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Referéndum Ejecutivo es extemporáneo

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Esta vez, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, forzado por las circunstancias del momento en que el Tribunal Supremo de Elecciones acogió la petitoria del ciudadano José Miguel Corrales, de dirimir por medio de un referéndum de INICIATIVA CIUDADANA, el controversial TLC con Estados Unidos; anunció como respuesta a lo dispuesto por dicho Tribunal, que el Poder Ejecutivo se apresta a enviar decreto a la Asamblea Legislativa para que se llame a un REFERÉDUM EJECUTIVO sobre el TLC. Pero, ¿quién nos asegura que la Asamblea Legislativa apruebe la propuesta de convocatoria a referéndum?

Nuevamente muestra el gobierno de los señores Arias inconsistencias en su pensamiento y actuación. Primero, ellos manifestaron que la reelección presidencial debía ser revisada por la Asamblea Legislativa. Nos hicieron creer que solo a ella se dirigirían, pero ya todos conocemos cómo la lograron. Ahora, con el “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos”, nos dijeron que los diputados como representantes del pueblo, son los únicos con potestad para aprobarlo o rechazarlo. Ante la Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones cambian de parecer, y lo hacen violentando nuevamente la Constitución (Art. 99), cruzándose en el camino tomado por el máximo órgano en materia electoral.

Al convocar a un Referéndum Ejecutivo, el gobierno estará creando un conflicto de competencia o atribuciones entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones, (Art. 109 LJC), pues éste ya inició el proceso para la realización del referéndum de INICIATIVA CIUDADANA. Voto No. 790-E-2007. No puede ahora el Ejecutivo venir a decirle al Tribunal Electoral, que su resolución no es válida, y que la iniciativa ciudadana debe hacerse a un lado, para que el pueblo acuda al referéndum al ritmo y al modo que dicta el gobierno. Ya los señores Arias han estado gobernando por casi un año.

Tiempo de sobra tuvieron para sopesar la conveniencia de esta posibilidad de abrir el camino a una solución pacífica y verdaderamente democrática. La acción del Ejecutivo está fuera de lugar, es extemporánea. El TSE ya resolvió que será el pueblo costarricense, por medio de la democracia participativa o directa quién decida el destino del TLC con Estados Unidos, y que esta vez no será a través de la democracia representativa.

Abril 16, 2007

Fuente: Tribuna Democrática

Expertos advierten sobre los riesgos del TLC en reunión de la ONU

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.- En una reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizada este mes, expertos advirtieron que los tratados de libre comercio provocan con frecuencia una importante pérdida de espacio político para los países en desarrollo, además de situar en desventaja a sus bancos, industrias, agricultores y consumidores.

Los tratados de libre comercio (TLC) entre países en desarrollo pueden ayudar a fortalecer la cooperación regional, pero cuando se celebran entre un país industrializado y poderoso y países en desarrollo, pueden provocar muchos problemas para los consumidores, agricultores e industrias de estos últimos.

Esta preocupación se planteó en Ginebra, en una reunión sobre la conexión entre el sistema multilateral de comercio y los acuerdos regionales de comercio, organizada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Los acuerdos regionales Sur-Sur (como el de la ASEAN en el sudeste asiático y el Mercosur en América del Sur) se realizan entre países vecinos con grados similares de desarrollo, mientras que en los TLC Norte-Sur, el país rico está tan aventajado económicamente que sus mercancías y empresas pueden avasallar a la economía de la otra parte.

Lakshmi Puri, directora de la división de comercio de la UNCTAD, señaló que los nuevos acuerdos regionales de comercio trascienden el comercio para abarcar servicios, inversiones, competencia y propiedad intelectual. Sin embargo, excluyen a los subsidios agrícolas, que son una herramienta fundamental de protección para los países industrializados.

Esta cuidadosa selección de los temas, tratada por los expertos reunidos en Ginebra, refleja el desequilibrio de tales acuerdos. En estos se incluyen cuestiones como la inversión y la propiedad intelectual, que benefician a los países desarrollados, y se excluyen las que más podrían beneficiar a los países en desarrollo, como la eliminación de los subsidios agrícolas del Norte, por insistencia de los países más poderosos.

Ransford Smith, subsecretario general de la Commonwealth, dijo que los países en desarrollo tienen razón en preocuparse por los acuerdos regionales de comercio Norte-Sur, como el que negocian actualmente la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). En tales acuerdos, los países en desarrollo deberían reclamar un trato especial y la facilitación del movimiento de sus trabajadores hacia los países industrializados.

Yash Tandon, director del South Centre, señaló que hay algunos acuerdos regionales en que predomina la solidaridad y el apoyo a los socios más débiles. Pero otros, que involucran a países en desarrollo e industrializados, tienen una “estructura forzada” en que una parte impone los términos y la otra debe limitarse a tomarlos o dejarlos tal como están, dijo.

Tandon hacía referencia a lo que se denomina una “plantilla”, es decir, un
modelo de acuerdo con cuestiones y demandas fijas de los países industrializados. Solo hay espacio para una variación muy limitada. Si el país en desarrollo discrepa, no hay acuerdo. Y si se firma el tratado, el país en desarrollo acepta un arreglo desequilibrado y debe implementar políticas con frecuencia perjudiciales.

La influyente organización Oxfam afirmó que los TLC que involucran a Estados Unidos o a la Unión Europea y a países en desarrollo despojan a estos del espacio político que precisan para gobernar eficazmente sus economías.

Los TLC con Estados Unidos retardan la introducción de medicamentos genéricos, advirtió Celine Chaveriat, directora comercial de Oxfam. En Colombia, los costos de los fármacos aumentarán 919 millones de dólares para 2020 debido a su TLC con Estados Unidos. Con ese dinero se podría tratar a 5,2 millones de pacientes, dijo.

Los TLC que involucran a Estados Unidos o a la Unión Europea, agregó Chaveriat, exigen al país en desarrollo que apruebe una ley para derogar el derecho de los agricultores a guardar o compartir semillas, lo que aumenta la vulnerabilidad de ese sector.

Estados Unidos y la Unión Europea también desean abrir, a través de TLC, los servicios financieros en el Sur. Por otro lado, los países en desarrollo liberalizan esos servicios en la esperanza de lograr una mayor eficiencia, pero ocurre lo contrario. Recientes estudios de la ONU y del Fondo Monetario Internacional (FMI) demuestran que la apertura del sector bancario lleva a los bancos extranjeros a elegir solo a los clientes más lucrativos y a dejar a los clientes más pobres y riesgosos a los bancos nacionales, con lo cual la rentabilidad de estos se reduce.

En México, tras la firma de su TLC con Estados Unidos y Canadá, la propiedad extranjera de los bancos aumentó a 85 por ciento entre 1994 y 2000, pero los créditos a empresas mexicanas cayeron de 10 por ciento a 0,3 por ciento del producto interno bruto en el mismo período.

Los países en desarrollo también son presionados para que eliminen sus aranceles a los productos agrícolas y manifacturados, mientras que los países industrializados se niegan a negociar sus subsidios agrícolas, que perjudican gravemente a los agricultores del Sur, observó Chaveriat.

La experta citó un estudio según el cual, en Colombia, los ingresos podrían reducirse 57 por ciento y el empleo 35 por ciento en nueve sectores agrícolas, como resultado del TLC con Estados Unidos.

Oxfam exhortó a revisar las normas de la Organización Mundial del Comercio y de los acuerdos regionales de comercio, así como a promover un cambio de mentalidad de los grandes actores acerca de sus políticas comerciales hacia los países en desarrollo.

David Vivas, del International Centre for Trade and Sustainable
Development, también destacó que Estados Unidos utiliza sus TLC para
proteger los intereses de sus empresas, insistiendo en disposiciones sobre propiedad intelectual que van más allá de las actuales normas
internacionales. Los países en desarrollo tendrán más dificultades para
proteger el interés público a medida que la expansión de los derechos de
propiedad intelectual reduzca su espacio político para hacerlo. Por lo
tanto, deben ser cuidadosos al aceptar esas condiciones, añadió.

Funcionarios de varios bloques regionales, incluida la ASEAN, estuvieron
presentes en la reunión, así como representantes de distintos gobiernos.

Enviado por Alvaro Madrigal Mora

La conquista democrática del Referéndum y el futuro del TLC

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* Profesor asociado
Escuela de Ciencias Políticas
Universidad de Costa Rica

El referéndum sobre el TLC es un triunfo del movimiento social anti-TLC

Más allá del intento del presidente de la República de apropiarse de la iniciativa democrática del referéndum sobre el TLC, no se debe obviar que su realización es un triunfo del movimiento social, político y ciudadano anti-TLC y no de quienes apoyan el tratado.

Esa decisión no es una graciosa concesión de un político que repitió una y otra vez que el país tiene capitán, que ha dicho que no era necesario un nuevo referéndum porque ya había habido uno en las elecciones presidenciales y que, además, dijo que la instancia que tenía que aprobar el tratado era la asamblea legislativa donde contaba con una clara mayoría de 38 votos, la denominada coalición de la mayoría automática.

Estas son evidencias suficientes que demuestran que la convocatoria al
referendum no es resultado de la convicción democrática del gobierno sino un intento de ponerle al mal tiempo buena cara. Además, de muy mal gusto el intento oportunista del presidente de quitarle la iniciativa de convocar el referéndum a los grupso sociales y a la ciudadanía, pero esto no es nuevo, ha sido una actitud permanente del bipartidismo.

Lo que no se puede permitir es que la actitud oportunista gubernamental opaque lo fundamental: el triunfo popular y ciudadano que es que, a instancia de un grupo de ciudadanos encabezados por José Miguel Corrales, el Tribunal Supremo de Elecciones se haya visto obligado a convocar al referéndum para resolver una decisión tan fundamental como el TLC.

Dicho sea de paso, cabe recordar que fueron los grupos empresariales conservadores de este país los que repitieron, una y otra vez, que el tratado no se podía resolver por medio de un referéndum porque contenía tema fiscales, argumento que también fue utilizado por altos funcionarios del gobierno.

Una pregunta clave

Para que no nos arrebaten el significado de esta victoria popular tenemos que responder la siguiente pregunta: ¿por qué el gobierno del capitán Arias y sus 999 tripulantes se vió obligado a convocar al referéndum? Esta es la cuestión. En esa línea, tenemos que analizar la trayectoria de la lucha contra el TLC y contra el proyecto neoliberal-transnacional que empujan de manera desesperada los grupos de poder que Arias representa, tomar consciencia de cuál era nuestra situación y la de ellos al iniciar esta lucha nacional y dónde estamos ahora, para entender el cambio de estrategia del grupo dominante.

En ese sentido, un primer elemento a recordar es que, después de la derrota del Combo en el 2000, los grupos de poder dominantes aprendieron la lección y decidieron rearticular una alternativa que les permitiera imponer de manera definitiva sus intereses y su visión excluyente y polarizante del desarrollo nacional.

Coyunturalmente, enfrentaron la elección de 2002 impulsando la candidatura de Ábel Pacheco, una figura de transición que ellos imaginaron dócil y trataron como un títere hasta que les salió güero, particularmente a partir del momento en que don Ábel entendió la jugadita que le hicieron con una negociación del tratado que incluyó la entrega del ICE y del INS, cosa que él de manera explícita había dicho que no sucedería. A partir de ese momento, empezó a patear la pelota hacia adelante, con jugadas hábiles como la de la Junta de los Notables, para retrasar el envío del nefasto tratado a la asamblea. A esta altura del partido, se podría imaginar que la lógica de don Ábel fue la de aquél dicho popular que dice “quien quiere celeste, que le cueste”. Es decir, si el tratado le serviría de forma tan descarada a un grupito tan pequeño y poderoso en detrimento de las grandes mayorías y del Estado Social de Derecho, pues que fueran ellos los que pagaran el costo político de la aprobación de ese tratado. Por supuesto, hubiera sido más digno que don Ábel hubiera tenido el valor de decir que los negociadores incumplieron el mandato que él les dio y que, por tanto, no aceptaba el tratado, pero eso no es obstáculo para reconocer que el retraso en el envío permitió que el TLC se transformara en un tema de la campaña presidencial, lo cual cambió de manera sustancial la dinámica electoral y política del país.

La apuesta de los grupos dominantes

Sin embargo, los grupos dominantes siempre trabajan en la configuración de varios escenarios pues no están dispuestos a ceder sus privilegios por iniciativa propia o gratuitamente y, mucho menos, están dispuestos a ser derrotados por la gente común, por la ciudadanía, por lo popular.

Entonces, utilizando toda su capacidad de influencia, lograron que la Sala IV eliminara la prohibición de la reelección para permitir el lanzamiento del candidato perfecto, miembro de alcurnia de los grupos de poder, con un Nóbel de la Paz a sus espaldas, un gran prestigio internacional y una alta valoración positiva en los estudios de opinión nacionales. Es decir, un candidato invencible. Oscar Arias y el TLC eran el combo perfecto, una apuesta ganadora para lograr mesa gallega e imponer el triunfo definitivo de los grupos de poder en la orientación del desarrollo nacional.

Parafraseando al famoso Fukuyama, arribaríamos al fin de la historia costarricense pues de allí en adelante todo sería un para siempre más de lo mismo con un solo grupo de ganadores hasta el final de los tiempos.

Era tan evidente la sensación de triunfo ante tan magistral jugada que el periódico de los grupos de poder, La Nación, tituló una vez sí y otra también, que la ventaja de don Oscar era tan abrumadora, tan contundente, que la cosa ya estaba resuelta, el capitán ya estaba en Zapote aún cuando la campaña electoral ni siquiera había arrancado formalmente. Es más, para qué molestarse en ir a votar.

Que el triunfo anunciado se confirmaría el primer domingo de febrero de 2006 lo garantizaban dos campañas paralelas, la de Oscar Arias (Sí Costa Rica) y la del grupo Por Costa Rica (Sí al TLC), que parecían tener capacidad financiera ilimitada. En todo caso, desde la lógica de ellos valía la pena esa inversión porque la apuesta era muy alta; en realidad, no era una apuesta más, era la apuesta definitiva.

La respuesta ciudadana

Pero la manipulación mediática tiene límites y, afortunadamente, la gente tiene mucho más sabiduría política y sentido común que lo que los grupos de poder y la clase política tradicional imaginan. Afortunadamente, a los grupos de poder su prepotencia les ciega y les impide reconocer que el país cambió y que la gente ya no se deja manipular burdamente. Eso contribuye a explicar lo que sucedió en las elecciones presidenciales: poco a poco la campaña fue calentando, el tema del TLC se fue posicionando y las redes sociales contrarias al tratado se activaron, la voz se fue pasando, hubo un trabajo tipo celular, de hormiga, persona a persona, con los grupos juveniles utilizando medios novedosos vinculados a internet y las organizaciones sociales utilizando medios alternativos, miles de acciones y micro-movimientos que permitieron que se generara una creciente resistencia política contra Arias, que terminó siendo capitalizada electoralmente por el candidato Ottón Solís del PAC, quien fue el que mejor logró posicionar el tema del rechazo al TLC.

El resultado electoral sorprendió a muchos, incluyendo a los grupos de poder que apoyaron al candidato invencible y seguro que a él también. El resultado final fue una diferencia del uno por ciento, menos de tres votos por mesa electoral, ni más ni menos que el resultado más ajustado de las elecciones contemporáneas en un proceso que, además, generó suspicacias y serios cuestionamientos por las debilidades en la fiscalización por parte del TSE e inconsistencias en muchas urnas y que parecían favorecer al partido del candidato reeleccionista.

La metáfora de la casa dividida

Una vez consolidado el resultado, pareció que el presidente Arias había entendido que su victoria fue pírrica, pues al inicio utilizó la metáfora de la casa dividida. El reconocimiento de que el país estaba polarizado debió haber obligado al presidente, en buena ley, a retirar el factor de conflicto, el TLC, y a crear un espacio democrático de verdadera negociación sobre el futuro del desarrollo nacional. Sin embargo, hizo todo lo contrario e inició un discurso prepotente que señalaba que era indiferente ganar por un voto o por muchos, el presidente manda y hace lo que quiere; que el país ya eligió capitán; que el TLC debe aprobarse porque lo apoyó en campaña y punto; que para eso se tiene una coalición de 38 votos en la Asamblea Legislativa. Luego empezaron las descalificaciones y acusaciones contra los sectores opuestos al TLC, con la colaboración de los medios comerciales de siempre, algo que se convirtió en una suerte de campaña neo-machartista de intimidación y de criminalización de los grupos sociales opuestos al tratado, en particular, de las organizaciones estudiantiles y universitarias.

Es decir, empezaron a actuar como si hubieran ganado con el 60% de los votos y sin abstención; como si hubieran obtenido un mandato político tan fuerte y legítimo como para transformar radicalmente el país. En política, eso solo se puede cuando se hace una revolución (don Pepe en el 48) o cuando se gana por una mayoría contundente de votos (como la que obtuvo Calderón Guardia y el Bloque del Triunfo en el 40). Obviamente, este no es el caso de don Oscar, quien ganó con un porcentaje menor al que obtuvo en su primera elección 20 años atrás y en la elección más reñida de las últimas cuatro décadas.

La realidad del poder y el veto ciudadano

Pero la realidad del poder se impone, de tal suerte que las promesas y predicciones del gobierno de que el TLC y su agenda complementaria se iban a aprobar rápidamente (a más tardar en febrero de este año) se fueron desvaneciendo poco a poco. Por un lado, la prepotencia pronto les hizo cometer graves errores de procedimiento que fueron rechazados por la Sala IV, lo que les retrasó el ya de por sí lento avance en la discusión del tratado. A ello se suma la resistencia parlamentaria realizada por los partidos PAC, PASE y Frente Amplio, que terminaron por evidenciar que en el parlamento la aprobación del tratado iba para rato.

Sin embargo, el puntillazo más fuerte a la estrategia gubernamental de aprobación del tratado lo dio la movilización social con la gigantesca marcha del 26 de febrero. Esta impactante demostración de fuerza fue posible porque es resultado de un proceso que empezó a organizarse desde antes de que se negociara el TLC y que ha venido en un proceso ascendente de acumulación y articulación social. La marcha demostró, de forma contundente, que la oposición al tratado no era de un sector minoritario del país y que la causa contra el TLC tenía gran capacidad de organización y convocatoria. Este evento tuvo un efecto inmediato en el parlamento, con el endurecimiento de la oposición al TLC y el desánimo de la mayoría mecánica; posiblemente algo tuvo que ver con el pronto dictamen negativo de la Sala IV a la aplicación del artículo 41 bis al tratado, que intentaba la coalición parlamentaria pro TLC y, sobre todo, tuvo que haber generado en el gobierno la percepción de que la aprobación del tratado tendría un costo político muy alto.

Son estos factores los que explican el hecho de que el gobierno de Arias decidiera cambiar radicalmente de estrategia de la asamblea al referéndum y eso, tenemos que celebrarlo. También tenemos que celebrarlo porque estamos logrando una profundización de la democracia participativa.

Ningún país del resto de Centroamérica o de América Latina y menos Estados Unidos, ha tenido un movimiento social que, gracias a su resistencia, haya obligado al gobierno respectivo a consultar de manera directa a la ciudadanía para decidir sobre la aprobación de un tratado que compromete de forma definitiva y radical la orientación del desarrollo nacional.

Celebrar pero…

Celebrar no quiere decir que se asuma que la situación está resuelta favorablemente. Por supuesto que hay cabos sueltos que se tienen que amarrar. Menciono algunos en los que hay que insistir:

Primero, que se respete la iniciativa popular en la convocatoria al referéndum. Sino se respeta el orden de solicitud (primero en llegar, primero en derecho), el gobierno y la clase política siempre estarán en ventaja en la convocatoria al referéndum pues los mecanismos que ellos tienen son sumamente fáciles de cumplir, no así el de la iniciativa ciudadana.

Segundo, previo al referéndum debe hacerse la consulta sobre la constuticionalidad del tratado a la Sala IV. Si no se hace de previo, no habría cuando hacerlo y existe un mandato constitucional de que todo tratado internacional debe ser consultado antes de ser votado.

Tercero, debe haber financiamiento público y equitativo para la realización de las campañas del sí y del no al tratado. De hecho, debería prohibirse todo financiamiento privado, nacional o extranjero y realizarse solo con financiamiento estatal, para garantizar igualdad de condiciones.

Cuarto, debe suspenderse la discusión de la agenda complementaria del TLC mientras se hace el referéndum pues son proyectos derivados del tratado o, desde otro punto de vista, son parte del combo TLC.

Quinto, debe abrirse la fiscalización del proceso de votación a la participación ciudadana y no solo a los partidos políticos, sobre todo después de los problemas e inconsistencias que se presentaron con este tipo de fiscalización en la recién pasada campaña electoral.

Sexto, vigilar y exigir de manera estricta la no participación del gobierno en la campaña y en la movilización de votantes.

De David y Goliat; de Pinochet, el Sí y el No

Más allá de las condiciones mencionadas, muy posiblemente el referéndum se va a desarrollar en condiciones de desigualdad en acceso a recursos económicos y mediáticos que favorecerán a quienes apoyan el TLC. Sin embargo, de ninguna manera eso significa que el Sí ganará la batalla.

Creo lo contrario, que la perderá y de manera rotunda.

Esta batalla es más David contra Goliat que burro amarrado contra tigre suelto. Posiblemente se parece más al plebiscito a favor o en contra de la dictadura de Pinochet en la que el Sí tenía la plata, pero el No tenía la organización, la mística, la dignidad, los argumentos y la justicia a su
favor, haciendo que al final la verdad prevaleciera. Pienso que lo mismo
sucederá con el TLC.

Si bien ellos tienen la plata y los medios comerciales, ¿cuánto más pueden decir que no hayan dicho ya en estos años?

En cambio, el movimiento anti-TLC ha ido revirtiendo gradual pero consistentemente la ventaja que llevaba el Sí en las encuestas y hoy
prácticamente están empatados. Es más, si se analizan los indecisos, se
encontrará que tienden a inclinarse contra el TLC más que a favorecerlo,
un fenómeno similar al de las elecciones presidenciales en las que las
personas indecisas terminaron votando mayoritariamente contra Oscar Arias.

Otro elemento inédito favorable es que en el referéndum no habrá divisiones partidarias en el bloque anti-TLC y no pesarán tanto las lealtades personales. Por ejemplo, muchos liberacionistas contrarios al tratado que votaron por Arias podrían votar ahora contra el TLC sin problemas. Es decir, más allá de las diferencias sobre métodos, consignas, perspectivas políticas e ideológicas, todos los grupos sociales y partidos políticos contrarios al tratado podrán trabajar conjuntamente para derrotarlo.

Otro elemento importante es que, aunque con seguridad se establecerán
importantes niveles de coordinación político y social, es un proceso en
que cada ciudadano que se sienta activo y preocupado por la eventual
aprobación del tratado podrá movilizar a su entorno inmediato. El referéndum, a diferencia del proceso electoral partidario, no necesita los
niveles de centralismo que requiere la campaña electoral y, por el contrario, es un buen escenario para la movilización del enorme tejido
social anti-TLC que funciona como una efectiva red para la movilización
ciudadana.

El entierro democrático del TLC y el avance hacia un desarrollo solidario

En síntesis, ¿qué tiene el bloque del sí? Dinero y medios comerciales de comunicación. ¿Qué tiene el bloque del No? Mística, compromiso, gente y organización.

Como me dijo un amigo y excelente analista sobre la convocatoria del
referendum: tenemos que celebrarlo en grande. El referendum se ganará hablando con la gente, argumentándole, convenciéndole. El Sí tiene nada más que publicidad. Nosotros hace tres años talvez teníamos 20 personas que podían pararse ante un grupo a hablar contra el TLC, hoy tenemos muchos. Yo agregaría que posiblemente sean miles, si se entiende que la gran mayoría de personas que participaron el 26 de febrero en la marcha son gente consciente, con capacidad de argumentar y de convencer.

Todas estas razones me llevan a creer que en el referendum se enterrará
democráticamente al TLC y al neoliberalismo en Costa Rica y se iniciará
una nueva etapa del desarrollo nacional, más democrático, incluyente y
solidario.

Panamá y Estados Unidos: ¿TLC para qué?

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Fecha: abril 8, 2007

Lo segundo es que se ha cambiado la denominación de tratado de libre comercio (TLC) por la de tratado para la promoción comercial (TPC). Este eufemismo es el reconocimiento de que este tipo de acuerdos ha caído en el desprestigio total.

“Por sus hechos los conoceréis”, esto es aplicable a los TLC. Véanse los efectos Nafta sobre México, que ha visto la destrucción de millones de puestos de trabajo en el sector agrícola, además de perder la autosuficiencia alimentaria en productos como el maíz, del que ahora depende de las importaciones norteamericanas.

Este tratado se ha firmado por insistencia no de EU, sino del gobierno panameño, cuando el presidente Bush, agobiado por la derrota electoral y los costos de la fracasada invasión a Irak, ya había desestimado un acuerdo cuya aprobación por el Congreso es dudosa.

¿Qué ha logrado el gobierno panameño? Pues, casi nada. Ninguna ventaja comercial que no tuviera ya Panamá como parte de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que data de los años 80. Dan Christman, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se regodeaba en decir que su país logró que el 88% de los productos de consumo e industriales y más del 50% de los agrícolas entrarán a Panamá sin pagar aranceles inmediatamente, tras la entrada en vigor del TLC; mientras que el resto de los gravámenes se eliminarán progresivamente. En cambio, Washington tendrá que variar mucho menos su política aduanera, pues los productos panameños ya disfrutan de un acceso privilegiado al mercado de EU (El Panamá América, 20 de diciembre de 2006).

Refiriéndonos al apartado agrícola, Panamá sólo logró un pequeño éxito en las exportaciones de azúcar de caña y sus derivados (ron y etanol), al aumentar en 6,500 toneladas nuestras exportaciones. Bien por los Del Valle, Chiari, Virzi, Varela y Martinelli. En todos los demás rubros agrícolas y agroindustriales (como avícola y porcinos) Panamá pierde con este tratado.

Todos los rubros tienen un plazo fatal: 20 años, que se cumplirán en 2028, cuando los productos norteamericanos podrán inundar el mercado panameño sin ningún tipo de restricciones y libre de impuestos. Así que, si usted es un productor o trabajador del sector, y soñaba que sus hijos y nietos seguirían en el negocio, mejor que los prepare a mudarse a uno de los suburbios pobres del área metropolitana en calidad de desempleados.

“Entre los productos que Estados Unidos se beneficia de una cuota de
acceso a nuestro mercado tenemos: poroto, tomate procesado, maíz, papa fresca, papa troceada, cebolla, aceite de maíz, productos lácteos, cerdo, arroz, muslo y encuentro de pollo”. Como dicen los abogados, “a confesión de parte, relevo de pruebas”.

Hay otros aspectos negativos, como el acuerdo de patentes, que puede tener fuertes implicaciones para la salud pública en cuanto a restringir
medicamentos genéricos, más baratos, para beneficio para beneficio de las grandes farmacéuticas; las licitaciones públicas, en las que podrán
competir empresas norteamericanas con todos los derechos de las panameñas.

Por todo ello, desde el Partido Alternativa Popular (PAP) estamos
exigiendo: 1. Que se publique el texto íntegro del tratado para que la
nación panameña lo conozca; 2. Que el mismo no sea ratificado por la
Asamblea Nacional; lo cual no se producirá, si 3. Las organizaciones
populares y productores no nos unimos y movilizamos juntos en las calles, como ha hecho el pueblo de Costa Rica.

http://www.radiolaprimerisima.com/articulos/1179

Fuente: Diario La Prensa, de Panamá.

TLC, un año y pocos beneficios

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Germán Briceño // gbriceno@laprensa.hn

Lo dijo la presidenta de la Fundación para la Promoción de Inversiones y Exportaciones, Fide, Vilma Sierra, durante el Foro de Exportadores 2007 realizado en la capital: los resultados del Cafta o el TLC con Estados Unidos no son halagadores.

Sierra fundamentaba su frase en el pobre crecimiento de las exportaciones entre 1994 y 2006, que ronda el 10 por ciento debido a la falta de valor agregado de los productos.

“No me sorprende que al momento no tengamos un despegue gigantesco, pero esperamos que se vaya creciendo a finales de año”.

El campanazo sobre el tema lo había dado unos meses antes la presidenta del Banco Central de Honduras, BCH, Gabriela Núñez, quien hizo un llamado a los productores nacionales a incrementar las exportaciones y evitar una posible devaluación del lempira a causa del crecimiento de las importaciones.

Una mirada a los sectores donde se suponía iba a impactar mayoritariamente el TLC deja ver que los beneficios son pocos: las exportaciones hacia EUA sumaron 675 millones de dólares en 2006, cifra menor a los 677 millones del año previo, y las importaciones aumentaron de 1,605.7 a 1,865.2 millones de dólares.

El sinsabor que dejan las cifras en el primer año de vigencia del TLC, que se cumplió el domingo, lo comparten también los representantes de los sectores productivos consultados por LA PRENSA.

La industria

Para el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andi, Adolfo Facussé, el TLC no ha traído los niveles de inversión esperados. “Muchas condiciones internas deben cambiar para que eso se produzca. Honduras es muy hostil a la inversión extranjera porque se le ponen muchos requisitos y trabas”.

Las telecomunicaciones, la explotación minera o maderera son algunos ejemplos puestos por el industrial como muestra de esa “inseguridad” que impide la inversión. “Tenemos que decidir si queremos que la gente invierta y se genera empleo o si mejor les decimos que se vayan”.

El industrial adujo que los sectores que más han tenido éxito son la agricultura, el filete fresco de tilapia y las verduras orientales. “Pese a ello, la situación desastrosa del agro sigue pesando sobre la economía”.

Desde el campo

“De acuerdo a las estadísticas del 2006, hemos visto que el sector no crece como se esperaba”, explicó el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores y Exportadores Agropecuarios y Agroindustriales de Honduras, FPX, Medardo Galindo.

En el agro tampoco hay buenas noticias. Las exportaciones agrícolas no tradicionales se frenaron “y eso no necesariamente por el TLC, sino porque los mercados ya han madurado y los precios se estancan”, dijo.

Productos como melones, hortalizas, piñas, toronjas y los mariscos como el camarón cultivado crecieron un cinco por ciento entre 2005 y 2006, mientras que en años anteriores crecían en un 16 por ciento.

El sector agrícola tradicional, que venía creciendo entre un cinco y siete por ciento, cayó al uno por ciento. “Lo que se necesita es diversificar la canasta de exportación y buscar nuevos productos para entrar al mercado. El efecto del TLC era incrementar las exportaciones, pero no se han buscado los productos para hacer eso posible”.

Galindo considera que hasta ahora el producto más exitoso ha sido la tilapia, pero es un producto que lleva 15 años en el mercado y ya es necesario buscar otros. “Los productos nostálgicos no repercuten en los índices económicos”.

La microempresa

Hace un año los microempresarios presagiaban un fuerte impacto en su sector. Ahora, 365 días después, el TLC no ha tenido el impacto negativo que se esperaba pero tampoco ha ayudado a mejorar la situación.

“No hemos sacado provecho al TLC, ya que no estábamos preparados”, adujo José Fernández, presidente de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras, Anmpih.
Fernández dijo que para revertir esa situación se está dando hasta ahora el primer paso: capacitación.

“Luego de capacitar a la gente debemos buscar el dinero y por eso hemos hablado con Banpais y el Cohep. Ambos han puesto dinero a nuestra disposición”. En cuanto al tema de reconocimiento de nichos de mercado, se ha pedido la colaboración de la Cámara de Comercio Hondureño Americana.

“Sabemos que el TLC trae sus desventajas pero tenemos que remontar porque no podemos cerrar para dejar de ser productores y pasar a ser comerciantes”.

En el período 2005-2006 unas cinco mil mipymes cerraron sus puertas o cambiaron de rubro. “Al 2007 no hay datos, pero sabemos que el sector más golpeado ha sido el calzado porque hay mucha competencia con mejor calidad”.

El representante señaló que, sin embargo, las proyecciones son buenas debido a los contactos con el Gobierno para aprovechar la Estrategia de Reducción de la Pobreza para impulsar a la mipymes. “También nos reuniremos con el embajador Charles Ford para buscar su ayuda”.

La maquila

Si bien en toda Centroamérica, a excepción de Nicaragua, las exportaciones de maquila disminuyeron en 2006, el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, AHM, Jesús Canahuati, aseguró que la segunda parte del 2007 compensará el difícil inicio del proceso.

“Las expectativas para la maquila son favorables para este año y hay nuevas inversiones en Quimistán, Choloma y Choluteca, lo que permitirá revertir el decrecimiento del año anterior”.

La industria maquiladora espera cerrar este año con un valor exportado superior a 3,100 millones de dólares. En 2006 ese sector económico reportó 2,816.1 millones de dólares, menor a los 2,874.1 millones del 2005.

Con ese panorama y aunque es prematuro evaluar, Honduras cierra el primer año del TLC. En el aire hay muchas más inquietudes que el año anterior y se proponen muchos más retos al Gobierno.

Claves del proceso

1. Agricultura
Los agricultores esperan desarrollar en los próximos años la zona oriental del país y afianzar las alianzas entre ellos.

2. Madera
Algunas mipymes han aprovechado la calidad de la maderas nacionales para exportar productos a EUA de forma exitosa.

3. Biocombustibles
El consumo de caña y maíz para generación eléctrica ha levantado las expectativas de ambos sectores.

A corto plazo

A favor

La llegada de la empresa brasileña Santista a Honduras supondrá no sólo generación de empleo sino también la inversión de unos 100 millones de dólares. La construcción del plantel iniciará este mes.

La inversión generada por el proyecto Bahía de Tela impulsará el rubro del turismo, una de las áreas económicas que presenta mayor estabilidad en un futuro cercano.

En contra

El déficit de 100 megavatios de energía anunciado para el próximo año inquieta a los sectores productores del país debido a la inestabilidad que genera y a la mala imagen que representa para los inversionistas extranjeros.

El tema de la inseguridad, especialmente en lo referente a los secuestros, constituye un obstáculo para el desarrollo de proyectos empresariales que se desean ejecutar en nuestro país.

Fuente: Empresarios Pro Costa Rica
Fuente: www.laprensa.hn

El perro que se muerde la cola

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Nada en la historia del capitalismo respalda la idea de que el libre comercio propicie el tránsito exitoso hacia el desarrollo. Pero ese no el único gran obstáculo que se interpone. Otro ejemplo importante: las obligaciones sobre propiedad intelectual.

Las normativas primigenias en esta materia datan de muchos años atrás. En todo caso, lo relevante es constatar que en los últimos 25 años se ha dado lugar a un movimiento agresivo de ampliación y endurecimiento de esta legislación. Ampliación porque cada vez abarca ámbitos más extensos y diversificados, incluso la vida misma. Endurecimiento porque las_ “protecciones”_ son cada día más abusivas e irrazonables, y el rango de las obligaciones represivas y punitivas que se asignan a los poderes públicos cada vez más draconianas.

En el caso de las tecnologías de la información, y en especial el software, este movimiento da inicio en Estados Unidos en los primeros años ochenta. Coincide, y no por casualidad, con el ascenso mundial del neoliberalismo y, para el caso de la industria farmacéutica, con la aprobación de leyes federales que han propiciado su constitución en una enorme fuerza de depredación de los intereses públicos. En el proceso, y con el avance de la biotecnología, incluso los genes humanos son “apropiables”.

Con la culminación de la Ronda Uruguay en 1994 se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, como parte de ésta, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Este último constituye un paso decisivo en este proceso, particularmente desde el punto de vista de la imposición, a nivel mundial, de una normativa uniforme, la cual, y muy sintomáticamente, tiende a reproducir los énfasis que se venían imponiendo en Estados Unidos desde inicios de los ochenta. Así, va desapareciendo la flexibilidad con que esta materia era tratada en diferentes contextos y, con ello, se va suprimiendo, de forma progresiva, la relativa variabilidad entre países. Éstos pierden la capacidad para regular tales normativas en función de sus necesidades de desarrollo.

En parte, este movimiento regresivo responde a las características propias de las tecnologías informacionales. Estas posibilitan la copia, sin límites, sin pérdida de calidad y prácticamente a un costo cero. Lo mismo sin son programas de software, música o películas, libros digitalizados o fórmulas químicos de un medicamento. Pero esta es solo una parte de la historia. Sin duda la otra la aporta el contexto ideológico y político del capitalismo neoliberal, caracterizado por una voracidad enfebrecida y una sensibilidad tan fina como la de un trozo de acero.

La mezcla de estas dos cosas da lugar a un movimiento terriblemente regresivo: el de una normativa sobre propiedad intelectual hipertrofiada y absolutamente abusiva que, paulatinamente, se quiere reforzar mediante el desarrollo de otras tecnologías cuyo fin es evitar justo aquello que las tecnologías de la información llevan inherente: la posibilidad de la copia. Son como al modo de “tecnologías contra-informacionales” en guerra con las tecnologías de la información. Constituyen, incluso, una amenaza contra la arquitectura horizontal, paritaria y de doble vía que ha sido base fundamental y rasgo distintivo de la Internet.

Las corporaciones transnacionales, obsesionadas por la ganancia, creen que ésta se ve amenazada por la copia. Sin embargo, esta es una hipótesis que ha sido seriamente cuestionada por diversos estudios. El desarrollo del software libre y de código abierto, demuestra, además, que éste puede ser comercialmente redituable sin necesidad de recurrir a las bárbaras restricciones que están siendo impuestas.

Quieren justificar tales atropellos asegurando que ello es necesario para incentivar la innovación. Esto es simplemente falso. Acontece justo lo inverso: la innovación se frena, y el amiguito de Arias y su Microsoft dan buen ejemplo de ello: sus nuevas versiones del Windows son puros cachiflines publicitarios sin nada relevante que aportar, como no sea el creciente cúmulo de restricciones que limitan el uso de las propias tecnologías. Igual con los medicamentos, en su mayor parte versiones “nuevas” de medicinas viejas, no más eficaces que éstas pero sí más caras.

Este es un mecanismo perverso: frena el libre flujo de información y conocimiento con lo que, a su vez, frena el desarrollo ulterior de ese conocimiento. Así, el capitalismo neoliberal, como el perro chistoso, pero sin la gracia de éste, se muerde a sí mismo la cola. Bloquea su propio proceso de desarrollo al destruir las bases de la innovación tecnológica. Lo peor es que con ello atropella la libertad de expresión y busca ahogar la creatividad y la imaginación, pero, también, pretende construir sociedades donde compartir sea un acto delictivo.

Abril 07, 2007

*Fuente:* Tribuna Democrática

Fracasa último intento del oficialismo para aprobar en extraordinarias Obtenciones Vegetales

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Fracción Partido Acción Ciudadana

La oportuna, corajuda y valiente participación del diputado José Joaquín Salazar y de la diputada Patricia Quirós (ayer en sustitución) impidió las intenciones de último minuto del oficialismo y sus secuaces.

Hoy 27 de marzo de 2007, después de 32 sesiones ordinarias y 12 extraordinarias, con 9 audiencias y aproximadamente 94 horas en sesiones, y después de haber presentado 107 mociones de fondo, 27 mociones de orden y 70 mociones de revisión, y después de habérsele aplicado el Artículo 41 bis, el proyecto no se aprobó en el periodo de sesiones extraordinarias.

El texto sustitutivo que ayer, en forma intempestiva y atropellada, trataron de aprobar elimina las mociones aprobadas en Comisión y que ligeramente mejoraban el contenido del texto; pretende brincarse los Convenios y leyes relacionadas y que protegen la biodiversidad nacional

Durante estos cinco meses de sesiones extraordinarias la diputada Nidia González y los diputados Marvin Rojas y José Joaquín Salazar, con la presencia ocasional pero oportuna de José Merino, tuvieron una discusión y proposición en solitario ya que los defensores del proyecto nunca lo defendieron

Quedó muy evidenciado que los diputados liberacionistas responden únicamente a los dictados de COMEX, y el alejamiento al final del representante libertario

Queremos expresar un reconocimiento sincero al trabajo, voluntad, constancia y coraje de nuestros diputados y diputada de la Comisión de Asuntos Agropecuarios

Gracias

Marta Solano Arias, Despacho Diputada Nidia González
Edgar Isaac Vargas, Despacho Diputado José Joaquín Salazar
Felipe Arguedas, Despacho Diputado Marvin Rojas

El desinformador público

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El cuadro se agrava cuando quienes cumplen con la tarea de informar carecen del nivel intelectual para tratar la noticia o, peor aún, en términos de inteligencia emocional son unos cromañones incapaces de ponerse en el lugar del otro como para entender de qué manera esa noticia ayudará al enriquecimiento de quien la percibe.

Debe ser lógico que en ese contexto los sucesos sean el centro de la labor informativa, el fabuloso mundo del deporte (fútbol, fútbol y más fútbol), seguidos de las frivolidades del mundo del espectáculo, el patineta set y las noticias internacionales hiper comprimidas.

No es difícil imaginar entonces porqué es tan triste ver la forma obtusa, ignorante y simplista con que se aborda la discusión del TLC en los medios de comunicación.

La materialización de esta idea se puede ver en Repretel cada vez que padecemos “TE ELE ¿Qué?”. El segmento responde a la lógica enunciada más arriba: La gente es estúpida (¿Qué?) y las cosas deben ser planteadas de la forma más simple posible. El resultado son microprogramas presentados por una cara bonita que repite los argumentos de Comex y sus comerciales en torno a las infinitas bondades del mentado tratado.

A veces, como el viernes 16 de febrero, el micro es precedido por una noticia que nos habla de lo mal que nos va por no habernos adherido todavía al tratado. En el ejemplo que traigo a colación Repretel se deja decir que Guatemala está al mismo nivel de Costa Rica en materia de inversión extranjera en tecnología. El argumento es que recibió US$50 millones en ese rubro. Si esa cifra se compara con lo que recibió el país en inversión extranjera este año el argumento se cae sin ayuda.

Simultáneamente, ese canal se ha dedicado a buscar (y a encontrar con justa razón) cuanto trapo sucio tengan las organizaciones que se oponen al TLC. Ahora el simplismo se convierte en editorial disfrazado de noticia.

Ese mismo comportamiento lo vamos a encontrar en el resto de los medios de comunicación que impunemente tergiversan las noticias por ignorancia, sesgo ideológico y una impresionante limitación intelectual.

La libertad de prensa es una parte importantísima de la democracia. Sin embargo, la libertad de prensa no significa que un medio de comunicación tenga per se el derecho a informar lo que cree es la verdad como lo estime conveniente. Esa libertad es el derecho que tenemos las personas a informar y a ser informadas con la verdad de la forma más objetiva posible a través de los canales socialmente validados para ese propósito.

Si bien es cierto hay un grupo de personas pensantes que, a favor o en contra del tratado, pretenden una discusión seria y profunda, lo cierto es que toda la sociedad necesita nutrirse de una mejor calidad informativa.
Quizás si se hiciera ese ejercicio podríamos negociar internamente un TLC con aperturas de más largo plazo en telecomunicaciones y seguros, de manera que el ICE y el INS tuvieran tiempo de prepararse para competir dentro y fuera del país, de manera de evitar la catástrofe social que su desaparición implica.

Tal vez, si se informara mejor podríamos evitar la confrontación que parece inevitable porque algunos medios quieren ver sangre a toda costa para poder mostrar que su profecía de opositores sanguinarios era verdadera.
De la misma manera, sería interesantísimo que los medios de comunicación fueran igual de implacables a ambos lados de la ecuación.

Ojalá quienes respaldan el TLC fueran objeto de los mismos cuestionamientos. Ojalá les preguntaran si lo conocen, ojalá les cuestionaran de donde viene la plata para financiar las campañas de promoción, ojalá les preguntaran si es ético gastar dinero de todos y todas en promover el negocio de algunos y algunas. Sería fascinante que nos dijeran a qué vino Felipe González hace un año (además del supuesto seminario).

¿No sería maravilloso que nos enteráramos porqué dos ex presidentes fueron a parar a la cárcel justo cuando a otro se lo habilitaba para ser reelecto? ¿Fue una casualidad o una causalidad?

Pero eso no podrá ser porque al final del día el desinformador público se pondrá la silicona en su lugar, vendrá del salón de bronceado con cara de cansancio listo para ser maquillado y con una gran sonrisa nos dirá viendo directamente a la cámara: “Hola imbécil. Estas SON las noticias.”

Fuente: http://redcultura.com/blogs/index.php?blog=12

La gran agarrada de chancho

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Por ejemplo, nos dijeron que los textos del TLC tenían que ser confidenciales porque tenían una gran estrategia de negociación, y que ni siquiera la Asamblea Legislativa podía tener acceso y que así funcionaba la cosa en EE.UU. Después nos dimos cuenta que de estrategia nada (nuestro TLC se parece a todos los demás), y que el Congreso de EE.UU sí tiene acceso al texto de negociación en todo momento por medio del Congressional Oversight Group.

Después nos dijeron que la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) vencía, por lo cual teníamos que remplazarlo con el TLC, o perder acceso al mercado de EEUU.

Después nos dimos cuenta de que lo que vence es la parte de textiles y que el resto de todo lo que le exportamos a EE.UU no tiene fecha de vencimiento* (es perpetuo).*

De hecho, la gran mayoría de lo que exportamos no depende de nada, ni de la ICC ni del TLC, y menos del 7% de la economía costarricense depende de la ICC. Nuestro déficit comercial es prácticamente tres veces mayor al total de nuestras exportaciones que dependen de la ICC. Cuando salió a relucir que la ICC no vence, entonces nos aseguraron con certeza o con insinuaciones muy fuertes que si no ratificábamos el TLC, nos quitarían de la ICC.

Muchos colaboradores del actual Gobierno nos han asegurado que Estados Unidos eliminará los beneficios de la ICC, y La Nación ha sido el vehículo de esta campaña, reforzándolo con sus propios editoriales. Hay más de 35 artículos que nos dicen que perderemos la ICC sin el TLC. Curiosamente, de vez en cuando sale una noticia de algún alto jerarca de EEUU negando que haya intención de eliminar a Costa Rica de la ICC. Sin embargo, recientemente nuestro embajador en EEUU, Tomás Dueñas, dio declaraciones en La Nación (31-12-2006) de que no había ningún ambiente político para que Costa Rica continuara con los beneficios de la ICC.

A raíz de este tipo de declaraciones, Ottón Solís organizó una visita al Congreso de EEUU y me pidió que lo acompañara. En esta gira fue obvio que nuestro embajador había malinterpretado la realidad política en EEUU. Además, las personas más influyentes del Congreso de EEUU en materia comercial, los señores Charles Rangel y Sander Levin, ven muy poco probable de que nos eliminen de la ICC. Si bien es cierto que el Presidente tiene ciertas potestades para eliminar estos beneficios, también es cierto que no es por cualquier antojo. Tenemos que incumplir ciertos criterios que evidentemente no han sido causal para sacarnos de la ICC en 23 años.

Rechazar el TLC no es causal de eliminación de los beneficios de la ICC

Además hay realidades políticas. El Presidente quiere impulsar una agenda legislativa en lo que le queda de mandato y con una mayoría Demócrata en el Congreso. En ese contexto es que se debe evaluar la probabilidad de que gaste su limitado capital político en un pleito con los demócratas para sacar a Costa Rica de la ICC.

En respuesta a la revelación del real ambiente político en EE.UU, el embajador Dueñas trató de calificar la gira de Ottón Solís como un fracaso de intento de renegociación (La Nación, 08-02-2007). Como yo sí estuve personalmente en las reuniones en el Congreso, y el embajador Dueñas no estuvo, debo corregirlo. Ottón no fue a Washington a renegociar nada. Fue a verificar si lo que nos han dicho desde hace mucho tiempo es cierto, y la respuesta fue clara. Nos han malinterpretado la realidad.

Ahora lo último que nos dicen es que para que vamos a apostarle nuestro acceso al mercado de EEUU a una concesión unilateral, cuando podemos tener derechos permanentes con el TLC. Sin embargo, desde hace mucho tiempo nos dicen que si a Costa Rica le va mal, se puede salir del TLC simplemente denunciándolo. Bueno, EEUU también puede hacer lo mismo, por lo cual en realidad EEUU puede eliminar la ICC o el TLC cuando crea pertinente. No hay tal “derecho permanente” con el TLC.

*Vicepresidente, Cámara de Empresarios Pro-Costa Rica

Cámara de Empresarios pro Costa Rica
Fax 221-3128
Apartado Postal 2606 (1000)
Correo electrónico Empresarios.proCR@gmail.com

Cámara de Empresarios Pro Costa Rica
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EL TLC y los Recursos Hídricos

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Sin embargo, dada la importancia del mismo, y considerando las serias implicaciones que trae para la vida nacional, se hace necesario hacer un análisis serio y profundo, desde una posición serena, que permita entender sin poses ideológicas las verdaderas consecuencias que puede traer para la gestión de los recursos hídricos, la ratificación de este instrumento de comercio internacional.

Con este propósito se ha preparado este material de trabajo, que no pretende abarcar la totalidad de dimensiones de análisis que se requieren para comprender a cabalidad las verdaderas implicaciones del TLC; sino que procura ser un instrumento para provocar la discusión e incentivar a los lectores y lectoras a profundizar en su estudio y comprensión.

El Agua y el Capítulo 17 del TLC.

Una de las principales preocupaciones que diversos sectores tienen en cuanto a lo negociado por Costa Rica en materia de recursos hídricos, es la eliminación de aranceles para la exportación de agua hacia Estados Unidos; hecho que desde el punto de vista de cualquier otra actividad comercial podría verse como una oportunidad y un importante logro; pero que desde el punto de vista de la protección de los recursos hídricos constituye una seria amenaza, por cuanto es de esperarse que este incentivo comercial intensifique la extracción masiva de agua de nuestros acuíferos para su exportación, sin que el país pueda tomar las medidas necesarias para que esta actividad no afecte seriamente la disponibilidad real del recurso.

Lo anterior por cuanto el país carece de una Ley de Recursos Hídricos que regule esta actividad comercial en forma eficiente y que dote a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ente rector del recurso; de los instrumentos y mecanismos de control, prevención, monitoreo y sanción que se requieren para una gestión integrada, justa, equitativa y sostenible del agua.

Pero aún y cuando Costa Rica tuviera este instrumento jurídico, diversas disposiciones del TLC harían inaplicables muchos de sus contenidos. Por tratarse de un Tratado internacional; de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución Política se encuentra por encima de las leyes nacionales y por lo tanto deroga todas aquellas disposiciones legales o reglamentarias que se le opongan.

Algunos sectores han señalado que lo anterior no es cierto, por cuanto en el marco del TLC, el ambiente se encuentra protegido en el capítulo 17 de dicho tratado, el cual expresamente señala que en materia ambiental ninguna disposición puede interpretarse contraria a la legislación nacional. Alegan que por lo tanto los recursos hídricos se encuentran protegidos por este capítulo. Sin embargo esto no es exactamente así.

El capítulo ambiental del TLC establece claramente que no se considerará como normativa ambiental_ “…ninguna ley ni regulación o disposición de los mismos, cuyo propósito principal sea la administración de la recolección o explotación comercial de recursos naturales…”_ (pág.17-9 TLC) sino únicamente aquella_ “…cuyo propósito principal sea la protección del medio ambiente o la prevención de algún peligro contra la vida o salud humana, animal o vegetal…”_ (Ibidem).

En otras palabras, para efectos del Tratado de Libre Comercio solo se considera materia ambiental aquella referida a la protección y conservación del ambiente, no así aquella que tiene que ver con el acceso, explotación y uso de los recursos naturales; lo cual se considerará excluido del capítulo 17 y por tanto regulado por las disposiciones comunes a cualquier otra inversión.

Como es de suponerse, la Ley de Recursos Hídricos es una norma cuyo objeto fundamental de regulación es el aprovechamiento del agua (régimen de concesiones, priorización de usos, acceso y aprovechamiento comercial, etc.). Por lo tanto todas estas disposiciones quedarían desprovistas de la protección del capítulo ambiental del TLC, lo cual implicaría que el Tratado prevalecería sobre nuestra Ley de Recursos Hídricos, excepto en cuanto a la parte de protección y conservación del recurso.

Pero incluso; ya específicamente en materia de protección y conservación del ambiente (que es la única que para efectos del Tratado se considera como “legislación ambiental); aún y cuando ciertas disposiciones del Capítulo 17 parecieran ir dirigidas a comprometer a los Estados a no hacer más laxa su normativa ambiental, lo cierto es que el problema principal no está en este punto, sino en la imposibilidad de aplicar dicha normativa en función del capítulo de Inversiones y otros temas relacionados por la seria amenaza de sufrir demandas multimillonarias por parte de empresas que sientan sus intereses comerciales lesionados como se verá más adelante en la sección sobre las capacidades de regulación del Estado y el TLC.

El Agua Potable y el TLC

Se dice por parte de quienes promueven la ratificación de este acuerdo comercial, que Costa Rica logró que en el anexo II sobre “medidas disconformes” se incorporaran disposiciones relativas a la prestación de servicios de suministro de agua potable y alcantarillado sanitario, por medio de las cuales Costa Rica se reserva el derecho de “adoptar o mantener cualquier medida” para regular estos servicios.

Con lo cual, se afirma, la apertura de los mismos no sería una exigencia de parte de ninguna empresa multinacional interesada en desarrollar mercados de aguas a través de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, los cuales históricamente, han sido prestados por instituciones del Estado, las Municipalidades y las propias comunidades a través de las Asociaciones Administradoras de Acueductos Comunales (más conocidas como ASADAS).

Sin embargo, lo anterior tampoco es cierto; ya que el texto introducido por Costa Rica dice que la reserva anterior aplica_ “siempre que se trate de servicios sociales que se establezcan o mantengan por un interés público.”_ Esto trae consecuencias muy importantes que deben ser analizadas.

En primer lugar cualquier acueducto o sistema de alcantarillado que no se considere un “servicio social” y que además no tenga una “declaratoria de interés público” queda fuera de esta medida disconforme y por tanto puede ser privatizado.

¿Cuántos acueductos de Costa Rica están definidos como “servicios sociales” y cuántos de ellos tienen, además, una declaratoria de_ “interés público”_?

Absolutamente ninguno, en primer lugar porque la categoría “servicio social” no existe dentro de la legislación nacional; y en segundo lugar porque dicha categoría jurídica en el nivel internacional no incluye la prestación de servicios de agua potable o saneamiento; pero además por cuanto la propia declaratoria de “interés público” es un acto formal que debe realizar el Estado a través de un procedimiento establecido que hasta el momento no se ha realizado para ningún acueducto de agua potable o sanitario. Por tanto esta medida disconforme resulta simplemente inaplicable en nuestro país.

Para poner un ejemplo que ilustre el riesgo al que se enfrentan las comunidades:

Una Asociación Administradora de Acueductos Comunales (ASADA) debido a que como se ha dicho su acueducto no constituye un “servicio social” que tenga además una declaratoria de_ “interés público”_; tendrá que competir por la concesión de agua sobre una misma fuente, con una Sociedad de Usuarios de hoteleros turísticos; o una empresa multinacional interesada en envasar agua para la exportación, sin que el Estado pueda establecer acciones afirmativas que le den prioridad a la ASADA sobre la Sociedad de Usuarios o sobre la empresa multinacional.

Ha sido ampliamente documentado el desastre que significó la participación de multinacionales y otras empresas privadas en la prestación de servicios de agua potable en Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú y otros países de Sudamérica; todos los cuales, han iniciado procesos de renacionalización de dichos servicios públicos ante el terrible impacto que significó la privatización de estos, para los sectores sociales más vulnerables.

El agua, la capacidad reguladora del Estado y el TLC

Un tercer elemento a considerar en este breve análisis es el relacionado con la capacidad regulatoria del Estado en materia de ordenamiento territorial, planificación urbana, zonificaciones de uso del suelo, planificación por cuencas, y formulación de planes reguladores.

Estas capacidades, que de hecho representan algunos de los instrumentos de gestión de los recursos hídricos y del ambiente, más importantes, eficientes y modernos; se pueden ver seriamente afectadas con la entrada en vigencia de este Tratado de Libre Comercio.

Una vez aprobado el TLC será muy difícil establecer planes de cuenca, o planes reguladores que establezcan restricciones a actividades productivas o a la propiedad, o zonificar áreas de recarga, o impedir en sitios estratégicos el desarrollo de actividades productivas.

La normativa sobre “expropiaciones” en el TLC nos hace vulnerables a eventuales demandadas multimillonarias por parte de empresas que se sientan lesionadas por este tipo de medidas (esto no es una presunción, sino que ha ocurrido ya en países como México o Canadá con resultados catastróficos para el ambiente y la economía).

Este tema de las eventuales demandas es sumamente importante, porque al establecer el TLC que la resolución de controversias debe hacerse en tribunales arbitrales internacionales, provocará que el Estado tenga que destinar cifras multimillonarias solo para afrontar los procesos judiciales, aún y cuando no haya condenatorias.

Como bien lo señala Colmenares Mejía: “En el marco de los TLC el capítulo de Inversiones es crucial; en él se establece que las controversias que surjan entre los Estados firmantes y los inversionistas extranjeros, por presuntas violaciones del derecho de propiedad, serán dirimidas por tribunales arbitrales internacionales, cuando así lo soliciten dichos inversionistas, quienes podrán exigir una compensación por cualquier acto gubernamental que afecte sus ganancias potenciales. Queda establecido que tales demandas las pueden realizar las empresas contra los Estados, pero éstos no pueden hacerlo contra las empresas.”

En un informe para la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (del 17 de marzo del 2003) la Asociación Americana de Juristas (entidad consultiva especial de esta Comisión) señala que:

“En efecto, diversas corporaciones han ganado litigios arguyendo que las normas ambientales transgreden su derecho como inversionistas a tener utilidades. Los gobiernos han llegado a pagar millones de dólares a corporaciones mediante arreglos extrajudiciales” como se verá más adelante.

Por ejemplo, el Gobierno de la ciudad de los Ángeles fue demandado por una empresa canadiense cuando este prohibió un aditivo contaminante en la gasolina. Finalmente la ciudad ganó el proceso arbitral, pero solo su defensa le costó US$6 millones de dólares (ver más adelante resumen de este y otros casos similares).

Debemos preguntarnos, ¿Cómo harán municipalidades como la de Talamanca, La Cruz, Golfito o Miramar si al pretender regular una actividad maderera, o minera, o petrolera, estas empresas deciden demandarlas en un Tribunal Arbitral Internacional? ¿Con qué recursos se defenderían? ¿Y si no fuera solo una, sino dos o tres las demandas, como le sucedió a México?

Debemos preguntarnos si el riesgo a eventuales demandas millonarias puede desestimular a muchos alcaldes, a muchos Gobiernos Locales; y hacerles desistir de tomar medidas regulatorias en sus territorios que puedan afectar los intereses de las empresas.

Por último; otro tema que preocupa a muchísimos sectores, es el relacionado con la capacidad del Estado de priorizar los usos del agua, que actualmente se han establecido en el nuevo Proyecto de Ley del Recurso Hídrico.

De conformidad con este proyecto, se considera como uso prioritario por encima de cualquier otro, el consumo humano (y se debe aclarar que en esta priorización la venta de agua embotellada, no se considera “consumo humano” ya que la misma es categorizada como “actividad comercial”).

En segundo lugar, de conformidad con dicho Proyecto de Ley deben considerarse las necesidades del ecosistema (caudal ambiental) y después de estos dos usos primordiales; se priorizan los distintos usos según la capacidad de carga de la cuenca, pero también considerando las condiciones ambientales y sociales particulares de estas.

Con la entrada en vigencia del TLC nada de esto se podría hacer, ya que cualquier priorización de ese tipo puede considerarse como discriminatoria por cualquier empresa afectada y por tanto entablar procesos arbitrales contra el Estado, las agencias de cuenca; o los gobiernos locales que pretendan establecerlas.

En todos los casos anteriores, las empresas “afectadas” podrían demandar al país por sumas multimillonarias ante tribunales arbitrales internacionales; procesos que aún y cuando los ganara Costa Rica (lo que por cierto casi nunca ocurre como lo demuestra la evidencia empírica) costarían al país millones de dólares.

Los siguientes son hechos reales, (tomados de: Colmenares Mejía, E., Oxform Internacional y Asociación Americana de Juristas entre otros) y que nos indican a qué se está exponiendo Costa Rica con la firma de este Tratado de Libre Comercio:

  • La empresa Ethyl Corp. (USA) demandó a Canadá porque este país prohibió la venta del aditivo para gasolina MMT por ser una Neurotoxina peligrosa. El Gobierno de Canadá tuvo que pagar US$19,3 millones de indemnización.
  • La empresa Metalclad (USA) demandó a México porque el Gobierno de San Luis Potosí le negó el permiso de construcción y operación de un relleno sanitario de desechos peligrosos por no cumplir normas ambientales y luego de que una auditoría geológica demostró que las instalaciones contaminarían el suministro local de agua. El Gobierno de México fue sancionado con US$ 16,7 millones.
  • La empresa S.D. Myers (USA) demandó a Canadá porque este país, aplicando la Convención de Basilea, prohibió la comercialización transfronteriza de residuos de PCB. El Gobierno canadiense fue condenado a pagar US$50 millones y tuvo que retirar la prohibición.
  • La empresa Sun Belt Water inc. (USA) demandó a Canadá por prohibir la exportación masiva de agua fresca hacia Estados Unidos. El gobierno canadiense fue condenado a pagar $10. 5 millones.
  • La empresa Pope &Talbot (USA) demandó a Canadá porque este país restringió la cuota de exportación de maderas suaves con el propósito de protger sus bosques. La demanda es por US$ 461 millones.
  • La empresa Methanex (Canadá) demandó al Estado de California porque este ordenó retirar del mercado el aditivo para gasolina MTBE (el cual es altamente tóxico para la Salud y el Ambiente). La demanda fue por US$ 970 millones y aunque como se dijo antes, finalmente la ganó el Gobierno de California; tuvo que desembolsar US$6 millones para su defensa en el proceso arbitral.
  • La empresa Desona de Canadá demandó a México porque el Gobierno anuló el contrato de recolección y disposición de basura alegando mal desempeño. La demanda fue por US$ 20 millones.
  • La empresa USA Waster (Acaverde) demandó a México porque el Gobierno de Acapulco rescindió el contrato de barrido y de construcción del relleno sanitario. Demanda por US$ 36 millones.
  • La empresa Karpa, de USA demandó a México porque este país se negaba a rebajar los impuestos de exportación de cigarillos. Karpa ganó $ 1.5 millones.

En todos los casos anteriores las demandas se dieron debido a intenciones de los Gobiernos de aplicar medidas de protección ambiental o de la salud de las personas.

La realidad es que si bien el capítulo 17 señala que nuestros países pueden ser multados hasta por $15 millones por no hacer cumplir su legislación ambiental; lo cierto es que es mayor el riesgo a condenas mucho más elevadas si se adoptan medidas y regulaciones ambientales que puedan lesionar los intereses comerciales de tales empresas. Tal contradicción es real, es intrínseca a nuestro TLC y quienes lo defienden reiteradamente se niegan a debatir al respecto.

Existen muchos otros casos similares en materias no relacionadas con Ambiente, pero que igualmente han implicado un fuerte impacto para la economía de México e incluso de Canadá, siendo las más beneficiadas en todos estos litigios, las empresas de Estados Unidos.


¿Está nuestro país en capacidad de resistir semejantes demandas?

¿Podríamos afrontar los costos millonarios que implica ir a un proceso arbitral aún y cuando no nos condenen?

El temor a demandas multimillonarias, o a procesos arbitrales con costos millonarios, podría llevar a nuestros Gobiernos a preferir no regular el desempeño ambiental de empresas transnacionales, o a hacerse la vista gorda sobre los posibles impactos de actividades dañosas por parte de estas.

Esto tampoco es un temor infundado, sino otra lamentable realidad que ya está ocurriendo en el caso de México; donde lejos de mejorar la calidad ambiental del país (como se había prometido con el TLC) el ambiente ha sido, junto a los pequeños y medianos productores, el gran perdedor:

En estadísticas mencionadas por Oxfam Internacional, se indica que a 6 años de vigencia del NAFTA “la situación histórica de agotamiento de los recursos y la contaminación, lejos de disminuir se venían acelerando…El costo de la degradación ambiental alcanza el 11% del PIB (cerca de US$36.000 millones anuales); y mientras el valor del daño del capital natural creció 20% el porcentaje destinado a su reparación disminuyó más del 50%.”

Otras fuentes citadas por la Asociación Americana de Juristas revelan que:

  • En zonas maquiladoras el crecimiento de la polución y los desechos químicos han incrementado los casos de hepatitis y enfermedades congénitas.
  • El uso de plaguicidas y fertilizantes se triplicó desde 1996.
  • En Estados como Guerrero los bosques han sido talados hasta en un 60%.
  • Seis millones de campesinos han perdido sus tierras y empleo.”
  • Se han dejado de cultivar 2 millones de hectáreas de maíz como producto de la invasión masiva de maiz subsidiado desde USA, dejando en la miseria a millones de familias y aumentando la migración hacia aquel país a razón de un millón de personas al año. (Terre des Hommes-Managua)

Ver Cuadro 1
Fuente: VILLAMIZAR, Alejandra. Impactos ambientales de la liberalización económica. Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. Oxfam International. Dic. 2001.

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (NAFTA) no deja duda posible de que México fue el gran perdedor en materia de soberanía alimentaria, agricultura y ambiente.

Existe suficiente evidencia empírica (más allá de los deseos de los promotores del TLC) que ponen en evidencia los riesgos reales a los que se exponen nuestro país con la ratificación del TLC; riesgos que incluso el mismo Banco Mundial reconoce cuando en su Informe del 2005 señala la inconveniencia para los países pobres de ratificar Acuerdos Bilaterales con países como Estados Unidos. .

Todos los anteriores son hechos reales, no son producto de la imaginación, ni del temor, ni son producto de las pasiones o de posiciones ideológicas. Los promotores del TLC aducen que una cosa es el NATFA y otra cosa es el CAFTA, dicen que nuestro capítulo de inversiones es distinto, así como el de regulaciones ambientales; pero lo cierto es que este Tratado, tal como lo advierten expertos y agencias internacionales, así como organismos financieros y de cooperación; está concebido en los mismos términos en fue concebido el NAFTA, para beneficiar el comercio por encima de otras consideraciones de tipo social o ambiental, para beneficiar a las empresas transnacionales y no a la población.

En resumen, tanto por la eliminación de aranceles, como por la restrictiva definición de lo que se entiende por “legislación ambiental” en el marco del Tratado; como por la débil medida disconforme negociada por Costa Rica en materia de agua potable y saneamiento; por la abusiva definición de “expropiaciones” que contiene el Tratado, y ante la amenaza real de sufrir demandas millonarias por parte de empresas multinacionales; el TLC representaría una seria amenaza para la capacidad de gestión del Estado; y para garantizar un aprovechamiento equitativo, racional, sostenible y democrático del agua en nuestro país.

El principio precautorio, una máxima del derecho ambiental reconocida internacionalmente que establece que la falta de “certeza científica no debe ser pretexto para permitir actividades que pudieran ser dañinas para el ambiente o para no tomar las medidas necesarias para su protección” debe ser razón suficiente para que no aprobemos este TLC tal y como ha sido negociado actualmente.

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(*) Especialista en Derecho Ambiental y de los Recursos Hídricos. Presidente de la Fundación para el Desarrollo Urbano (FUDEU); miembro de la Asociación Mundial del Agua (GWP) y coordinador de la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA). Ha Sido profesor de legislación ambiental en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional; y ha participado en la formulación de diversos instrumentos jurídicos de regulación del agua y del ambiente en Centroamérica.