Productores agropecuarios continúan en huelga ante ruinoso combo fiscal

Sector productivo nacional molesto por exoneraciones a exportadores, importadores y zonas francas en proyecto fiscal
Debido a la situación actual con el proyecto del Combo Fiscal, las organizaciones campesinas representadas por la Cámara Costarricense de Productores hacen un llamado al gobierno a no hacerle más daño al sector productivo nacional y la intransigencia de no escuchar las demandas de los productores que ya no aguantan más impuestos.

“Nosotros defendemos ahora y siempre el sector productivo nacional. Otros sectores negociaron la exoneración de las exportaciones y las zonas francas, a costa de grabar la producción nacional que genera unos 600.000 empleos. Nuestro sector agropecuario no acepta el 1% que se le quiere imponer al agro, ni gravar a la canasta básica”, indicó José Oviedo, miembro de la Cámara y Presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense.

De acuerdo con el proyecto fiscal en su artículo 8, sobre exenciones establece que “están exentos del pago de este impuesto: 1. Las exportaciones de bienes, así como las operaciones relacionadas con estas; la introducción de bienes en depósitos aduaneros o su colocación al amparo de regímenes aduaneros y la reimportación de bienes nacionales que ocurren dentro de los tres años siguientes a su importación”.

Asimismo, el texto excluye de impuestos la compra de bienes y la prestación de los servicios que sean destinados a ser utilizados para la producción de bienes y servicios destinados a la exportación. Además, no se incluyen los servicios prestados por contribuyentes de este impuesto cuando se utilicen fuera del ámbito territorial del impuesto.

“El gobierno lo que pretende con los impuestos a la canasta básica y la trazabilidad es poner al agricultor a ser recaudador de impuestos. Aproximadamente 250 mil agricultores deben declarar mes a mes y no saben si le van a comprar el producto, cuando ya pagaron los impuestos; esto podría provocar pérdidas económicas”, comentó Luis Corea Martínez, presidente de arroceros de Guanacaste.

“Nos sentimos burlados”
El grupo de productores agropecuarios manifestaron sentirse burlados por el presidente Carlos Alvarado, debido a que durante campaña política firmó un acuerdo con los sectores para fortalecer el agro. Sin embargo, dichos compromisos de campaña solamente quedaron en el papel.

“Nos sentimos burlados, traicionados. En el documento uno de los puntos consistía en realizar los ajustes necesarios a la normativa de registros de agro insumos con el fin de abrir el mercado a la competencia y reducir los costos de los agro insumos que encarecen la producción nacional respecto de nuestros demás socios comerciales. Actualmente, con el plan fiscal más bien nos quieren perjudicar”, agregó José Oviedo.

Los productores esperan que el Gobierno de la mano al agro para salir del estancamiento en el que se encuentra y que se retire el proyecto 20.580.

Corte Plena emite criterio jurídico: Plan fiscal afecta independencia, organización y funcionamiento del Poder Judicial

• Sala Constitucional se abstuvo de participar en la discusión y posterior votación.

Ese fue el acuerdo tomado por mayoría de magistrados y magistradas sobre el proyecto de ley número 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, al determinar que la propuesta legislativa afecta organización y funcionamiento del Poder Judicial, en los términos que establece el numeral 167 de la Constitución Política.

El acuerdo se tomó en la sesión de Corte Plena de hoy martes 16 de octubre, 2018 tras la consulta que remitiera el Directorio de la Asamblea legislativa al Poder Judicial.

En el análisis y discusión del proyecto fueron coincidentes en que la situación económica del país es difícil y se deben tomar acciones para revertir la crisis fiscal, sin embargo puntualizaron que Corte Plena está sometida a rendir criterios jurídicos sobre la base de la Constitución Política y la Ley, por lo que en esta caso se determinó que el contenido del plan fiscal sí afecta a este Poder de la República, en los siguientes puntos:

El criterio jurídico por mayoría es: afecta y hay oposición siempre y cuando no se elimine lo referente a:

1) Las disposiciones establecidas en la reforma de los artículos 46 y 47 de la Ley de Salarios de la Administración Público, número 2166 del 9 de octubre de 1957, referente a la rectoría de la materia de empleo público de MIDEPLAN, para con el Poder Judicial.
2) Las disposiciones establecidos en la reforma de la adición del artículo 49,inc a la ley de Salarios de la Administración Pública, número 2166 del 9 de octubre de 1957, en lo referente a la obligatoriedad de los lineamientos técnico y metodológicos de la Dirección General de Servicio Civil, para con el Poder Judicial.
3) La incorporación de las transferencias, destinos y en general, el presupuesto asignado a favor del Poder Judicial por norma constitucional o por leyes específicas, en las regulaciones propias de la regla fiscal.
4) Las restricciones establecidas en el proyecto de ley en materia salarial y sus respectivos componentes para los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial.

La sesión estuvo dirigida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Fernando Cruz Castro, quien adelantó que se apartará de integrar la Sala Constitucional ante la eventual consulta legislativa sobre el citado proyecto que se remitiría a dicho órgano, según las manifestaciones de legisladores que han trascendido públicamente.

El magistrado Cruz Castro fue enfático al señalar que en su condición de Presidente asume la obligación de tomar las decisiones que el cargo le impone no sólo en la dirección del debate en Corte Plena sino que en tal condición y por convicción de juez de carrera su criterio jurídico es en defensa de la independencia, estabilidad e institucionalidad del Poder Judicial. “Las Democracias modernas y los Estados de Derecho urgen de Poderes Judiciales independientes y fortalecidos” recalcó el jerarca.

Reiteró que en consecuencia con las políticas de reducción del gasto adoptadas por la institución, Corte Plena solicitó al Magistrado Fernando Castillo Víquez, revisar la política salarial de la institución para determinar si son viables ajustes en esta materia, según las especialidades de puestos existentes en el Poder Judicial. Así lo indicó en la Comisión de Hacendarios en la comparecencia efectuada el 9 de octubre pasado.

El acuerdo de Corte Plena quedó en firme y se remitirá a la Asamblea Legislativa a más tardar el jueves de esta semana. Los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar al tener que conocer y resolver la eventual consulta legislativa del plan fiscal.