Candidatos presidenciales se olvidan de la seguridad ciudadana y de policías en sus planes de Gobierno

La seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados en la Fuerza Pública (ANEP-Fuerza Pública) cuestionó y criticó fuertemente a los 25 candidatos y candidatas presidenciales por no contar con propuestas claras o ninguna en sus planes de gobierno con respecto a la inseguridad ciudadana que atraviesa el país, así como medidas “no populistas” para fortalecer a los cuerpos policiales.

Los cuestionamientos de la seccional ANEP-Fuerza Pública fueron realizados este jueves en conferencia de prensa, donde incluso critican que muchos candidatos y candidatas desconocen el tema presupuestario del Ministerio de Seguridad Pública y las falencias existentes.    

“Eso es lo que hemos encontrado al analizar los planes de gobierno de los candidatos a la Presidencia de la República.  No encontramos en los planes de gobierno en materia de seguridad el ¿Cómo?, por ejemplo, varios hacen mención de contratar más policías, unos hablan de 1000 por año, otros de 2000 y alguno mencionó 5000 en los cuatro años. ¿Habrá presupuesto para llenar esas plazas, para dotar a esos miles de nuevos policías de equipo, botas, uniformes, chalecos antibalas, vehículos, armas, delegaciones dignas, alimentación y buenos salarios?”, aseveró Mainor Anchía Angulo, Asesor Sindical de la ANEP en la Fuerza Pública y ex policía.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el año 2020 se presentaron 40.672 delitos, mientras que el año anterior se cometieron 43.525 delitos.

Fuente: OIJ

Para Anchía, algunos de los planes de gobierno no muestran claridad, como si únicamente los aspirantes a la silla presidencial estuvieran cumpliendo con un requisito. Además, no hacen

referencia alguna del combate al narcotráfico, este último cada vez con mayor penetración, incluso en el ámbito político e institucional, como ya ha quedado demostrado.

“Otros proponen reformas al Código Penal, a la Ley General de Policía, de unificar las policías bajo una única línea de mando, aducen que de esa manera se tendrán mejores resultados. Sin embargo, un mando único puede resultar sumamente peligroso, en momentos en que nuestro país es bodega y centro de operaciones del narcotráfico”, manifestó el representante sindical de los oficiales de la Fuerza Pública.

Aunque algunos de los candidatos hacen mención del uso de la tecnología y de los recursos presupuestarios, para la ANEP, lo cierto es que sus partidos políticos en la actual legislatura “hicieron todo para debilitar a los cuerpos policiales” con recortes presupuestarios, afectación de derechos laborales con la inclusión de los policías en la Ley 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y, además, en el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, que vendría a congelar salarios, a afectar el pago de anualidades y, a debilitar la estabilidad laboral de nuestros policías con un modelo de evaluación subjetivo, en caso de ser aprobado.

Falencias en Capacitación

La Seccional también cuestionó que los aspirantes a la presidencia tampoco hacen referencia al fortalecimiento de los cuerpos policiales desde el punto de vista de capacitación o mejores condiciones laborales.

“Posiblemente los candidatos a la presidencia de la República, desconocen que la seguridad ciudadana podría mejorar muchísimo, si el Estado invirtiera en una mayor y mejor capacitación policial, así como en dotar a nuestros cuerpos policiales de los equipos necesarios”, detalló Anchía.

Lo anterior ante las falencias existentes que no se han corregido en la Academia Nacional de Policía (ANP), a pesar del aumento de la criminalidad y de las nuevas modalidades de crimen organizado.

Anchía explicó que, actualmente se capacita a los oficiales en 40 horas para mantenimiento y restablecimiento del orden público, 40 horas para defensa personal, uso y manejo de armas de fuego (del Estado) 100 horas, de las cuales únicamente 50 horas son para principios de puntería y prácticas de tiro en Polígono, luego, pasan entre cinco y diez años para que los policías vuelvan al polígono. Además, de que no se cuenta con una adecuada capacitación en manejo de crisis, lo cual se podría solventar coordinando con el Ministerio de la Presidencia, para que los oficiales de la Unidad Especial de Intervención (UEI) brinden capacitación en la materia.

Normalización de la inseguridad ciudadana

Desde la ANEP consideramos que durante la actual campaña política se ha invisibilizado el tema de la inseguridad ciudadana, como si los candidatos no se estuvieran dando cuenta de que el año anterior cerró con un incremento en los homicidios dolosos, que en nuestro país es penetrado cada vez más por el narcotráfico, que están violando y matando mujeres. En ese contexto, también debemos tomar en cuenta lo que concierne a la materia de tránsito, tema totalmente ausente en los planes de gobierno, como si la seguridad vial no fuera un tema importante y que se relaciona con la seguridad común.

Defensoría de los Habitantes también cuestionó cambios realizados en régimen IVM

Así quedó plasmado en el oficio que la Defensoría de los Habitantes envió en noviembre anterior a la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, luego de conocer las modificaciones que se le realizarían al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

ANEP solicita apertura de negociación de convección colectiva en la Municipalidad de León Cortes

Para los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de León Cortes, afiliados y afiliadas a la ANEP, la convención vendría a dar un orden en muchos temas laborales de los cuales carece la municipalidad, como por ejemplo los contratos de trabajo.

Consejo Consultivo Nacional 2022: Perseguidos políticos

Por su labor sindical de denuncia en contra de anomalías, varios miembros de la ANEP y de organizaciones cercanas han sufrido de persecución laboral y penal. A ellos nuestro reconocimiento por sus valientes actos.

Tribunal Contencioso condena a persona ciega al pago de ₡26 millones en costas por defender su derecho al trabajo

Estado podría quitarle terreno donde pensaba construir vivienda y aun así le adeudaría dinero

Esta es la lamentable situación que atraviesa el ciudadano costarricense, Manuel Enrique Jiménez Jiménez, persona ciega y, quien obtuvo su título de abogado en el año 2001 y Notariado Público desde el año 2002, ambos en la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, esta última profesión no la ha podido ejercer, debido a que el Estado costarricense no se lo permite por su condición de persona ciega.

Lo anterior debido a lo que se dispone en la ley N. 7764, Código Notarial en su inciso a, artículo 4, vigente desde 1998, que establece que tienen impedimento, para ser notarios públicos.  “a) Las personas con limitaciones físicas o mentales que las inhabiliten para el ejercicio del notariado, salvo que demuestren mediante prueba extendida por la medicatura forense, su aptitud para desempeñar esta función”.

Ante esta situación, Manuel Jiménez Jiménez, decide iniciar un proceso legal, en el año 2012, contra el Estado, al considerar que se vulnera su derecho al trabajo, al no permitirle ejercer su profesión como notario público, por lo que interpone una acción ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Sin embargo, en el año 2013, este tribunal falla (sentencia N.038-2013) en contra de Jiménez Jiménez, condenándolo al pago de daños y perjuicios contra el Estado costarricense, por un monto de 26 millones de colones, cifra que, a la fecha con intereses, suma un total de 41 millones de colones. 

“Es una cifra que claramente no puedo pagar, se me está excluyendo socialmente y se me está condenando a una total indigencia. Claramente Costa Rica está incumpliendo con

tratados y convenios internacionales. Los señores jueces están trasgrediendo el artículo 4 de la ley de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad” manifestó Jiménez.

Jiménez detalló que, por medio de la Procuraduría General de la República ya se le anotó un   pequeño terreno valorado en 11 millones de colones, como pago de la deuda. Este lo iba a utilizar para construir su vivienda. Además, sus cuentas bancarias también fueron anotadas por lo que no puede tener ningún dinero en el banco, ya que este sería tomado por el Estado.

“Me están condenando a un pago injusto de 41 millones de colones como si fuera un delincuente, cuando lo que hice fue luchar por mi dignidad y derecho al trabajo, a pesar de cumplir con mis deberes establecidos para graduarme como abogado y notario. Pese a que Costa Rica aparece ante el mundo como un país defensor de los derechos de las personas con discapacidad”. expuso afectado.  

Procesos legales y acciones continúan

Anteesta lamentable e indignante situación, Manuel Jiménez no baja los brazos por ejercer su derecho al trabajo y dar marcha atrás al fallo del Tribunal, por lo que presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional. Además, presentó ante la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa una propuesta para modificar la ley N. 7764, Código Notarial en su inciso a, artículo 4.

“La acción está en proceso, por lo que estamos pidiendo coadyuvancia a nivel nacional e internacional para que la sala de marcha atrás a esta agresión contra mi persona. También solicitamos apoyo de diputados y organizaciones para impulsar la propuesta entregada en la Asamblea Legislativa”, dijo Jiménez.

A esto se suma, una demanda contra el Estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual se encuentra en proceso de admisibilidad.

Apoyo internacional

La acción de inconstitucionalidad cuenta actualmente con una coadyuvancia por parte de la Agrupación Aprender a Vivir TEA Y TGO y el abogado chileno Branislav  Ljubomir y por Marelic Rokov, quien es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, cuenta con un diplomado en rendición de cuentas de las policías realizado en el Instituto de Asuntos Públicos de dicha casa de estudios.

El abogado es exintegrante del bufete Ciro Colombara y estudió en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Washington College of Law. Actualmente es Profesor de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado de Chile.

Ambos dan a conocer que en países como España y Perú las personas ciegas pueden ser notarias, pero el caso de Chile es singular, ya que en este se creó la ley 20957 que viene a modificar una prohibición similar que sucedía en dicho país.

Ljubomir expresa que “existe un interés legítimo de mi parte en el resultado de esta acción, toda vez que el ejercicio sin discriminación en razón de discapacidad de cargos públicos y privados es una materia de especial consideración en el Continente Americano, donde la Excma. Sala Constitución de Costa Rica es un referente que podría impulsar a otros países a adecuar su normativa doméstica para el pleno respeto a los Derechos Humanos.

Se debe señalar que las personas ciegas en Chile pueden ser nombrados abogados o abogadas, pueden ser jueces y juezas de la República, además de poder desempeñarse como notario público.

Hasta el año 2016, en Chile las personas sordas, mudas y ciegas no podían ser nombrados jueces ni notarios, en virtud del antiguo artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales de Chile.

Seccional en Policía de Migración rechaza creación de la Policía Nacional

El Ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, indicó que la idea es poder agrupar todas las policías dentro del Ministerio junto con sus presupuestos e instalaciones, a fin de que solo haya una cadena de mando y una sola doctrina. Ante esta afirmación la seccional en la Policía Profesional de Migración mostró su rechazo.