La Iglesia y el TLC

El debate sobre el TLC ha estado presente en el escenario costarricense desde finales de 2002, cuando se dio a conocer el inicio de las negociaciones. Durante las nueve rondas se alzaron voces cuestionando el proceso por razones de transparencia y por cambios en los términos originales establecidos por el gobierno, especialmente en cuanto a telecomunicaciones y seguros. Después de firmado, en agosto de 2004, la polémica se recrudeció en torno a las ventajas y desventajas del tratado. Esa disputa continúa en la actualidad.

Las repercusiones que hasta el momento el TLC ha tenido en el entorno nacional han sido sustantivas. No solo fue un factor de peso en la reñida campaña electoral, sino que ha ido dividiendo a la población costarricense y polarizando a los actores sociales. Las resonancias futuras, durante el trámite legislativo, todavía no pueden valorarse a cabalidad.

Así las cosas, no era razonable pensar que durante la visita del Presidente a la Santa Sede, que tiene mucho de protocolaria, se abordara un tema tan polémico y específico de la agenda nacional.

Sin embargo, parece que a Oscar Arias le interesaba aprovecharse de la audiencia con el Papa y con el secretario de Estado, el cardenal Sodano, no solo para comprometer a la Santa Sede en un debate que compete únicamente a los costarricenses, sino también para propiciar algún tipo de censura a la Conferencia Episcopal por sus planteamientos críticos respecto al TLC.

Sin embargo, el intento de Arias por llevar agua a su molino, el cual ha sido calificado por el filósofo y columnista de este diario Arnoldo Mora como “la presión más brutal e inaudita sobre la Iglesia, como no se había dado en la historia de Costa Rica desde hace más de cien años”, ha tenido una respuesta notable por parte de Hugo Barrantes, arzobispo de San José.

Monseñor Barrantes ha respondido en forma clara y categórica. “La Iglesia católica nunca se ha opuesto al libre comercio, sino al contenido del TLC con Estados Unidos. Hemos señalado las asimetrías existentes en el tratado y pedimos que se les preste atención. Nuestro criterio ha sido de naturaleza ética”.

Hace bien el Arzobispo en destacar la dimensión ética de los cuestionamientos. También acierta al establecer la diferencia entre el libre comercio como concepto y el contenido concreto del TLC.

El libre comercio refiere a conceptos económicos relacionados con el flujo de bienes, servicios y recursos que se producen en mercados competitivos y que son negociados sin ningún tipo de restricción entre las naciones.

El TLC con Estados Unidos, en cambio, constituye un acuerdo de comercio administrado entre siete países, en uno de los cuales se dan formidables distorsiones de mercado a causa de los subsidios y las ayudas internas que otorga a sus productores y tiene grandes y diversos intereses geopolíticos y un enorme poder de negociación.

Esta realidad genera asimetrías que no pueden subsanarse con una agenda complementaria. Además, el tratado incluye cláusulas que rebasan lo estrictamente comercial e inciden en ámbitos que afectan nuestro Estado social de derecho y la convivencia solidaria.

6/23/2006

TLC no debería ratificarse sin ántes aprobar una agenda social

Carta de los Señores Obispos de Costa Rica al Cardenal Angelo Sodano

San José, 21 de junio del 2006

A Vuestra Eminencia Reverendísima

Tenemos el honor de dirigirnos a Vuestra Eminencia a fin de agradecer la generosa solicitud con la que desempeña el servicio que el Señor le ha encomendado a favor de Su Iglesia.

A la vez, en espíritu de comunión, queremos compartirle, como hermanos en el Episcopado, algunos aspectos relacionados a la posición de la Conferencia Episcopal de Costa Rica de frente al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos (TLC).

Como pastores del Pueblo de Dios, hemos sido consecuentes con el encargo recibido de acompañar, responsablemente, a nuestro pueblo en la consecución de sus más altas aspiraciones y en la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria.

Precisamente, es nuestro compromiso pastoral el que nos ha llevado a promover y participar de innumerables foros en los que se presentan y discuten los contenidos, las implicaciones, las ventajas y las posibles consecuencias del TLC.

Así mismo, Eminencia, hemos escuchado con atención tanto a los encargados de negociar este Tratado, como a los sectores que se consideran beneficiados con el TLC y hemos atendido, con igual diligencia, a quienes se oponen a su aprobación, alegando beneficios de unos pocos en detrimento de los sectores más vulnerables de nuestro país.

En todo este proceso de discusión y eventual aprobación o desaprobación del TLC, los Obispos de Costa Rica hemos insistido en la inconveniencia de asumir una actitud de oposición o promoción por aspectos puramente ideológicos o por intereses personales o grupales; antes bien, tratándose de un asunto tan serio y decisivo para la paz y el desarrollo social de nuestro país, quisimos aportar a los fieles cristianos y a todos los hombres de buena voluntad, criterios que favorecieran el análisis objetivo a fin de esclarecer la discusión del TLC, mediante la luz de la palabra inalterable del Evangelio y deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción según las enseñanzas sociales de la Iglesia. (Cf. Octogesima Adveniens n. 4).

Como consta en todos los documentos emanados de nuestra Conferencia Episcopal, (Cf. JUSTICIA, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PARA TODOS.

Una reflexión sobre el TLC a la luz de principios cristianos. 30 de mayo del 2004 y Los Obispos de Costa Rica y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. 23 de mayo del 2005- Anexos 1 y 2), y por razón de lógica competencia, los Obispos nunca hemos entrado a discutir los criterios técnicos que conforman el TLC.

Nuestro discernimiento y lectura han sido esencialmente éticos, buscando la equidad, justicia y libertad por medio de un diálogo social que nos oriente a la construcción de una nación más solidaria. Somos nosotros, Vuestra Eminencia, los primeros interesados en una transformación institucional de nuestra Patria, que la encamine a la modificación de la dinámica actual de crecimiento en conformidad con las metas de eliminación de la pobreza e inequidad, del desarrollo sostenible y una vida digna para todos, sin olvidar el mejoramiento de la eficiencia productiva ni la capacidad competitiva de Costa Rica a nivel internacional.

Creemos, no obstante que, en el caso de que los Señores Diputados del Congreso de la República procedan a la aprobación del TLC, es inaplazable implementar una agenda complementaria, elaborada democráticamente, con proyectos de tipo legislativo que garanticen a los sectores más débiles, la compensación de los posibles efectos negativos del tratado, que les fortalezcan en su capacidad productiva y competitiva, y les garantice un acceso más equitativo a los beneficios de este proceso.

En el caso de no ser aprobado el TLC, los Obispos hemos llamado la atención sobre la necesidad de proponer medidas alternativas, que busquen otros caminos que garanticen el acceso de nuestros productos agro-industriales, bienes y servicios a otros mercados, y la consecuente previsión de eventuales efectos negativos para nuestro pueblo.
Porque somos conscientes de que un tratado de libre comercio no es, en sí mismo, la fórmula mágica sino un instrumento para resolver los problemas más profundos de pobreza y exclusión social y económica, hemos sugerido, reiteradamente, la conformación de una Agenda Social, materializada en un cuerpo de leyes, que promueva y ayude a los sectores afectados más empobrecidos de nuestro país.

Como podrá notar Vuestra Eminencia, las razones anteriores nos han llevado a concluir que, para promover el desarrollo humano y social de nuestro pueblo, el TLC con los Estados Unidos o cualquier otro tratado de libre comercio debe configurarse en el contexto de una perspectiva moral adecuada. Juzgamos, por ende que, es un imperativo darle un rostro humano a la globalización económica, globalizando la solidaridad entre las personas y entre los pueblos.

Seguros de que, en ningún momento los Obispos nos hemos opuesto a políticas de desarrollo económico que incluyan un legítimo desarrollo humano y que, antes bien, como recién nos ha enseñado el Santo Padre Benedicto XVI, iluminamos aquellos objetivos de Justicia a la cual toda acción política debe dirigirse ( Cf. Deus Caritas Est 28), es nuestro deseo, Eminencia Reverendísima, reiterar nuestra disposición al diálogo con los diferentes actores sociales y, en particular, con el Excelentísimo Señor Presidente, Doctor Oscar Arias Sánchez, a fin de brindar, una vez más, nuestra permanente colaboración, como recientemente lo manifestamos en un encuentro con el Jerarca de Comercio Exterior, Ministro Marco Vinicio Ruiz, quien, en nombre del Gobierno, nos solicitó interponer nuestros buenos oficios para hacer un llamado a la discusión de ideas en la Asamblea Legislativa y otros foros. (Anexo 3)

Mientras agradecemos a Vuestra Eminencia Reverendísima vuestra estimable atención, le aseguramos nuestra entrañable oración para que Dios, en Jesucristo, el Señor, os retribuya abundantemente vuestra entrega y solicitud por Su Iglesia.

Dada en la Sede de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, el 21 de junio del 2006. Año del Señor.
____________________________________
A Vuestra Eminencia Reverendísima
Señor Cardenal ANGELO SODANO
Secretario de Estado de Su Santidad Benedicto XVI
CIUDAD DEL VATICANO

Monseñor José Francisco Ulloa Rojas
Obispo diocesano de Cartago
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Monseñor Hugo Barrantes Ureña
Arzobispo Metropolitano de San José
Vicepresidente

Monseñor Oscar Fernández Guillén
Obispo diocesano de Puntarenas
Secretario General

Relación TLC y empleo:
ANEP reta a debate a Ministro de COMEX

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), hace una vehemente exhortación pública al señor Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez, Ministro de Comercio Exterior (COMEX), para que no se esconda más y debate con nuestra organización, de cara al país, el tema de la relación entre el mal denominado tratado de _“libre”_comercio (TLC) y el empleo en Costa Rica.

El país necesita transparencia y no más manipulación, razón por la cual esta exhortación en realidad es un reto abierto y contundente al citado ministro.

Luego de la exitosa y contundente comparencia de la ANEP ante la Comisión de Asuntos Internacionales y de Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, el pasado lunes 19 de junio, la ANEP está absolutamente convencida de que el país ha sufrido uno de los más grandes engaños y operaciones de manipulación propagandística jamás vistos en la historia nacional, en el tema del empleo y el TLC.

La estafa de los miles de empleos generados por ese TLC quedó al descubierto, al punto de que la diputada Mayi Antillón, Jefa de Fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y ficha de la cúpula empresarial del país en esa Asamblea Legislativa, se quedó callada, desconcertada y apabullada por la aplastante contundencia del estudio de la ANEP sobre la relación TLC y empleo.

Quedamos en espera de que el Ministro Ruiz Gutiérrez nos señale día, hora y lugar para tal debate que, como es lógico suponer, debe ser abierto al público. No puede dicho jerarca seguir rehuyendo esta confrontación de ideas, a no ser que haya decidido pagar el costo político de quedar como un manipulador, un mentiroso y un demagogo.

San José, 22 de junio de 2006

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

El Vaticano, el TLC y Arias: Dirigentes sindicales son recibidos en la Nunciatura

Al Excelentísimo y Reverendísimo
Monseñor Osvaldo Padilla Montesinos
Nuncio Apostólico de Su Santidad
EN SAN JOSE
Excelencia Reverendísima:

El movimiento obrero y las organizaciones sociales y sindicales costarricenses han valorado históricamente los extraordinarios aportes de la Iglesia Católica a favor de la justicia social y la paz. Desde las postrimerías del siglo XIX con la Encíclica Rerum Novarum hasta nuestros días, las trabajadoras y los trabajadores del mundo entero pudieron constatar la permanente adhesión de la Iglesia Universal, a los postulados bíblicos de defensa de la solidaridad, el bien común y el beneficio del mayor número.

Resulta innecesario, a este respecto, recordar las lúcidas exhortaciones apostólicas de Medellín y de Puebla durante el pontificado de Su Santidad Pablo VI; la valiente convocatoria de Su Santidad Juan Pablo II en su Encíclica Laborem Exercens; o, más recientemente, la hermosa admonición de Su Santidad Benedicto XVI, al recordarnos la importancia de la acción de los cristianos en su primera Encíclica Deus Caritas est.

Como es de su conocimiento, Costa Rica también fue privilegiada al contar en la década de los años 1940 con el iluminado liderazgo del entonces Arzobispo de San José, el recordado Víctor Manuel Sanabria Martínez. Hijo del campo y de ascendencia aborigen, Monseñor Sanabria supo interpretar fielmente el llamado de su vocación pastoral, al promover y defender, junto a las más importantes fuerzas sociales y políticas de la época, la Reforma Social de 1942, piedra fundacional de la Costa Rica contemporánea.

El aporte de Monseñor Sanabria, su valentía al soportar el repudio de las fuerzas más conservadoras del país que querían detener dicha reforma, fue un fiel testimonio de la adhesión de la Iglesia Católica costarricense a la Doctrina Social.

En ninguno de estos momentos históricos –como tampoco en la actualidad-, la Iglesia Católica ha contrapuesto su llamado a la Justicia Social y a la Paz, a la existencia de los grandes movimientos económicos globales, llámense estos industrialismo, capitalismo o el libre comercio. Muy por el contrario, la Iglesia ha defendido su legitimidad y ha reiterado la conveniencia de su adecuado funcionamiento, como mecanismos de generación de riqueza siempre y cuando tales fenómenos no atenten contra la dignidad de las personas y su bienestar espiritual.

Es precisamente allí, en el ámbito de los principios y valores supremos, en donde la voz profética de la Iglesia Universal ha condenado los abusos del materialismo capitalista y ha advertido sobre las amenazas del lucro y de la desmedida ambición de los pequeños grupos de interés que atentan contra el bien común.

En los últimos días hemos escuchado a algunos altos funcionarios del Gobierno de la República de Costa Rica, particularmente al Presidente Oscar Arias Sánchez, “sugerir”, en el marco de una visita protocolaria a Su Santidad Benedicto XVI y al Excelentísimo y Reverendísimo señor Secretario de Estado, Angelo Cardenal Sodano, que el Vaticano remita una carta a la Conferencia Episcopal de Costa Rica indicándole la conveniencia “de apoyar el Tratado de Libre Comercio con los EEUU”.

Semejante atrevimiento no merecería ningún comentario si no fuera porque pone en entredicho, no sólo la sabiduría y buen criterio de los obispos costarricenses en una materia sumamente delicada para la vida nacional; sino porque más aún, pretende poner en boca de los más altos representantes de la Iglesia Católica palabras que confunden a los católicos costarricenses y tergiversan el conocido –y legítimo- apoyo que siempre la Iglesia ha ofrecido al libre comercio cuando éste se realiza en un marco de justicia, solidaridad, inclusión y equidad.

Las organizaciones sociales y laborales que suscriben, desean por este medio, Excelencia, reiterar su confianza en la sensata y prudente opinión de la Iglesia Católica romana y expresar su repudio a quienes, en un afán poco edificante, intentan manipularla.

También desea ratificar su total apoyo a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, al Arzobispo de San José, Monseñor Hugo Barrantes Ureña y a sus hermanos de la Pastoral Social; quienes, en un espíritu de caridad y lucidez cónsone con las mejores tradiciones del catolicismo, han dado “voz a los que no tienen voz” y han asumido con gran responsabilidad la crítica social sin la cual será imposible preservar la paz de la República.

Al concurrir a Vuestra Excelencia con todo respeto, las organizaciones sociales que nos honramos en representar, deseamos solicitar que estas opiniones sean trasladadas a la consideración de la Secretaría de Estado del Vaticano, con el único objeto de abonar a una discusión en donde consideramos que la voz responsable y amorosa de la Iglesia no puede hacer caso omiso al clamor de los más pobres, tal y como lo han señalado con toda razón los señores Obispos y el señor Arzobispo a propósito de la alarmante descomposición de la urdimbre social en Costa Rica.

Sin otro particular, saluda al señor Nuncio con toda consideración,

Albino Vargas Barrantes
Asociación Nacionalde Empleados Públicos y Privados
*ANEP *

Jesús Vásquez Quesada
Asociación de Profesores
Segunda Enseñanza
APSE

Fabio Chaves Castro
Asociación Sindical de Empleados del ICE
ASDEICE

José Antonio
Barquero Mora
Asociación Nacional de Educadores
ANDE

Luis Chavarría Vega
Unión Nacional de Empleadosde la Caja y de la Seguridad Social
UNDECA

«No invocarás el nombre del Señor en vano»

A finales del siglo XIX la Iglesia Católica –horrorizada por los excesos de la segunda revolución industrial y preocupada por los rápidos avances de los movimientos y partidos socialistas y comunistas en toda Europa Occidental– adoptó la Doctrina Social magistralmente construida en torno a la Encíclica “Rerum Novarum”. Era Pontífice Romano León XIII.

De aquella encíclica se derivó una poderosa corriente política, el social cristianismo y de ella en última instancia surgieron los partidos demócrata-cristianos. Dominada en esos mismos años por un fuerte debate en torno a la infalibilidad papal y la inmaculada concepción de María Santísima, la Iglesia Universal decidió no obstante dedicar mucho de su esfuerzo terrenal a tomar posición en el agrio conflicto entre capitalismo y justicia social declarando que así como el primero era necesario y legítimo, la segunda era indispensable y, también, voluntad de Dios.

Décadas después, en la remota Costa Rica la Iglesia Católica replicó aquella convocatoria a la acción y en un gesto insólito, se alió con el partido de la burguesía –el Republicano Nacional– y con el Partido Vanguardia Popular (comunista) para promulgar primero y defender después, la Reforma Social de 1942. Era Arzobispo de San José Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. Dividido el mundo por una conflagración apocalíptica, y corriendo ya en el país los vientos de una próxima lucha fratricida, la Iglesia Universal decidió no obstante tomar posición a favor de los trabajadores y sus justas reivindicaciones por una vida digna y libre de necesidad.

La Iglesia Católica, “Madre y Maestra” volvió a la carga en la Conferencia de Medellín, y declaró sin timidez y con clarividencia su “opción preferencial por los pobres”. Y en Puebla, ratificó aquél compromiso clamando por la justa distribución de la riqueza recordando la admonición bíblica: “bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra”. Era Papa Paulo VI.

El fruto de aquellos cónclaves fue la “Teología de la Liberación”, doctrina militante que alimentó con una lectura nueva de la fe a un continente en donde la Iglesia se había quedado guindando en los altares por demasiado tiempo. Y vino la revolución… y la contrarrevolución, pero prevaleció la Doctrina Social. De lleno envuelta por la Guerra Fría, la Iglesia Católica no olvidó a sus hijos “más pequeños”, y junto con ellos pagó el precio de su consecuencia apostólica.

Hubo de intervenir la Iglesia otra vez en la Costa Rica de nuestros días, no para oponerse al libre comercio (como tampoco se opuso al industrialismo en el siglo XIX ni al capitalismo en el siglo XX) sino para advertir sobre el peligro de sus excesos. Hubo de escucharse otra vez su voz profética para advertir sobre “las tres Costa Ricas” y la necesidad de rescatarla para continuar viviendo en paz. Es Arzobispo de San José Monseñor Hugo Barrantes y a su vera se han conjuntado sus hermanos Obispos de la Conferencia Episcopal. La Iglesia Católica de Costa Rica quiere libre comercio pero con equidad, con desarrollo justo, con solidaridad y teniendo como objetivo supremo el bien común. El Vaticano también.

Hay algunos que quieren manipular a la Iglesia Universal sin reparar que “las puertas del Infierno no prevalecerán contra Ella”. Si ni Satanás la alcanza, ¿la podrá alcanzar la corta mano de la oligarquía? A los que se acercan a la Iglesia con las manos sucias; a los que quieren mancillar a sus Pastores; a los que mienten para que otros se confundan; a los que le quieren quitar el pan a quienes ya ni siquiera lo tienen, habrá que recordarles que es pecado mortal “invocar el nombre del Señor en vano.”

Luis Guillermo Solís R.
Junio 20, 2006

Gobierno EU intenta modificar el Tratado de Libre Comercio

Periódico El Nuevo Diario, Nicaragua
Gustavo Alvarez | galvarez@elnuevodiario.com.ni

A sólo tres meses de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, conocido como DR-Cafta, en El Salvador, y dos meses en Nicaragua, los estadounidenses ya están proponiendo cambios en el área textil, respondiendo a presiones de la industria de ese país.

Los estadounidenses pretenden poner restricciones a las importaciones de calcetines de Centroamérica, además de revisar otros aspectos como la confección de los bolsillos de las prendas y la co-producción entre los países centroamericanos.

Durante el encuentro que se lleva a cabo en Managua entre representantes de la industria del textil vestuario del continente americano, Steve Lamar, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Americana de Confección y Calzado (AAFA, en inglés), dijo que los países firmantes del Cafta (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos), deberán revisar urgentemente la enmienda al tratado comercial, lo que tendrá que ser ratificado por los parlamentos de estas naciones.

Recientemente, el organismo no gubernamental internacional Oxfam alertó sobre el intento de Estados Unidos de querer poner restricciones o salvaguardas a las importaciones de calcetines de Centroamérica, si estos países no llevan a cabo los cambios relacionados con las normas de origen en los textiles.

La enmienda al Cafta o lo que Oxfam llama un_ “Cafta Plus”_, responde a los compromisos que adquirió Bush para lograr la aprobación del tratado comercial.

En su exposición ante los textileros de América, Lamar aseguró que no se sabe con exactitud qué es lo que Estados Unidos propondrá en el tema de los calcetines, pero que podría ser una salvaguarda o algún tipo de negociación relacionada con las reglas de origen.

“Hay un compromiso muy fuerte en Washington de hacer algo con los calcetines, pero este compromiso no ha sido patrocinado por nadie más en Centroamérica y por eso estamos desconectados”, dijo.
El vicepresidente ejecutivo de AAFA añadió que Estados Unidos también quiere hacer cambios relacionados con los materiales de los bolsillos de las prendas de vestir, así como la coproducción entre los países del área

Centroamérica se opone

Los países centroamericanos se oponen a los cambios que Estados Unidos está proponiendo al Cafta, en lo que respecta al área textil.

Juan Carlos Pereira, Director Ejecutivo de la agencia de promoción de inversiones ProNicaragua, dijo que en tratados comerciales tan complejos, como el Cafta, siempre hay errores y cosas que se tienen que resolver, pero que “la región no está de acuerdo con eso (los cambios) y es algo que los gobiernos tendrán que discutir”. En el caso de los calcetines, Pereira dijo que eso es un problema político en Estados Unidos.

“Aparentemente hay un compromiso político por parte del gobierno norteamericano para poner algún tipo de límites a las importaciones de calcetines, pero es algo que van a evaluar y decidir”, expresó. Aclaró que todavía los norteamericanos no han planteado detalles del problema de calcetines y no se sabe qué van a proponer en realidad, pero que si la región no acepta, no se va a concretar.

Aranceles subieron

Contrario a lo que se esperaba, los aranceles de las prendas de vestir exportadas de los países Cafta subieron en el poco tiempo que tiene de vigencia el tratado comercial, afrimó Steve Lamar, vicepresidente de AAFA.
El representante del organismo internacional de los textileros explicó que este fenómeno es parte del problema de la coproducción entre los países Cafta, ya que algunos de ellos están utilizando materia prima de naciones como Costa Rica y Guatemala, donde no ha entrado en vigencia el acuerdo comercial.

Dijo que en los últimos dos años y medio los aranceles de los textiles de Centroamérica eran del 5 por ciento y debió bajar a 3.5 ó 4 % después del Cafta, pero contrario a eso, en marzo subió a 14 por ciento

Porcentaje del mercado baja

Otro dato que sobresalió en la exposición hecha por Lamar es que el porcentaje del mercado de vestuario de la región centroamericana ha venido bajando en los últimos años.

De 1997 a 1999, la región representaba el 22 por ciento de las importaciones de vestuario de Estados Unidos, pero en 2006 se estima que será del 16 por ciento, “lo que significa un gran descenso en relación con cinco o seis años antes”.

Lamar considera que esto se debe a que los países asiáticos están exportando mucho más y los números absolutos han aumentado, mientras los mercados han bajado. Añadió que “en los primeros tres meses del año, las exportaciones de textiles de la región disminuyeron un 15 por ciento y un volúmen total de exportación de 3 mil millones de dólares para 2006. Si esa tendencia continúa, sería como la cifra de 1999”, apuntó el representante de AAFA.

Comentarios de nuestros lectores

José Francisco Thompson C.
¿Por que será que Costa Rica aún no firma el tratado y más bien busca su renogiciación?

Carlos
¿Cuando los gobiernos arrastrados aprenderan la lección?
Los gringos solo los usan para su propio beneficio.

Agua en manos privadas

Por Dr. Freddy Pacheco ***

Global Water Partnership, junto al FMI y el Banco Mundial, impulsan conjuntamente la actividad de compañías privadas dedicadas al negocio del agua, restringiendo la inversión estatal en el sector de abastecimiento de agua potable, al tiempo que lo abren a la inversión extranjera, para de esta manera, enfrentar la “incapacidad estatal” para tratar el problema.

Para Tony Clarke, del Instituto Polaris, por una red estratégica de grupos de presión, vinculados a políticos nacionales, la industria mundial del agua se orienta hacia su privatización. “Esta red incluye la ‘Global Water Partnership -GWP-Š’ inicialmente dirigida por un vicepresidente del Banco Mundial, asociado a gobiernos y agencias de cooperación de países industrializados y otras instituciones financieras internacionales. Acción evidente desde que GWP jugó un papel fundamental en la organización del Foro Mundial del Agua celebrado en La Haya en el 2000, “qué puso un fuerte énfasis en la promoción de asociaciones con participación público-privada PPP como la solución a la crisis mundial del agua.”

Otras prestigiosas publicaciones reafirman que GWP, junto al FMI y el Banco Mundial, impulsan conjuntamente la actividad de compañías privadas dedicadas al negocio del agua, restringiendo la inversión estatal en el sector de abastecimiento de agua potable, al tiempo que lo abren (_“apertura”_, le dicen) a la inversión extranjera, para de esta manera, enfrentar la “incapacidad estatal” para tratar el problema.

En un estudio sobre el movimiento social alrededor de la gestión del agua en Nicaragua, gestado a partir de las iniciativas gubernamentales dirigidas a otorgar “en concesión” la administración de la empresa estatal encargada del abastecimiento de agua potable, se lee: GWP se describe así misma como un red encaminada a la acción de organismos interesados en cuestiones relativas al agua y cuya misión consiste en encontrar las herramientas necesarias para resolver los problemas del agua, sobre todo en los países del Tercer Mundo”.

Sin embargo, el MS la percibe como un organismo carente de base social, integrada por consultores contratados por las empresas transnacionales involucradas en el negocio del agua, cuya tarea es “preparar el camino de las privatizaciones, a través del establecimiento de relaciones con el Estado y con otras organizaciones civiles.”

Los ciudadanos nicaragüenses reaccionaron así ante el hecho de que GWP apoya a organismos financieros internacionales que “promueven la creación de empresas municipales con Participación Pública-Privada (PPP)”. Al poner como ejemplo la administración de agua potable en Puerto Cortés, Honduras, concluyen que “ese es un modelo que quiere reproducirse en los municipios de Nicaragua y en todos los países de la región.”

Lo grave es que (como sucede en otros sectores privatizados) el mensaje del Banco Mundial plantea que “el país que se niegue a ello verá recortados los créditos para otras inversiones en el sector público”, según mensaje emitido sin ambages por uno de los “héroes” de la invasión a Irak, Paul Wolfowitz, presidente del Banco Mundial, durante el Foro Mundial del Agua celebrado en México, donde también habló uno de los “interesados”, el millonario Carlos Slim.

Ahora bien, si se tratara solo de un asunto ideológico útil para una discusión académica, el asunto sería intrascendente. Pero como más bien se trata del derecho humano al acceso al agua potable, habría que ver cómo podrían pagar cubriendo los costos del servicio los pobres del mundo y de Costa Rica.

Por otro lado, no es difícil prever lo que hubiera sucedido, de haber tenido éxito en el 2002, el proyecto del expresidente Miguel Rodríguez de dar en concesión el agua de nuestro país, para lo cual se contrató a la consultora de finanzas corporativas creada por ex socios de Morgan Stanley Dean Witter, la española “N más 1”, cuya ejecución hubiera provocado un aumento brutal de las tarifas para pagar una inversión de $300 millones. Suez y Thames, transnacionales gigantes del negocio del agua, habían mostrado su interés, junto a Bechtel.

Obviamente la “motivación” se ilustra en los ingresos anuales de $160.000 millones de dólares (al 2002) obtenidos por las francesas Suez y Vivendi, y la alemana RWE-Thames, y en los beneficios “especiales” que obtendrían algunos por sus “gestiones de éxito”. ¡Ojo al anunciado TLC con la Unión Europea que por ahí podría andar parte del negocio!

Como el pueblo costarricense no podría soportar ataque de tal magnitud a su bienestar, llamamos la atención al respecto, con la esperanza de que el mismo pueblo sabrá denunciar a los promotores de tal crimen, para así evitar la sed que se vislumbra. Recordemos además, que con el TLC no se podría evitar la extracción y exportación indiscriminada del agua envasada, que ya forma parte del negocio de corporaciones instaladas en suelo costarricense.

  • Dr. Freddy Pacheco

Catedrático UNA
2 de junio, 2006

¿Por qué Estados Unidos abortó el TLC con Ecuador?

Francisco Hidalgo Flor (Rebanadas de Realidad) [1]

Se han expuesto varias hipótesis para explicar este desenlace, en este artículo compartimos la opinión de que se debe a la irrupción de una tendencia, que va cobrando fuerza en el continente, en el marco de la configuración de un nuevo escenario político regional, que rompe con la columna vertebral de los “tratados de libre comercio”, la tesis de la recuperación del control estatal sobre el manejo de los recursos naturales, especialmente los hidrocarburos. Esto deja atrás años de políticas de sumisión y entreguismo ante las transnacionales petroleras, expresada en privatizaciones, que se amplificaron en el marco de la ofensiva neoliberal de la década de los noventa y que auspició formas contractuales abiertamente perjudiciales a los intereses de los países latinoamericanos.

La consolidación de esta tendencia de soberanía nacional, expresada en la frase del presidente ecuatoriano: “aceptar una imposición petrolera, para que se abra un TLC, sería indigno y una falta a la historia” [2], obedeció a factores nacionales e internacionales. Por un lado, la presión de organizaciones populares, principalmente del sector campesino e indígena, que desde un inicio articularon las demandas de sanciones legales contra la Occidental Company con la oposición al TLC; y, por otro, tanto la confirmación de los escenarios de un precio del petróleo cada vez más alto, como la consolidación de posturas radicales, he ahí la reciente nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.

Los verdaderos significados de la ruptura

Estados Unidos rompe las negociaciones como medida de presión, en defensa de las transnacionales petroleras privadas, ante la doble decisión del gobierno de Ecuador: I) demandar una renegociación de la participación del Estado en las rentas generadas por los nuevos precios del crudo, mediante la aplicación de reformas a la Ley de Hidrocarburos; y, II) la resolución de declarar la caducidad del contrato con la Occidental Petroleum (OXY) y la reversión de sus instalaciones a favor estado ecuatoriano.

Coincidieron en el tiempo la fase final de negociación del TLC Ecuador – Estados Unidos y los cambios en las políticas petroleras. Al momento en que el gobierno de Quito aprobó, a mediados de abril, las reformas a la Ley de Hidrocarburos, la delegación estadounidense se levantó de las mesas de negociación y el proceso quedó malamente herido, peor cuando en mayo se tomó la resolución de declarar la caducidad del contrato, los Estados Unidos se declararon “decepcionados” [3] y las negociaciones murieron.

La agenda oficial del TLC reflejaba solo parcialmente los intereses en juego, especialmente aquellos provenientes desde Washington, y en la práctica fueron rebasados ante la consolidación de tendencias denominadas de “nacionalistas”.

Este quiebre de las negociaciones entre Ecuador y Estados Unidos es evidencia de que la esencia de estos tratados es garantizar la rentabilidad de las grandes transnacionales, en perjuicio de los derechos e intereses nacionales, y de que están supeditados solo a las prioridades estratégicas, económicas y geopolíticas.

Desde hace treinta años las principales inversiones extranjeras han sido orientadas al sector petrolero y muy poco hacia otras ramas como las agroindustrias o las farmacéuticas, como lo evidencia el siguiente cuadro:

Cuadro No. 1: Inversiones Extranjeras Directas en el Ecuador
(en millones de dólares)
Año Inversión petrolera Inversión extranjera total
2002 1.057,5 1.275
2003 1.265,3 1.555
2004 919,8 1.160

Fuente: “Análisis de coyuntura económica – Ecuador 2005” Edic. Flacso – Ildis

TLC o suicidio del mercado nacional y andino

Desde el inicio de las negociaciones del llamado TLC Andino, a fines del 2004, la potencia del norte resolvió unilateralmente que quedaban excluidos Bolivia y Venezuela, y solo eran incorporados Perú, Colombia y Ecuador; esa sola decisión rompió por la raíz la Comunidad Andina de Naciones, que desde la década de los setenta viene intentando consolidar políticas regionales. Mas también desde el inicio, la postura oficial de Washington fue obligar a cada uno de estos países a desmontar las políticas proteccionistas de mercado regional, como por ejemplo, las franjas de precios que protegen a los productos alimenticios básicos frente a la agro exportación subsidiada de Estados Unidos y Europa.

La discusión sobre TLC se redujo a las agendas de veinte mesas, donde destacaban como las más polémicas las referidas a los temas agrícolas y de protección intelectual. Cada vez se evidenció más que la negociación de TLC era una línea de los Estados Unidos para quebrar el mercado regional andino, consolidar sus posiciones estratégicas y fracturar los mercados nacionales, sobre la base de sustituir políticas nacionales por políticas de protección a las transnacionales, como las de agro exportación, agroquímicos y de comercialización.

A partir del mes de noviembre del 2005, Washington privilegió cerrar los acuerdos de manera bilateral; con Perú lo hace en diciembre de ese año, y con Colombia en el primer trimestre del 2006. La negociación con Ecuador siempre fue compleja, en especial después del derrocamiento del ex – presidente Gutiérrez, pues la movilización social en medio de la cual asumió la presidencia Alfredo Palacio, obligó a ciertos compromisos, entre ellos, la de una postura crítica frente a las negociaciones de este tratado.

En Ecuador las posiciones a favor del TLC jamás alcanzaron un consenso social o por lo menos una opinión pública claramente favorable; siempre hubo un sector crítico al proceso, que se fue consolidando, más aún cuando organizaciones campesinas e indígenas, que desde hace más de una década lideran el campo popular, fueron afirmando una línea de resistencia y lucha directa contra el TLC, pues lo consideran un instrumento a favor de las transnacionales de la agro exportación.

Cada vez fue quedando mas en evidencia que el principal sector beneficiario de este Tratado es francamente minoritario, incluso dentro de los propios sectores de economía capitalista. Este sector beneficiario está constituido por los agro exportadores modernos y la industria articulada al mercado norteamericano, por un lado flores, brócoli, piñas, mangos, y por el otro textiles, enlatados de atún; pero no mucho más que eso. Incluso los grandes exportadores tradicionales de banano, cacao y café veían con ciertas reservas las implicaciones de este acuerdo.

Un informe de la CEPAL sobre probables impactos del TLC reconoció que “Los productos con potencialidades en un acuerdo con Estados Unidos son: flores, banano, piña, mango; mientras que los productos amenazados en ese acuerdo son: arroz, maíz, papa, soya, cárnicos” [4]. En el mismo estudio se establece que una confrontación de productores de alimentos y cereales nacionales con los productores de alimentos y cereales de Estados Unidos podía “afectar a la supervivencia del 57% de las unidades de producción agrícola y la vida de un millón y medio de campesinos”.

El Ecuador es un país que todavía tiene una importante población rural, el 35% de los habitantes todavía están en el campo; la canasta alimentaria (leche, arroz, carne, frutas, hortalizas), todavía se producen a nivel nacional, es un país que en estos niveles se autoabastece; el empleo y subempleo rural está muy ligado a la reproducción de las economías campesinas. El sector industrial empresarial no – tradicional, como los floricultores, es pequeño, genera poco empleo y explota mucho.

Luego de que Perú y Colombia cerraron sus negociaciones, quedó claro, para la población ecuatoriana, que los “márgenes de maniobra” del país eran pequeños y se volvía inminente un acuerdo que en aspectos sustanciales, como el agrícola, era perjudicial para la sobrevivencia de los sectores populares, especialmente los del campo. Entonces la percepción social de que la firma del TLC significa quebrar la reproducción social campesina fue ganando terreno.

Resistencia social frente al TLC y la OXY

En el caso ecuatoriano siempre estuvo ligado el asunto del Tratado de Libre Comercio con el tema del tratamiento a las transnacionales petroleras norteamericanas. Coincidió que a la par que las negociaciones del TLC se iniciaban a fines del 2004, al mismo tiempo se ventilaba la demanda de la empresa estatal Petroecuador contra la Occidental Petroleum, mas conocida como OXY, por alteraciones contractuales: sobreexplotación de pozos petroleros, cesión de derechos a la empresa canadiense “Encana” sin autorización de las autoridades nacionales respectivas. Las implicaciones políticas de este hecho supieron entenderlo las organizaciones populares y los sectores críticos.

Al igual que en otros países, en Ecuador las campañas contra el ALCA, desde el año 2000, y las campañas contra el TLC, desde mediados del 2004, fueron intensas. Sin embargo, a diferencia de otros países, en Ecuador se logró a inicios del 2006 generar una presión fuerte que determinó cambios en el comportamiento político gubernamental, cabe preguntarse ¿Dónde estuvo la diferencia?. La respuesta probablemente sea: la fuerza de las organizaciones campesinas e indígenas que ganaron hegemonía en el sector rural, y el origen del gobierno de Alfredo Palacios, que proviene de la presión de movilizaciones sociales que determinaron el derrocamiento de su antecesor Gutiérrez.

Desde inicios de los años noventa el movimiento indígena ha cobrado protagonismo, en especial la CONAIE, hasta el punto de convertirse en la organización que en determinadas condiciones jalona al resto del movimiento popular. Eso aconteció en este tema del TLC, pues la CONAIE logró rearticular sus fuerzas, y una de las banderas de lucha fue la oposición al Tratado. Las movilizaciones sociales, que arreciaron desde Febrero, con impacto en los sectores urbanos, y que tuvieron su punto culminante en el levantamiento indígena de Marzo del 2006, precisamente antes de la última ronda de negociaciones, fueron determinantes para generar una presión nacional.

A la contundencia de la movilización campesina, donde consignas como “el TLC significa muerte para la agricultura” se tornaron en sentido común, se sumó la movilización de las provincias donde la explotación petrolera es más grave, esto es la amazonía ecuatoriana, por la salida de la OXY.

Los sectores pro – TLC, las Cámaras de la Producción, quedaron en minoría y sin fuerza social para revertir la tendencia mayoritaria, tan es así que en su desesperación, cuando el gobierno anuncia las sanciones contra la empresa petrolera transnacional, “los empresarios declaran a Palacio enemigo del sector productivo” [5].

La caducidad del contrato con la Occidental Company (OXY)

El contrato suscrito contemplaba que en caso de la terminación del contrato la sanción era la reversión de la concesión y la obligación de entregar los campos y yacimientos, así como obras e inversiones realizadas; en definitiva, devuelve el derecho de concesión y lo que en ella se invirtió. Es lo que sucedió el 16 de mayo del 2006 cuando el Ministro de Energía se pronuncia por la caducidad y el estado tomo posesión de las instalaciones de la empresa.

Los Estados Unidos y las Cámaras de la Producción pretendían que el Estado no sancionara a la OXY y en su lugar que aceptara un proceso de negociación, lo que significaba ignorar las reiteradas faltas cometidas por la transnacional, pero sobretodo sentar un precedente de continuidad en las políticas petroleras, donde las transnacionales reinaban.

Notas:
[1] (1)Sociólogo, colaborador de la IGS, escribe para el portal de Internet “Gramsci e o Brasil. Director de la Revista Espacios, autor del libro: “Alternativas al neoliberalismo y bloque popular”. Ap. Postal: 17 – 10 – 7169 Quito – Ecuador. Rebanadas de Realidad publica a Francisco Hidalgo Flor por gentileza del autor. Ir arriba
[2] Declaraciones de Alfredo Palacio – El Comercio 20/05/2006. Ir arriba
[3]) “El subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del departamento de estado de los Estados Unidos declaró que la resolución ecuatoriana es tomada como una confiscación de los bienes de una empresa estadounidense, y se declaró decepcionado, además expresó que los acuerdos se basan en el principio fundamental de que ambas partes respeten el régimen de derecho, en clara alusión a las negociaciones de TLC” – nota de prensa de El Universo 17 de mayo 2006. Ir arriba
[4] CEPAL: ““Los Impactos diferenciados del Tratado de Libre Comercio Ecuador – Estados Unidos sobre la agricultura” – Ecuador, 2005. Ir arriba
[5] El Universo 17/05/2006. Ir arriba

17/6/06

La “apertura”

Esta “apertura” es la que se quiere para las telecomunicaciones, según lo que, tan democráticamente, se decidió con al TLC. “Gradual” y “selectiva” para mejor entendernos, no obstante que –sin siquiera haberse aprobado el Tratado– ya los plazos vencieron o están por expirar. Y advierten con pontificia solemnidad: “apertura” no es privatización.

El argumento tiene esa, como vaporosa ligereza, típica de las inteligencias moldeadas desde la derecha política y el neoliberalismo económico. Están a tal punto labradas a los fines de justificación del poder y la dominación, que dan por agudeza lo que no es más que un ardid intelectual torpe y mal hilvanado. De ahí lo vaporoso: se lo lleva el viento cual globito lleno de aire.

Según esta teoría un mercado “abierto” –digamos el bancario– se diferencia de uno “privatizado” en el hecho de que en el primero funcionan algunas empresas estatales, junto a otras privadas. Y en la competencia, las primeras no necesariamente sucumben, si no que, por el contrario, se vuelven más eficientes. Al final el ganador es el “consumidor” que, como se sabe, es soberano ante el cual se inclinan inclusive los gigantes corporativos de mayor tonelaje. Por ejemplo, Microsoft…

Al parecer, y sin afán de entrar en refinamientos sociológicos, el “consumidor” es un sujeto que vive enteramente dedicado –24/7– a engullir cosas: come hamburguesas como energúmeno y jamás se indigesta; habla por el celular hasta dormido; escucha “reguetón” en su i-pod incluso bajo la ducha. Ah, y consume sexo, sexo, sexo…con cada pepsi que se engulle y cada desodorante que se aplica. El “consumidor” (que no “la consumidora”. Simple machismo mercadotécnico) no es obrero de maquila, ni barredor de calles, ni pulpero. Tampoco es una niña con hambre ni una anciana enferma. Es… su alteza real, el “consumidor”. Innecesarias más aclaraciones.

Pues los “aperturistas” se desviven por el “consumidor”, y en su bien buscan la “apertura”. Así con el ICE en los días que corren, como con la banca desde que el señor Lizano llegara por primera vez a la presidencia del Banco Central. Grandes han sido los beneficios que ha cosechado el “consumidor”. Créditos de consumo al instante, tarjetas de crédito, juveniles y sonrientes rostros en cada ventanilla…

La Nación –afanosa si se trata de hacerle propaganda al TLC (y al señor Arias) – quiere convencernos acerca de las dulces bondades de la “apertura”. Y hace juegos malabares con los datos en secuencias informativas que, impúdicas, se desnudan en su intencionalidad manipuladora. Quieren deslumbrar con su primera página del 5 de junio: “Banca estatal compite y logra sólidas ganancias”. El periodista es de apellido Leal y, con fruición, se muestra leal a la línea editorial del medio; el reportaje es redundante en su esfuerzo por “demostrar” los beneficios de la “apertura” bancaria. Y por si las moscas, el infaltable editorial con fecha 8 de junio. Ahí se comparan los “éxitos” de la apertura bancaria con el “debilitamiento o mengua” del ICE. Un gramo de neuronas basta para percibir el jueguito.

El entusiasta diagnóstico acerca de la banca estatal se basa en los respectivos datos contables. En particular, los de ganancias. Es el criterio más pobre que nadie podría invocar para evaluar la función social que la banca debería cumplir. Esta observación es válida, inclusive si de la banca privada se trata. Al menos si viviésemos en un mundo más o menos racional, donde interesara la gente de carne y hueso y su vida. Pero no. Vivimos bajo la esquizofrenia autodestructiva de la especulación financiera, que por vía del despilfarro promueve el enriquecimiento de unos pocos, a costa… de lo que sea.

Es fácil ver cuál es la contraparte de las altas ganancias de la banca. Constatar, por ejemplo, que el crédito para producción –señaladamente agricultura e industria– se ha desplomado en términos relativos. Que, en cambio, es tumultuoso el que se concede para consumo, vivienda y construcción y comercio. Usted lo puede ver en condominios principescos y agringados centros comerciales. Y muchos “consumidores” lo sienten en las montañas de deudas que se apilan sobre sus cabecitas… como se apilan en sus casas los chunches innecesarios comprados con el crédito “fácil” que concede tan redituable banca. Otras cosas son menos visibles, porque son de ámbito más exclusivo. Digamos, la especulación con bienes raíces de la que talentosos “empresarios” sacan ricos frutos.
Ya quisiera la banca pública contar con las “flexibilidades” de la privada. Y así, por ejemplo, “competir eficientemente”, cada banco con su off-shore.

Y en bien de su majestad el “consumidor”, facilitar la evasión de impuestos y la especulación en bolsas de valores del primer mundo. Y para mayor solaz de su alteza, que los ricos se hagan más ricos, hipotecando el desarrollo de Costa Rica y perpetuando el hambre de los pobres. Imagínense ustedes; por cada banco estatal un tentáculo off-shore. Sería orgasmo, éxtasis y nirvana de la “apertura”. Mayores ganancias en medio de estridentes vítores y salvas de La Nación.

Tales son las consecuencias de la “apertura bancaria”. Somete la banca pública a los criterios de desempeño propios de la banca privada, y engendra así un monstruito: una banca jurídicamente de propiedad estatal que, sin embargo, reproduce los vicios especulativos y despilfarradores del negocio financiero privado.

¿Y eso quieran también para el ICE?

Junio 17, 2006
Fuente: www.tribunademocratica.com

Agua turbia

Dr. Freddy Pacheco
Catedrático UNA

El agua ha perdido su transparencia, no solo por la contaminación que la tiene “en peligro de extinción” sino también por los negocios multimillonarios nacidos a partir de su escasez. Las acciones de las compañías transnacionales más importantes, (Suez, Vivendi, Thames,
Coca-Cola Co., Pepsi Inc., Nestlé…) se mueven hacia arriba en las bolsas de valores a la misma velocidad que se mueve a través de las fronteras el agua embotellada por ellas.

Dos ejemplos: entre Vivendi y Suez se abastece un mercado de unas 300 millones de personas en más de 130 países. Las ventas conjuntas del trío formado por la alemana RWE-Thames y las francesas Suez y Vivendi, superan los $160.000 millones anuales. Empresas que podrían estar muy interesadas en un TLC entre los Estados centroamericanos y la Unión Europea.

Debido a que unas 1.100 millones de personas no tienen acceso adecuado al agua potable, se estima que cada 8 segundos muere un niño consecuencia del consumo de agua contaminada.

El año pasado la escasez de agua causó diez veces más muertos que todas las guerras juntas del planeta en el mismo período. Y para alejarnos de la inevitable posición antropocéntrica, hemos de tomar nota que el 20% de las especies del planeta se han extinguido o se encuentran en peligro de extinción, debido a la falta de agua o la presencia de agua contaminada.

Así, opuestos a prestar la debida atención a la falta de agua declarando su disponibilidad como un derecho humano fundamental, los que negocian con ella se aprovechan de la crisis para aumentar sus ganancias, contando muchas veces con la complicidad del Banco Mundial que facilita la entrada de las multinacionales en los mercados latinoamericanos, recurriendo a su considerable influencia para que la privatización (o “apertura”) sea una condición crediticia. Antes de enfrentar fracasos en sus mismos proyectos, como los relacionados con la ineficiente “Global Water Partnership” (GWP) (“Asociación Mundial del Agua”AMA), financiada hoy principalmente por corporaciones, el Banco Mundial había multiplicado varias veces sus inversiones crediticias dirigidas al recurso hídrico.

Sumado a lo anterior son numerosos los casos en que la maloliente corrupción, mediante regalos, sobornos, donaciones políticas, y otros, ensucia aún más el agua antes incolora e inodora.

Sobran los “facilitadores” y “asesores” dispuestos a colaborar con la venta de agua embotellada, más de mil veces más cara que el agua de grifo que alcanza volúmenes cercanos a los 90.000 millones de litros, de los cuales al menos el 25% se comercializa fuera del país de origen.

Por ello, como era de esperarse, el negocio también ha llegado a
Costa Rica, tal y como lo publicara la prensa nacional en mayo del
2005, donde se informa que el tratado de libre comercio entre Costa
Rica y la Comunidad Caribeña de Naciones (TLC-Caricom) “representa una oportunidad para que empresarios ticos puedan exportar agua embotellada sin pagar aranceles y aprovechar las particularidades del mercado”.

Oportunidad que se presenta más promisoria (para los exportadores) de entrar en vigencia el tratado con EUA (y pequeños acompañantes) que se estudia en la Asamblea Legislativa.

En fin, los costarricenses y latinoamericanos tenemos la magna tarea de garantizar el abastecimiento futuro del agua… para todos.

Para ello es indispensable denunciar la corrupción y revelar los intereses oscuros que la enturbian, al tiempo que se ha de prohibir su exportación, que profundizaría los problemas asociados a su abastecimiento solidario.

13 de junio, 2006