Una enorme cantidad, varios miles, de personas trabajadoras asalariadas del sector Público se manifestaron en las calles capitalinas contra el más reciente decretazo salarial de la Administración Chinchilla Miranda, en lo que podría ser la última decisión de este tipo de su gestión gubernativa.
El decretazo del 0.43 % ha generado tal nivel de indignación en los sectores laborales bajos y medios, salarialmente hablando, de la Administración Pública que la protesta podría adquirir mayores dimensiones de las que se notaron el pasado martes 25 de febrero de 2014.
Desde nuestra perspectiva de lucha sindical y como parte de una de las principales organizaciones convocantes al evento del pasado martes 25, estamos en la obligación de indicarle, tanto a los empleados públicos como a las empleadas públicas que tienen un gran enojo e indignación por la situación planteada, así como a la opinión pública; que el tema de las remuneraciones salariales en el seno del Estado va más allá de lo mero reivindicativo para convertirse en un problema político ideológico.
La naturaleza del sistema tributario costarricense está en el centro de todo este problema. No puede la sociedad seguir ya no solamente tolerando un sistema tributario de carácter regresivo, sino que es fundamentalmente urgente propiciar variaciones estructurales para llevarlo a la progresividad.
Por eso llevamos bastante tiempo abordando este tema que hemos dado en llamar como “Transformación Tributaria Estructural”, contra viento y marea y asumiendo delicados riesgos hasta de integridad física.
Las personas trabajadoras asalariadas del sector Público que no están integradas a la lógica hegemónica de la gestión del Estado en sus niveles de alta tecnocracia político-cupular, deben entender que tienen una tarea histórica por delante cual es, en esencia, impulsar esa Transformación Tributaria Estructural; misma que queda ya asociada a la preservación de sus propios empleos, más allá de la lucha salarial semestral o de corte gremial.
Y no se trata de que esa Transformación Tributaria Estructural sea para hacerle llegar al erario público más recursos para más salarios o para más pluses. Todo lo contrario. Es que hay una multiplicidad de servicios públicos, estratégicos y fundamentales para el bien común, en los cuales su único presupuesto es de la planilla; brindándose los mismos en crecientes condiciones de precariedad y de gran insatisfacción de la población usuaria de los mismos, por lo general, proveniente ésta de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Asumiendo grandes costos políticos dentro del conglomerado sindical nacional, nos ha tocado hacer evidente situaciones controversiales en este asunto de las remuneraciones estatales, como la cuestión de la ley salarial médica y su “enganche” con los salarios base de varios de los más importantes puestos del Gobierno central pero con más baja asignación salarial base: los policías, los guardas de escuelas y colegios, los técnicos en Salud, el personal de los CEN-CINAI, los cocineros de las cárceles; oficinistas, secretarias, choferes, agentes de seguridad, personal no médico y asistencial de la Caja, y otros de similar naturaleza.
También hemos estado insistiendo en conocer el listado de esos 1.600 puestos del Estado que tienen salarios de 5 millones de colones mensuales o más y hasta de 35 millones. Esta circunstancia debe ser producto de un caos salarial en la Administración Pública del Estado generado desde hace décadas y que ahora resulta difícil corregir.
Sin embargo, lo que sí es urgente corregir es, precisamente, el sentido de nuestra lucha en el campo salarial y en tiempo reciente: la precarización de las condiciones de empleo, de trabajo y de salarios en los puestos de menor asignación salarial de la estructura estatal, especialmente el Gobierno Central, entidades que aplican el sistema de Servicio Civil (“enganche” incluido) y las municipalidades.
Tenemos que recalcar los tres conceptos fundamentales que nos motivaron a convocar para la manifestación del martes pasado. Nosotros queremos que todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, especialmente quienes están en los niveles bajos y medios, salarialmente hablando, del aparato estatal interioricen lo siguiente: 1) Los empleados públicos no son los responsables del déficit fiscal. 2) Los salarios de los empleados públicos no son la causa del crecimiento de la desigualdad. 3) La afirmación de que los empleados públicos ganan el doble de lo que ganan sus homólogos en el sector privado, es malintencionadamente perversa y tiene una gran profundidad ideológica de corte neoliberal: homologar el sistema salarial costarricense entre ambos sectores pero hacia abajo. 4) En tal sentido, es de esperar aumentos por costo de vida en el sector Público cada vez más insuficientes e indignos, congelamiento salarial, salario único, reducciones salariales. Es importante que las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, que laboran para la sociedad, tengan plena claridad de lo que está en juego en manifestaciones como la del pasado martes y que se dispongan a involucrar a sus propias familias en la movilización que debe generar su propia autodefensa salarial, laboral, social y ciudadana.
Finalmente, el más grande desafío del sector laboral costarricense, integralmente concebido es el de la Transformación Tributaria Estructural para tener un sector Público revitalizado, con personal digna y decentemente pagado y con servicios públicos en condiciones de alta eficiencia, sólida eficacia y positiva oportunidad en su prestación. Del otro lado de la acera, la del gran capital y su latifundio mediático oficial, se quiere todo lo contrario. Evidentemente que este asunto de una Transformación Tributaria Estructural al ser político-ideológico tiene un fuerte contenido de conflicto de clases.
