Por lo menos, ¡déjennos que expresemos nuestra profunda indignación! El periódico La Nación da cuenta en su edición de este día jueves 17 de julio de 2014, que la “CCSS prorroga contratos a empresa investigada”, por un presunto intento de fraude con facturas de piezas de ortopedia en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Se trata de la firma Synthes Costa Rica S.C.R. Ltda.
Se indica en la información periodística que la Caja, pese al cuestionamiento que pesa sobre tal empresa, ha decidido comprarle a la misma insumos ortopédicos por la cantidad de unos 500 mil dólares. Adicionalmente, se tiene en perspectiva una compra por 1.240 millones de colones, indica la mencionada información de prensa.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha estado involucrada en la denuncia del intento de fraude en el Hospital Calderón Guardia por el cual dicha firma está siendo investigada, razón por la cual nos sentimos con autoridad moral para condenar, fuertemente, esta decisión que vemos como éticamente incorrecta y que vemos como un golpe a la prédica de transparencia en la cosa pública que dice defender el presente Gobierno de la República.
Aunque caiga en el vacío, formulamos fuerte emplazamiento público a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que se refiera al tema con contundencia y nos explique si tuvo que ver en la toma de seguirle comprando a dicha firma empresarial, envuelta en un caso de presunta corrupción de enorme magnitud y que podría ser el más grave a nivel de un hospital nacional clase “A”.
A la vez, particularmente, nuestro emplazamiento público va dirigido a la señora Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidente Ejecutiva de la CCSS; y en el mismo sentido, siempre con respeto pero con vehemencia en uno y en otro caso, también es necesario que el ciudadano don Mario Devandas Brenes, representante sindical en el seno de la directiva de la Caja, se refiera al tema.
Desde nuestra perspectiva y como una de las organizaciones integrantes del proceso de propuesta social multisectorial “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”; este tipo de circunstancias nos reafirma nuestra percepción de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), vive una especie de secuestro por parte de poderosos grupos corporativo gremiales, internos y externos, que han convertido la necesidad del pueblo trabajador de tener acceso universal a la Salud Pública, como un Derecho Humano fundamental, en un negocio particular que acreciente el patrimonio personal de unos cuantos.
Lamentamos profundamente y condenamos con energía este proceder, llamando la atención en cómo es que a nombre de la institución sale en defensa de esta cuestionable compra, un funcionario tecnócrata de segundo nivel y no la máxima jerarquía político-institucional.
Finalmente, el deterioro de la transparencia que si presenta en muchos negocios que se hacen con los servicios públicos deja en evidencia que lo legal anda por un lado; y los aspectos ético-morales de la cosa pública, van por otro. Con situaciones como ésta nos convencemos más de ello.
