Chile: el martirio de las privatizaciones

Ahora que una corte presidencial nos ha honrado representándonos en Chile y ha regresado pintando un cuadro neoliberal tan hermoso que lo hace a uno olvidar que hablan del noble y digno pueblo de los hijos de Lautaro, el gran jefe mapuche, conviene presentar las realidades chilenas que no elogió el Presidente.

La Comisión Nacional de Energía de Chile anunció en octubre un alza del 4,5% en las tarifas eléctricas, y luego se corrigieron los cálculos y se definió que el aumento en el precio de la energía llegaría al 8%. En junio de 2005 el alza fue de un 13%, y el Gobierno gastó $20 millones en subsidios destinados a las familias más pobres que no podían pagar la factura.

¿Cómo fue posible que Chile, productor de su propia energía no pueda regular sus tarifas y hacerlas solidariamente accesibles a las familias pobres? La apertura es la feria legal de las empresas dispuestas a succionar todas las ganancias del servicio público. Mientras el Estado administra los servicios básicos, sin lucro ni usufructo, las empresas privadas tienen como objetivo la ganancia. El proceso para adueñarse de los servicios públicos comienza por asegurarse de que con gran sacrifico económico nacional, se instale la costosa producción del servicio y tenga acceso al mismo una gran multitud de usuarios. Es entonces cuando inician una campaña costosa y bien orquestada de que el servicio es malo, y que para el bien del país hay que privatizarlo.

En Chile la subasta fue indiscriminada, los poderosos empresarios políticos lograron la privatización de la telefonía y el agua usando la concertación a través de sus senadores, presidentes y diputados. La luz es administrada por extranjeros, las calles, el agua, los yacimientos mineros y los teléfonos no son nacionales, están en manos privadas y los chilenos son sus meros clientes. El alza de la luz en lo que va del año llega a un 15%. Para poder pagar las altas tarifas, los chilenos tienen que enfrentar sueldos de hambre, ya que Chile ocupa el décimo lugar en el mundo con la peor distribución de la riqueza. La subcontratación ha llevado a los trabajadores a competir por cómo servir al patrón al precio más bajo, y como la educación está en manos privadas, los trabajadores no pueden darles a sus hijos la preparación para que puedan superar su propio nivel de vida. Las ganancias de esas compañías llegan hasta el 600% de utilidades y los chilenos sospechan que con todo ese dinero se compran diputados y senadores.

Los senadores se ascendieron en 2 millones de pesos sus sueldos, mientras un 60% de los chilenos son pobres o extremadamente pobres, mientras la banca registra un récord histórico de ganancias en lo que va del año. Un 20%, uno de cada cinco chilenos, vive en la extrema pobreza. Si se le suma el casi 40% que pertenece a la clase baja, la mayoría de los chilenos viven hundidos en la pobreza, en terrible contraste con los $8 mil de renta per cápita.

La banca ha presentado un récord de utilidades entre enero y setiembre, con unas ganancias de $1.303 millones, lo que equivale a casi 700 mil millones de pesos, y anunció que pretende repartir tarjetas en los sectores de bajos ingresos. Pero los más pobres permanecerán excluidos del sistema financiero, ya que ni siquiera pueden firmar un contrato, y solo el 20% de la población posee tarjetas de crédito de supermercados y casas comerciales. La mayoría de los trabajadores chilenos, un 80%, son contratados por las pymes, que sobreviven empleándolos por cortos periodos de tiempo. Un estudio de la Universidad de Chile afirma que el 47% de los cotizantes tiene contratos temporales. Y un tercio del total no dura ni un año en su puesto, lo que los excluye de cualquier derecho a indemnización o a seguro de desempleo.

Estos son privilegios que se lleva el 20% más rico, los que pertenecen al quinto quintil y que consiguen el 66% de las indemnizaciones por años de servicio. Estos son los que llegan a firmar un contrato de trabajo, porque los que sobreviven en el sector informal solo consiguen algo para comer cada día. A ellos no les llega, hasta ahora, el beneficio de los altos precios del cobre, 1.700 pesos el kilo el año pasado a los 2.700 que hoy ofrecen pagar los talleres, y que ha provocado una ola de robo de cables de cobre telefónicos y eléctricos, y que ya tiene un saldo mortal de 26 electrocutados.

Qué lástima que el Premio Nobel de la Paz de Costa Rica y el brillante séquito de académicos y parlamentarios que los escoltaron en su periplo, no le preguntara a la Presidenta de Chile si habrá alguna relación entre la pobreza de los chilenos y su TLC con Estados Unidos y las privatizaciones hechas desde la dictadura. El padre del Consenso de San José pudo haber aprovechado para condenar el gasto de millones de dólares del pueblo chileno en armas de guerra.

Dr Francisco Escobar
escofra@hotmail.com

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