Categoría: TLC

En la página 8A del Lunes 13 de noviembre, La Nación publica declaraciones del Ministro de Comex, Marco Ruiz, que dicen: “_A nosotros nos hizo mucho daño la Administración pasada (gobierno de Abel Pacheco) al no haber avanzado ninguno de esos proyectos”_. Se refiere a los proyectos de la “Agenda de Implementación” del TLC, es decir aquellos obligatorios para Costa Rica. Los componentes de esta Agenda, aunque imperativos para que el TLC entre en vigencia, no deben confundirse con los programas y proyectos que pueden conformar la “Agenda Complementaria”, que es voluntaria para el país, aunque no por ello menos importante o innecesaria.

Como esas afirmaciones no son ciertas, debo evidenciarlo por respeto a todos los costarricenses que dentro y fuera de COMEX participaron del trabajo que se hizo en relación con esta Agenda durante la segunda parte de la Administración Pacheco, que es por la que puedo y debo responder.

Los comentarios del Ministro Ruiz evidencian, al menos, una o varias de las siguientes situaciones: (a) que no leyó el detallado informe de mi gestión que se le suministró, ni tampoco el informe que presenté ante la Asamblea Legislativa a principios de mayo pasado, (b) que no conoce, a pesar de los 6 meses de Gobierno ya transcurridos, en qué consiste el trabajo que debe hacerse para que el TLC entre en vigencia, (c) que no está actuando de buena fe, o (d) que busca excusas previendo lo que pueda ocurrir durante su gestión, lamentablemente, comete un error sobre con quien debe debatir en cuanto al TLC.

Ninguna de las anteriores posibilidades, a las que pueden sumarse otras, es alentadora. Antes de asumir el Gobierno, tal vez veía muy simple la tarea; pero lo cierto es que hay un camino que recorrer para aprobar el TLC, sus proyectos de implementación y, sobre todo ponerlo en vigencia, que es mucho más que sólo ratificarlo. Debe actuarse con visión y total compromiso. Una cosa es el trámite legislativo y ora muy diferente la parte estratégica, dentro y fuera del Congreso

Como informé al país con transparencia y oportunidad durante mi gestión como Ministro, tanto en el Informe de Labores como en el Informe Anual a la Asamblea Legislativa, se explica lo relativo a esta Agenda y los proyectos que fueron enviados a la corriente legislativa antes de mayo de este año, y que forman parte de la Agenda de Implementación.

Los dos únicos proyectos pendientes a mayo del 2006, por decisión del Presidente Pacheco, fueron los que tenían relación con el tema de seguros y telecomunicaciones. Aunque debo aclarar que esos proyectos contaban a esa fecha con un trabajo muy sólido desde el punto de vista técnico, el cual quedó concluido y en manos de la Administración actual para que decidiera si lo presentaba al Congreso o prefería modificarlos, presentación que ocurrió hasta hace pocas semanas. En el caso de telecomunicaciones incluso participó el actual Presidente Ejecutivo del ICE y él puede informar muy bien al Ministro Ruiz al respecto.

También quedaron avances importantes en otras áreas de la Agenda de Implementación, que tiene que ver con reformas normativas. Por ejemplo, ¿Por qué el Ministro no menciona el trabajo que se hizo sobre el Reglamento a la Ley de Información no Divulgada? Eso quedó prácticamente concluido y tiene especial relevancia para el tema de genéricos, tanto farmacéuticos como agroquímicos. Hay que tener cuidado, la mezquindad es una mala compañera en lo político, en especial cuando se quiere convencer contra viento y marea a un país de solo las bondades del TLC.

Si fuera cierto que la Administración pasada no avanzó ninguno de los proyectos de la Agenda de Implementación, basta ver las fechas y firmas de los proyectos de ley. Sin embargo, fue más bien, ese envío hace meses lo que permite que la reforma a la Ley de Protección a Representantes de Casas Extranjeras (expediente 16.116), la reforma a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (expediente 16.117), y la reforma a la Ley de Marcas y la Ley de Patentes (expediente 16.118), están ya dictaminados por unanimidad en las Comisiones respectivas ¿Por qué no menciona el Ministro cuándo fueron presentados a la corriente legislativa esos proyectos y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (expediente 16.144) y el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos (expediente 16.123), por citar otros ejemplos? La respuesta, dándole el beneficio de la duda, es que tal vez no la sabe. Si no lo sabe, en virtud de la investidura que temporalmente ostenta, es igual o más grave que si sabiéndolo, lo oculta.

Lo único claro es que por fin se soma una discusión que debió haber iniciado hace mucho tiempo y que en repetidas ocasiones como Ministro manifesté (la primera de ellas desde agosto del 2005): que no es suficiente la ratificación legislativa para que el TLC entre en vigencia. Es necesario el cumplimiento de todas las condiciones previas a las que el país se comprometió en la negociación del Tratado.

Que no es suficiente con un simple intercambio de notas diplomáticas para poner en vigencia el TLC. En su comparecencia, el actual Ministro dijo que la palabra “certificación” había sido acuñada o inventada por la Administración anterior, pero lo cierto es que la legislación interna y la de implementación de los Estados Unidos es muy clara.

El Ministro no ha entendido que no es en el texto del TLC donde se habla de este proceso previo a la entrada en vigencia, sino en la legislación interna y especialmente, en la que aprobó el TLC en los Estados Unidos.

Por respeto a la ciudadanía, debe informarse que hay un proceso ante el que Costa Rica deberá ir frente al Gobierno de los Estados Unidos (específicamente ante el USTR), para demostrar que lo comprometido por Costa Rica en el TLC cuenta con la legislación nacional respectiva, garantizando el cumplimiento de dichos compromisos. Solo una vez concluido ese proceso, podría el Presidente de los Estados Unidos proclamar la entrada en vigencia del TLC entre ese país y Costa Rica.

Prueba de ello, es lo vivido por Maruecos, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; o sino ¿por qué República Dominicana no ha podido poner el TLC en vigencia? No es exactamente porque los dominicanos no quieran.

Esta discusión no tiene como óbice el estar o no favor del TLC. De lo que se trata es de ejercer la función pública con absoluta transparencia, objetividad y, resguardando el interés mayor y general: en este caso la adecuada aprobación del TLC y sus proyectos de implementación y de complemento.

***Ex Ministro de Comercio Exterior
Ex Embajador ante ONU, Ginebra

El señor Mark Langdale, Embajador de los Estados Unidos de América en nuestro país, emite declaraciones periodísticas en contra del pueblo costarricense, de los movimientos sociales costarricenses y, particularmente, en contra de los sindicatos nacionales.

Repudiamos con toda nuestra fuerza esas declaraciones, formuladas a propósito del polémico y polarizante tema del mal llamado_ “tratado de libre comercio”_ (TLC), que le quieren imponer a Costa Rica con ese país.

La descarada intromisión de Mr. Langdale en un asunto de tanta sensibilidad para los y para las costarricenses en estos momentos, es un acto ofensivo que lesiona severamente nuestra dignidad como pueblo inteligente, capaz de tomar sus propias decisiones, sin necesidad de interferencias externas tan deplorables.

Mr. Langdale reproduce un estilo de política intervensionista estadounidense, hoy ampliamente rechazado en la América Latina, con la llegada al gobierno de presidentes dispuestos a defender un camino soberano y autónomo para sus respectivos países.

El más reciente fracaso intervencionista gringo en la política interna de nuestros países latinoamericanos, se dio en Nicaragua, pues en este país no le hicieron caso al colega embajador del Sr. Langdale, quien llamó a votar en contra de quien fue finalmente el triunfador de la contienda electoral recién concluida.

Igualmente, fracasó la política estadounidense al tratar de imponer “su” candidato para el Consejo de Seguridad de las Nacionales Unidades.

En Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, en Chile, y en México (donde ahora hay dos gobiernos); se desarrollan procesos políticos hacia la justicia social y hacia la reconstrucción interna luego del vendaval neoliberal de pobreza, exclusión y corrupción. Además, en otras naciones latinoamericanas, como Costa Rica, los movimientos sociales y cívicos son las fuerzas patrióticas que resisten a ese neoliberalismo anticristiano y deshumanizante.

Por el contrario, Mr. Langdale debería explicarnos a los y a las costarricenses, porqué su país construye una especie de “Muro de Berlín”, en la frontera con su socio comercial por excelencia, México, luego de que firmaran ambos un TLC desde hace doce años, del mismo tipo que a Costa Rica le quieren imponer.

¿No es, Mr. Langdale, que los TLC que promueve Estados Unidos traen prosperidad para los pobres, mejores empleos para la clase trabajadora y desarrollo para las comunidades?… Entonces, ¿para qué muros?

San José, 20 de noviembre de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Nota de Diario Extra:____________________________________

• Mark Langdale, embajador de Estados Unidos:

“EL TLC BENEFICIARÁ A LOS POBRES”

• Emisario diplomático espera que país respete decisión de la Asamblea Legislativa sobre el acuerdo comercial.

Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com
Foto: Róger Córdoba

El embajador de Estados Unidos, Mark Langdale, recibió en su despacho a William Gómez, director general de DIARIO EXTRA.

Un año después de haber asumido el cargo de embajador de Estados Unidos, Mark Langdale, abogado y empresario, afirma que Costa Rica tiene todo a su favor para ser uno de los países latinoamericanos más beneficiados, de entrar a la corriente del libre comercio.

El estadounidense aseguró que ricos y pobres estarán en capacidad de sacarle provecho al Tratado de Libre Comercio (TLC) que discute la Asamblea Legislativa. Langdale habló con DIARIO EXTRA sobre su visión de los meses por venir, cruciales en el trámite del TLC.

UN AÑO, UN NUEVO GOBIERNO

Ha pasado un año desde que usted está aquí. ¿Qué le ha parecido el país? – Mi primer año aquí ha sido muy interesante y gratificante. La gente de Costa Rica es muy cálida con los estadounidenses y yo agradezco ese gesto. Lo más interesante ha sido estar aquí para vivir el cambio de gobierno.

Es interesante que usted haya iniciado sus funciones diplomáticas precisamente en medio de un cambio de gobierno. ¿Qué diferencias ha visto entre el gobierno anterior y el actual? – Bueno, no me tocó vivir mucho de la administración Pacheco, por lo que no puedo comentar mucho de ese gobierno. Respecto al actual, le puedo decir que estoy muy impresionado con su desempeño durante estos seis primeros meses. Creo que el presidente Óscar Arias supo manejar con liderazgo los resultados electorales, que fueron muy cerrados. Otra muestra de que él es un líder es la gente que lo acompaña en su mandato.

¿Cómo ha observado la acogida internacional del presidente Arias? – Bueno, es un premio Nobel, una marca global de Costa Rica, cuando él habla la gente escucha. Es un hombre con una gran reputación de integridad y moral. Algunas veces dice cosas que van en contra de la posición de Estados Unidos, pero es un campeón de la democracia y de los derechos humanos, se preocupa por la inversión en el ser humano y no en la guerra. Es el líder latinoamericano más valiente al hablar de la situación de Cuba y mi país respalda todas esas preocupaciones.

¿Cuál ha sido su mayor alegría durante su primer año en Costa Rica? – Me encanta salir de la ciudad para conocer los diferentes lugares de Costa Rica. Este es un país con una variedad impresionante de flora y fauna. He estado en la cima del cerro Chirripó, en las playas de Limón, de Guanacaste y en la Isla del Coco. Todos esos sitios ofrecen cosas diferentes. Es increíble que un país tan pequeño tenga una variedad tan grande de lugares para visitar. Uno se da cuenta de por qué Costa Rica es uno de los destinos turísticos más populares del mundo.

¿Cómo le fue escalando el cerro Chirripó? – Hay una carrera que se inicia cada 22 de febrero, corren hasta la cima. El ganador de este año completó el recorrido en tres horas y 41 minutos… (Risas). Yo lo hice en tres días, para mí estuvo bien.

¿Cómo ha recibido su gobierno las críticas de Arias hacia los subsidios a la producción y el proteccionismo comercial? – En realidad el presidente George Bush también ha criticado esos subsidios. Él afirmó que iba a eliminar esa política, en la Ronda de Doha, si otros países hacían lo mismo. Él sabe el impacto beneficio que eso tendría en los países subdesarrollados. Cuando Arias critica esos aspectos, está coincidiendo con lo que el presidente Bush ha dicho.

¿Cuál ha sido su momento más difícil aquí, en Costa Rica? – Me preocupé mucho durante las primeras semanas tras las elecciones presidenciales porque la larga reputación de Costa Rica como una democracia estable es muy importante para Latinoamérica. Me complació mucho ver cómo el país defendió su institucionalidad.

POBRES SACARÁN PROVECHO DE TLC

Hay un tema que no podemos evitar, el TLC entre Costa Rica y Estados Unidos. El sector de la población que no desea la aprobación de ese acuerdo es porque el periódico La Nación ha apoyado locamente su aprobación y la gente de las clases media y baja entienden que ese medio defiende a los ricos. La pregunta es ¿qué beneficios pueden esperar del TLC los pobres y los trabajadores? – El TLC es solo el último de muchos acuerdos comerciales que Estados Unidos ha firmado con países en desarrollo y en todos los casos, todos los sectores de la población han resultado beneficiados. Los ricos han sido favorecidos, pero también los pobres.

¿Cuáles serán los beneficios más importantes para las clases media y baja? – En todos los países donde rigen TLC con Estados Unidos, los precios que debe pagar el consumidor por muchos bienes y servicios han bajando. Eso hace que se expanda la cantidad de productos a los que tiene acceso la población y eso beneficia más a los pobres que a los ricos. Las personas de clase alta pueden ir a Miami a comprar lo que quieran, pero los pobres se ven obligados a adquirirlo todo en el mercado interno. Con el TLC la variedad y la calidad de los productos van a ser mucho mayores.

Costa Rica tiene un nombre más importante que el resto de Centroamérica en el mundo. Varias empresas europeas han anunciado que de aprobarse el TLC se instalarán en el país para exportar sin impuestos hacia Estados Unidos. ¿Qué opina de eso? – Bueno, siempre y cuando contraten a costarricenses e inviertan bien en Costa Rica, creo que eso es bueno para todo el mundo.

¿Entonces a Estados Unidos no le molestaría que esas empresas aprovechen las facilidades arancelarias? – La razón número uno para que Estados Unidos esté tan interesado en que Costa Rica apruebe el TLC es porque creemos que esa es la mejor forma para que el país prospere y se mueva hacia arriba en el espectro de las naciones desarrolladas. Eso le dará más estabilidad en la región latinoamericana.

En estos momentos la mayoría del comercio entre Costa Rica y Estados Unidos se da a través de la Iniciativa de la Cuenta del Caribe, que otorga facilidades similares a las de un TLC. ¿Va a desaparecer, la sustituirán del todo los tratados comerciales? – Esa iniciativa de preferencias comerciales es temporal y depende completamente de la voluntad del Congreso de Estados Unidos. Por eso es que el TLC es tan importante, porque esas preferencias serían permanentes en un tratado, que no puede ser alterado por los congresistas en el futuro. No puedo hablar sobre las intenciones del Congreso, pero algunos de sus miembros dijeron que cuando aprobaron el tratado, su intención era reemplazar la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.

AGITACIÓN SOCIAL

¿Cuál es su percepción sobre el rechazo hacia el TLC de cierto sector de la sociedad costarricense? – Desde mi perspectiva, la oposición más bulliciosa al tratado ha provenido de los sindicatos que están asociados a sectores que han estado protegidos de la competencia. Estos grupos tienen una posición privilegiada en la sociedad, a la que no quieren renunciar y están gritando fuerte para proteger esos privilegios. Por eso creo que cuando el proceso democrático prevalezca y finalice, la gran mayoría de los costarricenses se beneficiará con el tratado.

¿Está preocupado por la eventual desestabilización que hagan los que están en contra del TLC? ¿Ha recibido algún tipo de información sobre esas acciones? – Ya se anticipaba que manifestaciones como las de octubre se iban a dar, así como declaraciones como “estamos ya en el momento de la verdad”. Pero en realidad esas demostraciones de poder en la calle no fueron muy grandes, no participó mucha gente. No fueron gran cosa.

¿Considera que la oposición al TLC no es para preocuparse entonces? – Una semana después de las marchas, todos vimos las declaraciones de los líderes sindicales, quienes afirmaron que iban a desconocer las decisiones de la Asamblea Legislativa y vimos a todos los partidos políticos, incluido el Partido Acción Ciudadana (PAC), repudiar esas declaraciones y reafirmar el compromiso con la democracia. Ese fue un momento muy costarricense, en el que todos los ciudadanos defendieron el sistema democrático. La idea de que la decisión sobre el TLC está en la calle no es civilizada ni democrática.

Desde su óptica, ¿cómo cataloga la oposición que ha hecho el PAC al TLC? – Al inicio de la nueva Asamblea Legislativa tuvimos una reunión con los diputados del PAC. Para ser honesto no sabíamos qué esperar de ellos, ni siquiera sabíamos si iban a venir aquí a la Embajada, pero todos los miembros de la fracción aceptaron la reunión. Me impresionó la diversidad del grupo, con un deseo común de mejorar Costa Rica. La pregunta es si como partido sabrán manejar el proceso de discusión en la Asamblea, sin bloquear o impedir que la decisión sobre el TLC sea tomada.

Tomando en cuenta todos estos factores, ¿cómo ve el embajador de Estados Unidos las circunstancias actuales? – Creo que estamos iniciando un nuevo periodo en la discusión del TLC donde la pregunta es si la Asamblea Legislativa será capaz de tomar una decisión sobre este asunto de mucha importancia para el futuro desarrollo de Costa Rica.

¿Cómo vendría a influir en ese contexto la derrota republicana en las elecciones legislativas norteamericanas? – Es una importante señal acerca de la importancia del TLC porque la puerta del libre comercio se cierra y se abre, dependiendo de cómo soplen los vientos políticos. Estamos viendo un cambio, será más difícil que los tratados sean aprobados por el Senado y la relación de intercambio comercial con Estados Unidos es crítica para Costa Rica. El 50% de las exportaciones va hacia allá y más del 50% de la inversión extranjera aquí es norteamericana.

¿Cuál es la mejor forma en que Estados Unidos puede cooperar con Costa Rica en la actualidad, después de que finalizó la enorme ayuda económica de la década de 1980? – Mucha de la ayuda que se le otorgó a Centroamérica hace 20 años estaba relacionada con la Guerra Fría, el mundo ha cambiado mucho. Creo que el futuro de Costa Rica está en el comercio, no en la cooperación. En 2005 la ayuda otorgada por Estados Unidos a Latinoamérica ascendió a $1,5 billones, pero la inversión que empresas de mi país hicieron en la región llegó a $500 billones. Esos números dicen que el río por el que Costa Rica tiene que navegar es el del libre comercio.

¿Y tiene Costa Rica un buen barco para navegar por esas aguas? – Cuando uno mira las ventajas comparativas de Costa Rica, como su larga historia de paz, su reputación en la comunidad internacional, sus altos índices en educación y salud, uno piensa que el país puede ser uno de los beneficiarios más importantes del libre comercio en Latinoamérica.

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Esta parte no pertenece a la nota de Diario Extra

¿Muy interesado en el TLC?

BIOGRAFIA
Embajador, Mark Langdale

A lo largo de los últimos 16 años, el embajador Mark Langdale fungió como presidente de Posadas USA, Inc., la subsidiaria de Estados Unidos del Grupo Posadas, una compañía hotelera integrada que opera las marcas Fiesta Americana, Fiesta Inn y Cesar Park en Latinoamérica.

Durante este periodo la compañía, basada en México, expandió sus inversiones en Estados Unidos y Brasil, y fue una de las primeras empresas en iniciar una oferta pública en la bolsa de valores mexicana, una vez que se aprobó el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (NAFTA, por sus siglas en inglés). El Sr. Langdale formó parte de la junta directiva del Grupo Posadas de 1992 hasta 2004.

El embajador Langdale también cofundó la empresa CapRock Communications Corp., un proveedor de integrado de comunicaciones que con éxito construyó una extensiva red de fibra óptica en cinco estados en la región suroeste de Estados Unidos. CapRock fue vendida a McLeod USA, Inc., en el 2001.

En 1997, el entonces gobernador George W. Bush seleccionó al Embajador Langdale para que fuera el jefe del Departamento de Desarrollo Económico de Texas, responsable de realizar actividades de desarrollo económico y promoción turística del estado de Texas. Dentro de los logros del departamento se encuentran reconocimientos nacionales por la campaña Texas es como un mundo aparte, hecha para promover el turismo hacia Texas; y la transición de la Base Kelly de la Fuerza Aérea en San Antonio, Texas, para que pasara a manos del sector privado.

El Embajador Langdale fue miembro de la Organización Presidentes Jóvenes entre 1992 y 2004, entidad que lo premió con el galardón Legacy por demostrar los ideales de liderazgo del grupo.

El Embajador Langdale obtuvo con honores su bachillerato en Finanzas de la Universidad de Texas, en Austin (1975) y un posgrado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Houston (1977). El ejerció el Derecho en Houston, Texas, durante diez años.

El Embajador Langdale ha estado casado por 23 años. El y su esposa, la señora Langdale, tienen dos hijos.
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Mark Langdale
Ambassador, Costa Rica

Term of Appointment: 10/24/2005 to present

For the past 16 years, Ambassador Mark Langdale was president of Posadas USA, Inc., the United States subsidiary of Grupo Posadas, a fully-integrated hotel company which operates the Fiesta Americana, Fiesta Inn, and Cesar Park hotel brands in Latin America.
Ambassador Langdale also co-founded CapRock Communications Corp., an integrated communications provider in the southwest region of the United States, and was the Chairman of the Texas Department of Economic Development, State of Texas, from 1997-2001.
Ambassador Langdale holds a B.B.A. with Honors in Finance from the University of Texas at Austin (1975) and an L.L.B. from the University of Houston School of Law (1977). He practiced law in Houston, Texas, for ten years.

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AMBASSADOR MARK LANGDALE
U.S. Embassy San José, Costa Rica

For the past sixteen years, Ambassador Mark Langdale served as president of Posadas USA, Inc., the United States subsidiary of Grupo Posadas, a fully-integrated hotel company which operates the Fiesta Americana, Fiesta Inn, and Cesar Park hotel brands in Latin America.

During this period the Mexico City-based company expanded its investments into the United States and Brazil and was one of the first companies to initiate an Initial Public Offering on the Mexican Bolsa following the passage of NAFTA. Mr Langdale served on the Board of Directors of Grupo Posadas from 1992 until 2004.

Ambassador Langdale also co-founded CapRock Communications Corp., an integrated communications service provider that successfully constructed an extensive fiber optic network in a five state region in the southwest United States. CapRock was sold to McLeod USA, Inc. in 2001.

In 1997, then-Governor George W. Bush selected Ambassador Langdale to serve as the Chairman of the Texas Department of Economic Development responsible for the economic development activities and tourism promotion efforts of the State of Texas. Among the accomplishments of the Department were national awards for the “Texas, It’s Like A Whole Other Country” campaign to promote tourism to Texas and the transition of Kelly Air Force Base in San Antonio, Texas to private sector uses.

Ambassador Langdale was a member of the Young Presidents Organization from 1992 until 2004 and received their Legacy Award in 2004 for demonstrating the YPO ideals of global leadership.

Ambassador Langdale holds a B.B.A. with Honors in Finance from the University of Texas at Austin (1975) and an L.L.B. from the University of Houston School of Law (1977). He practiced law in Houston, Texas, for ten years.

Ambassador Langdale has been married for 23 years, and he and Mrs. Langdale have two children.

Fuente: Departamento de Estado EE.UU. y Embajada de EEUU en Costa Rica

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Unidad de Formación, Información y Comunicación, UFIC-ANEP

Eduardo Ramírez Flores
Redactor

El comercio justo no pasará de ser más que un simple anhelo, si a la hora de que Costa Rica y Centroamérica negocien un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) no se corrigen los defectos y las desigualdades que quedaron plasmadas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, afirmaron participantes en un debate sobre este tema, el cual tuvo lugar en la Asamblea Legislativa el pasado 8 de noviembre.

La mayoría de expositores en el foro “Tratado de Libre Comercio y de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea: ¿Libre comercio o comercio justo?” mostraron pesimismo en cuanto a las posibilidades de alcanzar un buen acuerdo con los europeos, especialmente si se utiliza como piso de negociación el TLC con Estados Unidos y sus alcances.

En la actividad, realizada en lo que fue la capilla del antiguo colegio Sión, participó el colombiano Luis Pérez Rocha, secretario ejecutivo del CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México, por sus siglas en español) y secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

De acuerdo con un análisis hecho por expertos de la CIFCA respecto a las expectativas centroamericanas por el eventual acuerdo con la UE, “el comercio puede ser un motor para el desarrollo, pero no con las reglas predominantes basadas en el TLC que contribuyen a obstaculizar las capacidades de los Estados, para promover políticas a favor del desarrollo y el combate de la pobreza y la desigualdad”.

El mencionado debate también tuvo como expositores a Elizabeth Fonseca, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC); Amparo Pacheco, viceministra de Comercio Exterior (COMEX); y Greivin Hernández, experto en comercio internacional de la Universidad Nacional (UNA).

Además, estuvieron los legisladores Óscar López, del Partido Accesibilidad sin Exclusión, y José Merino, del Frente Amplio; Mauricio Castro, asesor legal de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP); y Omar Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Servicios de Promoción Laboral (ASEPROLA). Por motivos de salud no se presentó Tomás Abadía, representante comercial de la Unión Europea para América Central.

COMERCIO DESIGUAL

Al referirse a las posibilidades costarricenses de lograr un comercio justo con la Unión Europea, la diputada del PAC Elizabeth Fonseca recordó que hay una brecha de desigualdad que cada día crece más en el planeta en todos los campos.

En referencia a las relativas bondades del comercio internacional para la población del país, Fonseca citó un informe del Banco Mundial en el que se consigna que en los últimos 20 años el flujo comercial se ha triplicado, “pero los beneficios de este comercio no son compartidos por todos por igual”.

De esta tendencia no excluyó a Costa Rica, en donde “nuestro país ha visto ahondarse las diferencias; es un país que se está polarizando, donde los ricos cada día tienen más y no logramos bajar los índices de pobreza”.

En su opinión, el comercio justo podría ser un mecanismo que coadyuve en reducir la brecha social, mediante el apego a políticas que promuevan los derechos humanos, el respeto al ambiente, un trato justo para los productores, y los trabajadores.

“Yo quisiera que los europeos entendieran clarísimamente que ya la época del colonialismo terminó hacia mediados del siglo XX y que aunque los nuestros sean países pequeños y en vías de desarrollo entrecomillado, merecemos en el concierto de las naciones ser tratados con dignidad”, dijo .

Mientras tanto, el secretario del CIFCA Luis Pérez explicó que el eventual acuerdo con la UE contemplaría un diálogo político para promover el multilateralismo en el mundo, el respeto integral de los derechos humanos, y la cooperación para el desarrollo. Respecto a este último punto, comentó que han tenido una larga discusión con la representación europea en torno a cómo han entendido este tema, y sienten inquietud por la forma en que esta cooperación se ha estado orientando, pues contribuye a desarrollar políticas neoliberales o de libre comercio.

“Nos preocupa, porque entre profundas desigualdades no puede haber competitividad ni las garantías adecuadas para un crecimiento armónico entre los pueblos”. Debe prevalecer el desarrollo sostenible, tal como lo estipula la misma legislación europea, reclamó.

Por eso, Pérez exigió que la UE cumpla con el compromiso que adquirió desde 1980 en el seno de Naciones Unidas, de llevar la cooperación al 0.7% de su Producto Interno Bruto, en vez del promedio actual del 0.33%.
También solicitó que se reconozca el principio de las asimetrías y que se aplique como regla general un trato especial y diferenciado, en consonancia con el artículo 24 de la Organización Mundial del Comercio.
“Reclamamos esencialmente que el comercio y las inversiones estén al servicio de la humanidad, y no la humanidad al servicio del comercio y las inversiones. Eso que parece ser una política tan simple no la es”, lamentó Pérez.

En este sentido, denunció que el avance de las grandes multinacionales desbordan los sistemas democráticos, la gobernabilidad, y se convierte en un factor de poder que afecta gravemente los modelos políticos y económicos de los pueblos.

El secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos criticó además que la Unión Europea se ha construido sobre la base de una integración económica altamente proteccionista, mediante subsidios elevados a sectores campesinos y rurales atrasados._ “¿Esto lo quieren entonces para los países del Sur? Es una gran contradicción”_, acotó.

Para él, las inversiones y el comercio europeo deben estar subordinadas al respeto de los derechos humanos, y si provocan algún tipo de lesión no deben ser aceptadas, como algunas privatizaciones de servicios: las telecomunicaciones en Costa Rica, por ejemplo._ “¿Si eso genera riqueza para el Estado, por que deberían estar en manos privadas?”_, preguntó.

De cara a las negociaciones comerciales que se inician entre Centroamérica y la UE, Pérez planteó que en estas debe existir transparencia, participación de los pueblos en las discusiones, y que exija realmente el cumplimiento de los 27 convenios internacionales sobre derechos humanos a que obliga respetar su legislación y que le dé seguimiento a dicha disposición.

COMERCIO NECESARIO

En relación con la importancia del comercio exterior para Costa Rica, la subjefa del COMEX Amparo Pacheco destacó que un 75% de sus importaciones son materias primas y combustibles. Esto significa que el comercio no es una simple obsesión, sino que para su sobrevivencia el país necesita exportar y así atender el financiamiento de una buena parte de las importaciones. “Quien no vende no puede obtener divisas para comprar”, añadió.

Como fortalezas productivas del país citó su clima tropical que le permite gran eficiencia a la hora de producir, y la mano de obra calificada.
A partir del imperativo exportador, Pacheco afirmó que es preferible para Costa Rica regir su intercambio comercial por medio de acuerdos o convenios negociados, y no que sea por la libre.

En cuanto a las relaciones con la UE, aseguró que son importantes si se toma en cuenta que es el segundo socio comercial del país, después de Estados Unidos.
La viceministra prevé que la negociación con Europa será en algunos aspectos similar a la que ha habido con otras naciones: en unos casos será simple, y en otros podría ser más compleja.

A su modo de ver las cosas, cree que no habrá problemas para ponerse de acuerdo en materia de derechos humanos, de migración, narcotráfico, y otros. Sin embargo, acerca del componente de la cooperación “a diferencia de las expectativas que tienen algunos sectores, y ojalá me equivoque no creo que Europa esté pensando en hacer algo muy diferente de lo que hemos hecho y queríamos en otros acuerdos comerciales”.

Para reforzar su parecer, recordó que la cooperación europea hacia Centroamérica se ha reducido en los últimos años, y en especial para Costa Rica.

Por otra parte, estima que en algunos tramos la negociación podría volverse compleja, dado el alto proteccionismo comercial que practica Europa, superior incluso al de Estados Unidos, lo cual ha significado duras negociaciones en anteriores ocasiones.
El tema de la integración centroamericana y verla como una sola región también lo percibe como un obstáculo, porque “me parece que hacen una lectura muy simplista de Centroamérica y quieren que seamos como Europa, y aquí no hay cinco locomotoras del primer mundo, sino cinco países en desarrollo; pero, insisten en que actuemos como si fuéramos una sola cosa, cuando no lo somos”.

En este sentido, puntualizó que_ “Estados Unidos es más pragmático, pues aceptó una coordinación que se tradujo en un 90% de negociación conjunta y el 10% de país a país”_. No obstante, avizora una negociación menos polémica, ya que ese continente despierta menos polémica que los norteamericanos.

Aceptó que no necesariamente el auge comercial y los vínculos al mercado externos implican desarrollo, aunque sí está segura de que sin comercio no hay desarrollo. De allí que llamó a aprovechar de la mejor manera las anteriores experiencias en negociación, de cara a un acuerdo con la UE.

NO REPETIR ERRORES

Por otro lado y en coincidencia con Elizabeth Fonseca (del PAC), el diputado José Merino advirtió: “Imagínense un segundo tratado con la UE si fuera negociado con las mismas perspectivas (del TLC con Estados Unidos). ¿Qué va a pasar en Costa Rica?”. Para evitar consecuencias negativas para el país, “se debe hacer si se puede todo lo contrario, para no seguir dividiendo este país”, alertó.

En su criterio, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muy poco comercio justo y lo que más bien ha imperado es el comercio desigual, en el que los países desarrollados se han vuelto más ricos, y los subdesarrollados más pobres.

Frente a la negociación con la UE, Merino propugna que sea democrática, transparente, sin cláusulas de confidencialidad o cuartos “oscuros” (adjuntos), con posibilidades reales de participación para los ciudadanos y para la Asamblea Legislativa desde un inicio.

Más tajante en su parecer fue el legislador Óscar López, para quien de ninguna manera deben estar en las negociaciones con los europeos, los negociadores por parte del COMEX del TLC con Estados Unidos, a los cuales calificó de “vendepatrias” y no el mejor ejemplo que lo que podría ser comercio justo.

Entretanto, a Mauricio Castro asesor legal de la ANEP le pareció extraño que en la alocución de la viceministra Pacheco no se tocara el tema del comercio justo y esto lo interpreta como que para ella lo único importante es que haya comercio negociado, sin importar las consecuencias.

La preocupación de Castro se centra no en las intenciones de los europeos, sino en la visión del modelo de país con que se llega a negociar, que es un modelo que se ha aplicado en los últimos 25 años y que plantea el derrame posterior de los beneficios y la riqueza, lo cual aún no se produce.

Castro cuestionó que diversos sectores sociales han trabajado en propuestas para avanzar en el establecimiento de un comercio más justo, pero estas no han sido bien vistas por el COMEX.

Fuente: Semanario Universidad

Ahora que una corte presidencial nos ha honrado representándonos en Chile y ha regresado pintando un cuadro neoliberal tan hermoso que lo hace a uno olvidar que hablan del noble y digno pueblo de los hijos de Lautaro, el gran jefe mapuche, conviene presentar las realidades chilenas que no elogió el Presidente.

La Comisión Nacional de Energía de Chile anunció en octubre un alza del 4,5% en las tarifas eléctricas, y luego se corrigieron los cálculos y se definió que el aumento en el precio de la energía llegaría al 8%. En junio de 2005 el alza fue de un 13%, y el Gobierno gastó $20 millones en subsidios destinados a las familias más pobres que no podían pagar la factura.

¿Cómo fue posible que Chile, productor de su propia energía no pueda regular sus tarifas y hacerlas solidariamente accesibles a las familias pobres? La apertura es la feria legal de las empresas dispuestas a succionar todas las ganancias del servicio público. Mientras el Estado administra los servicios básicos, sin lucro ni usufructo, las empresas privadas tienen como objetivo la ganancia. El proceso para adueñarse de los servicios públicos comienza por asegurarse de que con gran sacrifico económico nacional, se instale la costosa producción del servicio y tenga acceso al mismo una gran multitud de usuarios. Es entonces cuando inician una campaña costosa y bien orquestada de que el servicio es malo, y que para el bien del país hay que privatizarlo.

En Chile la subasta fue indiscriminada, los poderosos empresarios políticos lograron la privatización de la telefonía y el agua usando la concertación a través de sus senadores, presidentes y diputados. La luz es administrada por extranjeros, las calles, el agua, los yacimientos mineros y los teléfonos no son nacionales, están en manos privadas y los chilenos son sus meros clientes. El alza de la luz en lo que va del año llega a un 15%. Para poder pagar las altas tarifas, los chilenos tienen que enfrentar sueldos de hambre, ya que Chile ocupa el décimo lugar en el mundo con la peor distribución de la riqueza. La subcontratación ha llevado a los trabajadores a competir por cómo servir al patrón al precio más bajo, y como la educación está en manos privadas, los trabajadores no pueden darles a sus hijos la preparación para que puedan superar su propio nivel de vida. Las ganancias de esas compañías llegan hasta el 600% de utilidades y los chilenos sospechan que con todo ese dinero se compran diputados y senadores.

Los senadores se ascendieron en 2 millones de pesos sus sueldos, mientras un 60% de los chilenos son pobres o extremadamente pobres, mientras la banca registra un récord histórico de ganancias en lo que va del año. Un 20%, uno de cada cinco chilenos, vive en la extrema pobreza. Si se le suma el casi 40% que pertenece a la clase baja, la mayoría de los chilenos viven hundidos en la pobreza, en terrible contraste con los $8 mil de renta per cápita.

La banca ha presentado un récord de utilidades entre enero y setiembre, con unas ganancias de $1.303 millones, lo que equivale a casi 700 mil millones de pesos, y anunció que pretende repartir tarjetas en los sectores de bajos ingresos. Pero los más pobres permanecerán excluidos del sistema financiero, ya que ni siquiera pueden firmar un contrato, y solo el 20% de la población posee tarjetas de crédito de supermercados y casas comerciales. La mayoría de los trabajadores chilenos, un 80%, son contratados por las pymes, que sobreviven empleándolos por cortos periodos de tiempo. Un estudio de la Universidad de Chile afirma que el 47% de los cotizantes tiene contratos temporales. Y un tercio del total no dura ni un año en su puesto, lo que los excluye de cualquier derecho a indemnización o a seguro de desempleo.

Estos son privilegios que se lleva el 20% más rico, los que pertenecen al quinto quintil y que consiguen el 66% de las indemnizaciones por años de servicio. Estos son los que llegan a firmar un contrato de trabajo, porque los que sobreviven en el sector informal solo consiguen algo para comer cada día. A ellos no les llega, hasta ahora, el beneficio de los altos precios del cobre, 1.700 pesos el kilo el año pasado a los 2.700 que hoy ofrecen pagar los talleres, y que ha provocado una ola de robo de cables de cobre telefónicos y eléctricos, y que ya tiene un saldo mortal de 26 electrocutados.

Qué lástima que el Premio Nobel de la Paz de Costa Rica y el brillante séquito de académicos y parlamentarios que los escoltaron en su periplo, no le preguntara a la Presidenta de Chile si habrá alguna relación entre la pobreza de los chilenos y su TLC con Estados Unidos y las privatizaciones hechas desde la dictadura. El padre del Consenso de San José pudo haber aprovechado para condenar el gasto de millones de dólares del pueblo chileno en armas de guerra.

Dr Francisco Escobar
escofra@hotmail.com

• Pablo Ramos* | Desde la Redacción de APM

Con eje principal en las consecuencias de la ocupación de Irak y Afganistán, la Casa Blanca obtuvo una derrota considerable en las elecciones que debían renovar el Capitolio, donde perdieron el control tanto de la Cámara de Representantes como el Senado. Y una de las consecuencias va a ser el regreso de las posturas proteccionistas, bandera exhibida históricamente por el Partido Demócrata. Y aquí aparece toda la América Subriograndense.

El presidente George Bush presiona hace seis años para alcanzar tratados de libre comercio (TLC) con los países del continente, pero la apuesta se redobló cuando en 2005, los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur, integrado entonces por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Venezuela le dijeron no al Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA), intento de crear una zona para que los capitales y las mercancías fluyesen libremente pero no así las personas.

Desde entonces, Chile, los países de Centroamérica, República Dominicana, Colombia y Perú alcanzaron a suscribir TLC con el Departamento del Tesoro de Washington. Pero de estas naciones, sólo Santiago y las de istmo más la mitad de la isla La Española consiguieron que el Capitolio aprobase los acuerdos alcanzados a nivel del Poder Ejecutivo. Pero para Bogotá y Perú la situación parece ser un poco más complicada.

¿Por qué? El Congreso de Estados Unidos tiene una herramienta que otorga a la Casa Blanca para la negociación de acuerdos comerciales conocido como “fast track” o “vía rápida”. Mediante este mecanismo, los acuerdos que el Departamento del Tesoro suscribe con otras naciones puede ser sólo aceptado o rechazado, pero no modificado. Esta herramienta no es cedida a perpetuidad, sino que el actual mandatario tiene hasta mediados del año entrante para alcanzar convenios, pero más allá de ese plazo debe pedir una nueva autorización al Congreso. Y es aquí donde el nuevo escenario político en la capital estadounidense indica que las mayorías demócratas no se los van a otorgar.

Se espera que en la Cámara de Representantes, 16 congresistas críticos del libre comercio reemplazarán a 16 partidarios, según los cálculos del Instituto Suizo de Economía Internacional, de la Universidad de St. Gallen. En la cámara alta, cinco senadores demócratas son considerados más hostiles al libre comercio que los oponentes a los que derrotaron, según The Wall Street Journal.

Por este motivo, el propio mandatario colombiano viajó a Estados Unidos para solicitarle que su país pueda acceder al TLC que ya se negoció, y por el que cedió tanto. Durante una visita de dos días, Alvaro Uribe se va a reunir con representantes republicanos y demócratas del Congreso, además de altos funcionarios del gobierno estadounidense, incluyendo la secretaria de Estado, Condoleezza Rice.

El mandatario colombiano en representación de Perú, Bolivia y Ecuador también intentará impulsar la aprobación por parte del Congreso de los tratados de libre comercio que Estados Unidos firmó con Perú y que suscribirá con Colombia el próximo 22 de noviembre, y la continuación de las preferencias arancelarias conocidas como Aptdea, que también incluye a Bolivia y que se trata de un mecanismo de “ayuda” a los países productores de insumos de drogas tóxicas para la erradicación y reemplazo de este tipo de cultivos.

Es mencionado también Ecuador porque ese país también se encontraba en tratativas para alcanzar un TLC con la potencia, pero la nacionalización de las operaciones de la petrolera Onyx en territorio ecuatoriano colocó en el freezer cualquier intento de acuerdo. También debemos mencionar a Uruguay, y en menor medida Paraguay, que coquetearon con la Administración Bush para alcanzar algún tipo de pacto, pero que no lograron plasmarse. Estos dos últimos países, en su condición de integrantes del Mercosur, no pueden suscribir tratados bilaterales y permanecer en el bloque de los cinco.

Las consecuencias del triunfo de los demócratas no sólo van a tener efectos en América Latina, sino en el resto del mundo, por sobre todo en lo que queda de la Ronda de Doha del Desarrollo de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Aunque esta ronda iniciada en la capital de Qatar en 2001 había prácticamente muerto en julio pasado, cuando todos los países señalaron a Estados Unidos como responsable por su falta de flexibilidad en el tema de los subsidios agrícolas, todavía quedaba alguna esperanza de resucitarla. Pero ahora, con el partido de F.D. Roosvelt y J.F. Kennedy nuevamente manejando ambas cámaras, se le puede extender el certificado de defunción.

Y las naciones vecinas que predican el libre comercio –o que se someten a lo que la Casa Blanca pide- y que los privilegian en perjuicio de la integración regional, ahora van a quedar desacomodadas. Porque si antes no querían avanzar más en sus vínculos con sus vecinos y hermanos, por considerar que el Imperio los llamaba a ser socios, ahora que ese mismo imperio les cierra las puertas ¿qué harán?

pabloramos@prensamercosur.com.ar

Fuente: Agencia de prensa APM

Bravo presentó dos mociones ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, las cuales fueron aprobadas de manera unánime, para que el texto completo del TLC sea remitido a ese organismo.

Según Bravo, el texto que tiene en sus manos el Congreso no incluye las denominadas medidas disconformes de 50 estados norteamericanos, así como el Distrito de Columbia y en Puerto Rico, las cuales podrían provocar nuevas sorpresas por su contenido.

Bravo dijo que el TLC que fue enviado hace meses por Comex a la Asamblea Legislativa no contiene todo el texto oficial de lo negociado y las eventuales reservas de los estados norteamericanos.

‘Una vez más se demuestra que este TLC, el documento que aquí se conoce, no está completo, no tenemos certeza de las verdaderas implicaciones de su ratificación’, señaló Bravo.

Versiones distintas en english y en español

De acuerdo con Bravo, ‘el texto certificado por la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos en calidad de ‘depositario’ del TLC es distinta a la versión que el gobierno de Abel Pacheco presentó ante la Asamblea Legislativa y el publicado como requisito de ley en el Diario oficial La Gaceta. Debido, a que la versión publicada en la Gaceta no inserta las ‘Medidas Disconformes’.

Las medidas disconformes son las que establece una parte, en este caso los diverso estados norteamericanos, y que no están sujetas a alguna o todas las obligaciones impuestas por el TLC.

Bravo dijo que en este tratado se aceptó negociar bajo la lógica de ‘lista negativa’, esto quiere decir que todos los sectores, todos los servicios, todas las actividades económicas y legislación del país se encuentra sometido al TLC, salvo lo que se incluya en las ‘listas negativas’ o de ‘medidas disconformes’. Es de vital importancia conocer entonces cuales y bajo que límites va a operar esa regla para las contrapartes.

‘Es una necesidad conocer cuáles son las medidas disconformes de todos estos estados y distritos, porque en la práctica las exclusiones que se hayan hecho en esas regiones pueden mantener una protección comercial que deje en desventaja a nuestro país, otorgándole a Estados Unidos, veladamente, la posibilidad de aplicar un principio de ‘lista positiva’ y burlar la ‘lista negativa’, puesto que tiene el derecho de excluir en todos sus Estados y además en Columbia y Puerto Rico, mientras Costa Rica podría estar sometida a la ‘lista negativa’, señaló la diputada.

Bravo agregó que ‘las dudas deberían ser evacuadas también por los empresarios que consideran que se les perjudica con la no aprobación de este TLC. ‘¿Conocen estas medidas en donde el TLC no aplica?, ¿Saben quiénes y cómo se pueden elaborar, modificar, continuar, renovar, subordinar, adoptar, mantener o ampliar estas medidas disconformes?, ¿Entienden en qué condiciones como país quedamos frente a los Estados Unidos?’.

Bravo dijo que ‘el controvertido folio 759, da la posibilidad a todos los estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Puerto Rico y a todas las subdivisiones políticas de un estado de los Estados Unidos, de elaborar, modificar, continuar, renovar, subordinar, adoptar, mantener o ampliar medidas disconformes. Esto levanta más dudas aún’.

Fuente: INFORMA-TICO

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Documento Oficial del PAC

Comunicado de prensa

Jueves 9 de noviembre del 2006

PAC solicita conocer el texto completo del TLC

• Medidas disconformes en los 50 estados de Estados Unidos, en el Distrito de Columbia y Puerto Rico no se conocen en el texto oficial costarricense.
• El texto del TLC difundido por COMEX y la publicación del TLC en el Diario oficial La Gaceta no contienen las medidas disconformes, folio 759 texto oficial de Estados Unidos.

Dos mociones presentadas por la diputada Sadie Bravo de Maroto en la Comisión de Asuntos Internacionales fueron aprobadas por unanimidad. Éstas se referían a la necesidad de conocer las medidas disconformes en los 50 estados de Estados Unidos, más medidas disconformes en el Distrito de Columbia y Puerto Rico, que no se conocen en el texto oficial y tienen un impacto directo sobre la aplicación de este TLC. _“Una vez más se demuestra que este TLC, el documento que aquí se conoce, no está completo, no tenemos certeza de las verdaderas implicaciones de su ratificación.”_enfatizó la diputada del PAC, Sadie Bravo de Maroto.

El texto certificado por la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos en calidad de “Depositario” del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos de América es distinta a la versión que el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa y el publicado como requisito de ley en el Diario Oficial La Gaceta. Debido a que la versión publicada en la Gaceta no inserta las “Medidas Disconformes” de los 50 estados de los Estados Unidos y los Distritos de Columbia y Puerto Rico.

Las medidas disconformes son las que establece una Parte (un país o en el caso de Estados Unidos: estado o cualquier subdivisión política de un estado) y que no están sujetas a alguna o todas las obligaciones impuestas por el TLC. Una medida es cualquier ley, reglamento, procedimiento, requisito o práctica.

En este tratado se aceptó negociar bajo la lógica de “lista negativa”, esto quiere decir que todos los sectores, todos los servicios, todas las actividades económicas y legislación del país se encuentra sometido al TLC, salvo lo que se incluya en las “listas negativas” o de “medidas disconformes”. Es de vital importancia conocer entonces cuáles y bajo que límites va a operar esa regla para las contrapartes.

Es una necesidad conocer cuáles son las medidas disconformes de todos estos estados y distritos, porque en la práctica las exclusiones que se hayan hecho en esas regiones pueden mantener una protección comercial que deje en desventaja a nuestro país, otorgándole a Estados Unidos, veladamente, la posibilidad de aplicar un principio de “lista positiva” y burlar la “lista negativa”, puesto que tiene el derecho de excluir en todos sus Estados y además en Columbia y Puerto Rico, mientras Costa Rica podría estar sometida a la “lista negativa”.

Las dudas deberían ser evacuadas también por los empresarios que consideran que se les perjudica con la no aprobación de este TLC. “¿Conocen estas medidas en donde el TLC no aplica?, ¿Saben quiénes y como se pueden elaborar, modificar, continuar, renovar, subordinar, adoptar, mantener o ampliar estas medidas disconformes?, ¿Entienden en que condiciones como país quedamos frente a los Estados Unidos?” cuestionó la legisladora.

El controvertido folio 759, da la posibilidad a todos los estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Puerto Rico y a todas las subdivisiones políticas de un estado de los Estados Unidos, de elaborar, modificar, continuar, renovar, subordinar, adoptar, mantener o ampliar medidas disconformes. Esto levanta más dudas aún y la fracción del PAC se cuestiona si se están los favorecedores del TLC entienden o conocen la Ley de Implementación del TLC en Estados Unidos.

Al mismo tiempo la diputada enviará cartas de consulta a con la información detallada a las Cámaras de Comercio, con copia a la Defensoría de los Habitantes, medios de comunicación y ciudadanía costarricense.

OFICINA DE COMUNICACIÓN CIUDADANA. FRACCION PARTIDO ACCION CIUDADANA.

comunicaciones-pac@asamblea.go.cr Teléfono: 243-2180/243-2012 www.pac.or.cr

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Ley de Aplicación del Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos.

Se establece en su sección 102 lo siguiente:

RELACIÓN DEL ACUERDO CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS, Y LAS LEYES DE ESTADOS UNIDOS

• RELACIÓN DEL ACUERDO CON LA LEY DE ESTADOS UNIDOS*

• LA LEY DE ESTADOS UNIDOS HA DE PREVALECER EN CASO DE CONFLICTOS.* No han de surtir efecto ninguna disposición del Acuerdo, ni la aplicación de ninguna disposición a ninguna persona o circunstancia, que fueren inconsistentes con cualquiera de las leyes de Estados Unidos.

• INTERPRETACIÓN.* No debe interpretarse que nada de lo dispuesto en esta Ley

(A) enmienda ni modifica ninguna ley de Estados Unidos, ni

(B) limita cualquier autoridad que haya sido conferida por cualquier ley de
Estados Unidos, a menos que esta ley lo disponga específicamente así.

• RELACIÓN DEL ACUERDO CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS*

• OBJECIÓN A LA LEY.* No será posible declarar inválida ninguna ley de ningún Estado de Estados Unidos, ni las aplicaciones de las mismas a ninguna persona ni circunstancia, con el argumento de que dicha disposición o aplicación resulte inconsistente con el Acuerdo, excepto en caso de que Estados Unidos inicie un proceso para el fin de declarar inválida una ley o aplicación de la misma.

• DEFINICIÓN DE LEYES DE LOS ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS.* Para los fines de esta sub-sección, el término “leyes de los Estados de Estados Unidos” comprende:

(A) cualquier ley de una de las subdivisiones políticas de un Estado de
Estados Unidos; y

(B) cualquier ley de un Estado de Estados Unidos que regule o grave la
industria del seguro.

• EFECTO DEL ACUERDO CON RESPECTO A LOS RECURSOS LEGALES DE LOS INDIVIDUOS.* Ninguna persona, salvo Estados Unidos

(1) podrá alegar causales de acción o defensa al amparo del Acuerdo, o en virtud de la aprobación del mismo en el Congreso, ni

(2) podrá objetar, en ningún proceso iniciado al amparo de ninguna disposición de la ley, ningún acto u omisión de ningún departamento, entidad ni institución de Estados Unidos, ninguno de los Estados que lo forman, ni ninguna subdivisión política de ningún Estado, con el argumento de que dicho acto u omisión resulte inconsistente con el Acuerdo.

La Insignia. Chile, octubre del 2006.

La inmensa mayoría de los campesinos mexicanos rechazan la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, NAFTA en inglés) y las políticas agrarias del gobierno. Organizaciones como la Central Campesina Cardenista, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, y la Central Campesina Independiente, entre otras, se movilizaron desde que empezó a aplicarse el tratado comercial.

Los campesinos y agricultores mexicanos demandaron al gobierno de Vicente Fox una moratoria en la implementación de las cláusulas agrarias del TLCAN, la entrega de subsidios de emergencia hasta el año 2020, la asignación de un 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el desarrollo productivo de la tierra y un 1,5 por ciento más para el desarrollo social y ambiental del sector rural, además del reconocimiento de los derechos y la cultura de la población indígena, hasta ahora marginada y olvidada.

Señalan haber perdido la “soberanía alimentaria”, pues la importación de alimentos desde Estados Unidos se duplicó llegando a 3.2 mil millones de dólares entre 1997 y 2001. Antes de la entrada en vigor del NAFTA, México era en gran parte autosuficiente cubría más del 80 por ciento de sus necesidades alimentarias, hoy esa cifra ha descendido a un 68 por ciento. Un 70 por ciento de la carne que consumen los mexicanos también es importada. La situación de los trabajadores agrícolas sigue empeorando. De los 3,2 millones de obreros agrícolas en México, más de 1,2 millones son trabajadores temporales y migratorios.

La UNTA, una de las organizaciones más importantes, agrupa a 150 mil campesinos y productores de México Álvaro López Ríos es su secretario general.

Acuerdos rotos

-¿Qué ha significado para los campesinos en México la aplicación del TLC con Estados Unidos y Canadá? – El principal problema que tiene el campo mexicano es el modelo económico impuesto, que depreda y saquea nuestros recursos naturales y humanos. Y, por otro lado, la falta de políticas de desarrollo y fomento para el campo de parte del gobierno neoliberal, que ha dejado a nuestros campesinos abandonados a su suerte y a las reglas que impone el libre mercado. En ese sentido hay demasiado abandono, falta un presupuesto suficiente, existe una brutal competencia desleal con los mercados internacionales, sobre todo con Estados Unidos y Canadá, nuestros ‘socios comerciales’. Ellos subsidian su producción agropecuaria con importantes recursos, y nosotros tenemos que competir con una producción que mantiene grandísimas dificultades y menos tecnificación. Nos obligan a competir en el marco de este acuerdo comercial o NAFTA, que desde su origen fue desventajoso para México por las enormes asimetrías que había. Esas diferencias se mantienen y no fueron consideradas en la negociación, a la que nadie nos invitó.

-Pero estos problemas que usted señala existían antes que el NAFTA se negociara en 1993 y entrara en vigor el 1º de enero de 1994…
-Sí. Existían problemas antes que México firmara el acuerdo comercial con América del Norte, pero eran menos graves. Con posterioridad a la entrada en vigor del NAFTA, México se abrió de manera casi absoluta con Estados Unidos y Canadá, y aunque se lograron plazos de desgravación en aranceles de hasta de 15 años, lo cierto es que con un gobierno tecnócrata y neoliberal como los que hemos tenido y tenemos, las protecciones arancelarias y los plazos de desgravación simplemente no se respetaron. Tenemos por ejemplo el maíz, que es un producto asunto de consumo nacional y base de nuestra alimentación. El maíz fue ‘protegido’ con 250 por ciento de arancel y una desgravación paulatina que terminaría en 15 años, sin embargo, desde el primer momento en que entró en vigor el Nafta y que México empieza a importar maíz, no se aplicaron esos aranceles y, al no aplicarse, se afectó la producción nacional por la desleal competencia entre un maíz subsidiado y otro que no lo estaba (el nuestro). Eso significó el comienzo de una disminución drástica en la producción nacional de este grano, y todas las consecuencias que ello implica para nuestros campesinos e indígenas.

-¿Esto sólo ocurrió en el caso del maíz?
-No. El maíz es sólo un ejemplo. Lo nombro porque fue el grano con más protección y mayor plazo pactado en el NAFTA, pero esto sucedió con todas nuestras ramas productivas. En el tratado se establecían compromisos de inversión, de capitalización, de fomento que se señaló iban a permitir que el campo mexicano se colocara en condiciones de competitividad y productividad. Sin embargo, nuestro gobierno en razón de la crisis económica que nos afectó en 1995 y de la irrupción del movimiento que apareció en Chiapas, abandonó sus compromisos. Ahí se entró de lleno a una etapa abandonar el campo a su suerte. Y esto finalmente nos ha generado un campo con mayores problemas que los que teníamos antes.

“No se nos consultó para nada”

Según López, la Comisión para el Desarrollo Rural de México advierte que sobre el 71 por ciento de la población sufre de desnutrición. “La crisis en el campo es parte de la crisis económica que enfrenta nuestro país. Además, más del 12 por ciento del presupuesto nacional se debe destinar a pagar los intereses de la deuda externa”. Muchas fábricas filiales de compañías norteamericanas se han trasladado de México a China debido a los bajos salarios que pagan en el gigante asiático, lo que ha significado la pérdida de 287 mil empleos desde octubre de 2000 hasta ahora. La agricultura mexicana está experimentando rápidos cambios que no son causados por el TLCAN, sino que han sido acelerados por su aplicación: Un millón de campesinos han abandonado sus tierras en la década pasada y las explotaciones de empresas agroindustriales continúan creciendo.

– Muchos pequeños agricultores quebraron, ¿pudieron competir ante gigantes como Estados Unidos y Canadá? ¿Aumentaron los niveles de pobreza?
-Aumentaron dos cosas, primero, los niveles de migración desde el campo hacia la ciudad y el extranjero, y, segundo, la pobreza. Por otra parte, ha habido una quiebra casi generalizada de la pequeña producción frente a la apertura comercial y la imposibilidad de competir con productores tecnificados y subsidiados por sus gobiernos, y con una producción mucho mayor que la nuestra. Hoy estamos padeciendo un proceso de ajuste y readaptación. Nosotros señalamos que el gobierno debiera invertir en los productores de autoconsumo para que éstos tengan alimentos a la mano.

Estamos en esa etapa. Hemos demandado para que el gobierno haga mayores inversiones en el sector productivo para el mercado interno para que se logren mantener ciertos niveles de autosuficiencia alimentaria y soberanía. Por otro lado exigimos que las autoridades apoyen las exportaciones en las que México ha crecido. El sector agropecuario tiene una balanza favorable y un crecimiento de casi de un 5 por ciento. Nosotros decimos que a los competitivos hay que mantenerles el apoyo, pero hay que invertir mucho más en el mercado interno y recuperar la producción para obtener una soberanía alimentaria. No se puede abandonar a los pequeños productores porque eso significará despoblar una parte importante del campo y condenar a un genocidio a 14 millones de mexicanos e indígenas.

-¿Cuánta es la población total de México y cuál es su relación con el campesinado?
-Somos más de 105 millones de personas. Y el sector campesino es importantísimo en la economía nacional. Un 28 por ciento, casi 30 millones de mexicanos, son campesinos.

-El NAFTA se negoció sin consultarle a los indígenas, campesinos ni a la sociedad civil o sus organizaciones. ¿Cómo ha sido la irrupción de las transnacionales en la agroindustria? – No se nos consultó para nada En México se ha dado el mismo fenómeno que en el resto de América Latina. Con la firma del NAFTA se provoca una reconstitución de la gran empresa agropecuaria, ahora con fines de exportación. Pero es un sector muy pequeño, según los estudiosos. Se dice que es menor al 2 por ciento del total de los productores nacionales. Sin embargo, es el sector más favorecido y el que más crece. Creemos que si bien los males que afectan al campo no son imputables totalmente a la apertura comercial y el NAFTA, este vino a complicar la existencia del 98 por ciento de los productores, quienes entramos obligadamente a lidiar con esquemas de producción, comercialización y exportación que nos permitieran lograr ciertos grados de competitividad para poder sobrevivir y mantener la economía campesina”.

Según las organizaciones campesinas los programas y reformas agrarias que se han implementado son completamente cuestionables. El Banco Mundial intenta “actualizar” el mercado de tierras y según dicen “llevar los beneficios de una tenencia segura a zonas marginales”, y establecer instituciones que faciliten la “administración de terrenos comunales que puedan tener un valor de biodiversidad muy elevada”.

Para el Banco Mundial la idea es colocar en el centro de la agenda la cuestión de la tierra como centro de reducción de la pobreza. Pero organizaciones como la UNTA, Vía Campesina y otras dudan de la redefinición de las políticas de tierra que pretende llevar a cabo el Banco Mundial.

Alvaro López Ríos, pone como ejemplo el Programa de Certificación y Titulación de Tierras (PROCEDE), que costó más de 11 mil millones de pesos mexicanos al Estado y que, no tuvo “ningún efecto social, económico, productivo ni jurídico, ya que no es una titulación o certificación que tenga el rango de título de propiedad”. Tampoco, la intervención del Banco Mundial ha evitado los conflictos agrarios y problemas de límites en ejidos y comunidades agrícolas. “La tierra es más que una mercancía, por eso las reformas agrarias asistidas por el mercado basadas en la comunidad, y que presuntamente están dirigidas al combate de la pobreza según el Banco Mundial y Estados Unidos, siguen siendo cuestionables”, agrega. Desde el 2003, los campesinos se han unido para protestar contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en Ciudad de México y Chiapas. Su lema principal es “¡El campo no aguanta más!”. Las consecuencias del tratado han sido devastadoras para los campesinos, indígenas y obreros agrícolas.

El TLCAN entró en vigor en 1994, elogiado por sus signatarios como el acuerdo más beneficioso para la población y economías de Canadá, México y Estados Unidos. Desde entonces, los campesinos reclaman más ayudas económicas y moratorias en la ejecución de las políticas sobre producción industrial y el comercio. Algunas de las disposiciones más perjudiciales que entraron en vigor en México, han significado eliminar los aranceles en 20 productos alimenticios de importación que incluyen al trigo, el arroz, la papa y el café. Una cuarta parte de los 100 millones de habitantes de México vive en el campo y según el Consejo Agrícola Nacional organización patronal, más de 700 mil empleos simplemente desaparecerán al entrar en vigor las nuevas disposiciones del TLCAN este año; agregan que ya se han perdido ya unos 600 mil empleos desde que entró en vigencia el 1º de enero 1994, el mismo día que irrumpió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas.

Los más pobres entre los pobres

-¿Cómo ha sido la lucha contra el gobierno? – El año 2000 hubo un cambio en los administradores del poder. Se terminó con la hegemonía de un partido que gobernó durante 70 años, el PRI. Ganó un partido de derecha. Hoy se dice que esto es una transición y una alternancia. El nuevo gobierno es en su origen anticampesino y contrario a la propiedad social, ejidal y comunal. Por la posición histórica que este partido tiene quisieron entrar en una fase de aniquilamiento de las organizaciones y el movimiento campesino, y radicalizar la contrarreforma regresiva que sus antecesores hicieron en el campo.
Empezó un debate al interior de las organizaciones campesinas. Debate que tenía que ver con levantar un Programa de Emergencia que el gobierno debía aplicar frente a la entrada en vigor de la Ley Agrícola de Estados Unidos. Esa ley significó una inversión de 180 mil millones de dólares en los últimos 10 años hasta el 2009, para los agricultores norteamericanos.

Esta tamaña inversión y subsidios tienen impactos con sus ‘socios’ comerciales como nosotros, que no tenemos capacidad para invertir siderales cantidades de recursos. La ley iba a tener un impacto negativo en México. En el 2003 se quedaban solamente protegidos por aranceles tres productos: maíz, frijoles y azúcar. El resto de los productos entraba a la_ ‘libre competencia’_.

“Estas dos cosas y la propuesta gubernamental de un presupuesto aún más reducido para el campo significaban la posibilidad de que fuera el ‘tiro de gracia’ para los productores. Esto nos llevó a un reagrupamiento de organizaciones y a pactar un Acuerdo de Movilización frente al gobierno. Lo iniciamos con dos eventos: la toma del Senado de la República, el 9 de diciembre de 2002, y luego la toma de la Cámara de Diputados, el 11 de diciembre. Diez mil campesinos y productores indígenas nos movilizamos para obligar al Congreso a aumentar el presupuesto para el campo y que, como parte de los poderes del Estado, llamara al Presidente de la República y lo convocara a negociar con los campesinos y aprobar el Programa de Emergencia. Estas movilizaciones lograron sensibilizar a la sociedad civil y el gobierno se vio obligado a tomar medidas. Se aprobó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Entre la toma y la negociación pasaron tres meses, con un estado de alerta de todas las organizaciones y los campesinos para obligar al gobierno a resolver nuestras demandas”.

-¿Hubo mucha represión de parte del gobierno neoliberal?
-Sólo amagos y amenazas. Afortunadamente no pasaron a mayores. Si el gobierno hubiese llevado a cabo las amenazas que hizo… en su momento dije que iba a ser la chispa que incendiaría México. Lo obligamos a negociar lo que denominamos un Acuerdo Nacional para el Campo, que es un conjunto de 282 artículos que contienen compromisos y definiciones de políticas y de desarrollo. Un decreto que tiene rango de ley por haber sido suscrito por el Ejecutivo, avalado por el Congreso y 24 organizaciones campesinas.

-¿Cuál es la situación actual de los indígenas en México?
-Los derechos indígenas en México están pendientes. En el último gobierno del PRI, en el diálogo realizado entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el gobierno federal a través de una ley de concordia y pacificación que obliga a las partes a dialogar y a un cese al fuego, se establecieron los acuerdos de San Andrés. El gobierno tenía la obligación de darle a esos acuerdos un rango de ley. Sin embargo, esta iniciativa fue incompleta porque los partidos Acción Nacional (AN) y el PRI, se opusieron a plasmar en ley los acuerdos que eran un conjunto de normas que protegen los derechos y cultura indígenas y daban autonomía en sus territorios originarios. Esto no se plasmó cabalmente en la Ley de Derechos y Cultura Indígena, y se mantiene latente porque lo que se aprobó no fue lo aceptado por las organizaciones indígenas.

Entonces, la marginación, la incomunicación de los pueblos y nacionalidades indígenas se mantiene. Si acaso paleado por políticas específicas de inversión, en infraestructura, caminos, escuelas y salud, pero el problema fundamental de la autonomía e independencia no se ha resuelto todavía. Y eso mantiene latente un conjunto de problemas. El diálogo social no ha sido muy fructífero. Es un asunto de justicia el que los pueblos indígenas cuenten con políticas que permitan su desarrollo y se respeten sus derechos. 14 millones de mexicanos son indígenas y siguen siendo los más pobres entre los pobres.

Guatemala, 15 de Octubre del 2006

Las ¿ventajas? del TLC

El matutino Siglo XXI, en su edición de hoy domingo, hace pública una información que resulta alarmante: De cada 100 cooperativas que existen en el país, 75 están severamente amenazadas o condenadas a muerte debido a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Y las 25 restantes tampoco es que se salvan. Esas otras, según se afirma en el artículo, apenas si tienen una oportunidad o posibilidad de sobrevivir. Esto lo informa el diario inmediatamente después de anunciar, en la misma noticia, que el sector cooperativo ha venido creciendo año tras año. ¿Qué hay de bueno para Guatemala en esa muerte anunciada del movimiento cooperativista?

El artículo no hace cálculos respecto a cuánto desempleo va a significar para el país la quiebra de las cooperativas. Se informa que son 1,600 las cooperativas existentes, todas en riesgo y las agrícolas, además, en alto riesgo. Si en cada una trabajara un promedio de 10 personas, (que probablemente sean más alta la cifra), estaríamos ante 16 mil futuros desempleados y desempleadas, gracias a las bondades del TLC. Si Usted trabaja en una cooperativa, pues mejor prepárese para sufrir las penas que implica buscar trabajo en este país. Y si conoce a alguien que trabaja en una, pues avísele. En defensa del libre comercio, de la libre competencia, de la libertad de empresa, el TLC los va a dejar sin chance.

El artículo aclara que las cooperativas que menos posibilidades tienen de resistir el embate del TLC son las que se vinculan al tema agrícola. Es decir, que esta nueva arremetida del TLC la emprende, en particular, contra cada familia campesina, tenga o no vínculo con las cooperativas. Porque agudiza la crisis en el agro, en las áreas rurales del país, las cuales, ya debilitadas por los efectos de las políticas neoliberales, se colocan casi al borde de la desaparición.

Y si Usted es socio o beneficiario de alguna cooperativa, pues vaya acostumbrándose a no serlo en un futuro cercano, porque el TLC simplemente le va a quitar esos beneficios. De conformidad con los datos aportados en el artículo al que nos referimos, sólo en las cooperativas de ahorro y crédito existen más de 60 mil afiliados. La cifra total de población guatemalteca partícipe en el quehacer del movimiento cooperativo en su conjunto, se desconoce, pero de seguro es alta.

Por otra parte, conviene preguntarse: ¿Cuánto capital nacional va a ser sustituido por capital extranjero, sólo en el ámbito en el que económicamente se mueven las cooperativas? Esas ganancias, obviamente, ya no se quedarán en el país, sino que irán a parar al exterior, con lo cual Guatemala se irá descapitalizando.

Compartimos íntegramente el texto de la información, por cuanto se basta por sí misma para que no sólo el movimiento cooperativista ponga las barbas en remojo, sino que, además, vayan tomando conciencia todos los otros sectores sociales que pueden verse igualmente afectados. Muchos, cuando se llamó a la lucha contra el TLC, se abstuvieron bajo el supuesto de que, quizás, les traería algunas ventajas. Ahí las tienen.

Hemos insistido, reiteradamente, que el TLC es un cáncer que ya se hizo presente en el cuerpo nacional y que, como enfermedad maligna, debemos combatirlo sin descanso hasta desterrarlo y recuperar, así, la posibilidad de sanar.

Por ello invitamos al pueblo a que reflexione sobre las implicaciones explícitas e implícitas derivadas del contenido de este artículo.

Con respecto al TLC, entre más sabe uno al respecto, peor resulta. Hay una agresión en marcha, no sólo contra los sectores populares, (sobre cuyos hombros pesa con mayor énfasis), sino contra prácticamente toda la población, con contadas excepciones que más bien, como excepciones, justifican la regla.

El movimiento cooperativo debe aunar sus esfuerzos junto a los que ya han emprendido otros sectores sociales, pare enfrentar al TLC y a sus nefastos efectos.

Los invitamos fraternamente a que, como medida inmediata, se sumen a la marcha que realizaremos todas las organizaciones el próximo 20 de Octubre, y que aprovechen ese espacio para denunciar, ante Guatemala y ante el mundo, la amenaza real que les han lanzado en su contra.

Si se dejan, pierden. Si permiten que las políticas públicas de corte neoliberal se impongan, todo el país pierde. Si no actúan, aún sin proponérselo se convierten en cómplices. El que calla, otorga, reza el viejo refrán popular.

En síntesis, el movimiento cooperativista está en riesgo. Y son los propios afiliados a las más de 1,600 cooperativas y sus organizaciones las primeras que deberían defenderlo. Si no lo hacen, perderían por no presentación.

Desde el Frente Nacional de Lucha y las organizaciones que lo conforman, les ofrecemos nuestra mano solidaria. Porque en Guatemala, contra el TLC, ¡la lucha sigue!

Frente Nacional de Lucha en defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales

Opinión
Colombia

Cordial saludo:

No hay una sola organización representativa de los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, intelectuales y demás sectores populares de Colombia que respalde el TLC con Estados Unidos. Incluso, la mayoría de las agremiaciones de empresarios agrícolas se opuso al texto del Tratado hasta el 27 de febrero de 2006, día en que se impuso su firma.

Pero no rechazamos el TLC porque por principios nos opongamos a los negocios internacionales o a las relaciones con Estados Unidos. Nos oponemos porque sacrifica la soberanía de Colombia, anexa la economía nacional a la estadounidense y le quita al país los principales instrumentos del desarrollo, lo que empobrecerá más a casi todos los colombianos.

El TLC hace irreversibles las reformas neoliberales de los últimos quince años, las cuales les provocaron enormes pérdidas a la industria y al agro, reemplazaron los monopolios públicos por los privados y generaron el peor desastre social del siglo XX. El retroceso en empleo y pobreza fue tanto, que aún no se retorna a los indicadores anteriores a la crisis y el país padece una de las peores desigualdades sociales del mundo.

Los estudios oficiales señalan que con el TLC las importaciones de Colombia crecerán el doble que las de Estados Unidos y que los exportadores colombianos perderán, frente a los estadounidenses, ventas a los países andinos. Porque Colombia eliminará sus aranceles y Estados Unidos, además de gozar del poder de una economía 129 veces mayor, mantendrá sus inmensos subsidios.

Además, Colombia casi eliminó las barreras sanitarias a los productos estadounidenses, en tanto las Casa Blanca mantuvo todas las suyas contra los bienes colombianos. Por lo impuesto en propiedad intelectual, Colombia renuncia a la producción de bienes industriales complejos y al progreso en ciencia y tecnología.

Este capítulo, además, provocará enfermedad y muerte entre los colombianos, pues encarecerá los medicamentos en cerca de 900 millones de dólares al año, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Y lo pactado en telecomunicaciones y tribunales de arbitramento menoscaba el interés de las empresas oficiales y del Estado colombiano.

Las normas sobre inversiones y compras públicas les conceden ventajas insólitas a los monopolistas estadounidenses en Colombia, y es una burla decir que de las mismas gabelas gozarán los colombianos en Estados Unidos. Es especialmente grave que el Tratado le arrebate a Colombia el derecho a tener una eficaz cláusula de balanza de pagos, mecanismo que autoriza el propio FMI y cuyo desaparecimiento puede significarle pérdidas catastróficas al país. Y el TLC también consolida la entrega a los extranjeros del sistema financiero y le impone a Colombia costos impagables para definir las tasas de cambio e interés.

Los partidarios del TLC dicen que las inversiones estadounidenses anularán los daños que el Tratado le provocará a la capacidad de los colombianos para generar ahorro interno. Pero silencian que esas inversiones habrá que atraerlas estableciendo peores condiciones laborales y ambientales, cambios que de manera expresa autoriza realizar el TLC (artículos 17.2 y 18.2).

Y es sabido que en Colombia van varias reformas legales que abarataron el precio de la mano de obra, que en el país es más fácil crear y mantener una organización armada ilegal que un sindicato y que ya hay en marcha una campaña ideológica para disminuir el salario mínimo, al igual que se sabe que al actual gobierno le preocupa tan poco el medio ambiente, que fue capaz de fumigar con poderosos venenos el parque nacional natural de La Macarena.

También cuenta en nuestro repudio al TLC que la destrucción del agro obligue a más colombianos a cultivar coca y amapola y que el “libre comercio” enriquezca a los monopolistas de Estados Unidos, mientras deteriora las condiciones económicas de su pueblo.

Quienes en los Congresos de Colombia y Estados Unidos atesoramos una concepción auténticamente democrática, debemos pugnar por las mejores relaciones entre los dos países. Pero con franqueza les digo que a ello se opone la lógica imperial que anima al TLC. Es, por tanto, uno de nuestros deberes rechazar ese Tratado.

Atentamente,

Jorge Enrique Robledo
Senador de la República de Colombia
Polo Democrático Alternativo

(Fecha publicación:14/11/2006)

Fuente: Argenpress