Primero el Papa, ahora Bachelet

Hace 20 años, Arias se dedicó con tesón a persuadir sobre la necesidad de lograr acuerdos de paz en una Centroamérica convulsa. Los compromisos de Esquipulas fueron la auténtica recompensa por esos esfuerzos de convencimiento. El Premio Nobel vino como añadidura para el gobernante de un país que abolió el ejercito y declaró la Neutralidad ante los conflictos bélicos.

Hoy día Arias se empeña en una nueva empresa: la aprobación del TLC. Sin embargo, lejos de tratar de disuadir con argumentos sólidos, diálogo respetuoso y debate sistemático, el Presidente busca imponer su voluntad acelerando los trámites legislativos, promoviendo el lanzamiento de una costosa campaña publicitaria y solicitando al Papa y a la Presidenta de Chile que vengan a instruirnos sobre las virtudes del Tratado con Estados Unidos.

En la Asamblea Legislativa hay quejas sobre la forma antojadiza en que la Comisión de Asuntos Internacionales concede las audiencias y recorta el tiempo otorgado a las personas y organizaciones que llegan a presentar sus puntos de vista y enfoques sobre el TLC. En algunos casos el lapso para las exposiciones es de unos pocos minutos.

En cuanto a la campaña publicitaria, el Ministro de Comercio Exterior declaró a la prensa que el Comex prepara otra acometida mediática. “En medios de comunicación y en reuniones de grupos el gobierno realizará una nueva ofensiva de apoyo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”, reseñó un matutino citando a Marco Vinicio Ruiz.

No cabe duda que en una democracia es obligación de las autoridades gubernamentales informar a los ciudadanos, pero las crónicas deben ser ciertas, confiables y oportunas. El debate democrático solo puede sustentarse si hay veracidad en la información. Utilizar la prensa para respaldar la posición de un gobierno, desoyendo los argumentos en contra, es una manera aviesa de presentar la información, comparable al modo en que lo hacen los regímenes totalitarios.

Sobre la solicitud de Arias al Papa, ya se ha escrito mucho acerca de ese lamentable episodio que reflejó no solo impericia diplomática, sino también desconocimiento de las formas como se relaciona la Santa Sede con sus obispos. Sin embargo, el incidente sirvió para que la Conferencia Episcopal costarricense reiterara sus preocupaciones de carácter ético respecto al TLC.

Ahora el presidente Arias, quien no parece reconocer el yerro cometido en el Vaticano, repite la misma solicitud a Michelle Bachelet durante la inauguración del segundo mandato de Uribe en Colombia.

El Presidente de Costa Rica “nos ha pedido que enviemos una misión chilena de alto nivel, con personas que han negociado los TLC en Chile, para ayudarles a que la situación que hay allá, del Tratado con Estados Unidos, que está trabada, pueda destrabarse”, declaró el canciller chileno Alejandro Foxley.

Debo admitir que me parecen muy desacertadas, por decir lo menos, estas gestiones presidenciales para que vengan desde afuera a decirnos lo que debemos hacer.

Seguramente pienso así porque estoy convencido de que somos los costarricenses los que tenemos la responsabilidad de escoger el camino que queremos recorrer. y creo no estar equivocado.

8/11/2006

Triste historia de la semilla

En aquellos años de mi niñez y adolescencia, escuchaba decir a mi padre y a mi abuelo que el campesino que se comía la semilla estaba perdido. La semilla, así considerada, era señal de continuidad de cada cosecha. Por ejemplo, se escogían las mejores mazorcas y de ellas los granos gordos para sembrarlos el próximo año. Los vecinos intercambiaban semilla y así, cada año, se iba mejorando la que era sembrada.
A lo largo de milenios de trabajo, la observación y la inteligencia iban mejorando lo que era sembrado; resultado del avance de una cultura puesto que lo arriba dicho era repetido en todas partes y a lo largo de centurias. A este esfuerzo se sumaron con el tiempo universidades y centros de investigación que mejoraban semillas en beneficio de la sociedad. En nuestro continente había por todo ello variedad genética.

De repente, la investigación combina la codicia con el trabajo de milenios Centros de investigación desarrollan ciertas características en la semilla producida por el avance de milenios y, lo inconcebible, logran que en los Estados Unidos la Corte Suprema autorice que se patenten formas de vida y que tales patentes estén protegidas por leyes que vela por la “propiedad intelectual”.

Si un laboratorio introduce un cambio genético en una semilla puede patentarlo en beneficio propio y, por lo tanto, en perjuicio de la humanidad; ¿podrían hacer lo mismo quienes por miles de años mejoraron la semilla partiendo de la creación y cooperando con el desarrollo sostenible? Claro que no, loas poseedores del “poder” se protegen entre sí y los campesinos no pueden probar su contribución, ni mucho menos individualizar los méritos de sus logros. La Corte Suprema de los Estados Unidos, por una mera interpretación, puso en manos de unas pocas corporaciones la suerte de la semilla y con ella la suerte de la agricultura y la alimentación en su propio país.

Pero el poder de la codicia es increíble, con motivo de las ideas de “libre comercio” y de “globalización”, en 1992 se firma y se entra en vigencia el tratado de Libre Comercio de Norteamérica y con éste se les impone a los países firmantes la aceptación de las leyes de la propiedad intelectual vigentes en Estados Unidos. A partir de ese momento la presión se cierne sobre el planeta entero, a cuyos países se les dice y presiona para que acepten las normas de protección a la propiedad intelectual típicas de la nación del Norte como condición básica para tratar con ella en lo económico y financiero. Es de aclarar que la semilla patentada (o eventualmente el animal de una raza patentada) deberá pagar cada cosecha los derechos que la patente demande y será presa del uso de determinados fertilizantes, pesticidas, puesto que la semilla condiciona su consumo.

La civilización a la que pertenecemos, planetaria y diversa como es, se ha negado por milenios a aceptar la imposición de monopolios sobre materia viva por consideraciones de carácter cultural, ético, sociológico, religioso, natural, legal y tecnológico.

Hoy, para algunos economistas y políticos, las consideraciones religiosas, éticas, culturales y sociológicas, no son de importancia; lo tecnológico lo vencen con capacidad y conocimiento; lo legal lo arreglan por ser la vía del uso del dinero y lo natural es también superado por la falta de ética y oral, que olvidan con facilidad corrupta que el hacerse dueño de un don de la naturaleza que pertenece a la humanidad es un delito. Sobre todo si se impone tal pertenencia en razón del poder político, militar o económico, como sucede en nuestros días.

En ese nuestro mundo en que los jefes de gobierno de los países pequeños buscan dueños para ellos y para sus pueblos cuando visitan la meca del dinero, resulta difícil que se comprometan a defender –junto con sus pueblos- la suerte de la semilla, de la materia viva.
Quienes han visto a las grandes corporaciones buscando –y desgraciadamente obteniendo- apertura y privatizaciones de empresas y servicios públicos y creen que ello es “aceptable” es hora de que se den cuenta de que también pretenden obtener –y lo están logrando con la corrupta complicidad de muchos- la privatización de la materia viva y con ella la privatización de la agricultura y la producción de comida, valga decirlo de manera clara, la privatización de la totalidad de los bienes comunes.

Entre otras muchas razones, el no aceptar, como Presidente de Costa Rica, que nuestra vida quedara sujeta del todo a la privatización –_“privatización de la biodiversidad”_, imagínese- fue base para no aceptar que mi país firmara los compromisos impuestos por el Gatt, hoy conocido como Organización Mundial de Comercio y por la Unión Internacional para la protección de obtenciones vegetales (UPOV). Mi cultura costarricense me enseña a pensar que, quien no tiene semilla, está perdido.

Fuente: cr-solidaria@costarricense.cr.

TLC: Inevitables consecuencias en la Caja Costarricense de Seguro Social y la salud pública

El TLC compromete seriamente la salud de los y de las costarricenses

Si la CCSS sólo tuviera que comprar medicamentos de marca, el 81 % de ticos quedarían sin medicinas.

Actualmente de los lotes anuales de medicamentos que adquiere la institución, el 67 % es genérico, debido a que estos medicamentos han demostrado ser iguales en eficiencia, seguridad y eficacia que los de marca; al tiempo que resultan ser más baratos, lo que garantiza una cobertura mayor y equitativa a la población que hace uso de los servicios de la Caja.

La Dra. Zahira Tinoco, Directora de Farmacoepidemiología de la CCSS, señaló en un seminario organizado por la institución, que los medicamentos genéricos son copias bien hechas y su uso pasa por el laboratorio de control de calidad, además de que el Ministerio de Salud da revisión y aval para su uso.

La CCSS selecciona esos medicamentos con criterios epidemiológicos y tomando en cuenta aspectos científico-técnicos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si la CCSS sólo comprara medicamentos de marca, nada más cubriría al 19 % de la población, quedando el 81 % sin acceso, debido a que los medicamentos de marca son muy caros, por eso es que afirmamos que el TLC compromete seriamente la atención de la salud de los y de las costarricenses.

Del presupuesto total de la CCSS, lo que se invierte en compra de medicamentos genéricos es entre un 5 % y un 8 %, representando un óptimo balance entre costo y beneficio, al comprarse únicamente medicamentos de marca. Tales porcentajes subirían astronómicamente, reduciendo drásticamente la capacidad de gestión de la Caja para atender otros ámbitos adicionales al de suministro de medicamentos.

Definitivamente el TLC tiene otros objetivos. Es sin duda alguna, la entrega descarada del negocio de la salud a las multinacionales del mercado de medicamentos y con ello comprometer la funcionalidad de la CCSS con el claro propósito de inducir su desmantelamiento irreversible.

Contrasta esa intención con lo expresado por el nuevo Presidente Ejecutivo de la CCSS, Ing. Eduardo Doryan, quien ha afirmado reiteradamente que viene a la institución a fortalecerla para que funcione mejor, asegurando que su propósito no es privatizar; además de que, según ha dicho, se compromete a garantizar medicamentos esenciales para que estén disponibles en el momento que se necesiten.

Es imprescindible que derrotemos este TLC debido a que compromete y desmantelaría la Seguridad Social costarricense. Así lo hemos planteado a la indicada autoridad.

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El TLC golpeará, inevitablemente, la Seguridad Social del país

En materia de propiedad intelectual, con el TLC se genera una extensión de la protección abusiva, con los plazos de la protección de los datos de prueba y patentes de invención, que van más allá de lo contemplado en el Capítulo ADIPC, que es el anexo que establece los principios de la propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Se estimularán los monopolios de las multinacionales farmacéuticas, en perjuicio de la población que requiere de las alternativas competitivas de calidad.

El concepto de “producto nuevo” que se incorpora como modalidad de protección de los datos de prueba, extiende la protección monopólica, no sólo de los inventos sino a “cualquier producto” que no sea un invento y no se haya registrado para su comercialización en nuestro país.

Los datos de prueba contienen la información de seguridad y eficacia que surge de los productos inventados que eventualmente se quieran comercializar. En el TLC la patente de invención tiene una protección independiente de la protección de los datos de prueba, lo que consecuentemente genera dos plazos de producción independientes el uno del otro, garantizando dos monopolios de la producción independiente.

Lo pactado en el TLC son normas tendenciosas y abusivas, porque van a extender la protección en perjuicio de la participación en el mercado de los productos genéricos, generando barreras normativas en detrimento de lo esencial, en los convenios bilaterales y multilaterales que es principio de la competitividad.

Por ejemplo, si se inventa un medicamento contra el sida, la inscripción de la patente le da el monopolio de la comercialización a esa empresa, lo que lógica y legalmente le permite poner el único precio del mercado por un tiempo determinado. Lo nocivo de ello no es en sí el monopolio por un tiempo razonable, sino que se procuran plazos de protección más allá de lo razonable como resultado de concesiones abusivas en materia de propiedad intelectual.

Así, los productos genéricos tendrán el impedimento normativo de poder participar en el mercado, como fuente de alternativa comercial. Por diferentes mecanismos, se procura extender esa protección en Costa Rica, lo cual evidentemente perjudica al consumidor porque no tiene opciones ni en competencia de precios ni en calidad, para satisfacer sus necesidades de salud.

“…estuvimos advirtiendo a los negociadores de las consecuencias para nuestro país si se aceptaban esos términos, sin embargo, continuaron por esa vía…”. (Afirmación que hizo en forma categórica el Presidente de la industria farmacéutica nacional, señor Álvaro Camacho).

Agrego que la CCSS no va a morir como tal al estimularse en demasía los monopolios de la multinacional. En la CCSS, que está sujeta a su presupuesto limitado, se va a producir una obsolescencia en los medicamentos existentes en la institución. Tendrá (si no se aprueba con prontitud una agenda complementaria), dos opciones: que no compre medicamentos por ser tan caros o que compre menos y no cubra a la población con otros que requiera para sus necesidades.

Más razones para impedir en las calles, la aprobación de tan nefasto “tratado”.

Agua, un bien público

Habiendo manifestado doña Joyce su respaldo al TLC, resulta paradójico lo que escribió y nos pone a pensar que la única razón por la que puede apoyar el TLC es la defensa de intereses familiares, de su partido o ambos. Porque habiéndose dado cuenta que en el contexto del TLC, al agua se le da trato de mercancía y no de servicio público, el riesgo de quedarnos sin agua es una realidad incuestionable. Definitivamente su paso por la Defensoría de los Habitantes le tocó el alma y vemos que comprendió que el TLC no tiene alma.

Pero ahí no terminan las contradicciones. Por una lado la señora Zürcher anhela que el TLC se ratifique cuanto antes, pero considera urgente antes de dar ese paso se tomen medidas para que se garantice el carácter público (demanial) del agua, puesto que la Ley de aguas resulta insuficiente ante el hecho que un tratado internacional tiene rango superior a las leyes. Aquí nos preguntamos ¿Por qué no ratificamos un acuerdo en lugar de un Tratado y evitamos tanto enredo?

Si estuviésemos ratificando un acuerdo como lo hace Estados Unidos, entonces no estaríamos en carreras, pues para ellos el CAFTA (TLC para nosotros) está debajo de las leyes federales, estatales y hasta municipales. Como buena abogada, además nos alerta sobre otro hecho relevante: las resoluciones de la Sala IV no servirían para proteger el agua pues estas no constituyen jurisprudencia.

Pero volviendo a la explicación sobre el peligro de perder el agua, ¡Nadie lo había explicado tan claro como doña Joyce! No deja duda: con el TLC el agua sale de nuestras manos y la perdemos para siempre. El día menos pensado un gobierno puede inventar que para salir de una crisis fiscal, se concesione el servicio de agua a Bechtel como sucedió en Cochabamba, Bolivia, donde a la gente se le impedía hasta recoger agua de lluvia.

A mí me ha costado mucho explicar a la gente que aunque en el TLC hay cláusulas ambientales que protegen nuestros recursos y los negociadores aseguraban que el agua no estaba en peligro, doña Joyce logra interpretar en forma concisa y clara el peligro y dice: “el agua no está clasificada como elemento ambiental, sino que pertenece al ámbito de los bienes comerciales, lo que haría del agua un bien privado de consumo con implicaciones graves en relación a su regulación, planificación, zonificación y preservación”, nadie lo había explicado tan bien..

Y aunque Dios nos ha bendecido con abundante agua, para proteger este recurso que no es renovable, aunque sí recuperable, de inmediato debe cesar la exportación de agua embotellada, aunque perjudique ciertos intereses, que pagan concesiones ridículas y obtienen grandes ganancias. Nada ganamos si ponemos verjas a toda la casa y dejamos la puerta principal desprotegida.

Con la capacidad demostrada por doña Joyce en el análisis y su habilidad para simplificar conceptos, sería interesante continuara estudiando lo que significa_ “Trato Nacional”_, “Propiedad intelectual”, “Patentes sobre obtenciones vegetales”, “Tribunales arbitrales extraterritoriales”. Con todo lo que encontrará, con seguridad pronto se unirá la lucha contra el TLC, donde hay gente muy buena que simplemente descubrió lo terrible que es el TLC.

Agosto 06, 2006

TLC y energía eléctrica

Gerardo J. Fumero
Ingeniero eléctrico

Costa Rica tiene además, la mayor potencia instalada de Centro América, 1.714 MW, la menor potencia térmica, 282 MW, es el mayor productor de energía eólica de América Latina, con 66 MW y tiene la más alta cobertura eléctrica: 98% de los hogares.

En relación con los precios, al 2003 Costa Rica ocupaba el primer lugar en Latinoamérica, en el índice, “Porcentaje del salario mínimo para adquirir 250 watts”, con solo un 6.16%, le seguían Venezuela con 11.57%, Paraguay con 12.36%, El Salvador con 14.24%, Argentina con 14.75%, Colombia con 16.03%, Honduras con 17.05%, México con 18.52%, Chile con 18.77%, República Dominicana con 26.11% y Brasil con 34.41%.

Eso a pesar de los privilegios que mantienen las empresas cogeneradoras, a las cuales el ICE se ve obligado a adquirir la energía a precios un 247.5% más caros que los que a la institución le cuesta producirla.

Según datos de OLADE, la factura petrolera de la industria eléctrica en Centroamérica, pasó de $47 millones en 1990 a $211 millones en 1998, pero a partir de entonces se duplicó en solo 4 años, ya que pasó a $444 millones en el 2002.

Precisamente en 1998 se dan los procesos de apertura y privatización en el resto de los países de Centro América.

En Costa Rica, aunque con una apertura del 30% en generación, (Ley 7200 y su reforma, Ley 7508), el ICE ha mantenido un claro predominio del mercado.

Sin embargo, este quedaría totalmente abierto, de acuerdo con el Capítulo XI del TLC: Servicios Transfronterizos.

Además, entre las Medidas Disconformes, se incluyeron varios artículos de la Ley No 7.200 del 28/04/1990. Se incluyeron también como Medidas Disconformes varios artículos del Decreto Ejecutivo No 20.346-MIRENEM, del 21/03/1991, (Reglamento a la Ley 7200) y del Decreto Ejecutivo No 24.866-MINAE, del 12/12/1995 y algunos artículos de la Ley No 7593, del 9/08/1996, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. De tal forma que estos artículos no podrían modificarse, perpetuando así todos los privilegios que hoy disfrutan en cuanto a concesiones y precios. Además, al no incluir como Medidas Disconformes otros artículos de la Ley 7200 que hoy exigen al menos un 35% de capital nacional para aquellas plantas de más de 20 MW, las futuras plantas podrían ser realizadas en un 100% por capital extranjero.
La apertura de los servicios eléctricos en América Latina no ha resuelto los problemas del sector, ni ha creado competencia; en cambio ha propiciado la concentración del capital.

Sharon Beder, investigadora y profesora de ciencia, tecnología y sociedad, en la Universidad de Wollongong, Australia, asegura que: “Ningún país en el que se haya privatizado el sector eléctrico ha tenido los beneficios esperados. Por el contrario, se ha experimentado falta de inversión, incremento en tarifas y un servicio cada vez más deficiente. La privatización, añadió, puede ser considerada una estafa perpetrada para despojar a la sociedad de su legítimo control sobre un servicio público esencial. Es un truco concebido y ejecutado por grupos de poder que buscan beneficiarse del control privado, advirtió”.

La galardonada en 1992 con el Premio Michael Daly a la excelencia en periodismo científico, recordó que: “…la industria eléctrica de Brasil, que tenía un sistema muy eficaz y confiable principalmente hidroeléctricas administradas por el gobierno, fue privatizada por la presión del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). El resultado fue que las compañías extranjeras compraron el sistema eléctrico, pero no invirtieron en nueva infraestructura y el suministro se tornó tan precario que tuvo que ser racionado en las ciudades y las tarifas se elevaron por encima de los precios prevalecientes en países desarrollados.

http://www.semanario.ucr.ac.cr/

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Información adicional

Apágalo es una campaña nacional de protesta de los consumidores de Chile

Apágalo es una campaña nacional de protesta en Chile, contra las tarifas abusivas de los operadores de telefonía móvil, las que cobran hasta más de 100 veces más por una llamada local desde el celular en comparación a un teléfono fijo (llamada local $2 desde teléfono fijo (horario económico), celular hasta $300 pesos por minuto a teléfono fijo).

En búsqueda de la tarifa plana

En Estados Unidos y Europa los principales operadores de telefonía celular ofrecen llamadas ilimitadas a celulares y red fija en las noches, y los fines de semana todo el día. ¿Por qué en Chile no es así? Tecnológicamente es posible ofrecer esto, sin embargo, los operadores celulares están acostumbrados a obtener utilidades enormes, sin invertir en nuevas tecnologías o bajar las tarifas.

Es por esto que el día 27 de Septiembre de 2006 todos los interesados en cambiar esta situación, vamos a unirnos en una protesta nacional contra el abuso de las operadoras, es muy fácil, sólo mantén apagado tu teléfono móvil durante el 27 de Septiembre de 2006, y así demostrar nuestro descontento masivamente, con el fin de lograr que seamos escuchados, ¡pero de verdad!

No es un trabajo fácil, pero es posible, y sólo depende de ti.

Los invito a participar, y cambiar la forma en que nos comunicamos.

¿Y el futuro? Depende de ti. Apágalo

Tomado de: www.apagalo.tk/

TLC dejará muy endeudado al país

Jeymer Gamboa / Vinicio Chacón
Redactores Semanario Universidad
http://www.semanario.ucr.ac.cr/

Si el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) entrara en vigencia a partir de hoy, el país no tendría “una verdadera fuente de recursos disponible para financiar las acciones que el aparato estatal necesita ejecutar”, advirtió la Contraloría General de la República a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, que le pidió la opinión a esta instancia.

Así de claro queda plasmado en un informe de la División de Asesoría y Gestión Jurídica del ente contralor, el cual agrega que “es factible prever, que el faltante de recursos que se acusa, conduzca a la necesidad de un mayor endeudamiento público, de una nueva y adicional reforma fiscal, y probablemente de una reforma del Estado, todo de alguna manera promovido por el Tratado de mérito”

El documento, identificable con el número DAGJ-1023-2006, está dirigido a la presidenta de dicha comisión legislativa Janina Del Vecchio, con fecha del 21 de junio pasado.

A pesar de que el criterio de la Contraloría tiene siete semanas de estar en el despacho de Del Vecchio, este texto no ha sido divulgado a los otros diputados de la comisión, quienes manifestaron a UNIVERSIDAD desconocerlo totalmente (ver nota “Preocupa endeudamiento por TLC” ).

La historia se repite, al menos con aquellos informes que expresan críticas o preocupaciones sobre el impacto del TLC en el país, puesto que el documento sobre la obligatoriedad de consultar este acuerdo comercial con los pueblos indígenas (ver UNIVERSIDAD No.1674 del 13 de julio), también lo desconocían los legisladores integrantes de esta comisión.

POSIBLES DEMANDAS

Y ¿cuáles son esas_ “acciones que el aparato estatal necesita ejecutar”_ de cara al TLC?. El texto señala que de acuerdo con los compromisos asumidos en el acuerdo comercial “existen responsabilidades, cuyo cumplimiento constituye una obligación ineludible para el Estado costarricense”, pues de lo contrario se expondría al país a la “activación eventual de demandas y a soportar importantes multas por incumplimientos, compromisos que conforman lo que se ha denominado la Agenda de Implementación”.

El documento añade que el carácter vinculante de la agenda obliga al país a darle prioridad, “toda vez que su cumplimiento encierra retos relevantes en términos de la dificultad política, la complejidad técnica y el costo económico de los requerimientos y exigencias que plantean sus componentes”.

Estos retos tienen que ver con los temas de telecomunicaciones, seguros, la contratación pública y la materia aduanera.

El criterio de la Contraloría expresa preocupación por el tema de propiedad intelectual por “los requerimientos que se plantean para la aplicación del Tratado en esta materia, esencialmente en lo que toca a la promulgación de legislación y ratificación de convenios internacionales, así como el fortalecimiento de instituciones como el Registro Público y el Ministerio de Justicia”.

En ese sentido, el informe adiciona a las instituciones que deben ser fortalecidas como son los ministerios de Trabajo, Ambiente y Energía, Justicia, Comercio Exterior, Economía y Comercio, Agricultura y Hacienda.

Ello a juicio del ente contralor “constituye un extremo de vital relevancia pues…este Tratado requiere de una particular atención, toda vez que involucra prácticamente al 50% del comercio exterior del país”.
Sobre la llamada Agenda Complementaria, apunta la Contraloría que busca los objetivos de “maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos que podría generar el Tratado” .

Este requisito se compone de un grupo de acciones que el Estado deberá desplegar, con el propósito “de que el país logre ofrecer a los inversionistas nacionales y extranjeros, la logística necesaria que les permita generar mayor producción, y ofrecerla en el mercado de destino en condiciones competitivas”.
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Diputados desconocen informe de Contraloría

Preocupa endeudamiento por TLC

Vinicio Chacón / Jeymer Gamboa
Redactores Semanario Universidad

Los diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales desconocen el informe de la Contraloría General de la República sobre el TLC, pese a que fue enviado hace siete semanas.

El informe que envió la Contraloría General de la República desde el 21 de junio a la presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, Janina Del Vecchio es desconocido por los miembros de dicha comisión.

A pesar de esto, diputados de diferentes fracciones al ser consultados sobre el documento en poder de UNIVERSIDAD, emitieron criterio sobre las consideraciones que señala el ente contralor, específicamente sobre el endeudamiento público que significaría la puesta en marcha de todas la reformas que conlleva el TLC.

La Jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), María de los Ángeles Antillón, indicó que en la sesión de extraordinarias se convocará el tema de un empréstito para la educación, otro para impulsar la competitividad de la mediana y pequeña empresa y otro para modernizar la hacienda pública.

La legisladora agregó que se “no se trata de un instrumento únicamente para obtener oportunidades para el TLC, sino para poder definir metas de desarrollo que sólo pueden ser vistas con más recursos para el Estado, de ahí la insistencia en la reforma fiscal”.

Para el diputado de Acción Ciudadana (PAC), Francisco Molina es preocupante entrar a un tratado que involucra a tantas instituciones: “hay temas laborales, ambientales, de aduana y propiedad intelectual en los que el país ha mostrado incapacidad institucional, con otros tratados como el de Canadá”.

Molina, quien forma parte de la Comisión de Asuntos Internacionales, apuntó que el TLC “no viene acompañado de recursos que ayuden en su implementación, por lo que nos deja en una desigualdad de trato”.

Sobre el incumplimiento de algunos plazos, comentó que “no sé si vamos a ser sujetos de algún tipo de sanción, esperemos que el TLC no se apruebe y que no sea necesario cumplir con estas fechas”, concluyó.

Por su parte, la jefa de fracción del Libertario (ML), Evita Arguedas se manifestó preocupada por el tema del endeudamiento que significarían los proyectos enviados a extraordinarias por el Ejecutivo con el fin de cumplir con la Agenda de Implementación, “sabemos que mayor endeudamiento significa mayor desequilibrio fiscal, nosotros estamos en contra de endeudar más al país”.

La jefa de fracción socialcristiana e integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales Lorena Vásquez, reconoció desconocer el documento, mas manifestó que “son los mismos argumentos que cuando se aprobaron las garantías sociales, que Costa Rica no tenía recursos y que habrían despidos masivos; hay que entender que a veces no llega el dinero primero, pero hay que tener buena voluntad”.

Vásquez informó que “hemos pedido al Ministerio de Hacienda que nos expliqué cuál es la política de endeudamiento de este gobierno, debe haber un plan progresivo”.

Mientras tanto, José Merino, representante del partido Frente Amplio quien analizó el texto, consideró en primer lugar que “es bochornoso que el criterio de la Contraloría en cuanto a telecomunicaciones y seguros reproduce los argumentos del COMEX; es una vergüenza que haga citas textuales de los mismos exnegociadores, como Roberto Echandi o Anabel González”.

El parlamentario sí encontró criticidad en lo referido al tema fiscal. “La Agenda Complementaria implicará un paquete fiscal muy agresivo, que no sólo deberá rellenar el hueco que dejen las desgravaciones del TLC, sino que busque nuevos recursos”.

Merino también destacó el hecho de que el informe destaque las carencias del acuerdo comercial firmado en materia de cooperación internacional, lo cual incidirá en las acciones que el aparato estatal debe emprender para buscar recursos.

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Unidad de Formación, Información y Comunicación, UFIC-ANEP

Sociedad de Seguros de vida en peligro por TLC

La Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional sufrirá las consecuencias de las obligaciones en materia de seguros, impuestas al país a última hora y sin consulta alguna durante la ronda final de negociaciones del TLC” alertó el diputado José Merino del Río.

El parlamentario del Partido Frente Amplio advirtió que “en el Capítulo 12 del TLC sobre “Servicios Financieros” se le impusieron a Costa Rica una serie de obligaciones, que podrían ocasionar la desaparición de la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional”.

Explicó Merino que los seguros de vida que presta la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional, expresamente fueron incluidos en el tratado (artículo 12.20), de manera que su prestación quedará sometida a las obligaciones de apertura y desregulación que éste establece. Al igual que ocurrió con los seguros sociales que presta el INS, no se hicieron diferencias en razón de si se trata de actividades de naturaleza social o puramente mercantiles. Todas serán afectadas por igual. A su vez, los negociadores de Costa Rica no incluyeron ninguna excepción o reserva que resguarde la actividad especial que realiza dicha Institución.

El TLC utilizó al sistema de “listas negativas” para determinar cuales actividades se encuentran sometidas a las obligaciones del Capítulo 12 y cuales no. Según este sistema tales obligaciones les son aplicables a todas las actividades relacionadas con “servicios de seguros” y a la normativa que las regula; salvo las que expresamente se encuentren mencionadas en las listas del Anexo III (_“Medidas Disconformes de Servicios Financieros”_). En este sentido, todas aquellas normas del país relativas a una determinada actividad de seguros que no estén listadas expresamente deben ser “conformes” con el tratado o, de lo contrario, tendrán que ser derogadas o modificadas. En la Lista de Costa Rica del Anexo III, nada se dice sobre el Código de Educación y la demás normativa que regula la actividad de la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional.

En la Sección H del Anexo 12.5.1 del Capítulo 12 “Compromisos Específicos de Costa Rica en Materia de Seguros”, Costa Rica adquirió la obligación –aplicable a todas las líneas de seguros- de permitir “sobre una base no discriminatoria” a los proveedores de servicios de las otras Partes “competir efectivamente para suministrar directamente al consumidor servicios de seguros transfronterizos” y a establecerse para suministrar dichos servicios en el territorio nacional (artículo III, “Compromisos Graduales de Apertura del Mercado”).

Actualmente, el Código de Educación establece una deducción salarial obligatoria a las y los educadores, que será administrada por la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, para la prestación de servicios de seguros como “proveedor exclusivo” a esta población, en condiciones altamente favorables.

Tales disposiciones serían incompatibles con la obligación de “acceso a mercados” de seguros antes citada. Cualquier empresa transnacional dedicada al comercio de seguros de vida –incluso las dedicadas a la venta de seguros transfronterizos- podrían alegar que se les está “discriminando” y que no se les está permitiendo “competir efectivamente” si no se les autoriza a vender estos seguros a las y los educadores a partir de las contribuciones obligatorias que hoy administra de manera de exclusiva la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional.

Por otra parte el diputado José Merino indicó que el TLC también le impone a nuestro país la obligación de_ “trato nacional”_ en el comercio de servicios financieros, que, de conformidad con el artículo 12.2, inciso 2 y en lo que interesa, implica que Costa Rica se compromete a otorgar “a las instituciones financieras de otra Parte y a las inversiones de los inversionistas de otra Parte en instituciones financieras un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propias instituciones financieras y a las inversiones de sus propios inversionistas en instituciones financieras, con respecto al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de instituciones financieras e inversiones.”

La principal consecuencia de esta disposición es que el Estado Costarricense queda imposibilitado de brindarle condiciones más favorables o un trato preferencial a determinadas instituciones que presten los servicios regulados por este capítulo –incluidos los seguros- en atención, por ejemplo, a su naturaleza o a los fines que persiguen. Así las cosas, las normas del Código de Educación que crean un régimen especial a favor de la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional, así como cualquier otra norma dictada que le otorgue algún beneficio o ventaja a esta institución que no se le conceda también a las empresas extranjeras que vengan a prestar servicios de seguros al amparo del tratado, sería calificada como violatoria de la obligación de trato nacional.

“En tales casos, se obligaría al Estado a eliminar las disposiciones que establecen un tratamiento diferenciado en beneficio de la Sociedad de Seguros del Magisterio, o bien, a otorgarle las mismas condiciones y beneficios a las empresas trasnacionales dedicadas a las comercialización de seguros. En ambos supuestos, la consecuencia final es que se desnaturalizaría por completo esta institución social, amenazando severamente su permanencia”, concluyó el diputado del Frente Amplio, quien reclamó finalmente que las organizaciones del magisterio nacional nunca fueron consultadas sobre los alcances de las obligaciones que afectarán directamente conquistas sociales de sus afiliadas y afiliados.

Foro Ambiental “No al TLC”

I. El TLC EEUU-CA RD significa un golpe de Estado que supedita y elimina los alcances de la legislación nacional, incluida la normativa ambiental y coloca al país en un estado de indefensión absoluta frente a los intereses de los inversionistas externos y en particular de los Estados Unidos por medio de las cláusulas de “trato nacional”,_ “Estado inversionista”_ y “Nación más favorecida”.

II. El TLC es un intento más del capital corporativo mundial por consolidar su control global, tras los fracasos del libre comercio vividos en las cumbres de Seattle 1999, Doha 2001, Cancún 2003, Consejo General de la OMC en el 2004. Además ratifica la política de expansión privada, inversión externa directa, desnacionalización desarticulación de los estados nacionales, eliminación de la seguridad social y ambiental, que se manifiestan también en el Area de Libre Comercio de las Américas, el Plan Puebla Panamá, el Plan Colombia, el Plan Andino, la Iniciativa de de Integración Regional de Infraestructura de América del Sur y el Proyecto S-2435 de la Administración Bush para su “seguridad energética” en el continente.

III. Por su visión mercantilista, el TLC convierte a la naturaleza en una simple cantera de materias primas explotables, como se demuestra en las inversiones petroleras, de gas natural, de minerales, de agua, y otros, para lo cual requiere eliminar los instrumentos jurídicos de los pueblos y comunidades locales para defenderse de los proyectos de inversión que atentan contra la calidad de vida y la cultura.

En temas específicos, este Foro considera que:

1-. Agua.

El TLC y el libre comercio amenazan el agua en los siguientes sentidos: Primero, amenaza el régimen de propiedad, la legislación y la institucionalidad que favorece el control público y la participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico.

Es decir, el TLC amenaza el acceso, la cantidad, calidad y continuidad del servicio público del agua, el cual quedaría en riesgo de ser concesionado y privatizado en manos de empresas transnacionales. Segundo, somete al agua a una demanda creciente e incontrolada por parte de grandes inversionistas extranjeros y nacionales. Tercero, somete al agua en las áreas de recarga acuífera y en las áreas de protección de nacientes, a riesgos crecientes de contaminación y deterioro de su calidad. Cuarto, el agua envasada es considerada una mercancía en el marco del TLC, ello impulsará el negocio de la exportación del agua sin posibilidades de regulación.

2-. Biodiversidad y propiedad intelectual.

El TLC podría convertir la biodiversidad en mercancía. La diversidad agrícola se convierte en mercancía y los derechos de los agricultores son violentados con el TLC al exigir la adhesión a la UPOV91 (Unión para la protección de obtenciones vegetales acta de 1991), que otorga una forma de propiedad intelectual sobre variedades de plantas y al demandar además que el país haga todos los esfuerzos razonables para otorgar patentes sobre plantas.

El TLC es una herramienta para convertir los posibles beneficios públicos de la biodiversidad silvestre, en utilidad económica privada, convirtiendo los permisos de bioprospección en contratos de inversión. Un contrato que difícilmente podría ser anulado y condicionado por las comunidades y el estado costarricense Todo elesfuerzo que se ha gestado para obtener una normativa ambiental en materia de biodiversidad caería en menos, Principalmente el convenio de la diversidad biológica entre otros.

El TLC imposibilita que las comunidades y sus gobiernos locales protejan y administren su biodiversidad. Por ejemplo las comunidades libres de transgénicos de Costa Rica podrían ser impugnadas por corporaciones en arbitrajes internacionales argumentando que su rechazo a semillas y granos transgénicos es un obstáculo al libre comercio o eventualmente una expropiación indirecta tal y como se establece en el TLC.

La defensa de la biodiversidad requiere trabajar en la construcción de territorios libres de transgénicos, rescatar y proteger las semillas criollas producto de un esfuerzo campesino e indígena milenario. También que sea aprobado el proyecto de Ley de Garantías Ambientales que establece en su artículo 76 la diversidad biológica y sus componentes de dominio público, así como la aprobación del proyecto de ley para el fomento de la Agricultura Orgánica.

3-. Agricultura y Seguridad Alimentaria

En materia de agricultura y seguridad alimentaria, el TLC es la culminación de las políticas de apertura que se vienen aplicando en el país desde la entrada de los PAE. Estas políticas, que desde ya son amparadas y promovidas por el MIPRO están en función de las grandes empresas agropecuarias transnacionalizada y atentan abiertamente contra el derecho del país a producir sus alimentos (soberanía alimentaria) y de los consumidores a contar con los productos básicos (seguridad alimentaria). El TLC amenaza y atomiza la organización campesina, e impulsa una “agricultura sin campesinos” que consideramos inaceptable. Agudiza la tendencia de concentración de tierras en manos transnacionales.

4-. Recursos marino costeros

El TLC perpetúa la entrega del atún, que es el recurso marino de mayor importancia económica del país y consolida los privilegios que otorga la Ley de pesca y acuicultura a las pesqueras transnacionales (Art. 55), mediante las listas de excepciones que imposibilitan cualquier modificación de la misma.

Con el TLC hay apertura total del mar territorial, zona que en la actualidad es privilegio de los pescadores artesanales nacionales, condenando este sector a su desaparición.

5-. Energía

El TLC elimina el modelo solidario que existe en Costa Rica en materia de energía y le da el mismo trato que una mercancía. Existe en el país y en Centroamérica una demanda creciente de electricidad, que actualmente significan un mercado regional de 2000 millones de dólares al año que tanto el ICE como los generadores privados quieren aprovechar. Por ello quieren construir más infraestructura sin tomar en cuenta los impactos en las comunidades. Para eso necesitan un marco legal que liberalice la generación, distribución y comercialización. Esto ya se ha venido haciendo con las leyes de generación y cogeneración privada (Ley 7200) y sus reformas (Ley 7508). El TLC consolida el modelo de privatización existente y lo hace irreversible.

6-. Bosques

El TLC consagra una visión que busca la mercantilización de todo, incluyendo la naturaleza. Así, por ejemplo, en el TLC la Ley Forestal no se considera parte de la legislación ambiental, si no que se convierte en una ley comercial como muchas otras, sometida a los principios del libre comercio. Por otra parte, el TLC, al fomentar los megaproyectos y agricultura de monocultivos afectará y perjudicará los sistemas agroforestales en el país, así como los bosques bajo cualquier categoría de manejo y protección. Continuará expandiéndose el turismo masivo, y la tala rasa del bosque en las zonas marítimo terrestres. Crecerá el comercio de productos forestales, algunos ya de por si sobreexplotados. Los proyectos sustentables de producción de madera a pequeña escala no tendrán oportunidades. Los territorios indígenas se verán amenazados pues allí se conserva gran parte del bosque primario del país.

7-. Minería y petróleo

Con el TLC, las comunidades no pueden definir el tipo de desarrollo y el recurso cultural desprotegido. La posibilidad de una demanda (chantaje) obligaría a SETENA a aprobar proyectos. Solo un estado puede demandar a otro por no aplicar su legislación ambiental y las comunidades no sería parte en tribunales internacionales que resuelven las disputas y los costos de estos procesos tendrían que ser asumidos por los estados. En estos casos las decisiones de gobiernos locales pueden ser cuestionas y hasta anuladas por los tribunales internacionales.

Los y las participantes en el Foro Ambiental “No al TLC” llamamos a las comunidades nacionales a manifestarse y realizar iniciativas propias de resistencia que incluyan información, comunicación, capacitación, acciones callejeras y articulación con otros actores sociales contra el TLC y a defender las conquistas nacionales que garantizan el acceso, control nacional y participativo, así como el uso respetuoso de la naturaleza.

Invitamos a cada comunidad a organizar una jornada nacional de acciones locales contra el TLC para celebrar el 15 de Setiembre, día de nuestra Independencia Nacional.

“Por la Vida y la naturaleza, no hay ambiente para el TLC”

ACIAR
ADACORI
ADELA
AESO
AETMA
Amigos del Pacuare
ANEP
APPTA
APREFLOFAS
APROAGRO
ASADA de Poás, Aserrí
ASCOMANFOR-MAOCO
Asoc. Cacaoteros
Asoc. Voz del Pueblo
ACORACI
Asociación Curré
Asociacion de Estudiantes de Trabajo Social, UCR
Asociación Ngöbegue
ASODECAH
ASTRAA
ATACO
Bosques Nuevos para La Vida
Centro de Amigos para la Paz
CEPAS
CMC
CNE
CODECE
CODEHU
COECO-Ceiba-AT
Comité Civico de Occidente
COPALCHI
COPROARENAS
Costa Rica para todos
COSUR
Covirena Cacao
ECOSOLUCIONES
Era Verde, Canal 15
FANCA
FECON
FECOU
Frente Agrario
Frente Amplio
Fundación Coyoche
Fundación Pacificar
Fundación Sol de Vida
Geofunmendez
Grupo Calufa
Grupo percusión Aruko Waria Y Massa Divo
MAOCO
MNC
Movimiento Estudiantil Alternativo
Ngöbegue
Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, CEDARENA
PROAL
PRT
Red Coordinación Biodiversidad
Signos Externos
SITEPP
SITRAPINDECO
Sol Verde
UNAG
UNICRESE
UNO VIDA
UPANACIONAL
Voces Nuestras

29 de julio 2006

Agenda de compromisos mínimos

Introducción

Costa Rica atraviesa por una de las coyunturas más difíciles y decisivas de su historia. Podemos decir que se encuentra frente a una verdadera encrucijada. Los avances logrados durante la segunda mitad del siglo pasado en la institucionalidad democrática y los rasgos solidarios que han sido parte de nuestro modelo de desarrollo económico y social se encuentran hoy al acecho y en franco deterioro. Ya no sólo deben cuestionarse los efectos del “ajuste estructural” en lo económico y en lo social, sino además, en la calidad de la democracia y en la extensión y profundización de la corrupción.

Las políticas económicas impuestas desde los organismos financieros internacionales, en gran medida ajenas a nuestra realidad, fueron en principio posibles gracias al mutuo acuerdo, la docilidad y falta de patriotismo mostradas por la clase política y la elite empresarial criollas en su aplicación durante las dos últimas décadas; creando un caldo de cultivo para que el interés particular desmedido y la falta de principios éticos en la gestión política (los dos brazos de la corrupción), prevalecieran por sobre los intereses más legítimos del pueblo de Costa Rica.

Esta conducta de la clase política y la elite empresarial que desgobiernan actualmente a Costa Rica, ha creado una situación propicia para que por distintas vías, como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Plan Puebla Panamá o el ALCA, los grandes intereses económicos transnacionales y sus compinches internos traten de apropiarse de nuestros principales recursos estratégicos, naturales e institucionales; como antaño hicieron con nuestras materias primas. Sin embargo, y como era de esperar, nuestro pueblo ha sabido defender el patrimonio nacional que le pertenece y ha logrado oponerse con bastante éxito, hasta ahora, a las presiones dirigidas desde afuera y desde adentro por los impulsores del modelo neoliberal; hoy en abierta retirada en el campo de las ideas y la cultura, pero con una continuada supremacía en la esfera económica y en el mundo del policy making, a pesar de sus desalentadores resultados en México, su extrema vulnerabilidad externa en Chile y su escandaloso derrumbe en Argentina.

En Costa Rica, las desigualdades sociales se acrecientan y la segregación espacial y cultural entre ricos y pobres se profundiza; los niveles de pobreza no retroceden, mientras el número de hogares y personas pobres sigue creciendo; la cobertura del seguro de salud de la PEA asalariada ronda apenas el 60%, al tiempo que más del 40% de los ocupados no cotiza en ningún régimen obligatorio de pensiones; el crecimiento del empleo informal y de baja calidad prevalece sobre el del empleo de calidad, a la vez que persisten odiosas desigualdades regionales, generacionales y de género; la inflación es relativamente estable, pero una de las más altas de América Latina y en el último lustro, los salarios reales se han estancado e incluso disminuido. Las pequeñas y medianas empresas enfrentan serias limitaciones para su desarrollo en materia de acceso al crédito, servicios de apoyo y nuevos mercados; la inversión extranjera y las exportaciones de manufacturas han crecido significativamente en los últimos años, pero no son un factor seguro de desarrollo. La elevada deuda interna y la existencia de una baja carga tributaria reducen las posibilidades de inversión pública, lo mismo que la cobertura y calidad de los servicios que brinda el Estado; el sector agropecuario sufrió en los últimos quince años un desmantelamiento de su institucionalidad y una pérdida de su peso en la estructura productiva y en el empleo, sumiendo a muchos pequeños productores en la pobreza. La cartera de crédito se ha dolarizado (para quienes pueden endeudarse en dólares), al tiempo que se concentra en crédito para el consumo y la vivienda, en detrimento de las actividades primaria y secundaria; la infraestructura para el mercado interno presenta un elevado deterioro; la inseguridad y la violencia se incrementan.

Lo anterior, sólo para mencionar algunos de los problemas más visibles que agobian a la población en su vida cotidiana, y en especial, a los sectores económicamente más vulnerables y con empleo precario (si lo tienen); acercando periódicamente al país al borde de la temida ingobernabilidad. Y es que, si bien puede decirse que la democracia es condición para el desarrollo, también es cierto que el desarrollo (al menos sin marcadas exclusiones), es condición para impedir que la democracia se vacíe o se vuelva ingobernable.

La coyuntura descrita es inédita en un sentido muy particular. Y es que, a diferencia de lo que ha sucedido en el pasado con otras crisis menores, este panorama, delicado y complejo, ya no podrá ser resuelto a medias por los actores políticos tradicionales, mediante el llamado, “ajuste a la tica”, y por ello intentan ahora, con la mayor prepotencia –especialmente con su proyecto estrella, el TLC con los Estados Unidos (y su mal llamada agenda complementaria)–, una profundización del modelo neoliberal, convirtiéndolo incluso en su “buque insignia”. No obstante, una salida duradera y estable a largo plazo, sólo podrá resultar de la implementación de acuerdos nacionales, democráticamente negociados, que involucren a todas las fuerzas políticas y sociales en pugna por un determinado proyecto de país.

Desde una perspectiva alternativa, podemos constatar que el desgaste del bipartidismo (herido de muerte en las elecciones de febrero de 2006), y de sus principales dirigentes históricos, ha sido tan grande ante los ojos de los costarricenses, que se requiere de un profundo proceso de renovación de la sociedad, encabezado por una nueva aglutinación de fuerzas políticas y sociales; democrático, pluralista y lo más amplia e incluyente posible, un nuevo “Bloque Histórico” (Gramsci), que articule a las fuerzas más sanas de la sociedad civil con una visión de largo plazo, y que no descuide los pasos inmediatos a seguir; proponiendo e impulsando alternativas y soluciones para los grandes problemas nacionales.

Uno de los puntos de partida para la construcción de esta convergencia histórica consistirá en definir, mediante una Agenda de Compromisos Mínimos, los virajes estratégicos necesarios que nos permitan, a la mayor brevedad posible, defender y profundizar los logros sociales y económicos alcanzados por la sociedad costarricense, enfrentar con éxito los desafíos de la globalización y enrumbar el país por el camino de un desarrollo alternativo al modelo neoliberal, un desarrollo más justo y solidario que satisfaga las necesidades más sentidas de los distintos sectores de la sociedad. En el plano intelectual y espiritual, este esfuerzo nacional deberá alimentarse de las fuentes de pensamiento más notables desarrolladas en el país en el último siglo: el cristianismo social, la social democracia, el socialismo democrático y el humanismo crítico en general.

Desde diversos grupos de ciudadanas y ciudadanos, campesinos, trabajadores, empresarios, intelectuales, estudiantes; desde sindicatos, organizaciones y movimientos sociales, ecologistas, feministas, indígenas, de derechos humanos, etc.; han surgido en los últimos años múltiples iniciativas, acciones, propuestas, así como luchas más o menos puntuales para enfrentar el proyecto neoliberal y el bipartidismo en crisis. A pesar de la fragmentación de estas organizaciones, de la variedad de sus ideologías y sus estrategias, la necesidad de precisar una agenda mínima de defensa social y nacional nos convoca como ciudadanos a construir, “desde abajo”, un amplio, plural, participativo y solidario movimiento contra el neoliberalismo y el bipartidismo que lo impulsa y representa; que luche lo más coherentemente posible por alcanzar los grandes objetivos y aspiraciones de la sociedad y de la nación. Para ese propósito se necesita con urgencia dialogar, discutir y consensuar una agenda nacional –con contenidos mínimos– que sea a la vez una fuerza de atracción y un instrumento de organización y de enseñanza-aprendizaje.

En fin, para recuperar la idea del desarrollo y de la política en el sentido de discernimiento de los rumbos de la nación, hacemos un llamado a construir, con dignidad, patriotismo y autonomía, los consensos necesarios para la búsqueda del bien común, y proponemos la siguiente Agenda de Compromisos Mínimos con el pueblo de Costa Rica; la cual deberá posteriormente y mediante un amplio proceso participativo y educativo, ser desarrollada hasta convertirse en un Programa de Compromisos Mínimos y en un Proyecto Nacional Alternativo para el desarrollo del país; que incluya los objetivos, las metas de corto, mediano y largo plazos, las principales decisiones políticas (incluyendo las necesarias reformas constitucionales y legales) y los medios e instrumentos necesarios para enrumbar a Costa Rica por un nuevo derrotero de prosperidad económica, social y cultural. Con el único fin de encauzar su discusión, hemos dividido esta propuesta de agenda en tres ejes temáticos: Sociedad, Política y Bien Común; Estado y Función Pública y; Economía y Medio Ambiente. La pertinencia de los mismos deberá ser evaluada en el mismo proceso de discusión, ya que se trata sólo de un punto de partida.

Una Agenda de Compromisos Mínimos con el Pueblo Costarricense

Sociedad, Política y Bien Común

1. Hacia una democracia de ciudadanos (as). Promover la irrupción y el protagonismo de la sociedad civil en la vida política de la sociedad costarricense, transformando la democracia electoral y representativa (una democracia delegativa cada vez más cuestionada), en una democracia participativa y con capacidad de veto sobre la acción de los gobernantes, una verdadera democracia de ciudadanas y ciudadanos. Para ello, se deberán tomar acciones como las siguientes (entre otras):

a- Fortalecimiento del régimen parlamentario, hoy sumido en una crisis de desprestrigio e inoperancia.

b- Extensión de la elección directa en la escogencia de regidores y diputados.

c- Poner en marcha los mecanismos de revocatoria de mandato en los puestos de elección popular, la rendición efectiva de cuentas, el referéndum y la consulta popular.

d- Reformar la Constitución sólo con la Constitución, enfrentando los actos y las fuerzas golpistas que pretenden un viraje hacia el autocratismo.

e- En fin, recuperar y ampliar el ámbito de la Política (con mayúscula) a partir del ejercicio democrático del poder.

*1. Centralidad de la educación, la ciencia y la cultura. * Para transitar con éxito hacia la “sociedad del conocimiento” (enfrentando sus desafíos y aprovechando sus oportunidades), Costa Rica necesita urgentemente convertir la educación, el arte, la ciencia y la cultura, en los pilares de la transformación social y productiva que el nuevo contexto nacional e internacional demandan; exaltando a la vez el espíritu humano, el pensamiento crítico y la solidaridad. Propiciando, además, el mayor acceso posible a toda la población de las tecnologías de la información, las modernas comunicaciones y el conocimiento libre por vías tradicionales y digitalizadas.

*2. Seguridad ciudadana. *Hacer de la política de seguridad ciudadana una política de Estado, que trascienda los cambios de gobierno y que sea parte de un esfuerzo integral y sostenido en la definición de un desarrollo inclusivo y solidario; coherente con nuestros valores e idiosincracia por el respeto y la inviolabilidad de la vida humana, tanto en su corporalidad como en su dignidad.

*3. Salud de calidad y Garantías Sociales para todos (as). *Fortalecer y ampliar nuestro régimen de salud y de seguridad social, propiciando su real universalidad y sostenibilidad a largo plazo. Hacer efectivas las garantías sociales y los derechos laborales plasmados en la Constitución Política y en la respectiva legislación y jurisdicción social y laboral.

4. Lucha contra la corrupción. En la lucha contra la corrupción se hace urgente y necesario regirse por principios éticos y atacar las condiciones que actúan como caldo de cultivo, en los niveles público y privado, impulsando reformas como las siguientes:

a- Aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción,

b- Reforma al Código Electoral sobre la financiación de los partidos políticos y la divulgación de las finanzas de las campañas y de los partidos.

c- Elaboración de un Código de Ética que regule la función pública.

d- Negociación de acuerdos tributarios internacionales para enfrentar eficazmente la evasión fiscal vinculada a las transacciones internacionales.

e- Despolitización (partidismo corrupto) de los nombramientos en puestos públicos, del uso de los recursos del presupuesto nacional y de los empréstitos que contraen las instituciones del Estado.

f- Modernización técnica y legal de los sistemas aduaneros y tributarios, fortalecimiento además sus soportes administrativos y los recursos humanos necesarios.

1. Complementariedad Estado-Sociedad Civil y Mercado-Planificación. La sociedad civil y el Estado, no son polos excluyentes, sino complementarios. El desarrollo de la sociedad civil presupone el desarrollo correspondiente del Estado (síntesis de las tensiones y los acuerdos de la sociedad); y el desarrollo del Estado presupone, para que éste no tienda al centralismo burocrático y al totalitarismo, el desarrollo de la sociedad civil. La misma relación de complementariedad debe existir entre el mercado y la planificación. El desarrollo desenfrenado del mercado conlleva a los desequilibrios socioeconómicos del desempleo, el subdesarrollo, la desigualdad excluyente, la pobreza, la corrupción y la destrucción del medio ambiente. La extensión desmedida de la planificación conlleva a la burocratización excesiva que ahoga la dinámica económica y propicia la corrupción y la ineficiencia. Se necesita un pensamiento y un accionar de síntesis, en el cual la planificación encuentre su legitimidad en la superación de los desequilibrios socioeconómicos y ambientales; y el mercado ostente la suya como fuerza de coordinación descentralizada y dinamizadora.

Estado y Función Pública

1. Soberanía Nacional. Recuperar el papel central del Estado Nación en la sociedad, para que éste ejerza la plena soberanía nacional del pueblo costarricense sobre los mares territoriales; el espacio aéreo; los recursos hídricos, naturales y energéticos; la biodiversidad; la política exterior y la política de seguridad alimentaria; además de la administración y protección de los mares patrimoniales.

2. Reformulación del Estado Social de Derecho. Recuperar y ampliar el Estado nacional en cuanto Estado Social de Derecho, para que sea promotor del desarrollo humano y ecológicamente sustentable, de la justicia social y de la igualdad en la diversidad (igualdad en las posibilidades reales de cada uno de vivir una vida plena). Que sea a la vez:

a- Guardián de la institucionalidad democrática e impulsor de los derechos humanos, individuales y sociales, del pueblo costarricense.

b- Mediador en las tensiones y contradicciones que necesariamente surgen a diario entre los distintos grupos económicos y sociales.

c- Defensor de la libertad de expresión, de la democratización de los medios de comunicación y de la pureza del sufragio.

d- Soporte y garante de la seguridad ciudadana y el bien común.

e- Impulsor de la justicia social y la democracia económica.

Lo anterior supone poner en un primerísimo plano el respeto y cumplimiento de los derechos humanos jurídicamente ya reconocidos en nuestra Constitución (derechos individuales, civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales); así como la ampliación del reconocimiento jurídico y el cumplimiento efectivo de otros derechos todavía no incorporados en nuestra Carta Magna (derechos económicos, sociales y culturales “de segunda y tercera generación”).

1. Infraestructura y Servicios Estratégicos. La inversión pública deberá tener un papel protagónico en la modernización y el mantenimiento de la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, aunque no necesariamente bajo la modalidad de contratación administrativa (ejecución directa). El Estado mantendrá una participación decisiva (y exclusiva cuando sea necesario para garantizar el bien común), en los servicios sociales (educación, salud, hábitat), la banca, la energía, las telecomunicaciones, los seguros y la infraestructura sanitaria (acueductos y alcantarillados, tratamiento de desechos y residuos).

2. Ética y Probidad. Instituir como normas fundamentales de la vida institucional la transparencia, la ética, la probidad y el respeto a los derechos ciudadanos por parte de quienes ejercen la función pública. Fortalecer el Ministerio Público y en general, apoyar de manera irrestricta al Poder Judicial en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

3. Empresas e Instituciones Públicas. En relación con las instituciones autónomas y las empresas públicas, es urgente impulsar acciones como las siguientes:

a- Fortalecer y modernizar las instituciones públicas estatales creadas por los grandes reformadores del siglo XX, entre ellos, el INS, la CCSS, el ICE, RECOPE, los bancos estatales, el Banco Popular y Acueductos y Alcantarillados; recuperando su papel en cuanto Instituciones Públicas de Desarrollo,

b- Eliminación de la Ley 4-3,

c- Eliminación de las presidencias ejecutivas y fortalecimiento de los niveles gerenciales de decisión,

d- Concurso público para la conformación de las Juntas Directivas,

e- Verdadera independencia de gestión, redefiniendo el control de la Autoridad Presupuestaria y fortaleciendo la efectiva rendición de cuentas ante la ciudadanía y las instancias fiscalizadoras.

f- En los casos en que se trate de empresas públicas que generen excedentes (Bancos del Estado, INS), garantizar su uso en el fomento de las micropymes y las organizaciones de economía social, así como en el combate a la pobreza y el desarrollo social.

1. Gestión Pública. En relación con las finanzas y la gestión de las políticas públicas:

a. Administración eficiente y austera de la hacienda pública y compromiso con la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y el manejo financieramente sostenible y políticamente responsable de la deuda pública.

b. Recuperación de una política económica que privilegie el crecimiento económico, la justa distribución del ingreso y la autodeterminación en las formas de integración nacional, regional y mundial.

c. Fortalecimiento integral de la Administración Tributación y de la rendición de cuentas en materia de gastos e ingresos públicos, a fin de garantizar una estructura tributaria equitativa, una evasión fiscal mínima y una carga tributaria capaz de sostener el gasto y la inversión pública necesarios para satisfacer la demanda de bienes públicos que la población demanda. Reforma del Artículo 18 de la Constitución Política para garantizar la equidad en el pago de los impuestos.

d. Fortalecimiento del Ministerio de Planificación Nacional, para que sea en torno a esta instancia coordinadora de qué hacer estatal donde se planifique la gestión del Presupuesto Nacional y la coordinación intersectorial y regional del gasto y las políticas públicas. El Ministerio de Hacienda se concentrará en la recaudación de los impuestos y otras contribuciones tributarias, manteniendo además su papel de tesorería del Estado.

e. Un Estado que actúe como facilitador de los emprendimientos empresariales, con un aparato administrativo que no ponga trabas innecesarias al desarrollo y accionar de las empresas, nacionales o extranjeras.

f. Impulso de una reforma financiera que promueva el ahorro nacional y el establecimiento de una banca para el desarrollo.

g. Fortalecimiento de la capacidad estatal de negociación comercial internacional en los niveles bilateral y multilateral.

h. Recuperación del ámbito de lo local y lo comunitario, reorganizado en torno a un poder municipal con mayor autonomía y capacidad de gestión.

i. Adecuada planificación de las políticas públicas en el marco de un efectivo Plan Nacional de Desarrollo. Orientación global de la economía (mediante acuerdos estratégicos), en función de las aspiraciones y los objetivos económicos, sociales y ambientales.

Economía y Medio Ambiente

1. Desarrollo Sostenible. Definir los recursos energéticos y naturales como bienes estratégicos de la nación y en consecuencia, utilizarlos de una manera racional, propiciando el bienestar de todos los costarricenses y garantizando que el uso de tales recursos y el de nuestra rica biodiversidad se realice con estricto apego a un desarrollo ambientalmente sostenible. Promover un orden económico y social que incluya en su misma racionalidad la conservación y la sustentabilidad del medio ambiente y de la biodiversidad, base natural de toda la vida humana.

2. Negociación de un nuevo tratado comercial con los Estados Unidos. Un tratado comercial y de inversión con los Estados Unidos puede ser una herramienta importante para el desarrollo del país. Pero el TLC, tal como fue firmado por los negociadores del COMEX, es altamente inconveniente y no ayuda a aquel propósito. Por eso es necesario impulsar por todos los medios diplomáticos posibles su revisión integral o, en su defecto, la negociación de un nuevo acuerdo bilateral; garantizando el derecho soberano del pueblo costarricense a definir el tipo de desarrollo económico y social y las formas de integración en la economía mundial que mejor propicien el bien común y la convivencia pacífica y democrática. Durante el tiempo que dure esa negociación, se solicitará al gobierno estadounidense el mantenimiento de las concesiones arancelarias incluidas en la llamada Iniciativa de la Cuenca del Caribe (que podrían concluir en septiembre del 2008, según lo ha dado a conocer la Oficina del Representante Comercial de los EE. UU.), y que afectan a cerca de un tercio de las exportaciones a los Estados Unidos (15% de las exportaciones totales). En esta nueva negociación se deberán tomar en cuenta, entre otras, las múltiples advertencias y recomendaciones de la Comisión de Notables y de las Universidades Públicas.

3. Mayor riqueza con Justicia Social. Propiciar formas de producción y distribución de la riqueza nacional justas y equitativas, en aras de lograr el mayor bienestar para todos (as) los (as) habitantes. Comprometerse decididamente con la erradicación de la pobreza y con la construcción de una sociedad incluyente, una sociedad “donde quepan todos_”; haciendo realidad el mandato constitucional de procurar “ el mayor bienestar a todos los habitantes del país”_ (Artículo 50) y una “política permanente de solidaridad nacional” (Artículo. 74). Las políticas sociales dejarán de ser vistas como instrumentos compensatorios y subordinados de la política económica, y pasarán a ser el eje central de una ética del desarrollo.

4. Seguridad Alimentaria. Considerar estratégico y de interés nacional todo lo relacionado con la producción, exportación, importación y comercialización de los alimentos básicos, a fin de asegurar una alimentación adecuada para toda la población. En materia agrícola y pecuaria, el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar que nuestros agricultores y productores puedan contar con los recursos económicos y técnicos necesarios para desarrollar no sólo una producción eficiente y sostenible, sino también, una calidad de vida digna. Impulsando además, mecanismos justos de comercialización de sus productos y un apoyo decidido a la agricultura orgánica y ambientalmente amigable, tanto para el consumo local como para la exportación.

5. Una economía dinámica y competitiva. Impulsar una economía de mercado pluralista en sus formas de propiedad (_“economía con mercados”_, más que “economía de mercado”) y una estructura productiva dinámica, diversificada y competitiva basada en cinco grandes sectores productivos en mutua interacción.

a- Las empresas pequeñas y medianas, que serán consideradas estratégicas para estimular el crecimiento y el desarrollo, tanto del mercado interno como del sector exportador; de manera que contribuyan con el aumento sostenido en la productividad, la creación de empleos y con una distribución más equitativa de la riqueza;

b- Las grandes empresas de capital nacional, comprometidas con la competitividad, pero también, con la responsabilidad fiscal, social y ambiental;

c- Las empresas transnacionales, que contarán con los derechos y garantías internacionalmente reconocidos, pero que deberán regirse por un estatuto de inversiones extranjeras, donde se fijen reglas de juego razonables, incluyendo el pago de impuestos y el cumplimiento de requisitos de desempeño en materia ética, laboral, ambiental y tecnológica;

d- Las unidades y agrupaciones de economía campesina, que deben ser estimuladas para producir los alimentos que necesita nuestra población y para exportar con éxito sus excedentes y otros productos no tradicionales;

e- Las organizaciones de economía social, de economía solidaria y las cooperativas, a fin de contar con formas de propiedad y unidades productivas no solamente eficientes y competitivas, sino también, solidarias y promotoras del desarrollo humano y de la creatividad social y empresarial.

1. Seguridad energética. El paradigma energético basado en el petróleo ha entrado a su fase final de existencia. Aunque las reservas mundiales alcanzarán para unas cuantas décadas más, éstas difícilmente seguirán aumentando, situación que no sólo estimula la especulación, sino que incluso ha creado una tensa situación militar y humanitaria en varias partes del planeta. Costa Rica debe seguir apostando a las fuentes renovables y alternativas de energía, e incluso incursionar visionariamente en el nuevo paradigma del ciclo agua hidrógeno, pensando en garantizar su seguridad energética en el siglo XXI.

2. Desarrollo del turismo sustentable y equitativo. El turismo es, sin duda, una opción de desarrollo sumamente rentable para nuestro país, económica y socialmente hablando. Pero es de gran importancia que su operación y expansión tome en cuenta cuatro aspectos centrales e interrelacionados:

a- La promoción de centros hoteleros de pequeña escala, a fin de favorecer no solamente los megaproyectos con predominancia de capital extranjero, sino también, criterios de equidad en la distribución de la riqueza que se crea con esta actividad,

b- Generar conglomerados de empresas nacionales abastecedoras del sector (transporte, alimentación, avituallamiento, construcción, artesanía, etc.), propiciando encadenamientos productivos que permitan aumentar el valor agregado nacional,

c- Garantizar su sostenibilidad ambiental en el largo plazo y,

d- Prever y enfrentar las consecuencias sociales negativas que el crecimiento del turismo suele generar (drogadicción, prostitución, pérdida de valores nacionales, etc.).

1. Inserción en el mercado mundial con una visión de desarrollo. Costa Rica, económicamente hablando, no es un país pequeño, es un país diminuto. Por ello, toda estrategia de desarrollo económico que se enmarque en un determinado proyecto político de país, debe ser una estrategia de desarrollo “hacia fuera”, en amplia interacción (comercial, financiera, tecnológica y de cooperación) con otras economías nacionales, regionales y al nivel mundial. Esta es una verdad de perogrullo, un hecho evidente.

Pero desarrollo “hacia fuera” no es sinónimo de “obsesión exportadora”, ni de simple y llano sometimiento a la estrategia neoliberal de globalización, sino que debe consistir en un “desarrollo hacia fuera”, pero, “desde adentro” y “desde abajo”.

“Hacia fuera”, porque toda estrategia coherente de transformación económica que intente revertir el subdesarrollo debe tener entre sus elementos más importantes, una exitosa integración (o al menos, inserción), en la economía mundial, tanto en el comercio de bienes como en el comercio de servicios y tecnologías. Esto implica una determinada especialización, pero no cualquier especialización, en el marco de la división internacional del trabajo. En particular, para revertir el subdesarrollo debemos salir del círculo vicioso de una inserción periférica y subdesarrollante, que ha sido la tónica en toda nuestra historia económica (y la de América Latina en su conjunto).

“Desde adentro”, porque esa integración (inserción) debe sustentarse en un desarrollo articulado de la economía nacional y de su tejido empresarial y productivo interno. Articulación significa, en este nivel, generación, apropiación y (re)distribución del valor agregado, con creación de encadenamientos productivos y de empleos de calidad; muy al contrario de los enclaves de plantación, industriales y de exportación que han sido la norma durante toda nuestra historia como país formalmente independiente.

“Desde abajo”, porque tiene que traducirse de un desarrollo no excluyente (desarrollo inclusivo), en la construcción de una sociedad donde quepamos todos y todas, sin dejar por fuera a la naturaleza (ambientalmente sustentable). No se trata de crecer para luego distribuir, sino que la propia racionalidad económica del proyecto transformador debe ser inclusiva. Además, ha de consistir en un desarrollo desde lo local y lo regional, dando prioridad al crecimiento exportador impulsado por las pequeñas y medianas empresas, así como por las empresas de economía social.

En resumen, el dilema no es estar a favor o en contra de una amplia inserción en la economía mundial, sino el tipo de inserción que se promueve: ¿inserción periférica o desarrollo endógeno?, ¿a favor o en contra de una sociedad incluyente?

Dentro de este marco general, incluso un pequeño país como Costa Rica, siempre y cuando se decida a realizar las transformaciones requeridas en el sistema educativo y a acometer las políticas de Estado necesarias, podría incursionar con éxito en el campo de las nuevas tecnologías de la información, las infocomunicaciones, la telemática, la producción de software para computadoras, los servicios empresariales, la educación superior y la salud curativa, reconstructiva y estética, los servicios culturales, entre otros. También se presenta muy prometedora la investigación científica y la producción para usos comerciales relacionada con la biodiversidad y eventualmente, la biotecnología; lo mismo que en la búsqueda de nuevas fuentes de energía limpia, como el ciclo agua-hidrógeno. De hecho, estos deberían ser los nuevos ejes de la estrategia de inserción en el mercado mundial, pero evitando el error de pasar de una maquila de productos industriales a una simple maquila de servicios de bajo valor agregado (call centers, sportbooks, por ejemplo).

Comentario final

Esta agenda, con las reformulaciones que sean necesarias, puede servir de punto de partida para la elaboración de un Proyecto Nacional Alternativo, el cual deberá ser construido en amplio y fluido diálogo con la sociedad, traduciendo en el mismo sus necesidades, derechos y expectativas a los términos estratégicos propios de la mediación política.

Una segunda tarea impostergable, vinculada a este proyecto, habrá de consistir en construir los acuerdos y consensos necesarios sobre los medios alternativos para transitar de la Agenda de Compromisos Mínimos al Proyecto Nacional Alternativo: ¿cómo articular el nuevo bloque histórico?, ¿cómo construir una política de alianzas sobre la base de un programa mínimo no negociable?, ¿cómo asignar responsabilidades y facilitar el intercambio de información y análisis?, ¿cómo dar curso al diálogo y a las acciones consensuadas?, ¿cómo vincular las redes de organizaciones con programas pedagógicos y espacios de diálogo-enseñanza-aprendizaje?, ¿cómo obtener los recursos necesarios?, etc. En definitiva, no basta tener claridad sobre qué país queremos, sino además, en cómo nos organizamos.

Agosto 02, 2006
Tribuna Democrática

¿Impuestos a quién?

Beethoven Herrera Valencia, ORIT
www.cioslorit.org

El impuesto a las corporaciones ha caído desde 45 a sólo 30% en las dos últimas décadas y si se mantiene esta tendencia, la tasa impositiva a mediados del siglo será de cero. Eso concluye el reporte sobre los impuestos en el mundo, que se acaba de publicar en Paris, elaborado por expertos de la OCDE y de la CIOSL.

Los países en desarrollo pierden US$50.000 millones cada año a través de los paraísos fiscales, y esa suma equivale a seis veces el monto requerido para financiar la educación primaria universal. Entre tanto, 80 de las 275 empresas más grandes de Estados Unidos no pagaron ningún impuesto al menos en un año, en el período 2001-2003 y en 2001 los Estados Unidos perdieron US$ 53.100 millones de recaudación impositiva.

A pesar de las conocidas violaciones a los derechos laborales que en ellas se cometen, las zonas francas de exportación aumentaron de 850 en 1998 hasta 5.000 en 2004, y en todos los países las empresas situadas en dichas zonas disfrutan de extensiones fiscales casi totales. Desde los años ochenta los impuestos a las empresas bajaron 15% en el Reino Unido y 22% en Italia, desde los años setenta bajaron 41% en Alemania y 43% en Japón y desde finales de los sesenta bajaron 53% en los Estados Unidos.

El Informe muestra las maniobras que utilizan las empresas para eludir el pago de los impuestos utilizando los vacíos legales o simplemente violando la ley. Empresas tan grandes como Boeing, Morgan Stanley, Pepsi, Citigroup y Xerox están registradas en paraísos fiscales o tienen allí sus filiales. Esto les permite declarar menos ganancias que las reales, y sobre esas sumas reducidas pagan los impuestos, mientras siguen beneficiándose del dinero de los contribuyentes a través de contratos con el Estado.

Al mismo tiempo que las multinacionales obtienen ganancias astronómicas, están colapsadas las redes de seguridad social: No sería justo que esas empresas devolvieran algo de lo que han dejado de pagar a los gobiernos, para poder mejorar la infraestructura, la salud y la educación?. La época de privilegios injustos a esas grandes empresas debe terminar, expresó Guy Ryder, Secretario General de la CIOSL, en la rueda de prensa en Paris, durante la presentación del referido Informe.

Si aspiran a una situación fiscal sostenible, los gobiernos deben dejar de competir en la carrera al que mas exenciones fiscales otorgue a las multinacionales para atraerlas, y deben en lugar cooperar entre si. Qué tal si se establece una lista de empresas que han pagado sobornos y/o han evadido impuestos y se les cierra el acceso a licitaciones públicas en todos los países? Cómo explicar que las mismas violaciones a la ley que pueden llevar a la cárcel a los ciudadanos, sean tolerada cuando las cometen poderosas Corporaciones?

A pesar de que los gobiernos repiten una y otra vez que conceden dichas exenciones para atraer las inversiones extranjeras, no existe ninguna correlación entre tales beneficios y el aumento de las inversiones. Más bien, hay estudios que muestran que empresas que se beneficiaron de esas reducciones fiscales, redujeron sus inversiones. A menos que las corporaciones sean obligadas cesar la evasión y elusión, y sólo si los gobiernos cesan su política de reducir los impuestos a las corporaciones, tanto los países en desarrollo como los países desarrollados enfrentarán severos problemas fiscales.

Paradójicamente los gobiernos son voraces para gravar los alimentos de primera necesidad, los salarios de los trabajadores y todas las transacciones de servicios. Ahora resulta claro a quién se premia y a quién se castiga cando de fijar los impuestos se trata…

(25/07/2006)