Cateterismo cardíaco y tráfico de influencias

El señor diputado don Jorge Rodríguez Araya, es el presidente de la comisión legislativa que se conformó para investigar el colapso del servicio de cardiología del Hospital México; situación ésta que según denuncia pública ya de amplio conocimiento ciudadano, habría generado la muerte de más de 100 pacientes en espera de un cateterismo cardíaco que si lo hubieran recibido a tiempo, no habrían fallecido.

El mencionado legislador denunció que dos directores de la actual junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sin tener que hacer fila en las largas listas de espera, recibieron ese procedimiento de cateterismo cardíaco con agilidad, rapidez y efectividad, lo que les ha permitido seguir con vida.

Se trata del señor Adolfo Gutiérrez Jiménez, representante del sector empresarial privado, directivo patronal nombrado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP); y de su homólogo nombrado por el Gobierno, el señor Óscar Fallas Camacho.

Además y según el mismo denunciante, el todavía director médico del Hospital México, doctor Douglas Montero Chacón, también habría recibido un trato preferencial con el tratamiento de la misma dolencia que padecían los fallecidos.

Toda esta situación nos lleva a formular tres señalamientos puntuales: Primero: La crisis del servicio de cardiología del Hospital México debe ser “la gota que derrame el vaso” en el delicado asunto de la formación de especialistas de la Caja, lo cual ha venido funcionando en círculos cerrados, especies de guetos o de cárteles, al margen de toda autoridad política aunque ésta fuese elegida en las urnas.

La formación de especialistas de la Caja se ha venido rigiendo por amiguismos, compadrazgos y parentelas. Ojala haya suficiente testosterona política en la Casa Presidencial para enfrentarse a la élite de la realeza médica y quitarle a ésta el control en esto de la formación de especialistas.

Segundo: Se debe decretar una especie de estado de emergencia para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Nuestra más querida institución pública es víctima del secuestro corporativo de grupos internos y externos (algunos, incluso, de carácter sindical). A este respecto, hay que pedirle cuentas al Ministerio Público por la espantosa y sospechosa tardanza en al trámite de una denuncia penal interpuesta hace bastantes meses, contra cierto funcionariado-tecnocrático y gerencial de gran poder en la Caja, mismo que sigue en la total impunidad pese a sus eventuales y presuntas responsabilidades directas en la tragedia financiera de la institución.

Tercero y final: El Gobierno debería retirarle su confianza a su representado en la directiva de la Caja, pedirle que renuncie y/o destituirle. En el caso del representante patronal, la situación cuestionable en que quedó envuelto le deslegitima para continuar en ese cargo y debería renunciar; o, en un acto de decencia política mínima, la UCCAEP debería cambiarlo por otro.

Porque como se trata de un representante empresarial con interés de negocios “objetivo”, cualquiera puede preguntarse en qué otros ámbitos podría haber ejercido influencia en tomas de decisiones delicadas como compra de medicamentos a agentes farmacéuticos privados.

La Caja está viviendo la situación más crucial de toda su historia. La ciudadanía consciente, cívica y patriótica está todavía a tiempo de convertirse en agente protagónico de primer línea para salvarle. Diversos grupos han venido estudiando su problemática y han estado generando propuestas al respecto.

Uno de ellos (en el que incluso participaron el hoy Presidente Solís Rivera y la actual Presidenta Ejecutiva de la CCSS, la doctora Sáenz Madrial), grupo conocido como el de “Las 10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”, tuvo el coraje de plantear, por primera vez, el desafío de denunciar el poder desmedido (y hasta corrupto en varios ámbitos), de lo que se apodó como la “realeza médica”; precisamente para diferenciarla de la abrumadora mayoría del personal médico nacional, ese sin conexiones políticas ni corporativo-farmacéuticas con el que sí se puede contar para heredar la máxima herencia institucional-social que nos fuera heredada por la anterior generación. La Caja espera por su pueblo para ser liberada.

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