Trabajadores y trabajadoras del sector público estamos en campaña contra el Acuerdo de Comercio en Servicios, conocido como TISA. Infórmese y súmese. Video producido por Cosmovisiones para la Internacional de Servicios Públicos.
Categoría: TISA
Porqué debemos detener el TISA
Foro Nacional sobre el TISA
¡LE ESPERAMOS!
¡ESTAMOS TODAVÍA A TIEMPO!
FORO NACIONAL SOBRE EL TISA
Este miércoles 19 de agosto de 2015, a las 9 de la mañana en la sede de la UNA-Heredia: auditorio Clorito Picado
El FORO NACIONAL DEL TISA está patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert (FES), y por la Internacional de Servicios Públicos (ISP).
Con la presencia de:
*Deborah James, Directora de “Nuestro Mundo No Está en Venta” *(en inglés, “Our World Is Not For Sale” OWINFS). “Nuestro mundo no está en venta”, que tiene su sede en Washignton, Estados Unidos, es una red mundial de organizaciones, activistas y movimientos sociales abocados a combatir los acuerdos de comercio e inversiones que promueven la globalización orientada por las transnacionales y benefician a las empresas más poderosas del mundo a costa de los pueblos y el medio ambiente. La ANEP está adherida a la misma.
Carlos Sosa, Presidente de la FFOSE: Federación de Funcionarios de las Obras Sanitarias del Estado (la empresa pública del agua) de la República Oriental del Uruguay. Él visita el país para esta ocasión, representando al movimiento sindical uruguayo, agrupado unitariamente, en el conglomerado conocido, nacional e internacionalmente, como el PIT-CNT. A su vez, el PIT-CNT es parte de la coalición formada contra el TISA en Uruguay.
Las organizaciones costarricenses que conformamos la Coalición Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, le extendemos a usted forma, respetuosa y fraternal invitación para que se haga presente en FORO NACIONAL DEL TISA.
En el caso de la ANEP, habrá un bus saliendo de nuestra sede central, en la calle 20.
El TISA (en ingles: Trade In Services Agreement), es el Acuerdo Multilateral de Comercio de Servicios; un TLC ultraneoliberal, de “tercera generación”, que se propone la privatización, total y absoluta, de prácticamente todos los servicios públicos: salud, educación, servicios financieros, banca y seguros, agua, municipales, electricidad, telecomunicaciones, cárceles, postales, portuarios, aeroportuarios, etc., etc.
Costa Rica fue incluida en el proceso global TISA por el gobierno de la anterior mandataria del país, Laura Chinchilla Miranda. Totalmente en secreto. Nadie lo supo.
Con el presente gobierno, nada cambió. El secretismo es la norma. El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), sigue siendo esa especie de “república independiente”.
Seguidamente, con su venia, le estamos indicando el siguiente vínculo (“link”), que le da la posibilidad de leer sobre el TISA; parte del material que se está divulgando, solamente mediando prensa alternativa a las matrices globales dominantes de los latifundios mediáticos planetarios.
Además, editado por la ANEP, le adjuntamos un documento, si bien extenso, viene con el sello WIKILEAKS; prestigiosa entidad que se está dedicando a divulgar ante la Humanidad las perversidades del secretismo de la política hegemónica mundial.
Desde ya le expresamos la más expresivas gracias por aceptar esta comunicación, por leerla, por compartirla y distribuirla; y, especialmente, por honrarnos con su valiosa e imprescindible presencia en el
FORO NACIONAL SOBRE EL TISA
Este miércoles 19 de agosto de 2015
A las 9 de la mañana
UNA-Heredia: auditorio Clorito Picado
ANEP y PATRIA JUSTA solicitan explicaciones al Presidente Solís por el TISA
Compartimos la carta enviada al Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera.
1-2015-TISA-Al Presidente de La República-solicitud de Información Sobre El TISA
Al señor Presidente de Costa Rica: ¡infórmenos sobre el TISA!
En sus propias manos, don Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de Costa Rica, recibió el pasado viernes 29 de mayo de 2015, una carta nuestra que le fuera entregada aprovechando el momento en que él concedió una audiencia a las principales confederaciones y centrales sindicales de nuestro país.
La carta es una “Solicitud oficial de información, con base en el derecho constitucional al efecto, sobre el Acuerdo Multilateral de Comercio de Servicios, más conocido por sus siglas en inglés como el tratado TISA: Trade In Services Agreement”.
Creemos que este es un asunto sumamente delicado y del cual el país, prácticamente, no sabe nada. Seguidamente le compartimos a usted varios de los principales párrafos de esta carta.
Vemos éste: “Las organizaciones conformantes del colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA, nos han dado la misión de solicitarle a la digna autoridad presidencial de la República depositada en su persona, y en nuestra condición de coordinador de este proceso de unidad sociopolítica y laboral que es PATRIA JUSTA; que usted, señor Presidente, directamente desde el propio despacho presidencial y/o desde el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), nos oficialice el actual estado de situación del proceso-país que Costa Rica está siguiendo en el marco del proyecto de Acuerdo Multilateral de Comercio de Servicios, más conocido por sus siglas en inglés como el tratado TISA: Trade In Services Agreement”.
En otro de sus párrafos de la mencionada misiva expresamos lo siguiente: “Tal y como se lo informáramos a usted mismo, señor Presidente, durante el momento en que usted nos dio el gran honor de accesar a su propio despacho, el pasado miércoles 22 de abril, con ocasión de la audiencia de esa fecha otorgada al colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA; usted nos indicó de que sobre el TISA no sabía absolutamente nada, que desconocía el asunto; lo cual nos parece comprensible si analizamos que la trayectoria de la orientación ideológica del Comex en las últimas administraciones generaba procesos y compromisos para el país en medio de gran opacidad, pues su anterior jerarquía política había convertido al Comex en una especie de ‘república independiente’. Abrigamos la esperanza de que, a un año de su gobierno, esto ya no sea así”.
Uno de nuestros planteamientos fundamentales en esa notica indica lo siguiente: “Estamos sumamente alarmados por los contenidos del TISA en contra de la institucionalidad de los servicios públicos en su más amplia concepción y variedad (municipales, educativos, carcelarios, financieros, bancarios, energía y agua entre otros); especialmente, gravedad mayúscula en un caso como el de Costa Rica cuyos servicios públicos tienen tanto impacto para la paz social y para la propia economía del país”.
Debe usted, señor Presidente Solís Rivera (y se lo decimos con mucho respeto), pararse firme frente al Comex para que le entreguen toda la información sobre el TISA en el caso costarricense; toda vez que este proyecto ha sido declarado como “clasificado” para mantenerlo en secreto no solamente durante las negociaciones, sino durante cinco años después de la eventual entrada en vigencia del mismo. Para variar, los principales proponentes del TISA son los gobiernos de los Estados Unidos y de la Unión Europea (UE).
El célebre sitio WikiLeaks, de alta credibilidad mundial por la valentía en la divulgación de información secreta de acciones contra la humanidad misma, ha filtrado documentos que se han manejado en secreto sobre el TISA.
Para WikiLeaks, el secretismo durante la negociación sobre un tratado comercial de carácter vinculante y ejecutable es “objetable y antidemocrático, y provoca decisiones mal informadas y sesgadas”. De hecho, este secretismo tiene como objetivo prevenir que los gobiernos sean responsables ante sus parlamentos y ante sus ciudadanos. (Esta barbaridad y más se puede constatar en la siguiente dirección electrónica: https://wikileaks.org/tisa-financial/press.html).
Los estados que actualmente elaboran el acuerdo son Australia, Canadá, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, Paquistán, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Turquía, Estados Unidos, los 28 miembros de la Unión Europea y siete países de América Latina: Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú. En 2013 solicitaron participar de las negociaciones China y Uruguay.
En el caso de la América Latina y dado que el TISA involucra una multiplicidad de servicios públicos de toda naturaleza para privatizarse, concesionarse, tercerizarse y/o entregarse a las multinacionales; nuestros colegas sindicalistas de la República Oriental del Uruguay, aglutinados en el histórico y prestigioso PIT-CNT, están promoviendo un Paro Nacional para el 11 de junio, luego de que constataron las graves consecuencias para la sociedad uruguaya del TISA, en un país que tiene una institucionalidad de servicios públicos bastante extendida, tal y como lo tiene la costarricense. La clase trabajadora uruguaya le exige a su gobierno que los saque del TISA.
Anhelamos que aquí podamos hacer lo mismo. En el colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA tenemos enorme preocupación ante la total opacidad del proceso TISA en el caso de Costa Rica. Dentro del plazo de ley, señor Presidente Solís Rivera, esperamos su importante respuesta.
Foro Sindical de las Américas: Declaración de Panamá
1- Reunidos en Panamá, en el Foro Sindical de las Américas y bajo el lema “Las Américas que queremos”, representantes sindicales de trabajadores y trabajadoras de todo el hemisferio aprobamos esta Declaración, misma que convoca a continuar la lucha en defensa de los derechos sociales y laborales, por la plena vigencia de los derechos humanos y de la democracia participativa, por la autodeterminación y por la soberanía de los pueblos, y por proyectos económicos ambientalmente sustentables.
2- Venimos los últimos 15 años como movimiento sindical, junto con otros movimientos sociales, dando la pelea para que la región supere la larga ola neoliberal. En noviembre del 2005, en la ciudad argentina de Mar del Plata, bajo la presión de movilizaciones populares que recorrieron todo el continente desde 1997, un grupo de gobiernos progresistas de América del Sur bloqueó la iniciativa para imponer el proyecto Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El ALCA hubiera sido la coronación de la ofensiva neoliberal que profundizó las desigualdades de género y de juventud, y que arrasó con los derechos sociales y laborales desde la década de 1980 en nuestra región.
3- Su derrota mostró que se había abierto una nueva coyuntura en la región. Los gobiernos progresistas avanzaron en diversos países latinoamericanos en ese contexto post-neoliberal. En diversos casos se mejoraron los niveles salariales, disminuyó la pobreza, hubo avances en la distribución más equitativa de los ingresos, disminuyó el desempleo y el empleo informal, entre otros indicadores socio-laborales positivos, en gran medida debido a la lucha de los movimientos sociales y sindicales a lo largo de este proceso.
4- Esos avances están hoy en cuestión por presión de los mercados financieros internacionales que especulan contra las economías de nuestros países, exigiendo recortes de beneficios y salarios de los trabajadores y de las trabajadoras, reducción de los gastos sociales y nuevas rondas de privatizaciones. Los sindicatos de la región nos oponemos decididamente a las políticas de austeridad fiscal, la privatización de los bienes y servicios públicos y los bienes comunes de la naturaleza, con las que se pretende hacer retroceder los derechos laborales y sociales duramente conquistados en el actual ciclo progresista en América Latina.
5- En el momento presente, ninguna de esas conquistas parciales y localizadas está garantizada. Los tratados de nueva generación, como el TISA, el TPP, el TTIP, el CETA y otros, profundizan y perfeccionan todo lo que repudiamos en el ALCA, o sea, desregulan la economía y liberalizan los servicios, profundizando un modelo de desarrollo que sólo favorece a las empresas transnacionales, empeorando las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones. Repudiamos sus contenidos, siempre negociados con secretismo. Exigimos que todos los acuerdos que se están haciendo en la región sean resultado de un debate amplio, transparente y participativo de toda la sociedad.
6- La crisis irresoluble del capitalismo coloca una enorme presión de los mercados y finanzas internacionales contra los pueblos. Debemos continuar avanzando sin permitir que las conquistas sociales retrocedan. Nuestros países precisan superar las deficiencias estructurales de economías dependientes de la extracción y comercialización de materias primas y promover modelos económicos diversificados y sustentables, desde una perspectiva de integración y cooperación regional solidaria que mire siempre atentamente a la dimensión social del desarrollo sustentable. De igual manera es imprescindible estructurar una política fiscal progresiva que grave las riquezas, las ganancias, la renta, el patrimonio y el consumo de lujo, para que los gobiernos tengan capacidad para mantener los niveles de inversión social adecuados.
7- A su vez es preciso avanzar en un proceso de auditorías de las deudas externas odiosas e ilegítimas, las cuales continúan generando lazos de dependencia con acreedores extranjeros. El último ciclo positivo de nuestras economías estuvo apoyado, fundamentalmente, en la actividad primario-exportadora y ahora vemos cómo la caída de los precios internacionales de las commodities hace estragos en la capacidad económica y financiera de los gobiernos, lo que los puede llevar a la aplicación de las viejas recetas de ajuste, flexibilización laboral y recortes sociales.
8- Después de más de una década de avances sociales en diversos países de América Latina y el Caribe, bajo administraciones progresistas, comienzan a hacerse evidentes los efectos de la recesión económica mundial, la pérdida de empuje en el crecimiento de las economías, por lo que no han parado de caer los niveles de pobreza, y las frágiles conquistas socio-laborales del período están bajo ataque del capital internacional para hacer retroceder lo que apuntaba a un nuevo paradigma de democracias sociales.
9- La democracia está en jaque cuestionada por los poderes fácticos que buscan imponer los intereses del mercado financiero internacional y de las empresas multinacionales. En el caso de América Latina y el Caribe, gobiernos electos democráticamente son sometidos constantemente al asedio, a veces violento, por parte de las élites y minorías poderosas que controlan la economía y que han optado por provocar rupturas, utilizando incluso mecanismos legislativos y judiciales para deponer estos gobiernos.
10- Lucharemos firmemente contra todos aquellos que opten por medidas o acciones para deponer gobiernos de cualquier país de las Américas. Los medios de comunicación, concentrados oligopólicamente a nivel nacional e internacional, actúan como los mayores instigadores de estas agendas antidemocráticas y reaccionarias contra los intereses de las mayorías. Una “sociedad civil” construida a imagen y semejanza de los intereses minoritarios, racistas y reaccionarios, ocupa las calles y los espacios públicos para predicar un discurso de odio en contra de las conquistas populares.
11- En EE.UU. y Canadá la situación de los trabajadores y de las trabajadoras sigue siendo precaria, a pesar de que en términos de crecimiento económico esos países den señales tenues de recuperación. A pesar de la inversión multimillonaria en la última década para salvar empresas y bancos en EE.UU., han sido pocos los efectos sobre los trabajadores y las trabajadoras, que vienen acumulando pérdidas en el poder de compra de sus salarios, están empleados 3 en trabajos precarios, sin posibilidad de sindicalizarse y con tasas de desempleo que aun habiendo disminuido, todavía no alcanzan la cantidad y calidad de los empleos que arrasó la crisis de 2008. El ataque de la derecha económica y sus referentes políticos mantiene un lobby multimillonario permanente para influir en los diferentes poderes del Estado y limitar la capacidad de los sindicatos y el poder de la negociación colectiva para amparar derechos. La recuperación de las economías del Norte se busca a través de nuevos ataques a los derechos sociales y laborales.
12- En este marco se inscribe la agresiva estrategia del neoliberalismo destinada a incidir en la correlación de fuerzas que define la agenda de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ante lo cual el movimiento sindical de las Américas se ha posicionado firmemente y ha presionado a los gobiernos del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC), para asumir una postura a favor del mandato normativo y de control de la OIT y a reconocer expresamente que el derecho a la huelga, (que emana de los convenios fundamentales 87 y 98 de la OIT, y de otros tratados internacionales) está vinculado a la libertad sindical y la negociación colectiva.
13- En América Latina y el Caribe aún se mantienen situaciones de vulneración de las libertades sindicales y de desconocimiento del papel de los sindicatos en su acción de promoción y defensa de los derechos. En varios países, incluso algunos con gobiernos progresistas, la relación con los sindicatos sigue siendo de conflicto y contradicción, lo que en nada favorece la posibilidad de estructurar una agenda democrática y en favor de las mayorías.
14- El cambio climático es un problema urgente, ineludible y global que afecta a los Derechos Humanos. Es, por tanto, primordial un cambio de paradigma que implique una transición justa hacia una economía sustentable. Para ello es indispensable llegar a un acuerdo ambicioso con fuerza vinculante con un sistema común de medición, notificación y verificación en la Conferencia de las Partes de París, que incluya compromisos de adaptación y/o mitigación para todos los países coherentes con la contención del aumento de la temperatura global hasta un máximo de 2 °C.
15- La juventud trabajadora de Latinoamérica y el Caribe también enfrenta grandes desafíos marcados por la crisis financiera, como altas tasas de desempleo, trabajo precario, crecimiento del trabajo informal, entre otras cosas que limitan las oportunidades de los y las jóvenes de la región a obtener un trabajo digno y decente. La región tiene como compromiso empoderar a la juventud trabajadora y crear oportunidades para su desarrollo profesional y el pleno ejercicio de sus derechos políticos, laborales y sociales. Las y los jóvenes reclaman una educación al servicio de su desarrollo y no que se los forme como mano de obra precaria y explotada; ellos y ellas también tienen derecho a obtener trabajos decentes que contribuyan junto con todas las trabajadoras y con todos los trabajadores al desarrollo de nuestros países.
16- Siendo éste el cuadro de la presente coyuntura, el movimiento sindical de las Américas viene a Panamá a reivindicar la defensa de las conquistas históricas de los trabajadores y de las trabajadoras, a reclamar de los gobiernos la adopción de políticas que favorezcan al conjunto de la población y no a los intereses de las élites empresariales y de las oligarquías de nuestros países. Los gobiernos de las Américas no pueden ceder al chantaje de los mercados financieros, las grandes corporaciones y los especuladores ocultos en los paraísos fiscales y sus operadores nacionales, estimulados por una derecha reaccionaria que se ampara en el monopolio mediático para crear caos y debilitar a los gobiernos que intentan frenar las apetencias del capital financiero.
17- Es fundamental avanzar hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana, el cual deberá́ ser debatido este año, tal como promueve la Resolución 68/304 de Naciones Unidas, impulsada por Argentina, a partir del ataque de los “fondos buitre”, que fuera aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General de septiembre de 2014.
18- El movimiento sindical de las Américas no sólo estará en las calles para defender los legítimos intereses de la clase trabajadora, sino también en los escenarios donde se deben debatir y decidir las políticas que permitan superar esta coyuntura de crisis y desaceleración económica. El movimiento sindical tiene en la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA), el instrumental de propuestas en los diferentes ámbitos del desarrollo sustentable, que permita no sólo dar respuesta al momento que vive la región, sino, en un horizonte estratégico, avanzar en un modelo apoyado en las cuatro dimensiones del desarrollo sustentable (política, económica, social y ambiental) y su necesaria articulación, para responder de manera equilibrada a los desafíos de economías al servicio de nuestras sociedades, con garantía de plenos derechos sociales, con participación democrática y protagónica, igualdad y preservación del planeta para las generaciones presentes y futuras.
19- En el marco de la realización de la Séptima Cumbre de las Américas, colocamos la PLADA de cara a los gobiernos y expresamos nuestra intención de avanzar en el camino que nos permita ser actores de los cambios necesarios para nuestra región. Como actores del desarrollo estamos preparados para el desafío de construir las Américas que queremos, con inclusión, justicia social, igualdad, trabajo decente y mayor democracia.
20- Defendemos el desarrollo y la cooperación como políticas de Estado, basadas en el enfoque de derechos. Rechazamos la promoción del papel protagónico del sector privado como actor de desarrollo, en sustitución de la responsabilidad del Estado, en particular en los actuales debates internacionales sobre la agenda post-2015 y la financiación para el desarrollo. En ese marco cualesquiera sean los bancos de desarrollo, deben dialogar con el movimiento sindical y la sociedad como un todo. Es inaceptable que el Banco Interamericano de Desarrollo BID siga sin establecer un foro de diálogo con el sindicalismo regional y sin adoptar cláusulas laborales como condicionantes a sus préstamos, como ya hicieron otras instituciones financieras internacionales.
21- Consideramos importantes los procesos como la UNASUR, la CELAC y las demás iniciativas integradoras, que son reflejo de la madurez de nuestros pueblos y gobiernos para presentarse como un bloque que participa de la disputa geopolítica mundial, no desde la competencia y la dominación, sino desde la solidaridad, la complementariedad y el reconocimiento de nuestra diversidad social, política, étnica y cultural. Es por ello que estas instituciones deben dotarse de instrumentos y políticas claras que logren consolidar efectivamente a estos organismos y a otros como el Mercosur, para que actúen como bloque económico, político y social en pos de trabajar para un nuevo modelo de desarrollo regional que permita terminar con la lógica de primarización y de dependencia financiera de nuestros países.
22- La soberanía, la autodeterminación y la paz deben ser la condición fundamental en las relaciones entre los Estados y sus pueblos. Acompañamos positivamente el proceso de negociación de paz en La Habana desarrollado por las FARC-EP y el gobierno colombiano, esperando pueda ser extendido en una mesa de diálogo con el ELN.
23- En este sentido, también saludamos el avance en el reconocimiento de la legitimidad del gobierno cubano y del derecho a la autodeterminación de su pueblo, por ser parte integrante de la comunidad de naciones de este hemisferio. Este avance tiene que coronarse no solamente con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba, sino también con el fin del bloqueo económico, financiero y comercial a la isla.
24- Por el contrario, rechazamos la reciente declaración del presidente de los EE.UU., Barack Obama, sobre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, porque constituye un acto de injerencia interna en un país soberano y no contribuye a la resolución del conflicto interno. Consideramos que la situación política en ese país debe resolverse internamente, con diálogo entre las partes, de forma democrática y sin ningún tipo de amenazas o intervención externa. Acompañamos la solicitud de los gobiernos de la UNASUR y la CELAC para que se suspenda esta medida y ambos gobiernos retomen un diálogo constructivo y respetuoso, que contribuya a la superación de los problemas que hoy aquejan al pueblo venezolano, con apego a su Constitución y a la institucionalidad democrática.
25- Las Américas deben ser un continente de paz, sin ninguna presencia de bases militares extranjeras en nuestros países, particularmente la presencia militar del Reino Unido en las Islas Malvinas.
26- La consecución de esa paz radica también en una acción activa y duradera de defensa de los derechos de minorías, que proteja a los trabajadores y las trabajadoras migrantes, así como las libertades fundamentales de los pueblos originarios, y la vida de todos aquellos que deciden enfrentarse a las políticas de exclusión y de violencia. En este marco, exigimos el rápido esclarecimiento y castigo a los culpables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México.
27- La cárcel de Guantánamo es una afrenta a los derechos humanos en el hemisferio. Hay personas que han estado detenidas por más de 10 años sin cargos. Por un lado, hacemos un llamado a los EEUU para cerrar la cárcel de Guantánamo; por otro, pedimos a países de la región que ofrezcan acogida a estas víctimas de abusos de los derechos humanos.
28- A pesar de experiencias exitosas en la región y progresos en la lucha contra la desigualdad, viejas propuestas de desarrollo que ya han fracasado en las últimas décadas han vuelto a aparecer. La “Alianza para la Prosperidad” adoptada por los gobiernos de El Salvador, de Honduras y de Guatemala con el BID, se ofrece ahora como una solución a los problemas de violencia, gobernabilidad, falta de oportunidades y trabajo decente en estos países. Apoyamos el principio de dar mayor atención y asistencia a los países que atraviesan dificultades persistentes, pero nos preocupa la tendencia de reproducir los errores del pasado con recetas de flexibilización laboral, financiamiento de infraestructura sin contrapartes o condiciones, impactos negativos a los derechos humanos de muchas comunidades, énfasis en sectores de explotación para exportación y todas las variables recetas de la ortodoxia del mercado.
29- Como mínimo, este apoyo debe contar con procesos de consulta y control social y requisitos de trabajo decente en las obras de infraestructura. Expresamos nuestra profunda condena por la grave situación de vulneración de derechos humanos en República Dominicana que afecta actualmente a millares de migrantes haitianos y de dominicanos de ascendencia haitiana y a sus familias, cuyos derechos a la nacionalidad han sido violados. y por ello se encuentran, expuestos a una inminente, e injusta y masiva deportación así como a acciones violentas de discriminación. Exigimos de ambos gobiernos inmediatas acciones para corregir esa situación.
30- Es necesario superar toda forma de violencia, especialmente la de género, que afecta a millones de mujeres en lo privado y en los lugares de trabajo. Pugnar por erradicar los impactos diferenciados que las vulneran en mayor medida, así como impulsar la igualdad sustantiva, es una tarea que permitirá revertir las condiciones de desigualdad que existen.
31- Erradicar todo tipo de discriminación, entre otras cosas, permitirá liberar las fuerzas productivas y creadoras de millones de mujeres y hombres a quienes hoy les son negados sus derechos por su condición racial, origen étnico, edad, sexo, preferencia u orientación sexual. Defendemos que en este contexto la Organización de Estados Americanos (OEA) debe responder a la realidad de ser un órgano de una región asimétrica, diversa y heterogénea y su papel debe ser el de construir un equilibrio democrático frente a esa realidad.
32- La autonomía y la autodeterminación de naciones, pueblos y gobiernos deben ser un principio central para avanzar en un verdadero proceso de integración regional. Un desafío para el futuro de este organismo hemisférico es asegurar que la presencia y participación de la sociedad civil organizada de la región se corresponda con su diversidad, legitimidad y representatividad, que refleje las realidades de nuestras sociedades. En esa misma dirección, saludamos la aprobación de los convenios A 68 y A 69 contra toda forma de discriminación en la región.
33- Estas son las reivindicaciones y apuestas del movimiento sindical de las Américas. La cita de Panamá ratifica nuestra agenda y señala nuestro camino de movilización y lucha junto con otros movimientos sociales y fuerzas transformadoras a lo largo y ancho de este continente, para avanzar en nuestra aspiración común de justicia, igualdad, soberanía, paz y desarrollo sustentable.
Esta declaración fue adoptada por el Consejo Ejecutivo de la CSA y sus 56 organizaciones afiliadas, con la participación y adhesión de la ISP Américas, UNI Américas, ICM, la CSBT de Venezuela, PIT-CNT del Uruguay, la CTC de Cuba y el Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA).
Los acueductos privados no pueden ser tolerados
El agua no debe ser gratuita”. Ese es el criterio contundente de uno de los magnates de las poderosas megacorporaciones multinacionales que hoy tienen enorme control del planeta. Son palabras de Peter Brabeck-Letmathe, presidente del grupo Nestlé.
En su opinión, el agua debería ser tratada como cualquier otro bien alimenticio y tener un valor de mercado que viniera establecido por la ley de la oferta y la demanda.
Este perverso comentario está causando revuelo en todas las redes sociales del movimiento planetario en contra de la globalización neoliberal actualmente en desarrollo y más allá del mismo. Ha impactado los millones de conciencias humanistas que han tenido conocimiento del mismo.
Se lo citamos a usted en el contexto de un preocupante reportaje de prensa que apareció en la prestigiosa publicación nacional, Semanario Universidad, en su edición del pasado 3 de setiembre.
Se presenta en este reportaje una investigación a fondo sobre cómo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), accedió a transformar en ASADA el acueducto privado propiedad de la empresa C-Veintiuno Altos de Pinilla Sociedad Anónima; acueducto ubicado en Cebadilla de Santa Cruz, Guanacaste.
En la corriente sindical en la cual desarrollamos nuestro quehacer cotidiano de la lucha social, vemos con muchísima preocupación esta información por la multiplicidad de problemáticas que representa.
Entendemos también que tal reportaje ha causado conmoción en numerosas personas y agrupaciones costarricenses que desde diferentes perspectivas ecológico-ambientales, tienen en la defensa del agua como un Derecho Humano fundamental, uno de sus objetivos estratégicos de investigación, estudio, propuesta y acción.
Adicionalmente y desde este mismo espacio, hemos tratado de compartir con usted nuestra gran preocupación y fuerte denuncia por la participación de nuestro país, en un proceso de negociación secreta dentro del denominado Trade In Services Agreement (TISA, por sus siglas en inglés); que es una especie de acuerdo mundial para que todos los servicios públicos, incluida el agua, procedan a privatizarse completamente.
Nuestro compañero de causa, don Randall Vega Alvarado, nos ayudó a comprender el impacto de la magnitud de la decisión que tomó la recién “estrenada” Junta Directiva del AyA al respecto.
1- Se está normalizando la privatización del agua: Está sucediendo en todo el país. Grandes inversiones inmobiliarias están construyendo condominios, hoteles, proyectos habitacionales y turísticos de gran envergadura, sin contar con estudios hidrológicos para saber si el AyA, o los acueductos comunales, tienen la capacidad de brindar el servicio de agua potable para los mismos. Esto provoca que estos desarrollos construyan sus propios acueductos de manera ilegal. La solución jamás será convertir lo ilegal en legal, como acaba de hacer AyA con el acueducto de Altos de Pinilla.
2- Restricción del acceso al agua a las comunidades: el caso de estudio es paradigmático. El inversionista privado compró toda la montaña en Caña Fístula en Santa Cruz, montaña que tiene la naciente de agua que abastece a toda la región, incluida la comunidad de Cebadilla. Ahí existen 2 ASADAS: la que antes era acueducto privado y la ASADA de Cebadilla que sí es comunal. Ambas comparten el mismo manto acuífero pero, por el principio geológico de gravedad, la ASADA “privada”, que está arriba en la montaña, consume primero el agua y lo que sobra llega a la ASADA de la comunidad, que está abajo de la montaña. Esto provoca que sí haya agua para llenar las piscinas de los hoteles, pero que no llegue agua a las casas de la comunidad.
3- Cobros diferenciados: Aunque AyA le haya dado el rango de ASADA al acueducto privado de Altos de Pinilla, éste sigue cobrando un precio diferente al estipulado por la ARESEP para las ASADAS. La tarifa básica sí es la misma, pero cobran una “tarifa solidaria” que siempre es mayor a la tarifa por consumo.
La ASADA privada les ofrece el servicio a los vecinos de la zona, pero el mismo es impagable para esta población de escasos recursos. Esto lo sabemos por conversaciones privadas con vecinos de la zona.
4- AyA demuestra que no tiene posibilidades de control: Las declaraciones emitidas por doña Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva de AyA, y por el señor Rolando Marín León, representante de los acueductos comunales en la Junta Directiva de AyA, para el Semanario Universidad, dejan claro que la institución no es capaz de controlar la explosión de acueductos privados e ilegales que está viviendo el país, que se agrava en la provincia de Guanacaste.
5- El agua como derecho humano: Esta problemática pone en peligro el acceso universal al agua. Defendemos que es el Estado quien debe garantizar el acceso efectivo al agua mediante servicios de agua potable en manos públicas y comunitarias. No podemos tolerar que existan ni que se normalice la creación de acueductos privados.
6- Creemos que el plan de acción de Acueductos y Alcantarillados no puede ser el demostrado en este caso: Debe haber una dirección fuerte de parte de la Junta Directiva de AyA para analizar los casos nuevos de petición de creación de ASADAS, sobretodo en la provincia de Guanacaste; para que no se repita lo sucedido con el acueducto privado de Altos de Pinilla. No podemos aceptar que acueductos ilegales se vistan de ropaje legal bajo excusas de pobres controles administrativos. Debe AyA promover una política todavía más fuerte de fortalecimiento de las ASADAS realmente gestionadas por las comunidades. Acceso a mejores tecnologías, promoción de créditos para crecimiento en infraestructura y capacitación y acompañamiento de técnicos e ingenieros, es fundamental para el mejoramiento de los acueductos comunales.
Por último, se debe respaldar el mejoramiento en lo pertinente, del proyecto de ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa y al cual la Sala IV le hizo observaciones muy importantes que deben ser subsanadas.
Una nueva legislación sobre el agua es trascendental para que podamos cuidar mejor un recurso fundamental para la vida.
Esta ley brinda herramientas para evitar en todos sus extremos la privatización del agua y que, además, concibe el consumo humano como prioritario, sobre cualquier otra actividad.
Finalmente, es preciso un papel activo de la población trabajadora de AyA en la defensa del agua y de la institucionalidad representada en AyA para defenderla, para lo cual la movilización social y laboral en este sentido, será fundamental.
Debemos hacerle comprender al presente gobierno estos dos postulados fundamentales en esta lucha. Por un lado, AyA no puede convertir los acueductos privados en ASADAS, legalizando lo ilegal. Por otro, No es comparable, de ninguna forma, la gestión comunitaria del agua a la gestión privada.
TISA, negociaciones comerciales secretas para acelerar el proceso de privatizaciones y desregulaciones
Agnes Rousseaux
CETRI
Traducido del francés para Rebelión por Susana Merino
Se trata de un gran acuerdo comercial del que nadie habla, negociado en la mayor opacidad. Cincuenta países, incluyendo a los más fervientes defensores de la liberalización están discutiendo actualmente la apertura del “mercado de servicios” a la competencia internacional. Educación, salud, transportes, telecomunicaciones, servicios financieros… Todo se está exponiendo en la mesa de negociaciones. Sin que los ciudadanos ni los parlamentarios digan una palabra. Los negociadores, sometidos a las fuertes presiones de los lobbies, se reunieron recientemente en Ginebra en el 7° encuentro de intercambios internacionales, que podría amenazar seriamente a los servicios públicos y a las tentativas de regulación del sector financiero.
Este nuevo embate podría terminar con los servicios públicos, el agua, la educación o la salud, el fin de todo propósito de regular los mercados financieros o de proteger los datos de la ciudadanía. En síntesis un escollo jamás visto en el ejercicio de la democracia y el funcionamiento de las políticas públicas. El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) dentro del Trade in Services Agreement (TISA) se está negociado entre 50 países (1) incluidos los de la UE. Fue lanzado por los EE.UU. y propuesto a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) bautizado como el grupo “Verdaderos buenos amigos (de los servicios)” (Really Goods Friends).
“Calmar la frustración de las empresas”
Estas negociaciones se desarrollan fuera del marco de la OMC con los países que son más partidarios de la liberalización de los servicios, contrariados por el impasse de las negociaciones de Doha iniciadas en 2001 (2). Esos países representan más de las dos terceras partes del comercio mundial en servicios. Numerosos sectores se hallan incluidos: educación, transportes, correos y telecomunicaciones, servicios de auditoría y contabilidad, ingeniería y logística, salud, seguros, nuevas tecnologías y transferencia de datos, investigación, bancos y servicios financieros… El objetivo es abrir más aún a la competencia del sector de los servicios públicos e impedir toda intervención pública.
“Estas negociaciones son la oportunidad más prometedora de las últimas dos décadas para promover el comercio de servicios a escala internacional”, se entusiasma el lobby de la industria de los servicios en los EE.UU. La Coalición Internacional de las Industrias de Servicios (GSC) que integra el Medef es aun más explicita: este acuerdo se ha concebido “para apaciguar la frustración de las empresas, ocasionada por el impasse de Doha en materia de servicios” declara (3)
Prohibir toda intervención de los Estados
”Se trata de una tentativa de ampliar secretamente los aspectos más nefastos del infame acuerdo AGCS que generó, en el pasado, protestas mundiales”, responde Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Según esta organización, que reúne a los sindicatos del sector y representa a 20 millones de trabajadores, el ACS limitaría la capacidad de los gobiernos de legislar en algunos sectores como la seguridad de los trabajadores, el ambiente o la protección de los consumidores “El AVS se inscribe en una inquietante nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión, fundado en poderes jurídicamente obligatorios que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben toda intervención estatal en un amplio abanico de sectores indirectamente vinculados al comercio”, menciona la organización internacional en un detallado informe.
Varios aspectos del acuerdo han sido duramente criticados por las organizaciones sindicales y no gubernamentales. En primer lugar todo sector que no se halle explícitamente excluido, protegido por cada país, podría estar incluido en el acuerdo. Con todos los peligros que eso implica. Estos acuerdos abrirían ampliamente la puerta a un flujo de empresas privadas en el sector educativo europeo, alerta la federación internacional de sindicatos de maestros. Una cláusula de estatu quo fijaría los actuales niveles de liberalización de cada país volviendo imposible la remunicipalización de los servicios de agua corriente, por ejemplo, o complicaría el restablecimiento de monopolios públicos en sectores actualmente abiertos a la competencia (4). Otro principio, la “cláusula con efecto cliquet (sic) que inmovilizaría toda liberalización futura de un determinado servicio. Una parte del seguro de desempleo, ¿estaría privatizada, como en el Reino Unido? Las jubilaciones, ¿estarían desmanteladas en beneficio de los fondos de pensión? ¡Imposible retroceder! Un atentado a las libertades democráticas fundamentales, denuncia la federación sindical internacional que ve en este futuro acuerdo una manera de volver permanente e irreversible un sistema de privatizaciones para todas las generaciones futuras”. Y los gobiernos absolutamente maniatados por las decisiones de sus predecesores: he aquí porque sería un grave atentado al funcionamiento democrático.
Bloquear las privatizaciones
Otro problema es que el acuerdo podría imponer a las autoridades públicas una “obligación de neutralidad económica” entre prestatarios de los servicios públicos y privados, denuncia el ISP. Es decir, que todo aporte financiero a los servicios públicos debería hacerse extensivo al sector privado “Si en un sector existen servicios privados junto a servicios públicos (por ejemplo, hospitales, escuelas) ambos tendrían derecho a las mismas subvenciones, en nombre de “la libre competencia y no falseada”, explica la organización Stop TISA. De modo que una universidad estadounidense podría instalarse en Suiza solicitando una financiación similar a la de las demás universidades públicas con cargo a los contribuyentes”. Un estado que subvencionase la construcción de un hospital público, ¿deberá financiar también una clínica privada en su cercanía? Estas y otra críticas incluidas en un documento de la Comisión Europea que sintetiza la consulta realizada a los “decididores y a las ONG”.
Las negociaciones comenzaron en febrero de 2012 y deberían concluir en 2015. Los negociadores de los países participantes se reúnen regularmente en Ginebra, bajo la conducción de los EE.UU. y Australia (5). En junio de 2013 un lapidario comunicado anunció que “los miembros de la OMC que están analizando nuevos planteos dirigidos al progreso de la liberalización del comercio de servicios están satisfechos de los progresos de las discusiones sobre el comercio de servicios (TISA)”. E invitan a incorporarse a otros países, miembros de la OMC que comparten estos mismos objetivos. China apoyada por la UE ha solicitado ya participar en estas negociaciones. Sus divergencias con los EE.UU. en torno a otros acuerdos comerciales no le han permitido aun ser admitida en la mesa de las discusiones..
Negociaciones secretas
Los participantes estimaron en noviembre de 2013 que el acuerdo se hallaba ya suficientemente “maduro” y lanzaron la etapa de “comercialización de ofertas iniciales” en la que cada país debe precisar cuáles son los sectores que desea incluir en el acuerdo y las modalidades que propone en cuanto a “apertura” a la competencia internacional de esos sectores, según un marco predeterminado por el acuerdo. A principios de 2014, la mayor parte de los países han intercambiado sus propuestas, actual base de las discusiones en curso. Algunos como Suiza y Noruega las han hecho públicas (6) mientras que otros países se hallan poco inclinados a que las conozcan sus ciudadanos.
No se sabe sin embargo gran cosa del contenido de las negociaciones ni de los términos generales del acuerdo, ya que se desarrollan dentro del “mayor secreto y al margen de los derechos democráticos”, subraya Rosa Pavanelli. En febrero de 2013, la Comisión Europea solicitó al Consejo, representante de los Estados miembros, dar libre paso alas discusiones. La apertura de las negociaciones fue inmediatamente validada por el Parlamento Europeo en julio de 2013 por 536 votos a favor y 111 en contra (7), con los votos franceses del PS y del UMP. Frente de Izquierda y ecologistas votaron en contra. En su resolución el Parlamento lamenta sin embargo que el Consejo haya adoptado una decisión sin tener en cuenta la opinión de los diputados. Y observa que: “el mandato de negociación de la UE fue propuesto por la Comisión y adoptado por el Consejo sin haber sido analizado el impacto”. Algo que no ha impedido ser votada por una amplia mayoría… ¡Cuando están en juego los intereses económicos, la democracia se vuelve facultativa!
Los lobbies industriales han sido consultados, pero los ciudadanos no
Wikileaks acaba de aclarar un poco la opacidad que reina en estas negociaciones, divulgando el anexo del acuerdo relacionado con los servicios financieros. De acuerdo con ese documento, especialmente redactado por los EE.UU. y Europa, las propuestas han sido clasificadas como confidenciales durante “cinco años a partir de la entrada en vigor del ACS o si no se ha llegado a ningún acuerdo cinco años después del cierre de las negociaciones”, el documento establece que su divulgación no está autorizada y que el texto debe ser “guardado en una construcción, una habitación o un contenedor cerrado y asegurado”.
Es evidente que los lobbies de la industria y los servicios tienen mucho más acceso a las informaciones que los ciudadanos y sus representantes: la Global Service Coalition ha enviado sus delegados a Ginebra con ocasión de las negociaciones de abril de 2014. Y se felicita en un comunicado de haber podido confirmar su apoyo sin reticencias al proceso y haber compartido sus puntos de vista con los negociadores.
Un acuerdo con muchas expectativas para las empresas
Lo menos que puede decirse es que las multinacionales de los países involucrados se hallan muy motivadas por las expectativas del acuerdo: “Las caídas del TISA podrían ser enormes para las empresas del sector servicios, explica la Cámara de Comercio de los EE.UU., está convencido de que las actuales negociaciones son “una oportunidad única para demoler los obstáculos al comercio internacional”. “Este palpitante nuevo acuerdo tiene el potencial de inflar el crecimiento económico y la creación de empleos en los EE.UU. y en el exterior”, señala la Cámara de Comercio. Un acuerdo tan “palpitante” que podría duplicar las exportaciones de servicios de los EE.UU. con una ganancia de 869.000 millones de dólares y 3 millones de empleos (8). Pero esta es la teoría. ¡Se esperan siempre centenares de miles de empleos que la apertura a la competencia posibilitaría a diferentes sectores de la Unión Europea!
¿Qué es lo reclaman las empresas y sus representantes? Los países que firmen el acuerdo deberán en primer término eliminar las regulaciones consideradas barreras comerciales “Si reconocemos la necesidad de algunas regulaciones (para la seguridad nacional, la protección de los datos…) deberían establecerse límites y parámetros para su aplicación”, afirma el lobby estadounidense de las industrias de servicios. Su bestia negra: la distorsión de la competencia entre el sector público y privado. “La competencia desleal por parte de las empresas subvencionadas o mantenidas por el Estado, de las empresas públicas o controladas por los Estados constituyen un obstáculo cada vez más importante para la provisión de los servicios por parte de las empresas estadounidenses en muchos mercados”. Se trata de proteger al sector privado “contra los comportamientos anticompetitivos de las empresas publicas”, alega igualmente la Cámara de Comercio de los EE.UU.
El lobby estadounidense del sector desea abolir toda preferencia nacional, obligaciones de localización o las cuotas de empleados locales. Y liberalizar mucho más los sectores de los medios y de la diversión “Ningún país debería estar autorizado a introducir nuevas restricciones o excepciones que deroguen o debiliten los compromisos existentes del AGCS”, sugiere (9). Los representantes de las empresas solicitan que el acuerdo incluya un mecanismo de regulación de los diferendos. Es decir, el establecimiento de tribunales de arbitraje privados para solucionar los litigios, en el marco de una jurisdicción extranacional, donde los intereses privados son ley (10). Suiza, en la última ronda de negociaciones, ha redactado una propuesta en tal sentido.
Congeladas las regulaciones financieras
El acuerdo también incluye los servicios financieros. Y podría provocar importantes consecuencias sobre el sector. A pesar de la crisis bancaria, los promotores del TISA tratar de eliminar aún más las reglamentaciones de los mercados mundiales de servicios financieros”, analiza Wikileaks. El anexo referente a los servicios financieros permanece aún en secreto “es una propuesta que solo puede gustar a los banqueros”, denuncia el abogado Lori Wallach de la ONG estadounidense Public Citizen: el principio del statu quo mencionado en este anexo impediría, por ejemplo, establecer nuevas reglamentaciones financieras, consideradas necesarias por los gobiernos, dado que constituirían restricciones a las empresas involucradas. Resultado: el acuerdo congelaría las regulaciones financieras en el estado actual, algo totalmente insuficiente para prevenir nuevas crisis bancarias, estima el abogado. De donde se deduce el riesgo de inestabilidad financiera en los años futuros.
También se ve en este anexo la firme voluntad de los EE.UU. de lograr la liberalización de los flujos de datos. Es decir, permitir sin trabas el intercambio de datos personales y financieros entre países. Una amenaza para las libertades fundamentales, porque muchos de los países que participan en estas negociaciones, en lo referente a protección de datos, son mucho menos exigentes que Europa. El lobby internacional de servicios desea lograr una disposición que obligue a las autoridades públicas a justificar todas las medidas que podrían restringir la transferencia de datos entre países (11).
¿Un acuerdo extensivo a todo el planeta?
“Lo que resulta terriblemente inquietante, es que el ACS está siendo negociado fuera del marco comercial multilateral por los países más inclinados a la liberalización, que no esconden su voluntad de arrastrar en este acuerdo, una vez concluido, al resto del mundo”, explica Rosa Pavanelli. Los negociadores tratan de que este acuerdo sea compatible con el marco de la OMC. O en el idioma de la Comisión europea: “Velar porque la estructura del acuerdo permita una futura multilateralización”. Un modo de permitir a los 50 países signatarios presionar sobre los demás miembros de la OMC para que acepten estas reglas (12). Como para debilitar la posición de los BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– excluidos, por el momento, de las negociaciones o de países africanos completamente ignorados.
Se ha formado un comité “Stop TISA” y se ha lanzado un pedido. Una carta firmada por 340 organizaciones no gubernamentales en la que expresan su oposición a estas negociaciones y se envió en 2013 a los ministros de Comercio. En vista de los desafíos democráticos, económicos y políticos, así como la opacidad de estas negociaciones, las movilizaciones podrían aumentar en los meses próximos.
Notas
1) Australia, Canada, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Estados-Unidos, Hong Kong, Islandia, Israël, Japon, Liechtenstein, Mexico, Noruega, Nueva-Zélanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Perú, Suiza, Taïwan, Turquia, más los 28 paises de la Union Europea.
2) “El TISA se está negociando fuera del marco de la OMC sobre la base del artículo V del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS) Sobre esa base diferentes países pueden bajo ciertas condiciones ampliar entre ellos la liberalización del comercio de servicios, más allá de lo que establece la OMC, sin que esta liberalización preferencial sea sometida a la cláusula de nación más favorecida del AGCS”, Fuente: Secretaría de Estado de Economía, Suiza.
3) Correo del Comisario Europeo de Comercio, 10 de setiembre de 2013
4) «It was agreed that commitments on national treatment would in principle be applied on a horizontal basis to all services sectors and modes of supply, i.e. the understanding on national treatment would be closer to the GATT model. Exemptions to this horizontal application would have to be listed in the countries’ national schedule of commitments. Participants in the negotiations might also agree that commitments would in principle reflect actual practice (the « standstill clause ») and that future elimination of discriminatory measures would be automatically locked in (the so-called « ratchet clause ») unless an exemption were listed. » Memo de la Comisión europea Negotiations for a Plurilateral Agreement on Trade in services, 15 de febrero de 2013
5) Ver la cronología de las negociaciones en los sitios de los ministerios suizo y australiano.
6) Ver la oferta de Suiza publicada en el sitio del ministerio de Economía (SECO) el de Noruega y el de Islandia.
7) Ver el texto votado y el detalle de la votación. El Consejo había otorgado mandato a la comisión europea en marzo de 2013 para negociar en nombre de la UE.
8) “Eliminating barriers to trade in services could boost U.S. services exports by as much as $860 billion—up from 2012’s record $632 billion—to as much as $1.4 trillion, according to the Peterson Institute. Such a dramatic increase could create as many as three million American jobs. »
9) Fuente: Comunicado de la Cámara de Comercio de los Estados-Unidos.
10) Ver sobre este tema nuestro artículo sobre las negociaciones del Acuerdo Comercial Transatlántico TAFTA/ttip
11) « However, the agreement should include a commitment that when an act, policy or practice of a relevant authority seeks to restrain cross-border data transfers or processing, that authority must demonstrate that the restriction is not an unnecessary restraint of trade or investment in light of alternative means by which to achieve the objective of protecting the identity of the customer, security of the data or the performance of prudential oversight. », Comentarios de la Coalición de industrias de servicios (CSI) por pedido de la Oficina de Representantes comerciales sobre el acuerdo TISA, 26 de febrero de 2013
12) Especialmente los 129 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que han asumido compromisos en función del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios ( AGCS),
Fuente: http://www.cetri.be/spip.php?article3616&lang=fr
COMEX quiere transparencia con sindicatos
Las más recientes publicaciones por parte de la ANEP sobre el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, TISA por sus siglas en inglés, motivaron a la alta jerarquí del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) a convocar una reunión con nuestro Secretario General, la cual honramos en compañía del señor Fabio Chaves del FIT-ICE, y del compañero Rafael Mora en representación de la Central Social Juanito Mora Porras.
El señor Ministro don Alexander Mora nos recibió en sus oficinas, con la clara intensión de compartir visiones sobre este tratado, en el cual Costa Rica ha estado involucrado desde el principio, y que se encuentra actualmente en su fase de definición de principios.
La formulación del TISA sale de muchos de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que ven preocupados el proceso burocrático de la misma OMC para poder establecer tratados en el tema de servicios y plantean el TISA como la herramienta posible para establecer las reglas del juego en relación a este tipo de comercio. Una vez aprobado el TISA el mismo volverá al seno de la OMC para ser integrado a sus políticas.
ANEP, y sus organizaciones amigas como el FIT-ICE, y a nivel internacional la Internacional de Servicios Públicos (ISP), han planteado su preocupación sobre como un tratado como el TISA puede abrir las puertas, internacionalizar y promover la privatización de los servicios públicos, además de crear legislación internacional que congele cualquier nuevo servicio público que se quiera crear en los países firmantes y de que restringirá la capacidad de sus gobiernos para legislar en campos tales como la seguridad de los trabajadores, las normas ambientales, la protección de los consumidores y las obligaciones de servicio universal.
Según don Alexander Mora y las personas expertas en su Ministerio, estas afirmaciones todavía no se pueden formular como ciertas, ya que estamos ante un escenario “embrionario” del TISA y los países apenas están formulando sus propuestas iniciales respecto a que temas están dispuestos a negociar y cuales no serán negociables.
Además del tema TISA, se conversó sobre la OCDE, la generacion eléctrica, la apertura de mercados y muy por encima el tema de Petrocaribe, dejando el Ministro Mora muy en claro que para este Gobierno el tema ideológico jamás será un punto que haga que no se realice algún tipo de negociación entre países. Esto ya que en la discusión pública se ha dicho que Petrocaribe no debería ni siquiera discutirse ya que es una proposición del gobierno de izquierda venezolano.
Tenemos una agenda muy amplia que queremos discutir con el COMEX y hay una disposicion transparente por parte del Ministro Mora de que tengamos dichas discusiones. En los próximos días ANEP estará remitiendo una formal petición, así establecido en la reunión de este lunes, de información relacionada a esta agenda. Temas como la OCDE, el PTT, comercialización en la región centroamericana, entre muchos otros temas. Esta carta será el marco para nuevas reunines con el COMEX que recibiremos con mucho agrado.
El TISA, ¿Qué es?
Realmente es de gran necesidad que las nuevas autoridades del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), nos hablen, públicamente y con gran claridad, acerca del involucramiento del país en un nuevo “tratado de libre comercio”, denominado “Acuerdo Internacional Sobre el Comercio de Servicios”, o TISA (Trade In Services Agreement), por sus siglas en inglés. Semanas atrás, en La Prensa Libre, tocamos este tema por primera vez.
Una amplia gama de organizaciones internacionales de la sociedad civil, de distinta naturaleza ha “tocado nuestra puerta” y nos pide que no solamente alertemos a la ciudadanía costarricense de este delicado asunto; sino que asumamos una actitud militante sumándonos a una campaña global que ya está realizándose para parar el TISA. A este nuevo “tratado de libre comercio” se le considera peligroso para la democracia misma, para el desarrollo y el interés general, el bien común.
Parte de la información que les compartimos proviene de una red planetaria de resistencia civil al TISA, denominada “Nuestro mundo no está en venta” (en inglés, “Our World Is Not For Sale OWINFS). Si usted tiene interés, haga referencia a este artículo y escriba a esta dirección electrónica: djames@cepr.net
Esta red, “Nuestro mundo no está en venta”, junto con la federación global de sindicatos, Internacional de Servicios Públicos (ISP, siglas en español), está promoviendo una campaña global en contra del TISA. Especialmente, en nuestra región se hace necesaria esta campaña por la cantidad de países latinoamericanos que están participando en las negociaciones: Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú (Uruguay piensa juntarse en fecha próxima). ¿Lo notaron?, Costa Rica está en este proceso. Les contamos parte de lo que nos están informando pues las entidades que nos lo dicen, nos merecen mucha credibilidad, especialmente la ISP.
El TISA sería un acuerdo para la liberalización y desregulación de servicios, como el transporte, el sector bancario y de seguros, las telecomunicaciones, construcción, venta al por menor, ingeniería, suministro de energía, distribución del agua, contabilidad, marketing, publicidad, la conservación de la naturaleza, ocio, museos, educación, salud, los servicios fúnebres y mucho más.
Este acuerdo podría cambiar fundamentalmente la regulación de muchos servicios públicos, privados, privatizados o comerciales, pasando de servir al interés público a servir al interés de las corporaciones privadas extranjeras.
A principios de 2012, unos 20 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo a la Unión Europea (UE) que cuenta como uno, se reunieron autollamándose “Los Auténticos Buenos Amigos de los Servicios” (ABAS). Comenzaron unas charlas secretas y no oficiales para dibujar un tratado que pretendía liberalizar el comercio e inversión en servicios, y expandir “disciplinas regulatorias” en todos los sectores, incluyendo muchos servicios públicos. Parece ser que Costa Rica “entró en esa danza”. Algo que esperamos sea aclarado por el COMEX.
Estas “disciplinas” tenían como objeto conceder a los proveedores extranjeros acceso libre en condiciones no menos favorables que las de los nacionales y restringir la capacidad de los gobiernos para regular. Esto podría cambiar fundamentalmente la regulación de muchos servicios públicos, privados, privatizados o comerciales.
Las negociaciones se llevaron a cabo durante el 2013 y el 2014, junto con las reuniones del Consejo sobre Comercio de Servicios de la OMC, con el objetivo de llegar a un acuerdo muy ambicioso sobre los alcances de la liberalización en los servicios y los mecanismos disciplinarios hacia los gobiernos.
Los “ABAS” actualmente son Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paquistán, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Turquía, Estados Unidos; así como los 28 miembros de la UE, más Uruguay que piensa juntarse.
Continúan nuestros informantes indicándonos que las negociaciones del TISA siguen el libreto empresarial de utilizar los acuerdos “comerciales” para perpetuar y tornar irreversibles las privatizaciones y promover fusiones, adquisiciones y la desregulación, asegurando un mayor control y extracción de ganancias de las economías nacionales y la economía mundial.
Este acuerdo es el resultado de la presión sistemática de las corporaciones del sector bancario, energético, de seguros, telecomunicaciones, transporte, agua y otros servicios, a través de grupos de presión como la Coalición de Industrias de Servicios de EEUU y el Foro de Servicios Europeo.
El acuerdo TISA es un intento cínico orquestado por los principales promotores del “libre comercio” y la apertura agresiva de los mercados para asegurar que los deseos de las corporaciones se cumplan, sin cambiar nada en la OMC como han pedido los países más pobres.
El acuerdo TISA también podría poner en peligro cualquier avance en pos de una transformación seria del sistema de comercio mundial como reclama la sociedad civil, como plantea la red “Nuestro mundo no está en venta”.
Una fuerte regulación y supervisión de los servicios públicos y privados es fundamental para la democracia, el desarrollo y el interés público, todo esto sería afectado si existiese el acuerdo.
La democracia se erosiona cuando las decisiones sobre sectores importantes como los servicios financieros (incluyendo banca, contabilidad, seguros, etc.), venta al por menor, transporte, telecomunicaciones, y turismo, son transferidas de los ciudadanos, asociaciones locales y la jurisdicción municipal, provincial, regional o estadual, a unos negociadores ‘comerciales’ que no rinden cuentas a nadie y que continuamente desregulan y priorizan las ganancias de las grandes empresas.
Basta reflexionar sobre el impacto que tuvo la desregulación del sector financiero en la expansión de las consecuencias de la crisis económica mundial, y cómo esto se ha traducido en sufrimiento para muchos pueblos como resultado del desempleo y la austeridad, para darse cuenta que una sólida reglamentación del sector financiero es totalmente esencial para evitar otra crisis futura.
El desarrollo está en peligro cuando los servicios esenciales como salud, suministro de agua y energía, distribución postal, educación, transporte público, y otros, quedan en manos de corporaciones extranjeras que lo que quieren son ganancias, antes que prestar servicios en beneficio de los ciudadanos del país. Hay numerosos ejemplos que dan cuenta de cómo al privatizarse los servicios públicos las corporaciones extranjeras empezaron a aumentar los precios a cambio de menos servicios dejando a ambos, consumidores y gobiernos, peor de lo que estaban.
El TISA no incluirá cláusulas que dispongan que las inversiones extranjeras en servicios sólo podrán efectuarse si benefician el interés público; o que las empresas privadas tendrán que rendir cuentas de que están cumpliendo con las metas de desarrollo, cuando participan en un proyecto público específico. En su lugar, les dará a las empresas extranjeras más “derechos a obtener lucro”.
Debido a la “competencia” según lo entiende el TISA, el empleo y los derechos laborales podrían sufrir un serio deterioro. Los inversores extranjeros obtendrán protecciones contra lo que crean reglamentaciones restrictivas del comercio; no importa si éstas fueron diseñadas para proteger el medioambiente, la salud, seguridad, estabilidad financiera y el interés público.
Las corporaciones quizás podrán defender sus “derechos a lucrar” demandando directamente a los países, si se aprueba la propuesta de incluir un mecanismo de solución de diferencias inversor-Estados, el cual permitiría a las corporaciones llevar a gobiernos soberanos a juicios ante tribunales elitistas y secretos.
Notarán ustedes que el TISA, según los denunciantes de la red “Nuestro mundo no está en venta”, debe ser un asunto estratégico de la lucha social y cívica nacional en los momentos por venir. Demasiado material al respecto está llegándonos y esperamos compartirlo con ustedes de diversas formas. Reiteramos nuestra aspiración de que el p. COMEX, el “nuevo” COMEX, quiebre la opacidad que en estos temas de libre comercio nos impusieron los gobiernos inmediatamente anteriores al presente. Ojalá sea así.
