Categoría: TLC

Economía
Argentina

Las grandes empresas radicadas en Argentina, entre ellas decenas de trasnacionales, generan sólo el 4 por ciento del total de los puestos de trabajo “existentes”, informó hoy aquí el Instituto para el Desarrollo Argentino (Idesa).

La entidad integrada por las 500 compañías más grandes que operan aquí apoyó su estudio en la “Encuesta Nacional a Grandes Empresas”, que desarrolla en forma permanente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Idesa indicó que esto ocurre “a pesar de que (las firmas) concentran un tercio de la producción y tres cuartas partes de las exportaciones” argentinas.

En el análisis que formuló Idesa acerca de las razones de que se presente este panorama, señaló que “las regulaciones laborales hacen que (las empresas) extremen los recaudos antes de contratar a un trabajador’, y que ‘eludan las cargas (sociales) para minimizar la cantidad de asalariados”.

Los analistas de Idesa consideraron que “los datos muestran la fuerte concentración de la producción que se produce en este reducido grupo de empresas’, que generan los resultados operativos mencionados ‘y juegan un rol decisivo en cuestiones claves como el superávit comercial y fiscal”.

En estos números tienen mucho que ver, según Idesa, “las regulaciones laborales”, que impactan de forma distinta en una firma ‘grande’ respecto a una pequeña o mediana.

“Los pequeños emprendimientos, las altas imposiciones al trabajo, la litigiosidad y los trámites burocráticos inducen a la informalidad laboral a las empresas”, destacó Idesa.

La entidad, a la hora de reportar conclusiones del estudio realizado, puntualizó que ‘entre las grandes empresas, la estrategia parecería ser la de eludir estas cargas regulatorias a través de minimizar la cantidad de asalariados y extremar los recaudos antes de contratar un nuevo trabajador.

“En este marco, probablemente, la situación más conflictiva sea para las empresas medianas, dado que les es difícil apelar a la informalidad y muchas veces no tienen a su alcance las estrategias de recursos humanos que usan las empresas más grandes.”

‘Por diversas vías, el resultado es menos puestos de trabajo y de peor calidad’, concluyó Idesa.

(Fecha publicación:14/11/2006)

Fuente: Argenpress

Se habla mucho del “estado de derecho”. En efecto, un régimen político sin “estado de derecho” volvería al estado de barbarie. Desde los códices mesopotámicos, hace más de 40 siglos, los conflictos entre los miembros de un sistema político se resolvieron por intermedio de los jueces, y no con el “ojo por ojo, diente por diente” o por medio de linchamientos. Teniendo un sistema de derecho que goce de legitimidad, un cuerpo de jueces justos, puede aceptarse que las instituciones políticas acordadas tengan derecho al monopolio de la coacción.

En México, prácticamente no ha existido un “estado de derecho” hasta el presente que goce de legitimidad suficiente; en la época colonial porque lo ejercían unilateralmente los españoles; durante el siglo XIX por la inestabilidad reinante; y después de la Revolución por el corporativismo, que puede fácilmente declarar inocente al rico o al que tiene_ “relaciones”_, y deja pudrir en la cárcel a un indígena que ha robado un pollo. Hemos visto banqueros que se apropiaron de miles de millones y no pudieron ser inculpados.

Carl Schmitt, crítico del sistema liberal, y con razón, muestra que el “estado de derecho”, fundado en instituciones políticas vigentes, no es razón última de la política. Para ello echa mano de un ejemplo: el “estado de excepción”. La dictadura romana era una institución que en situaciones muy graves (el ataque, por ejemplo, de Cartago) nombraba a un ciudadano para defender a la patria, decretando la suspensión de todas las instituciones normales para unificar el mando en las manos del dictador. Una vez terminada la crisis, el dictador renunciaba y la normalidad retornaba a sus cauces.

Giorgio Agamben ha estudiado con originalidad esta figura política. Con ello Schmitt mostraba que detrás del Estado de derecho había una voluntad política que podía instaurar la anulación temporaria del tal estado. De la misma manera Fernando de la Rúa, en Argentina, decretó en diciembre de 2001 un “estado de excepción” para paralizar los movimientos populares.

Pero aconteció que el pueblo argentino, en vez de acatar dicha decisión presidencial salió a las calles en lo que pudiéramos llamar “estado de rebelión”. No sólo dejó sin efecto el “estado de derecho” y el “estado de excepción”, sino que destituyó de hecho al mismo presidente, el que fue remplazado días después. La pregunta es: ¿qué sentido tiene ese “Estado de rebelión”? ¿Qué sentido tiene que la multitud exclamara: “¡Que se vayan todos!”, sabiendo que los burócratas políticos, aunque estén corrompidos, son necesarios e inevitables? ¿Nos está enseñando esta situación límite algo? Creo que sí, e intentaré pensar el tema.

La premisa enuncia que todo poder político reside exclusivamente en la comunidad política, en el pueblo -tesis 2 de mi obrita 20 tesis de política, editada recientemente en Siglo XXI. La comunidad política, el pueblo, es la primera y última instancia del poder. Pero la comunidad política o el pueblo debe darse instituciones sin las cuales no puede operar. Toda institución es el lugar del ejercicio delegado del poder del pueblo. Cuando la institución política presidencia, Congreso, jueces, burocracia estatal, policías, etcétera se arroga ser sede del poder, hemos caído en algún tipo de fetichismo del poder, de corrupción, de injusticia. La estructura total del Estado no es soberana: el único soberano es la comunidad política o el pueblo.

Hasta Francisco Suárez, aquel jesuita profesor de Salamanca y Coimba a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, quien consideraba a la democracia un sistema natural (pre institucional), tenía claro que la entrega del poder delegadamente a la autoridad (y al mismo rey, previo contrato revocable) no era total, sino que se recuperaba el poder cuando la autoridad hacía mal uso del mismo.

Hasta Tomás de Aquino admite el tiranicidio (asesinato del tirano) cuando se ha tornado un peligro para el pueblo que lo había elegido. La elección, como instrumento secundario de la democracia (ya que la democracia es mucho más que mera elección de una autoridad una vez cada varios años, y en su esencia es un principio normativo y no un mecanismo electoral), es perfectamente revocable en toda la tradición del derecho.

Hay políticos que, según su conveniencia, decretan la sacralidad de una elección política de un representante en el ejercicio delegado del poder, en una institución que, por otra parte, la fetichizan igualmente al olvidar que puede ser transformada o eliminada por la misma comunidad política o el pueblo que la creó en el pasado. La instancia última es la voluntad del pueblo y no una elección (una persona) o una institución (creada para el servicio del mismo pueblo).

Esa voluntad, cuando tiene convicción subjetiva de haber podido decidir algo con participación igualitaria, otorga legitimidad a la institución y al elegido para ejercer delegadamente la función acordada. Por ello la elección de 1988 no fue legítima, y al no haberse contado los votos ante la duda, esa duda planeará sobre la de 2006 siempre ante la conciencia de los ciudadanos exigentes.

Pero ese mismo pueblo, sufriendo injusticias económicas y humillaciones políticas de tantas instituciones (por ejemplo, de jueces que se asignan bonos millonarios, que por sentido común es una injusticia a la vista de todos, aunque no sea ilegal, porque las leyes pueden ser injustas; o de un gobernante que se la pasa haciendo propaganda de pretendidos actos de gobierno como si fuera publicidad de Coca-Cola, en vez de gastar ese dinero en cosas útiles) o un gobernante electo (que manda asesinar a miembros de su propio pueblo), ese mismo pueblo tiene todo el derecho de recordar a los que ejercen delegadamente el poder en las instituciones quién es la última instancia del poder, y de gritar:_ “¡Que se vayan todos!”_.

Ese grito expresa una contradicción: por una parte, a) deberían irse todos, pero, de todas maneras, b) necesitaremos otros que, al no darse las condiciones necesarias, repetirán las injusticias pasadas.

Por ello el significado es otro:_ “¡No olviden que es la comunidad, el pueblo la última instancia del poder!”_, y por ello tenemos el derecho a deponerlos. Ese hacerse presente en las calles, como en Oaxaca, es lo que denominamos “estado de rebelión”. El pueblo muestra su rostro sufriente, hambriento, humillado y declara ser la sede última del poder. Las instituciones corrompidas, los gobierno ilegítimos corren a cubrir ese rostro con las máscaras de orden, en nombre del “estado de derecho”, olvidando que hace tiempo que el tal estado ha sido negado por los que dicen defenderlo.

En América Latina, y muy especialmente en México, un fantasma recorre el continente: son los pueblos, los pobres, los marginados, los humillados por los siglos que se van poniendo de pie en un “estado de rebelión” que manifiesta un proceso profundo de movimientos sociales que nos depararán grandes sorpresas. A los que piensan detenerlos con represión, policías, contrainsurgencia sin preguntarse por las causas profundas les pasará lo que está sufriendo George W. Bush, que atacó al terrorismo militarmente en Irak y le ha “estallado el petardo en la mano”. En vez de ir a las causas de las injusticias quiso asesinar a los que se resistían, surgiendo muchos miles en su lugar y con mayor fuerza.

* Filósofo
Fuente: La Jornada, Lunes 6 de noviembre de 2006

Existen mecanismos de índole legal que le garantizan a la ciudadanía obtener información sobre los resultados obtenidos por Costa Rica a raíz de la suscripción de anteriores tratados comerciales. La Ley No. 8.056 del año 2000 denominada “Para las negociaciones comerciales y administración de los tratados de libre comercio, acuerdos e instrumentos del comercio exterior”, indica que “deberán indicarse los efectos de esos tratados, convenios e instrumentos en el sector productivo, en los flujos de comercio y en la balanza comercial; su impacto en la generación de empleo e inversión; los nuevos exportadores y productos de exportación; los conflictos presentados, y un análisis de sus efectos en el consumidor”.

Lastimosamente, la Contraloría General de la República ha señalado en diversos informes que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) no ha cumplido con la citada ley, a pesar de que ese ministerio ya superó la enorme cantidad de ¢1.300 millones en promover el TLC con Estados Unidos (Semanario Universidad #1.673). Hoy volvemos a recibir el bombardeo de una nueva campaña publicitaria, superficial y poco educativa.

A raíz de lo anterior, me voy a permitir señalar algunos datos correctamente documentados para ayudar a visualizar y proyectar las consecuencias de un TLC con Estados Unidos.

Hace más de una década México y Canadá firmaron un Tratado Comercial con Estados Unidos y, según datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en su informe anual 2005, México cuenta con una esperanza de vida de 73,4 años (en Costa Rica sin TLC es de 78,1 años), el porcentaje de la población analfabeta de 15 o más años es de 7,4% (en Costa Rica sin TLC es 3,8%), su tasa de mortalidad en menores de cino años por cada 1.000 nacidos es de 28 (en Costa Rica sin TLC es de diez). Asimismo, según el último reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por país, México se ubica en el lugar 53 del mundo con un indicador de 0,81 y Costa Rica (sin TLC) se ubica en el lugar 47 del mundo con un indicador de 0,84. Recordemos que dicho indicador se fundamenta en el nivel de vida de la población, la esperanza de vida, la educación y la producción por habitante.

Aunado a lo anterior, durante 2005, 1,2 millones de personas (desde luego mexicanos) intentaron cruzar la frontera sur de Estados Unidos, por lo que el presidente Bush firmó una ley que autoriza la construcción de un muro, el más largo del mundo, con una longitud de 1.100 kilómetros y con un costo de alrededor de $8 mil millones. Lo anterior hace que se cuestione el porqué el TLC mexicano con Estados Unidos (Nafta) los llevó a semejantes consecuencias y por qué México no logró mediante el TLC con Estados Unidos el paraíso que nos vende Comex.

Ahora repasemos otro TLC, el de Costa Rica y México a raíz del tratado firmado entre nuestros países desde 1995, de esta forma podremos comprobar desde otra perspectiva las posibilidades de Costa Rica con estas aperturas comerciales.

Desde la firma de dicho tratado (1995-2005), México ha invertido $450 millones para colocar sus productos en Costa Rica mientras que nuestro país solo ha colocado $32 millones en México, es decir, solamente el 7%.

Los mexicanos en Costa Rica ya dominaron el mercado de los productos elaborados con base en masa (Maseca, Masarica, Tortimasa y Tortiricas), también están dominando la industria de embutidos, quesos, panes y jugos. Hi-C fue adquirido por mexicanos y marcas nacionales de pan como Camacho y Schmidt desaparecieron con el ingreso de empresas como Breddy y Bimbo.

Analizando las experiencias tica y mexicana con respecto a estos tratados comerciales, les dan la razón a diversos sectores y académicos que aseguran que las economías más grandes van devorando a las más pequeñas, creando oportunidades a las grandes empresas en detrimento de las condiciones sociales de los pueblos. Hoy Costa Rica conserva todavía condiciones sociales e instituciones que economías más grandes envidian, haciendo que la oposición al TLC con Estados Unidos sea objetiva y razonable.

Los defensores del TLC no deben insistir en multimillonarias campañas publicitarias al mejor estilo de las cansadas campañas políticas, superficiales y que ocultan lo verdadero e importante. La confrontación se alimenta cuando la información se oculta o se manipula en contra de la verdad y los derechos de la ciudadanía, Comex está a tiempo de reivindicar, la historia lo juzgará.

*Presidente Siproceice

La presidencia de la República efectuó dos reuniones con los directores de los principales medios de comunicación del país, con el fin de coordinar y unificar la línea informativa sobre las jornadas de protesta contra el TLC del 23-24 de octubre. Las reuniones se convocaron a inicios del mes de octubre y contaron con la participación de los ministros de la Presidencia y de Seguridad Pública, Rodrigo Arias Sánchez y Fernando Berrocal, respectivamente.

Según el diputado del Frente Amplio, José Merino del Río, está claro que se planificó un “cerco informativo” que consistió en intimidar a la población durante los días previos a las movilizaciones sociales, atribuyéndole propósitos violentos y subversivos a los organizadores, al mismo tiempo que se reducía la convocatoria a “una protesta sindical”.

Posteriormente al fallar esta primera fase, cuando las jornadas de protesta reunieron pacíficamente a miles de costarricenses en todo el país, incluyendo a agricultores, docentes, intelectuales, jóvenes y estudiantes, sindicalistas, empleados públicos, ecologistas y otras agrupaciones ciudadanas, se trató en todo momento de “minimizarlas” y de darle publicidad a algunos pocos incidentes de provocación, causados presumiblemente por personas infiltradas con tal propósito entre los manifestantes.

El “equilibro de la información”, una de las conductas éticas elementales de la prensa responsable se estaría afectando como resultado de estas acciones de gobierno, dirigidas a crear un cerco y desinformar a la población, dijo el diputado Merino, quien destacó que también hay “honrosas excepciones” de medios que no se someten al dictado gubernamental.

Otras tendencias recientes en el manejo de la información preocupantes para el legislador frenteamplista, tienen que ver con las reuniones de jefes de prensa de ministerios e instituciones autónomas con el fin de exigirles la “generación de noticias positivas” para el gobierno, así como la pérdida de independencia del noticiero del Canal 13, convertido últimamente en una “revista oficial”, que ocupa la mayoría del tiempo en la promoción de la actividad de ministros y otras autoridades.

Para el diputado Merino todas estas prácticas del gobierno de Oscar Arias, configuran una especie de “tráfico de influencias políticas”, ya que se utilizan los medios estatales y privados de comunicación al servicio de las poderosas élites económicas que están detrás del TLC, lesionando el derecho a la información de la población y debilitando en consecuencia la democracia.

“Es un momento de desesperación y mal aconsejados, los hermanos Arias han auspiciado la supresión de etapas del procedimiento parlamentario que lesionan el derecho de enmienda del legislador” agregó el representante del Frente Amplio, para quien se estaría incurriendo, tal y como lo había advertido el Departamento de Servicios Técnicos, en un “vicio invalidante del procedimiento”, que tendrá que considerar en su momento la Sala Constitucional.

“El hecho de que el TLC tenga un plazo para entrar en vigencia, es un problema de como lo negoció el Poder Ejecutivo, no puede ni debe afectar al Parlamento. Si se acepta esta resolución, entonces estaríamos admitiendo que el Poder Ejecutivo puede ponerle plazos de votación a los proyectos durante el proceso de negociación, momento donde la Asamblea Legislativa no tiene participación”, dijo Merino.

“El Legislativo es un poder separado y el Ejecutivo no puede determinar cómo va a tramitar un proyecto de ley, ni ponerle plazo de votación aunque, como en este caso, sea un tratado que solo puede ratificar o rechazar. Constitucionalmente no existe tal procedimiento”, sentenció el diputado Merino.

Por otro lado se preguntó: “¿Cómo definir con seriedad cuál es el plazo razonable de discusión de un proyecto complejo como el TLC?” Según la opinión de Merino del Río la resolución del presidente del directorio no lo ha hecho.

El legislador del Frente Amplio anunció que seguirá resistiendo desde el parlamento frente al TLC y que utilizará para ello todos los recursos que le brinda la Constitución de la República y el Reglamento de la Asamblea Legislativa, incluyendo la denuncia de los procedimientos arbitrarios que lesionan el principio democrático.

Contando con la complicidad de los diputados del Partido Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Unión Nacional y Restauración Nacional, el gubernamental Partido Liberación Nacional determinó que el 13 de diciembre el TLC debe ser dictaminado por la Comisión de Internacionales, aunque no se haya agotado la discusión por el fondo.
Por primera vez en toda la historia parlamentaria costarricense se establece un límite a la discusión en una comisión permanente.

A la decisión se opusieron 18 diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio, quienes consideraron que la misma violenta los derechos de enmienda y discusión que poseen los diputados y además contraría el espíritu democrático de discusión que debe prevalecer en todo momento en la Asamblea Legislativa.

Diversos sectores sociales consideraron que el autoritarismo y la marcha forzada en la gestión legislativa contraviene resoluciones de la Sala Constitucional, emitidas precisamente a raíz del tramite que le dieron los diputados de entonces al Combo del ICE.

Entre los sectores que se pronunciaron se encuentra el grupo de organizaciones ambientalistas y ecologistas que conforman el Bloque Verde ante TLC. Este agrupamiento censuró “la actitud antipatriótica y filibustera del grupo de diputados que, contra viento y marea, nos quieren imponer un tratado anexionista, rehuyendo la discusión de fondo sobre sus consecuencias”.

Voceros del Bloque Verde manifestaron que “la actitud de los legisladores que se han coaligado con la administración Arias Sánchez es un anuncio de que están dispuestos a aplicar el mismo trámite a proyectos para aumentar los impuestos nacionales o cualquier otra iniciativa de ley que genere discusión nacional”.

No es un hecho aislado

Más allá de la prepotencia que caracteriza a Arias, la resolución aprobada por el frente parlamentario pro TLC se inscribe en la misma línea que ha caracterizado su gobierno desde que asumió el cargo en mayo último.

Arias Sánchez llegó al gobierno costarricense a conducir el país a marcha forzada por el camino de la apertura comercial y la privatización en detrimento de importantes conquistas sociales logradas en los últimos 50 años del siglo XX. Se trata en lo sustancial de “llevar a puerto” la obra que él mismo inició durante su primer gobierno (1986-1990) con la inauguración de los Planes de Ajuste Estructural en Costa Rica.

Desde que Arias asumió su segundo y cuestionado mandato presidencial (sólo 1 de cada 4 costarricenses votaron por él en febrero pasado) ha tenido como propósito central lograr la ratificación del Tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana y de trece leyes requeridas para su implementación, para lo cual impulsa una millonaria campaña que pregona las bondades del tratado y acalla las voces divergentes.

Sin voluntad para articular una agenda de negociación con diferentes sectores sociales, el gobierno ha silenciado a todos aquellos que se oponen al TLC, entre ellos los ex presidentes de la república Rodrigo Carazo y Luis Alberto Monge, los rectores y los consejos universitarios de las universidades estatales, así como destacados científicos, artistas y escritores. Al tiempo que despliega una millonaria campaña basada en cortos publicitarios intimidatorios y vacíos de contenido.

Sin acceso a la prensa, con muy escasos espacios para el debate público y con una fracción parlamentaria “arista” que ha limitado la discusión del TLC en la comisión que lo estudia para dictaminarlo, los sectores sociales han respondido con la llamada “democracia de la calle”.

De esta manera el 23 y 24 últimos, una muestra significativa de esa amplia diversidad de sectores sociales dio el banderazo de salida a la justa para sacar el tratado de la corriente parlamentaria, las leyes que componen la agenda complementaria, denunciar la criminalización de la protesta social y apoyar a los obreros muelleros del principal puerto del Caribe que se resisten a la concesión privada de los muelles.

Durante la semana que precedió a las marchas hubo una campaña presidencial abrumadora que descalificaba a los convocantes a amenazaba a quienes participaran. Arias salió a los medios para insistir en que la convocatoria la hacían unos cuantos dirigente sindicales, amenazó con rebajar del salario lo días no laborados a quienes se sumaran a las jornadas y que, ante cualquier desorden, haría valer el principio de autoridad, mediante el uso de la fuerza pública.

Escalada represiva

Es evidente que con un mandato presidencial ayuno de legitimidad social y política, la única forma de imponer el tratado es mediante el incremento de la represión y la provocación de los sectores sociales que se le oponen y a la vinculación de toda suerte de movimiento ciudadano contrario al tratado, con supuestas y delirantes conspiraciones desde el exterior. Incluso trató, en vano de dividir al movimiento gremial llamando al diálogo unilateral con un único dirigente sindical.

En este sentido, tampoco hay sorpresas. El 3 de septiembre del 2005 cuando era candidato, Arias declaró a un vespertino local que “… las reformas importantes como el Plan Fiscal y el TLC no avanzan. Bajo esa premisa, creo que es mejor evitar el caos y la anarquía y promover la tiranía en la democracia, es decir, un mandato claro, con un líder que sabe qué es lo quiere y quiénes le pueden ayudar a conseguirlo”.

Tal como denunció Elizabeth Fonseca, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, PAC, principal fuerza parlamentaria que adversa el TLC, “el premio Nóbel de la Paz se excede en despliegues y desplantes policiales para contrarrestar las ideas y reprimir las opiniones de las personas que se oponen al Tratado del Libre Comercio con los Estados Unidos (…) al tiempo que cercena cualquier posibilidad de realizar una franca discusión sobre el TLC en la Comisión de Asuntos Internacionales”.

Como ningún otro presidente costarricense, Oscar Arias aparece en las actividades públicas rodeado de cientos de policías y ha incrementado el presupuesto en seguridad en un 35%, al tiempo que unificó la seguridad privada (16.000 guardas).

En Cartago, durante la celebración oficial del aniversario de la independencia, la policía tomó los alrededores del recinto donde se desarrolló el acto oficial y dio lugar a un altercado con estudiantes universitarios que denunciaban el carácter anexionista del TLC el fin de la independencia nacional.

Igual ocurrió en el Parque Nacional y en las celebraciones del cantonato de San Carlos, al norte del país donde el Gobierno desplegó 180 efectivos y perros adiestrados. “Nunca ha sido necesaria tanta seguridad, para recibir a un presidente y sus ministros” denunció el obispo de la diócesis San Casimiro.

Escalada neoliberal

En mayo, recién inaugurando su mandato, Arias inhabilitó la moratoria petrolera, con lo que abrió las puertas para que las transnacionales hagan prospección y explotación petrolera.

Se pronunció por la derogatoria del monopolio de la Refinería Costarricense de Petróleo, RECOPE, primer paso para la llegada de las petroleras transnacionales.

En junio anunció la privatización de Fábrica Nacional de Licores, FANAL y después “engavetó” el proyecto por su evidente conflicto de interés familiar. La familia Arias es propietaria del ingenio Taboga, que cubre una parte significativa de caña para la producción de alcohol y azúcar.

El presidente Arias impulsa un acuerdo internacional (Consenso de Costa Rica) para limitar el comercio de armas pero a la vez impulsa un TLC que reducirá los aranceles a los lanza llamas, lanza cohetes, tanques, misiles y demás.

En el año 2005 Arias reconoció que el uso y proliferación de las armas convencionales, estaba produciendo la muerte de millones de personas en todo el mundo, como consecuencia de los efectos devastadores de este comercio. Sin embargo, en agosto de 2006 firmó el decreto N.33240-S que procura controlar ese comercio en el país.

Lo anterior, en concordancia con el Anexo 3.3 Lista Arancelaria de Costa Rica, incluida en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, reglamentación que estimula y protege la producción y tráfico de armas libres de impuestos.

Su ministro de Trabajo anuncia que el aumento salarial en el sector público depende de la ratificación del TLC. Este semestre el sector privado tuvo uno de los aumentos salariales más altos de los últimos años. El condicionamiento del aumento del sector público a un 2 % es una forma de intimidar a la población, ante el creciente rechazo al TLC que el presidente Arias intenta imponer.

Los traspiés

Pero a Arias las cosas no le han salido como pensaba. En primer lugar, la oposición al tratado ha crecido en cantidad y calidad y su prestigio internacional se ha resquebrajado.

Un 72,9% de los costarricenses opina que este TLC beneficia más a Estados Unidos que a Costa Rica y un 62,6% considera que Costa Rica no está perdida sin el TLC, el 60,6% de las personas siente que el TLC no protegerá el ambiente, mientras que un 65,4% de la gente considera que la prensa está parcializada a favor del TLC. Estos datos provienen de una encuesta hecha por la escuela de matemática de la de la Universidad de Costa Rica.

Según el estudio, un 45,9% de la gente cree que el TLC traerá pobreza y existe la percepción de un 60,1% de la población de que el TLC provocará la bancarrota a los agricultores, lo que a su vez amenaza la seguridad alimentaria.

En su viaje a Europa el Presidente Oscar Arias visitó al Papa para pedirle su apoyo a la aprobación del TLC, a lo que el Secretario del Vaticano respondió con una carta de apoyo a los Obispos en Costa Rica en cuanto a su posición sobre el TLC.

En su carta el Secretario Sodano dijo “estoy convencido de que precisamente en este campo tan delicado es necesario promover, como Ustedes lo están haciendo, un diálogo sereno y una colaboración consensual con todas las partes interesadas, pues éstos son unos presupuestos básicos para lograr el deseado bien común…”.

Más recientemente, el también Premio Nóbel, Adolfo Pérez Esquivel envió una misiva a Arias en la que le señala que “la firma del TLC con los EEUU llevaría a Costa Rica a transformarse en una colonia norteamericana y permítame decirle Señor Presidente; estoy seguro que la mayoría del pueblo de Costa Rica no quiere ser colonia y perder sus derechos soberanos, su identidad y valores”.

La nota de Pérez Esquivel termina expresando su preocupación por “la creciente militarización de las fuerzas policiales y la represión. Es necesario recordar que la función policial es importante y valiosa en toda sociedad; en sus orígenes se formaron como fuerzas de prevención y seguridad social, acompañar a los ciudadanos y ciudadanas en el fortalecimiento y vigencia de los derechos de las personas y el pueblo”.

Perspectivas

No cabe duda de que si el gobierno no interpreta con claridad los signos de los tiempos y, pese a las evidencias persiste en imponer el tratado anexionista, prevalecerá la democracia de la calle y la polarización social y política llevará a Costa Rica por cauces inimaginables.

¿Estará Arias Sánchez dispuesto a pagar el precio histórico? En este momento no hay señales esperanzadoras por parte de su administración.
Todo indica que no hay otra salida. La posibilidad de un referéndum fue rechazada “ad portas” por el Tribunal Supremo de Elecciones, instancia que legitimó el gane electoral de Arias a pesar de las anormalidades que fueron señaladas. Pero no sólo Arias cerró la vía del referéndum, dos meses atrás, la representación de los sectores sociales se manifestó contraria a esa vía.

Mientras tanto al fragor de la lucha contra el TLC han surgido muchas y diversas fuerzas sociales progresistas y democráticas que convergen en torno a nuevas agendas ambientalistas, comunales, la de mujeres organizadas para la producción o la de los agricultores.

Como lo propone el economista Luis Paulino Vargas Solís “en esas fuerzas y agendas sociales late el potencial de una transformación social, que debe trascender el Tratado y enfrentar la dictadura neoliberal, recuperando la esperanza por una sociedad distinta y mejor”.

Eso de que somos nosotros los que con nuestro voto distinguimos a quienes nos representan de quienes no, en los poderes republicanos, no lo defiende nadie que tenga un mínimo de vergüenza. Las amarras a la voluntad soberana del pueblo costarricense han calado tan hondo que la gente ha decidido ni siquiera participar.

Listas cerradas que inducen al elector a tener que escoger entre una o dos de las candidaturas. Sin descontar, claro está, el des-sistema de financiamiento de la política. Anodino y falacioso entre otras cosas porque al no ser adelantada la deuda no se logra evitar la infiltración de dineros privados en los partidos, pero sobre todo injusto y regresivo porque reserva la tajada más sustanciosa para financiar a los partidos tradicionales, con lo que el cuerpo electoral no recibe información sino de dos opciones y con alguna suerte de algún mal tercio.

En lo municipal, no solo no existe financiamiento público de las nuevas iniciativas políticas ciudadanas y listas cerradas sino que, además, un líder comunal independiente –léase valiente, original y sano– debe someterse a los designios de un partido político para candidatearse. En consecuencia, el ciudadano no existe en el tanto no se pliega a un partido político, quiero decir: mientras no se someta a la aplanadora que implica la adhesión a un partido político.

El cerco lo redunda una clase político-económica que se ha ido adueñando de los medios de comunicación más comerciales, estos, por cierto, en franco deterioro de credibilidad.

Semejantes carceleros tienen tanto poder político como el que sus chequeras, durante más de medio siglo, les ha permitido comprar. Llevan su tiempo colocando a sus cohortes en los cargos que sirven al mantenimiento del statu quo. Estos son las mismas “fichitas” que aquellos mueven, como si de ajedrez se tratara, de un cargo a otro, y son a su vez, quienes se encargan de garantizar el mínimo de infiltrados a la estructura. Todo lo nuevo es una amenaza y más si declara voluntad de cambio. Ni que decir si se jura contra la corrupción, ese vicio que desde hace un buen tiempo ya no compite con el sistema sino que se ha constituido en el sistema.

Como corolario de tan ilustre “democracia”, se niega ahora el Tribunal Supremo de Elecciones a que sea el ciudadano el que decida sobre el TLC. Dos posibilidades existen: o la indicación de arriba ya les llegó, con lo cual se instrumentaliza el poder electoral y se condiciona todo el sistema democrático, o bien, los Magistrados no creen en la participación ciudadana como vía única de evolución y progreso civilizado, contrario a sus colegas suizos, noruegos y muchos otros que, confiando en la madurez del pueblo al cual pertenecen, de lo cual tampoco se olvidan, les permiten opinar incluso sobre nuevos impuestos.

Prefiero pensar en que es lo segundo y no lo primero, reduciendo así el asunto a estas dos únicas motivaciones “magistrales”, por cuanto nadie con dos dedos de frente y un poco de testosterona para expresarlo, evitaría denunciar que lo argumentado por el TSE al cerrar la posibilidad de una consulta popular no vinculante es, y espero se disculpe el criollismo: “pura paja”.

¿Para qué un flamante artículo 9 constitucional que desde hace más de tres años prescribe que el Gobierno es “participativo” si no contamos con Magistrados Electorales valientes que hagan valer tal enunciado, le guste o no al Presidente de la República, a los Magistrados de la Corte Suprema que los nombran o a los Diputados que nombran a su vez a estos otros, todos ellos por cierto, de turno? ¿Para qué?

Entonces si se pregunta ¿cuál democracia? debe preguntarse inevitablemente ¿cuál ciudadanía? O es que se olvida que la ciudadanía también se atrofia. No entiendo por qué se sorprenden cuando el abstencionismo ronda el 80% en las elecciones municipales y amenaza con arribar al 40% en las nacionales. Cualquier ciudadano encarcelado se pregunta ante lo evidente: ¿Para qué participar?

Dejo constancia, finalmente, y por aquello de las malas intenciones para las cuales, como bien vale advertirlo, no escribo, que con esto último no estoy haciendo oda, ni siquiera justificando el abstencionismo, sino explicándolo, que se parece pero no es lo mismo, es más bien lo contrario si se considera a Espinás Massip, a quien sigo en esto:_ “La denuncia del mal es siempre el tránsito necesario para arribar al bien”_.

Pablo Barahona Krüger
Octubre 28, 2006

Ese día, media hora antes del vencimiento de la prórroga, se pondría en votación el proyecto de ley, desechando las mociones pendientes de discusión.

Las fracciones parlamentarias del Frente Amplio y Acción Ciudadana apelaron la decisión de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Estando presentes 56 diputados presentes, 18 votaron a favor de la apelación y 38 en contra. La apelación fue rechazada por la “mayoría mecánica” del PLN, el PUSC, el ML y los diputados Echandi y Massey.

El diputado José Merino del Río resaltó que esta es la_ “primera vez en la historia parlamentaria que un presidente de la Asamblea Legislativa, establece a una comisión permanente especial una “última prórroga” para conocer un proyecto de ley que, según el mismo Pacheco, tendría un año más para ser rechazado o ratificado”_.

El legislador del Frente Amplio indicó que de acuerdo a una consulta efectuada al departamento de Servicios Técnicos en relación con el vencimiento de plazos de una comisión permanente, un tipo de resolución como la emitida que pretenda impedir la presentación y defensa de mociones de fondo podría ser invalidante de todo el procedimiento. “No es posible suprimir etapas del procedimiento parlamentario”, dijo.

Merino agregó que el gobierno quiere imponer a la Asamblea Legislativa a golpe de tambor la votación del TLC y alertó al pueblo a mantenerse vigilante y movilizado para impedir un nuevo atropello a la democracia y a los intereses de las mayorías, como ocurrió en el Combo._ “Hoy como ayer esa maniobra puede ser derrotada con crecida resistencia en el parlamento y fuera del parlamento”_ terminó diciendo.