo político, desde una esfera sindical, luchando por la justicia social. Y es que, al menos en Costa Rica, ciertas organizaciones sindicales tienen una concepción de país mucho más elaborada y consistente que algunos de esos partidos políticos fantoches del sistema, que surgen para una elección determinada o para desarrollar una vanidad individual de sesgo personalista.

Entonces, juventud: Sí hay espacio para ustedes en la política, en lo político y si lo prefieren, desde un ámbito sindical serio y con propuesta de país. A la hora de las elecciones de febrero del 2014, la corriente sindical en la que militamos se prepara para un emplazamiento a las diversas candidaturas que pedirán nuestro voto. Nada más propicio que tal emplazamiento sindical fuera un grito de juventud exigiendo ¡alto ya!, en todas sus dimensiones, a la perversa desigualdad que nos está minando como sociedad y como institucionalidad. Y si un partido político exhibe un mejor planteamiento que otros en este asunto, hasta deberíamos llamar a votar por sus candidaturas.

No hay duda de que lo ocurrido con el viaje presidencial a Perú ha generado una enorme conmoción política que, sin embargo, no ha movido los cimientos del sistema hegemónico imperante, como sí habría ocurrido si un episodio como este se hubiera dado en otras latitudes.

Por ejemplo, la pasividad del parlamento al respecto es clara señal de que el sistema se protege a sí mismo y que este deplorable y repudiable acontecimiento quedará en lo anecdótico.

A pesar de que cada hora que pasa, y cada día que transcurre, notamos cómo “se tiran la pelota” en las más altas esferas gubernativas con “vela en este entierro”. Vergüenza y asco parece ser el sentimiento que se percibe entre los sectores sociales y populares, entre la “gente de abajo”.

El nombre del país quedó en entredicho y lo que se mira en el horizonte es un crecimiento de la desmoralización ciudadana que alimenta la especie de que con la apatía electoral “nos sacaremos el clavo”.

La verdad es que, sinceramente, como ciudadano de a pie transmitimos un sentir reiterado que recogemos en el taxi, en el bus, en la calle, en el barrio: “no hay cara en qué persignarse”. Varias (o bastantes) de las actuaciones del actual Gobierno de la República, se han encargado de fortalecer el criterio de que “todos son lo mismo”. Efectivamente, con contadísimas excepciones (esas de enorme decoro pero sin plata), “todos son lo mismo”.

Desde nuestra perspectiva hemos venido sosteniendo que el principal problema del país es el ensanchamiento de la brecha social entre los cada vez menos en número, que cada vez más tienen más; versus, los cada vez más en cantidad, pero que cada vez tienen menos.

O en términos clásicos: los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, con la otrora floreciente clase media viajando hacia la pobreza.

Y que derivado de ese crecimiento sostenido de la desigualdad y de la concentración abusiva de la riqueza, salen tres grandes consecuencias: la violencia en todas sus manifestaciones, la corrupción pública y privada (con ropaje legal o sin él), y la penetración del narcotráfico.

Pues note usted que en estos del “lauravión” (como lo llamó el periodista Édgar Espinoza en un reciente comentario), parece haber un poco de todo de este cóctel de injusticia social, desmoralización ciudadana, cinismo político sistémico al máximo nivel; corrupción, violencia y narco.

Las paradojas del escenario perverso de la desigualdad y sus principales secuelas: violencia, corrupción y narcotráfico que parece imponerse en el país, con la complicidad tácita y explícita de un sistema político tradicional que hace aguas por todo lado, pero que todavía tiene la suficiente fuerza centrípeta para mantenerse en situación de hegemonía; tiene a dos mujeres, dos ciudadanas, a las que podemos darles nombre y apellidos que muestran a las claras que vamos al despeñadero por los polos extremos del desarrollo de la desigualdad en crecimiento.

Por un lado, a la ciudadana Laura Chinchilla Miranda, actual presidenta de la República, una de las mujeres mejor vestidas del planeta (según una revista de modas), a la cual le prestan aviones lujosos, típicos del jet set, para viajar al exterior y para un viaje privado (asistir a una boda); y, por el otro, a la ciudadana doña Zeneida Mora, vecina del Bajo Murillo, de Mercedes Norte de Puriscal, quien dijo que ella y sus amistades de ese pueblo, ya no viajarán más en bus, que han decidido caminar seis kilómetros hasta el centro de Puriscal, pues le subieron el pasaje de 250 a 595 colones, más de un 100%. La Aresep, organismo de sesgo empresarial aumentador de tarifas, le dio la razón al empresario, obligando a doña Zeneida Mora a caminar seis kilómetros en vez de utilizar el bus.

Mejor retrato de la desigualdad de la Costa Rica de hoy no podríamos contar. Las dificultades económicas cotidianas de una enorme cantidad de ciudadanos y de ciudadanas costarricenses son de tal calibre que algunos pensamos que las próximas elecciones presidenciales, y legislativas, no resolverán nada. Agravarán la situación.

Ponga cuidado: ¿ha escuchado usted a alguno de esos personajes presidenciables del sistema hablando con contundencia sobre la desigualdad, la política salarial, el salario mínimo… sobre cómo harán para que doña Zeneida Mora y los miles y miles iguales a ella puedan volver a viajar en bus, comer decentemente, tener luz a precio razonable…?

En el escándalo del viaje presidencial a Perú se dijo que la aeronave que le prestaron a la presidenta Chinchilla Miranda estaba, presuntamente, “olorosa a narcotráfico”. Si esto fuera cierto, en todo o en parte, pues se confirmaría eso de la penetración del narcotráfico en el tejido político y social del país de manera prácticamente irreversible. Aunque nada de ello fuera cierto, finalmente, el daño está hecho y la señora presidenta Chinchilla Miranda es la responsable máxima por ello.

Y en verdad es que se pone uno a pensar que a lo mejor sí hay algo de eso, de la penetración del narcotráfico en nuestra sociedad. Si usted considera estos dos datos no podrá dejar de pensar en ello como lo hace este cristiano que escribe este comentario. Veamos: en el año 2012, hubo en el país seis asesinatos mensuales ligados al crimen organizado de tráfico de drogas, por un lado; por otro, en solamente dos años un connotado futbolista de años atrás, dejó de vivir en Hatillo 6 para pasarse a la urbanización Valle del Sol, en Santa Ana: desde abajo hacia arriba en un dos por tres… No juzgamos, ni somos dueños de la moral para ello, ni nos creemos tener el monopolio de la ética; pero, eso es lo que se dice en la calle, es el pensamiento del pueblo que viaja a pie agobiado por la situación económica, porque la plata no alcanza, porque los que están en los más altos niveles del sistema político tradicional (en el “arriba”), ya no les importa lo que está pasando en el “abajo”; tan sólo cuando ocupan los votos para ganar una elección presidencial o diputadil.

Esta es la realidad tal cual se percibe en el espacio social en el que nos desarrollamos. La desmoralización ciudadana y la apatía electoral están fortaleciéndose. Para muchos y muchas, quizás miles, la política dejó de ilusionar, castró el desarrollo de la esperanza, se volvió corrupta. Esto es injusto, por supuesto, si el criterio es una generalización odiosa porque sí hay gente buena en la política en estos momentos, pero lo jodido es que dentro de los moldes sistémicos dominantes, es poco lo que pueden hacer pues todo habría que ponerlo de cabeza. ¿A lo don Pepe…? Bueno, eso piensa hoy no tan pocos y pocas.

Evidentemente desde una responsabilidad social, como la que ejercemos en la cotidiano, no podemos estar de acuerdo en que la respuesta cívica sea alejarse de la política, mirar para otro lado y dejar que el poder de “todos son lo mismo” siga acrecentándose. Pero también entendemos que mucha gente piensa en que se puede hacer política por parte de la gente buena de otra forma. Empero no se ve cómo podría hacer política la gente buena de otra forma. Lo que sí creemos es que debe abrirse paso a una “Tercera República” pero a través de una “Revolución Ciudadana”. Menuda tarea… Pero lo más malo de todo sería dejar de soñar.

Camarotes de tres pisos. En realidad es para aumentar de tres a cuatro los espacios para dormir de los privados de libertad en cárceles donde ya no cabe un ser humano más. En los camarotes actuales, de dos niveles, una tercera persona duerme en el suelo, debajo del primer espacio. Ahora, a la que le toque dormir en el tercer piso, probablemente se dará contra el techo, contra el cielo raso del módulo carcelario, aparte de que intentar el sueño en tal condición debe ser terrible, habida cuenta de los calores que se dan en este tipo de construcciones.

Esto es tan sólo uno de los datos más dramáticos de los últimos días acerca de lo que en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), catalogan como la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Esta organización le hizo entrega al señor Ministro de Justicia y Paz, don Fernando Ferraro Castro, un serio planteamiento al respecto: “Se debe enfrentar con seriedad la crisis y revertir el creciente deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”.

Se pide en este planteamiento que se declare Estado de Emergencia Nacional para el Sistema Penitenciario Nacional (SPN). No solamente se trata de un problema de hacinamiento y sobrepoblación privada de libertad. Es bien cierto que se está llegando al 40% de exceso en el número de seres humanos internados en prisión. Toda una bomba de tiempo. El problema es más profundo aunque la inmediatez aterroriza.

Indica el mencionado planteamiento sindical que “solamente el abnegado compromiso y el más grande sacrificio de la abrumadora mayoría del personal carcelario de Costa Rica, ha impedido un desastre mayor en el Sistema Penitenciario Nacional”. Efectivamente. La sociedad, el país, la ciudadanía está en enorme deuda con este importante grupo de servidores públicos: policías penitenciarios, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, orientadores, educadores, oficinistas, secretarias, choferes, cocineros, trabajadores de mantenimiento, mensajeros entre otras ocupaciones laborales al interior de la cárcel; quienes deberían ser declarados como héroes y heroínas del trabajo en pro de la paz social y de la seguridad nacional.

El señor Ministro de Justicia y Paz alberga la “esperanza” de que otras entidades involucradas en este asunto penitenciario le “presten” este tipo de personal profesional por varios meses para atender la altísima demanda pendiente de casos que están en espera de su respectivo abordaje individual. Con todo respeto, “cajita blanca” para el señor Ministro Ferraro Castro.

No solamente las personas privadas de libertad están viviendo en condiciones deplorables. Este personal también: en ambientes insalubres desde el punto de vista de la salud ocupacional; con salarios deteriorados; con sobreexplotación laboral en formas inimaginables. Horarios de vigilancia policial intramuros de hasta 18 horas que se le exige al policía penitenciario; psicólogos con 500 casos a cargo; igual o más carga laboral para el personal profesional en Trabajo Social y/o en Orientación; abrumadora presión de los jueces para obtener informes en tiempo determinado sobre personas privadas de libertad; gran presión de los servicios médicos, etc., etc.

Por eso lleva razón la petición que formula la legítima representación laboral del personal penitenciario del país para que se dé una declaratoria de Emergencia Nacional para las cárceles costarricenses. El Ministro Ferraro Castro criticó que tal planteamiento no puntualizara en los aspectos jurídicos que posibilitaran tal declaración. Pero el que gobierna en las cárceles es él, no la ANEP.

La propuesta laboral es para provocar la expresión de una real voluntad política al respecto y si como dice él que la ley solamente abre espacio para emergencias nacionales cuando se trata de “algún fenómeno natural, guerras, invasiones o eventos impredecibles…”, entonces, procédase a solicitar el apoyo legislativo del caso y que se dé una autorización especial para la crítica situación carcelaria del país. Nosotros pensamos que con la actual legislación es suficiente porque se trata de un caso de conmoción social inminente con grave riesgo de pérdida de vidas humanas.

¿Cuántas más personas deben morir al interior de la prisión para que haya una verdadera acción política Gobierno-Asamblea Legislativa, que le dé prioridad a la bomba de tiempo que es, por ejemplo, el centro penal La Reforma? ¿Cuántos policías penitenciarios más deben dar su vida en cumplimiento del deber para que la clase gobernante entienda, por ejemplo, que la cárcel de San Sebastián es, prácticamente hoy en día, tan sólo un depósito de cuerpos humanos vivientes que se “almacenan” en “anaqueles” llamados camarotes y ahora de tres pisos, con cuatro espacios desde el frío suelo hasta el mero techo, el caliente cielo raso?…

Recordamos que en los últimos años Marco Tulio Picado León y Francis Morales Fallas, policías penitenciarios destacados en La Reforma entregaron sus vidas en episodios de violencia y cumplir su deber les llevó a la muerte. Un servidor del mismo penal, chofer de un bus de transporte interno, Johnny Vega Chaves, también dio su vida por un violento intento de fuga. En la cárcel de San Sebastián ya hubo episodios de toma de rehenes y el personal afectado perdió para siempre la tranquilidad emocional. La cruel realidad que todo funcionario penitenciario tiene clara es que ingresa a laborar a la cárcel por la mañana, pero no tiene certeza de que por la noche vuelva a estar con su familia.

En el diálogo constante que la indicada representación sindical ha sostenido con la alta jerarquía político-tecnocrática del SPN, se ha podido constatar que la preocupación de la máxima autoridad ministerial de las cárceles es transparente, bien intencionada y así se le reconoce. Pero, efectivamente, la crisis del Sistema Penitenciario Nacional ya no puede ser tratada como un asunto de rutina gubernativa cotidiana de carácter ejecutivo y, básicamente, para gestionar más campos para “embodegar” más seres humanos en las prisiones.

El Poder Ejecutivo debe emplazar al parlamento. De seguro que la movilización laboral penitenciaria no se hará esperar. El Ministerio de Justicia y Paz sabe cuántos nuevos puestos de trabajo urgen para atender la creciente y explosiva demanda de las personas privadas de libertad para que sus casos se aborden, integralmente y desde una perspectiva profesional interdisciplinaria como ordenan todas las doctrinas en materia de Derechos Humanos intramuros carcelarios.

El planteamiento sindical “Se debe enfrentar con seriedad la crisis y revertir el creciente deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”, no es una ocurrencia, no es un ejercicio intelectual de escritorio, no es tan sólo un “esfuerzo de estudio”. Está sustentado en la vivencia del día a día del colectivo laboral penitenciario a quien el país le debe que no haya ocurrido una tragedia humana de proporciones insospechadas en las cárceles del país.

Aconsejamos a los padres, a las madres, a los hermanos y a las hermanas, a los hijos y a las hijas, a las familias de quienes están privados de libertad, para que analicen, con cuidado el planteamiento sindical que estamos comentando; para que tomen parte activa en esta cruzada de sensibilización al sistema político (Gobierno, parlamento y Poder Judicial), para que se defina que la situación actual de las cárceles costarricenses requiere de un Estado de Emergencia Nacional. Seguiremos con el tema…

Nosotros, desde las tiendas de la lucha social y sindical, desde un principio abrazamos esta causa: la defensa del carácter público de los muelles del país, considerando su naturaleza estratégica y valorando que son patrimonio del país, que son propiedad colectiva; y, además, de un modo u otro, se conciben dentro de una concepción de desarrollo fundada en el bien común, en el bienestar del mayor número, en la inclusión y en la movilidad social.

Así actuamos durante varios años en defensa de los principales muelles de la costa pacífica, hoy privatizados del todo y comprobado está que esto no ha sido beneficioso ni para la comunidad puntarenense ni para el país y sus clases populares. Ni los macarrones, ni las galletas, ni el pan, ni el arroz y similares, cuyos granos de elaboración ingresan por estos puertos del Pacífico costarricense, son hoy más baratos para la gente del trabajo que antes de que tales muelles fueran entregados al capital extranjero.

Hubo una conjura neoliberal que complotó a favor de grandes intereses corporativos y de sesgo trasnacional, con la complicidad lucrativa de ciertos bufetes nacionales. Se violentó así la Constitución Política que en su artículo 121 estableció que “los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales… no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio y control del Estado”.

Tanto para la Contraloría General de la República (CGR), como para la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema Justicia, tal disposición constitucional no les mereció ningún respeto (dicho esto con palabras elegantes). Esta conjura materializada en el caso de los muelles del Pacífico, tiene su segunda versión con lo que está sucediendo con los muelles del Atlántico.

Nuestros colegas del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA, SINTRAJAP, nos lo recuerdan en esta ocasión. El Lic. Ronaldo Blear Blear, su Secretario General, nos indica que sin el permiso del primer Poder de la República (la Asamblea Legislativa), la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, firmó un contrato con la firma extranjera de capital holandés APM TERMINALS, entregándole a ésta la soberanía de Costa Rica y la explotación del negocio y riqueza portuaria de Limón, durante los próximos 30 años. La comisión parlamentaria de la Asamblea Legislativa que investiga las concesiones en Costa Rica no aprobó esta concesión pero aun así, la mandataria hizo caso omiso a lo dictaminado por los representantes del pueblo costarricense.

Asimismo, 20 diputados le indicaron a la señora Contralora General de la República, mediante carta, que no refrendara el contrato con APM TERMINALS, porque con este contrato se está entregando una explotación por 30 años de suelo nacional y su riqueza. Este tipo de contratos tienen que ser aprobados por el Primer Poder de la Republica, no por el Poder Ejecutivo o la Contraloría General de la República (CGR), establecido así en la Constitución Política. Por estos motivos, los diputados solicitaron en su momento a la anterior Contralora, la señora Rocío Aguilar Montoya, declarar su incompetencia; pero sucedió lo mismo. Ella, al igual que la señora Presidenta Chinchilla Miranda, también hizo caso omiso a los argumentos constitucionales expuestos por los diputados, irrespetando a su superior inmediato (que es la Asamblea Legislativa) y refrendó el contrato. En todo caso, el ente contralor también le pasó por encima a la Constitución.

SINTRAJAP nos recuerda que en su momento informó al pueblo costarricense sobre lo actuado por el Gobierno y que para firmar este contrato con APM TERMINALS, hubo un intento de sobornar a los trabajadores portuarios con la suma de $137 millones de dólares. El rechazo de este chantaje dejó un claro enojo en el Poder Ejecutivo en contra de SINTRAJAP y de Limón: No logran entender que se haya despreciado semejante cantidad de dinero por parte de los trabajadores y que, con dignidad, no hayan aceptado un “precio” a cambio de quedarse sin empleo.

Por otra parte, la demanda interpuesta ante el Tribunal Contencioso Administrativo que formuló SINTRAJAP y la Cámara Nacional de Bananeros (CANABA), se encuentra en estos momentos apelada en los Tribunales de Casación, pues en el mencionado tribunal contencioso se asignó para dirigir el proceso al juez Garita Navarro, quien fue empleado del MOPT. Él no debió aceptar que le asignaran un caso que por los principios básicos del Derecho, como lo son la objetividad y la sana crítica; amén de que desde el punto de vista moral no debió llevarlo. Esto mueve a pensar en que los tentáculos de los promotores del negocio portuario del Atlántico podrían llegar a todas partes; y que para lograr su objetivo en contra de los intereses del pueblo y en beneficio de unos pocos, no se tendría reparo alguno.

Nos cuenta SINTRAJAP que, a la vez, formuló una demanda en contra del Expresidente Dr. Óscar Arias Sánchez, por el intento de soborno ya mencionado. Otras agrupaciones, incluyendo a la cual servimos, hicimos algo similar. Estas demandas hoy duermen el sueño de los justos en la Fiscalía General de la República. Tales circunstancias nos confirman que en todo esto de la concesión muellera del Atlántico se ha transitado un camino viciado, violentando la Constitución Política, influenciando en otros poderes, intentando sobornar al sector laboral y atropellando los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores humildes.

El Gobierno, específicamente el Poder Ejecutivo, está torciendo brazos en todo esto, violando la Constitución Política. SINTRAJAP ha acumulado de todo lo dicho pruebas documentadas. ¡Qué infamia! y ¡qué indignidad! Algún día estos malos gobernantes que lesionan la soberanía nacional, en claro beneficio de intereses extranjeros y en perjuicio de muchos ciudadanos y ciudadanas, tendrán que responder ante la justicia. El pueblo costarricense debe repudiar estos hechos que van en contra de la Patria y que nos afectan directamente a todos en el precio de los productos que consumimos.

Por la paz social en la provincia de Limón, y en el país en general, por incluir clausulas inconstitucionales de exclusividad en el manejo de los contenedores, eliminando con ello la libre competencia en favorecimiento de intereses extranjeros y en contra del país, es que de manera pública, solicitamos a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, declarar nulo este contrato.

Terminamos nuestro comentario de la fecha para compartir con ustedes que hoy, hace exactamente once años, un 8 de mayo de 2002, escribimos nuestra primera columna de opinión en estas mismas páginas. Damos gracias infinitas a Diario Extra, a su gigante fundador y por siempre baluarte de la Libertad de Expresión en Costa Rica, don William Gómez Vargas (q.d.D.g.); y a su responsable actual, la señora Iary Gómez. Ninguno de los 570 artículos publicados hasta la fecha en este mismo espacio, jamás han recibido la más mínima censura ni el más ínfimo corte. En verdad, Diario Extra se ha convertido en una parte esencial de la democracia contemporánea de nuestro país y nosotros somos testigos de ello.