La visita al país del Director General de la OIT

Recientemente estuvo en el país el señor Guy Ryder, actual director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); una visita sumamente importante, no solamente por el entorno actual y global, totalmente amenazante para los derechos de la clase trabajadora del planeta; sino para nuestro país mismo, que está en deuda en relación con la serie de compromisos de orden laboral que se ha comprometido a honrar con tal entidad mundial del Trabajo, pero que no los cumple.

Tuvimos la oportunidad de dejar en las mismísimas manos del señor Ryder, la visión de la corriente sindical en la cual nos movemos, de toda esta situación que sigue dejando al país en entredicho en materia de derechos laborales.

En el documento que se le pudo entregar al máximo jerarca de la OIT, le señalamos los seis grandes problemas que el país está afrontando y que muestran un cuadro contrario al desarrollo del Derecho Laboral, del concepto de Trabajo Decente y, en general, de lo que los Derechos Humanos establecen para la plena reivindicación de la clase trabajadora.

Es más, estos seis grandes problemas ya tienen un rango de diagnóstico sobre las deudas del país al respecto, elaborado por la propia OIT.

Esos seis grandes problemas son:

1) Lentitud e ineficacia de los procedimientos sancionatorios y de reparación en caso de actos antisindicales. 2) Restricciones al derecho de negociación colectiva en el sector público en virtud de fallos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 3) Sumisión de la negociación colectiva a criterios de proporcionalidad y racionalidad en virtud de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. 4) Enorme desproporción entre el número de convenciones colectivas y el de arreglos directos (muy inferior), concluidos por trabajadores no sindicalizados. 5) Problemas de una regulación sumamente restrictiva sobre el derecho de huelga. 6) Limitación que tienen las personas trabajadoras extranjeras para ejercer cargos de dirección en los sindicatos.

Valga indicar que lo que vendría ser el máximo tribunal interno de la OIT, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, “…ha constatado que a pesar de que los problemas persisten desde hace años y de que este caso se ha discutido en varias ocasiones, no ha habido progresos significativos… ni en la legislación ni en la práctica. Tal y como OIT ha logrado constatar, para el Gobierno de la República la solución de estos problemas mediante la aprobación de las reformas legales y constitucionales prometidas no fue una prioridad”.

Dicho en palabras populares, ante la OIT, Costa Rica es un país mentiroso, que promete y no cumple, que deshonra lo que firma, que engaña y le toma el pelo…

A efectos de este comentario, nos interesa destacar dos grandes ámbitos de ataque a los Derechos Laborales que está sufriendo, en la actualidad, la clase trabajadora costarricense y que agravan su situación.

En el caso del sector Público, el documento que se le entregó al Director General de la OIT, menciona: “La Contraloría General de la República (CGR) ha iniciado una verdadera cruzada por la eliminación de derechos incorporados en convenciones colectivas de trabajo legítimamente negociadas”. Habla, por ejemplo, de las acciones contra los topes de cesantía de que venía disponiendo el personal del CNP, del Banco Popular, de Recope, de las municipalidades de San José, de Puntarenas y de Turrialba.

La CGR tomó el relevo en este ataque a la negociación colectiva en el sector Público, luego de que la Sala IV, producto de otra ofensiva político-ideológica en esa misma dirección, resolvió contra derechos convencionales establecidos por larga data en los casos del INS, del Banco Nacional y de la Municipalidad de Aserrí.

El otro ámbito de ataque a los derechos laborales es el que se da en el sector privado. En el documento en cuestión se menciona lo siguiente:

Despidos en las plantaciones de banano y piña por persecución sindical.

Amenazas de despidos y listas negras, aislamiento de los trabajadores afiliados, la denigración, humillación y discriminación de afiliados y dirigentes.

Las compañías continúan impulsando prácticas antisindicales como los arreglos directos y los comités permanentes.

Las compañías bananeras y piñeras siguen promoviendo, y financiando a otras organizaciones que se dedican a combatir al sindicato en el sector privado, como la Escuela Social Juan XXIII y el Movimiento Paz y Desarrollo.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social carece de voluntad para exigir el cumplimiento de la legislación laboral. Además en las zonas en donde se encuentra el sector agroindustrial no cuenta con las condiciones mínimas para dar un servicio ágil y efectivo a los trabajadores y trabajadoras, y a los sindicatos.

Los juzgados laborales son extremadamente lentos, onerosos y los procesos judiciales se prolongan por muchos años y no implican mecanismos eficaces para tutelar los derechos de las personas trabajadoras.

Las malas condiciones laborales, salarios por debajo del mínimo legal, la problemática de los malos servicios y protección medioambiental y de la salud, así como jornadas extenuantes.

El documento entregado al señor Ryder representa una visión compartida de varios bloques sindicales nacionales, como la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).

Igualmente, organizaciones laborales de base de estos bloques con fuerte identidad avalan esta gestión. Por ejemplo, entre otros destacamos los casos del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (Sitrap), y el de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Usted puede encontrar este documento completo en esta dirección electrónica: www.anep.cr

Dado que ya estamos entrando en recta final hacia las elecciones presidenciales y diputadiles del 2014, bueno sería que las personas aspirantes a esos cargos se refirieran a estos temas, suscribieran compromisos y aceptaran procesos de verificación de cumplimiento.

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